Derecho Procesal

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DERECHO PROCESAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Serie A: FUENTES, b) textos y estudios legislativos, núm. 77

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO JOSÉ OVALLE FAVELA

DERECHO PROCESAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MÉXICO 1991

Primera edición: 1991 DR © 1991, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, México, D, F., C. P. 04510 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Impreso y hecho en México ISBN 968-36-2052-3

INDICE I. Introducción

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II. Ramas y fuente

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III. Sujetos procesales

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IV. Etapas procesales y procedimientos . V. Medios preparatorios y providencias cautelares VI. Prueba VII. Resoluciones judiciales

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VIII. Medios de impugnación ........................................................... 103 IX. Ejecución ..................................................................................... 127 X. Bibliografía

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Derecho Procesal, editado por el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el día 15 de agosto de 1991 en los Talleres de IMPRESOS CHÁVEZ, S. A. DE C. V. La edición consta de 2 000 ejemplares.

I. Introducción

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II. Ramas y fuente

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III. Sujetos procesales

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I. INTRODUCCIÓN

Presentar una visión panorámica del derecho procesal positivo mexicano resulta muy complejo y extremadamente difícil ya que la mayoría de las disposiciones sustantivas que están comprendidas en otros sectores de esta obra poseen su correspondiente rama adjetiva y si ya debe considerarse como una tarea muy ardua lograr una visión de conjunto de cada una de estas materias, esta laboriosidad se multiplica de manera considerable cuando se pretende abordar en un solo trabajo los aspectos fundamentales del ordenamiento procesal. Para resolver este complejo problema se puede tomar una de dos soluciones: la primera de ellas, tal vez la menos complicada, consiste en elaborar varios capítulos, uno para cada una de las disciplinas clásicas del propio ordenamiento procesal mexicano, es decir, implica el examen separado de las disposiciones adjetivas civiles, penales, administrativas y laborales, así como de manera autónoma también el juicio de amparo, que constituye la culminación de todas ellas; y la segunda que es la que hemos adoptado en este estudio panorámico, procura un examen de conjunto, con independencia de las diversas ramas procesales. La segunda opción ofrece, como es comprensible, problemas muy arduos, en ocasiones muy difíciles de superar; pero la hemos considerado preferible aun si se toman en cuenta todos sus inconvenientes, por varias razones, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, la de lograr un ahorro considerable de espacio, ya que con el análisis comprensivo se evitan numerosas repeticiones de los conceptos básicos del derecho procesal, que resulta necesario reiterar en cada disciplina específica cuando no se cuenta con un análisis general, y en segundo término, el motivo de mayor trascendencia se apoya en la unidad básica de la ciencia procesal, la que nos permite este estudio panorámico, ya que las categorías fundamentales se aplican a todas las ramas procesales con diferencias que pueden considerarse secundarias.

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Debido a lo anterior, hemos hecho una división del contenido de este trabajo, apoyándonos en los conceptos procesales primordiales, y no por materias; pero se formulan las precisiones indispensables en cada uno de estos sectores básicos, con la advertencia de que no resulta posible incorporar ciertos aspectos específicos y de detalle, que sólo podrían abordarse en un estudio mucho más extenso. II. RAMAS Y FUENTES El análisis conjunto del derecho procesal mexicano no nos conduce, sin embargo, a omitir la precisión de las diversas ramas que integran a aquél. Como en el desarrollo de este capítulo se harán alusiones particulares a dichas ramas, conviene precisar su número, contenido y fuentes. Para el análisis del derecho procesal mexicano, podemos utilizar la clasificación del derecho procesal propuesta por Fix-Zamudio, en tres grandes sectores: a) el derecho procesal dispositivo, regido por el principio dispositivo y que comprende el derecho procesal civil y mercantil; b) el derecho procesal social, orientado por el principio de justicia social o de "igualdad por compensación" (Couture), y dentro del cual se agrupan el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y el derecho procesal de la seguridad social, y c) el derecho procesal inquisitorio o publicístico, en el que se contienen el derecho procesal penal, el derecho procesal administrativo, el derecho procesal familiar y del estado civil y el derecho procesal constitucional (Fix-Zamudio, Héctor, El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964, pp. 18-39). Antes de iniciar el examen del contenido y de las fuentes de cada una de estas ramas, conviene recordar que todas ellas tienen como fuente primordial a la Constitución Política de 1917. Sin poder profundizar en las diversas normas constitucionales que orientan el derecho procesal mexicano —las cuales serán objeto de análisis en los capítulos sobre "Derecho constitucional" y "Derechos humanos"—, y a reserva de aludir a algunas de dichas normas al mencionar las fuentes de cada una de las ramas procesales, debemos destacar cuatro preceptos constitucionales de suma importancia para todas ellas. En primer lugar, debemos señalar al artículo 17 constitucional, que prohíbe la autotutela y, en contrapartida, establece que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,

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emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". El mismo precepto constitucional prevé que el servicio de los tribunales será gratuito, por lo que quedan prohibidas las costas judiciales; y que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En segundo lugar, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución consigna el derecho fundamental que todo sujeto de derecho tiene de no poder ser privado de sus derechos, sino mediante un proceso "seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Se trata, como puede observarse, de uno de los preceptos más importantes del ordenamiento jurídico mexicano, ya que consigna la llamada "garantía de audiencia" o derecho fundamental de defensa en juicio. En tercer lugar, el artículo 13 constitucional proldbe el establecimiento y funcionamiento de tribunales extraordinarios o por comisión. Y por último, el artículo 16 establece el deber de todos los órganos de autoridad —incluyendo a los juzgadores— de fundar y motivar legalmente todos sus actos que impliquen alguna molestia o afectación, así sea provisional, en los derechos de las personas. Además de estas cuatro disposiciones contenidas en el capítulo de "garantías individuales", la Constitución también establece en su llamada "parte orgánica" las bases para la organización de los tribunales federales (artículos 73, fracción XXIX-H, 94-101, 103-107 y 123, apartado A, fracción XX y apartado B, fracción XII) y del Distrito Federal (artículo 73, fracción VI, base 5a.), así como del Ministerio Público (artículos 102, y 73, fracción VI, base 6a.) Ella contiene, además las bases para la organización de los tribunales de los estados (artículo 116, fracción III). 1. Derecho procesal dispositivo

Dentro de este sector se ubican, como ya quedó indicado, el derecho procesal civil y el derecho procesal mercantil.

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A. Derecho procesal civil Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter civil, que afectan fundamentalmente a los particulares. Entre tales litigios podemos mencionar los concernientes a la propiedad privada y en general a los derechos reales, así como los relativos a la validez o nulidad, cumplimiento o rescisión de contratos civiles —particularmente de arrendamiento, de compraventa, de fianza, de obra, de prestación de servicios, etcétera—, y en general a las obligaciones civiles. También quedan comprendidos los litigios o asuntos referentes a las sucesiones o transmisiones del patrimonio de personas fallecidas y los concursos o liquidaciones del patrimonio de personas no comerciantes declaradas insolventes. En relación con el proceso civil, y en general con todos los procesos diversos del penal, conviene tener presente el principio fundamental contenido en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". Dentro de la distribución de competencias establecida por el artículo 124 constitucional para los órganos federales y locales, corresponde a los órganos legislativos de los estados la expedición de las leyes civiles y procesales civiles. Por esta razón, cada uno de los 31 estados de la República cuenta con su propio Código de Procedimientos Civiles; a estos códigos hay que agregar el del Distrito Federal y el Federal —para los asuntos civiles en los que la Federación actúe como parte civil—, por lo que, en total, existen en la República mexicana 33 códigos de procedimientos civiles. La existencia de tantos ordenamientos procesales civiles dificulta, en una medida considerable, el estudio completo del derecho procesal civil mexicano. Sin embargo, se debe aclarar que esta cantidad tan grande de códigos no se ha traducido en una gran variedad en el contenido de los mismos. Así, la mayor parte de los códigos estatales han copiado el contenido del viejo Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal del 29 de agosto de 1932, todavía vigente en dicha entidad. Este Código fue elaborado por una comisión integrada por Gabriel García Rojas, José Castillo Larrañaga y Rafael Gual Vidal, basándose en los precedentes Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de

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1870, 1880 y 1884, así como en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla (Código Béistegui) de 1880; todos estos códigos tuvieron, a su vez, la influencia determinante de la Ley de Enjuiciamiento Civil española del 5 de octubre de 1855. Por tanto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932 es el ordenamiento que ha recibido, en mayor medida, la tradición española y que la ha transmitido a la mayor parte de los códigos de los estados de la República. Por su vigencia en el Distrito Federal —la entidad más poblada de la República— y por su marcada influencia en la mayoría de los estados de la República, es el ordenamiento procesal civil mexicano más importante y es el que nos puede servir de guía en esta breve introducción, por lo que se refiere al derecho procesal civil mexicano. Conviene advertir, sin embargo, que existen algunos ordenamientos procesales civiles que se apartan, en buena medida, del contenido y de las orientaciones del Código del Distrito Federal. En primer término, debemos señalar al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato del 9 de enero de 1934, elaborado por el profesor Adolfo Maldonado con mejor técnica y tomando en cuenta las aportaciones de la doctrina procesal italiana de su tiempo (particularmente el Proyecto del Código de Proceso Civil de 1926, de Francisco Carnelutti). Este Código se orienta, en alguna medida, hacia la oralidad y la publicización del proceso civil. El propio profesor Maldonado elaboró también el proyecto para el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual fue promulgado el 31 de diciembre de 1942. A pesar de que los Códigos de Guanajuato y Federal son de mejor factura que el del distrital, no han tenido la influencia de éste en los estados de la República. En el año de 1948 fue elaborado un anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por una comisión integrada por Ernesto Santos Galindo, Luis Rubio Siliceo y José Castillo Lanafuga. Este anteproyecto fue redactado siguiendo los lineamientos del Código del Distrito Federal de 1932, pero sus autores trataron de modernizarlo tomando algunas soluciones del proyecto de Couture de 1945 y de la doctrina procesal italiana. Con todo, el anteproyecto de 1948 conservó el carácter predominante escrito y dispositivo del proceso civil de ascendencia hispánica. A pesar de que dicho anteproyecto no fue ni siquiera sometido al debate del órgano legislativo para el Distrito Federal, sí fue tomado como modelo para los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Sonora (1949), Morelos (1955), Zacatecas (1965) y Baja California (1989). Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles

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del Estado de Tamaulipas (1961) recogió, en buena medida, el contenido del anteproyecto de 1948, sólo que lo mezcló, sin ninguna técnica, con disposiciones provenientes de los Códigos de Procedimientos Civiles de 1884 y 1932, del Código Federal de 1942 y hasta directamente de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. Aunque el Código de Tamaulipas de 1961 fue abrogado por el Código de 1986, de mejor factura, sin embargo, fue puesto nuevamente en vigor en 1988, por una especie de "masoquismo legislativo". Los Códigos de Procedimientos Civiles de los estados de Tlaxcala y Puebla, cuyos proyectos fueron elaborados por José María Cajica, también ofrecen soluciones distintas a las del Código del Distrito Federal de 1932. Al lado de los códigos procesales civiles, también deben ser consideradas como fuentes del derecho procesal civil las leyes orgánicas de los tribunales. En este sentido, debemos mencionar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación promulgada el 23 de diciembre de 1987. Esta Ley establece la organización y competencia de los tribunales federales que forman parte del Poder Judicial Federal. También debemos señalar la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal promulgada el 26 de diciembre de 1968, que ha sido objeto de numerosas reformas, y la cual organiza y determina la competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los juzgados locales. Cada uno de los 31 estados de la República cuenta, también, con su propia Ley orgánica del Poder Judicial. B. Derecho procesal mercantil El derecho procesal mercantil regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, todos aquellos derivados de actos que las leyes definen como mercantiles. Para la determinación de la naturaleza mercantil de los actos jurídicos remitimos al lector al capítulo de "Derecho mercantil" de esta obra, y nos limitamos a indicar que los artículos 49, 75 y 76 del Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889, todavía vigente, intentan dar algunos criterios definitorios sobre este extremo. El artículo 1050 del propio Código de Comercio precisa que cuando un acto jurídico tenga, al mismo tiempo,

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naturaleza civil para una de las partes y mercantil para la otra, el litigio que de dicho acto derive deberá solucionarse conforme a las leyes mercantiles. A diferencia de lo que ocurre con las leyes civiles y procesales civiles que son de la competencia de los órganos legislativos estatales, la legislación mercantil y procesal mercantil es de la competencia del órgano Legislativo federal, es decir, del Congreso de la Unión, conforme a lo previsto por la fracción X del artículo 73 constitucional. Por consiguiente, las leyes procesales mercantiles son expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio nacional. Pero si bien las leyes procesales mercantiles tienen vigencia nacional y son expedidas por el órgano Legislativo federal, su aplicación puede ser llevada a cabo, a elección de la parte actora, por los tribunales del Poder Judicial Federal o por los tribunales del Poder Judicial de los estados, cuando se trate de conflictos que sólo afecten "intereses particulares", como lo previene la fracción I del artículo 104 constitucional. A esta posibilidad de someter los conflictos sobre aplicación de leyes federales que afecten intereses particulares a los tribunales federales o a los locales, se suele denominar "jurisdicción concurrente", aunque sería más correcto designarla "competencia alternativa". Pero si bien las leyes procesales mercantiles se encuentran uniformadas en cuanto a que provienen todas del órgano Legislativo federal y tienen vigencia en todo el territorio nacional, sí padecen, en cambio, de una gran dispersión en cuanto que no existe un Código Federal de Procedimientos Mercantiles, sino que las disposiciones procesales mercantiles se encuentran diseminadas en diversas leyes mercantiles de diferentes materias y orientaciones. El texto legal más importante para el derecho procesal mercantil mexicano es el ya mencionado Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889, cuyo libro quinto, "De los juicios mercantiles", reúne la mayor parte de las disposiciones procesales mercantiles. Como lo demostró el profesor Alcalá-Zamora, dicho libro quinto no es sino una "copia mutilada" del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1884, por lo que actualmente resulta muy anticuado y, además, con muchas lagunas. El artículo 1054 del propio Código de Comercio establece la supletoriedad de los códigos de procedimientos civiles locales, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha tratado de reducir en la mayor medida posible, quizá para evitar las dificultaóes de una supletoriedad tan diversa y dispersa.

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Además del Código de Comercio, también es fuente del derecho procesal mercantil la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, promulgada el 26 de agosto de 1982. Esta ley contiene normas sobre el procedimiento para la cancelación y pago, reposición o restitución de títulos de crédito nominativos extraviados o robados (artículos 42-68) y sobre las acciones (cambiaria y causal) que derivan de los títulos de crédito (artículos 150-169). También la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos del 31 de diciembre de 1942 es fuente del derecho procesal mercantil, pues regula el proceso de quiebra, destinado a liquidar el patrimonio de los comerciantes declarados insolventes, así como el procedimiento de suspensión de pagos, que tiene por objeto evitar la quiebra de empresas con problemas de liquidez, mediante la autorización judicial para que suspendan sus pagos y la celebración de un convenio con los acreedores, en el que se estipulen condiciones que permitan a la empresa reanudar el cumplimiento de sus obligaciones; por último, la Ley Federal de Protección al Consumidor promulgada el 19 de diciembre de 1975 contiene disposiciones que tienen incidencia en el derecho procesal mercantil, pues establece la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado que puede actuar como conciliador, árbitro e incluso procurador —previo mandato— de consumidores determinados, en los conflictos entre éstos y los proveedores y comerciantes; y en fin, contiene algunas reglas sobre la instancia conciliatoria y el juicio arbitral que se pueden seguir ante dicho organismo. También se pueden considerar como fuentes del derecho procesal mercantil las leyes orgánicas a que se hizo alusión al exponer las fuentes del derecho procesal civil. 2. Derecho procesal social Dentro de este sector quedan comprendidos, como señalamos ante. riormente, el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y el derecho procesal de la seguridad social. A. Derecho procesal del trabajo Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios den. vados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo. En esta rama procesal es preciso distinguir dos clases de procesos: a) el desti.

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nado a solucionar los conflictos surgidos entre patrones-empresarios y trabajadores, con motivo de los contratos o relaciones de trabajo y en general, de las normas laborales, y b) el destinado a solucionar litigios surgidos con motivo de relaciones de trabajo establecidas entre las dependencias y algunas entidades de la administración pública y sus empleados. El primero se encuentra regulado en el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo promulgada el 23 de diciembre de 1969 y con vigencia a partir del 19 de mayo de 1970, la cual ha sido objeto de varias reformas, la más importante de las cuales —desde el punto de vista del derecho procesal— es la promulgada el 31 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 19 de mayo de 1980. El segundo proceso se encuentra regulado, por lo que corresponde a las relaciones de trabajo de empleados de la Federación y del Distrito Federal, en el apartado B del mismo artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado promulgada el 27 de diciembre de 1963, la cual ha tenido también algunas reformas. Las dos leyes mencionadas fueron expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio nacional. Se debe aclarar, sin embargo, que la aplicación de la Ley Federal del Trabajo corresponde tanto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje —para cierta clase de actividades económicas— como a las juntas locales de conciliación y arbitraje —para las actividades no previstas para la Junta Federal—, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, y en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. En los últimos tiempos se ha observado un considerable incremento de los asuntos de la competencia de los tribunales laborales federales y, como consecuencia, una reducción en los de la competencia de los tribunales laborales locales. Entre los conflictos que se pueden plantear a través del proceso laboral regulado por la Ley Federal del Trabajo, podemos enumerar los siguientes: a) los litigios individuales jurídicos, surgidos entre trabajadores y patrones, con motivo de la aplicación o el incumplimiento del contrato o relación de trabajo o de las prestaciones establecidas en la Ley; b) los conflictos colectivos jurídicos, originados entre sindicatos y patrones, con motivo de la aplicación o incumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley;

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c) los conflictos colectivos económicos, que son aquellos que surgen entre sindicatos y patrones, pero que, a diferencia de los jurídicos, no tienen por objeto la interpretación y aplicación de las normas laborales existentes previamente en los contratos colectivos de trabajo o en los contratos-ley, sino su modificación o creación; d) los litigios sobre preferencia de derechos en los ascensos, y e) los conflictos intersindicales, o sea, los que se plantean entre dos o más sindicatos entre si. Por lo que concierne a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, si bien fue expedida por el Congreso de la Unión y tiene vigencia en todo el territorio nacional, sus disposiciones afectan sólo las relaciones entre la administración pública federal (incluyendo la del Distrito Federal) y sus empleados públicos, por lo que las relaciones de las administraciones públicas estatales y municipales con sus trabajadores, se deben regir por las respectivas leyes expedidas por los órganos legislativos de los estados, con fundamento en lo que dispone el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política. A través del proceso del trabajo regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se pueden plantear sólo conflictos jurídicos —individuales y colectivos—, intersindicales e interobreros. Tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contienen, además de las normas sobre los respectivos procesos laborales, las disposiciones sobre la organización y competencia de los tribunales del trabajo. B. Derecho procesal agrario Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación de los terrenos rurales, que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de población ejidal y comunal, entre estos núcleos entre sí o entre sus miembros. El artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal de Reforma Agraria promulgada el 22 de marzo de 1971, atribuyen la solución de estos conflictos al presidente de la República, quien es auxiliado en esta materia por la Secretaría de la Reforma Agraria y otros organismos y autoridades tanto estatales como federales que participan en diversos actos y etapas del proceso agrario. Las resoluciones que pronuncia el presidente de la República como conclusión del proceso agrario son revisables, en la mayor parte de los casos, por los órganos competentes del Poder Judicial Federal, a través del juicio de

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amparo. Desde hace algunos años, se ha sugerido la posibilidad de crear tribunales especializados en materia agraria para que instruyan y resuelvan los procesos agrarios, pero hasta la fecha no se ha dado a conocer ni se ha presentado al Congreso de la Unión ninguna iniciativa que intente reformar el artículo 27 constitucional ni la Ley Federal de Reforma Agraria en este sentido. Entre los conflictos que se pueden solucionar a través del proceso agrario, podemos mencionar los siguientes: a) conflictos sobre la dotación y la ampliación de ejidos; b) conflictos sobre la restitución de los bienes comunales; c) conflictos sobre los limites de los terrenos comunales; d) litigios sobre la nulidad de fraccionamientos de bienes comunales y ejidales; e) litigios sobre la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables; f) conflictos sobre la nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias; g) conflictos sobre la nulidad de contratos y concesiones administrativas; h) litigios sobre la nulidad y cancelación de certificados de inafectabilidad, e i) conflictos sobre la posesión y el goce de las unidades individuales de dotación y sobre el disfrute de los bienes de uso común. C. Derecho procesal de la seguridad social Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos surgidos con motivo de la interpretación y aplicación de normas sobre la seguridad social. En México, sin embargo, no ha tenido un desarrollo legislativo ni doctrinal importante, pues hasta ahora los conflictos relativos a la seguridad social se han canalizado a través de otras ramas procesales, como son el derecho procesal del trabajo y el derecho procesal fiscal. Por lo que se refiere a la seguridad social de los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 constitucional, la Ley del Seguro Social promulgada el 26 de febrero de 1973 y vigente en toda la República a partir del 19 de abril de dicho año, distingue dos situaciones en relación con los posibles conflictos sobre las normas de la seguridad social: a) Para las controversias entre los trabajadores asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las prestaciones

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que la Ley otorga, señala que aquéllos podrán acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para plantear dichas controversias a través de un proceso seguido contra dicho Instituto, conforme a la Ley Federal del Trabajo; b) Para los conflictos sobre el pago o la liquidación de las cuotas que se deben cubrir al Instituto ("aportaciones de seguridad social", las denomina el artículo 29 fracción II, del Código Fiscal de la Federación), el interesado debe acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación para reclamar su anulación o invalidación a través del proceso fiscal, tomando en cuenta el carácter fiscal de dichas cuotas. Para ambas situaciones, el artículo 274 prevé un recurso administrativo de inconformidad ante el Consejo Técnico del propio Instituto, que el trabajador asegurado o sus beneficiarios pueden utilizar antes de acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero que tiene carácter obligatorio para quienes pretendan plantear el proceso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Dicho recurso administrativo se encuentra regulado por el Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social de 1950, reformado por el decreto promulgado el 27 de julio de 1979. Por lo que concierne a la seguridad social de los empleados públicos y, en general, de los trabajadores sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional, el artículo 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación del 30 de diciembre de 1977, atribuye a las Salas Regionales de dicho Tribunal, competencia para conocer de todas las resoluciones definitivas "que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". 3. Derecho procesal publicístico Como quedó señalado al principio, este sector comprende cuatro ramas del derecho procesal: el penal, el administrativo, el familiar y del estado civil y el constitucional. A. Derecho procesal penal

Esta rama regula el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y la aplicación de penas a los que resulten responsables de ellos. Por su incidencia en la libertad y aún en la vida de las personas, el proceso penal es el que ha sido objeto de mayores referencias en la

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Constitución; como su aplicación práctica es la más propicia a vulnerar los derechos humanos, los Constituyentes procuraron asegurar tales derechos a través del establecimiento de prohibiciones a las autoridades y de derechos para las personas que puedan ser sujetas a un enjuiciamiento penal. Sin embargo, las prácticas policiacas, en ocasiones la legislación

ordinaria y aun la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, todavía parecen no haberse ajustado plenamente a las orientaciones liberales de los Constituyentes. Para el análisis detallado de los derechos fundamentales del procesado remitimos al lector al capítulo de "Derechos humanos" de esta obra. Nos interesa, sin embargo, ennumerar algunos de los preceptos constitucionales que tienen conexión con el enjuiciamiento penal: a) el artículo 14, tercer párrafo, que prolu'be imponer, "por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata"; b) el artículo 15, que prohibe celebrar tratados para la extradición de reos políticos o de personas que hayan tenido en el Estado reclamante la condición de esclavos; c) el artículo 16, que señala taxativamente las hipótesis en que puede ser aprehendida una persona y establece los requisitos que se deben satisfacer para poder decretar una orden de aprehensión; d) el artículo 17, que prohíbe la prisión por deudas civiles; e) el artículo 18, que establece las bases para la prisión preventiva, el sistema penitenciario, el régimen de los menores infractores y los tratados para el traslado de reos mexicanos en el extranjero a México, así como de reos extranjeros en México a su país de origen; f) el artículo 19, que señala los requisitos y la función del "auto de formal prisión" o auto de procesamiento; g) el artículo 20, que ennumera los derechos fundamentales del procesado, los cuales tienen por objeto asegurarle las posibilidades de una defensa razonable; h) el artículo 21, que atribuye al Ministerio Público la persecución de los delitos y a la autoridad judicial la imposición de las penas; i) el artículo 22, que prohíbe determinadas penas; j) y el artículo 23, que establece el máximo de tres instancias para el enjuiciamiento penal, y prohíbe el doble juzgamiento por los mismos hechos, así como la absolución de la instancia. Para hacer una breve referencia a las fuentes del derecho procesal penal mexicano, conviene distinguir dos clases de procesos, de acuerdo con los tipos de delito sobre los que recaen: a) el proceso penal por delitos ordinarios, y b) el proceso penal por delitos militares.

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a) Por lo que concierne al primer tipo de proceso, conviene aclarar que en México los delitos ordinarios pueden ser federales —cuando se encuentran previstos en leyes federales, afecten a la Federación o tengan esa calidad de acuerdo con los criterios señalados por el artículo 51, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— o bien locales o del orden común —que se encuentran previstos en los códigos y leyes penales de los estados y del Distrito Federal—. Por esta razón, de manera similar a lo que ocurre en materia procesal civil, existe un código de procedimientos penales en cada uno de los estados de la República, uno en el Distrito Federal y otro de carácter federal. Pero en el proceso penal, al contrario de lo que ocurre en el proceso civil, el Código Federal ha tenido mayor influencia en los estados que el Código distrital. Con todo, estos dos Códigos son los que parecen orientar la mayoría de los códigos de los estados, con algunas excepciones, como los recientes Códigos de Procedimientos Penales de los estados de Baja California y Querétaro (ambos de 1989). El Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal del 20 de agosto de 1931, objeto de varias reformas pero todavía vigente, es el producto del proyecto elaborado, con cierta precipitación, por una comisión integrada por José Ángel Ceniceros, Alfonso Teja Zabre, Carlos L. Ángeles, José López Lira, Luis Garrido y Ernesto G. Garza. El Código de 1931 recogió los lineamientos fundamentales de sus predecesores de 1880, 1894 y 1929, ajustándolos a las nuevas orientaciones de la Constitución de 1917. Los Códigos de 1880 y 1894, a su vez, se basaron en el proyecto elaborado en 1872 bajo la influencia, en cierta medida, del Código de Instrucción Criminal francés de 1808. Al lado del Código de Procedimientos Penales de 1931, también son fuente del derecho procesal penal en el Distrito Federal la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal —ya mencionada al examinar el derecho procesal civil—, la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal del 19 de noviembre de 1987, su Reglamento de 5 de agosto de 1988 y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal promulgada el 16 de noviembre de 1983. El Código Federal de Procedimientos Penales proMulgado el 23 de agosto de 1934 fue elaborado por una comisión integrada por Emilio Portes Gil, Ángel González de la Vega, Ángel Carvajal, Alberto R. Vela, Macedonio Uribe, Telésforo A. Ocampo, Ezequiel Burguete, José Ángel Ceniceros, Adolfo Desentis, Francisco González de la Vega, Fernando

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Ortega y Javier Piña y Palacios. Este Código sigue, en términos generales, las mismas orientaciones que las del Código del Distrito, pero por el mayor tiempo de que dispusieron sus autores, tiene mejor redacción y contenido que el de 1931. Además del Código Federal de Procedimientos Penales, son fuente del derecho procesal penal en materia federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también ya mencionada al tratar el derecho procesal civil, la Ley de la Defensoría de Oficio Federal del 14 de enero de 1922 y la Ley de la Procuraduría General de la República del 17 de noviembre de 1983. En materia de extradición externa rige la Ley de Extradición Internacional del 22 de diciembre de 1975, y para la extradición entre los estados de la República la Ley Reglamentaria del Artículo 119 de la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos, del 29 de diciembre de 1953. b) Por lo que se refiere al proceso penal para delitos militares, debernos partir de las bases establecidas en el artículo 13 constitucional. De acuerdo con este precepto, los tribunales militares tienen como competencia material exclusivamente los delitos y faltas cometidos por militares contra la disciplina militar, sin que puedan extender su competencia al enjuiciamiento de personas que no pertenezcan al Ejército. De los casos de delitos o faltas militares en los que hayan participado personas ajenas al ejército, deben conocer los tribunales penales ordinarios. El proceso penal militar y la organización y competencia de los tribunales militares se encuentran regulados actualmente por el Código de Justicia Militar, del 28 de agosto de 1933. En la comisión que se encargó de elaborar el proyecto respectivo, participaron Manuel Ávila Camacho, Octavio Véjar y Tomás López Linares. Por último —fuera del derecho procesal penal pero en estrecha relación con él—, el derecho procedimental para menores se encuentra regulado en las leyes estatales sobre menores infractores, de acuerdo con las bases previstas en el artículo 18 constitucional. En el Distrito Federal rige la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores promulgada el 26 de diciembre de 1973. Esta Ley regula el procedimiento inquisitivo al cual deben ser sometidos los menores que incurran en los supuestos previstos en el artículo 29 de la misma, y establece la organización y competencia del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal y de los Consejos Auxiliares.

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B. Derecho procesal administrativo Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos surgidos entre la administración pública y los administrados, con motivo de la interpretación y aplicación de los actos y contratos de carácter administrativo. Aquí también tenemos que distinguir, tomando en cuenta el sistema federal adoptado por el artículo 40 de la Constitución Política, entre la legislación federal y la de los estados de la República. En materia federal no existe un Código que regule sistemáticamente el proceso administrativo en general (como tampoco hay una ley que sistematice los procedimientos administrativos). El Código Fiscal de la Federación promulgado el 30 de diciembre de 1981 regula sólo el proceso de nulidad fiscal; es decir, el proceso a través del cual se puede pretender la anulación de un acto o de una resolución de carácter fiscal (artículos 197-260). Sin embargo, como se verá al examinar la organización y competencia de los tribunales mexicanos (infra III, 1, B), el Tribunal Fiscal de la Federación —cuya integración y competencia se encuentran previstas en la Ley Orgánica promulgada el 30 de diciembre de 1977— puede conocer no sólo de estos procesos de nulidad fiscal, sino también de ciertos procesos administrativos de plena jurisdicción, especialmente en los casos de controversias sobre pensiones civiles y militares con cargo a las instituciones federales de seguridad social o al erario federal, sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por la administración pública federal centralizada y sobre responsabilidades civiles de funcionarios y empleados federales. Estos procesos administrativos de plena jurisdicción se deben tramitar conforme a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 del citado Código Fiscal de la Federación. Para plantear las demás controversias administrativas que no queden comprendidas en los supuestos anteriores, los administradores pueden acudir al juicio de amparo, que en este terreno funciona como un proceso administrativo. Al contenido y las fuentes del juicio de amparo aludiremos al examinar el derecho procesal constitucional. En el Distrito Federal sí existe un proceso y un tribunal de carácter administrativo, previstos para solucionar las controversias entre la administración pública del Distrito Federal y los administrados sobre la generalidad de los actos y contratos administrativos de aquélla, incluyendo los de carácter fiscal. La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, promulgada el 26 de febrero de 1971 y re-

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formada sucesivamente en 1973 y 1978, regula un proceso y establece y organiza un tribunal administrativo que tiene por objeto "dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre el Departamento del Distrito Federal como autoridad local y los particulares" (artículo 19). En algunos estados de la República —como los de Sinaloa (1976), Hidalgo (1979), Jalisco (1983), Guanajuato (1985), Querétaro (1985) y México (1986), se han establecido tribunales y procesos administrativos similares a los existentes en el Distrito Federal. Otros estados —como los de Veracruz (1975) y Sonora (1977)—, se han limitado a establecer tribunales y procesos preponderantemente de anulación fiscal, de manera similar a la legislación federal. C. Derecho procesal familiar y del estado civil Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la familia y el estado civil de las personas. Subsumido todavía en la legislación procesal civil de los estados y del Distrito Federal, el derecho procesal familiar y del estado civil no ha alcanzado aun autonomía, ni se ha orientado, en definitiva, hacia lo que Calamandrei caracterizó como "proceso civil inquisitorio", por oposición al proceso civil patrimonial, de carácter preponderantemente dispositivo. Sin embargo, algunos pasos se han dado en este sentido. En el Distrito Federal se crearon, con la reforma de 1971 a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común, los juzgados de lo familiar, como juzgadores especializados en las controversias familiares y del estado civil, aunque también se les atribuyó competencia para conocer de los juicios sucesorios, de carácter básicamente patrimonial. Posteriormente, con la reforma de 1973 al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se adicionó un nuevo título, el decimosexto, en el cual se previeron, así sea en forma dispersa e insuficiente, algunos principios generales para el proceso familiar y un juicio especial para algunas controversias familiares, cuyo contenido fundamental lo constituyen en la práctica las pretensiones de cumplimiento de las obligaciones alimenticias. Los códigos de procedimientos civiles de algunos estados han seguido un camino similar al del Distrito Federal. Por otro lado, los Códigos de Procedimientos Civiles de Sonora (1949), Morelos (1955), Zacatecas (1965) y Baja California (1989) —basados en el anteproyecto de 1948— regulan en forma más sistemá-

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tica los principios del proceso familiar y del estado civil y los diversos juicios en materia familiar. D. Derecho procesal constitucional Esta rama regula los procesos destinados a resolver los conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. En México existen, entre otros, tres procesos constitucionales: el juicio de amparo, las denominadas controversias constitucionales y el juicio de responsabilidad.

