Curso de Derecho Civil

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CURSO DE

D ERECH O CIVIL SEGUNDO AÑO PRIMERA PARTE SEGUN EL PROGRAMA APROBADO POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO

Trata De las Obligaciones en general Explicaciones de la clase de don

ALFREDO BARROS ERRAZURIZ Profesor del ramo en la Universidad Católica de Santiago

CUARTA EorcroN CORREGIDA y AUMENTADA

VOLUMEN

EDITORIAL SANTIAGO

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NASCIMENT'O 1932

CHILE Índice

PRIMERA PARTE TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES

INTRODUCCIO:\f Conforme al programa oficial, hemos dividido en dos partes el estudio del Derecho Civil, 2. 0 año. La primera parte trata de la teoría general de las obligaciones, esto es, de una noción general de la obligación y de las fuentes que la constituyen; divide las obligaciones y explica sus diferentes clases; declara cuáles son sus efectos, cuáles las principales modificaciones o modalidades de que ellas son susceptibles, de qué modo se disuelven o extinguen y la manera de probar que las obligaciones se han creado o extinguido. La segunda parte estudia, en particular, las diversas fuentes de las obligaciones. Además de la ley, ellas nacen del contrato, en virtud de cual una persona se compromete con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o de un hecho personal que nos crea un deber para con un tercero, sin que medie contrato. Este hecho personal puede ser lícito o ilícito: si es lícito, se llama cuasi-contrato; y si es ilícito, puede ser cometido con intención de dañar o sin ella: en el primer caso es un deUto; y en el segundo, un cuasi-delito. Las fuentes de las obligaciones son, pues: los contratos, cuasi-contratos, delitos, cuasi-delitos y la ley. Las materias del Derecho Civil, 2.° año corresponden al Libro IY del Código Civil De las obligaciones en generaL y de los contratos, con la sola excepción del título XXII De

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las caPitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, que se estudia en tercer año, porque forma parte del régimen de la familia. Vamos a estudiar ahora la primera parte, que trata de la teoría de las obligaciones. Al hablar de las fuentes de éstas, dice el Mensaje con que el Presidente de la República propuso el Código Civil a la aprobación del Congreso Nacional ~ «En materia de contratos y cuasicontratos hallaréis muy poco que no tenga su fuente en la legislación actual-la española-que es lo más, o en la autoridad de un Código Moderno, en especial el francés, o en la doctrina de alguno de los más eminentes jurisconsultos». La teoría de las obligaciones es quizás la parte que menos ha variado de la ciencia legislativa; para algunos jurisconsultos ella representa la parte inmutable del Derecho Civil y tiene gran importancia, porque establece los principios fundamentales que tienen aplicación en los contratos, que son la fuente principal de las obligaCiones y en los cuales juega un rol preponderante la libre voluntad de los individuos, ya que los contratos, por regla general, se perfeccionan por el solo consentimiento. En el Derecho Romano, se encuentran los principios fundamentales de todo este cuerpo de doctrina. En tiempo de Justiniano, los jurisconsultos romanos juntaron las principios en virtud de los cuales se habían dictado las decisiones del Digesto, al final de esta colección, bajo los títulos De verborum signifícatione et de regulis jurís; pero esas proposiciones no están debidamente clasificadas y algunas son obscuras y difíciles de conciliar entre Sl. En el siglo diez y ocho algunos jurisconsultos notables, entre otros, los franceses Domat y Pothier, hicieron grandes trabajos sobre la base de las leyes romanas y prepararon abundantes materiales que aprovecharon los autores del Código Civil francés, que nuestro legisLador siguió tan de cerca en la redacción del Código Civil Chileno. El derecho moderno, principalmente desde la publicación del Código Alemán, tiende a innovar en algunas materias los principios tradicionales de esta parte de la legislación. índice

CAPITULO PRIMERO NOCION DE LA OBLIGACION.-GENERALIDADES 1. Definición.-No define el Código Civil lo que se entiende por obligación; sólo precisa sus elementos esenciales en diversos artículos y establece su objeto en el 1460, que dice que toda dec1aración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer; y que el mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Siendo el contrato la causa más frecuente de las obligaciones, el Código ha tomado como tipo la que proviene del contrato, y definió a éste en el artículo 1438. También ha definido, en el artículo 578, lo que es el derecho personal que va envuelto en toda obligación. La obligación puede definirse así: «Un vínculo de derecho entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una parte queda ligada respecto de otra, para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas~. Justiniano, en las Institutas, definía la obligación: «Obligatio est juris vinculum, qua necessitate adstringímur alicujus solvendi reí, secundum nostrae civitatis jura». Decimos que la obligación es un vínculo, porque establece relación entre dos o más personas, limitando la libertad de la una en favor de la otra. Por falta de ese vínculo, es nula la obligación contraída bajo una condición potestatiya que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga (art. 1478). Añadimos de derecho, porque aquí no se trata de deberes morales o de simple conciencia, sino de relaciones jurídicas perfectas, respecto de las cuales tiene ordinariamente cabida la coacción externa. Son indispensables dos o más personas,

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porque de otro modo sería imposible la relación o vínculo; esas personas se llaman acreedor la una y deudor la, otra. Estas mismas personas deben ser determinadas, y en ésto consiste la diferencia específica entre el sujeto pasivo de un derecho personal y el de un derecho real, pues el primero es siempre una determinada persona, mientras que el segundo lo constituye la generalidad de las personas, que deben respetar el derecho del propietario, absteniéndose de toda turbación en su contra. El objeto de la obligación es el que una parte tenga que dar, hacer o no hacer alguna cosa en favor de otra, siendo de advertir que esta clasificación comprende todas las categorías posibles de obligaciones y qUt> tiene verdadera importancia práctica, como se verá más adelante ~. tratar del efecto de las obligaciones. La palabra oblígaci6n viene del latín obligare, quedar ligado. Tiene esta palabra varias acepciones. Suele emplearse para designar ciertos efectos públicos, y como equivalente del instrumento mismo del crédito. La acepción vulgar más extendida de esta palabra es aquella que le da un sentido restringido, según el cual, obligación, sería 10 mismo que deuda. Aquí prescindimos de estos Significados, para atenemos al sentido legal, según el cual, la obligación abarca la relación entera que se establece entre el deudor y el acreedor con respecto a la cosa debida. Así considerada, la obligación se llama crédito respecto del acreedor, y deuda respecto del deudor; razón por la cual el Código, en su artículo 578, hace equivalentes las expresiones crédito y derecho personal. Las personas que intervienen en el mecanismo de alguna obligación toman el nombre de partes, pudiendo cada parte ser una o muchas personas. (Art. 1438 del Código Civil). La gran división de los derechos patrimoniales, que domina todo el Código Civil es, en reales y personales. Ya hemos estudiado en el Primer Año los derechos reales; nos toca ahora estudiar los personales que van envueltos en toda obligación. En otros términos, el estudio de las obligaciones importa el estudio de los derechos personales, que son la materia propia de este año. De los derechos personales nacen las acciones personales. (Art. >

578). 2. Elementos constitutivos de toda obligación. - Los elemen-

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tos constitutivos de toda obligación son tres: acreedor, dhJdor y cosa d!ebida u objeto. El acreedor es el sujeto activo de la obligación; en otros términos, en él residen el derecho personal y la acción correspondiente. Este sujeto es idéntico en el derecho real y en el personal, porque siempre debe ser una persona determinada; se diferencian fundamentalmente en que el derecho que tiene el acreedor es un simple derecho a la cosa, jus ad rem, esto es, la facultad de compeler al deudor a que le haga la prestación que le debe, pero no se hace dueño de la cosa sino mediante la tradición o entrega; mientras que el propietario tiene. un derecho sobre la cosa, jus in re, que todos deben respetar y no sólo una o varias personas determinadas, como ocurre en el derecho rerscnal. La palabra acreedor procede del latín creditor, el que presta fe, porque realmente el acreedor presta fe a su deudor; tiene confianza de que cumplirá su compromiso. Esto no impide que en muchos casos el acreedor adqUiera el derecho sin necesidad de acto alguno de su parte que signifique confianza en el deudor, como ocurre en los créditos que adquiere a causa de un hecho lícito o ilícito de otra persona. El segundo elemento de la obligación es el deudor. En el derecho personal, es siempre una persona determinada, al revés de lo que sucede en el derecho real, en el cual no hay sujeto pasivo determinado, puesto que él existe sin respecto a determinada persona. (Arts. 577 y 578 del CódigO Civil). Se llama deudor el que está obligado a dar, hacer o no hacer alguna cosa, en virtud de un contrato, cuasi-contrato, delito o cuasidelito o de una disposición legal, y que puede ser apremiado en justicia, a dar o hacer 10 que debe, o a deshacer lo hecho. El tercero y último de los elementos que constituyen la obligación es el objeto de la misma, o cosa debida. Objeto de una obligación es la cosa que el acreedor tiene derecho a exigir del deudor. En términos generales, el objeto de las obligaciones consiste en un hecho, el cual se divide en positi¡;o y negativo: el de la primera especie se denomina también prestación, y el de la segunda, abstención. La prestación, a su vez, consiste en algo que se tiene que dar o hacer; la abstención, sólo en algo que debe no hacerse. Tenemos, entonces, tres clases de obligaciones: obligaCiones de dar,

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obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Como ya lo insinuamos, este estudio del objeto de las obligaciones tiene-mucha importancia, porque, además de servir para clasificarlas, determina los efectos del no cumplimiento de la obligación, que varían según se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Hay que tener presente que obligaci6n no es lo mismo que contratrato, aunque el Código, sin llegar a confundir ambas cosas, las estudia en conjunto y hace que aparezcan casi borrados los límites que las separan. Obligaci6n es toda relación jurídica en virtud de la cual una parte tiene que dar, hacer o no hacer alguna cosa en favor de otra; el contrato sólo contempla las relaciones que proceden del concurso c!e voluntades. Las obligaCiones provienen de diversas fuentes; el contrato es una de esas fuentes. La obligación es el todo; el contrato, una de las partes de ese todo. En otros términos: la obligación es el género; el contrato, la especie. 3. Transmisibilidad y transferencia de las obligaciones.-La obligación es un vínculo entre el acreedor y el deudor, que subsiste hasta que la obligación se extingue por el pago u otro de los medios legales. En caso de muerte del acreedor o deudor, el vínculo no se extingue, sino que pasa a los herederos de uno y otro, como continuadores de la persona del difunto, salvo ciertos casos de excepción que más adelante estudiaremos. En otros términos, las obligaciones, por regla general, son transmisibles por causa de muerte, consideradas activa y pasivamente. Cualquiera que sea la fuente que las origine ellas pasan a los herederos del deudor, que al aceptar su herencia suceden en todas sus cargas, quia qui contrahendo se obligat, rwn tantum se, sed etiam hreredes suos obligat; y recíprocamente los herederos del acreedor suceden en todos los derechos trasnsmisibles del difunto, quia qui contrahit, rwn tantum sibi, sed etiam suis hreredibus prosPicere velle intelligitur.