Los artículos 103 y 107 de la Constitución Política establecen las bases del juicio de amparo, las cuales son reglamentadas por la Ley de Amparo promulgada el 30 de diciembre de 1935, que, con numerosas reformas, se encuentra todavía vigente. A través del juicio de amparo, los justiciables pueden impugnar los actos de las autoridades tanto federales como locales, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales establecidos en el capítulo de "Garantías individuales" de la Constitución Política. En el caso de que el juzgador que conozca del juicio de amparo estime fundada la pretensión del actor, debe ordenar en su sentencia la inaplicación o desaplicación de los actos de autoridad reclamados. Debido a la amplia extensión de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución —particularmente el previsto en el artículo 16, que consigna el principio general de legalidad de los actos de autoridad—, el juicio de amparo se ha convertido en una institución procesal sumamente compleja, que cumple básicamente las siguientes cinco funciones: a) es el instrumento procesal constitucional para la tutela de la libertad personal, en forma similar al habeas corpus de origen inglés; b) es el medio procesal para combatir las leyes inconstitucionales; c) sirve también como medio de impugnación de las sentencias judiciales, en forma similar al recurso de casación; d) funciona como proceso administrativo en aquellos lugares o sectores en los que no existan procesos y tribunales administrativos, y e) funciona, en fin, como instrumento procesal para la protección de los derechos sociales de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria. Estas cinco funciones del amparo serán analizadas con mayor detalle en la sección VIII, referente a los medios de impugnación. Las controversias constitucionales se encuentran previstas en el artículo 105 de la Constitución Política, el cual atribuye su solución a la

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Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solución de estas controversias tiene por objeto preservar los límites que la Constitución establece entre las facultades de las diversas autoridades federales y estatales. Tales controversias constitucionales, que son planteadas por las propias autoridades a la Suprema Corte de Justicia, son de cuatro clases, a saber: a) entre dos o más estados; b) entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos; c) entre la Federación y uno o más estados, y d) aquellas controversias en las que la Federación figure como parte y que tengan importancia trascendente para los intereses de la nación, a juicio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Las controversias constitucionales no han sido todavía reglamentadas en forma sistemática. A ellas se refiere el artículo 11, fracciones I a IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y también, por lo que concierne exclusivamente a las controversias relacionadas con cuestiones tribuntarias, el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal promulgada el 22 de diciembre de 1978. A falta de una reglamentación suficiente de todas las controversias constitucionales, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha considerado pertinente recurrir a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. El juicio político es un proceso que se sigue ante un órgano político, al que se atribuye eventualmente la función de juzgar, en contra de un funcionario público con responsabilidad en la toma de decisiones políticas, "por actos u omisiones que redunden en perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho" (artículo 109, fracción I, de la Constitución). Las sanciones que se pueden imponer a través de este juicio son también de naturaleza política: la destitución del funcionario y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En el ámbito federal, el órgano político que conoce de este juicio es el Congreso de la Unión: primero la Cámara de Diputados, como jurado do acusación, y si ésta decide acusar, la Cámara de Senadores, como jurado de sentencia. Los funcionarios públicos que pueden ser sujetos al juicio político, son los que señala el artículo 110 de la Constitución. El juicio político se encuentra regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 (artículos 5o. a 45). De los motivos por los que se puede seguir el juicio político, nos interesa destacar los siguientes, por su relación con las normas constitucionales: 1. el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 2. las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales

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o sociales, y 3. cualquier infracción a la Constitución cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones (artículo 7o., fracciones II, III y VI, de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos). Por último, conviene tener presente para la interpretación de todos los textos legales que hemos mencionado, la jurisprudencia o interpretación judicial que la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito pueden establecer en forma obligatoria sobre dichos ordenamientos, en los términos previstos por los artículos 192, 193, 194, 195, 197 y 197-A de la Ley de Amparo. También se debe tomar en cuenta la jurisprudencia de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación para la interpretación de las leyes procesales fiscales; la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la interpretación de la legislación procesal administrativa de esta entidad; y la del pleno del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, para la interpretación de la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores en la misma entidad. SUJETOS PROCESALES Como es bien sabido, la doctrina predominante ha establecido que son tres los sujetos procesales esenciales; en primer lugar el juzgador, que, como órgano del Estado, dirige el procedimiento, por encima de los restantes participantes, y en segundo lugar, a las partes, que son aquellos sujetos situados en dos posiciones contradictorias al plantear el conflicto jurídico que debe resolver de manera imperativa el primero, en la inteligencia de que esa situación de parte puede depositarse en una o varias personas jurídicas, físicas o colectivas, tanto del lado activo como del pasivo. Al lado de estos tres sujetos esenciales actúan en forma secundaria en el desarrollo del proceso, colaborando con el juez y las partes, otras personas jurídicas en la calidad de auxiliares de la impartición de justicia, cuyo número se ha incrementado de manera considerable debido a que el proceso moderno se ha tecnificado cada vez más, y entre estos auxiliares podemos señalar al personal de los tribunales, es decir, secretarios, notificadores, ejecutores; algunos sujetos que participan en el ofrecimiento y desahogo de los predios de prueba, tales como los testigos y los peritos, y además, de acuerdo con el concepto moderno del

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proceso, también deben considerarse como colaboradores del mismo, a los asesores jurídicos, ya sean abogados postulantes, defensores de oficio, o procuradores en determinadas materias; así como también al Ministerio Público cuando actúa en representación de intereses sociales, especialmente en el proceso civil. 1. órganos jurisdiccionales

El ordenamiento mexicano se inspiró en el sistema federal implantado por la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ya que en las cartas federales de 1824, 1857 y la vigente de 1917, se estableció el llamado sistema de la doble jurisdicción, que se apoya en la existencia paralela de tribunales federales y de cada una de las entidades federativas; cada sector con su esfera específica de competencia, de manera que sólo en casos excepcionales, al menos de acuerdo con el sentido original del modelo, los asuntos resueltos por los tribunales locales pueden llevarse en impugnación ante los federales. Sin embargo, esta doble organización se transformó de manera paulatina en nuestro país, debido a un conjunto de factores históricos, políticos y sociales, que no es posible describir en esta oportunidad, pero que son muy conocidos, ya que en virtud de una interpretación artificiosa del artículo 14 de la Constitución de 1857, se inició en la segunda mitad del siglo XIX una concentración de todos los asuntos judiciales del país en los tribunales federales, y en última instancia, en la Suprema Corte de Justicia, todo ello en cuanto esta última admitió la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales por la indebida aplicación de las disposiciones legales ordinarias, inclusive de carácter local, pero disfrazadas de violaciones de carácter constitucional. En tal virtud, en la actualidad se conserva sólo de manera formal la doble jurisdicción, pero en la realidad dicha jurisdicción es unitaria, en virtud de que los tribunales locales se encuentran subordinados a los

de carácter federal, en cuanto todos los fallos de los primeros pueden impugnarse ante los segundos por medio del propio juicio de amparo, invocándose de manera artificial la infracción, únicamente indirecta o refleja, de los artículos 14 y 16 de la carta federal vigente, de 5 de febrero de 1917. Debido a lo anterior, en el ordenamiento mexicano no es preciso que se configure el "caso federal", que se exige en el sistema judicial estadounidense (así como en los ordenamientos constitucionales de Argentina y de Brasil, que se inspiran en el primero en esta materia por conducto

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del llamado "recurso extrordinario constitucional"), ya que en nuestro país basta que se alegue que se ha aplicado incorrectamente un precepto ordinario en una resolución judicial (que sólo por excepción puede tener naturaleza constitucional, ya que en la mayoría de los supuestos es de carácter legal o reglamentario), para que dicha resolución, sin importar que el tribunal que la hubiese dictado sea local o federal, pueda impugnarse ante los tribunales federales por conducto del juicio de amparo. Por otra parte, los tribunales locales tampoco conservan su autonomía para interpretar libremente las disposiciones legales de sus respectivas entidades, ya que la llamada jurisprudencia obligatoria de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia (es decir, las tesis establecidas por dichos órganos judiciales en el mismo sentido en cinco casos similares y con un determinado número de votos aprobatorios), debe ser obedecida por los jueces locales, inclusive en relación con sus propios ordenamientos, en los términos del artículo 94 constitucional. Por tanto, intentaremos realizar una descripción lo más completa posible, pero forzosamente superficial, de la organización judicial mexicana, que es bastante compleja, con una breve mención de su competencia genérica, así como de las garantías judiciales de sus integrantes. De manera previa es preciso señalar que en 'nuestro ordenamiento constitucional se ha suprimido la Secretaría de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 transitorio de la carta federal de 5 de febrero de 1917, al considerar los constituyentes que esa dependencia del Ejecutivo federal menoscababa la independencia del organismo Judicial, de manera que las cuestiones administrativas de los tribunales están encomendadas a los órganos superiores de los mismos, como ocurre con la Suprema Corte de Justicia en la esfera federal y los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas. La mencionada organización puede analizarse en tres sectores: en primer Jugar, el de los tribunales federales, en segundo término a los organismos judiciales de los estados y finalmente; la mención específica de la situación de los jueces del Distrito Federal. Se incluyen en este examen otros organismos judiciales especializados en materia administrativa y laboral, que han adquirido autonomía y que por lo tanto, deben considerarse materialmente incorporados a los poderes judiciales respectivos, aun cuando formalmente estén encuadrados dentro del Ejecutivo Federal o los de las entidades federativas.

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A. Tribunales federales. Los que a su vez pueden distinguir' se, para efectos de estudio, según se ha visto, entre aquellos que pertenecen formalmente al organismo Judicial Federal y los que funcionan de manera independiente al mismo. El Poder Judicial Federal está integrado por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales de circuito y por los jueces de distrito, de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 de la Constitución federal y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se menciona también al Jurado Popular Federal (ahora con una competencia muy reducida), y a los tribunales de los estados y del Distrito Federal cuando actuén en jurisdicción concurrente o en auxilio de la misma justicia federal. a) La Suprema Corte de Justicia se integra por su presidente, nombrado cada año con posible reelección indefinida, por los ministros numerarios; así como por veinte ministros numerarios y cinco supernumerarios, que funcionan en pleno y en salas. El primero se forma con el presidente y los veinte ministros numerarios. Las salas son cuatro, divididas por materias, con cinco ministros numerarios cada una. Por otra parte, los magistrados supernumerarios, además de suplir en sus ausencias temporales a los numerarios (y en ese supuesto integran el Pleno), actúan también en una sala auxiliar que conoce de los asuntos de rezago que le remite el propio Pleno. La Suprema Corte de Justicia conoce de dos tipos de controversias, las que podemos calificar como ordinarias federales, y las que se plantean por medio del juicio de amparo, por lo que si se simplifica al máximo la competencia genérica, podemos señalar lo siguiente: El tribunal en Pleno decide, en esencia: en primer término de las llamadas controversias constitucionales, reguladas por el artículo 105 constitucional y en las fracciones 1 a IV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, es decir, las suscitadas entre dos o más estados; entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados; así como de aquellas en que la Federación sea parte, cuando a juicio del propio Tribunal en Pleno se consideren de importancia trascendente para los intereses de la nación. También los estados pueden plantear controversias constitucionales cuando se afecten sus intereses económicos, en los términos del artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor el primero de enero de 1980.

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Por lo que respecta a la materia de amparo, debe advertirse que su conocimiento por la Suprema Corte de Justicia fue modificado sustancialmente por las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, incluyendo una nueva Ley Orgánica, ya que se concentró en la Suprema Corte la competencia respecto a la resolución de los asuntos estrictamente constitucionales, y se trasladó a los tribunales colegiados de circuito los restantes juicios de amparo en los cuales se controviertan cuestiones de legalidad. De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce, por medio del llamado recurso de revisión (en realidad, de apelación), de la segunda instancia de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo en los cuales se impugne la inconstitucionalidad de una ley federal o local o de un tratado internacional, si en la propia revisión subsiste la cuestión de inconstitucionalidad. También conoce el citado Tribunal en Pleno de la impugnación de las sentencias de los jueces de distrito pronunciadas en los juicios de amparo en los cuales se controvierta, por afectación personal, los actos o leyes que invadan la esfera federal o local, respectivamente, así como el segundo grado de los fallos dictados por los tribunales colegiados en una sola instancia, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley (artículos 84, fracciones I y II de la Ley de Amparo, y 11, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). La competencia de las Salas por lo que se refiere a los juicios de amparo, puede sintetizarse en tres aspectos esenciales, además de otros que no es posible detallar en esta oportunidad, con la advertencia de que su conocimiento está determinado por materias, es decir, asuntos penales en la Primera Sala; administrativos en la Segunda; civiles (incluyendo mercantiles), en la Tercera; y laborales en la Cuarta, sin perjuicio de que el Pleno pueda turnarles, en caso de que lo estime necesario, los que correspondan a las otras salas. a') En primer lugar, dichas salas deciden, según su materia, del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo en los cuales se controvierta la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República o de un reglamento local que corresponda al gobernador de un estado, siempre que en la segunda instancia subsista la cuestión de inconstitucionalidad, y también en aquellos supuestos de que en el fallo se interprete directamente un precepto de la carta federal (artícu-

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los 24, 25, 26 y 27, fracción I, a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). b') De los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en amparo de una sola instancia, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de un reglamento federal o local, o interpreten directamente un precepto de la Constitución (artículos 24, 25, 26 y 27, fracción II, de la citada Ley Orgánica). c') La facultad de atracción en amparo de doble instancia o de único grado, de los asuntos que correspondan a los tribunales colegiados de circuito cuando consideren dichas Salas que por sus características especiales, es decir, su particular importancia, deben ser conocidos por la sala respectiva, según su materia, facultad que pueden ejercer de oficio, a petición del tribunal colegiado respectivo o del procurador general de la República (artículo 107 constitucional, fracciones VIII y V, y 24, 25, 26 y 27 fracciones I, inciso b) y III, de la Ley Orgánica). d') De la resolución de las contradicciones entre las tesis sustentadas por los tribunales colegiados de circuito, en los juicios de amparo y respecto de la materia que corresponde a las propias Salas, para determinar cuál es la que debe prevalecer con carácter obligatorio, pero sin modificar los fallos correspondientes (artículos 197-A de la Ley de Amparo y 24, 25, 26 y 27, fracción XII, de la mencionada Ley Orgánica). b) Los tribunales colegiados de circuito fueron establecidos en las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, con el propósito de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los asuntos de amparo. Están integrados por tres magistrados. Su número se ha incrementado de manera considerable en virtud de que de manera paulatina se descargó a la Suprema Corte de los juicios de amparo de menor importancia jurídica, social o económica, pero en las citadas reformas de enero de 1988 se les confirió la competencia genérica para el conocimiento de los juicios de amparo de una sola o de doble instancia, en los cuales se impugne la indebida aplicación de disposiciones legales o reglamentarias ordinarias, por lo que, en esencia, se han convertido en tribunales de casación. De manera excepcional pueden decidir dichos tribunales cuestiones de inconstitucionalidad, en particular en los juicios de amparo contra una ley por conducto de una sentencia judicial en la cual se hubiese aplicado dicho ordenamiento. En esa hipótesis, si los propios tribunales colegiados resuelven sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones

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legislativas o interpretan directamente un precepto de la carta federal, sus fallos pueden ser impugnados por los afectados a través del recurso de revisión, y la segunda instancia corresponde, en el primer supuesto, al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y en el segundo, a la Sala respectiva, según la materia (artículo 107, fracción IX de la Constitución federal). En la actualidad existen sesenta tribunales colegiados de circuito (en 1951 se crearon sólo cinco en toda la República), divididos en veintiún circuitos, el primero de los cuales radica en la ciudad de México, con veinte tribunales especializados, de los cuales dos son penales, seis administrativos, cinco civiles y siete en materia de trabajo. El tercer circuito, que está situado en la ciudad de Guadalajara, cuenta con siete tribunales colegiados, también especializados, de los cuales uno es penal, dos en materia administrativa, tres civiles y uno del trabajo. Los restantes tribunales no están especializados, y residen respectivamente en las ciudades de Toluca (tres); Monterrey (tres); Hermosillo (dos); Puebla (tres); Veracruz (dos); Torreón; San Luis Potosí (dos); Villahermosa; Morelia (dos); Mazatlán (dos); Oaxaca; Mérida; Mexicali; Guanajuato (dos); Chihuahua (dos); Cuernavaca; Ciudad Victoria; Tuxtla Gutiérrez y Chilpancingo. c) Funcionan también veintiséis tribunales de circuito, de carácter unitario, los cuales únicamente conocen en apelación de las sentencias dictadas en primer grado por los jueces de distrito en asuntos ordinarios federales, predominantemente en materias civil y penal. Estos tribunales unitarios se encuentran distribuidos en los veintiún circuitos que corresponden a los colegiados, los que hemos señalado con anterioridad, y residen también en las mismas ciudades, si bien se han establecido varios en los circuitos con mayor carga de trabajo, y así funcionan tres en la ciudad de México; tres en Guadalajara y dos en Mazatlán. d) En la actualidad existen ciento treinta y seis juzgados de distrito, de carácter unitario que se encuentran distribuidos en las ciudadades de mayor importancia en el país. Veintinueve de ellos residen en la ciudad de México y están especializados: diez en materia penal; diez administrativos; seis civiles y tres laborales. En Guadalajara también se han especializado los juzgados de distrito: seis penales; dos administrativos; dos civiles y uno en materia agraria. Los jueces de distrito conocen de dos categorías de procesos en primera instancia; en primer término el sector que podemos calificar como de carácter federal, y en segundo lugar, la materia de amparo. Por lo

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que respecta a los asuntos ordinarios federales, éstos se refieren a las controversias derivadas de la aplicación de las leyes federales, de acuerdo con lo establecido por la fracción I, del artículo 104 de la Constitución federal. Debe hacerse la advertencia de que, en virtud de la llamada jurisdicción concurrente establecida en el mismo precepto fundamental, y a la que nos referiremos más adelante, dichos conflictos también pueden plantearse, en ciertos supuestos, ante los jueces locales. En segundo lugar corresponde a los jueces de distrito decidir, en primera instancia, según se ha visto, de los juicios de amparo señalados, por los artículos 107, fracción VII, de la carta fundamental, y 114 de la Ley de Amparo, cuando por medio del amparo se reclame la inconstitucionalidad de una ley; se impugnen actos provenientes de las autoridades administrativas que no pueden plantearse ante tribunales judiciales o administrativos; se combatan las resoluciones judiciales pronunciadas en vía de jurisdicción voluntaria; las que tengan sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación; o bien si afectan a personas ajenas al proceso y no exista un medio ordinario de defensa. Debe hacerse la aclaración de que en las reformas de 1988 se excluyó del amparo de doble instancia y, por tanto, del conocimiento de los citados jueces de distrito, la impugnación de las resoluciones judiciales, que sin tener el carácter de sentencias definitivas, sin embargo impliquen la terminación del proceso, es decir, pongan fin al juicio sin posibilidad de acudir a un recurso o medio de defensa ordinario (artículo 47 de la Ley de Amparo). Por otra parte, debe señalarse que con motivo de las propias reformas que entraron en vigor en enero de 1988, se adicionó el artículo 94 constitucimal para otorgar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad de determinar el número, división en circuitos y jurisdicción territorial, así como especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, atribución que correspondía anteriormente al Congreso de la Unión por medio de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que hacía muy complicada la creación y distribución de los tribunales federales, de manera que ahora pueden establecerse de manera más flexible y oportuna. e) Finalmente, el Poder Judicial de la Federación comprende, según la Ley Orgánica respectiva, el Jurado Popular Federal, formado por siete personas designadas por sorteo, procedentes de diversos sectores sociales y presididos por un juez de distrito (artículos 61 a 72 de la

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Ley Orgánica del Poder Judicial Federal). Su competencia actual es muy restringida, en virtud de que al reformarse el título IV de la Constitución federal sobre la responsabilidad de los servidores públicos en diciembre de 1982, se suprimió la materia de mayor importancia de conocimiento del mencionado Jurado, que se refería al enjuiciamiento de los empleados o funcionarios federales a los cuales se les imputara la comisión de delitos de carácter oficial, cuando carecían de inmunidad constitucional, según los artículos 108 y 111 constitucionales en su texto original. En tal virtud, los únicos supuestos de los cuales puede conocer el citado Jurado Popular Federal, son los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación, en los términos de la fracción VI del artículo 20 de la Constitución federal, hipótesis que según nuestro conocimiento no se ha presentado en la práctica. B. Además de los tribunales anteriores que integran el Poder Judicial Federal de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 de la carta federal, también existen otros organismos judiciales que formalmente no se consideran dentro del mencionado poder, pero que deben estimarse, desde nuestro punto de vista, como tribunales federales, y en este sentido haremos un breve examen del Tribunal Fiscal de la Federación; de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de los tribunales castrenses, y finalmente del enjuiciamiento político ante el Congreso de la Unión de los servidores públicos que hubiesen cometido infracciones a la Constitución y a las leyes federales. a) El Tribunal Fiscal de la Federación fue introducido por la Ley de Justicia Fiscal de agosto de 1936, como un órgano de jurisdicción delegada, que dictaba sus fallos en representación del Ejecutivo Federal. En sus comienzos se discutió su constitucionalidad por no estar previsto su funcionamiento •en la carta federal. Sin embargo, su apoyo constitucional se introdujo en las reformas al artículo 104, fracción I, de la Constitución federal que entraron en vigor en octubre de 1968, disposición que se trasladó en diversas reformas promulgadas en agosto de 1987, a la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, que regula las facultades del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. En la actualidad dicho tribunal está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con apoyo en el citado precepto fundamental y su Ley Orgánica publicada el 2 de febrero de 1978.

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De acuerdo con la tendencia a la desconcentración de los organismos judiciales federales, que se inició con la creación de los tribunales colegiados de circuito en 1951, el citado Tribunal Fiscal está integrado por una sala superior y por varias salas regionales. La sala superior reside en la ciudad de México y se compone de nueve magistrados, los cuales designan cada año, con posibilidad de reelección, al presidente de todo el Tribunal, en tanto que las salas regionales, con tres magistrados, se encuentran distribuidas en las once regiones en las que se dividió el país para ese efecto, con una sala en cada una, con excepción de las regiones metropolitana y la de Hidalgo-México, en las que funcionan seis y dos salas, respectivamente. La Sala Superior, aparte de los aspectos administrativos del tribunal, establece y modifica la jurisprudencia obligatoria de las salas regionales. Además, conoce excepcionalmente, por medio de una facultad de atracción, ya sea de oficio o a petición fundada de la sala regional correspondiente o de la Secretaría de Hacienda, de aquellos juicios que por sus características especiales así lo ameriten, y se entienden por dichas características, en primer lugar, que el valor del negocio exceda de cien veces el valor del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al ario; o en segundo término, que para la resolución del negocio respectivo sea necesario establecer por primera vez la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución Las citadas salas regionales conocen de las controversias de carácter fiscal surgidas entre los particulares afectados y las autoridades tributarias federales, en la inteligencia de que esta competencia se ha extendido de manera paulatina hasta comprender también, además de la materia estrictamente fiscal, el conocimiento de los conflictos relativos a prestaciones sociales a cargo del erario federal, en beneficio de los miembros de las fuerzas armadas y de los empleados públicos federales; así como respecto de los litigios sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública centralizada, y respecto de las resoluciones que establezcan responsabilidades contra funcionarios o empleados de la Federación, por actos que no constituyen delitos (artículos 15 y 23 de la Ley Orgánica). b) En materia de trabajo actúan en el ámbito nacional las juntas federales de conciliación y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, previstas en la fracción XX del apartado A, del artículo 123 de la

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carta federal y reglamentadas por los artículos 591-600 y 604-620 de la Ley Federal del Trabajo. Las juntas federales de conciliación, que pueden ser permanentes o accidentales, se establecen en las regiones de importancia económica y se integran por un representante del gobierno federal designado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que actúa como presidente, así como por un representante de los trabajadores sindicalizados y uno de los empresarios. Dichas juntas actúan exclusivamente como instancia conciliatoria potestativa de los trabajadores y de los patrones, y sólo tienen la facultad de decidir conflictos laborales de menor cuantía, es decir, aquellos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios (artículos 591 y 600 de la citada Ley Federal del Trabajo). La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje también posee carácter tripartito, con representantes de los sindicatos de trabajadores, de los empresarios y del gobierno federal, estos últimos como jueces profesionales que deciden la mayor parte de las controversias, ya que normalmente los votos de los representantes gremiales se anulan recíprocamente. La citada Junta actúa tanto en Pleno (con un presidente general designado por el presidente de la República, y por todos los representantes de los diversos grupos), como en grupos especiales formados de acuerdo con las ramas de la industria y de otras actividades de importancia nacional. Dichos grupos se forman, a su vez, con un presidente especial designado por el secretario del Trabajo y Previsión Social y por los representantes de los sectores respectivos de la actividad económica específica. Además, dichos grupos actúan de manera desconcentrada, por lo que en la actualidad funcionan cuarenta y cinco grupos especiales, dieciséis en la ciudad de México y los restantes distribuidos en las diversas regiones económicas de la República, según el acuerdo del titular de la citada Secretaría del Trabajo, de trece de agosto de 1985. e) Dentro del sector de los organismos judiciales laborales debe mencionarse al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoce de los conflictos entre los empleados y funcionarios al servicio de los poderes de la Federación y del gobierno del Distrito Federal, y las autoridades respectivas, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, reglamentado por los ar-

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tículos 118 a 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho tribunal, a partir de las reformas al ordenamiento mencionado publicadas el 18 de enero de 1984, funciona en Pleno y con un mínimo de tres salas, susceptibles de aumento cuando es necesario. Cada una de dichas Salas se forma por un magistrado designado por el gobierno federal; un magistrado representante de los trabajadores, electo por la Federación de Sindicatos respectiva, y un magistrado tercer árbitro, nombrado por los otros dos y que actúa como presidente de Sala. Además de las Salas mencionadas, podrán funcionar salas auxiliares del citado tribunal burocrático, en las capitales de las entidades federativas, cuando lo considere necesario el Pleno del citado Tribunal. El Pleno se integra con la totalidad de los magistrados de las salas y un magistrado adicional, designado por el presidente de la República, en calidad de presidente del propio Tribunal. d) También deben mencionarse como organismos judiciales federales a los tribunales militares, previstos por el artículo 13 de la carta federal y regulados por el Código de Justicia Federal, los cuales se componen, en primer término, por el Supremo Tribunal Militar formado por cinco magistrados, generales de brigada y licenciados en derecho; por los Consejos de Guerra Ordinarios, con cuatro vocales y un presidente, todos ellos militares de carrera; por los Consejos de Guerra Extraordinarios que actúan sólo en situaciones de emergencia con cinco militares, y por los jueces militares, generales de brigada, todos los cuales son auxiliados por los jueces penales del orden común en los lugares en donde no residan dichos jueces castrenses. En los términos del mencionado artículo 13 constitucional y el citado Código de Justicia Militar, los tribunales castrenses sólo pueden juzgar de los delitos y faltas cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que afecten a la disciplina militar y que se realicen con motivo del servicio; de manera que no están facultados para conocer de los delitos cometidos por civiles, aun cuando lo hagan asociados a militares, ya que de estos casos deben conocer los tribunales ordinarios. e) Finalmente, para tener una visión panorámica de los órganos de justicia federal, debemos hacer una breve referencia a las funciones jurisdiccionales encomendadas al órgano Legislativo federal, es decir, al Congreso de la Unión, que está facultado por el artículo 110 de la Constitución federal, reformado en diciembre de 1982, para juzgar a los funcionarios importantes tanto de la Federación y del Distrito Federal,

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como de los estados, por las infracciones a la Constitución y leyes federales que cometan en el ejercicio de sus cargos. Dicho precepto fue reglamentado por la Ley de Responsabilidades expedida también en diciembre de 1982. Este procedimiento corresponde al llamado "juicio político", calificado expresamente con esta denominación por el actual artículo 109, fracción 1, de la carta federal. De acuerdo con la concepción original de los artículos 108 y 111 de la propia Constitución federal, el citado juicio político sólo podía seguirse a los altos funcionarios dotados del llamado "fuero constanciónal", es decir, de inmunidad, así como a los titulares de los gobiernos de los estados, por violación a la Constitución y leyes federales. La responsabilidad del presidente de la República está restringida durante el ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 108 constitucional, en su texto vigente, a la traición a la patria y a los delitos graves del orden común por medio del procedimiento del citado juicio político. Según los preceptos constitucionales y legales en vigor, ya no existe una delimitación precisa respecto de los funcionarios que poseen inmunidad constitucional, ya que en realidad sólo existe respecto de aquellos, enumerados en diverso artículo' 111 constitucional (diputados y senadores al Congreso de la Unión; ministros de la Suprema Corte de Justicia; secretarios de despacho; repreSentantes a la Asamblea del Distrito -Federal; el titular del órgano de gobierno del propio Distrito Federalyel procurador general de la República y el procurador general de Justicia de Distrito Federal), que no pueden ser enjuiciados directamente ante los tribunales ordinarios por los delitos comunes cometidos en el tiempo de su encargo, ya que se requiere una declaración previa de .procedencia del proceso penal por parte de la Cámara de Diputados. En relación con el juicio político, los funcionarios que pueden ser sometidos al mismo son muy numerosos, pues entre ellos no sólo se comprenden, como en los ordenamientos anteriores, a los titulares de los órganos del gobierno federal, del Distrito Federal y de los estados, sino también inclusive a los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y los fideicomisos públicos (artículo 110 constitucional), con lo cual, en nuestra opinión, se desvirtúa la naturaleza del juicio político, que únicamente debe comprender, como lo hacía el régimen original de la carta de 1917, a los mencionados titulares de los poderes públicos, en la forma que lo hace

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actualmente el artículo 110 de la carta federal, mencionado en el párrafo anterior, pero sólo respecto de los delitos comunes que se imputen a dichos altos funcionarios, no obstante que, por mayoría de razón, esta delimitación debería aplicarse al enjuiciamiento político por infracciones oficiales a la Constitución y leyes federales. El procedimiento respecto del juicio político, que incluye también el enjuiciamiento del presidente de la República en los casos excepcionales en que puede exigírsele responsabilidad durante el ejercicio de su cargo, se sigue en dos instancias, la primera ante la Cámara de Diputados 'y la segunda, si dicha Cámara decide la culpabilidad del acusado, se promueve ante el Senado Federal, el cual resuelve en definitiva. La sanción que puede aplicar dicha Cámara de Senadores únicamente puede consistir, si se trata de funcionarios federales, en la suspensión o la destitución del cargo y la inhabilitación, en su caso, para obtener otro cargo público durante determinado periodo según la gravedad dé la infracción, pero si el culpable es un funcionario de carácter local, la decisión del Senado tiene efectos puramente declarativos y debe comunicarse a la legislatura respectiva, •para que proceda como corresponda (artículos 110 constitucional .y.44 de la Ley de Responsabilidades). C. Respecto de los tribunales de los estados, como los mismos son organizados por éstos, de acuerdo con las constituciones locales y las leyes orgánicas respectivas, no es posible efectuar una descripción, así fuese aproximada de los mismos, en un trabajo de esta naturaleza, por lo que nos limitaremos a proporcionar una idea general de los mismos. a) En primer lugar, se puede sostener que, en términos generales, los tribunales ordinarios de los estados se integran con jueces de paz o municipales, para asuntos de menor cuantía, cuyas resoluciones son normalmente inapelables; con jueces civiles y penales de primera instancia, y por un órgano de apelación que recibe, también generalmente, la designación de Tribunal Superior o Supremo de Justicia, con un número. variable de salas y de magistrados, de acuerdo con la importancia de la entidad respectiva. Si bien los citados tribunales locales conocen, en principio, de las controversias planteadas por aplicación de las leyes expedidas por las legislaturas respectivas, también deciden en jurisdicción concurrente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 104, fracción I, de la Constitución federal, sobre los litigios derivados de la aplicación dé las leyes

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federales, cuando sólo se afecten intereses particulares, y por ello, normalmente resuelven asuntos mercantiles, que tienen naturaleza federal. b) Además de los organismos mencionados que integran el Poder Judicial de los estados, funcionan también tribunales laborales, de carácter tripartito y cuyo personal técnico es designado por el gobierno local, pero su organización y procedimiento se encuentran regulados por la Ley Federal del Trabajo, la cual establece la formación de juntas locales de conciliación y de juntas centrales de conciliación y arbitraje, en cada uno de los estados. Estos organismos están presididos por funcionarios designados por el gobierno estatal y por representantes de las asociaciones gremiales de los empresarios y de los trabajadores (artículos 601 y 621 a 624 de la citada Ley Federal del Trabajo), aplicándose en lo conducente las disposiciones que regulan la integración y el funcionamiento de las juntas federales que examinamos anteriormente, en la inteligencia de que conocen también en forma amplia de todo género de conflictos laborales, pero con circunscripción local. c) Por lo que se refiere a la resolución de los conflictos de carácter burocrático, es decir, respecto de los trabajadores al servicio de los gobiernos locales y municipales, éstos no estaban contemplados por la carta federal, de manera que cada uno de los estados regulaba las relaciones laborales de sus servidores de manera autónoma. Con motivo de las reformas a los artículos 115 y 116 de la carta federal de diciembre de 1982 y de febrero de 1987, se regulan expresamente las relaciones laborales de los servidores públicos locales de acuerdo con los lineamientos del artículo 123 constitucional, de manera predominante de acuerdo con el apartado B; por lo que se han expedido nuevas leyes o reformado las anteriores sobre los trabajadores estatales y municipales, cuyas controversias con los organismos públicos a los que prestan sus servicios, son resueltas en forma mayoritaria por tribunales de conciliación y arbitraje, de acuerdo con el modelo federal. d) También observamos una evolución constante respecto de los tribunales administrativos de carácter local, los que en un principio se inspiraron en el Tribunal Fiscal de la Federación, como lo demuestra la creación de tribunales tributarios en los estados de Tamaulipas (1951); México (1958); Veracruz (1975); Sinaloa (1976), y el Juzgado Fiscal del Estado de Nuevo León (1985). Debe destacarse que los órganos de justicia fiscal de los citados Estados de México y de Veracruz se trans-