La transmisión se efectúa a favor del heredero, con todas las garantías accesorias de fiánza, hipoteca o prenda y con los privilegios de la obligaCión. «Las preferencias de la primera clase, dice el arto 2487, del título

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De la prelación de créditos, a que estaban afectos los bienes del deudor

difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que este haya aceptado con beneficio de inventario, o que los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados». «La misma regla se aplicará a los créditos de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o de separación, y s610 la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios». Al trasmitirse por causa de muerte la obligación, por regla general, cuando hay varios herederos se divide, tanto activa como pasivamente, en cuotas proporcionales al interés de los herederos. Se divide considerada como crédito, porque los asignatarios a título universal suceden al difunto en sus derechos trasmisibles, sólo en la cuota que les corresponde, como la mitad el tercio o quinto (art. 951). Y considerada como deuda, conforme al arto 1354, que dice: , y este mismo principio repite el arto 2338, al tratar del contrato de fianza, cuando dice: , el acreedor no podía ejercer su acción sino una sola vez. En tiempo de justiniano se suprimió para las obligaciones solidarias el efecto de la clitis contestatio". b) Hemos visto que cualquiera de los codeudores solidarios puede ser obligado al pago total de la deuda, y que mediante ese pago, se extingue la obligación de todos respecto del acreedor. El mismo efecto se produce si el codeudor requerido extingue la obligaci6n por alguno de los medio.! equivalente.! al pago. Si se conviene, entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios, una novaci6n, siendo ella un medio de extinguir las obligaciones, liberta a los otros codeudores solidarios respecto del acreedor, a menos que accedan a la obligación nuevamente constituída (art. 1519 y 1645). Pero cuando la segunda obligaci~n consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeuclores solidarios podrán ser obligados hasta conéurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen (art. 1646). e) El codeudor solidario demandado puede oponer al acreedor la compensaci6n por el total del crédito, siempre que él a su vez sea acreedor del demandante; pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho (arts. 1520 y 1657). Si se verifica la compensación, es como si el codeudor demandado hubiese efect'ivamente pagado; y en consecuencia, la deuda queda extinguida y los demás codeudores libres respecto del acreedor, en virtud del pago hecho por compensación.

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Pero, téngase presente que aunque la compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores, cuando las deudas reunen las calidades legales (art. 1656), el codeudor debe oponerla, esto es, debe alegarla, para que el juez constate o declare una compensaci6n, que de otro medo i-;-noraría. d) El acreedor puede condonar el crédito, y los efectos de la condonación son diversos, según se trate de una condonación total o de una condonación parcial. Si se trata de una condonación total, todos los codeudores quedan libres no s6lo respecto del acreedor, sino también en las relaciones jurídicas entre ellos mismos. Si se trata de una candona~ión parcial, esto es, de la condonación de la cuota de uno de los codeudores, el acreedor no podrá después ejercer la acción solidaria contra los otros codeudores.. sino con rebaja de la cuota que correspondía al primero en la deuda (art. 15 J8). e) Por 10 que toca a la prescr ipción, la ley dispone que la interrupción que obra en perjuicio de uno de varios codeudores solidarios perjudica a los otros, a menos que se haya renunciado la solidaridad en los términos del arto 1516 (art. 2519). Este efecto de la solidaridad fué introducido por ]ustiniano, por razones de utilidad práctica. Obsérvese que el arto 2519 habla de interrupción, y no de suspen$i6n de la prescripci6n, porque la suspensión es un beneficio especial concedido por la ley a determinadas personas y que no obra en favor de otras. f) En caso de culpa o de mora, la ley establece una regla especial. Dice el artículo 1521: «Si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acci6n de los codeudores contra el culpable o moroso. Pero la acción de perjuicios, a que diere lugar la r.ulpa o mora, no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso:.. Como se ve, la ley distingue el precio, de los perjuicios producid~. La culpa de uno de los deudores es mirada como culpa de todO$ para el efecto de responder del precio al acreedor, pero no para responder de los perjuicios; y la mora de uno de ellos produce efecto respecto

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de todos, en cuanto los hace responsables del precio, aunque no de loe perjuicios. Esta dispo..seen en comunidad la cosa hipotecada, la acción debe dirigirse contra todos ellos. Así, constituída una hipoteca por el marido durante la sociedad conyu. gal sobre un bien ganancial, si fallece la mujer, el acreedor hipotecario debe dirigir su acción, no sólo contra el marido, sino también contra las herederos de la mujer; porque al fallecimiento de ésta pasaron a ser poseedores de la propiedad hipotecada, el marido y los herederos de la mujer, en común y pro-indiviso, por ministerio de la ley. 2:' Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de [os rodeudores que lo posee es obligado a entregarlo (N.o 2.° del arto 1526). Esta disposición se refiere al hecho material de la entrega de la especie o cuerpo cierto que se debe, y no a la obligación de transferir 4a propiedad de la cosa, la cual puede cumplirse por partes. Aunque la especie o cuerpo cierto que se debe sea por su naturaleza, divisible, el hecho de la entrega al Rcreedor debe hacerse únicamente por el rodeudor que 10 p:>see, o sea, es indivisible, porque el aspecto bajo el cual se considera la obligación no la hace susceptible de ejecuct6n parciaL En caso de herencia, la deuda que el testador tenía de un cuer{X> .l1feterminado pes~ totalmente sobre aquel heredero a quien en la pet-

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tición correspondió el objeto debido. Si el acreedor tuviera que dirigirse contra los demás herederos, estos se verían obligados a su vez a reconvenir al heredero poseedor, y de ahí resultaría un círculo inútil de acciones. En este caso de la entrega material de la especie o cuerpo cierto que se debe, se ve claramente que se trata de una indivisibilidad en cuanto al cumplimiento o pago de la obligaci6n.. 3. o cAquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva)' solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor~, (N. o 3. del artículo 1526). Supongamos el caso corriente de varios herederos a quienes se ha transmitido la obligación del testador, de entregar una cosa divisible. Si esa cosa divisible perece por hecho o culpa de uno de los herederos, éste queda obligado a una indemnización total en favor de! screedor, porque el daño causado es obra de su hecho personal, y cada uno es responsable de sus hechos propios. A ese heredero culpable no le queda recurso alguno contra sus coherederos; o sea, él responde ~cl.w;ivamente, y los demás quedan libres, como lo hubiera quedado el mismo difunto, por la pérdida o deterioro que sufre la cosa sin culpa de su parte. Los herederos responden de los hechos y deudas del difunto, mas no de los hechos personales de sus coherederos. La palabra solidariamente no está empleada con propiedad en la disposición que estudiamos. El legislador quiso decir totalmente· no cabe solidaridad pasiva cuando el deudor es una sola persona. 4.- «Cuando por testamento, por convención entre los herederos o por la partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de la deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra ~te heredero, por el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos, por la parte que le corresponda a prorrata. Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aún por los herederos del deudor, cada .uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos, para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento. Pero si los herederos del acreedor no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda sino a prorrata de sus cuotas}, (N. 4.· del arto 1526). 0

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Por el hecho del fallecimiento del deudor, se opera inmediatamente y de pleno derecho la división de la deuda entre los herederos, a prorrata de sus cuotas hereditarias. Este principio general puede sufrir ciertas modificaciones, ya por voluntad expresa del testador, ya por convenci6n de los herederos. El difunto, en su testamento, ha podido imponer a uno de los herederos la obligación de pagar el total de la deuda y gravarlo en definitiva con dicho pago, privándolo de recurso contra sus coherederos. siempre que esto no afecte a la parte que por asignación forzosa carresponda a ese heredero. El acreedor verá si le conviene más dirigirse contra ese heredero por el total. o contra cada uno por su cuota. Este mismo principio aparece expresamente contemplado en el arto 1358. que dice: «Si el testador dividiere entre los herederos las deudas hereditarias de diferente modo que el que en los artículos precedentes se prescribe. los acreedores hereditarios podrán ejercer sus acciones o en conformidad con dichos artículos o en conformidad con las disposiciones del testador, según mejor les pareciere. Mas, en el primer caso. los herederos que sufrieren mayor gravamen que el que por el testador se les ha impuesto, tendrán derecho a ser indemnizados por sus coherederos:.. También el deudor ha podido estipular en vida. con su acreedor. que el pago no pudiera hacerse por partes, ni aún por sus herederos; y cada uno de los herederos puede ser obligado entonces a pagar el total de la deuda. Pero en este caso de estipulación por acto entre vivos, el deudor no puede privar a su heredero. del recurso centra los otros coherederos. por la cuota que a ellos corresponda en definitiva en la deuda, porque eso importaría un pacto sobre la sucesión futura de una persona, cosa que la ley prohibe. Los herederos pueden también durante la partición convenir en que uno de ellos pague el total de la deuda; y esta convenci6n obligatoria para los herederos en nada daf,a al acreedor, pues lo deja en libertad de optar por el derecho que la ley le confiere, de pedir a cada heredero su cuota en la deuda, o bien, por el derecho que le confiere la convención de los herederos, de cobrar a uno de ellos el total de la deuda. Como se ve, la disposición testamentaria del deudor o el convenio de los herederos pueden mejorar la condición del acreedor; pero en nin-

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gún caso pueden privarlo de los derechos que la ley le concede, de exigir a cada heredero la parte correspondiente a su cuota. También repite este principio el arto 1359, al tratar del pago de las deudas hereditarias. 5." "Si se debe un terreno o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros, para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera sino intentando su acción conjuntamente> , (N.O 5.°, del arto 1526) Hemos visto en el N. ° 2." del arto 1526 que cuando se trata de la deuda de una especie o cuerpo cierto, el codeudor que la posee es obligado a entregarla. Veamos ahora lo que ocurre en una obligación de género. La obligación de género, por su naturaleza, divisible, puede también convertirse en indivisible para los efectos de su cumplimiento. Si se debe un terreno, que es cosa genérica manifiestamente divisible, o cualquiera otra cosa indeterminada, y hay varios codeudores, por regla general cada uno será obligado sólo a su parte; pero puede ocurrir que la división de la cosa, esto es, su cumplimiento parcial, cause grave perjuicio al acreedor, y entonces la obligación pasa a ser indivisible para los efectos de su cumplimiento, y el acreedor puede eXigirla por entero de cualquiera de los codeudores. Para resolver este punto, hay que estudiar si la naturaleza de la obligación contraída, si el fin a que se destina la cosa objeto de la obligación, y si la intención de las partes al celebrar el contrato excluyen la idea de división de la obligación, o sea (dentro de los términos de la ley), si la división causa grave perjuicio al acreedor. En estos casos la obligación no puede cumplirse por partes. Así, si yo me obligo a entregar diez mil metros cuadrados de terreno, dentro de ciertos límites, para que se construya una fábrica, y yo fallezco, mis hijos no podrán pedir que la deuda se divida. Es cierto que se trata de una obligación divisible; pero la intenci6n del contrato excluye la idea de división, porque ella causaría grave perjuicio al acreedor. Cada uno de mis hijos podría ser obligado a entenderse con los otros para el pago de

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CAPITULO XII DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES Y PRIMERAMENTE, DE LA SOLUCION O PAGO EFECTIY0. 131. Generalidades.-El estudio de los elementos esenciales qt:e constituyen las obligaciones, sus diversas especies y los efectos jurídicos que producen, ya entre los contratantes ya respecto de terceros, importa la determinaci6n de los principios fundamentales que rigen los distintos modos de extinguir las obligaciones, de los cuales nos ocuparemos en este capítulo y en otros que le siguen. Toda obligación puede extinguirse por una converción en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de 10 suyo. consientan en darla por nula. Esta convenci6n o consentimiento mutuo de las partes para dejar sin efecto la obligaci6n se llama resiliación; y decimos para dejar sin efecto la ob1i~aci6n, y no para darla por nula, como dice el arto 1560, pues esta última frase es impropia, ya que su objeto es deshacer, por· acuerdo de las mismas partes, un acto v,~lido que celebraron. El acuerdo para dejar sin efecto una obligaci6n supone también que ésta no. ha sido cumplida, porque una vez que se encuentra definitivamenteejecutado el acto o contrato, ya no procede suspender sus efectos, sino realizar otro nuevo. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1." Por la solución o pago efectivo; 2." Por la novación; 3." Por la transacci6n; 4. o Por la remisión; 5.° Por la compensación;

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Por la confusión; Por la pérdida de la cosa que se debe; Por la declaración de nulidad o por la rescisión; Por el evento de la condición resolutoria; y 10 Por la prescripción (art. 1560). Los modos de extinguir las obligaciones antes enumerados pueden clasificarse en tres grupos, segl1n los caracteres comunes que algunos de ellos presentan. 1ero grupo.-Lo forman aquellos modos de extinguir las obligaciones en virtud de los cuales el acreedor queda satisfecho, bajo una forma u otra, ya recibiendo el pago efectivo de la obligación, ya recibiendo algo que equivale al pago; y son: la solución o pago efectiva; la novación; la compensación; y la confusión. 2. ° grupo.-Lo f-orman aquellos modos que producen la extinción de la obligación, sin que el acreedor sea recompensado en alguna manera, y son: la remisión, la Pérdida de la cosa que se debe, y la prescripción. El modo de extinguir las obligaciones, llamado pérdida de la cosa que se debe, considerado en un sentido amplio, comprende todos los casos en que hay imposibilidad de cumplir la obligación. 3er. grupo.-Lo forman aquellos modos que extinguen las obligaciones, atacando la fuente misma de donde ellas derivan, de manera que el deudor queda libre porque el contrato o el acto de donde nace su deuda ha sido destruído o borrado; y son la convención en que las partes interesadas consientan en darla por nula, o sea, en dejarla sin efecto; la declaración de nulidad o la rescisi6n; y el evento de.la condici6n resolutoria. Tiene sus caracterfsticas propias y especiales la transacci6n, que no figura en ninguno de los grupos anteriores. Hay que considerar también otros medios de extinguir las obligaciones, no enumerados en el arto 1560, pero que provienen de la naturaleza especial de algunos contratos. a) La voluntad de una sola de las partes contratantes, debidamente manifestada, puede poner término a algunas obligaciones, como en el arrendamiento sin término fijo, en que cualquiera de las partes puede hacerlo cesar, mediante desahucio dado a la otra, (art. 1951); en el

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contrato de sociedad sin duración determinada, en que un socio puede renunciar (art. 2108); en el mandato, que puede terminar por la revocación del mandante y por la renuncia del mandatario (art. 2163); . b) La exPiración del plazo estipulado, en ciertos contratos de cumplimiento sucesivo, como el arrendamiento y la sociedad (arts. 1950 y 2098); c) La muerte de una de las partes, como ocurre en la sociedad (art. 2103); en el mandato (art. 2163); en el comodato (art. 2180); Y en la renta vitalicia (art. 2264). 132. Del pago efectivo en generaI.-EI pago efectivo es la prestación de 10 que se debe (art. 1568). En otros términos, es la satisfacción de lo que el deudor debe dar o hacer. Aunque en el lenguaje vulgar la palabra pago se aplica al cumplimiento de una obligación de dar, y a veces, restringiendo más su significado, se aplica sólo a la entrega de una suma de dinero, aquí al tratar de las obligaciones, entendemos por pago el cumplimiento de una obligación, sea de dar o hacer. Así, si una persona se obliga a ediflcarme una casa, la construcción de ella es el pago de la obligación. El Código emplea indistintamente las expresiones «pago de la obligación»; «prestación de lo que se debe» y «cumplimiento de la obligaCión». . Pagar viene del latín pacare, que significa apaciguar, esto es, dar satisfacción al acreedor. Nuestro Código emplea como sinónimas las palabras :;olución o pago. La palabra solución viene del latín solvere, que significa desligar. y se llama solución, porque desliga o pone término al vínculo que unía al deudor con el acreedor, lo que se verifica una vez que el acreedor ha recibido satisfacción del deudor. La ley habla de pago efectivo, porque la extinción de la obligaCión sólo tiene lugar cuando el deudor realmente cumple 10 que está obligado a dar o hacer. Siendo el pago un modo de extinguir las obligaciones, supone una deuda, un vínculo obligatorio existente entre el acreedor y el deudor. En consecuencia, el pago no es válido si no existe una deuda que tenga que extinguirse; y el que ha pagado por error una deuda que no existe

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tiene derecho para repetir lo pagado. Si se trata de una obligación natural, aunque no produzca pleno efecto civil, no obstante, verifica... do el pago queda autorizado el acreedor para retener 10 pagado (artículos 2295 y 2296). El pago constituye un acto jurídico, que produce el efecto de extinguir en todo o parte la obligaci6n contraída, y su prueba se rige por las reglas generales aplicables a todos los actos jurídicos, no admitiéndose la prueba de testigos para acreditar la entrega o pago de UI'l6 cosa que valga más de doscientos pesos (art. 1709). En ciertos casos, para facilitar la prueba, la ley presume que se ha efectuado el pago, y esta presunci6n, que es simplemente legal, sirve al interesado para ahorrarle la prueba. Así, en los pagos periódicos, v. gr.: en las rentas de un arrendamiento, el pago de tres períodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períoqos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos, acreedor y deudor. (art. 1570). Cuando se deben intereses, si el aCreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados (artículo 1595, inciso 2.°). Se presume también verdadero el pago certificado en un proceso por un ministro de fe, a virtud de orden del tribunal competente (art. 429 del C. de P. C.). En materia comercial, el finiquito de una cuenta hace presumir el de las anteriores, cuando el comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas en período fijo (art. 120 C. C.). Finalmente, hay una regla especial sobre la prueba del pago del precio de una compraventa y es que «si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificaci6n de la escritura, y s610 en virtud de esta prueba habrá acci6n contra terceros poseedores (art. 1876). Por lo tocante a los gastos que ocasionare el pago, ellos serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de 10 estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales (art. 1571). Como el deudor debe cumplir su obligación, es de interés suyo proporcionarse las pruebas necesarias para rechazar en lo sucesivo cualquiera gesti6n que contra él mismo se hiciere; y por tanto corren de $U cuenta todos los

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gastos que el pago ocasionare, sea que se trate de la escritura pública de recibo, o del pago de contribuciones, o de otros actos accesorios, v. gr.: la cancelación de la hipoteca que garantiZa la deuda. Vamos a estudiar ahora los requisitos para que el pago sea válido, de manera que el deudor quede exonerado. Estudiaremos: «Por quién puede hacerse el pago» Quis; «A quién debe hacerse el pago» Quinam persolvet; «Qué es lo que se ha de pagar» Quid; «Dónde debe hacerse el pago», Ubi; «Cómo debe hacerse el pago» Quomodo; «Cuándo se ha de hacer el pago» Quando. 133. Por quién puede hacerse el pago. Quis?-Siendo la obligación un vínculo jurídico que une al deudor respecto del acreedor, es evidente que en primer término corresponde al deudor efectuar el pago de la obligación; es él la persona naturalmente llamada a hacer el pago. Se entiende por deudor, no sólo la misma persona natural que contrajo directamente la obligación, sino su mandatario o representante legal, y sus herederos, que son continuadores de la persona del testador. La ley admite además, en principio, que cualquiera pérsona puede pagar por el deudor, porque al acreedor, por regla general, poco le importa quien le entrega la cosa, con tal que le sea entregada; y por tanto, obliga al acreedor a recibir el pago de cualquiera persona, excepto si se trata de una obligación de ~acer, la cual, atendida su naturaleza, exige ordinariamente que sea cumplida personalmente por el deudor. Así, si un pintor se ha obligado a hacerme un retrato, no puede hacerlo ejecutar por otro contra mi voluntad. Este principio aparece reconocido en el arto 1572, que dice: «Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, y aún apesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor». Puede, pues, pagar por el deudor una persona interesada en la extinción de la deuda, como el codeudor, o el fiador, o el poseedor de un inmueble hipotecado, y aún puede hacerlo una persona que no tenga interés alguno, ni mandato del deudor, y aunque proceda sin su conocimiento, o contra su voluntad. 13