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formaron posteriormente en tribunales de lo contencioso administrativo, como se señala en el párrafo siguiente. En una nueva etapa ha predominado la creación de tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía, según el ejemplo del Distrito Federal, como ha ocurrido en los estados de Sonora (1977) (el que, no obstante su nombre, tiene competencia en materia tributaria); Hidalgo (1979), a partir de 1982 con el nombre de Tribunal Fiscal Administrativo; Jalisco (1983); Guanajuato y Querétaro (1985); México (1986); Guerrero y Yucatán (1987); Baja California (1988), y Veracruz (1989). Una solución peculiar fue adoptada por la legislación del estado de Chiapas, en virtud de que en dicha entidad se introdujo una sala especializada en materia administrativa en el Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la Ley de Justicia Administrativa de 27 de diciembre de 1988. Esta evolución fue elevada a rango constitucional, en virtud de la reforma promulgada en febrero de 1987, de acuerdo con la cual, se adicionó la fracción IV del artículo 116 de la carta federal, para disponer que las Constituciones y leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que

se susciten entre la administración pública estatal y los particulares. D. Finalmente, en la descripción panorámica de los organismos judiciales mexicanos, haremos una referencia especial a los que residen en el Distrito Federal, por ser la entidad de mayor importancia económica, social y cultural del país. En primer lugar, de acuerdo con lo establecido por el artículo 73, fracción VI, base 5a. de la Constitución federal y por la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, los citados tribunales están encabezados por el Tribunal Superior de Justicia formado por cuarenta y dos magistrados titulares y varios supernumerarios, los cuales designan cada dos años a su presidente. Dicho tribunal funciona en Pleno y en catorce salas numerarias y una auxiliar de tres magistrados cada una, divididas por materias. De dichas Salas, las siete primeras son civiles (que incluyen la materia mercantil); cinco son penales y las dos últimas especializadas en asuntos relativos a cuestiones familiares y del estado civil. La Sala auxiliar conoce de los asuntos que le encomiende el Pleno, especialmente de rezago. Las salas conocen en apelación de las resoluciones dictadas por los

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jueces de primera instancia que actualmente son ciento noventa y cuatro, también especializados. En efecto, los citados juzgados de primera instancia se encuentran distribuidos de la siguiente manera; cuarenta y seis de lo civil; cuarenta de arrendamiento inmobiliario; dos de lo concursal; cuarenta de lo familiar y sesenta y seis juzgados penales ubicados en los diversos reclusonos, así como treinta y seis juzgados mixtos de paz, que conocen de asuntos de menor cuantía en materia civil y respecto de procesos penales por delitos que no requieran sanciones privativas de la libertad o hasta dos años de prisión por varios delitos. Muy brevemente podemos afirmar que los tribunales del Distrito Federal conocen de las controversias suscitadas por aplicación de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión para el propio Distrito Federal, pero de acuerdo con la jurisdicción concurrente a la cual hicimos referencia con anterioridad, también resuelven asuntos mercantiles, que son federales, pero que normalmente se someten a los jueces locales. También forma parte del Poder Judicial del Distrito Federal el Jurádo Popular, el cual, en forma similar al federal, se integra por siete personas designadas por sorteo, y es presidido por uno de los jueces penales de -primera instancia. Su competencia también se ha restringido a partir de la reforma del título IV de la Constitución en diciembre de 1982, puesto que ya no conoce de la responsabilidad oficial de los empleados y funcionarios del Departamento del Distrito Federal, sino exclusivamente de los delitos cometidos por medio de-la prensa que afecten el orden público del propio Distrito. E. En forma autónoma respecto del Poder Judicial del Distrito Federal, funcionan otros tribunales de carácter laboral, administrativo y de menores. a) Por lo que se refiere a la materia laboral en el Distrito Federal, existen varias juntas locales de conciliación y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, todas de carácter tripartito, ya que se integran con representantes del gobierno del propio Distrito y por los designados por las asociaciones gremiales obreras y empresariales; en la inteligencia de que su organización, funcionamiento y competencia son similares a los tribunales laborales de las restantes entidades federativas, ya que se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que nos remitimos a lo expresado con anterioridad. b) En el año de 1971 se estableció el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con apoyo en lo dispuesto entonces •

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por el artículo 104, fracción I, de la Constitución federal (ahora 73, fracción XXIX-H de la misma ley fundamental), regulado por su Ley Orgánica promulgada el 25 de febrero del propio año de 1971. Dicho tribunal está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y se integra por una Sala Superior formada por cinco magistrados y por tres Salas de tres magistrados cada una, que podrán aumentarse en dos más formadas por tres magistrados supernumerarios, cuando el servicio lo requiera, a juicio de la Sala Superior (artículo 2o. de la Ley Orgánica). El presidente de la Sala Superior, que lo es de todo el Tribunal, es designado por los integrantes de dicha Sala cada año y puede ser reelecto (artículo 6o. de dicha Ley Orgánica). La competencia del citado tribunal es bastante amplia ya que comprende el conocimiento de las reclamaciones contra los actos y omisiones de las autoridades administrativas del Distrito Federal que afecten los intereses jurídicos de los particulares, incluyendo también las de carácter fiscal, que no estaban comprendidas en el texto original de la citada Ley Orgánica, ya que se combatían ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero que se confirieron al citado Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la reforma promulgada el 27 de diciembre de 1978. c) Finalmente, para tener_ una visión general de los organismos judiciales del Distrito Federal deben mencionarse a los Consejos Tutelares para Menores Infractores,, introducidos por ley promulgada el 26 de diciembre de 1973, para sustituir a los anteriores tribunales de menores. Dichos Consejos pueden funcionar en Pleno, que se forma por los consejeros de las salas y un presidente, licenciado en derecho, así como también en salas, integradas por un médico, un profesor especializado y un presidente, también licenciado en derecho. ' Los Consejos Tutelares tienen como objeto esencial promover la readaptación social de los menores de dieciocho años, cuando infrinjan las leyes penales, los reglamentos de policía y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, fundamentalmente, una inclinación a causar daños a sí mismo, a su familia o a la sociedad. 2. Garantías judiciales Como garantías judiciales debemos entender los instrumentos de carácter jurídico establecidos, inclusive en el ordenamiento constitucional, con el propósito esencial de lograr la efectiva independencia e imparcia-

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lidad de los jueces y tribunales. Estos instrumentos pueden resurnirse, en esencia, en la selección y designación; estabilidad; remuneración y autoridad. Estos instrumentos no han sido regulados específicamente respecto de los tribunales y jueces federales por el texto de la carta fundamental, pero en cambio han sido incorporados a la propia Constitución federal por las reformas de 1987 tanto a la fracción V del artículo 116, como en la fracción VI, base 5a. del artículo 73, en cuanto disponen que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, deberá estar garantizada por las Constituciones y leyes de los estados (y por la ley orgánica respectiva en el Distrito Federal), las cuales establecerán las condiciones para su ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales respectivos. a) Por lo que se refiere a la selección y la designación de los jueces y magistrados federales, los artículos 96 y 97 de la Constitución federal determinan que los ministros de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el presidente de la República con aprobación del Senado Federal o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los jueces de distrito y los magistrados de circuito, tanto unitarios como colegiados, son designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. b) Por lo que se refiere al nombramiento de los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, lo son en la misma forma que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es decir, por el presidente de la República con aprobación del Senado Federal (artículo 3o. de la Ley Orgánica de dicho Tribunal). Por el contrario, los funcionarios que actúan como presidentes de las juntas federales de conciliación o de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sus grupos especiales; los magistrados representantes del gobierno en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los jueces militares, son designados y removidos libremente por el Ejecutivo Federal. Por lo que respecta a los jueces y magistrados de los organismos judiciales de los estados, no existe un sistema uniforme de designación, ya que de acuerdo con las constituciones y leyes orgánicas locales, los magistrados de los tribunales superiores son nombrados por el gobernador con aprobación de la legislatura del estado, en la mayor parte de los casos, y en otros, sólo por esta última. Predomina el sistema de designación de los jueces inferiores por el tribunal superior respectivo, y esta

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regla ha sido constitucionalizada en las reformas de 1987 a la fracción III del artículo 116 constitucional, la cual, en su parte conducente establece que los jueces de primera instancia y los que con cualquier otra denominación se creen en los estados serán nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada estado. En relación con el organismo Judicial del Distrito Federal, tanto la fracción VI, base 5a. del artículo 73 de la Constitución federal como el artículo 11 de la Ley Orgánica, reformadas en 1987, disponen que la designación de los magistrados del Tribunal Superior corresponde al presidente de la República, actualmente con la aprobación de la Asamblea de Representantes del propio Distrito. A su vez, el artículo 16 de la citada Ley Orgánica, de acuerdo con el texto constitucional respectivo, establece que los jueces inferiores de primera instancia y de paz, son nombrados por el Pleno del referido Tribunal Superior. En forma similar, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal son designados por el presidente de la República a propuesta del jefe del Departamento del propio Distrito Federal, con aprobación de la mencionada Asamblea de Representantes (artículo 3o. de la Ley Orgánica respectiva). En cuanto a la preparación de los aspirantes a la judicatura, no existe un sistema genérico de selección en el ámbito federal como tampoco en el de las entidades federativas, ya que predomina la disposición de que es suficiente la licenciatura en derecho con algunos años de práctica profesional, que no es preciso acreditar de manera efectiva, para ocupar los cargos de todos los niveles de los respectivos poderes judiciales, con algunos requisitos adicionales en los niveles de mayor jerarquía. Sin embargo, la creciente complejidad de las funciones judiciales ha determinado el establecimiento constante de organismos de especialización judicial tanto para la preparación como para el perfeccionamiento de los aspirantes y de los jueces y magistrados en ejercicio. El primero de estos organismos, denominado Instituto de Especialización Judicial, se introdujo en la reforma del artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de 1936 (105 de la Ley de 1988), e inició sus funciones en 1978 como una dependencia de la Suprema Corte de Justicia. En esta dirección se han creado organismos denominados Centros de Estudios Judiciales dependientes de los tribunales superiores del estado de Jalisco (1983) y del Distrito Federal (1984), y se observa la tendencia a establecer este tipo de instrumentos de preparación y perfec-

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cionamiento de los candidatos y de los miembros en ejercicio de los juzgados y tribunales de las entidades federativas. Por su parte, en los mencionados artículos 73, fracción VI, base 5a. y 116, fracción III, de la Constitución federal reformados en 1987, se establece como principio de selección para los magistrados y jueces del Distrito Federal y de las restantes entidades federativas, que los mismos deben ser nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Por otra parte, tampoco existe una verdadera carrera judicial en las esferas federal o local, no obstante que su establecimiento se ha propuesto en numerosas reuniones académicas y profesionales, sino exclusivamente sistemas escalafonarios, de los cuales podemos mencionar como ejemplo lo dispuesto por los artículos 100 y 101 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Sin embargo, un paso adelante en el inicio de una futura carrera judicial puede señalarse en la reforma al artículo 52, inciso d, de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal, por decreto legislativo publicado el 21 de enero de 1985, que se modificó a su vez por el publicado el 12 de enero de 1987, ahora como artículo 53, también inciso d, del mencionado ordenamiento, en el cual se dispone que para ser juez de lo civil (requisito que se exige respecto de los restantes juzgadores de primera instancia), se debe acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional, que se contarán desde la fecha de la expedición del grado y someterse a examen de oposición, formulado por los magistrados de la Sala a la que quedarán adscritos. El mismo precepto establece que se preferirá para dicho examen de oposición a quien hubiere cursado los programas que al efecto desarrolle el Centro de Estudios Judiciales y preste sus servicios en el tribunal. c) Estabilidad. El instrumento más eficaz para lograr la verdadera estabilidad de los jueces y magistrados es la inamovilidad, la que signi-

fica que una vez obtenida la definitividad permanecen en el cargo de manera vitalicia o hasta la edad de retiro, salvo que puedan ser destituidos por algún motivo grave de responsabilidad. En el ordenamiento mexicano, sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito y los jueces de distrito han gozado de inamovilidad de acuerdo con los artículos 94 y 97 de la Constitución federal, a partir de su vigencia desde 1917, salvo algún corto

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periodo (1934-1944). De acuerdo con el texto vigente de dicho precepto, los primeros son inamovibles desde el momento mismo de su designación, pero los jueces federales inferiores deben pasar por un periodo de prueba de seis años, al término del cual si son ratificados o promovidos, sólo pueden ser destituidos como ocurre con los ministros de la Corte, si incurren en responsabilidad de acuerdo con el título IV de la propia Constitución. En todo caso, los ministros, magistrados y jueces federales deben retirarse de manera forzosa a la edad de setenta años. Los magistrados y jueces locales no habían gozado sino de una estabilidad relativa, pues eran designados generalmente por un periodo que coincidía con el del gobernador y de la legislatura respectiva, y esta misma situación se había establecido para los restantes jueces y magistrados de otros organismos judiciales federales. Sin embargo, en la importante reforma judicial que se realizó en el año de 1987, se introdujo la inamovilidad en el texto constitucional, después de un periodo de prueba, para los jueces y magistrados del Distrito Federal y de los estados (artículos 73, fracción VI, base 5a. y 116, fracción III de la carta federal). Este mismo principio se incorporó recientemente respecto de los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, los cuales son nombrados por un periodo de seis años, al término del cual, si son reelectos sólo pueden ser destituidos por causa de responsabilidad (artículos 39 de las leyes orgánicas respectivas). d) Remuneración. Este ha sido siempre el aspecto más débil de los instrumentos tutelares de la independencia e imparcialidad de los juzgadores, ya que ha sido tradicional, al menos en Latinoamérica, y por supuesto en nuestro país, que reciban una remuneración inferior a la de los miembros de otras ramas del poder público. Sin embargo, han existido algunos avances recientes, en particular por lo que se refiere a los jueces federales, pero también respecto de los de carácter local, ya que se ha iniciado un desarrollo para lograr una remuneración más adecuada a la importancia de las funciones judiciales. Así, en las reformas constitucionales de 1987 que hemos mencionado en varias oportunidades, se dispone que los jueces y magistrados del Distrito Federal y de las restantes entidades federativas percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

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Este principio de la no disminución de los ingresos de los jueces y magistrados durante el ejercicio de sus funciones, establecido en el artículo III de la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, fue consagrado primeramente por el artículo 94 de nuestra Constitución federal respecto de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito y jueces de distrito, pero posteriormente se extendió a los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y en las reformas constitucionales mencionadas anteriormente, también a los de carácter local. Un aspecto positivo que debemos mencionar es lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público (de la Federación), de 30 de diciembre de 1976, de acuerdo con el cual, el Poder Judicial Federal no está obligado a remitir su proyecto de presupuesto, como lo deben hacer las dependencias del Ejecutivo, a la Secretaría de Programación y Presupuesto para su revisión previa, sino que lo envía directamente al presidente de la República para su incorporación, sin modificaciones, al proyecto de presupuesto general que se presenta al Congreso de la Unión, lo que otorga una autonomía relativa al citado Poder Judicial para elaborar ese proyecto. Un progreso relativo también se advierte en el principio de la equiparación de remuneraciones. En esta dirección, el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dispone que los integrantes de dicho tribunal percibirán iguales emolumentos que los que forman parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; y algo similar ordena el artículo 120 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje contará con un sueldo igual al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. e) Autoridad. Por regla general, los organismos judiciales, tanto federales como de las entidades federativas, están dotados de los medios necesarios para imponer coactivamente sus resoluciones, ya que las leyes o códigos procesales establecen procedimientos de ejecución de los fallos respectivos, como se detallará más adelante. Por otra parte, en la parte relativa del segundo párrafo del artículo 17 constitucional reformado en marzo de 1987, se establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.

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Una excepción a esta regla la constituyó hasta hace poco tiempo el Tribunal Fiscal de la Federación, en virtud de que se creó como un órgano de jurisdicción delegada, por lo que no se le otorgó la facultad de ejecutar directamente sus resoluciones. Por este motivo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia estableció que en contra de la negativa de las autoridades tributarias para cumplir voluntariamente con las decisiones desfavorables a las mismas, era necesario interponer el juicio de amparo, a fin de que los tribunales federales pudiesen exigir dicho cumplimiento. Esta situación no era congruente con la naturaleza de tribunal dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que adquirió en su Ley Orgánica de 1967 y la reforma constitucional de 1968, no obstante lo cual, se mantuvo hasta recientemente en que se adicionó el artículo 239 ter, del Código Fiscal de la Federación de 1983, con objeto de establecer el recurso de queja en beneficio del particular afectado y ante la sala regional que hubiese dictado la sentencia respectiva, en los supuestos de indebida repetición del acto o resolución anulados, así como cuando en el acto o resolución emitido para el cumplimiento de una sentencia se incurra en exceso o en defecto en su cumplimiento, a fin de que la propia Sala imponga coactivamente su fallo. Sin embargo y de manera inexplicable no se establece este procedimiento de ejecución tratándose de actos negativos (es decir, omisiones), de las autoridades tributarias, por lo que en este último supuesto es necesario acudir al juicio de amparo. Por el contrario y con mejor criterio, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal regula un enérgico procedimiento de ejecución en caso de incumplimiento de sus decisiones por parte de las autoridades respectivas (artículo 82), y este procedimiento ha sido tomado como modelo en relación con los diversos tribunales de lo contencioso administrativo que se han establecido en varias entidades federativas, como se señaló con anterioridad. 1 Auxiliares de la administración de justicia Como dichos auxiliares son muy numerosos, ya que entre ellos están comprendidos los que forman el personal técnico de los organismos judiciales, las personas que intervienen en el ofrecimiento y desahogo de los medios de convicción, tales como los peritos y testigos (por otra parte, examinados en la parte relativa a la prueba), sería prácticamente impo-

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sible efectuar siquiera un listado de los mismos, y por este motivo nos limitaremos a examinar muy brevemente la situación de los asesores jurídicos de los justieiables carentes de los recursos suficientes para lograr los servicios de un abogado particular. Desafortunadamente nuestro ordenamiento procesal se encuentra todavía alejado de las corrientes modernas sobre la asistencia jurídica y todavía subsiste el sistema tradicional de los defensores de oficio que se apoyan en el principio establecido por el artículo 17 constitucional sobre la gratuidad de la justicia, principio que se introdujo en el precepto del mismo número de la Constitución de 1857. a) En materia federal la defensoría de oficio está regulada por la ley de 30 de enero de 1922 y su reglamento de 18 de octubre del mismo año, de acuerdo con el cual la institución depende de la Suprema Corte de Justicia y está confiada a un jefe y al número de defensores que se consideren convenientes por la propia Corte. b) Por lo que se refiere al Distrito Federal, la defensoría de oficio cuenta con el Reglamento de 7 de mayo de 1940, el que divide la institución en los sectores civil y penal, y depende de las autoridades administrativas del propio Distrito Federal. c) En las entidades federativas se han expedido varios ordenamientos pero sólo un número reducido de los mismos son posteriores a 1950, y entre ellos podemos citar las leyes de defensoría de oficio de los estados de México (1951); Baja California (1954); Michoacán (1953); Puebla (1957); Tamaulipas y Coahuila (1964). d) En otros sectores de nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo con la tradición de la época colonial, los defensores se han calificado de procuradores, y en esta dirección se observa mayor dinamismo, pues entre ellos podemos citar los de la defensa del trabajo, reorganizados por la Ley Federal de Trabajo de 1970 tanto en la esfera federal como local, con cierta autonomía a partir de 1975; la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor, que inició sus funciones en 1976; los procuradores agrarios establecidos para toda la República en 1954, y los más recientes tales como las procuradurías de Orientación y Apoyo a la Juventud; de la Defensa del Menor y de la Familia, y la Defensoría de los Trabajadores al Servicio del Estado, etcétera. Como puede observarse de la simple descripción anterior, la institución de la defensoría de oficio, incluyendo los llamados procuradores, se ha mantenido estática en sus rasgos tradicionales de la defensa predominantemente judicial de las personas carentes de recursos y no se ha

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intentado ni siquiera el estudio para introducir instituciones más adecuadas a nuestra época, como el asesoramiento jurídico, no sólo en el ámbito procesal, sino también en cuanto al consejo legal en una serie de aspectos que en un número creciente requieren de un apoyo técnico del cual, de manera evidente, carecen las personas de escasos recursos e inclusive de ingresos medios, de acuerdo con la evolución que en muchos países ha llevado a la asesoría jurídica al nivel de institución de seguridad social. 4. Partes Sin adentramos en las cuestiones doctrinales sobre el concepto de parte procesal, debido a la índole de este trabajo que tiene un carácter predominantemente descriptivo, sólo tomamos como base el concepto genérico, de acuerdo con el cual, entendemos por parte a toda persona individual o colectiva que formula pretensiones jurídicas en un proceso y aquella otra que la contradice formulando excepciones y defensas, en otras palabras, todo sujeto procesal que adopta una posición contradictoria y equidistante en el procedimiento judicial. Debemos tomar en consideración, como un aspecto general en el ordenamiento mexicano, que en principio todas las personas jurídicas tienen capacidad para ser parte, ya sean nacionales o extranjeras, en los términos del artículo primero en relación con el 17 de la Constitución federal, ya que este último prolu'be la autodefensa y consagra implícitamente el derecho de acción, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Problemas diversos son los relativos a la capacidad y a la legitimación procesales, ya que entonces es preciso examinar los diversos ordenamientos adjetivos para determinar las condiciones concretas de acuerdo con las cuales se puede actuar en determinado proceso. Otro aspecto que es preciso determinar previamente es el relativo a la exigencia del interés jurídico personal y directo de las personas que actúan como partes en los distintos tipos de proceso regulados por el ordenamiento mexicano, con excepción del Ministerio Público en el proceso penal, ya que en todo caso, y con independencia de la discusión doctrinal sobre su naturaleza procesal, este último es titular de un interés social. Por otra parte, debe señalarse que es excepcional la existencia de la llamada acción popular, que únicamente se otorga por el

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artículo 109 de la Constitución federal, y con la limitación de que sólo puede ejercitarse bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba, para denunciar las conductas ilícitas de los funcionarios públicos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además de lo anterior, cabe advertir que en nuestro sistema procesal todavía nos encontramos muy distantes de la introducción de mecanismos similares a los que se han adoptado en otras legislaciones para la defensa de los llamados intereses calificados como transpersonales o difusos, es decir, los que corresponden a un número indeterminado de personas que no se encuentran organizadas formalmente, y que pueden ser representados en juicio por una o varias personas, y que se refieren a cuestiones relativas a la protección a los consumidores, a los afectados por los problemas urbanos y ecológicos y a la tutela del patrimonio artístico y cultural, entre otras materias. La evolución para modificar las reglas tradicionales de la legitimación procesal ha surgido de manera predominante en los ordenamientos angloamericanos y se pueden señalar como los ejemplos más significativos las llamadas class actions en los Estados Unidos y relator actions en el derecho británico. Podemos señalar que la regia general del interés jurídico está señalada en el artículo primero tanto del Código Distrital como del Federal, de Procedimientos Civiles, que poseen una redacción similar. El mencionado precepto del código distrital dispone que: Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la ley en casos especiales. Sin detenernos en detalle, señalaremos las siguientes partes en las diversas ramas de enjuiciamiento del ordenamiento mexicano: el actor o demandante; el demandado; los terceros llamados o que se presenten a juicio y, finalmente, haremos una breve referencia a los abogados como asesores de los anteriores. A. Actor, demandante o Ministerio Público Es la persona jurídica que acude ante el juez para hacer valer sus pretensiones, para poner en movimiento la prestación jurisdiccional por

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medio del tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto, ya que en el ordenamiento procesal mexicano son excepcionales los supuestos en los cuales el juez puede iniciar de oficio el procedimiento judicial, y en esta dirección podemos señalar lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos promulgada el 31 de diciembre de 1942, y el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el capítulo relativo a las controversias de orden familiar, preceptos que facultan al juzgador para intervenir de oficio en los procedimientos respectivos. En la mayoría de los supuestos, son los particulares, personas físicas o colectivas, las que pueden iniciar un proceso en las diversas ramas de enjuiciamiento, pero también pueden figurar como actores las autoridades públicas, ya sea que lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, o bien como ocurre tratándose de la materia fiscal o en general administrativa, cuando demanden la nulidad de un acto o resolución que favorezca a un particular (artículos 207 del Código Fiscal Federal y 21 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal). En materia laboral, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia estableció que los titulares de las dependencias del gobierno federal y del Distrito Federal pueden promover amparo contra las resoluciones desfavorables del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, apoyándose dicha jurisprudencia en el concepto del "Estado patrono', tesis que no ha sido reproducida en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988. Finalmente, también debe señalarse que de acuerdo con la tradición del derecho estadounidense, el artículo 105 de la Constitución federal ha establecido el concepto de la Federación como parte, y de acuerdo con el mismo, el procurador general de la República (que según el artículo 102 de la misma carta federal representa los intereses de la misma Federación) puede iniciar un juicio ordinario federal en una sola instancia ante el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o ser demandado ante el mismo, en el supuesto de que el referido Tribunal en Pleno considere que el asunto es de importancia trascendente para los intereses de la nación, tomando en cuenta la opinión del propio procurador, en los términos del artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. En el proceso penal mexicano, sólo el Ministerio Público, ya sea federal o local, según la esfera jurídica respectiva, puede iniciar el juicio •

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criminal propiamente dicho, por medio de la consignación, que equivale a la demanda en las restantes ramas de enjuiciamiento, es decir, el acto en el cual dicho ministerio ejercita la acción penal. En efecto, de acuerdo con la interpretación (que un sector de la doctrina considera discutible) del artículo 21 constitucional, los códigos procesales mexicanos han consagrado el principio del monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, y al respecto podemos citar como ejemplos los artículos 3o. a 80. del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y 136 a 140 del Código Federal, que son los modelos de los restantes códigos de las entidades federativas, según se expresó en el capítulo de fuentes de este trabajo. Este principio esencial tiene varias consecuencias dentro del enjuiciamiento penal, ya que por una parte, el ofendido por el delito carece de la calidad de parte, ni siquiera de manera subsidiaria, como lo dispone de manera expresa el artículo 141 del Código Procesal Penal Federal, que sólo concede al propio ofendido la facultad de proporcionar elementos que conduzcan a comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del inculpado. Esta última atribución también está regulada por el artículo 90. del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Sólo se admite la participación directa del ofendido o de sus causahabientes, tratándose de la reparación del daño y de la responsabilidad civil proveniente del delito, ya que su actuación sólo puede tener consecuencias sobre la responsabilidad penal del inculpado exclusivamente en cuanto puede otorgar el perdón tratándose de los delitos perseguibles a petición de parte o de querella necesaria (artículo 93 del Código Penal para el Distrito Federal aplicable a toda la República en materia federal). El referido principio público del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público se ha llevado a extremos (que un sector de la doctrina ha considerado inconvenientes) tanto por la legislación como por la jurisprudencia, en cuanto el propio Ministerio puede negarse a ejercitar la acción penal, o bien, cuando ya se ha iniciado el juicio, formular conclusiones no acusatorias o desistir de la acción penal, con efectos vinculatorios para el juez de la causa, a través de un simple control interno del propio Ministerio, y en los últimos supuestos, debe decretarse el sobreseimiento definitivo y la libertad del procesado, con los mismos efectos de una sentencia absolutoria (artículos 323 y 324 del Código Distrital, y 298, fracciones 1 y II del Federal).

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Si el Ministerio Público no realiza la consignación, desiste de la acción penal o formula conclusiones no acusatorias, el ofendido carece de legitimación para acudir al juicio de amparo con objeto de solicitar el examen judicial de estas decisiones de la representación social (tesis número 1167, p. 1877, segunda parte, volumen IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988). Para tener una idea de la gravedad de la situación determinada tanto por las disposiciones legales como por la tesis de jurisprudencia mencionada, debe tomarse en cuenta que la policía judicial, no obstante su nombre, se encuentra bajo las órdenes del Ministerio Público (artículo 30. fracción I, del Código Distrital y precepto del mismo número y fracción, del federal). Por otra parte, el Ministerio Público, tanto federal como local, se encuentra organizado jerárquicamente, y está encabezado por el procurador general respectivo, designado y removido libremente, ya sea por el presidente de la República (artículo 102 de la Constitución federal, reglamentado por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y artículo 73, fracción VI, base 5a. de la misma carta federal, reglamentado por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal), cuando se trata de los procuradores de la República y del Distrito Federal; o por los gobernadores de los estados,. en los demás casos. B. Demandado

Debemos considerar como tal a toda aquella persona que es llamada al proceso para asumir la posición contraria a las pretensiones del actor, demandante o Ministerio Público, y a las cuales se puede oponer, por medio de las excepciones y defensas, sin que en estos momentos tornemos partido en la discusión doctrinal sobre la delimitación de estos últimos conceptos. Si bien en el enjuiciamiento civil, mercantil y laboral figuran generalmente como demandadas, personas particulares, individuales o colectivas, el principio contrario se presenta en el proceso administrativo y en el juicio de amparo, ya que son las autoridades que dictaron o pretenden ejecutar el acto o la resolución que se impugnan, las que se oponen a las pretensiones del actor, con la denominación de autoridades responsables en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ordenamiento que por razones históricas, califica de "informe con justificar.