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Por cualquiera de esas personas que se efectúe el pago, el deudor queda libre y la deuda extinguida, con todas sus fianzas, prendas e hipotecas. Pero en las obligaciones de dar, para la validez del pago en que se ha de transferir la propiedad de una cosa, se requieren dos condiciones: a) Que el que paga sea dueño de la cosa que se da en pago, o que la pague con el consentimiento del dueño; b) Que el que paga sea capaJz de enajenar con arreglo a la ley, o sea, que tenga facultad de enajenar. Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño, o no tuvo facultad de enajenar (art. 1575). El pago que un tercero hace por el deudor, puede ser de tres maneras: l. o con la voluntad expresa o t6cita del deudor, en cuyo caso el que paga queda subrogado, por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los derechos de éste, es decir, en todas sus acciones, privilegios, prendas e hipotecas (arts. 1610 y 1612); 2. o sin conocimiento del deudor, y en este caso, el que paga no se entiende subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue. El que paga en esas condiciones sólo pretende liberar al deudor, extinguir la deuda; y eso no ocurriría si mediara subrogaCión, porque en virtud de ésta, el tercero que paga queda en lugar del acreedor y puede ejercer contra el deudor la misma acción que tenía el acreedor primitivo, con todos sus privilegios e hipotecas. Para que haya subrogación, es menester que el deudor consienta expresa o tácitamente en el pago que hace el tercero. No mediando conocimiento del deudor, el tercero que paga por él no puede entablar contra el deudor la acción correspondiente a la obligación extinguida por su pago; pero tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado: tiene una nueva acción como negotiarum gestor, por haber desempeiíado un negocio del deudor (art. 1573). Este derecho es para el simple reembolso de la suma pagada al acreedor, y no podría por tanto cobrar intereses; y 3. o Contra la voluntad del deudC}r. En este caso, el que paga no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el

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acreedor le ceda voluntariamente su acción (art. 1574). Este es un caso especial de excepción, porque en principio, el que paga por otro tiene recurso contra el deudor liberado. 134. ¿A quién debe hacerse el pago? ¿Quinam perso[vet?-Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo, o al representante del acreedo.r, o a la persona que la ley autoriza para recibir, o a la persona designada por el juez, o al poseedor del crédito (art. 1576). El pago hecho a persona distinta de las indicadas es nulo, y no liberta al deudor, el cual queda obligado a pagar de nuevo al acreedor. El que paga mal paga dos veces, dice un antiguo adagio. Por excepción, el pago hecho a una persona diversa de las ya expresadas es válido, si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, porque la ratificación equivale a un mandato con efecto retroactivo. De manera que cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como válido desde el principio. Igualmente es válido el pago a persona incompetente, si el que ha recibido el pago sucede en el crédito como heredero del acreedor o bajo otro título cualquiera, porque en estos casos adquiere la calidad de acreedor, y la cancelación que había otorgado produce su efecto con retroactividad (art. 1577). Veamos ahora los distintos casos de las personas a quienes puede hacerse válidamente el pago: 1.° Al acreedor mismo.-Se entiende por acreedor, para los efectos de la validez del pago, no sólo el acreedor primitivo, a cuyo favor se contrajo la obligación en un principio, sino también todos los que le hayan sucedido en el crédito, ya a título universal, como en el caso del heredero, ya a título singular, como en los casos del legatario y del cesionario del crédito (art. 1576). Pero no siempre el acreedor tiene capaCidad para recibir el pago, y en efecto, el pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes: a) Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, v. gr.: en la extinción de una deuda, o en la adquisición de algún bien raíz que conserve su valor, y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al arto 1688, porque es un principio funda-

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mental de Derecho que nadie puede enriquecerse· injustamente a expensas de otro; b) Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago. El crédito embargado no puede ser compensado en perjuicio del embargante (art. 1661), ni es objeto lícito para una enajenación (art. 1464 N.O 3). e) Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso (art. 1578). d) Si se trata de un pagaré u otro documento a la orden, transferible por la vía del endoso, no es válido el pago hecho al acreedor, si él ya lo había endosado a un tercero (art. 164 del C. de Comercio). 2. o Al representante del G;creedor.-La representación nace de la ley o de la voluntad de las P51rtes; de manera que por el acreedor pueden recibir el pago su representante legal o su mandatario. a) El representante legal del acreedor.-Reciben legítimamente los tutores y curadores por sus respectivos representados; los maridos por sus mujeres, en cuanto tengan la administración de los bienes de éstas; los padres de familia por sus hijos, en iguales términos; los recaudadores fiscales o de comunidades o establecimientos públicos, por el fisco o las respectivas comunidades o establecimientos. También pueden recibir los albaceas que tuvieren este encargo especial o la tenencia de los bienes del difunto, y las demás personas que por ley especial o decreto judicial estén autorizadas para ello (art. 1579). El curador ad litem, en su calidad de curador especial para un negocio determinado, como es la repreentación en juicio, no puede recibir válidamente el pago. b) El mandatario del acreedor. La diputación o mandato para recibir el pago puede conferirse de tres maneras: por poder general para la libre administración de todos los negocios del acreedor, o por poder especial para la libre administración del negocio o negocios en que está comprendido el pago, o por un simple mandato comunicado al deudor (art. 1580). En cuanto a la capacidad del mandatario establece la ley que puede ser diputado para el cobro y recibir válidamente el pago, cualquiera persona a quien el acreedor cometa este encargo, aunque al tiempo de conferírsele no tenga la administración de sus bienes ni sea capaz de

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tenerla. Pero la persona diputada se hace inhábil para recibir, por muerte civil! demencia o interdicción, por haber pasado a potestad de marido, por haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos; y en general, por todas las causas que hacen expirar un mandato (arts. 1581 y 1586) Véase arto 2128. El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no lo fac'Ulta por si solo para recibir el pago de la deuda; es menester poder especial para percibir (arts. 1582 de! Código Civil y 8 del de Procedimiento). La facultad de recibir por el acreedor no se transmite a los herederos o representantes de la persona diputada por él para este efecto, a menos que 10 haya expresado así el acreedor (art. 1583). El acreedor puede en cualquier momento revocar libremente el mandato o diputación para recibir; pero la persona designada por ambos contratantes para recibir no pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor; e! cual, sin embargo, podrá ser autorizado por el juez para revocar este encargo, en todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse a ello (art. 1584). Si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo o a un tercero, el pago hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor prohibir que se le haga e! pago al tercero, a menos que antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor, o que pruebe justo motivo para ello (art. 1585). 3.° A la persono: q,ue la ley autoriza. El acreedor prendario de un crédito puede percibir válidamente los intereses que este devenga durante el tiempo pe la prenda, e imputarlos al pago de su deuda (artículo 2403). 4.° A la persona designada por el juez.-En caso de ejecución seguida contra el acreedor, puede embargársele el crédito por un :tercero, y éste pedir una orden judicial para que el deudor le pague. En este evento, la persona que recibe el pago del crédito no es el acreedor propio de la obligación, sino el acreedor del acreedor. También en conformidad al Texto de las leyes del trabajo, de 28 de Mayo de 1931, puede el juez del trabajo decretar que perciba válidamente la mujer casada el 50% del salario del marido, declarado vicioso y la madre de familia, el salario de los hijos menores (art. 38).

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5.° Al poseedor del crédito.--EI pago hecho de buena' fe a la persona que estaba entonces en posesi6n del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía (art. 1576). Así, si muere el acreedor y uno de sus parientes obtiene la posesi6n de la herencia, en virtud de un testamento cuya revocaci6n ignoraba, ese heredero aparente, que no es en realidad heredero, puede, como poseedor de buena fe, recibir válidamente el pago del crédito, aunque después se presente el heredero verdadero, porque possessor pro domino habetur. Esto lo exige también la equidad, porque el deudor tuvo justo motivo para considerarlo como su acreedor propio. La exigencia fundamental de la ley en este caso es que el pago sea hecho de buena fe. Pero para que el pago sea válido, se requiere que la persona que lo reciba sea realmente poseedor del crédito, y no basta la mera tenencia. Conviene tomar nota de que las leyes sociales últimamente dictadas introducen algunas modificaciones en lo relativo a la capacidad para recibir los pagos de remuneraciones o salarios. Así, la mujer casada y el menor de edad pueden recibir válidamente el pago de sus salarios, sin intervenci6n de sus representantes legales. (Texto de las leyes del Trabajo, de 22 de Mayo de 1931). 135. ¿Qué es lo que se ha de pagar? Quid.?- El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligaci6n; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. En otros términos, el deudor debe entregar al acreedor la cosa específica, que constituía el objeto de la obligaci6n. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida: Aliud pro alio, invito c~editore, solvi non potest. (Art. 1569). Pero, si el acreedor acepta voluntariamente recibir en pago una cosa distinta de la que se le debía, se verifica entonces una dación en Pa.go, que extingue la obligaci6n (art. 2382). Las obligaciones modales pueden en ciertos casos cumplirse por equivalentes (art. 1093); las condicionales, deben cumplirse literalmente (art. 1484). En las facultativas, el pago puede hacerse con otra cosa, (art. 1505). Si se trata de una deuda de dinero, el deudor debe pagar la suma numérica enunciada en el contrato; y debe pagarla en moneda corriente, no pudiendo hacerla en otros valores, aunque tengan mayor estimaci6n

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en el mercado; salvo que se haya estipulado expresamente que se hará e! pago en otra moneda determinada (art. 68 del Decreto Ley N.O 486). Salvo convención expresa en contrario, podrá darse una clase de moneda por otra, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por ia ley entre las dos clases de moneda; pero el acreedor no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta e!lfmite que leyes especiales hayan fijado o fijaren (art. 2199). Cuando se producen alteraciones en el valor de la moneda, el acreedor puede resultar perjudicado, pues aunque reciba una suma de dinero nominalmente igual a la debida, su valor real o de cambio puede ser mucho menor que el que tenía a la época en que contrajo la obli., gaclon. Según las leyes vigentes el pago de cualquiera obligaCión pública o privada puede hacerse en moneda de oro de valor de seis peniques por pesos, o en billetes del Banco Central, que tienen curso legal ilimitado, y que representan un valor estable de seis peniques por peso. (Decretos-Leyes N.O 486, que creó el Banco Central y N.O 606, que establece el tipo de monedas). La plata menuda o cobre, a que alude el arto 2199, es la llamada moneda de vellón o divisionaria, cuyo valor real es inferior al legal; es de plata y níquel. Hay cuatro tipos de moneda de plata; de cinco pesos, de dos pesos, de un peso y de medio peso; y tres tipos de níquel: de veinte, diez y cinco centavos (arts. 10 y 19 del Decreto Ley N.O 606). Nadie está obligado a recibir en un pago, más de cincuenta pesos en moneda de plata y más de cinco pesos, en moneda de níquel (arts. 14 y 19 de! Decreto-Ley N.O 606). Pero el.?Fisco, y el Banco Central tienen que recibirlas sin límite (art. 17). 136. ¿Dónde debe hacerse el pago? Ubi?-Como en los contratos sirve de ley la voluntad de las partes, el pago de la cosa debe hacerse en el lugar designado por la convención (art. 1587). Si no se ha estipulado lugar para el pago, y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación (art. 1588). La ley presume, en este caso, que los interesados han querido que se realizase la entrega en el lugar en que la cosa estaba cuando la obligaciÓn Se para con el delegante en el mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera (esto es, responde el delegante, que fué el que incurrió en error), quedando a salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado.

173. Requisitos de la novación.-Existencia de una obligación primitiva válida.-Para que haya novación, es necesario: 1. ° que e: ista una obligación primitiva váli:la; 2.° que se cree un3 obligeci'n nueva;

3.° eue haya intención ¿e novar; y 4.° c;ue las partes se2n capaces. Estudiaremcs ordenadamente estos cuatro requisitos. La r.ovacién es un modo de extingir las obligaciones; de modo C[l'e supone como condició:1 previa la existencia de una obligaci~n que pueda extinguirse. Si no existiera un vínculo jurídico anterior, la novación caecería de ol:-jeto. A e:ta prlmcra obligaci5n, cuya existencia es ne~esaria para qL:e haya novación, la llama el Código, obligzción primitira o a!itigua, para distinguirla de la nuew obligación, que nace en virtud del CO:"'.trato de nOV8ción. La obligac:ión ¡::rimitiva ha de ser válida, a 10 menos naturalmente (art. 1(30). Una o!:.Iigación nula, ir.caraz de produ:ir efecto, aún como obligaci6n natural, no puede servir de tase a una novación, ¡::orque la r.ova-:i6n es equivalente al raga, y el pago es nulo cuando no tenía por fundamento ni aún una obligación puramerite natural (art. 2297). Si la obligación primitiva es válida, siquiera como obligaci6n natural, la novación también es válida, porque la obligación natural puede ser pagada voluntariamente por el deudor, y el pago de eUa es perfectamente válido y produce pleno efecto en Derecho. En otros

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términos, una obligación válida, a 10 menos naturalmente, produce efectos jurídicos, y su pago es un pago debido; una obligación que no vale, a lo menos naturalmente, no produce ningún efecto jurídico, y .:>u pago es un pago indebido. En el primer caso cabe novación; en el segundo, no. Recuérdese que una obligación nula de nulidad relativa, contraída por persona que tiene suficiente juicio y discernimiento, vale. como obligación natural (art. 1470, núm. Lo). Decimos que el primer requisito de toda novación es la existencia de una obligación primitiva válida; pero es menester contemplar el caso de que la obligación primitiva sea condicional, esto es, de que sea incierta la existencia de la relación de derecho a que ella se refiere. Aplicando los principios generales, la no', ación queda en suspen':0, sea, es también condicional. Así lo dice nuestra ley: «No ha)' novación mientras está pendiente la condición; y si la condición llega a fallar, o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación. Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato, convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de fa condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes» (art. 1633). 174. Creación de una obligación nueva, distinta de la primitiva.-El contrato de novación tiene por objeto la creación de una obligación nueva que viene a substituir a la antigua; y s i el acreedor consiente en la novación, lo hace porque en virtud de elIa se le satisface con una nueva obligación, y de ninguna manera porque él renuncie gratuitamente a su derecho. La novación extingue una obligación mediante el nacimiento de otra en su reemplazo; y están de tal manera ligadas estas dos ideas, que si no nace la nueva obÚgación, la novación no tiene lugar, y consiguientemente subsiste la primitiva obligación. La nueva obligación, esto es, el contrato de novación que le da existencia, debe ser válida, a lo manos naturalmente (art. 1630). Si el contrato de novación es nulo, queda subsistente y sin variación la obligación primitiva. Si es condicional, la novación queda en suspenso. No hay novación mientras esté pendiente la condición; y si la condición llega a faltar, o si antes de su cumplimiento se extingue

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la obligación antigua, no habrá novación. Es el efecto natural de toda condición. Con todo, si al celebrar el contrato de no~ación condicional, las partes convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin a~rdar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de ellas (art. 1633). Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación, bajo condici6n de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios; y los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieren, la novación se tendrá por no hecha (art. 1651). La obligación debe ser nueva, esto es, distinta de la primitiva. Si las dos obligaciones fuesen idénticas, no habría cambio, o sea no habría novación; a lo más habría un reconocimiento de deuda. La obligación nueva puede ser distinta de la primitiva, por cambio de acreedor, por cambio de deudor, o por cambio de la cosa debida; en otros términos, cuando varía alguno de los elementos que constituyen la obligación, que son: acreedor, deudor y cosa. Respecto al elemento constitutivo llamado la cosa debida, debemos observar que hay novación, aunque permanezca idéntico el objeto, cuando varía la causa de la obligación o la naturaleza del contrato. Así, no es 10 mismo deber una suma de dinero como arrendatario df' una casa, que deberla en virtud de un contrato de mutuo. Si la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores solidarios y subsidiarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen (art. 1646). En otros términos, sólo hay novación parcial en aquello en que las obligaciones se diferencian; en lo demás la obligación permanece igual. No hay diferencia substancial cuando la nueva obligación se limita a imponer una pena para el caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena. Los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena (art. 1647). En este caso sólo se trata de asegurar el cumplimiento de la misma obligaCión antigua, y eso no importa novación, por lo cual la ley ordena expresamente no agravar la responsabilidad de los terceros que la garantizan. Mas, si en el mismo caso anterior, infringida la obligación, es solamente exigible la pena, se enten-

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========================================= derá novaoión, desde que el acreedor exige sólo la pena (porque ha variado el objeto de la obligación), y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas de la obligaCión primitiva, y exonerados los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y m a la estipulación penal (parte final del arto 1647). Para que haya novación, no basta la diferencia que versa sobre los accidentes de la obligación, esto es, sobre cosas que no son esenciales. Quod ad rei esentiam non perlinet. Son meros accidentes de la obligación el lugar y el plazo, porque miran a la manera o al tiempo en que debe ejecutarse la obligación, pero sin afectar a su constitución, o sea, a su esencia. El cambio en esos accidentes no produce novación; la obligación subsiste la misma. Pero como no sería justo agravar la responsabilidad de los codeudores solidarios o subsidiarios, la ley contempla esa situación, para no aumentar su responsabilidad en unos casos, y para hacerla cesar en otros. Veamos esas disposiciones: «La simple mutación de lugar para e! pago dejará subsistentes los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los acreedores solidarios y sub'Sid iarios, pero sin nuevo gravamen (art. 1648). «La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación; pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituídas sobre otros bienes que los de! deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación» (art. 1649). La ley mira como circunstancia grave, respecto de los fiadores, la ampliación del plazo, porque en ese nuevo plazo puede decaer la responsabilidad de! deudor. La ampliaCión del plazo o prórroga supone un convenio entre el acreedor y el deudor, de manera que este último no pueda ser re.:.".:mvenidc, sino vencido el tiempo de la prórroga. El simple retardo del acreedor en cobrar e! crédito no pone nn a la responsabilidad de los fiadores, sino en el caso de que hubiere vencido el plazo de la prescripción extintiva, o que el nadar hubiere requerido al acreed",r para que procediera contra el deudor y apesar del requerimiento retardare el

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cobro; en este caso no será respol1sable el fiador por la insolvencia del deudor sobre venida durante el retardo (art. 2356). c: Tampoco la m-era reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los acreedores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado» (art. 1650). 175. Intención de novar.-Como la novación es un nuevo contrato que reemplaza al antiguo, es requisito fundamental que exista íntenci6n, esto es, voluntad de novar. Sin voluntad, no hay contrato. La renuncia de los derechos que daba la primera obligación no puede depender de un indicio, sino de un hecho cierto; y si bien la ley no exige una declaración con términos sacramentales, a lo menos es necesario que la intención no pueda ser puesta en duda. En otros términos, la novación no se presume; ella debe resultar claramente de la voluntad de las partes. La intención de novar puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando lo declaran formalmente las partes al celebrar el contrato. Es tácita, cuando de la naturaleza del contrato, de las circunstancias, o de los hechos materiales que le sirven de antecedente, aparece indudabLemente que la situación de las partes ha sido novar. Si de los hechos no aparece in:1u:i.ablemenle la intención de novar, el juez no puede admitir la novación. En este caso, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera (art. 1634). 176. Capacidad de las partes.-La novación es un contrato en que el acreedor dispone de su primer crédito, y en que el deudor contrae una nueva obligación; por tanto se requieren para el contrato de novación las mismas condiciones generales de capaCidad que la ley exige para contratar. Hay una regla especial respecto al mandato para la novación: el procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello, o no tiene la libre administración de los negocios del comitente, o del negocio a que pertenece la deuda (art. 1629). 177. Forma y prueba del contrato de novación.-Nada dice la ley respecto a la forma y a la prueba de este contrato. Ellas siguen las reglas generales, y variarán según st"a la naturaleza del contrato.

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Así, será admisible la prueba de testigos para acreditar el hecho de la novación si se trata de una obligación que, por referirse a la entrega o promesa de una cosa que no vale más de doscientos pesos, no ha debido consignarse por escrito (art. 1708 y 1709). 178. Efectos de la novación.-l.o Creación de una deuda y extinción de otra. El efecto fundamental de la novación es crear una nueva obligación y extinguir la primitiva. Es de tal manera necesario que se produzca, y tan ligado está un efecto con otro, que si no se crea la nueva, no se extingue la antigua obligación (art. 1628). Extinguida la primera obligación, esto es, cuando el acreedor ha dado por libre al deudor primitivo, no tiene después acción contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia; a menos que en el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo (art. 1637). 2.° Extinción de los intereses de la primera deuda. La extinción de la primera deuda lleva envuelta la extinción de sus intereses, si no se expresa lo contrario (art. 1640). Se trata de una cosa accesoria que sigue la suerte de la principal. 3." Extinción de los privilegios de la primera deuda.-Los privilegios de la primera deuda se exinguen también por la novación (art. 1641). El alcance de este precepto es que los privilegios, que son las razones de preferencia que tiene un acreedor para el pago de su crédito, no pasan de la primera a la segunda obligación, porque son inherentes a la primera. y esta queda extinguida. 4. () Extinción de la obligación de los codeudores solidarios o subsidiarios.-La novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a la nueva obligación (art. 1645). Los que afianzan una obligación, o se obligan como codeudores solidarios, sólo consienten en obligarse respecto de una determinada deuda; si después la deuda cambia, sin intervención de ellos, es preciso pedirles de nuevo su consentimiento, porque en realidad se trata de una nueva caución u obligación. Y si el acreedor ha subordinado la novación a la aceptación de los otros codeudores o de los fiadores, y éstos no aceptan, la novaci6n no se realiza (art. 1651).