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ción" a la contestación de la demanda de amparo por las propias autoridades (artículos 149 y 169). Debe tomarse en consideración que cuando las autoridades participan como demandadas no tienen carácter privilegiado en el proceso respectivo, aun cuando sí gozan de determinadas ventajas, y en este sentido conviene mencionar el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual, en su parte conducente, dispone: Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las Entidades Federativas tendrán, dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera, pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija a las partes. El demando puede negarse a acudir al proceso, o adoptar una actitud pasiva en el mismo, con lo que se configura la situación que se ha calificado de "rebeldía" en las diversas ramas de enjuiciamiento, con excepción de la penal y de la familiar y del estado civil, rebeldía que tiene como consecuencia que se tengan por ciertos los hechos señalados en la demanda salvo prueba en contrario. En el proceso penal la situación del inculpado se regula de acuerdo con el principio general de in dubio pro reo, y además sus principales derechos o expectativas como acusado, se consignan en el artículo 20 de la Constitución federal y entre las ventajas procesales merecen destacarse la de no ser compelido a declarar en su contra, prohibiéndose toda incomunicación o cualquier otro medio de presión, y la facultad de nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido y si se niega a designar persona que lo defienda, el juez debe asignarle uno de oficio (fracciones II y IX). En tal virtud, la posible rebeldía del acusado no tiene consecuencias desfavorables para éste, ya que no puede ser obligado a incriminarse, y tampoco puede ser juzgado en ausencia, además de que su confesión se considera como un simple indicio que debe ser complementado con otros medios de convicción. C. LOS

terceros corno partes

Aun cuando el nombre de tercero es equívoco, con él se designan a las personas que son llamadas o acuden al proceso, por tener interés

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en la resolución que en él se produzca, y en esta dirección podemos mencionar lo dispuesto por el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, el cual, al referirse al proceso laboral, establece el principio que puede extenderse a las restantes ramas de enjuiciamiento, con excepción del proceso penal, en el sentido de que: "Las personas que pueden ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta". a) Este es el concepto de tercero interesado que puede acudir al proceso de manera espontánea, llamado por una de las partes, o por el juez, ya que le puede afectar la resolución que en el mismo se dicte; pero no toma dicho tercero una postura diversa a la de las partes principales, actor y demandado, sino que se sitúa al lado de una de ellas, con lo cual se forma un litisconsorcio activo o pasivo. Esta situación del tercero interesado asume matices peculiares en el proceso administrativo y en el juicio de amparo, ya que dicho tercero es quien tiene interés en que se conserve el acto de autoridad que se impugna, y por ello se sitúa al lado de la autoridad demandada y coadyuva con la misma en la defensa de la legalidad o de la constitucionalidad del acto o de la resolución combatida. Tanto la Ley de Amparo (artículo 5o., fracción III), como en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (artículo 32, fracción III), lo califican como "tercero perjudicado". b) Una hipótesis diversa es la de los llamados "terceristas", que son extraños al proceso y sin embargo pueden ser afectados por el mismo y por ello comparecen, pero no lo hacen como los terceros interesados, al lado de las partes principales, sino que en el sentido estricto inician un nuevo proceso contra esas dos partes, aun cuando por economía procesal el nuevo proceso se acumula al anterior y se tramita en forma incidental. Las dos tercerías esenciales son las de la preferencia en los derechos y la excluyente de dominio, por medio de las cuales el tercerista pretende que se le reconozca, en relación con las dos partes del proceso principal, que tiene derechos preferentes o que es el propietario de un objeto que se ha considerado como materia del proceso. D. Los abogados como asesores de las partes Debemos hacer referencia brevemente a la situación de los abogados como asesores de las partes en el ordenamiento procesal mexicano, y al efecto debe recordarse lo que expresamos en cuanto a los defensores de

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oficio y a los diversos procuradores oficiales, así como respecto a la ausencia de un sistema eficaz de asesoría jurídica en beneficio de las personas carentes de recursos. Con independencia de la necesidad de renovar los estudios jurídicos, que en nuestras escuelas o facultades de derecho, con ligeras variantes, están dirigidos, no obstante los intentos que se han hecho para actualizarlos, a la preparación de abogados postulantes de carácter individualista y no de verdaderos colaboradores del juez, dotados de espíritu de servicio social, debemos señalar dos aspectos que nos parecen inadecuados en cuanto a la situación legal de los propios abogados. a) En primer término, en nuestro ordenamiento procesal existe el principio, derivado de una concepción decimonónica tanto del proceso como de la abogacía, en el sentido de que no es indispensable el asesoramiento técnico de las partes, de manera que las mismas pueden comparecer por sí mismas, sin asistencia de un abogado, e inclusive el artículo 20, fracción IX, de la Constitución federal que hemos mencionado anteriormente, dispone que el acusado puede designar como defensor a una persona de su confianza que no forzosamente tiene que ser profesional del derecho, lo cual no pasa de ser una ilusión en el complicado mundo moderno, en el cual los conflictos jurídicos son cada vez más complejos y técnicos, por lo que, como sucede en muchos campos de la vida social, la asistencia de los técnicos y profesionales se hace cada vez más indispensable. Con exclusión de la materia penal, en la cual, cuando el acusado se niega a designar defensor se le nombrará imperativamente uno de oficio de acuerdo con la fracción IX del artículo 20 constitucional, en las demás ramas de enjuiciamiento es potestativo para las partes comparecer asesoradas, pero en algunos preceptos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, primero en materia de controversias del orden familiar (artículo 943, segundo párrafo) y posteriormente en las reformas a dicho ordenamiento publicadas el 7 de febrero de 1985, en las cuales se extendió a todos los prodimientos regulados por dicho código distrital (artículo 46), si bien es potestativo para las partes comparecer asesoradas en el proceso, si lo hacen, el asesor deberá ser licenciado en derecho, con cédula profesional y en el ejercicio legal dé la profesión. En este último supuesto y para evitar una desigualdad real entre los justiciables, si la contraparte no está asesorada, el juez de oficio, en las controversias de familia, o a solicitud del interesado, en

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los demás casos, nombrará de manera inmediata un defensor de oficio para que intervenga en el asunto. b) El otro aspecto que estimamos inconveniente para la debida asistencia de las partes, es el relativo a la ausencia de la colegiación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico, ya que debido a una interpretación que nos parece incorrecta de los artículos 59 y 99 de nuestra carta fundamental sobre las libertades de trabajo y de asociación, no se puede imponer coactivamente la asociación gremial, argumento que llevado al extremo determinaría que tampoco podría exigirse el título profesional, todo lo cual ha traído consigo la debilidad de los colegios existentes, dispersos y con escasa afiliación, lo que les impide realizar las importantes y necesarias funciones que poseen en otros ordenamientos en los cuales se regula la propia colegiación obligatoria, para proteger y expresar los intereses gremiales, vigilar la práctica profesional y actualizar los conocimientos de sus afiliados. IV. ETAPAS PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS

En términos generales, los diversos ordenamientos procesales a que nos hemos referido en la sección II de este capítulo, contienen numerosas disposiciones generales y especiales sobre los principales actos a través de los cuales se desenvuelve cada proceso. Así, por un lado, tales ordenamientos contienen disposiciones generales sobre las condiciones de forma, tiempo, lugar y contenido de los actos procesales en general, y por el otro, los mismos establecen algunas reglas sobre los requisitos particulares de determinados actos procesales: tanto de los actos procesales de los tribunales, ya sean de decisión (clases y requisitos de las resoluciones judiciales), de comunicación ("exhortos y despachos") o de documentación (a cargo y bajo la autorización generalmente del secretario de acuerdos); como de los actos procesales de las partes, ya sean de petición u obtención (demandas, contestaciones y promociones), de prueba (proposición y preparación) y de disposición (desistimiento, allanamiento y transacción); y, en fin, de los actos procesales de los terceros ya sean de prueba o, en general, de colaboración. Par la naturaleza y la extensión de esta obra, no podemos analizar todas estas disposiciones generales y especiales, que suelen ser muy similares en los diversos ordenamientos procesales. Sin embargo, para tener un breve panorama de tales actos procesales, en esta sección nos proponemos analizar, por un lado, las diversas etapas de los procesos,

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IV. Etapas procesales y procedimientos V. Medios preparatorios y providencias cautelares .

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los demás casos, nombrará de manera inmediata un defensor de oficio para que intervenga en el asunto. b) El otro aspecto que estimamos inconveniente para la debida asistencia de las partes, es el relativo a la ausencia de la colegiación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico, ya que debido a una interpretación que nos parece incorrecta de los artículos 59 y 99 de nuestra carta fundamental sobre las libertades de trabajo y de asociación, no se puede imponer coactivamente la asociación gremial, argumento que llevado al extremo determinaría que tampoco podría exigirse el título profesional, todo lo cual ha traído consigo la debilidad de los colegios existentes, dispersos y con escasa afiliación, lo que les impide realizar las importantes y necesarias funciones que poseen en otros ordenamientos en los cuales se regula la propia colegiación obligatoria, para proteger y expresar los intereses gremiales, vigilar la práctica profesional y actualizar los conocimientos de sus afiliados. IV. ETAPAS PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS

En términos generales, los diversos ordenamientos procesales a que nos hemos referido en la sección II de este capítulo, contienen numerosas disposiciones generales y especiales sobre los principales actos a través de los cuales se desenvuelve cada proceso. Así, por un lado, tales ordenamientos contienen disposiciones generales sobre las condiciones de forma, tiempo, lugar y contenido de los actos procesales en general, y por el otro, los mismos establecen algunas reglas sobre los requisitos particulares de determinados actos procesales: tanto de los actos procesales de los tribunales, ya sean de decisión (clases y requisitos de las resoluciones judiciales), de comunicación ("exhortos y despachos") o de documentación (a cargo y bajo la autorización generalmente del secretario de acuerdos); como de los actos procesales de las partes, ya sean de petición u obtención (demandas, contestaciones y promociones), de prueba (proposición y preparación) y de disposición (desistimiento, allanamiento y transacción); y, en fin, de los actos procesales de los terceros ya sean de prueba o, en general, de colaboración. Par la naturaleza y la extensión de esta obra, no podemos analizar todas estas disposiciones generales y especiales, que suelen ser muy similares en los diversos ordenamientos procesales. Sin embargo, para tener un breve panorama de tales actos procesales, en esta sección nos proponemos analizar, por un lado, las diversas etapas de los procesos,

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y por el otro —así sea de manera muy esquemática—, la forma como se desarrollan dichas etapas en los diferentes procedimientos previstos en el ordenamiento procesal mexicano. 1. Etapas procesales

Para examinar las diversas etapas procesales conviene distinguir, por un lado, aquellas que pertenecen al proceso penal, y por el otro, las que corresponden a los procesos diferentes del penal. Nos referiremos primero a estas últimas para después aludir a las etapas del proceso penal. a) En términos generales, los procesos diferentes del penal (civil, mercantil, laboral, etcétera), se desenvuelven a través de las siguientes etapas: a') En primer lugar, una etapa preliminar o previa al proceso propiamente dicho, durante la cual se pueden llevar a cabo algunos de los medios preparatorios o de las providencias precautorias a los que se aludirá en la sección VI de este capítulo. En ocasiones, esta etapa

preliminar puede ser necesaria para poder iniciar el proceso, como ocurre con la conciliación en el proceso del trabajo o con el agotamiento de los recursos administrativos en el proceso fiscal. Generalmente, sin embargo, se trata de una etapa contingente o eventual. b') La primera etapa del proceso propiamente dicho es la expositiva, postulatoria o polémica, durante la cual las partes exponen o formulan, en sus demandas, contestaciones y reconvenciones, sus pretensiones y excepciones, así como los hechos y las disposiciones jurídicas en que fundan aquéllas. En esta fase se plantea el litigio ante el juzgador. c') La segunda fase del proceso es la probatoria o demostrativa, y en ella las partes y el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos controvertidos, sobre los cuales se ha planteado el litigio. Esta etapa se desarrolla normalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo; la preparación de las pruebas admitidas, y la práctica, ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados. d') La tercera etapa del proceso es la de alegatos o de conclusiones, y en ella las partes expresan las argumentaciones tendentes a demostrar que han quedado probados los hechos en que fundaron sus respectivas pretensiones y excepciones y que resultan aplicables los preceptos jurídicos invocados en apoyo de dichas pretensiones y excepciones.

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La cuarta etapa del proceso es la resolutiva, en la cual el juzgador, sobre las posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente probados, emite su decisión sobre el conflicto de fondo y pone término normalmente al proceso. Estas cuatro etapas integran lo que se conoce como primera instancia o primer grado de conocimiento del litigio. En ocasiones las leyes procesales establecen que es la única instancia, como ocurre con los juicios civiles ante los juzgados mixtos de paz o con los juicios laborales; aunque en ambos casos todavía es posible impugnar la sentencia o el laudo, así como las demás resoluciones que pongan fin al juicio o cuya ejecución sea de imposible reparación, a través del juicio de amparo. En otras ocasiones, los ordenamientos procesales permiten que, a través de la interposición de un recurso (el de apelación, generalmente), se inicie la segunda instancia o segundo grado de conocimiento del litigio, durante el cual se pueden reproducir, repertir o corregir todas o algunas de las etapas de la primera instancia, según la extensión con que las leyes regulen la segunda instancia. Aun en los procesos en los que se permite la segunda instancia, ésta regularmente es sólo una fase eventual, contingente, que puede o no presentarse de acuerdo con los intereses y posibilidades de la parte que no obtuvo sentencia estimatoria en la primera instancia. La sentencia que se dice en la segunda instancia también es impugnable por medio del juicio de amparo. Pero además de estas cuatro etapas del proceso en primera instancia, y de la posibilidad regular de la segunda instancia y del juicio de amparo, también puede presentarse otra etapa en el caso de que la parte vencida no cumpla con la conducta o la prestación a que le obliga la condena; en este supuesto, la parte vencedora puede promover la iniciación y desarrollo de la etapa de ejecución forzosa o forzada, con objeto de lograr el cumplimiento coactivo de la sentencia. b) En el proceso penal mexicano es necesaria, invariablemente, la etapa preliminar denominada averiguación previa, la cual es llevada a cabo, en sede administrativa, por el Ministerio Público. Esta etapa empieza con la denuncia o la querella, las cuales deben ser presentadas por cualquier persona o por el ofendido, respectivamente, ante el Ministerio Público. La averiguación previa tiene por objeto que el Ministerio Público recabe todas las pruebas e indicios que puedan acreditar el cuerpo de un delito y la probable responsabilidad del imputado. En caso de lograr estos extremos, el Ministerio Público ejerce la acción penal contra el probable responsable, a través del acto denominado

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de consignación, ante el juez penal competente. En caso contrario, el Ministerio Público no ejerce la acción penal y emite el acuerdo de archivo o sobreseimiento administrativo. Por último, en el caso de que el Ministerio Público considere que las pruebas son insuficientes pero que existe, a la vez, la posibilidad de obtenerlas posteriormente, expide la determinación de reserva que no pone término a la averiguación previa, sino que sólo la suspende temporalmente. a') Con la consignación se inicia la primera etapa del proceso penal propiamente dicho, la cual se denomina instrucción y que se subdivide, a su vez, en dos periodos: el primer periodo de la instrucción (también denominada preinstrucción), que corresponde desde el auto que dicta el juez admitiendo la consignación y que se denomina de radicación o "auto cabeza del proceso" y hasta la resolución que el juzgador debe emitir, de acuerdo con el artículo 19 constitucional, en un plazo de 72 horas a partir de la consignación del detenido o de la aprehensión del imputado, y en la cual debe decidir si se debe procesar o no a la persona consignada y, en caso afirmativo, precisar los hechos delictuosos por los que se deberá seguir el proceso (en el caso afirmativo, el auto se denomina de "formal prisión" si el delito por el que se va a seguir el proceso merece pena privativa de libertad o de "sujeción a proceso" si la pena no es privativa de libertad o es alternativa; en el caso negativo, el auto se denomina de libertad "por falta de méritos" o "por falta de elementos para procesar"); el segundo periodo de la instrucción comprende desde este auto que fija el objeto del proceso, hasta el auto que declara cerrada la instrucción. La etapa de la instrucción tiene por objeto, sobre todo, suministrar al juzgador las pruebas necesarias para que pueda emitir la resolución de fondo. b') La segunda etapa del proceso penal es la denominada de juicio y comprende, por un lado, la formulación de las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa y, por el otro, la emisión de la sentencia del juzgador. Con esta etapa termina la primera instancia del proceso penal y, de manera similar a lo que ocurre en los demás procesos, con la apelación se puede iniciar la segunda instancia. c') La ejecución penal se realiza por las autoridades administrativas competentes, por lo que ya no es considerada como una etapa del proceso penal. Con todo, a ella se aludirá, al igual que a las otras formas, de ejecución diversas de la penal, en la sección IX de este capítulo.

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2. Procedimientos Vamos a referirnos muy brevemente a los diversos procedimientos que regulan los ordenamientos procesales mexicanos. Para este objeto hemos considerado oportuno referimos por separado a cada una de las ramas señaladas en la sección II de este capítulo. Además, para distinguir entre los procedimientos que implican un verdadero proceso por versar sobre un litigio o por estar estructurados tomando en cuenta las posibilidades de conflictos y oposiciones, y los procedimientos que no implican un proceso, hemos reservado para los primeros la expresión "juicio", tomándola no en el sentido restringido de la etapa procesal a que hemos hecho referencia en el apartado anterior, sino en el de "orden y sucesión" de los actos que constituyen el proceso; éste es, además, el significado que generalmente le dan a esta palabra los ordenamientos procesales mexicanos. a) En el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal se regula un juicio ordinario civil, a través del cual se tramitan la generalidad de los litigios —o sea todos aquellos litigios que no tengan señalada una tramitación especial— y diversos juicios especiales. El juicio ordinario civil se caracteriza sobre todo por el hecho de que en él se encuentran claramente diferenciadas y separadas las diversas etapas procesales y porque para cada una de ellas se señalan plazos y términos más o menos amplios. En los juicios civiles especiales —previstos para sólo determinado tipo de litigios— se suele, en cambio, concentrar las etapas procesales y abreviar los plazos y, en ocasiones, abreviar el orden de aquéllas. Los juicios especiales que regula el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal son los siguientes: a') el juicio ejecutivo civil, para las pretensiones basadas en un título ejecutivo civil, y en el cual se empieza, una vez presentada y admitida la demanda, por una ejecución provisional —embargo de bienes del demandado— para después continuar con el conocimiento del litigio, que es plenario; b') el juicio especial hipotecario, para las pretensiones de pago de un crédito garantizado con hipoteca, el cual también empieza, una vez presentada y admitida la demanda, por una ejecución provisional —aseguramiento de los bienes hipotecados mediante la expedición y registro de la cédula hipotecaria—, para después continuar con el conocimiento del litigio, que también es plenario; c') el juicio especial de desahucio, para las pretensiones de desocupación de un local arrendado basadas en el incumplimiento en el pago de dos o más mensualidades, el cual

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tiene un carácter sumario, pues el conocimiento del litigio es limitado a la procedencia de la desocupación; d') el juicio en materia de arrendamiento de viviendas, relativo a los conflictos sobre contratos de dicha materia con exclusión de los litigios de desocupación, que deben tramitarse a través del juicio señalado en el inciso anterior; e') el juicio arbitral, para los conflictos civiles patrimoniales que las partes acuerden someter al arbitraje; f) los juicios de tercería excluyente de dominio y de preferencia; g') los juicios de concurso, que tienen por objeto liquidar el patrimonio de una persona no comerciante en estado de insolvencia —previo el reconocimiento y la graduación de los créditos— y los cuales pueden ser voluntarios, si los promueve el propio concursado, o necesarios si los reclaman los acreedores en los supuestos previstos por el Código; h') los juicios sucesorios, que tienen por objeto distribuir el patrimonio de una persona fallecida entre los herederos y legatarios reconocidos —cubriendo en todo caso las deudas existentes—, y los cuales pueden ser de testamentaría o intestados, si la distribución se lleva a cabo con base en un testamento o por sucesión legítima, respectivamente; i') el juicio especial para las controversias familiares señaladas en el artículo 942 del Código de Procedimientos, en el cual se concentran las etapas procesales, se abrevian los plazos y se confieren mayores poderes al juzgador, y j') el juicio de mínima cuantía ante los jueces mixtos de paz, para las pretensiones civiles patrimoniales con cuantía hasta de ciento ochenta y dos veces al salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y en el cual se han intentado concentrar todas las etapas procesales en una sola audiencia, lo que no se ha logrado en la práctica. De este juicio de mínima cuantía se excluyen los interdictos, los juicios sobre arrendamiento de inmuebles y los juicios de concurso. Al lado de estos juicios especiales, el Código también prevé diversos procedimientos judiciales no contenciosos (de "jurisdicción voluntaria"). En el Código Federal de Procedimientos Civiles se intentó regular un juicio tipo, al lado del cual se agregaron los juicios de concursos y sucesorios, los juicios para sustanciar /as inconformidades sobre el avalúo de los bienes en caso de expropiación

y algunos procedimientos judiciales no contenciosos (de "jurisdicción voluntaria"). b) En el Código de Comercio se regulan, por un lado, el juicio ordinario mercantil, similar al ordinario civil, aunque todavía más complicado, y, por el otro, el juicio ejecutivo mercantil, para las pretensiones basadas en títulos ejecutivos mercantiles, y el cual también, una

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vez presentada y admitida la demanda, empieza por un embargo provisional, para después continuar con el conocimiento del litigio que, en este caso, a diferencia del ejecutivo civil, es sumario, pues se limita a las excepciones señaladas en los artículos 1397 y 1403 del Código de Comercio y en el artículo 89 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Cabe señalar que este juicio es el que tiene mayor desarrollo en la práctica, por el crecimiento de las actividades comerciales y por su mayor rapidez y eficacia, en relación con el juicio ejecutivo civil. La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos prevé cuatro posibles formas de iniciarse el juicio de quiebra: a') de oficio, cuando un juez se entere del estado de cesación de pagos de un comerciante; b') a petición del propio comerciante insolvente, c') a instancia de los acreedores, y d') a petición del Ministerio Público. Por último, ya habíamos señalado que la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito regula un procedi?Memo especial para la cancelación y pago, reposición o restitución de los títulos de crédito nominativos extraviados o robados (artículos 42-68). c) En la Ley Federal del Trabajo se regulan un juicio ordinario, un juicio especial para los conflictos colectivos de naturaleza económica. un juicio especial para prestaciones de menor cuantía, un procedimiento para hacer efectiva la preferencia de los créditos laborales y los procedimientos no contenciosos ("paraprocesales" y de "jurisdicción vo-

luntaria") que se pueden seguir ante las juntas de conciliación y arbitraje. Haremos breve referencia a los tres primeros. a') El juicio ordinario tiene un carácter preponderantemente oral. Una vez presentada la demanda escrita, el juicio se desenvuelve básicamente en tres audiencias: la de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas; la audiencia de desahogo de pruebas y expresión de alegatos, y la audiencia de discusión y votación del laudo. b') El juicio especial para los conflictos colectivos económicos tiene un carácter fundamentalmente técnico. Como en el laudo se debe decidir sobre la modificación de las condiciones de trabajo, la parte principal la constituye el dictamen que deben rendir tres peritos designados por la junta de conciliación y arbitraje, en el cual con base en los estudios económicos, contables y sociales que realicen, dichos peritos deben proponer la solución del conflicto. Presentada la demanda por escrito, el juicio se desarrolla básicamente también en tres audiencias: en la primera, la junta debe intentar la conciliación de las partes y en caso de no lograrla, escuchará las peticiones y hechos en que aquéllas

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se funden y designará los tres peritos que deberán formular su dictamen; formulado éste, concederá un plazo de 72 horas para que las partes formulen observaciones y en caso de que lo hagan, citará a una audiencia de pruebas, en la que se puede interrogar a los peritos; en la tercera audiencia, se debe discutir y votar el proyecto de laudo formulado por el auxiliar de la junta con base en el dictamen de los peritos. c') En el juicio especial para las cuestiones de menor cuantía señaladas en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo se ha intentado concentrar todas las etapas procesales en una sola audiencia. Presentada la demanda escrita, la junta debe citar a las partes a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Después de la experiencia del juicio de mínima cuantía en materia civil, cabe abrigar serias dudas sobre las posibilidades reales de que el juicio se lleve a cabo efectivamente en una sola audiencia. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé un juicio ordinario y un juicio especial para las controversias sobre la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores. El juicio ordinario se desarrolla a través de una etapa expositiva escrita —demanda y contestación— y una audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Los conflictos colectivos jurídicos se tramitan a través del juicio ordinario, con la única variante de que se prevé una audiencia de concilación, previa a la de pruebas, alegatos y resolución. Por último, el juicio especial para las controversias sobre la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores es muy similar al ordinario, con la única variante de que se señalan con precisión los diversos plazos y términos para los actos del proceso. d) La Ley Federal de la Reforma Agraria no prevé un juicio ordinario, sino numerosos juicios especiales para cada uno de los diversos conflictos agrarios que hemos enumerado en la sección II de este capítulo. La cantidad y complejidad de dichos juicios nos impiden realizar, en una obra de carácter introductorio, un resumen de ellos. Nos limitamos a indicar que la regulación de dichos juicios es sumamente detallada —y en no pocas ocasiones complicada— en la mencionada Ley, ya que se da intervención a diversos órganos y organismos del Estado, tanto federales como locales, y se establecen diversas instancias. Por último, en tales juicios las etapas procesales no se encuentran rígidamente separadas.

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e) El Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal prevé

un juicio ordinario y un juicio sumario —en rigor, plenario rápido—, este último para cuando se trate de flagrante delito, exista confesión rendida ante el juzgador, la pena aplicable no exceda del término medio aritmético de cinco años de prisión, o sea alternativa o no privativa de libertad, y cuando ambas partes manifiesten su conformidad con el auto de formal prisión o de sujección a proceso y que no tienen más

pruebas que ofrecer, salvo las relativas a la individualización de la pena o la medida de seguridad. Dicho Código también regula el juicio que se debe seguir ante el jurado popular, aunque este último carece de aplicación práctica. Estos tres juicios son iguales en la etapa de averiguación previa y en el primer periodo de la instrucción. El juicio sumario se distingue del ordinario porque a partir del auto de fijación del objeto del proceso —inicio del segundo periodo de la instrucción— se abrevian los plazos —diez días en vez de quince para ofrecer pruebas— y se procuran concentrar las pruebas y las conclusiones en una sola audiencia. El juicio ante el juzgado popular es igual al ordinario y sólo se distingue de éste porque la última etapa —denominada de "juicio"— se realiza después de un periodo de conclusiones escritas, en dos audiencias; la primera, ante el jurado y el juez que actúa como presidente de debates, denominada "sobre los hechos", porque en ella se pueden practicar algunas pruebas y las conclusiones de las partes deben versar sólo sobre los hechos, así como porque en dicha audiencia el jurado pronuncia su veredicto sobre los hechos; y la segunda, sólo ante el juez, en la que las partes formulan sus conclusiones sobre el derecho y el juez pronuncia su sentencia basándose en el veredicto del jurado, y señalando, en caso de condena, la pena aplicable. En el juicio ordinario no se distinguen estas dos audiencias, sino que hay sólo una —que es, a la vez sobre los hechos y el derecho— y en tal juicio el juez pronuncia su sentencia tanto sobre los hechos como sobre el derecho, fijando asimismo la pena aplicable. En el Código Federal de Procedimientos Penales se regulan en términos similares los tres juicios que hemos mencionado. Además, dicho Código Federal prevé un procedimiento especial para los enfermos mentales —el cual tiene aspectos de discutible constitucionalidad— y otro para los farmacodependientes. En el Código de Justicia Militar se regulan tres clases de juicios; el que se sigue ante los jueces militares, el que se sigue ante los consejos

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de guerra ordinarios —igual al anterior—, con la variante de que las

conclusiones y la práctica de algunas pruebas se realizan ante dicho consejo, que es el que pronuncia la sentencia y el que se sigue ante los consejos de guerra extraordinarias, que tiene numerosos aspectos de discutible constitucionalidad. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula el juicio político, al que hicimos referencia anteriormente (supra II, 3, D), el juicio para la declaración de procedencia, a través del cual la Cámara de Diputados determina si procede o no retirar la inmunidad a alguno de los funcionarios públicos señalados ert el artículo 111 de la Constitución, para que, en caso afirmativo aquél sea enjuiciado por los tribunales competentes por la probable comisión de un delito; así como los procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas.

Por último, la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal contiene reglas sobre dos procedimientos inquisitivos; uno ante el Consejo Tutelar para Menores Infractores y otro ante los Consejos Auxiliares. 1) Tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevén, cada uno, un solo tipo de juicio, en ambos casos muy similar, pues, después de la demanda y la contestación escrita, las etapas probatoria y de alegatos se desarrollan en una sola audiencia. La sentencia se formula a partir del proyecto de uno de los tres magistrados que integran las sa!as, proyecto que debe ser discutido por todos los magistrados y aprobado cuando menos por la mayoría. g) En relación con el proceso familiar, ya hemos señalado que el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal regula sólo un juicio especial para algunas controversias familiares, que son las indicadas en el artículo 942 de dicho ordenamiento. Este juicio es muy similar al que con el nombre de "sumario" regulaba el mismo Código hasta antes de la reforma de 1973, que lo suprimió. Después de la demanda y la contestación, que son escritas y que deben contener el ofrecimiento de las pruebas, las fases de pruebas y alegatos se concentran en una o varias audiencias. Conviene apuntar que los códigos de procedimientos civiles que siguen al antoproyecto de 1948 contienen todo un título dedicado a los "juicios sobre cuestiones familiares y estado y condiciones de las personas", en donde se regulan los juicios sobre "cuestiones matrimoniales", nulidad de matrimonio, divorcio, pa-

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ternidad, filiación y patria potestad, rectificación de actas del estado civil, interdicción e inhabilitación y, además otros procedimientos no contenciosos que afectan las relaciones familiares y el estado civil. h) En la Ley de Amparo se prevén dos tipos de juicios: el indirecto, de doble instancia, que se sigue, en términos generales, contra todos aquellos actos de autoridad que no constituyen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio natural, y cuya primera instancia se lleva a cabo ante los juzgados de distrito, y la segunda, iniciada con el recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de amparo contra leyes, tratados y reglamentos o contra actos que invadan facultades federales o locales; o ante los tribunales colegiados de circuito, en los demás casos; y el juicio de amparo directo, regularmente de una sola instancia, que se promueve, en términos generales, contra actos de autoridad que constituyen sentencias defintivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio natural, amparo que se sigue normalmente ante los tribunales colegiados de circuito. Es pertinente aclarar que sólo para los juicios de amparo indirectos o de doble instancia se regulan en forma específica las etapas de pruebas y alegatos; en los juicios de amparo directos o de una sola instancia, por funcionar como medios de impugnación contra resoluciones defintivas en forma similar al recurso de casación, no se prevén dichas etapas. V. MEDIOS PREPARATORIOS Y PROVIDENCIALES CAUTELARES 1. Medios preparatorios

La delimitación entre los llamados medios preparatorios y las medidas o providencias cautelares o precautorias, es bastante sutil, por lo que existe confusión sobre estos instrumentos especialmente en materia procesal civil y mercantil, pues basta un examen superficial de los preceptos de los ordenamientos mexicanos respectivos para llegar a la conclusión de que varios de los instrumentos calificados como preparatorios, no son en el fondo sino medidas cautelares anticipadas y por otra parte, de acuerdo con las mismas disposiciones, las citadas providencias cautelares pueden solicitarse tanto dentro del proceso, como previamente a su interposición. Sin embargo, como el ordenamiento procesal mexicano regula expresamente los que califica como medios preparatorios (si bien de ma-

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nera confusa en relación con las providencias precautorias), es preciso realizar un breve examen de estos instrumentos; ya que en nuestro concepto, los verdaderos medios preparatorios no se han estudiado con este carácter, ya que deben considerarse como tales a los actos o requisitos jurídicos que puede o debe realizar una de las partes, generalmente el futuro demandante, para iniciar con eficacia un proceso posterior. Podemos señalar dentro de esta orientación a los siguientes medios preparatorios en sentido estricto, haciendo la aclaración de que los mismos han sido considerados como etapas del procedimiento, en la sección IV, de este mismo trabajo. a) En materia penal, para que se inicie el proceso propiamente dicho a través de la consignación, es decir, del ejercicio de la acción penal ante el juez de la causa por parte del Ministerio Público, es preciso que con anterioridad se realice la etapa calificada como averiguación previa por nuestros códigos procesales penales, a cargo exclusivo del propio Ministerio Público (ya que en nuestro ordenamiento no existe juez de instrucción, según el modelo francés), a fin de reunir los elementos necesarios para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, según lo establecido por los artículos 263 a 287 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y 113 a 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. b) Tratándose del proceso administrativo, normalmente se exige el agotamiento previo de los recursos o medios de defensa internos, ante la administración activa, de acuerdo con lo establecido por los artículos 202, fracciones VI y VII, del Código Fiscal de la Federación, y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, preceptos que en esencia disponen que es improcedente el juicio fiscal o el de amparo cuando no se hubiesen agotado oportunamente los citados recursos o medios de defensa que las leyes respectivas concedan ante las autoridades administrativas, aun cuando con las excepciones de que, tratándose del proceso fiscal, las propias leyes consideren expresamente que es optativa la interposición de tales instrumentos, o en el caso del amparo, cuando el ordenamiento correspondiente exija mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado. Por otra parte, debido a la ineficacia en nuestro medio de los recursos o medios de• defensa ante la administración activa, el artículo 28 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Dis-

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trito Federal establece el principio opuesto, es decir, el de la opción general de los recursos o medios de defensa ante las autoridades administrativas correspondientes, con la excepción de la materia fiscal, respecto de la cual es obligatorio agotarlos. c) En relación con los conflictos laborales, la Ley Federal del Trabajo establece la obligatoriedad de la conciliación como una etapa previa al proceso laboral propiamente dicho, ya que si bien la misma debe estimarse de carácter potestativo ante las juntas de conciliación, tanto federales como locales (artículos 591, fracción I, y 603), es imperativa si no se ha efectuado previamente ante las juntas de conciliación y arbitraje (artículo 876). d) Nos ocuparemos brevemente de los llamados medios preparatorios por los códigos de procedimientos civiles, el Código de Comercio, y en cierta manera, también por la Ley Federal del Trabajo. a') El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal regula ampliamente los citados medios preparatorios en el título V, sobre actos prejudiciales, en el cual consigna, con escasa técnica, también, a las providencias precautorias. El citado Código divide dichos medios en cuatro sectores: los de carácter general; los relativos al juicio ejecutivo; la separación o depósito de personas, y la consignación. Los que califica de medios preparatorios del juicio general artículos (192 a 200) se refieren a la solicitud de declaración de la contraparte sobre determinados hechos: la exhibición de ciertos documentos o el examen de testigos cuando sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar de tardíos y difíciles medios de comunicación. Los medios preparatorios del juicio ejecutivo se refieren a la confesión judicial de la contraparte y al reconocimiento de la firma de un documento privado, con requerimiento de pago y embargo; la separación o depósito de personas se contrae al cónyuge que lo solicite cuando pretenda demandar o acusar el otro cónyuge, y, finalmente, la consignación de la cosa debida se concede cuando el acreedor se rehusa a recibir la prestación o entregar el documento justificativo del pago. El Código de Comercio regula instrumentos muy similares a los del de Procedimientos Civiles del Distrito, ya que no es sino una copia incompleta del anterior de la última materia, de 25 de mayo de 1884 (artículo 1151), pues si bien algunas disposiciones procesales del propio Código de Comercio fueron reformadas por decreto legislativo pu-

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blicado el 4 de enero de 1989, no se introdujeron modificaciones sustanciales. El Código Federal de Procedimientos Civiles sólo regula como medidas preparatorias las relativas a la petición de una persona que pretenda entablar una demanda, para la inspección de cosas, documentos, libros o papeles, solicitando su exhibición, siempre que se compruebe el derecho con que se pide la medida y la necesidad de la misma (artículo 379). b') En cuanto a los conflictos laborales, los artículos 600 y 603 de la Ley Federal del Trabajo facultan a las juntas de conciliación para la recepción anticipada de pruebas que consideren conveniente ofrecer a trabajadores o empresarios, en relación con los juicios que pretendan entablar ante las respectivas juntas de conciliación y arbitraje. 2. Medidas o providencias cautelares Deben considerarse como tales los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso. Esta es una de las categorías esenciales del derecho procesal, ya que el lapso inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales) por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica Desafortunadamente nuestro ordenamiento procesal no toma en cuenta, en términos generales, los avances que la doctrina tanto nacional como extranjera ha alcanzado en el estudio de estos instrumentos, ni tampoco los adelantos compatibles con nuestro propio ordenamiento, de la legislación y de la jurisprudencia de otros países. Dichas medidas pueden tomarse, tanto antes de la iniciación del proceso, como durante toda la tramitación del mismo, hasta que se dicte la sentencia firme que le ponga fin, o cuando termina definitivamente el juicio por alguna otra causa, y por ello la confusión que se ha producido en el derecho procesal mexicano ante los citados medios preparatorios y las medidas cautelares, ya que varios de los primeros que

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se regulan como tales en nuestros códigos procesales civiles y en el de comercio, no son sino medidas precautorias anticipadas, como se expresó anteriormente. Para realizar un examen breve de tales instrumentos es preciso hacer una sistematización de los mismos tomando en cuenta las ramas de enjuiciamiento en las cuales se apliquen. a) En materia civil, mercantil y laboral, las disposiciones respectivas regulan esencialmente dos medidas precautorias o cautelares: el arraigo del demandado y el secuestro de bienes, y el Código Federal de Procedimientos Civiles agrega las que llama medidas asegurativas. El arraigo consiste en prevenir al demandado de que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio; pero si quebranta dicho arraigo, además de la pena que señala el Código Penal respectivo al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, el arraigado puede ser obligado por medios de apremio a volver al lugar del juicio (artículos 1175 y 1177 del Código de Comercio; 241 y 242 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y 859-860 de la Ley Federal del Trabajo). En cuanto al secuestro de bienes, puede decretarse cuando exista peligro de que el demandado disponga de los mismos, o por cualquier otro motivo quede insolvente; providencia que se deja sin efecto cuando el mismo demandado garantice por cualquier medio que puede responder del éxito de la demanda (artículos 1179-1193 del Código de Comercio; 243-254 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 390 y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 861864 de la Ley Federal del Trabajo). Además de las providencias anteriores, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito (artículos 389, fracción II, 392 y 393); así como las medidas que califica de asegurativas y que consisten en todas las necesarias para mantener la situación de hecho existente (artículo 384). Una característica general del procedimiento para decretar estas providencias consiste en que se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuado el afectado puede impugnar posteriormente la medida generalmente a través• del recurso de apelación (artículos 1181, 1187-1191 del Código de Comercio; 246,

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252-253 del Código de Procedimientos del Distrito Federal; así como 394-395 del Código Federal de Procedimientos Civiles). b) En el proceso penal se han establecido dos providencias cautelares esenciales: la prisión preventiva, por una parte, y la libertad provisional, por la otra, ambas estrechamente relacionadas, ya que la duración de la primera depende de la procedencia de la última. La prisión preventiva es un instrumento sumamente debatido, ya que en apariencia contradice uno de los principios esenciales del derecho penal contemporáneo, es decir, el de la presunción de inocencia del inculpado, en tanto no se demuestre su culpabilidad; pero ha debido imponerse en todas las legislaciones punitivas como un medio, limitado a los supuestos indispensables, que impide a los acusados de delitos graves sustraerse a la acción de la justicia. En nuestro ordenamiento constitucional federal se establecen varias restricciones a la citada prisión preventiva, con el propósito de evitar que se aplique de manera indiscriminada, y por ello el artículo 16 constitucional establece que ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial, salvo casos excepcionales, como delito in fraganti o ausencia en el lugar, de autoridad judicial; el artículo 18 constitucional dispone la separación completa de los lugares de detención preventiva, respecto de los que se destinen para la extinción de las penas; el artículo 19 dice que la citada detención no puede exceder de tres días sin justificarse con auto de formal prisión, y, finalmente, según el 20, fracción X, segundo párrafo, enuncia que no podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. Los códigos de procedimientos penales reiteran, en relación con la detención o aseguramiento del inculpado, las normas establecidas por las disposiciones constitucionales, con algunos matices, precisados con mayor detalle en el federal (artículos 132 a 134 del distrital, y 193 a 205 del de procedimientos federales). Por lo que se refiere a la libertad provisional, los propios códigos procesales penales consignan dos modalidades, la que califican como libertad bajo protesta y la libertad caucional. La primera, es decir la provisional bajo protesta, se concede sólo en el supuesto de que el acusado no sea reincidente, que el delito por el cual se le acuse tenga una pena máxima que no exceda de dos años de prisión, que posea domicilio fijo y reconocido en el lugar en el cual se le siga el proceso, que no exista temor de que se sustraiga a la ac-

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ción de la justicia y que desempeñe un trabajo honesto (artículos 552555 del Código del Distrito; 418-421 del federal). La libertad cauciona! es la providencia cautelar más importante en el proceso penal y está regulada rígidamente en la fracción I del artículo 20 de la Constitución federal, y esta falta de flexibilidad ha producido problemas de difícil resolución en la práctica, especialmente en cuanto a la suspensión del juicio de amparo, como lo expresaremos más adelante. En efecto, dicho precepto fundamental establece que la libertad caucional sólo procede tomando en cuenta las circunstancias personales del inculpado y la gravedad del delito, siempre que dicho delito me-

rezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco arios de prisión.