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En el caso de obligación solidaria, recuérdese que la novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios liberta a los otros (de la misma manera que lo haría el pago), a menos que éstos accedan a la obligación nuevamente constituída (art. 1519). 5.° Extinci6n de las prendas e hipotecas. Reserva de estas garantías. -El principio que rige respecto de las prendas e hipotecas es el mismo que en el caso anterior. La regla general es que la novación que produce la extinción de la primera obligaCión, produce también la extinción de todos sus accesorios y garantías, entre las cuales figuran las prendas y las hipotecas. Pero puede estipularse la reserva de estas garantías en la forma y modo que vamos a analizar; y tiene mucha importancia esa estipulación, porque no es 10 mismo reservar las anteriores garantías que constituir otras nuevas. a) Cuando la novación se opera entre el mismo acreedor y el mismo deudor, éstos pueden convenir expresamente en la reserva; para resguardar los derechos de otros acreedores, la ley establece que no vale la reserva en 10 que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. La regla anterior supone el caso ordinario en que las cosas afectas a la garantía sean de propiedad del deudor; pero si las cosas hipotecadas o empeñadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación, no vale la reserva de las prendas e hipotecas (art. 1642). En otros términos, los derechos reales de prenda o hipoteca pueden ser conservados por el acreedor, con la voluntad del propietario de los bienes. b) Si la novación se opera por la sustituci6n de un nuevo deudor. la reserva no puede tener efecto sobre los bienes de éste, ni aún con .su consentimiento (art. 1643). La segunda deuda, que comienza en el momento de la novación, no puede tener hipotecas anteriores a su existencia; de modo que el acreedor no tendrá otras garantías en los bienes del nuevo deudor que las que hubiere estipulado en el nuevo contrato. Las garantías reales, que no se desplazan de un bien a otro en el mismo patrimonio del deudor, menos pueden pasar de los bienes de un deudor a los bienes de otro.

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e) Si la novación se opera entre el acreedor y uno de .su.s deudores solidarios. la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas eonstituídas por sus eodeudores solidarios se extinguen apesar de toda estipulación contraria; salvo que éstos accedan expresamente a la segunda obligación (inc. 2. 0 del arto 1643) índice

CAPITULO XIV DE LA REMISION

179. Generalidades.-·Caraderes de la remisión.-Uno de tos rnooos de extinguir las obligaciones es la remisión, llamada también ;mdonación o perdón de la deuda. Remisión de una deuda es la renuncia que de su derecho hace el 'lcreedor, con el objeto de liberar al deudor. Mediante esa renuncia, aceptada por éste, queda extinguida la obligación. Según las leyes romanas la condonación de la deuda era un acto solemne. Para disolver las obligaciones civiles era menester llenar las formalidades de la acceptílatio simple, si la deuda na::ía de una estipulación; y de la acceptílatio aquiliana, si provenía de un contrato real. El «pactum de non petendo~, que era un pacto sencillo, no bastaba para disolver las obligaciones civiles; la acción quedaba en pie y sólo nacía una excepción a favor del deudor para eludir la acci6n del acreedor. Por ese pacto sólo podían disolverse las obligaciones contraídas por el s610 consentimiento de las partes. El Derecho moderno ha rechazado estas distinciones; para que desaparezca por condonación la deuda, basta una convención entre el acreedor y el deudor. El simple pactum de non petendo-' es lo único que hoy día existe, con algunas modificaciones. Veamos los caracteres de la remisión: a) Como el derecho del acreedor no puede extinguirse sino mediante la satisfacción o pago de la obligación, la remisión o renuncia del acreedor que no ha sido satisfecho, es esencialmente voluntaria, y supone un contrato o acuerdo de las voluntades del acreedor y deudor. o un testamento del acreedor en que condone la deuda.

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El único caso en que un acreedor puede ser obligado a consentir f.'n una remisión parcial de deuda, es cuando se produce convenio dentro de un concurso de acreedores. Se trata entonces de un contrato colectivo, en q'..le la voluntad individual es supeditada por la voluntad de la mayoría legal de los acreedores que acepta un arreglo con d deudor. Puede un acreedor, por su sola voluntad, no ejercer su derecho y esperar que transcurra el plazo de prescripción para que la obligación se extinga; pero eso no es remisión. La remisión de mera liberalidad, se sujeta a las reglas de la donación entre vivos, y en consecuencia, debe ser aceptada por el deudor (arts. 1386, 1412, 1653). En la remisión a título oneroso, con mayor razón se requiere la voluntad del deudor para la validez de la nueva obligación que contrae. El Código Alemán, en su artículo 397, dice que la remisión se hace por contrato. La remisión se diferencia de la donación en que la remisi6n se presume en ciertos casos (art. 1654) y la donación no (art. 1393). b) Para la validez de la remisión, que importa ordinariamente una enajenación a título gratuito, se requiere capacidad de parte de! acreedor, de manera que sea hábil para disponer de la cosa, que es objeto de la remisión (art. 1652). c) En la remisión que se hace pOI testamento, si en él se condona a una persona 10 que debe, sin determinar suma, no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testam('Oto (art. 1130). Como el testarrento, no adquiere su pleno valor sino después de la muerte del testador, la condonación hecha en él tiene la particularidad de que apesar de 10 dicho en el testamento, puede e! acreedor demandar judicialmente al deudor o aceptar el pago que se le ofrece, sin que el deudor se aproveche de la .condonación. Pero si el deudor pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar 10 pagado (art. 1129).· d) En las obligaciones solidarias, la condonación que interviene entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidari0S extingue

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la deuda con respecto a los otros, con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor (art. 1513). Si son varios los deudores solidarios, yel acreedor condona la deuda a cualquiera de ellos, no podrá después ejercer la acción solidaria, sino con rebaja de la cuota que corresponda al codeudor a cuyo favor se hizo la condonación (art. 1518). e) La remisión puede ser total o parcial. La remisión parcial de las deudas es uno de los objetos que pueden contener los convenios que se celebren entre el deudor y sus acreedores, en caso de qUiebra (art. 145 de la ley de qUiebras). La remisión hecha al fallido en el convenio aprobado, extingue también las obligaciones de sus codeudores o fiadores, sean solidarios o subsidiarios, hasta concurrencia de la cuota remitida, cuando el acreedor respectivo hubiere votado a favor del convenio (art. 161 de la de q.). La remisión parcial, o sea, las quitas que los acreedores han hecho a favor de un deudor, en un convenio extrajudicial, pueden invocarse por los acreedores para rechazar la cesión de bienes que les ofrece el deudor, porque no hay confianza en un deudor que no ha .cumplido, apesar de las quitas que se han hecho a sus obligaciones (art. 1617 del C. C.). 180. Remisión a título gratuito y a título oneroso.-,-()rdinariamente, cuando se habla de remisión o de condonación de deuda se entiende hablar de un acto gratuito; pero el acreedor puede exigir algo del deudor para perdonarle la deuda, y entonces la remisión no es enteramente gratuita. Esta distinción tiene importancia, porque varían las reglas según sea la remisión a título gratuito o a título oneroso. La remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos, y necesita de insinuación en los casos en que la donación entre vivos la necesita (art. 1653). Al tratar de la donación entre vivos, dice el Código que «hace donación el que remite una deuda,. (art. I'N7). Naturalmente se refiere a la remisión gratuita, que es la que comúnmente se entiende cuando .:se habla de donación. Sujetándose la remisión gratuita a las reglas de la donación en·-

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tre vivos, podrá revocarse por ingratitud en los mismos casos en que puede revocarse una donación (art. 1428); pero no será resoluble porque después hayan nacido al remitente uno o más hijos legítimos. a menos que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura pública de remisión (art. 1424), etc. Determinar si la remisión procede o no de mera liberalidad, es una cuestión de hecho que el juez apreciará según las circunstancias del caso. Si el acreedor obtiene del deudor alguna ventaja en cambio de la remisión de la deuda, la remisión será a título oneroso. Si la remisión concedida por el acreedor al deudor es en vista de una nueva obligación contratada por éste, habrá novación; si el acreedor renuncia a un derecho que se abandona en cambio de una ventaja cualquiera concedida por el deudor, habrá transacción. 181. Remisión expresa y remisión !ácita.-La remisión puede ser expresa o tácita. a) Es expresa cuando se hace por palabras que manifiestan la voluntad del acreedor, de liberar al deudor, yJl sea declarando formalmente que renuncia a exigir el pago de su crédito y que por tanto libera al deudor, que es 10 que antiguamente se llamaba liberación o quitamiento; ya sea dándose aque! por pagado y satisfecho de su crédito, sin haber recibido nada, lo que importa una simulación, porque las partes suponen un pago que no ha tenido lugar. Esta última se llamaba entre los romanos acept:'lación. b) Es t,5cita la remisión que se deduce de un hecho que supone necesariamente en el acreedor la intención de extinguir la deuda, com¿ cuando entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, o 10 destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. La devolución espontánea del título, hecha al deudor por e! acreedor, y la destrucción o cancelación hecha por éste, arguyen condonación de la deuda, porque el acreedor mismo se pone en el caso de no poder entablar su acción ni eje'rcer su derecho, privándose del documento justificativo de su crédito. La entrega, destrucción o cancelación ha de ser voluntaria, y hecha con el ánimo de remitir la deuda, porque es muy posible que e! títulc haya pasado a manos del deudor, sin saberlo el acreedor, o contra su