Dicho precepto fue reformado por decreto legislativo promulgado el 17 de diciembre de 1984, que si bien introdujo algunos temperamentos, dejó inalterada esta regla, y sólo hace referencia, como elemento para determinar el término medio aritmético mencionado, las modalidades que puede asumir el delito que se imputa al procesado. Otro aspecto introducido en la citada reforma de 1984, fue la actualización del monto de la garantía, que en el texto original del precepto constitucional sólo podía ascender a la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, a no ser que el delito representara un beneficio económico para el inculpado, o causare a la víctima un daño patrimonial, pues en este supuesto, el monto de la propia garantía debía fijarse tomando en cuenta, como mínimo, una cantidad tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño causado. La suma que se había señalado en el texto original de la Constitución era muy exigua debido a la pérdida acelerada del valor de la moneda, especialmente a partir de la crisis económica que se manifestó en 1982, por lo que el precepto vigente actualizó el monto de la caución, de manera que ahora no puede exceder de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general vigente en el lugar en que se cometió el delito, pero se autorizó al propio juez a que, mediante resolución motivada, pueda duplicar esa suma (es decir, cuatro años de salario mínimo), en virtud de la especial gravedad del delito y de las particulares circunstancias personales del imputado o de la víctima. Se atemperó la regla del mínimo de tres tantos para la fijación del monto de la garantía tratándose de delitos que representen para su

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autor un beneficio económico o causen a la víctima daño o perjuicio patrimonial, ya que dicha regla sólo puede aplicarse a los delitos intencionales, ya que tratándose de aquellos que tengan carácter preterintencional o imprudencial, bastará, en todo caso, para otorgar el beneficio de la libertad caucional, que se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales. El artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal sólo admite la libertad caucional cuando la sanción que corresponda al delito impugnado no exceda de cinco años de prisión, y en caso de acumulación se considera el máximo del delito más grave. Por su parte, el artículo 399 del Código Federal de la materia fue reformado para adaptar su texto a la reforma constitucional de 1984, y dispone que podrá negarse la libertad caucional cuando el máximo de la pena exceda de cinco años de prisión, incluyendo las modalidades atenuantes o agravantes, acreditadas cuando se resuelva sobre la citada libertad caucional. Este precepto establece, además, que al fijar el monto de la garantía, el juez respectivo deberá hacer el señalamiento específico sobre los daños y perjuicios, en la medida que puedan determinarse de acuerdo con las constancias de autos, y además debe el mismo juzgador valorar dichas constancias para determinar si se trata de delito intencional, preterintencional o imprudencial, para los efectos de la fijación de la garantía, de acuerdo con lo dispuesto por el precepto constitucional mencionado. Al otorgarse la medida, se le hace saber al inculpado de que tiene obligación de presentarse ante el tribunal de la causa los días fijos que estime conveniente, o cuantas veces sea citado o requerido para ello; que debe comunicar los cambios de domicilio que tuviere, y que no puede ausentarse del lugar sin permiso del propio tribunal, ya que de no cumplir con estos requerimientos se revocará el beneficio (artículos 567 del Código distrital y 411 del federal). Consideramos que el sistema tan rígido del límite insalvable del promedio aritmético de los cinco años de prisión para otorgar o negar la libertad caucional, debe modificarse para incorporar en la disposición constitucional respectiva los avances doctrinales y jurisprudenciales contemporáneos, de acuerdo con los cuales, para conceder la libertad cauciona', se da mayor importancia a la conducta personal y a los antecedentes del inculpado, que exclusivamente a la gravedad del delito que se le imputa, confiriéndose al juez facultades discrecionales y fle-

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xibles para resolver sobre la situación, por medio de una cuidadosa fundamentación. c) Una tercera categoría de providencias corresponden al proceso fiscal y administrativo, ya que la medida cautelar más importante se hace consistir en la suspensión de la ejecución de los actos que se reclaman, y en principio se trata de un instrumento predominantemente conservativo, ya que según lo establecido por el artículo 58 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dicha medida tendrá por efecto: "mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncie sentencia". Este carácter conservativo de la providencia cautelar es más ostensible tratándose del procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Federación —y los tribunales locales organizados según su modelo—, ya que se reduce a la paralización del procedimiento económico-coactivo por parte de las autoridades tributarias, siempre que el reclamante garantice adecuadamente el interés fiscal, sin perjuicio de que pueda impugnar ante el propio Tribunal Fiscal, en vía incidental, las determinaciones de las autoridades exactoras que afecten sus intereses jurídicos en cuanto a dicha suspensión (artículo 114 del Código Fiscal Federal). Situación más complicada es la relativa a las medidas cautelades tratándose del proceso administrativo, no obstante lo cual, como lo hemos mencionado, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal regula dicha materia como una suspensión en la cual predomina su carácter conservativo, a pesar de que la doctrina ha señalado que, en ciertos supuestos, estas medidas resultan insuficientes, tanto para preservar la materia de la controversia, como para evitar daños de difícil o inclusive de imposible reparación al administrado y para ello resulta indispensable modificar la situación de hecho a través de un instrumento de naturaleza constitutiva. Así sea en forma muy tibia, en las reformas a la citada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de diciembre de 1978, se introdujo en el tercer párrafo del artículo 58 esta medida constitutiva; pero en el caso extremo de que los actos materias de impugnación hubieren sido ejecutados, y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, en tanto se pronuncie la resolución que corresponda, las salas de dicho tribunal podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso.

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d) Finalmente, las medidas cautelares de mayor trascendencia en el ordenamiento procesal mexicano son las que se agrupan dentro del concepto de la suspensión de los actos reclamados a través del juicio de amparo. De acuerdo con la situación actual, podemos dividir esta materia en dos sectores: a') La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo de doble instancia, cuya determinación corresponde a los jueces de distrito, en primer grado, y por conducto del llamado recurso de revisión, a los tribunales colegiados de circuito en segunda instancia. A su vez, esta medida precautoria se subdivide en dos categorías: i) La llamada suspensión de oficio, es decir, aquella que otorga el juez de distrito sin audiencia de la autoridad demandada o del tercero interesado, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los que ponen en peligro la vida, deportación, destierro, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (entre otros, penas infamantes y trascendentales o confiscación de bienes); los que pueden quedar consumados de manera irreparable, o cuando se trate de la reclamación de actos que afecten derechos colectivos de campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria (artículos 122 y 233 de la Ley de Amparo). Para la mayor eficacia de esta medida, su otorgamiento puede comunicarse telegráficamente a las autoridades demandadas cuando no residan en el lugar del juez federal que la admite. ii) El segundo sector corresponde a la medida que se concede cuando se solicita por la parte reclamante, después de una tramitación incidental en la cual se escucha tanto a las autoridades demandadas como a los terceros interesados, si los hubiere, solicitándose de las primeras un informe sobre la existencia de los actos impugnados y la procedencia de la providencia que se pide, y sólo después de una audiencia en la cual se rinden pruebas y se formulan alegatos por las partes, el juez federal decide sobre la procedencia de la petición (artículos 131 a 134 de la Ley de Amparo). Esta medida cautelar no puede concederse cuando con ella pueda causarse perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y al efecto la ley reglamentaria enumera algunos casos en los cuales no puede admitirse la medida, tomados de la jurisprudencia, entre ellos, la continuación del funcionamiento de centros de vicio; la producción y comercio de drogas enervantes; cuando se permita la con-

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sumación de delitos o sus efectos, etcétera, y además se exige que los daños y perjuicios que se causen al reclamante con la ejecución del acto que se impugna sean de difícil reparación (artículo 124). Si con la concesión de la medida precautoria se pueden causar daños y perjuicios a terceros, el demandante debe constituir una garantía que permita resarcirlos en el caso de que no obtenga una sentencia favorable, y a su vez, cuando se trate de cuestiones patrimoniales, los terceros pueden otorgar una contragarantía con objeto de que se ejecuten los actos reclamados y puedan responder de los daños que con esa ejecución se causen al peticionario del amparo (artículos 125 a 127 de la Ley de Amparo). El monto de la garantía y de la contragarantía son fijadas por el juez federal del distrito (artículo 128). En el supuesto de que se reclamen actos o resoluciones de autoridades tributarias, el peticionario debe garantizar el interés fiscal mediante el depósito del monto de los impuestos impugnados, a no ser que previamente se hubiese otorgado una garantía ante las propias autoridades fiscales, en los términos de los ordenamientos respectivos (artículo 135), y esto último es lo más frecuente en la práctica. También debe tomarse en cuenta que la medida precautoria puede concederse en dos oportunidades o sea, en un primer momento, cuando exista urgencia por considerarse inminente la ejecución de los actos que se reclamen y los perjuicios que se puedan ocasionar al solicitante del amparo sean notorios, el juez federal puede ordenar en forma discrecional la paralización de tales actos en tanto se tramita el incidente respectivo en el cual se decidirá sobre la medida, y esta providencia se califica como suspensión provisional (artículo 130 de la Ley de Amparo). Si se admite la medida calificada como provisional, ésta surte efectos hasta que el juez decida sobre la que se confiere como resultado de la tramitación incidental a la que nos referimos, en la que se oye a las partes y se presentan las pruebas para acreditar la existencia de los actos y la procedencia de la medida. Ya sea que se confiera la providencia de urgencia o que sólo se otorgue la que se califica de definitiva, esta última se prolonga durante toda la tramitación del amparo, hasta que se pronuncie sentencia firme, a no ser que exista un cambio en la situación jurídica que determinó su expedición. En efecto, las medidas precautorias son un instrumento del proceso principal, por lo que siempre se determinan de acuerdo con el principio rebus sic stantibus, es decir, en tanto no cambien las situaciones de

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hecho que sirvieron de apoyo a su concesión, de manera que si se presenta esta modificación, el juez federal de distrito está facultado para dictar una nueva providencia, aun cuando la primera resolución hubiese sido confirmada en segunda instancia por el tribunal colegiado de circuito correspondiente (artículo 140 de la Ley de Amparo); en la inteligencia de que la nueva medida puede impugnarse nuevamente. También se establece por el legislador que si la medida no se pide al presentarse la demanda de amparo, en tanto no se resuelva definitivamente el propio amparo, puede solicitarse en cualquier momento (artículo 141). Según se ha dicho, las resoluciones que en materia de providencias cautelares pronuncien los jueces de distrito, pueden impugnarse ante los tribunales colegiados de circuito por medio de los recursos de queja, si se trata de la de carácter provisional y de revisión respecto de la definitiva (artículo 95, fracción XI, 83, fracción II, 85, fracción I y 139 de la Ley de Amparo). b') La segunda categoría de medidas precautorias está formada por las que se conceden tratándose del juicio de amparo de una sola instancia contra sentencias judiciales, y en este supuesto, la resolución respectiva debe ser pronunciada por el mismo juez o tribunal que dictó el fallo impugnado en amparo y debe concederse de oficio y sin tramitación, si se trata de una sentencia condenatoria en materia penal (artículo 171). Cuando la sentencia reclamada es de materia civil (o mercantil) la suspensión de la ejecución de dicha sentencia está sujeta a los lineamientos de la medida en el amparo de doble instancia (artículo 173), y si se trata de la resolución de un tribunal laboral, debe tomarse en cuenta la situación del trabajador, de manera que pueda subsistir mientras se resuelva el juicio, y por ello la providencia sólo tendrá efectos en cuanto exceda de lo necesario para asegurar esa subsistencia (artículo 174). Sobre este punto la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que sólo procede la suspensión cuando el importe de la controversia exceda de seis meses de salario, por considerar que ese plazo es el necesario para la tramitación del juicio de amparo (tesis 1875, p. 3035, segunda parte, vol. VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1988). La resolución del juez o tribunal respectivo sobre la providencia cautelar puede impugnarse ante el tribunal colegiado de circuito que esté

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conociendo del amparo en cuanto al fondo, por medio del recurso de queja (artículo 95, fracción VII, de la Ley de Amparo). c') Finalmente, debe tomarse en cuenta que si bien un sector de la doctrina mexicana y de la jurisprudencia de la Suprema Corte establecida cuando conocía en segunda instancia en esta materia, han estimado que las medidas precautorias en el juicio de amparo tienen efectos exclusivamente conservativos, de acuerdo con su nombre original; la misma Ley de Amparo y algunas tesis de jurisprudencia nos permiten llegar a la conclusión de que si bien la regla general es en el sentido indicado, en algunos casos es preciso atribuir a la medida efectos constitutivos y aun restitutorios, como lo dispone el artículo 136 de la propia Ley de Amparo, cuando se trata de un juicio contra actos de privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, ya que el efecto de la providencia precautoria consiste en poner en libertad al reclamante, pero sujetándolo a medidas de seguridad para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia en tanto se resuelva el fondo del amparo, y por ello, otra corriente doctrinal mexicana ha señalado cada vez con mayor vigor, la necesidad de conferir mayor flexibilidad a la medida precautoria, que en ocasiones se concede o se niega en forma mecánica, no obstante que por el contrario debe asumir en esas hipótesis, lo que se ha calificado como amparo provisional. Un ejemplo significativo de la necesidad de cambio en cuanto a esa medida, se refiere al peligro de la privación de la libertad personal cuando pretenda ejecutarse una orden judicial de aprehensión en contra del solicitante del amparo, pues en ese supuesto la jurisprudencia ha sido muy incierta y dio lugar a enconados debates doctrinales, los que motivaron la adición del artículo 136 de la Ley de Amparo, antes mencionado, en la reforma de 30 de diciembre de 1979, para establecer que si dicha orden de aprehensión se refiere a delitos sancionados con una pena corporal cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito en el lugar que éste señale, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para los efectos de la continuación del proceso penal, lo que significa que la medida no impedirá que se someta al peticionario del amparo a la prisión preventiva. El problema esencial de esta falta de flexibilidad se debe a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Constitución federal, que hemos examinado con anterioridad, por lo que reiteramos nuestra con-

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vicción de que debe reformarse para introducir una regulación más acorde con los avances del proceso penal contemporáneo.

VI. Prueba VIL Resoluciones judiciales

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VIII. Medios de impugnación ...................................................... 103

VI. LA PRUEBA

Vamos a intentar analizar conjuntamente las disposiciones de los ordenamientos procesales sobre la prueba, ordenándolas bajo los siguientes rubros: a) Objeto de la prueba; b) Carga de la prueba; c) Procedimiento probatorio; d) Medios de prueba, y e) Sistemas de apreciación probatoria. Conviene desde ahora advertir que varios de los ordenamientos procesales señalados en la sección II de este capítulo tienen muy pocas y deficientes reglas sobre la prueba. En algunos de dichos ordenamientos este problema se resuelve relativamente con la remisión a otros códigos o leyes, que funcionan como textos supletorios de aquéllos. Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo artículo 11 prevé como leyes supletorias, en este orden, la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos civiles, así como las "leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad". En el mismo sentido, el artículo 2o. de la Ley de Amparo y el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación remiten a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles y, en fin, el artículo 24 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. También conviene apuntar, antes de abordar los rubros específicos que hemos señalado, que en el tema de la prueba se da una de las mayores paradojas del derecho procesal mexicano. Por un lado, algunos de los ordenamientos procesales —en especial los civiles— confieren amplias facultades a los juzgadores para ordenar, ex oficio, la práctica de medios de prueba no ofrecidos por las partes y la ampliación de los ofrecidos y aportados por aquéllas, con objeto de poder obtener la mayor certeza posible sobre los hechos controvertidos. En este sentido, el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles faculta al juzgador con el fin de que conozca "la verdad sobre los puntos controvertidos", para "valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral". El artículo 279 del mismo ordenamiento es todavía más explícito:

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Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad. Las mismas disposiciones contienen los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es claro que estos preceptos no se limitan a establecer las "medidas para mejor proveer", las cuales, de acuerdo con la tradición jurídica hispánica, se concedían a los juzgadores para que pudieran ampliar alguna de las pruebas practicadas con anterioridad, si después de concluidas las fases de prueba y alegatos abrigasen dudas sobre algún derecho. El artículo 279 prevé que las facultades que otorga pueden ser decretadas "en todo tiempo" y no las limita a la "ampliación" de pruebas ya aportadas, sino también a su "práctica". Se trata, por tanto, de facultades muy amplias que rebasan el marco tradicional de las medidas para mejor proveer. En la práctica, sin embargo, los juzgadores civiles no han utilizado normalmente tales facultades y han continuado con su tradicional actitud pasiva frente a las pruebas; se han limitado a admitir o rechazar las pruebas propuestas por las partes y a dirigir su práctica. En cierto sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha legitimado esta actitud al considerar que el artículo 279 transcrito consigna sólo las tradicionales "diligencias para mejor proveer" y al sostener que las mismas implican sólo una "facultad potestativa" que el juzgador puede o no ejercer, y no un deber para éste (tesis 125 y 126 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 4a. parte, pp. 372-373). Similares disposiciones a las de los códigos procesales civiles contienen, también, la Ley Federal del Trabajo (artículo 782), el Código Fiscal de la Federación (artículo 230) y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (artículos 65 y 66). En el derecho procesal penal, los artículos 124 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y 180 del Federal, otorgan amplias facultades al juzgador para "emplear los medios de investigación que estime conducente", con el fin de comprobar el cuerpo del delito. El artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales faculta al juzgador para que tome las medidas pertinentes para determinar la personalidad

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del inculpado y sus condiciones económicas y sociales, con vista a la individualización de la pena prevista en los artículos 51 y 52 del Código Penal. 1. Objeto de la prueba

Sólo los ordenamientos del derecho procesal civil y del mercantil deli mitan el objeto de la prueba con cierta precisión. Los artículos 284 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y 86 del Código Federal de la misma materia disponen: "Sólo los hechos están sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho". Estos preceptos recogen el principio jura novit curia y exigen sólo la prueba del derecho cuando se trate de derecho consuetudinario. Los artículos 284 bis y 86 bis de los ordenamientos citados prevén que el juzgador aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los tribunales del estado cuyo derecho resulte aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Los mismos preceptos facultan al juzgador nacional para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, por 'medio de los informes oficiales que recabe del Servicio Exterior Mexicano o a través de las diligencias probatorias que considere necesarias o que le ofrezcan las partes. El artículo 1197 del Código de Comercio establece que sólo será objeto de prueba el derecho extranjero, precisando que quien invoque leyes extranjeras "debe probar la existencia de ellas y que son aplicables al caso". También los códigos de prócedimientos civiles que siguen al anteproyecto de 1948 limitan la prueba del derecho al caso del derecho extranjero; pero establecen, además, que dicha prueba sólo será necesaria cuando el juez así lo considere y se encuentre controvertida la existencia o aplicación del derecho extranjero invocado; igualmente, facultan al juez para que lo investigue directamente, relevando a las partes de la carga de la prueba (artículos 258 de los Códigos de Sonora y Zacatecas, 237 del de Morelos y 247 del de Baja California). Estos mismos ordenamientos establecen con precisión que sólo "serán objeto de prueba los hechos controvertidos" (artículos 257 de los Códigos de Sonora y Zacatecas, 236 del de Morelos y 246 del de Baja California). En sentido similar, el artículo 777 de la Ley Federal del Trabajo prescribe que "las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos"; pero agrega "cuando no hayan sido confesados por las partes". La primera parte de este precepto de la Ley Federal del Tra-

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bajo, coincidente en este aspecto con los ordenamientos procesales que siguen al anteproyecto de 1948, establece con precisión el objeto de la prueba; pero la segunda parte resulta completamente innecesaria, puesto que sí algún hecho ha sido confesado por alguna de las partes, significa que ya no es controvertido, y por tanto, que ya no es objeto de prueba. Al delimitarse el objeto de la prueba por los hechos controvertidos, quedan excluidos de prueba, por consiguiente, los hechos confesados o admitidos expresamente y aquellos que no hayan sido controvertidos o negados en forma explícita. Conviene tener presente que en el Código Federal de Procedimientos Penales sólo se confiere valor probatorio pleno a la confesión cuando se trate de comprobar el cuerpo de los delitos de robo, abuso de confianza, fraude y peculado (en este último caso sólo si va acompañada con alguna otra prueba que demuestre los requisitos que debe reunir el sujeto activo), y fuera de estos casos la considera un simple indicio (artículos 279 y 285), por lo que en esta hipótesis la confesión de un hecho no será suficiente para excluirlo del objeto de la prueba, el cual estará constituido, en el proceso penal federal ordinario, por los hechos determinados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. En cambio, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal sí concede invariablemente el valor de prueba plena a la confesión, no sólo a la judicial en sentido estricto, sino también a la practicada ante el Ministerio Público y los funcionarios de la policía judicial, cuando reúne los requisitos señalados en el artículo 249. Pero el objeto de la prueba se delimita no sólo por los hechos discutidos, sino también —como lo ha puntualizado Alcalá-Zamora— por los hechos que sean a la vez, discutidos y discutibles. Por esta razón, los códigos federal (artículo 88) y distrital (artículo 286) de Procedimientos Civiles, así como la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (artículo 66) excluyen del objeto de la prueba a los hechos presumidos legalmente, los hechos irrelevantes y los hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. 2. Carga de la prueba En general, los ordenamientos procesales civiles y el mercantil recogen las dos reglas tradicionales de la carga de la prueba, según las cuales el actor y el demandado tienen la carga de probar los hechos en que funden su acción o su excepción, respectivamente, y sólo los hechos afirmados —no así los negados, con algunas excepciones— imponen la

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carga de probarlos a la parte que los expresa (artículos 281 y 282 deI Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1194-1196 del Código de Comercio). El Código Federal de Procedimientos Civiles prescribe, además, que quien afirme que otro contrajo una "liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación subsiste" (artículo 84). Con mayor precisión, los códigos de procedimientos civiles que siguen al anteproyecto de 1948 establecen la regla general de que las partes tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal. Para el caso de duda sobre la atribución de la carga de la prueba, dichos códigos indican que la prueba debe ser rendida "por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla, o, si esto no puede determinarse, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse" (artículos 260 de los códigos de Sonora y Zacatecas, 239 del de Morelos y 249 del de Baja California). En el proceso laboral, una de las innovaciones más importantes de las reformas de 1979 a la Ley Federal del Trabajo consistió en regular con mayor precisión el régimen de la carga de la prueba, en favor de la parte trabajadora. El artículo 784 dispone, por una parte, que la junta de conciliación y arbitraje: Eximirá de la carga de la prueba a1 trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Y por otra parte, dicho artículo enumera, en forma precisa y detallada, algunos de los hechos que, en todo caso, corresponde probar a la parte patronal. Se trata de un precepto de gran importancia en el proceso laboral, que resulta coherente con las reglas de la carga de In prueba, pues la impone a quien está en mejores condiciones de suministrarla, y que responde a elementales exigencias de justicia social. En relación con el proceso penal, se debe aclarar que si bien la Constitución no reconoce de manera expresa el principio de la presunción de inocencia —que, entre otras consecuencias procesales, impone al Ministerio Público la carga de la prueba de los hechos imputados y de la culpabilidad del procesado—, México ha suscrito y ratificado

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tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se recoge este principio fundamental. Los convenios internacionales mencionados se encuentran vigentes en nuestro país, en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución. Por otro lado, los códigos de procedimientos penales de los estados de Baja California y de Querétaro establecen este principio y la consecuente regla de atribución de la carga de la prueba (artículo 2 de ambos ordenamientos). Por su parte, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal prevé que "no podrá condenarse a un acusado, s:no cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa"; y distribuye la carga de la prueba conforme al principio tradicional del proceso civil, de que "el que afirma está obligado [sic] a probar", y no así el que niega, salvo que su negación sea contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho (artículos 247 y 248). Los artículos 600 a 602 del Código de Justicia Militar establecen las mismas reglas del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal sobre la carga de la prueba. En cambio, el Código Federal de Procedimientos Penales no contiene regla alguna al respecto. 3. Procedimiento probatorio En términos generales, el procedimiento probatorio se compone de los siguientes actos: a) Ofrecimiento o proposición; b) Admisión o desechamiento; c) Preparación, y d) Ejecución, práctica o desahogo. La va, ¿oración de las pruebas practicadas se lleva a cabo en la sentencia, de la cual forma parte. En forma separada, concentrada o aun diluida a lo largo del proceso, estos actos de prueba se manifiestan en todas las ramas procesales. En el derecho procesal civil el procedimiento probatorio varía según se trate del juicio ordinario o de ciertos juicios especiales. En el juicio ordinario civil, cada uno de los actos del procedimiento probatorio tiene señalado un momento procesal específico; un plazo común de diez días contado a partir del día siguiente al de la notificación del auto que manda abrir el juicio a prueba; un auto que resuelve sobre la admisibilidad de las pruebas; un periodo variable para la preparación, que va desde el auto de admisión hasta antes de la audiencia o de las audiencias, en las que se lleva a cabo el desahogo, ejecución o práctica de las pruebas. En el juicio especial para algunas controversias familiares el ofrecimiento se debe hacer desde la demanda y la contestación.

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el juicio de mínima cuantía todos los actos de procedimiento probatorio, como casi todo el proceso, se concentran en una sola audiencia. En los juicios ejecutivos —civil, hipotecario y de desahucio— el procedimiento de prueba es el que se sigue en el juicio ordinario; pero sólo es requerido en caso de oposición de excepciones y defensas por parte del demandado. En el Código de Comercio se concede un plazo para que se lleve a cabo todo el procedimiento probatorio; como máximo, cuarenta días, en el juicio ordinario y quince en el juicio ejecutivo (artículos 1383 y 1405), pudiendo el juez conceder un plazo extraordinario para el caso de que las pruebas deban practicarse fuera del Distrito Federal, del estado o de la República (artículos 1206 y 1207). El Código de Comercio también establece que, una vez concluida la práctica de las pruebas, se debe proceder a la publicación de probanzas (unión de los cuadernos de las pruebas y relación que de éstas hace el secretario de acuerdos) (artículos 1386 y 1406). En el proceso laboral regulado por la Ley Federal del Trabajo el procedimiento probatorio también varía de acuerdo con la clase de juicio. En el juicio ordinario, el procedimiento probatorio se desarrolla en dos audiencias; en la de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas y en la audiencia de desahogo de pruebas. En el juicio especial para los conflictos colectivos económicos el procedimiento probatorio se concentra en la segunda audiencia, aunque se debe reconocer que los actos probatorios empiezan desde el nombramiento de los tres peritos que deben formular el dictamen. Y en el juicio especial para las prestaciones de menor cuantía el procedimiento probatorio se concentra, como todo el proceso, en la única audiencia del juicio. En los tres juicios previstos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el procedimiento se concentra en la audiencia de pruebas. En el proceso penal la actividad probatoria se diluye a lo largo de todo el proceso, e incluso empieza desde la fase preliminar de averiguación previa. Tal actividad no tiene, pues, los contornos precisos que se le señalan en las otras ramas del enjuiciamiento. Sin embargo, conviene advertir que en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal sí se establecen plazos precisos para el procedimiento probatorio durante el segundo periodo de la instrucción: en el procedimiento sumario se señalan diez días comunes contados desde el auto de filiación del objeto del proceso para el ofrecimiento de pruebas, las cuales se

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admiten en un auto y se practican en una audiencia; en el procedimiento ordinario, se señalan quince días comunes para el ofrecimiento de pruebas, las cuales se admiten en un auto y se practican dentro del plazo de treinta días, el cual puede ser ampliado hasta por diez días más (artículos 307 y 314). Tanto en el proceso regulado en el Código Fiscal de la Federación como en el previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, las pruebas se deben ofrecer en los escritos de demanda y de contestación; deben ser admitidas o rechazadas en el mismo auto en el que resuelve sobre dichos escritos, y han de practicarse en la audiencia correspondiente (artículos 208, fracción V, 213, fracción V, 231, fracción I, y 232 del Código Fiscal de la Federación; y 63 y 75 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo). Por último, en el juicio de amparo indirecto o de doble instancia el procedimiento probatorio se concentra en la denominada audiencia constitucional, en la que se deben proponer, admitir y practicar los medios de prueba, con excepción de la prueba documental —que puede ser ofrecida con anterioridad— y de las pruebas testimonial y pericial —que deben ser ofrecidas cuando menos cinco días antes de la audiencia constitucional— (artículo 151 de la Ley de Amparo). 4. Medios de prueba Cuatro son los sistemas que utilizan los ordenamientos procesales mexicanos para determinar cuáles son los medios de prueba admisibles en los respectivos procesos: a) En primer lugar, el que consiste en precisar en forma limitativa, los medios de prueba que la Ley reconoce, como lo hacen el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 92) y el Código de Comercio (artículo 1205); b) En segundo término, el que consiste en enumerar en forma enunciativa algunos de los medios de prueba admisibles y dejar abierta la posibilidad para que el juzgador admita cualquier otro medio de prueba diferente de los enunciados, como lo hacen la Ley Federal del Trabajo (artículo 776) y el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (artículo 135); c) En tercer lugar, el que consiste en señalar que es admisible cualquier medio de prueba, sin enunciarlos, pero excluyendo expresamente alguno de ellos, como la confesión de las autoridades, tal como lo hacen el Código Fiscal de la Federación (artículo 230), la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (artículo 64) y la Ley de Amparo (artículo 150); d) En fin, el sistema que se limita a señalar

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que es admisible cualquier medio de prueba —sin hacer ninguna enunciación ni exclusión— como ocurre en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (artículo 289) y en el Código Federal• de Procedimientos Penales (artículo 206). Con todo, tanto los ordenamientos que formulan la enumeración en forma limitativa como los que lo hacen en forma meramente enunciativa, coinciden generalmente en señalar los siguientes medios de prueba: a) Confesión; b) Documentos (públicos y privados); c) Dictámenes periciales; d) Inspección judicial; e) Declaraciones de terceros (testimonios); f) Fotografías, copias fotostáticas, notas taquigráficas y, en general, "todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia", y g) "Presunciones". Cabe aclarar que el medio de prueba señalado en el inciso 1) no se encuentra previsto por el Código de Comercio ni por el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Por otro lado, los ordenamientos procesales penales regulan, en forma específica, algunas modalidades importantes de los medios de prueba, como son el careo, el reconocimiento de objetos y la confrontación de personas en relación con la prueba testimonial, y la reconstrucción de los hechos en relación con esta última prueba, la inspección judicial y los dictámenes periciales. Conviene apuntar, por último, que los códigos de procedimientos civiles que siguen al anteproyecto de 1948 regulan un medio de prueba diverso a los anteriores: el testimonio de las partes (artículos 279-281 de los Códigos de Sonora y Zacatecas, 258-260 del de Morelos y 272275 del de Baja California). Con orígenes en los procesos civiles de Inglaterra, Austria y Alemania, el testimonio de parte fue introducido en el anteproyecto de 1948 bajo la influencia del proyecto de Código de Procedimiento Civil elaborado por Couture en 1945. Su regulación, que implica la asimilación de las declaraciones de las partes de los terceros, se ha limitado sólo a los códigos mencionados, los cuales, por otra parte, no han excluido la confesión. 5. Sistemas de apreciación probatoria

En los ordenamientos procesales mexicanos los sistemas de apreciación probatoria han sido acogidos de cuatro formas distintas, a saber: a) En primer lugar, la mayor parte de los ordenamientos procesales se han inclinado por el sistema mixto de valoración que combina la prueba tasada con la libre apreciación, aunque regularmente con un

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cierto predominio de la primera. Acogen el sistema mixto el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 197-218), el Código -de Comercio (artículos 1287-1306), el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (artículos 246-261), el Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 279-290) y el Código de Justicia Militar (artículos 603-615). Entre estos ordenamientos hay diferencias, pues, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal tasa el valor probatorio de casi todos los medios de prueba, en tanto que el Código Federal de la misma materia deja a la libre apreciación del juzgador la mayor parte de ellos y su artículo 285 les confiere el valor de meros indicios, incluso a la confesión (con ciertas excepciones). b) En una posición intermedia entre el sistema mixto y la libre apreciación, el Código de Procedimientos Civiles (artículos 402-423) tasaba, hasta 1986, algunos medios de prueba y dejaba a la libre apreciación los demás; pero su artículo 424 permitía al juzgador, cuando se formara una convicción distinta a la que debía de obtener siguiendo las reglas de la prueba tasada, apartarse de éstas y basarse exclusivamente en su propia convicción, con el deber de motivar cuidadosamente su valoración personal. La reforma de 1986 suprimió este sistema, y ahora el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal prevé un sistema de libre apreciación razonada, al que nos referiremos en el siguiente inciso. Sigue la solución de transición el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, cuya fracción II reproduce el contenido del anterior artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. c) Otros ordenamientos establecen abiertamente el sistema de la libre apreciación, que en México, por el contenido del artículo 16 constitucional, implica siempre el deber de motivar la valoración de cada uno de los medios de prueba. Siguen el sistema de la libre apreciación, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (artículos 402 y 403, que excluye de la liberación a los documentos públicos); la Ley Federal del Trabajo (artículo 841); la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (artículo 137), y el título especial para la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artículo 21). La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (artículo 79, fracción I) también acoge el sistema de libre apreciación; pero excluye expresamente de éste a los documentos públicos y a la inspección judicial.

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d) Por último, para la valoración de las pruebas por el jurado popular en los juicios de su competencia, el Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 320, 336 y 339) prevé el sistema de la íntima convicción, que permite también la libre apreciación, pero sin el deber de motivarla. Los jurados sólo responden el interrogatorio que sobre los hechos objeto del proceso les formula el juez, en funciones de presidente de debates, y se limitan a responder votando afirmativa o negativamente cada una de las preguntas del interrogatorio, sin que se les exija que motiven sus respuestas.

RESOLUCIONES JUDICIALES 1. En el ordenamiento procesal mexicano se han elaborado varios criterios para clasificar a las resoluciones judiciales, si bien las diferencias entre dichas denominaciones son de detalle ya que existe una coincidencia esencial en los diversos códigos procesales. Así, podemos observar que la enumeración más elaborada es la consignada en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (y aquellos que siguen su modelo en varias entidades federativas), ya que el artículo 79 del referido ordenamiento consigna seis categorías diferentes: decretos, autos provisionales, autos definitivos, autos preparatorios, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, en tanto que la clasificación más escueta es la regulada por el Código Federal de Procedimientos Penales, que sólo considera a los autos y a las sentencias. En los restantes códigos procesales predomina una clasificación tripartita: a) Decretos, como simples determinaciones de trámite; b) Autos, cuando deciden cualquier punto de proceso, y c) Sentencias, cuando resuelven el fondo del negocio, y en esta dirección podemos señalar los artículos 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 71 del Código de Procedimientos Perales del Distrito Federal, y 837 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando este último ordenamiento sigue una terminología diferente, en cuanto denomina a estas tres categorías: acuerdos, autos incidentales o resoluciones interlocutorias, y laudos. 2. En relación con las diversas categorías de resoluciones judiciales, es preciso destacar que la doctrina y la jurisprudencia, apoyándose en el criterio de los artículos 79, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 1323 del Código de Comercio, utilizan con frecuencia la denominación de sentencias interlocutorias para designar a las resoluciones judiciales que ponen fin a una cuestión inci-

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dental o deciden un presupuesto de la validez del proceso, que impide la continuación del mismo; pero desde nuestro punto de vista, esta denominación no corresponde a una concepción moderna de las propias resoluciones judiciales, ya que provoca confusión en la terminología, por lo que consideramos preferible el sistema tripartito señalado anteriormente, utilizando el nombre de autos para designar a estas providencias y dejando el de sentencia para las que resuelvan el fondo de la controversia. 3. Las resoluciones más importantes son las sentencias, entendiendo como tales de manera exclusiva, como se señaló en el párrafo anterior, a las que deciden el fondo del asunto, y si bien en materia laboral tanto ordinaria como la relativa a la de los trabajadores al servicio de los poderes federales y del Distrito Federal, se utiliza la denominación de laudo (artículo 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo y 146 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), este nombre se deriva de la idea original de las juntas de conciliación y arbitraje como organismos diversos de los jurisdiccionales; pero ya no responde a la realidad actual, en la cual dichas juntas funcionan como verdaderos tribunales —e inclusive el organismo que decide las controversias de los trabajadores públicos con los organismos respectivos recibe el nombre de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como se señaló anteriormente—, por lo que las citadas resoluciones deben considerarse como verdaderas y propias sentencias, y por ello se asimilan a las restantes de carácter judicial para efectos de interposición del juicio de amparo, como se expresará en su oportunidad. A. En relación con las sentencias judiciales en los ordenamientos procesales mexicanos, es necesario distinguir varias categorías de acuerdo con diversos criterios, entre los cuales destacamos los relativos a sus efectos y autoridad. a) En primer término es posible señalar que en nuestro sistema procesal se configuran las tres categorías de sentencias señaladas por la doctrina científica del proceso, si bien no son contempladas expresamente por los códigos respectivos, es decir, las llamadas sentencias puramente declarativas, de condena y constitutivas, entendiendo por las primeras aquellas que clarifican el derecho o la situación jurídica controvertida; las segundas señalan la conducta que debe seguir el demandado —o el acusado en el proceso penal— con motivo del fallo, y finalmente las terceras, que predominan en las cuestiones familiares y del estado civil, fijan nuevas situaciones jurídicas respecto de la situación anterior,

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y en esta misma dirección podemos señalar a los llamados laudos pronunciados en los conflictos colectivos laborales calificados como económicos y que corresponden al concepto de sentencia colectiva en materia de trabajo (artículo 919 de la Ley Federal del Trabajo). b) Por lo que respecta a la autoridad de los fallos, en el derecho procesal mexicano es posible distinguir dos categorías: la llamada sentencia definitiva, que es aquella que decide la controversia en cuanto al fondo, pero admite todavía medios de impugnación a través de los cuales las partes inconformes pueden lograr su modificación, revocación o anulación, y en este sentido podemos citar lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, se entiende por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y respecto de la cual las disposiciones procesales relativas no concedan ningún recurso ordinario (ni extraordinario) a través del cual pueda ser modificada o revocada. En las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, se adicionó el precepto mencionado en el párrafo anterior para establecer la equiparación de las sentencias para efectos del amparo de una sola instancia, a las resoluciones que ponen fin al juicio, y que sin decidir el proceso en cuanto al fondo, lo dan por concluido, y respecto a las cuales las leyes ordinarias no concedan recurso o medio de defensa. Por el contrario, no encontramos definido con precisión el concepto de la sentencia firme, es decir, aquella que ya no admite ningún medio de impugnación y que por lo mismo ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, ya que la terminología de los diversos códigos procesales es imprecisa, pues generalmente se utilizan expresiones equívocas, como la declaración de ejecutoriedad de la sentencia o la denominación de "sentencias ejecutoriadas o ejecutorias", no obstante que esta calificación puede prestarse a errores, ya que no todos los fallos firmes pueden ser objeto de ejecución material, que únicamente corresponde a los que establecen una condena. B. En cuanto a la sentencia como un documento judicial, las disposiciones procesales respectivas señalan varios requisitos tanto de forma como de fondo. a) La mayor parte de los códigos procesales mexicanos, no obstante que disponen que las sentencias y los llamados laudos no se sujetarán a formalidades especiales, sin embargo señalan el contenido formal de las mismas que separan en tres partes, es decir, la relación de los hechos

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de la controversia; las consideraciones y fundamentos legales, y finalmente, los puntos resolutivos, que corresponden a los tres aspectos tradicionales de resultandos, considerandos y puntos resolutivos (artículos 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 77 de la Ley de Amparo; 840 de la Ley Federal del Trabajo; 72 del Código Federal de Procedimientos Penales del Distrito Federal; 95 del Código Federal de Procedimientos Penales; 237 del Código Fiscal de la Federación; 79 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal). b) En cuanto a los requisitos de fondo, también de manera mayoritaria, los códigos procesales señalan que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, y que deben resolver todos los aspectos planteados en el proceso respectivo (artículos 81, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 1235 del Código de Comercio y 842 de la Ley Federal del Trabajo). C. Conviene ahora examinar brevemente varias instituciones consignadas en los códigos procesales mexicanos en relación con las sentencias judiciales, y que asumen matices peculiares en nuestro ordenamiento: los votos de disidencia o particulares; la discusión pública de la sentencia en la Suprema Corte de Justicia; la jurisprudencia obligatoria, y, finalmente, la llamada suplencia de la queja. a) Por lo que se refiere a los votos de disidencia o particulares, como es sabido, no son reconocidos en todos los ordenamientos procesales, si se toma en consideración que en los de carácter europeo continental, predomina cl criterio de la cámara de consejo, que no permite conocer las opiniones específicas de los integrantes de los tribunales colegiados, si bien empieza a abrirse paso la posibilidad de la publicación de las opiniones minoritarias, las que, por el contrario, constituyen la regla en los sistemas angloamericanos. Si bien no todos los códigos procesales la regulan expresamente, constituye una práctica regular de los tribunales colegiados mexicanos la publicación de los votos minoritarios, disidentes o particulares, y como ejemplo podemos citar la disposición del segundo párrafo del artículo 186 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, cuando un ministro de la Suprema Corte no estuviere conforme con el sentido de la resolución, podrá formular su voto particular, expresando los fundamentos del mismo y la resolución que estime debió dictarse. b) Un aspecto peculiar de nuestro ordenamiento procesal es la institución de la discusión pública de la sentencia, que se ha establecido

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exclusivamente para los fallos pronunciados por el pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, en los términos de los artículos 186, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 49, 10, 19 y 20, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que de acuerdo con este procedimiento, en la audiencia pública correspondiente no pueden intervenir las partes o sus representantes, sino exclusivamente los magistrados del máximo tribunal para discutir públicamente el fallo y emitir la votación respectiva, también en público. Por lo contrario, el artículo 184, fracción II, de la misma Ley de Amparo establece que las resoluciones dictadas por los magistrados de los tribunales colegiados de circuito deben pronunciarse sin discusión pública. c) Un aspecto importante que se relaciona con las sentencias firmes pronunciadas por varias categorías de tribunales mexicanos, especialmente los de mayor jerarquía, es la posibilidad de que los criterios esiaMecidos en dichos fallos puedan formar lo que se ha llamado jurisprudencia obligatoria, que puede considerarse como una institución peculiar, si bien guarda cierta similitud con el principio del stare decisis, o autoridad de los precedentes, establecido en el derecho angloamericano. Ampliando lo que expresamos en relación con la jurisprudencia judicial como fuente del ordenamiento procesal, podemos señalar que la llamada jurisprudencia obligatoria surgió primeramente en la legislación de amparo y sólo por virtud de las sentencias firmes de la Suprerna Corte de Justicia, es decir, si la tesis respectiva es sustentada por cinco resoluciones no interrumpidas por otra en contrario, y si son aprobadas cuando son pronunciadas por el Tribunal en Pleno, por lo menos por catorce votos, y por cuatro votos si se trata de fallos de las salas de la misma Suprema Corte (artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo), institución limitada hasta 1968 a la interpretación de la Constitución, leyes federales y tratados internacionales. Sin embargo, en las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, se amplió considerablemente la esfera de la propia jurisprudencia obligatoria en el texto del artículo 94 de la carta federal, reglamentado por los artículos 192 a 197.B, en su redacción actual de la propia Ley de Amparo, y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de manera que según las disposiciones vigentes, la propia jurisprudencia obligatoria puede establecerse tanto por la Suprema Corte de Justicia, como por los tribunales colegiados de circuito, en estos últimos siempre que la tesis sea apro-

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bada por los tres magistrados que los integran; pero extendiéndose a todos los asuntos de competencia de dichos organismos judiciales federales y abarcando también la interpretación de las leyes y reglamentos de las entidades federativas. El principio de la jurisprudencia obligatoria establecida en las sentencias judiciales ha trascendido de los citados tribunales judiciales, y en la actualidad, también puede establecerse por el Tribunal Fiscal de la Federación, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y por las juntas de conciliación y arbitraje siguiendo el ejemplo de la legislación de amparo, pero con algunos matices. a') El Código Fiscal de 1983 ha establecido un capítulo especial (XII), para regular la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación. En primer término dispone que las tesis contenidas en las sentencias dictadas por las salas regionales en los asuntos de su competencia, servirán de precedente para las salas que las hubiesen dictado, así como para las otras que decidan casos iguales, siempre que esas tesis hubiesen sido publicadas en la Revista del propio Tribunal. Al respecto, la Sala Regional debe aprobar la tesis de jurisprudencia que constituye el precedente, la síntesis, el rubro y su numeración, hecho lo cual, la publicación será ordenada por la Sala Superior (artículo 239 del Código Fiscal Federal). Las salas pueden apartarse de los precedentes y sustentar un criterio diverso, pero deben expresar en la sentencia las razones que tuvieron para dejar de aplicarlos, y además, enviarán copia de esta resolución a la Sala Superior para que determine la tesis que debe prevalecer. Las contradicciones entre las tesis de las diversas salas regionales pueden ser denunciadas ante la Sala Superior por cualquiera de los magistrados del tribunal, por la Secretaría de Hacienda y por las partes en los juicios en que tales tesis se sustenten. La Sala Superior determinará la tesis que debe prevalecer con carácter obligatorio, pero sin afectar las resoluciones dictadas en dichos juicios (artículo 260). Por otra parte, la Sala Superior también puede establecer jurisprudencia obligatoria en los asuntos de su competencia, pero entonces se requieren tres resoluciones no interrumpidas por otra en contrario. En todo caso, la jurisprudencia obligatoria establecida por la Sala Superior respecto de los precedentes de las salas regionales y en sus propios asuntos, debe apegarse a la que, en su caso, hayan formado los tribunales del Poder Judicial Federal (artículo 261).

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La citada jurisprudencia obligatoria de la Sala Superior puede ser modificada por la misma a solicitud de los magistrados de dicha Sala o a petición de las salas regionales, cuando se expresen razones que lo justifiquen (artículo 261). b') La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dedica su título cuarto a la jurisprudencia, la que sólo puede ser establecida con carácter obligatorio por su Sala Superior. En efecto, el artículo 88 de dicho ordenamiento dispone que las sentencias de la citada Sala Superior constituirán jurisprudencia que será obligatoria para ella y las demás salas del Tribunal, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco resoluciones no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por el voto de cuatro magistrados en el mismo sentido. De acuerdo con el modelo de la Ley de Amparo, la citada Ley dispone que la citada jurisprudencia puede interrumpirse o modificarse, en el primer supuesto debe aprobarse el criterio diverso cuando menos por cuatro magistrados y deberán expresarse las razones que se tuvieron para apartarse de la tesis obligatoria. Para modificar la jurisprudencia se deben reunir las mismas condiciones que se exigen para su formación (artículos 89-90). De acuerdo con el artículo 93, los magistrados, las autoridades o cualquier particular pueden denunciar ante la Sala Superior la contradicción entre las resoluciones sustentadas por las salas ordinarias y por la misma Superior. Esta última debe decidir si efectivamente existe la contradicción y el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria. c") Tanto las juntas centrales como la Federal de Conciliación y Arbitraje pueden establecer jurisprudencia obligatoria, que la Ley Federal del Trabajo denomina indebidamente en sus artículos 615 y 623, "criterios de resolución", los que se imponen a las juntas especiales respectivas. El citado ordenamiento legal regula procedimientos específicos, tanto para formar como para modificar los mencionados "criterios de resolución", de acuerdo con los cuales, el pleno de los citados tribunales debe reunirse en una sesión especial con la presencia de las dos terceras partes del total de los miembros, por lo menos, y en la propia sesión los presidentes de las juntas especiales deben ser citados con voz informativa.

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Las decisiones del pleno deben aprobarse, como mínimo, por el cincuenta por ciento del total de los miembros que lo integran, y además dichas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud de los representantes de los trabajadores o de los empresarios, del cincuenta y uno por ciento de los presidentes de las juntas especiales o del presidente general de la junta correspondiente. Para terminar esta sección, haremos una breve referencia a la institución calificada como suplencia de la queja deficiente, la que tuvo su origen en el juicio de amparo, pero que se ha4 extendido de manera paulatina con matices a otros ordenamientos procesales. En esencia, dicha institución consiste en la facultad o inclusive en la obligación que se confiere al juzgador para corregir los errores o deficiencias en que puede incurrir la parte débil en el proceso por falta de asesoramiento, especialmente en la demanda o en las instancias del procedimiento, pero que puede extenderse al material probatorio. a") Dicha suplencia fue introducida en la Constitución de 1917 sólo en provecho del acusado en materia penal, cuando el mismo hubiese interpuesto el juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia (artículo 107, fracción II, del texto original de la misma carta federal), pero en las reformas a la legislación de amparo que entraron en vigor en mayo de 1951, dicha suplencia se amplió a todos los jueces de amparo y abarcó también a la materia laboral en beneficio del trabajador, y tratándose de actos apoyados en disposiciones legales que la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte hubiese declarado inconstitucionales (artículos 107, fracción II, de la Constitución federal y 76 de la Ley de Amparo). En los tres supuestos mencionados, es decir, en materias penal, laboral y tratándose de leyes inconstitucionales según la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia, la suplencia de la queja constituía una facultad del juez del amparo y no tenía entonces carácter obligatorio para el mismo. Un desarrollo considerable de la institución se debió a una nueva reforma constitucional en octubre de 1962, al artículo 107, fracción II, de la carta fundamental, reglamentada por la modificación a la Ley de Amparo de 5 de febrero de 1963, que introdujo como una protección obligatoria, la suplencia de la queja en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria, es decir, de los ejidatarios, comuneros y los respectivos núcleos de población tratándose de los derechos colectivos agrarios.

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Se estimaron tan importantes las disposiciones tutelares de este sector social, sobre varios aspectos procesales, además de la mencionada suplencia, que se modificó nuevamente la mencionada Ley de Amparo el 28 de mayo de 1976 para dividir dicho ordenamiento en dos libros, que antes no existían, el primero para el amparo en general y el segundo en materia agraria, en realidad sólo al utilizado por los referidos campesinos sujetos a la reforma agraria, y que por lo mismo ha recibido el nombre de "amparo agrario ejidal o comunal" o "amparo social agrario". En la reforma del 39 de octubre de 1974 se amplió la suplencia de la queja, también con carácter obligatorio, en relación con los juicios de amparo solicitados por menores o incapacitados. Todo este desarrollo culminó con la modificación a la fracción II del artículo 107 de la Constitución federal por decreto legislativo promulgado el 20 de marzo de 1986, la que fue reglamentada por la reforma a la Ley de Amparo promulgada el 17 de abril y publicada el 20 de mayo del mismo año de 1986. En esta última se adicionó dicho ordenamiento con el artículo 76 bis, en el que, además de precisarse la citada suplencia de la queja en los juicios de amparo anteriormente mencionados, se extendió dicho instrumento a otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del promovente o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa. En la actualidad podemos dividir la suplencia de la queja en dos categorías, es decir, en todas las otras materias, por una parte, y en un segundo sector, con caracteres más amplios, en el amparo social agrario. Por lo que se refiere al primer aspecto, el texto vigente del artículo 76 bis de la Ley de Amparo establece como lineamientos generales, que la suplencia de la queja es siempre obligatoria para el juez del amparo y respecto de los errores o defectos de los conceptos de violación expresados en la demanda, así como en los recursos que el mismo ordenamiento establece. Dicha institución debe aplicarse en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte (fracción I); en el amparo penal la citada suplencia es procedente inclusive en ausencia de conceptos de violac'ón o de agravios del procesado (fracción II); en asuntos laborales dicho instrumento sólo se aplica en favor del trabajador (fracción IV); la suplencia también opera en beneficio de los menores de edad o incapaces (fracción V), y finalmente, como se había señalado, en otras materias,

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cuando el juzgador advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa, lo que significa que se ha superado la tradicional exclusión de este instrumento tutelar respecto de los amparos civiles y administrativos (fracción VI). El segundo sector está constituido por la suplencia establecida en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria, que no sólo comprende las correcciones de los defectos de la demanda, y de otras instancias de dichos campesinos, sino también abarca la aportación de oficio de las pruebas que el juez considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos alegados (artículos 76 bis, fracción III, y 225 de la Ley de Amparo). Nos referimos en forma especial a la suplencia de la queja en materia social agraria, por ser la más amplia en cuanto a las facultades y obligaciones del juzgador. Al respecto podemos destacar que el artículo 227 de la Ley de Amparo establece que la suplencia de la queja debe aplicarse a las exposiciones, comparecencias y alegatos formulados por los citados campesinos, sea como quejosos o como terceros interesados. En materia probatoria, los artículos 225 y 226 de la citada Ley de Amparo consagran no sólo la facultad sino también la obligación del juez del amparo para recabar de oficio, además de las pruebas que aporten las partes (las autoridades agrarias deben enviar toda la documentación que poseen relacionada con la controversia, según los artículos 223 y 224 del propio ordenamiento), aquellos elementos de convicción que puedan beneficiar a los referidos campesinos, y además, decretar las diligencias que estime necesarias para precisar los derechos agrarios de los núcleos de población, o de los ejidatarios o comuneros, así como la naturaleza y los efectos de los actos reclamados. Un precepto que debe destacarse es el contenido en el citado artículo 225 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que el juez o tribunal del amparo debe resolver sobre la inconstitucionalidad (que en la mayoría de los casos es sólo ilegalidad) de los actos reclamados, tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, si ello beneficia a los campesinos sujetos al régimen de la reforma

agraria, lo que constituye una excepción a la regla contenida en el artículo 78 de la misma Ley de Amparo, según el cual, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante las autoridades demandadas, y no se

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tomarán en consideración las pruebas que no se hubieren rendido ante dichas autoridades para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución impugnada. Sin embargo, este último precepto establece una segunda excepción en beneficio de los menores o incapaces, respecto de los cuales también procede la suplencia de la queja, como se ha señalado con anterioridad, pues en ese supuesto el juez podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes. Todo lo anterior significa que en el juicio de amparo se ha desarrollado de manera amplia el principio de jura novit curia de acuerdo con el cual, el juez conoce el derecho y debe aplicarlo aun cuando las partes no lo invoquen correctamente, ya que este principio es el género al cual corresponde la llamada suplencia de la queja, que de manera paulatina se ha ampliado a todas las materias, aun cuando con diversos matices. b") Pero además del derecho de amparo, la suplencia de la queja también tiene aplicación, si bien de manera menos precisa, en el proceso penal federal, en el contencioso administrativo del Distrito Federal, y en beneficio del trabajador en el proceso laboral. En efecto, el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que el tribunal de apelación ( Unitario de Circuito) podrá suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente. En la parte relativa del artículo 79, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se dispone que "Las salas deberán, al pronunciar sentencia, suplir las deficiencias de la demanda, con excepción de los asuntos de competencia fiscal, pero en todo caso se contraerán a los puntos de la litis planteada". Por su parte, los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo establecen que cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con el citado ordenamiento deriven de la instancia presentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el mismo trabajador, la Junta subsanará esos defectos al admitir la propia demanda, y además, cuando la mencionada Junta advierta que existe irregularidad en el escrito de demanda o que se estuvieren exigiendo pretensiones contradictorias, al admitir dicha demanda debe señalar los defectos u omisiones en que hubiese incurrido el trabajador y lo prevendrá para que los subsane en un plazo de tres días.

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VIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Es bastante complicado trazar una visión panorámica de los medios de impugnación en el ordenamiento procesal mexicano, ya que constituye uno de los sectores más complicados del derecho procesal, por lo que haremos el intento de describir en la forma más esquemática posible a dichos instrumentos jurídicos, tomando en cuenta que, además de todo lo anterior, nuestros códigos adolecen de falta de precisión en la terminología, lo que hace todavía más difícil el resumen. Debemos partir de la idea elaborada por la doctrina procesal, en el sentido de que los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia, por lo que este concepto abarca una amplia gama de posibilidades que es necesario separar en varias categorías para intentar su análisis. Por ello, sin adentramos en los diversos planteamientos doctrinales, tomaremos en consideración la clasificación de los medios de impugnación en tres sectores, estimados de manera flexible y que se han denominado: remedios procesales, recursos y procesos impugnativos. 1. Entendemos como remedios procesales los instrumentos que pretenden la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ante el mismo juez que los ha dictado; pero tomando en consideración que en algunos supuestos resulta difícil trazar una frontera claramente delimitada entre dichos remedios y algunos recursos procesales. Entre los consagrados en nuestros códigos procesales podemos señalar la aclaración de sentencia y la revocación. A. La aclaración de sentencia no se encuentra regulada expresamente en la mayoría de los códigos procesales mexicanos; pero constituye una práctica constante en nuestros tribunales, los cuales admiten la posibilidad de corregir, a petición de parte y excepcionalmente de oficio, los defectos notorios de carácter formal de que adolecen las resoluciones judiciales, siempre que no se altere su sentido fundamental. Existen, sin embargo, varias disposiciones legales que consagran esta institución, a través de la instancia de la parte afectada, en la cual, presentada dentro de un breve plazo, generalmente tres días, se debe señalar con toda claridad la contradicción, ambigüedad u obscuridad del fallo, cuyo sentido no puede variarse, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 84 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;

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223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 847 de la Ley Federal de Trabajo, así como por los artículos 351 y 359 del Código Federal de Procedimientos Penales. B. En segundo término debe considerarse la llamada revocación, estimada como la impugnación que la parte afectada puede plantear ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución procedimental cuando ésta no puede ser combatida a través de un recurso, con el propósito de lograr su modificación o sustitución. Así lo disponen los artículos 227-230 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal; 361-362 del Código Federal de Procedimientos Penales, y los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el cual, además, califica como reposición el citado instrumento cuando se hace valer contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del propio Distrito. Se puede considerar también dentro de la categoría de los remedios procesales, pero únicamente para la materia fiscal federal, a la llamada excitativa de justicia regulada por los artículos 240 y 241 del Código Fiscal de la Federación, ya que no tiene la naturaleza de un verdadero recurso y más bien la podríamos estimar como una queja o reclamación por retardo en el pronunciamiento o en la votación de las resoluciones respectivas. En efecto, de acuerdo con los citados preceptos, las partes en un proceso que se tramite ante una de las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, pueden presentar la citada excitativa ante la Sala Superior del propio Tribunal cuando los magistrados no elaboren los proyectos de sentencia o no formulen su voto en los plazos señalados por el mencionado Código Fiscal. El presidente del Tribunal debe solicitar informe al magistrado que corresponda y dará cuenta a la Sala Superior para que si encuentra fundada la reclamación otorgue un plazo que no exceda de quince días para que el magistrado formule el proyecto o emita su voto y si no lo hace en ese plazo adicional, la Sala Superior debe designar a un magistrado que lo sustituya. En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el proyecto del magistrado instructor, el informe respectivo se pedirá al presidente de la Sala Regional que corresponda, para que lo rinda en un plazo de tres días y se dará cuenta a la Sala Superior, la que en caso de considerar fundada la excitativa, concederá un plazo a la Sala Regional para que pronuncie sentencia, y si no lo hace, se podrá sustituir a los magistrados renuentes. Cuando un

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magistrado hubiera sido sustituido en dos ocasiones incurre en responsabilidad. 2. El sector más importante de los medios de impugnación está constituido por los recursos, es decir, por los instrumentos que se pueden interponer dentro del mismo procedimiento generalmente ante un órgano judicial superior, por violaciones cometidas tanto en el mismo procedimiento como en las resoluciones judiciales respectivas. Para lograr la sistematización de una materia excesivamente compleja, resulta conveniente utilizar la clasificación elaborada por la doctrina más autorizada, la que divide a los recursos procesales en tres categorías: ordinarios, extraordinarios y excepcionales. A. El recurso ordinario por antonomasia y que posee prácticamente carácter universal, es el de apelación, a través del cual, a petición de la parte agraviada por una resolución judicial, el tribunal de segundo grado, generalmente colegiado, examina todo el material del proceso, tanto fáctico como jurídico, así como las violaciones tanto del procedimiento como de fondo, y como resultado de esta revisión, confirma, modifica o revoca la resolución impugnada, sustituyéndose al juez de primera instancia, o bien ordena la reposición del procedimiento, cuando existen motivos graves de nulidad del mismo. Podemos dividir el examen forzosamente superficial de la apelación en los códigos procesales mexicanos, en dos sectores que siguen principios similares cada uno de ellos, es decir, en la materia civil, y mercantil por una parte, y penal por la otra, tomando en consideración que, en principio, los procesos fiscal, administrativo y laboral son de un solo grado, salvo algunas modalidades que mencionaremos brevemente. a) De acuerdo con lo establecido por los Códigos modelos, de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, y por el Código de Comercio, se sigue esencialmente el sistema de la apelación española, tomada de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con algunos matices. En efecto, el citado recurso procede en términos generales contra sentencias definitivas y contra autos que decidan un aspecto esencial del procedimiento, estableciéndose una enumeración muy variable para los segundos en cada uno de estos ordenamientos La apelación puede interponerse de manera exclusiva por la parte agraviada; pero el artículo 689 del Código del Distrito hace referencia también a los demás interesados a quienes perjudique la resolución combatida, precepto que ha sido interpretado por la jurisprudencia de la

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Suprema Corte de Justicia en el sentido de que los terceros extraños no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de acudir al amparo (tesis 1294, p. 2097, Salas y tesis comunes, volumen V, del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1988). Por otra parte, tanto el citado Código del Distrito (artículo 689, segundo párrafo), como el Código de Comerico (artículo 1337, fracción II), disponen que la parte que obtuvo sentencia favorable también puede interponer apelación cuando no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de perjuicios o el pago de costas. Debe señalarse que el mencionado Código del Distrito, al cual debe considerarse anacrónico en este aspecto, regula la llamada apelación adhesiva, la que según el artículo 690 de dicho ordenamiento, puede ser interpuesta por la parte que venció en el momento de notificárselo la admisión de la apelación principal o dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la inteligencia de que la adhesiva sigue la suerte de la principal. Si bien los mencionados códigos han establecido una summa gravaminis, la misma ha perdido totalmente su carácter limitativo en virtud

de la devaluación de la moneda, si se toma en consideración que los Códigos del Distrito y de Comercio la fijan en cinco mil pesos (artículos 426, fracción I y 1340, respectivamente), y sólo mil pesos en el Código Federal (artículo 238). La apelación civil y mercantil se interpone ante el juez que dictó la resolución impugnada, el cual la puede admitir o desechar y calificar sus efectos de manera provisional, y de acuerdo con los códigos respectivos, dichos efectos se califican, según el criterio tradicional, en devolutivos o suspensivos o en ambos, que en realidad pueden estimarse sólo como ejecutivos o como suspensivos, ya que los primeros admiten la ejecución de la resolución de manera inmediata, y los segundos implican que dicha ejecución debe aplazarse hasta que se dicte sentencia de segundo grado. En principio debe suspenderse la ejecución de las sentencias definitivas impugnadas, en tanto que los autos sólo cuando pueden causar perjuicios irreparables (artículos 700 del Código del Distrito, 239 del Código Federal y 1339 del Código de Comercio). Cuando el juez de primera instancia ante el cual se interpone el recurso desecha la apelación, procede la queja —según el Código del Distrito (artículo 723, fracción III)— y la llamada "denegada apelación", en los términos del Código Federal (artículos 259 a 266).