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====================-voluntad, v. gr.: por una pérdida fortuita, por un hurto, por un error, a por un abuso de confianza. Si el título está en poder del deudor, la ley presume que 10 tiene porque le ha sido entregado voluntariamente por el acreedor con el ánimo de condonar la deuda; pero ésta es una presunción legal que admite prueba en contrario. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fué voluntaria, o no fué hecha con ánimo de remitir la deuda. A falta de esta prueba, se entenderá que hubo ánimo de condonarla (art. 1654). La dic:posición del arto 1654 importa una doble excepción a las reglas generales de que incumbe al deudor probar la extinción de la obligación y de que la donación no se presume; pero esto ocurre, una vez establecido el hecho de la devolución, destrucción o cancelación del título. c) La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma la remisiSn de la deuda (inCiso final del arto 1654), porque lo principal puede subsistir sin lo accesorio; pero la remisión de la obligación principal importa la extinci6n de la prenda y de la hipoteca, que son derechos accesorios que siguen la suerte del principal (art. 2434). índice

CAPITULO XV DE LA COMPENSACION

182. Idea general.- Su definición.-Su origen.-Hemos estudiado algunos modos de extinguir las obligaciones en el caso corriente de tratarse de la deuda de una persona a favor de otra. Veamos ahora lo que ocurre cuando dos personas son mutuamente deudoras, la una de la otra, o sea, en el caso de obligaciones recíprocas o mutuas. Siendo dos personas deudoras, la una de la otra, debería en rigor cada una de ellas satisfacer su obligación a la otra, entregándole la cosa o cantidad debida; pero para evitar este rodeo inútil, la ley establece la compensación de ambas deudas, cuando son deudas ce dinero, de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, esto es, cuando tienen ciertos caracteres de igualdad. Esta compensación se opera de pleno derecho, por la sola fuerza de la ley, la cual ha tenido en vista el verdadero interés de los deudores, que consiste en que se extingan sus respectivas obligaciones, a fin de que se vean libres de procedimientos largos, costosos e inútiles. Cada una de las deudas sirve de pago a la otra; y desde el momento en que ambas coexisten, quedan extinguidas del todo, si son iguales; o sólo en parte, hasta la concurrencia de la menor, si son desiguales . . La compensación equivale a un :verdadero pago doble, que extingue las dos deudas en el modo y forma dichos: Compensatio solutioni cequiparatur, el toWI ipso Jure actionem. Aunque la compensación se opera de pleno derecho, el deudor demandado tiene que alegarla, porque el Juez no puede adivinarla, y porque puede renunciarse; pero como ya se ha realizado la compen11

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sación en virtud de la ley, el juez se limita a declarar que la deuda quedó extinguida en tal época, por compensación. La compensación puede definirse diciendo: que es un modo especial de extinguir las obligaciones recíprocas de dos personas, por el sólo ministerio de la ley y hasta concurrencia de la menor de las deudas, siempre que ellas reunan los requisitos que la misma ley establece. Es el pago de créditos con créditos. Tal palabra significa pesar conjuntamente dos deudas. En el Derecho Romano, la compensación se introdujo por rescripto de Marco Aurelio, que la concedió al principio como una simple excepción. exceptio doli, que podía alegarse aún contra las acciones de derecho estricto. En el foro se la denominaba excepción de hecho. porque en un sentido estricto no podía considerarse la compensación como una verdadera excepción, ya que ella no tenía por objeto rechazar la pretensión del actor. justiniano estableció que la compensación se produjera ipso jure, por el ministerio de la ley, pero el deudor necesitaba alegarla. La compensación desempeña un papel importante en el mundo de los negocios. Es de gran aplicación en el comercio, porque evita los envíos de especies metálicas de un país a otro. Las Cámaras de :::ompensación, al estilo de la Clearing House de Londres, sirven en el comercio bancario para que los banqueros tenedores de efectos de comercio, que se han hecho exigibles, liqUiden entre ellos sus operaciones por compensación, sin necesidad de que intervenga numerario. En Economía Política, los cambios internacionales se re~lan principalmente por compensación. Al tratar de la compensación como modo de extinguir las obligaciones, vamos a estudiar únicamente la compensación legal, que se produce por ministerio de la ley, retroactiv:::mente, esto es, en el momento preciso en que se reunen los requisitos que fija la ley y respecto de la cual, la misión del juez es la de declarar el hecho de haberse producido. No vamos a tratar aquí de la compensación voluntaria, que es obra de la exclusiva voluntad de los interesados, que pueden libremente convenir en una compensación de obligacíones recíprocas, aunque ella,> no reu~an los requisitos exigidos por la ley para que se v~~i-

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fique la compensación legal. Esta compensación voluntaria se rige por la ley del contrato que la opera, y no produce efecto retroactivamente, sino desde la fecha del convenio de las partes. Tampoco vamos a tratar de la compensación judicial, que puede establecerse en una sentencia judicial, cuando el demandado reconviene por su parte al demandante. El Juez que acepta la demanda y la reconvención puede liquidar las deudas que no sean líquidas, y ordenar una compensación, que no habría podido producirse de pleno derecho por falta de alguno de los requisitos legales. Adviértase que todas las obligaciones pueden extinguirse por el pago; y que sólo algunas se pueden extinguir por la compensación, porque esta última exige requisitos especiales. Estudiaremos a continuación esos requisitos que son: 1. Deben ser deudas de dinero, o cosas fungibles, o indeterminadas de igual género y calidad; 2.° Ser líquidas; 3.° ;::er actualmente exigibles; 4. Ser las dos partes personal y recíprocamente deudoras; 5. Ser deudas pagaderas en un mismo lugar; 6." La compensación debe ser alegada y 7.° No debe ser en perjuicio de tercero. 183. Deben ser deudas de dinero, o de cosas fungibles, o indeterminadas de igual género y calidad.-La ley exige que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad (N.o 1.0 del arto 1656), y lo exige así, porque la compensación no es una permuta, sino un modo legal de efectuar el pago y para que ese pago se verifique es menester que cada acreedor pueda contentarse, en satisfacción de su crédito. con lo que él mismo le debe al otro. Esto se comprende fácilmente en las deudas de dinero, porque allí aparece de manifiesto la igualdad o semejanza de las deudas . . En las deudas de cosas fungibles, es menester no sólo que ambas deudas sean de cosas fungibles, sino de cosas fungibles entre ellas, es decir, que cua1quiera de ellas puede hacer la función de extinguir la otra deuda, que es en lo que consiste propiamente la fungibilidad' res fungibiles sic dicuntur. quia una vice alterius fungitur.

No basta que las cosas fungibles sean de igual género; es necesario que sean de igual género y calidad, porque. como la compensación es un modo legal de hacer el pago, no puede obligarse al acreedor a

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recibir una cosa de inferior calidad, en pago de un crédito que tiene por otra cosa de calidad superior, aunque ambas cosas sean del mismo género. Así, no pueden compensarse cien fanegas de trigo blanco con cien fanegas de trigo candeal, ni veinte arrobas de vino generoso con veinte arrobas de vino ordinario. No se opera la compensación legal de los cuerpos ciertos, aunque sean de la misma especie. Si yo te debo el caballo A, y tú me debes el caballo B, no procede la compensación legal. Tampoco pueden compensarse con cosas indeterminadas aunque sean de igual especie; pero procede la compensación legal, cuando ambas deudas son indeterminadas de igual género y calidad, porque éstas se encuentran en un caso igual al de las cosas fungibles de igual género y calidad. Así, si yo te debo un caballo de silla, indeterminadamente, y tú me debes también indeterminadamente otro caballo de silla, tendría lugar la compensaci6n legal; pero si tú me debes un caballo individualmente designado, y yo te debo uno indeterminado, no procede la compensación. Nada dice el Código acerca de si pueden o no compensarse los hechos que se deben, esto es, si procede la compensación en las obligaCIones de hacer; la disposición del número 1.0 del arto 1656 se refiere sólo a las obligaciones de dar, y en consecuencia, 110 la autoriza en las de hacer, por muy semejantes que sean. En los casos en que no procede la compensación legal, pueden las partes de común acuerdo hacer una compensación voluntaria, si así conviene a sus intereses; pero, como ya dijimos anteriormente, esto es una cosa distinta de la compensación legal. 184. Ambas deudas deben ser Iíquidas.-Como la compensaci6n es un modo de extinguir las obligaciones. que equivale al pago, necesita para realizarse que las deudas sean líqUidas; de suerte que s6lo baste enunciarlas para saber en qué consisten y cuál es su calidad o valor; de otra manera no pueden pagarse, porque no se sabe el monto de lo que se debe. Esta disposición de nuestro Código es tomada del Derecho Español, ley 20, título 14, parto f. Según esa ley, se llama líquida una deuda cuando consta su existencia y cantidad «Quin certwn est an debeatur, el quantum debeatur». Es ilíquida, pues, la deuda que se halla sujeta

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a litigio, o que consiste en daños y perjuicios que todavía no se han fijado, o que depende de la discusión de una cuenta. En nuestro Derecho existe actualmente una definición de 10 que debe entenderse por cantidad líquida, dada por el Código de Procedimiento Civil al tratar del juicio ejecutivo. Se entenderá cantidad líquida, dice el arto 459 de dicho Código, no sólo la que actualmente tenga esta calidad, sino también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas, con sólo los datos que el mismo título ejecutivo suministre>. No basta que una deuda sea líquida; deben serlo ambas, tanto el crédito de una parte como el de la otra, el La ley expresamente concede al fiduciario y al usufructuario el derecho de oponer las mejoras hechas en la cosa, en compensación de lo que deban por perjuicios o deterioros (arts. 759 y 80l). Las me joras y los perjuicios o deterioros no representan valores líquidos, mientras no se fije su monto en dinero por resolución judicial, o por convenio de las partes; y en consecuencia, la compensación a que la ley da derecho quedará en suspenso, hasta que se liquiden las prestaciones recíprocas. 185. Deben ser actualmente exigibles.-.Se llaman deudas exigibles las que pueden pedirse o demandarse, judicial o extrajudicialmente, desde luego. Para que sea exigible una deuda no basta que sea pura y simple, esto es, que no contenga plazo y condición; es menester algo más: que el acreedor tenga facultad legal para pedir su pago, judicialmente si fuere necesario. No son compensables, por faltarles el requisito de la exigibüidad, las deudas que se encuentran en alguno de los casos siguientes: a) No dan derecho a compensación las obligaciones naturales, porque siendo la compensación un pago forzado, no procede respecto de aquellas obligaciones que no confieren derecho al acreedor para • 1470). exigir su cumplimiento (art. b) 'Por la misma razón anterior no pueden compensarse las deudas procedentes del juego y de la apuesta, porque son deudas que no rroducen acción, excepto las de juegos de fuerza o destreza corporal

mc nunc.

(arts. 2260 y 2263).