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La apelación civil asume dos características en nuestros códigos procesales, ya que la misma debe mejorarse o formalizarse ante el tribunal de segundo grado, y además es restringida, pues no implica un nuevo examen de la controversia. En relación con la primera característica, el apelante debe acudir ante el organismo de segunda instancia a formular

agravios, y si no se presentan o se entregan fuera de plazo, se declara

desierto el recurso. Por lo que se refiere a la limitación del recurso, la apelación civil implica exclusivamente el análisis de los agravios del apelante y los del apelado en la apelación adhesiva, y sólo se admite el ofrecimiento y desahogo de nuevos medios de prueba o la presentación de nuevas defensas, cuando las mismas no se hubiesen aportado en la primera instancia por causas ajenas a la voluntad del apelante, o no se hubiese tenido conocimiento de las mismas de manera oportuna (artículos 706 a 708 del Código del Distrito y 253 a 255 del federal), y fuera de estos supuestos, el tribunal de segundo grado apreciará los hechos como fueron probados en el primero (artículo 255 del Código federal). El Código de Comercio es muy escueto en cuanto a la tramitación de la apelación ante el tribunal de segundo grado, ya que se limita a disponer que las apelaciones se admitirán o desecharán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados (alegatos orales), si las partes quisieran hacerlo (artículo 1342). Finalmente, para terminar con el análisis superficial de la compleja apelación civil, debemos hacer referencia a la peculiar institución de la llamada apelación extraordinaria, que constituye una innovación desafortunada del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la que por ello no es adoptada por varios de los códigos locales que lo siguen directa o indirectamente como modelo. Resulta difícil establecer un concepto preciso de esta impugnación, ya que la doctrina ha señalado que constituye una mezcla de medios impugnativos, y sólo existe acuerdo en el sentido de que no se trata de una verdadera impugnación y que el calificativo correcto es el de extraordinaria, lo que es contrario a la apelación, que como hemos señalado es el recurso ordinario por excelencia. De acuerdo con el artículo 717 del citado Código del Distrito Federal, dicha impugnación procede en cuatro supuestos, es decir, cuando se hubiere notificado el emplazamiento por edictos al demandado y el juicio se hubiese seguido en rebeldía; en segundo término, cuando el actor o el demandado no hubiesen estado representados legítimamente o que siendo

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incapaces, las diligencias se hubiesen entendido con ellos; en tercer lugar, cuando el demandado no hubiese sido emplazado de acuerdo con la ley, y finalmente, cuando el proceso se hubiese seguido ante juez incompetente, no siendo prorrogable dicha competencia. Los plazos para interponer este recurso extraordinario son de tres meses contados al día siguiente de la notificación de la sentencia en los supuestos primero y tercero, y de sólo quince días tratándose de indebida representación y de juez incompetente. b) La apelación penal se regula en nuestros códigos de procedimientos en forma más flexible que la civil y mercantil, en cuanto se encuentra inspirada en el principio in dubio pro reo. En primer término podemos señalar que se pueden apelar tanto las sentencias definitivas como los autos que tienen efectos decisivos dentro del proceso penal, tales como los que mandan suspender o continuar la instrucción, los que declaran la llamada formal prisión y los que conceden o niegan la libertad del inculpado (artículos 418 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y 366 y 367 del Federal). Se encuentran legitimados para apelar, el Ministerio Público que ha sostenido la acusación, el inculpado y sus defensores (artículos 417 del Distrito y 365 del Federal), si bien el primero también concede el recurso al ofendido o sus legítimos representantes sólo en cuanto a la reparación del daño. Los citados códigos procesales penales siguen el criterio tradicional al calificar los efectos del recurso, es decir, como devolutivos o en "ambos efectos", al cual nos referimos al examinar la apelación civil, estableciéndose como regla general, la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva que establezca una sanción (artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Penales), en tanto que el artículo 419 del Código del Distrito contiene una disposición curiosa, que en el fondo tiene el mismo sentido, de acuerdo con la cual, el recurso de apelación sólo procederá en el efecto devolutivo, y muy especialmente respecto de las sentencias definitivas que absuelvan al acusado. El recurso se presenta oralmente o por escrito ante el juez que dictó la resolución impugnada, quien tiene la facultad de admitir o desecharlo de plano, así como señalar sus efectos. Contra el auto de desechamiento procede el llamado recurso de denegada apelación; pero las partes pueden combatir la admisión y la calificación de efectos ante el tribunal de segundo grado (artículos 421-423, 435-442, del Código del Distrito; 370 y 374, 392-398, del Federal).

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No es necesario, como en la apelación civil, mejorar o formalizar el recurso ante el órgano superior, ya que los agravios pueden formularse ya sea con motivo de la interposición o bien en la audiencia de alegatos (esto último según el artículo 364 del Código federal), y además, el

tribunal de segundo grado posee mayores facultades que los tribunales

civiles, ya que la materia del recurso es amplia, con algunas limitaciones, pues en esencia implica un nuevo examen de todo el procedimiento y de las resoluciones impugnadas de primera instancia, tomando en cuenta que la parte recurrente puede ofrecer nuevas pruebas, limitándose sólo la testimonial a los hechos que no hubieren sido materia de examen en el primer grado (artículos 428 y 429 del Código del Distrito 376-378 y 380 del Federal). Por otra parte, si bien la reposición del procedimiento sólo puede ordenarse por el tribunal de segundo grado, de acuerdo con los motivos expresamente señalados en ambos códigos de procedimientos penales y a petición de la parte recurrente (artículos 430 y 431 del Código del Distrito y 386 y 388 del Federal), el segundo dispone que se podrá suplir la deficiencia de los agravios cuando exista una violación manifiesta del procedimiento que hubiese dejado sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatida debidamente (artículo 387). c) Para concluir el examen del recurso de apelación haremos referencia a otros recursos calificados como revisión por el legislador, pero que en esencia deben considerarse dentro del concepto del primero, y en esta dirección es posible consignar los siguientes: a') El primero de ellos es calificado como recurso de revisión por los artículos 248 y 249 del Código Fiscal de la Federación, pero en realidad posee todas las características de la apelación y en los supuestos de su procedencia, transforma el proceso fiscal federal, que por regla general es de una sola instancia, en un procedimiento de doble grado. Este recurso sustituye al llamado de revisión fiscal, creado por las reformas al artículo 104, fracción I, de la Constitución federal en diciembre de 1946 y que se tramitaba en última instancia ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pero que las reformas a este mismo precepto fundamental que entraron en vigor en enero de 1988, encomendaron a los tribunales colegiados de circuito. Con apoyo en esta modificación constitucional, los citados preceptos del Código Fiscal Federal establecen que dicho recurso de revisión únicamente puede ser interpuesto por las autoridades afectadas (ya que los

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particulares pueden acudir al juicio de amparo de una sola instancia ante los propios tribunales colegiados) contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimento o respecto de las sentencias definitivas, que pronuncien las salas regionales y en casos excepcionales, la Sala Superior, del Tribunal Fiscal de la Federación. La citada revisión está sujeta a varias limitaciones, ya que se pretende que sólo los asuntos de notoria trascendencia económica y jurídica puedan ser objeto de esta impugnación. En efecto, el artículo 248 mencionado dispone que tratándose de las resoluciones de las salas regionales, los negocios respectivos deben tener una cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal, correspondiente al momento de la interposición. Para calcular dicho monto de los casos de contribuciones que deban cubrirse por periodos inferiores a doce meses, se considerará la cantidad que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. Cuando la cuantía sea inferior a la mencionada con anterioridad, el citado recurso de revisión procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, según la autoridad recurrente la que deberá razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. En materia de aportaciones de seguridad social, se presume que tienen importancia y trascendencia los asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados de conceptos que integran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. La Secretaría de Hacienda podrá interponer el citado recurso cuando la resolución o sentencia de la Sala Regional respectiva afecte el interés fiscal de la Federación, y a su juicio, el asunto tenga importancia, con independencia de su monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o que fijan el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, así como en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales. El recurso de revisión es procedente contra resoluciones de la Sala Superior pronunciadas por ésta de oficio o a petición fundada de la Sala Regional correspondiente o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando el valor del negocio exceda cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año, o para su reso-

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lución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución (artículo 239 bis del Código Fiscal de la Federación). b') Se ha creado otro recurso de revisión en los artículos 86 y 87 de la Ley del Tribunal de lo Contecioso Administrativo del Distrito Federal. En efecto, las resoluciones de las Salas de dicho Tribunal que decreten o nieguen el sobreseimiento, y las que pongan fin al juicio, pueden ser recurridas por cualquiera de las partes ante la Sala Superior, contra las resoluciones que pronuncie dicha Sala Superior al decidir el citado recurso, procede a su vez el recurso de revisión establecido por el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución federal, reformado en 1988, ante el tribunal colegiado de circuito competente, pero únicamente puede ser interpuesto por las autoridades afectadas (los particulares pueden acudir al juicio de amparo de una sola instancia), y siempre que se trate de asuntos de importancia y trascendencia a juicio de las propias autoridades, las que deben razonar su instancia. Si el valor del negocio excede veinte veces el salario mínimo general del Distrito Federal elevado al año, se considerará que tiene las características requeridas para ser objeto del recurso. c') La apelación que también recibe el nombre de revisión y que asume gran importancia en nuestro derecho procesal, es la regulada por la Ley de Amparo para la impugnación de las resoluciones y sentencias dictadas en primer grado por los jueces de distrito al tramitar al juicio de amparo, y cuyo conocimiento en segundo grado corresponde a la Suprema Corte de Justicia o a los tribunales colegiados de circuito, según si en dicho recurso se plantean problemas de legalidad o de la constitucionalidad de leyes o tratados internacionales. El nombre de recurso de revisión tiene su origen en las disposiciones de las leyes de amparo de 1869 y 1882, así como en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, que regularon la materia, al establecer la revisión de oficio de las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo, las que debían remitirse a la Suprema Corte de Justicia para que dictase la resolución final del asunto; pero en el artículo 107 de la Consitución vigente de 5 de febrero de 1917, así como en las disposiciones relativas de las Leyes de Amparo de 1919 y la vigente de 1936, dicha revisión (en realidad, actualmente es una apelación), sólo puede interponerse por la parte afectada por la resolución respectiva, no obstante lo cual, dicha impugnación conservó su denominación tradicional.

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El propio recurso de revisión (o en estricto sentido, apelación), procede contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de distrito en la tramitación de la primera instancia de los juicios de amparo de su conocimiento y que se consideran primordiales, tales como el desechamiento de la demanda; la decisión sobre las providencias precautorias; el sobreseimiento fuera de audiencia, y con mayor razón, tratándose de las sentencias pronunciadas por los propios jueces de distrito (artículo 83 de la Ley de Amparo). Excepcionalmente, también pueden impugnarse en revisión, según se expresó con anterioridad, los fallos definitivos pronunciados por los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo de una sola instancia contra sentencias judiciales, cuando en ellos dichos tribunales decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o interpreten directamente un precepto de la Constitución federal, recurso que debe plantearse ante la Suprema Corte de Justicia (artículos 83, fracción V y 84, fracción II), de la propia Ley de Amparo. d') Otros recursos ordinarios que regula nuestra legislación procesal reciben los nombres de queja y de reclamación, pero su examen detallado no podrá efectuarse en un trabajo panorámico como el presente, ya que ambos recursos se regulan por nuestros códigos y leyes procesales de manera casuista, por lo que nos limitaremos a formular la observación que se desprende del análisis de conjunto de estos dos medios de impugnación, en el sentido de que la queja, calificada como "cajón de sastre" por la doctrina, procede generalmente contra resoluciones de trámite respecto de las cuales no se admite el recurso de apelación, en tanto que la reclamación se otorga a los afectados, para impugnar las resoluciones pronunciadas por magistrados instructores o presidentes de sala o del tribunal respectivo, con motivo de sus facultades para admitir o rechazar demandas y recursos, o poner los asuntos en estado de resolución, y se interpone ante el colegio judicial correspondiente. B. A continuación debemos examinar los llamados recursos extraordinarios, denominados así por la doctrina, en virtud de que los mismos sólo pueden interponerse por motivos específicamente regulados en las leyes procesales, y además, únicamente implican el examen de la legalidad del procedimiento o de las resoluciones judiciales impugnadas, o sea que sólo comprenden las cuestiones jurídicas, ya que por regla general, la apreciación de los hechos se conserva en la esfera del tribunal que pronunció el fallo combatido.

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El recurso extraordinario por excelencia es el de la casación, que debe considerarse prácticamente universal. En apariencia dicho medio de impugnación ha desaparecido de nuestros ordenamientos procesales, al ser derogado el que con ese nombre regulaban los códigos procesales civiles y penales de las entidades federativas durante la vigencia de la Constitución federal de 1857, por disposición expresa del artículo 9o. transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios Federales, de 9 de septiembre de 1919, e implícitamente en el artículo 30 de la Ley de Amparo de 19 de octubre del mismo ario de 1919. Sin embargo, ha sido absorbido por el juicio de amparo contra las resoluciones judiciales, como se señalará más adelante. En consecuencia, en esta sección haremos referencia al juicio de amparo, con la advertencia de que el mismo posee la doble naturaleza que señaló a principios de este siglo el ilustre mexicano Emilio Rabasa, de recurso extraordinario, por una parte, y de proceso impugnativo autónomo, por la otra, la que de cierta manera ha sido reconocida por el artículo 107 de la Constitución federal y por las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, al regular un doble procedimiento, es decir, de una o de doble instancia. Sin embargo, como resulta muy difícil separar ambos aspectos, consideramos preferible examinarlos conjuntamente en esta sección de los medios de impugnación, si se toma en cuenta que el juicio de amparo mexicano constituye, como recurso y como proceso autónomo, el medio de impugnación de último grado de todos los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales de nuestro ordenamiento jurídico.

Precisamente por esta característica de abarcar la impugnación final de todos los actos de autoridad, salvo contadas excepciones de improcedencia consignadas en la misma Constitución federal y en la Ley de Amparo, el propio juicio de amparo ha llegado a adquirir en la actualidad una estructura jurídica sumamente compleja, la que bajo su aparente unidad, comprende varios instrumentos procesales, que si bien poseen ciertos principios generales comunes, cada uno de ellos tiene aspectos peculiares de carácter autónomo, lo que no resulta extraño si tomamos en consideración que inclusive los ordenamientos jurídicos latinoamericanos más próximos al derecho mexicano, las regulan en forma independiente del juicio de amparo en sentido estricto, que en dichas legislaciones sólo tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

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En consecuencia, el juicio de amparo mexicano debemos considerarlo como una federación de instrumentos impugnativos, cada uno de los cuales tiene una función tutelar específica, que a su vez determina una serie de aspectos peculiares, que no pueden comprenderse sino por medio de su análisis autónomo. En efecto, en el amparo mexicano podemos descubrir cinco funciones diversas, ya que puede utilizarse para la tutela de la vida y de la libertad personal; para combatir las leyes inconstitucionales; como medio de impugnación de las resoluciones judiciales; como instrumento para reclamar los actos y las resoluciones de la administración activa y, finalmente, para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria. a) En primer término el amparo mexicano realiza funciones similares al habeas corpus de origen inglés, que tomó de la legislación y de la jurisprudencia de los Estados Unidos, y en este sector nuestro ordenamiento se aparta en este aspecto de los restantes países latinoamericanos que consagran esta institución con el nombre tradicional o con el de exhibición personal, en forma independiente del amparo. Por este motivo este primer sector se puede denominar amparo de /a libertad o amparo-habeas corpus.

De acuerdo con la Ley de Amparo vigente, los actos que importen el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal (imposición de penas infamantes y trascendentales, tormento y malos tratos, confiscación de bienes y limitación de la pena de muerte), el juicio de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona en nombre del afectado que se encuentre imposibilitado para hacerlo, aun cuando el promovente sea menor de edad; el juez está provisto de amplias facultades de investigación y de dirección del proceso, incluyendo las medidas necesarias para lograr la comparecencia del presunto agraviado después de resolver sobre la medida precautoria de la suspensión del acto reclamado, la que debe tomarse de oficio y de plano, con exclusión de la privación de la libertad, ya que en ese último supuesto debe solicitarse expresamente (artículos 17, 18 y 123, fracción I, de la Ley de Amparo). El ejercicio de la acción procesal no está sujeto a plazo preclusivo, sino que puede hacerse valer en cualquier tiempo (artículo 22, fracción II); e inclusive a cualquier hora del día o de la noche (artículo 23, segundo párrafo, de la citada Ley de Amparo).

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La demanda puede formularse por comparecencia, es decir, oralmente (artículo 117), o inclusive, en los casos urgentes por telégrafo, pero ratificada por escrito dentro de los tres días siguientes (artículos 113 y 119), y para hacer más accesible su interposición, es posible presentar la demanda no sólo ante el juez federal de distrito, quien generalmente reside en la capital o ciudades importantes de las entidades federativas, sino también ante el juez local de primera instancia, o en su defecto, ante cualquier funcionario judicial del lugar en el cual se pretende ejecutar o se ha iniciado la ejecución del acto o de los actos que se reclaman. Los citados jueces locales están facultados para ordenar a las autoridades respectivas que detengan provisionalmente la ejecución de los actos lesivos de la vida, de la libertad o de la integridad física del afectado, y deben remitir el expediente al juez federal de distrito que corresponda, quien debe continuar el procedimiento (artículo 38, 39 y 40). b) El sector de mayor trascendencia desde el punto de vista constitucional, es el relativo a la impugnación de las disposiciones legislativas y de los tratados internacionales contrarios a la carta federal por medio del propio juicio de amparo, sector que ha recibido la denominación de amparo contra leyes, el cual se inspiró, como ocurrió en los restantes ordenamientos latinoamericanos, en la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes consagrada en la legislación de los Estados Unidos y desarrollado por la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal. Este instrumento ha asumido en nuestro país aspectos peculiares que describiremos brevemente. En primer lugar, es preciso advertir que en los primeros años de aplicación de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal de 1857, según el punto de vista de los distinguidos juristas mexicanos (ambos magistrados de la Suprema Corte en diversas épocas), José María Lozano e Ignacio Luis Vallarta, se consideró que sólo se podía combatir una ley inconstitucional por conducto de sus actos de aplicación, y que únicamente era posible señalar como autoridades demandadas a las que realizaran dicha aplicación en perjuicio de los particulares, ya que en concepto de estos autores y de la jurisprudencia de la misma Suprema Corte que se inspiró en ellos, mientras una ley no se aplicara concretamente "era letra muerta y no causaba perjuicio". Pero ya en la Ley de Amparo vigente de 1936, los ordenamientos legales pueden combatirse cuando se estimen inconstitucionales, de manera directa, es decir, señalándose como actos reclamados a la expedición, promulgación y publicación de los mismos ordenamientos, y como

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autoridades demandadas a las que intervengan en el procedimiento legislativo. El principio fundamental del amparo contra leyes en el derecho mexicano es el de la relatividad o efectos particulares de la sentencia que otorga la protección, de acuerdo con la llamada "fórmula Otero", ya que los artículos 107, fracción II, de la Constitución federal y 76 de la Ley de Amparo, disponen, de acuerdo con el texto del último precepto mencionado, que: Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general de la ley o del acto que la motivare. El amparo contra leyes asume actualmente en el ordenamiento mexicano una doble configuración. i) Por medio de lo que se ha calificado como acción de inconstitucionalidad, en virtud de que implica un ataque frontal, directo contra el ordenamiento legislativo o tratado internacional, de manera que las disposiciones que se estiman contrarias a la carta federal se impugnan por conducto de un verdadero proceso, en el cual figuran como contrapartes del reclamante los órganos del Estado que intervinieron en el procedimiento legislativo, es decir, el Congreso de la Unión (el Senado federal en el caso de los tratados), o los órganos legislativos locales, que expidieron el ordenamiento combatido, así como el presidente de la República o los gobernadores de los estados, que lo promulgaron, según se trate del ámbito federal o local, así como en su caso, los secretarios que refrendaron y ordenaron la publicación; pero, a partir del 26 de diciembre de 1985, los decretos promulgatorios sólo son refrendados por el secretario de Gobernación. La impugnación de las leyes inconstitucionales, ya sea que se trate de disposiciones federales o locales, así como los tratados internacionales (que asumen la naturaleza de leyes federales) debe hacerse ante un juez federal de distrito, y la segunda instancia corresponde al Tribunal Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con las reglas de competencia señaladas con anterioridad, por medio del llamado recurso de revisión y siempre que en el mismo subsista la

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materia de constitucionalidad, y que constituye, como también lo hemos expresado con anterioridad, un verdadero recurso de apelación. La Ley de Amparo establece dos oportunidades para combatir, en vía de acción, a las disposiciones legales contrarias a la carta fundamental: en un primer momento y siempre que se trate de preceptos que por su entrada en vigor afecten de manera inmediata e incondicional los intereses jurídicos del reclamante (ordenamientos calificados como "autoaplicativos"), el plazo de impugnación es el de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley combatida (artículo 22, fracción I, de la citada Ley de Amparo). La segunda oportunidad está regulada por el artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley de la materia, para toda clase de disposiciones legales, o sea, tanto para las que consideren autoaplicativas y no se hubiesen impugnado con motivo de su entrada en vigor, como aquellas que requieren de actos de aplicación (calificadas como "heteroaplicativas"). Todas ellas deben reclamarse dentro del plazo de quince días que es el genérico, establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo, contados a partir del conocimiento por parte del interesado del primer acto de aplicación en su perjuicio, del ordenamiento que estima inconstitucional. También debe advertirse que con anterioridad a las reformas a la propia legislación de amparo que entraron en vigor en el mes de octubre de 1968, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fijó criterio en el sentido de que, cuando se impugnaba la inconstitucionalidad de una ley, no era necesario que se agotaran los medios de defensa de carácter ordinario, obligatorios como regla general para interponer el juicio de amparo, de acuerdo con el llamado principio de "definitividad del acto reclamado" (artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo). Pero al mismo tiempo, la Suprema Corte introdujo la tesis de que el agotamiento de los medios jurídicos ordinarios de defensa no interrumpía el plazo para impugnar una ley reclamada por su inconstitucionalidad, por considerar que por conducto de dichos medios de defensa no se podría resolver sobre dicha inconstitucionalidad, sino exclusivamente respecto de la legalidad de los actos de aplicación. Estos dos criterios provocaron varios problemas prácticos de difícil resolución, y por ello, en las citadas reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en octubre de 1968, se adicionó un nuevo párrafo

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a la mencionada fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que: Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley, si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. La segunda vía para la impugnación de las leyes inconstitucionales y tratados la hemos calificado como recurso de inconstitucionalidad, y tiene su apoyo en el artículo 133 constitucional, que proviene del artículo VI de la Constitución federal de los Estados Unidos de 1787, y el cual determina, como es bien sabido, la supremacía de la Constitución, leyes federales y tratados, así como la obligación de los jueces de las entidades federativas de aplicar con preferencia dichas normas supremas sobre disposiciones de sus constituciones o leyes locales. Calificamos de recurso a este instrumento de impugnación debido a que, por su conducto, no se combate directamente un ordenamiento legislativo, sino la legalidad de una resolución judicial ordinaria, y por medio de la misma, se decide previamente, por conducto del juicio de amparo de una sola instancia, si son o no constitucionales las disposiciones legales aplicadas por el juez o tribunal que pronunció dicha resolución. En consecuencia, cuando el demandante estime que un juez o tribunal ha dictado un fallo en el cual, con infracción a lo dispuesto por el mencionado artículo 133 constitucional, ha aplicado en su perjuicio un ordenamiento legal o tratado que estima contrario a la carta federal, impugna dicha sentencia en el juicio de amparo de una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito. Como se ha dicho anteriormente, si en su fallo el tribunal colegiado competente decide sobre esta cuestión de inconstitucionalidad de la ley impugnada o interpreta directamente un precepto constitucional, dicho fallo puede ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia por medio del llamado recurso de revisión.

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La Suprema Corte de Justicia sostuvo durante mucho tiempo el criterio del llamado "monopolio de la inconstitucionalidad de las leyes" por parte de los tribunales federales, pero término por reconocer la necesidad de coordinar lo dispuesto por los artículos 103 y 133 de la Constitución federal, preceptos que en una época se consideraron contradictorios. Este procedimiento ha sido denominado erróneamente como "vía de excepción", en cuanto se supone que es el demandado en el proceso ordinario el que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, lo que no siempre ocurre, por lo que debe estimarse que la cuestión de inconstitucionalidad tiene carácter "prejudicial o incidental", ya que el juez que conoce del asunto debe resolver previamente sobre la constitucionalidad de la ley aplicable al caso, antes de decidir el problema de fondo. Sin embargo, en el ordenamiento mexicano existe una diferencia respecto del sistema que se practica en los Estados Unidos y que es calificado de "difuso", ya que los jueces locales, no obstante el mandato del citado artículo 133 constitucional, se han negado sistemáticamente a decidir las cuestiones de inconstitucionalidad que les son planteadas por las partes en los procesos ordinarios de que conocen, por considerar que sólo por medio del juicio de amparo se puede resolver sobre la cuestión de inconstitucionalidad. La impugnación de las disposiciones legislativas y de los tratados que se consideran inconstitucionales por medio del amparo de una sola instancia contra resoluciones judiciales, ha sido precisada de manera definitiva en la reforma de diciembre de 1983 al artículo 166 de la Ley de Amparo, en el cual se establecen los requisitos formales y de fondo de las demandas de amparo de una sola instancia. En efecto, en esa ocasión se adicionó un párrafo, modificado a su vez en las reformas de 1988, que dispone actualmente: Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimar inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de los conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste, por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia.

Finalmente, es preciso destacar que existe una corriente doctrinal que pugna por la supresión de la llamada "fórmula Otero", la que ya cum-

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plió su misión histórica, y por consiguiente, se propone que los efectos particulares de la sentencia que otorgue el amparo contra disposiciones legislativas inconstitucionales, deben ser sustituidos por la declaración general de inconstitucionalidad, tomando como modelo no sólo los tribunales constitucionales europeos, sino particularmente el ejemplo de la acción popular de inconstitucionalidad que se inició en Colombia y Venezuela el siglo anterior y que más recientemente también ha sido implantada en El Salvador y Panamá. Las razones que se han expresado para introducir dicha declaración general se apoyan en el principio de la igualdad de los gobernados ante 'la ley, y además, en motivos prácticos, ya que resulta lento e ineficaz el sistema actual de los efectos particulares de las sentencias de inconstitucionalidad. c) El amparo contra resoluciones judiciales, particularmente contra Sentencias definitivas y actualmente también aquellas que ponen fin al juicio, se impuso desde el siglo anterior por requerimientos de carácter Social y político, y es el que constituye el sector de mayor trascendencia desde el punto de vista cuantitativo, ya que un porcentaje muy elevado de los juicios de amparo que se plantean ante los tribunales fedeYaIes, se refieren a este sector. En este sentido, el juicio de amparo posee estrechas vinculaciones con tl recurso de casación de origen francés, ya que tiene como finalidad el examen de la legalidad de las resoluciones de última instancia pronunciadas por todos los tribunales del país y con este carácter fue aceptado expresamente en todas sus consecuencias por el artículo 14 de la Constitución federal de 1917. Por este motivo, este sector recibe la denominación de "amparo judicial" o "amparo-casación". En cuanto a su materia, el amparo-casación puede subdividirse en sectores, según se impugnen sentencias de tribunales penales, civiles (incluyendo los de naturaleza mercantil), administrativos o laborales, y su tramitación se realiza en única instancia, a partir de enero de 1988, únicamente ante los tribunales colegiados de circuito. En el amparo judicial o amparo-casación, de acuerdo con las reglas clásicas de esta última, las violaciones alegadas se dividen en violaciones cometidas durante la secuencia del procedimiento siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo (errores in procedendo) (artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo) y violaciones de fondo efectuadas en las sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio (errores in iudicando), en la inteligencia de que las referidas vio-

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laciones procesales sólo pueden interponerse con motivo de la sentencia o de la resolución que pone fin al proceso ordinario (artículo 158 de la Ley de Amparo), salvo en el supuesto de que, de no impugnarse en el momento de cometerse, se consumen de manera irreparable o afecten a terceros extraños al juicio, pues en estos casos el amparo debe interponerse en doble instancia, la primera ante el juez federal de distrito y la segunda ante los propios tribunales colegiados (artículo 114, fracciones IV y V de la misma Ley de Amparo). La separación de las violaciones procesales y de fondo se utilizó con objeto de dividir la competencia entre la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, cuando los mismos fueron establecidos en las reformas de 1951; pero este primer intento de distribuir el conocimiento del juicio de amparo con resoluciones judiciales planteó numerosos problemas, y por ello se introdujo un nuevo criterio en las reformas de 1968. Según los principios de la casación, el examen de las sentencias impugnadas en amparo debe limitarse al estudio de su legalidad, y así se desprende de lo dispuesto por los artículos 14 constitucional y 158 de la Ley de Amparo, sin que pueda efectuarse un nuevo análisis de los hechos, que en principio deben apreciarse tal como fueron probados ante los tribunales ordinarios (artículo 78 de la Ley de Amparo). d) Además de las funciones anteriores, el juicio de amparo mexicano, debido a la ausencia de tribunales administrativos de competencia génerica, que como señalamos anteriormente se han creado recientemente en varias entidades federativas de acuerdo con el modelo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ha debido absorber la función de instrumento de impugnación de los actos y resoluciones de la administración activa, tanto federal como de los estados, por lo que se ha considerado que en ese sector el amparo constituye un proceso administrativo, o de acuerdo con la terminología predominante, un proceso de lo contencioso administrativo. En este sentido la situación de los instrumentos judiciales para combatir los actos y resoluciones administrativos en el ordenamiento mexicano ha pasado por varias etapas, ya que en un principio, tanto por la tradición de la época colonial como por la influencia del derecho público de los Estados Unidos, durante un periodo bastante prolongado que va de la independencia, particularmente a partir de la vigencia de la Constitución federal de 1824, y que pasa por las cartas también federales de 1857 y en la etapa inicial de la de 1917, imperó el sistema de la

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reclamación de los citados actos y resoluciones de la administración activa ante los tribunales ordinarios, tanto federales como de carácter local, por medio de procedimientos judiciales también ordinarios, pero a partir del año de 1936, en el cual se promulgó la Ley de Justicia Fiscal, por la cual se creó el Tribunal Fiscal de la Federación (en un principio como tribunal de jurisdicción delegada y a partir de 1967, como un organismo judicial dotado de plena autonomía), se ha desarrollado de manera paulatina la tendencia para establecer tribunales especializados, primero según el modelo del citado Tribunal Fiscal Federal, y en época más reciente, tribunales locales de lo contencioso administrativo, como se expresó anteriormente, inspirados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En la actualidad existe un doble sistema de impugnación de los actos y resoluciones de la administración activa: por una parte, respecto de aquellos contra los cuales no se puede acudir a un tribunal administrativo especializado, y por ello, se combaten de manera inmediata en amparo de doble instancia, primero ante los jueces de distrito y en segundo grado ante los tribunales colegiados de circuito, con lo cual se configura el sector que hemos calificado como amparo de lo contencioso administrativo.

El segundo sector está constituido por la reclamación de los actos y resoluciones de carácter administrativo ante los citados tribunales especializados, ya sea aquellos que cuentan con una competencia restringida a la materia fiscal, o bien de carácter genérico, según se ha visto. En esta categoría, las sentencias y resoluciones que ponen fin al proceso pronunciadas por los citados tribunales administrativos, se impugnan por medio del amparo de una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito, y en ese supuesto, el juicio de amparo respectivo comparte las características del que se interpone contra resoluciones judiciales, de manera que puede calificarse como casación administrativa. Excepcionalmente, cuando en los fallos de los tribunales colegiados de circuito deciden en esta materia sobre la inconstitucionalidad de una ley de naturaleza administrativa o interpretan directamente un precepto de la Constitución, dichos fallos pueden impugnarse por medio del llamado recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. En tal virtud, sólo puede considerarse como un sector autónomo del juicio de amparo, la primera de dichas categorías, es decir, la impugnación en amparo de doble instancia de los actos y resoluciones de la administración activa, es decir, cuando el propio amparo funciona como

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un proceso de lo contencioso administrativo, el que por otra parte está perdiendo paulatinamente importancia, en cuanto se advierte la tendencia, ya señalada, hacia el establecimiento de tribunales administrativos de competencia genérica. Por el contrario, el amparo que se interpone contra las sentencias y resoluciones que ponen fin al juicio, pronunciadas por los mismos tribunales administrativos, corresponde al sector del amparo judicial o amparo-casación. e) El quinto y último sector del juicio de amparo mexicano, calificado como amparo social agrario o amparo agrario ejidal y comunal, surgió con motivo de las reformas al artículo 107, fracción II, de la Constitución federal, promulgadas en octubre de 1962 y aquellas que, como consecuencia de las primeras, se hicieron a la Ley de Amparo y entraron en vigor el 5 de febrero de 1963, las que tuvieron por objeto establecer un sistema especial de protección procesal en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria. Estas modificaciones culminaron con la reforma a la propia Ley de Amparo, promulgada el 28 de mayo de 1976, por virtud de la cual se concentraron las disposiciones relativas al amparo en materia agraria y con ellas se redactó un libro segundo, que antes no existía (artículos 212-234). En efecto, debe tomarse en consideración que en el ordenamiento mexicano, de acuerdo con la reforma agraria que se inició con la ley de 6 de enero de 1915 (incorporada en 1934 en el artículo 27 de la Constitución federal), y como resultado de la revolución que comenzó en 1910, la propiedad particular no debe exceder de determinado límite fijado también constitucionalmente, pues de lo contrario puede ser afectada para beneficiar a los campesinos que carecen de ella, y por otra parte, la propiedad social se divide a su vez en dos modalidades: la propiedad comunal que corresponde a las comunidades indígenas (y que se remonta a la época prehispánica, reconocida por las Leyes de Indias), predios que todavía conservan o se les han restituido cuando demuestran que han sido despojados de los mismos: y en segundo término, la propiedad calificada como "ejidal", que se otorga a los campesinos que anteriormente carecían de ella, tomándola de los predios de los particulares que exceden de los límites de la que se ha calificado como "pequeña propiedad". Fue precisamente en beneficio de los campesinos pertenecientes a los poblados comunales y ejidales, que se introdujeron las reformas antes mencionadas a la Constitución federal y a la Ley de Amparo, pues se

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tomó en consideración que con anterioridad a los campesinos sujetos a la reforma agraria que acudían al juicio de amparo contra las autoridades agrarias, en defensa de sus derechos colectivos o individuales, se les aplicaban las reglas del sector que hemos calificado como equivalente al proceso administrativo (y que todavía se siguen aplicando a los juicios de amparo solicitados por los propietarios privados afectados por resoluciones agrarias). Como dicho amparo administrativo es más riguroso, se producía en un buen número de casos la indefensión de los citados campesinos, ya que en su mayor parte carecen de asesoría jurídica adecuada. Se estimó, con toda justificación, que los campesinos pertenecientes a los poblados comunales y ejidales estaban en desventaja en relación con los trabajadores industriales, ya que estos últimos pueden hacer la defensa de sus derechos ante los órganos tripartitos denominados, como se expresó anteriormente, juntas de conciliación y arbitraje, por medio de un procedimiento en el cual se les otorgan ventajas frente a los empresarios, las que inclusive se han ampliado en las reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor el primero de mayo de 1980, de acuerdo con la corriente que puede calificarse como "derecho procesal social", con el cual se pretende lograr el equilibrio y a la igualdad real de las partes, al compensar la situación de la parte débil. Por otra parte, se ha insistido en la necesidad de establecer tribunales agrarios ante los cuales los citados campesinos pueden hacer la defensa efectiva de sus derechos, al sustraer la resolución de los conflictos agrarios de los factores políticos que existen en la tramitación exclusivamente administrativa. Así, se observa una tendencia en varios ordenamientos contemporáneos, particularmente en algunos países latinoamericanos que han implantado o intentado realizar una reforma agraria similar a la mexicana, como ha ocurrido en Bolivia (1953); Chile (1967); Perú (1969); Venezuela (1976) y Costa Rica (1982). En las citadas reformas de 1963 y 1976 a la Ley de Amparo se introdujeron disposiciones que otorgan beneficios procesales a los ejidatarios, comuneros y a sus respectivos núcleos de población, entre los cuales merecen destacarse, la representación subsidiaria cuando no acudan al amparo en un plazo de quince días en defensa de los derechos colectivos, las autoridades de dichos poblados, denominadas comisariados ejidales o comunales, ya que en ese supuesto puede presentar la demanda inclusive cualquier integrante de la comunidad respectiva (artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo).

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Se han reducido al mínimo las formalidades de la demanda de amparo, ya que bastan los datos elementales, en virtud de que el juez de distrito que conoce de la primera instancia, debe subsanar de oficio las omisiones que advierta no sólo en dicha demanda sino también en las exposiciones, comparecencias, alegatos y recursos presentados por los citados campesinos (artículo 227). La suplencia de la queja se ha extendido en relación con los elementos de convicción, ya que el mismo juez federal, además de las pruebas aportadas por las partes, debe llevar a juicio y apreciar aquellos medios probatorios que requiera para conocer los hechos respectivos y practicar todas las diligencias necesarias para precisar los derechos de los ejidatarios, comuneros y sus respectivos núcleos de población (artículos 225 y 226). Se han modificado los plazos para la interposición de la demanda de amparo, de manera que los ejidatarios y los comuneros en lo individual tienen treinta días contados a partir de su conocimiento de los actos que estiman violatorios para presentar su demanda (artículo 218), y no existe plazo en el caso de reclamaciones de derechos colectivos agrarios (artículo 217 del mismo ordenamiento). Cuando los derechos que estiman infringidos tienen carácter colectivo, los campesinos afectados pueden acudir a los jueces de primera instancia de los lugares en los cuales se pretendan ejecutar los actos reclamados si en ellos no reside un juez federal de distrito. Dicho juzgador local debe ordenar la suspensión de dichos actos y enviar el expediente al juez federal (artículos 38, 40 y 220 de la Ley de Amparo). Este último deberá ordenar de oficio la propia suspensión de dichos actos impugnados, la que se prolongará hasta la resolución definitiva del asunto (artículo 233 de la referida Ley de Amparo). Dos preceptos de gran importancia debemos destacar en esta materia: el primero establece la prohibición del desistimiento del amparo por parte de los campesinos sujetos a la reforma agraria, cuando se reclamen actos que afecten sus derechos colectivos (artículo 231, fracción I, del citado ordenamiento), con la única excepción de que la renuncia a continuar la tramitación del amparo se acuerde por la asamblea general de los campesinos afectados, disposición que tiene por objeto evitar que dichos campesinos sean engañados por las autoridades agrarias o por los propietarios agrícolas; además, tampoco puede sobreseerse por inactividad procesal el juicio respectivo, ni se aplicará en perjuicio de los propios campesinos la caducidad de la instancia (artículo 231, fracciones II y III).

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Una segunda disposición esencial es la contenida en el anterior artículo 78 y ahora en el 225 de la Ley de Amparo, y la que determina que el juez del amparo, cuando aplique la protección solicitada, debe hacerlo respecto de los actos reclamados cuya existencia se hubiese demostrado en el expediente, aun cuando no correspondan a los que han sido señalados erróneamente por los campesinos reclamantes, ya que como se ha dicho, generalmente carecen de asesoramiento jurídico. C. Para finalizar el análisis de los recursos en el ordenamiento mexicano, haremos una sucinta referencia a un medio de impugnación de carácter excepcional, si se toma en consideración que la doctrina otorga este carácter al que puede utilizarse para combatir una resolución judicial firme, es decir, la que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, y que según la terminología española que predomina en los ordenamientos procesales latinoamericanos, recibe el nombre de revisión, la que resulta generalmente admisible en materia penal, pero en ocasiones también respecto de las sentencias civiles, cuando con posterioridad a su pronunciamiento con carácter firme, se descubre o sobrevienen circunstancias que desvirtúan la motivación esencial del fallo. En el ordenamiento procesal mexicano la revisión sólo es procedente en materia penal, y se ha calificado con la designación inadecuada de indulto necesario, denominación que también se le dio a este instrumento en el Código Federal de Procedimientos Penales, hasta que en una reforma reciente se le otorgó el nombre más pertinente de reconocimiento de la inocencia del sentenciado.

Por lo que se refiere a las causas por las cuales se puede solicitar el indulto necesario, y con mayor precisión, el reconocimiento de la inocencia del sentenciado, son similares las señaladas por los códigos de procedimientos penales del Distrito Federal y el Federal, ya que coinciden en las tres siguientes: a) cuando la sentencia se funde en documentos o declaraciones de testigos que después de dictado el fallo, fueren declarados falsos judicialmente; b) cuando después de la sentencia aparecen documentos que invalidan aquélla o los presentados al jurado y que sirvieron de base a la acusación o al veredicto, y c) cuando sea condenada una persona por el homicidio de otra que hubiese desaparecido, y se presentare ésta o alguna prueba irrefutable de que vive, y cuando el reo hubiese sido juzgado por los mismos hechos a que la sentencia se refiere en otro juicio en el cual también hubiese recaído sentencia irrevocable (artículos 614 del código distrital y 560 del federal),

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en la inteligencia de que el Código Federal agrega que en el último supuesto mencionado será nula la segunda sentencia. El propio Código Federal consigna otras dos causas diferentes; a) que dos reos hubiesen sido condenados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubiesen cometido, y b) que se presente el supuesto de la retroactividad favorable de la ley penal, en los términos del artículo 57 del Código de la materia. La tramitación es similar en los dos ordenamientos mencionados que, como se ha dicho, son los modelos de la mayoría de los restantes códigos locales, en virtud de que la petición se presenta por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o ante la Suprema Corte de Justicia, según el caso, y en dicha instancia el condenado debe aportar los elementos de convicción o bien ofrecer su presentación oportuna. El órgano revisor respectivo ordena la remisión de los autos y señala un breve plazo para la audiencia de pruebas y alegatos (artículos 615 y 616 del código distrital, y 562-563 del federal). En dicha audiencia debe escucharse al solicitante, a su defensor (en el supuesto de no tenerlo se le designa uno de oficio), y al Ministerio Público en su calidad de órgano acusador. De acuerdo con el Código Federal, se pide al Ministerio Público un dictamen previo a la audiencia (artículo 564). Con los elementos presentados en la vista, el tribunal respectivo debe declarar fundada o infundada la petición dentro del plazo de diez días; si se considera que es fundada la solicitud respectiva, el Tribunal Superior del Distrito Federal o la Suprema Corte de Justicia deben comunicar el resultado al Ejecutivo Federal para que conceda el indulto en el primer supuesto o bien reconozca la inocencia del acusado en los términos del Código Federal, por lo que en realidad, se comunica la resolución judicial para su cumplimiento (artículos 618 del Código distrital y 567 del federal). Si los órganos de revisión consideran que es infundada la petición, ordenarán el archivo de las diligencias respectivas. IX. EJECUCIÓN

Sin pretender tomar una posición en la polémica sobre la •naturaleza (jurisdiccional o administrativa) de la ejecución de la sentencia, consideramos necesario referirnos, así sea de una manera muy breve y panorámica, a las principales orientaciones de los ordenamientos procesales

IX. Ejecución ...................................................................................... 127 X. Bibliografía

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en la inteligencia de que el Código Federal agrega que en el último supuesto mencionado será nula la segunda sentencia. El propio Código Federal consigna otras dos causas diferentes; a) que dos reos hubiesen sido condenados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubiesen cometido, y b) que se presente el supuesto de la retroactividad favorable de la ley penal, en los términos del artículo 57 del Código de la materia. La tramitación es similar en los dos ordenamientos mencionados que, como se ha dicho, son los modelos de la mayoría de los restantes códigos locales, en virtud de que la petición se presenta por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o ante la Suprema Corte de Justicia, según el caso, y en dicha instancia el condenado debe aportar los elementos de convicción o bien ofrecer su presentación oportuna. El órgano revisor respectivo ordena la remisión de los autos y señala un breve plazo para la audiencia de pruebas y alegatos (artículos 615 y 616 del código distrital, y 562-563 del federal). En dicha audiencia debe escucharse al solicitante, a su defensor (en el supuesto de no tenerlo se le designa uno de oficio), y al Ministerio Público en su calidad de órgano acusador. De acuerdo con el Código Federal, se pide al Ministerio Público un dictamen previo a la audiencia (artículo 564). Con los elementos presentados en la vista, el tribunal respectivo debe declarar fundada o infundada la petición dentro del plazo de diez días; si se considera que es fundada la solicitud respectiva, el Tribunal Superior del Distrito Federal o la Suprema Corte de Justicia deben comunicar el resultado al Ejecutivo Federal para que conceda el indulto en el primer supuesto o bien reconozca la inocencia del acusado en los términos del Código Federal, por lo que en realidad, se comunica la resolución judicial para su cumplimiento (artículos 618 del Código distrital y 567 del federal). Si los órganos de revisión consideran que es infundada la petición, ordenarán el archivo de las diligencias respectivas. IX. EJECUCIÓN

Sin pretender tomar una posición en la polémica sobre la •naturaleza (jurisdiccional o administrativa) de la ejecución de la sentencia, consideramos necesario referirnos, así sea de una manera muy breve y panorámica, a las principales orientaciones de los ordenamientos procesales

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mexicanos en esta materia. El estudio del derecho procesal mexicano quedaría incompleto si no incluyésemos en este capítulo una breve referencia a la ejecución. Aludiremos por separado a cada una de las ramas procesales. 1. A. En el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal la ejecución de las sentencias se puede llevar a cabo, a elección de la parte interesada, a través de la llamada vía de apremio o por medio del juicio ejecutivo (artículos 444, 500 y 505). La vía de apremio constituye sólo una etapa procesal —la etapa de ejecución— en la cual existen muy limitadas posibilidades de oposición para la parte condenada (artículo 531); en cambio, el juicio ejecutivo constituye un nuevo juicio, en el que, no obstante su prevalente función ejecutiva, son mayores las posibilidades de oposición de la parte condenada, para quien no existe en forma expresa la limitación de las excepciones aducibles, y las cuales pueden dar origen —en el caso de que se opongan— a un nuevo juicio ordinario. Por este motivo, es explicable que en la práctica la parte vencedora utilice regularmente la vía de apremio y no el juicio ejecutivo. Pueden dar origen a la vía de apremio los siguientes títulos: a) Las sentencias firmes; b) Las sentencias definitivas apeladas en "un solo efecto" (o efecto ejecutivo); c) Las sentencias interlocutorias; d) Los convenios y transacciones celebrados por las partes en el juicio y aprobados por el juzgador; e) Los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y f) Los laudos arbitrales (artículos 501, 502, 504 y 632). Para iniciar la vía de apremio, se concede a la parte vencedora un plazo de diez años, que se cuenta a partir del día en que haya vencido el plazo señalado en la sentencia para el cumplimiento voluntario de sus puntos resolutivos (artículo 529). Los gastos y costas procesales que se originan con motivo de la ejecución procesal de la sentencia, son a cargo de la parte vencida (artículo 528). El Código de Procedimientos Civiles regula detalladamente las diversas modalidades de la ejecución de las sentencias de condena, según condenen a dar (pagar una suma líquida o ilíquida de dinero, entregar una cosa mueble o inmueble y entregar una persona), a hacer (hechos de carácter personal, impersonal, celebración de un acto jurídico, rendición de cuentas y división de la cosa común) o a no hacer. En términos generales, la ejecución de las sentencias que condenan a pagar una cantidad de dinero se traduce en el embargo y la enajenación de bienes de la parte vencida, para pagar con el producto de la enajenación, la

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(la primera señalada generalmente en la sentencia definitiva y los segundos regularmente a través de incidentes de liquidación). La ejecución de las sentencias que condenan a realizar hechos que no son de carácter general o a celebrar un acto jurídico se obtiene con la sustitución de la parte obligada por un tercero o por el juez, respectivamente. La sustitución de la parte obligada por el tercero se hace con cargo a aquélla, y el pago a dicho tercero también puede traducirse en el embargo y enajenación de bienes de la parte vencida. La ejecución de las sentencias que condenan a la entrega de cosas inmuebles y de personas se logra, directamente, a través de la imposición coactiva de la conducta ordenada en la sentencia, o bien, indirectamente, mediante la utilización de las medidas de apremio. La ejecución de la sentencia que condena a la división de la cosa común se lleva a cabo a través de una junta de los interesados en la que el juez los exhorta para que se pongan de acuerdo en la división o para que designen un partidor, y en caso de no lograrlo el propio juez se los nombra. En fin, la ejecución de las sentencias que condenan a la entrega de

suma principal y sus accesorios

cosas muebles, la realización de 101 hecho personal, la presentación de cuentas, y a no hacer se concreta, primero, en la imposición de medi-

das de apremio y, después, en caso de no obtener por este medio la ejecución, en el embargo y enajenación de bienes de la parte condenada, para pagar con su producto los daños y perjuicios ocasionados a la parte vencedora por el incumplimiento de la parte obligada. El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal regula con amplitud el embargo de bienes de la parte vencida. Las reglas que el Código de Procedimientos Civiles contiene sobre el embargo ejecutado en la vía de apremio —embargo apremiativo, definitivo o ejecutivo— son aplicables a cualquier otro tipo de embargo (artículo 563). En términos generales, la diligencia de embargo, que es conducida por el ejecutor, se desenvuelve en los siguientes actos: a) Requerimiento de pago que hace el ejecutor a la parte condenada; b) En caso de no obtenerse el pago, sigue el señalamiento de los bienes que van a ser embargados, para lo cual el ejecutor debe conceder primero la oportunidad de señalarlos a la parte vencida y, en caso de que no lo haga, deberá señalarlos la contraparte, de acuerdo con el orden previsto en el artículo 536; c) Señalados los bienes, el ejecutor traba formalmente el embargo sobre ellos; d) Después, el ejecutante debe nombrar, bajo su responsabilidad, al depositario de los bienes embargados para que los tenga baja

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su custodia, y e) Por último, el ejecutor debe levantar un acta de la diligencia de embargo (artículos 534, 539, 543, 449 y 550). El Código de Procedimientos Civiles contiene, como es lógico, normas especiales para el embargo de determinados bienes (inmuebles, créditos, créditos litigiosos, bienes fungibles, bienes de fácil deterioro, inmuebles urbanos y rústicos, empresas mercantiles e industriales, etcétera). También señala, como lo hacen los demás ordenamientos procesales, los bienes que se encuentran exceptuados de embargo (artículo 544). Para la enajenación de los bienes embargados, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal distingue si se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles. Para el primer caso prevé un procedimiento de remate, que básicamente se desenvuelve en los siguientes actos: a) Expedición del certificado de gravámenes por diez años; b) Avalúo del bien por rematar; c) Anuncio de la subasta y consignación del diez por ciento del precio en Nacional Financiera, por parte de los postores, en garantía de la seriedad de sus respectivas posturas; d) Subastas o almonedas, en las que se lleva a cabo el remate del bien inmueble en favor de quien ofrezca la mejor postura, y e) Entrega del precio, otorgamiento de la escritura y pago a la parte vencedora. Durante la celebración de las almonedas existe la posibilidad que el ejecutante pida que se le adjudique el bien embargado en pago de las prestaciones que se le deben, o que se le entregue el inmueble embargado en administración para aplicar sus productos al pago de dichas prestaciones. En cambio, para la enajenación de los bienes muebles embargados, el Código de Procedimientos Civiles no prevé un procedimiento que culmine necesariamente con un remate de aquéllos en sentido estricto, sino solamente su entrega en consignación a un "corredor o casa de comercio que expenda objetos o mercancías similares haciéndoles saber para la busca de compradores, el precio fijado por peritos o por convenio de las partes". Efectuada la venta por el corredor o la casa de comercio, la cual la puede hacer con remate privado o sin él, y deducidos los gastos de corretaje o comisión que correspondan, con el producto se •pagan al ejecutante la suerte principal y los accesorios. También durante el procedimiento de enajenación, el ejecutante puede pedir la adjudicación de los bienes embargados en pago de las prestaciones que se le adeuden (artículo 598). Por último, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal contiene también reglas especificas sobre la ejecus ción de las sentencias •y demás resoluciones pronunciadas por los tribunales de los estados de

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la República y por los tribunales extranjeros (artículos 599-603 y 605608, respectivamente). 1. B. Al contrario de lo que ocurre con el Código de Procedimien, tos Civiles del Distrito, el Federal no sólo no prevé dos formas de ejecución de las sentencias —como son la vía de apremio y el juicio ejecutivo— sino que confunde, bajo el título de la ejecución, estas dos instituciones. No obstante, un análisis cuidadoso de las disposiciones del título quinto del libro segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe conducir a distinguir el procedimiento de ejecución cuando se trata de sentencias firmes (que excluye la posibilidad de planteamiento de un nuevo litigio) del procedimiento de ejecución de los documentos públicos y de los privados reconocidos judicialmente (que requiere de la presentación de una demanda y del conocimiento previo, así sea breve, de litigio por parte del juez, quien también debe pronunciar una sentencia para poder proceder en forma defintiva a la ejecución). En consecuencia, a pesar de la aparente confusión, en el Código Federal es preciso distinguir la ejecución de las sentencias firmes, las cuales, de acuerdo con la conocida formulación de Liebman, son títulos ejecutorios que dan origen a una ejecución definitiva e inmediata, de la ejecución de los documentos públicos y privados reconocidos judicialmente, los cuales son títulos ejecutivos que dan motivo a una ejecución provisional, la cual no se convierte en definitiva sino hasta que el juez pronuncie la sentencia sobre la demanda presentada por el actor; es decir, la ejecución provisional se convierte en defintiva hasta que el título ejecutivo se convierte en título ejecutorio por la sentencia pronunciada por el juez. En relación con la ejecución, conviene tener presente que el artículo 49 del Código Federal de Procedimientos Civiles, después de establecer como regla general que las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas tendrán en el procedimiento judicial la misma situación que cualquier otra parte, dispone, como excepción, que "nunca podrá dictarse (en contra de dichos organismos y dependencias) mandamiento de ejecución ni providencia de embargo". Por tanto, contra ellos no podrá seguirse, a pesar de que se pronuncie sentencia condenatoria en su contra, el procedimiento de ejecución previsto en dicho Código. Fuera de estas modalidades especiales, las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles sobre el procedimiento de ejecución de las

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sentencias ejecutorias son muy similares a las del Código del Distrito Federal, con muy ligeras diferencias que no ameritan comentario aparte. 2. Por ser una copia mutilada del Código de Procedimientos Civiles de 1884, el Código de Comercio incluyó las reglas sobre vía de apremio dentro del título relativo al juicio ejecutivo. Similares consideraciones a las hechas anteriormente sobre el Código Federal habría que hacer sobre el Código de Comercio, aunque con sentido inverso: así como en el Código Federal se trató de subsumir el juicio ejecutivo, dentro del procedimiento de ejecución, en el Código de Comercio, en cambio, el procedimiento de ejecución de las sentencias quedó confundido dentro de las disposiciones sobre el juicio ejecutivo, aunque un análisis cuidadoso de las reglas de dicho Código debe conducir, necesariamente, a distinguir estas dos instituciones. Si bien la sentencia firme es considerada como un título ejecutivo, las excepciones que se pueden aducir en contra de aquélla son sólo las que se pueden oponer en la vía de apremio (artículos, 1391, fracción I, y 1397). Sin embargo, se debe aclarar que si la parte vencida llega a oponer alguna de las excepciones permitidas, podrán tener lugar las fases de prueba, alegatos y sentencia (artículos 1299 y 1400), aunque en forma claramente diferente a como se deben realizar en el juicio ejecutivo en sentido estricto. Por lo demás, las reglas del Código de Comercio sobre el procedimiento de ejecución de las sentencias son totalmente insuficientes. Por un lado, sólo prevén la ejecución de las sentencias que condenan al remate de los bienes embargados a la parte vencida, por lo que quedan sin regulación específica las demás sentencias que condenan a dar y las sentencias que condenan a hacer y a no hacer. Pero aún la regulación de las sentencias de remate se limita a cinco artículos que prevén el procedimiento de remate de los bienes embargados —tanto muebles como inmuebles—, el cual se lleva a cabo a través del avalúo de dichos bienes, el anuncio del remate y las almonedas públicas, en las cuales el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes en pago de las prestaciones que se le adeuden. Las partes pueden convenir el procedimiento de enajenación y el precio de los bienes embargados (artículos 14101414). Ante las omisiones del Código de Comercio sobre el procedimiento de ejecución de las sentencias, habrá que aplicar supletoriamente las normas pertinentes del respectivo código de procedimientos civiles local, como lo previene el artículo 1054 del ordenamiento mercantil.

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Por último, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos contiene las reglas sobre el proceso universal de ejecución que constituye la quiebra, la cual es examinada en el capítulo de "Derecho mercantil". 3. A. En la Ley Federal del Trabajo se encarga la ejecución de los laudos, de las resoluciones de los procesos sobre conflictos colectivos de naturaleza económica y de los convenios celebrados ante las juntas de conciliación y de conciliación y arbitraje, a los presidentes de dichas juntas (artículos 939 y 940). En dicha Ley se prevé, asimismo, que los laudos y demás títulos ejecutorios deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su notificación y se faculta a las partes para convenir las modalidades de su cumplimiento (artículo 945). A pesar de que se indica que la ejecución debe despacharse para "el cumplimiento de un derecho" o para "el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta la cuantificada en el mismo" (artículo 946), la ley regula exclusivamente la ejecución de los laudos que condenan al pago de una cantidad de dinero sin que contenga previsiones sobre la ejecución de los laudos que ordenen "el cumplimiento de un derecho". En este sentido, se advierte una omisión en las reformas promulgadas en 1979, pues con anterioridad a ellas el artículo 844 —actualmente derogado por tales reformas—, preveía en forma expresa la ejecución de los laudos que condenaran a la entrega de una cosa determinada, a hacer alguna cosa y a no hacerla. Esta lamentable omisión podría ocasionar algunos problemas prácticos en la ejecución de los laudos mencionados; aunque es claro que, aun sin previsión expresa, dichos laudos deberán ser ejecutados, pues de lo contrario la jurisdicción de los tribunales del trabajo se reducirá a producir meros consejos o recomendaciones a las partes, lo que sería contrario al artículo 123, apartado A, de la Constitución, y a la naturaleza y a la función de los propios tribunales del trabajo. La Ley Federal del Trabajo se limita, pues, a regular en forma sistemática la ejecución de los laudos que ordenan el pago de una suma determinada de dinero, la cual se lleva a cabo a través del embargo y el remate de bienes de la parte condenada. El procedimiento previsto para este objeto es muy similar al señalado en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al cual ya hemos hecho referencia, con algunas modalidades impuestas por las características del proceso laboral. Nos limitamos a consignar que, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la Ley Federal del Trabajo es-

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tablece que tanto la enajenación de los bienes muebles como la de los inmuebles se llevarán a cabo a través de remates públicos (artículo 968). 3. B. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sólo contiene dos preceptos sobre la ejecución de los laudos: los artículos 150 y 151. El primero consigna genéricamente el deber del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje "de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". El segundo precepto señala, más concretamente, que, a petición de la parte interesada, el Tribunal despachará el auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, acompañado por dicha parte, requiera en su domicilio a la parte condenada para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, en caso de desobediencia, el Tribunal le impondrá las medidas necesarias procedentes. 4. En el proceso penal ordinario —tanto federal como del Distrito Federal—, la ejecución de las sentencias de condena queda encomendada a la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (artículos 575 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y 529 del Código Federal de la misma materia) Pronunciada la sentencia firme, los tribunales penales concluyen su intervención en el enjuiciamiento penal, limitándose a remitir una copia certificada de la sentencia a la citada dependencia de la Secretaría de Gobernación, la cual decide tanto el centro penitenciario en el que el reo debe cumplir la pena impuesta, así como las diversas modalidades que la ejecución de ésta puedan tener: la libertad preparatoria, la retención, la conmutación y la reducción de la sanción, la remisión parcial de la pena, etcétera. Aparte de la intervención ejecutiva en el cumplimiento y las modalidades de la pena por parte de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (con la que concurren, en todo caso, el director del respectivo centro penitenciario y su consejo técnico interdisciplinario), el Código Federal de Procedimientos Penales prevé, también la fiscalización, por parte del Ministerio Público, del cumplimiento de la pena impuesta, con objeto de verificar que ésta se ajuste a los términos de la sentencia (artículos 5 y 529). La ejecución de las penas privativas de libertad se debe llevar a cabo de acuerdo con las previsiones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual fue promul-

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gada el 8 de febrero de 1971. Esta Ley que tiene vigencia en el Distrito Federal para la ejecución de penas por delitos ordinarios federales y locales y en toda la República para la ejecución de penas por delitos federales; establece un régimen penitenciario de carácter progresivo y técnico, compuesto, por lo menos, de un periodo de estudio y diagnóstico y otro de tratamiento, el cual se subdivide, a su vez, en las fases de tratamiento en clasificación y tratamiento preliberacional (artículos 3 y 7). En el Distrito Federal también rige el Reglamento de Reclusorios promulgado el 14 de agosto de 1979. Cada estado de la República cuenta con su propia Ley sobre Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad y, algunos de ellos, con los reglamentos de los respectivos centros penitenciarios. Por último, en el Código de Justicia Militar se atribuye la ejecución de las penas —entre las cuales todavía figura la de muerte— a "las autoridades del Fuero de Guerra", es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional si el reo es o fue miembro del ejército o de la fuerza aérea, o a la Secretaría de Marina, si es o fue de la armada (artículo 847). Conviene advertir que, a diferencia de los anteriores ordenamientos procesales penales, en el Código de Justicia Militar se da intervención al Supremo Tribunal Militar en la decisión de alguna de las modalidades de la ejecución de las penas privativas de la libertad, como es el caso de la libertad preparatoria, la retención y la reducción de las sanciones (artículos 855, 865, 867 y 871). En términos generales, la doctrina procesal penal mexicana considera que el estudio de la ejecución de la pena no corresponde al derecho procesal penal, sino a una rama diferente y especializada en dicho tema, como es el derecho penitenciario, el cual ha tenido importantes desarrollos en épocas recientes. 5. A. En el Código Fiscal de la Federación se introdujo el recurso de queja como medio para impugnar, ante la Sala Regional que haya conocido del juicio de nulidad, la repetición del acto invalidado o los defectos o excesos en la ejecución de la sentencia en que incurra la autoridad. Si la Sala estima fundado el recurso, anula el acto repetido o cumplido en forma defectuosa o excesiva y, en estos dos últimos casos, ordena a la autoridad la emisión de un nuevo acto apegado a la sentencia (artículo 239 ter). Sin embargo, este medio de impugnación no prevé la hipótesis en que la autoridad incumple totalmente la sentencia, por no llevar a cabo ningún acto de ejecución. En este caso, el intere-

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sado tendrá que promover un juicio de amparo para lograr el cumplimiento de la sentencia, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis de jurisprudencia 328 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 3a. parte, pp. 556-557). 5. B. La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevé, por un lado, los medios de apremio que dicho Tribunal puede imponer con objeto de hacer cumplir sus determinaciones (artículo 29), y por el otro, regula la queja, a través de la cual la parte que haya obtenido sentencia estimatoria puede denunciar ante la sala respectiva el incumplimiento en que incurra la autoridad responsable, a la cual si efectivamente ha incumplido, la sala puede amonestar y apercibir de imponerle una multa; para lograr el cumplimiento de la sentencia, la sala puede dirigirse al jefe del Departamento del Distrito Federal para que conmine al funcionario renuente, y, todavía si el pleno lo estima pertinente, puede dirigirse al presidente de la República cuando quien incumpla sea el jefe del Departamento del Distrito Federal (artículo 82). 6. La Ley de Amparo es especialmente rigurosa en la regulación de la ejecución de las sentencias de amparo. En los juicios de amparo indirecto, y en los juicios de amparo directo en los que se haya interpuesto revisión, el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, respectivamente, deben notificar la sentencia firme a la autoridad responsable para que le dé cumplimiento previniéndole que informe a aquéllos acerca de dicho cumplimiento (artículo 104). Si en un plazo de 24 horas no se logra o no se inicia éste, el juzgador de amparo requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir la sentencia y puede reiterar estos requerimientos a las demás autoridades jerárquicamente superiores, hasta llegar a la más alta; si la autoridad responsable no tuviese superior jerárquico, el requerimiento debe hacerse directamente a ella (artículo 105). Una adición hecha a este último artículo con las reformas a la Ley de Amparo promulgadas el 29 de diciembre de 1979, autoriza a la parte interesada para solicitar la ejecución de la sentencia de amparo a través del pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, los cuales se deben cuantificar en un incidente en el que se escuche a las partes (artículo 106). En los juicios de amparo directo, la Suprema Corte de Justicia o el tribunal colegiado de circuito que haya conocido de aquéllos, deberán remitir a la autoridad responsable un testimonio de la sentencia firme

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con objeto de que dicha autoridad cumpla con lo ordenado en ésta e informe sobre dicho cumplimiento. Si dentro del plazo de 24 horas no se logra o no se inicia éste, el juzgador de amparo hará los requerimientos mencionados en el párrafo anterior (artículo 106). Si a pesar de las anteriores medidas, el juzgador de amparo no obtiene el cumplimiento de la sentencia, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, la cual, si comprueba las violaciones de la autoridad responsable a la sentencia de amparo y a los requerimientos del juzgador, destituirá a dicha autoridad y la consignará al juez de distrito competente, ante el cual se le debe seguir un proceso penal, en los términos señalados por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución (artículo 105 y 106 de la Ley de Amparo). La propia Ley de Amparo prevé que, ante el incumplimiento de la autoridad responsable y cuando la naturaleza del acto lo permita, el juzgador de amparo —por sí mismo o a través de su secretario o su actuario se trasladarán al lugar donde deba cumplirse la sentencia y la ejecutarán directamente. Cuando se trate de la libertad personal y la autoridad responsable no haya cumplido la sentencia en un plazo de tres días, el juzgador de amparo ordenará que se ponga en libertad al quejoso, y el encargado de la prisión deberá acatar dicha orden (artículo 111). Por último, la parte que haya obtenido la sentencia de amparo estimatoria cuenta, en todo caso, con el recurso de queja para impugnar los excesos o los defectos en que incurra la autoridad responsable en el cumplimiento de la sentencia (artículo 95, fracción IV). —

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