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c) Las deudas condicionales, cuya,condición suspensiva esté pendiente, no son compensables mientras la condición no se cumpla, porque hasta que llegue ese caso no hay realmente deuda. d) No pueden compensarse las deudas cuyo plazo no ha vencido, porque no ha llegado la época fijada para el cumplimiento de la obligaT ción. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, porque equivalen a un nuevo plazo. Se llama espera el plazo o término otorgado por los acreedores al deudor atrasado en sus negocios, para que teniendo el respiro de algún tiempo pueda encaminar sus negocios y pagar sus deudas. La espera sirve de obstáculo a la compensación, a fin de que el deudor aproveche ese beneficio en toda su extensión; de manera que si después del otorgamiento de aquella, llega el deudor a ser acreedor de algunos de sus acreedores, la compensación no se verifica mientras esté pendiente la espera. La espera, además de ser un beneficio concedido al deudor, resguarda también el interés de los acreedores, a fin de que saquen el mejor partido de sus créditos; y si el deudor, en vez de poder cobrar en el acto lo que uno o más de sus acreedores le debieran, tuviese que sufrir la compensación, se vería imposibilitado para pagar a los demás acreedores, y resultarían entre unos y otros diferencias injustas. El plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor no impide ;a compensación (art. 1656). Plazo de gracia es el que no se tiene por derecho, sino por favor; es algo meramente gratuito, beneficium nobis gratis datum. El plazo de gracia se concede, como un don gratuito, al deudor que se encuentra en la impoSibilidad de pagar al tiempo del vencimiento de la deuda; y como esta imposibilidad de pagar cesa en el momento mismo en que se reunen las condiciones para que se verifique la compensación, en ese mismo momento expira el plazo de gracia: cessante causa, cessat effectus. El plazo de gracia se contrapone al plazo de derecho; y precisa• sus diferencias; el primero mente, al tratar de la compensación se notan no impide la compensación; el segundo sí. e) No pueden compensarse dos deudas, cuando ha transcurrido el tiempo necesario para la prescriPción extintiva de alguna de ellaS' en otros términos, una deuda prescrita no puede oponerse en compen-

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sación a una deuda exigible, porque la situación de ambas no es igual. S'¡ en un momento dado, antes de concluirse el tiempo de la prescripción, se hubiesen encontrado reunidas todas las condiciones que la ley prescribe para que la compensación se realice, naturalmente, se habría verificado de derecho la compensación, y el que se viese demandado podría después oponerla en cualquier tiempo. f) No basta tener derecho a una cosa para que la compensación se opere; es menester que ambas deudas sean actualmente exigibles, esto es, en el momento en que la compensa~ión se realiza. Así, cuando una de las deudas es una renta vitalicia u otro pago periódico no tiene lugar la compensación respecto de las pensiones futuras, sino sólo respecto de las pensiones caídas o devengadas, que son las únicas actualmente exigibles. 186. Las dos partes deben ser personal y recíprocamente deodoras.-La ley exige que una de las deudas sea a favor de! que opne la compensación, y la otra, a fa vor de la persona contra quien se opone (art. 1657). La compensación se opera en el momento dado en que se reunen las condiciones legales entre las personas que son mutuamente acreedor y deudor, y no admite la intervención de un tercero Un tercero puede pagar mi deuda aún contra la voluntad del acreedor; pero no puede sin su consentimiento hacer valer e! crédito que tiene contra él para extinguir mi obligación. Falta la condición de ser deudas personales y recíprocas en los siguientes casos: a) El deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de compensación, 10 que e! acreedor deba al fiador, porque e! deudor principal está obligado personalmente, por sí mismo, y no puede disponer como de cosa propia, de un crédito que pertenece a su fiador (inciso 2, o del art. 1657). Por 10 que respecta a las relaciones del deudor con el fiador, en el caso de que el fiador pague sin haberlo avisado al deudor y repita después contra este para el reembolso de lo pagado, podrá el deudor oponer al fiador todas las excepciones de que hubiera podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago, incluso la compensaci6n (art. 2377).

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b) Requerido e! deudor de un pupilo, por el tutor o curador, no puede oponer por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él, porque el tutor y su pupilo son dos personas distintas, coo patrimonios diversos (inciso 3.° de! arto 1657). c) Requerido uno de varios deudores solidarias, no puede compensar su deuda con los créditos que tengan sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que éstos se los hayan cedido (inciso 4.° del arto 1657) porque cada uno de los deudores solidarios debe por sí mtsmo la cantidad que se le pide, y no puede oponer excepciones que son personales de sus codeudores. El puede s610 oponer a la dentanda del acreedor, las excepciones reales, esto es, que resultan de la naturaleza de la obligación. y todas las personales suyas; pero no puede oponer el crédito de un codeudor solidario, porque como acabamos de decir, es personal de ese codeudor (art. 1520). Pero, a la inversa, si el acreedor exige el pago a uno de los codeudores solidarios, y éste le opone la compensación, en razón de un crédito propio del codeudor, entonces la compensaci6n se verifica; queda extinguida la deuda con respecto a todos, como si hubiera sido pagada; y los otros codeudores, si se vieran demandados por e! acreedor, pueden oponerle la compensaci6n ya verificada, que trajo como resultado la extinci6n de la deuda; d) El mandatario que se ve demandado por una deuda suya, no puede oponer la compensaci6n de lo que su acreedor debe a su mandante, sino con la voluntad de é~te, porque mandante y mandatario son distintas personas; pero si e! demandado es el mandante, puede el mandatario oponer al acreedor del mandante no s6lo los créditos de éste, sino los propios créditos que él tenga contra el mismo acreedor, prestando cauci6n de que el mandante dará por firme la compensaci6n (art. 1658). En este segundo caso, que constituye una verdadera excepci6n a la regla que estudiamos, la ley no ve peligro para los intereses del mandante, en la compensaci6n opuesta por el mandatario; antes, por el contrario, un beneficio; e) Los créditos de una sociedad no pueden compensarse con las deudas personales de cada uno de los socios, y viceversa, porque la sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 2053); f) En el caso de cesión de derechos, el que ha cedido un crédito,

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con las solemnidades legales no es dueño de ese crédito, el cual figura desde que se perfeccionó la cesión, en el patrimonio del cesionario; no podría, pues, oponerlo el cedel'1te en compensación a una deuda nacida con posterioridad a la cesión de la primera, porque desde el momento de la cesión no existe reciprocidad de deudas. Ahora, para determinar los efectos de la cesión respecto al deudor de UD crédito cedido, y saber si puede, como deudor, oponer al cesionario la compensación que hubiera podido oponer al cedente, es menester distinguir dos casos: a) Si el deudor aceptó sin reserva alguna la cesión que el acreedor hizo de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente, porque se entiende que con su silencio ha renunciado la compensación; as!, si suponemos que A es acreedor de B por la suma de cinco mil pesos, y que por cualquier motivo A contrae en favor de B una deuda por dos mil pesos, el crédito de A queda, por la compensación parcial operada, reducido a tres mil pesos; pero si posteriormente A cede a e el crédito de cinco mil pesos y B acepta sin reserva alguna la cesión, ~in decir nada sobre la compensación parcial realizada, se entiende que ha renunciado tácitamente a la compensación, y por tanto B tendrá que pagar a e los cinco mil pesos. b) Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notincársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino después de la notificación (art. 1659). El principio de que la compensación sólo se verifica entre personas que sean recíprocamente acreedor y deudor, no impide que el fiador reconvenido pueda oponer la compensación al acreedor por 10 que éste deba al deudor principal, porque la obligaCión del fiador es sólo subsidiaria, en cuanto exista la deuda, y ésta ha quedado e.xtinguida de derecho, en virtud de la compensación habída entre el acreedor y el deudor principal. 187. Deben ser pagaderas en un mismo Iugar.-Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero, y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa (art. 1664). La ley exige este requisito, porque aunque

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la designación del lugar del pago es una cosa accidental, sin embargo, tiene mucha importancia en el hecho; pues el precio de los objetos varía mucho en razón de las localidades, y porque así se cumple la voluntad de las partes, que es ley para los contratantes. 188. La compensaci6n debe ser alegada, y puede renunciarse. -Aunque la compensación se produce de pleno derecho por el sólo ministerio de la ley y en el momento mismo en que las dos deudas reunen las condiciones de reciprocidad, eXigibilidad y demás que acabamos de ver, sin embargo, es indispensable alegarIa ante el juez, porque de lo contrario el demandado sería condenado a pagar el crédito por el cual se le demanda, una vez que la existencia del crédito dd demandante fuere judicialmente comprobado. El juez se limita a declarar una compensación ya realizada, pero no puede declarar lo que no conoce; y para que la conozca, deben las partes alegarIa. Veamos lo que ocurre si el deudor demandado paga y no alega la compensa., Clan. Si el deudor, a pesar de estar liberado por la compensación ya verificada, renuncia a alegarla judicialmente y paga a su acreedor, no pierde por eso el derecho de exigir el pago de su crédito; pero no puede en el cobro de su crédito prevalerse, en perjuicio de tercero, de los privilegios, hipotecas y fianzas con que lo tenía garantido, porque esto sería privar al tercero, de derechos que a consecuencia de la compensación había legítimamente adqUirido. Conservará, pues, el crédito sin sus garantías. Pero el deudor que no la alegare por ignorancia del crédito que padía oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo, las fianzas, privilegios, prendas e hipotecas constituídas para su seguridad (art. 1660). Dicta la equidad, en el caso indicado, que se consideren subsistentes las garantías, porque hubo justa causa de error. Tal sería el CáSO, v. gr.: de un testamento ignorado por el deudor al tiempo del pago. Si alegada la compensación, el juez declara que no hubo co~pen­ sación, porque una de las deudas no era líquida o no estaba vencida, podrá la parte condenada pedir después su pago, cuando desaparezca el inconveniente para su eXigibilidad. También se considera renunciada la compensaci6n, en el caso de

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deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero; el cual deudor no podrá oponer en compensadón al cesionario los créditos que antes de la aceptaci6n hubiera podido oponer al cedente. En cambio, si la cesión no ha sido aceptada puede el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino después de la notificación (art. 1659). 189. Debe hacerse sin perjuicio de tercero.-· La compensaci6n no puede tener lugar en perjuicio de los derechcs de un tercero. Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo en perjuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo (art. 1661). De igual manera, el comprador de un bien raíz hipotecado no puede oponer a los acreedores hipotecarios la compensación de los créditos que tiene contra el vendedor. En caso de quiebra, no puede operarse la compensación a favor del que es a la vez deudor y acreedor del fallido, porque ella rompería la igualdad que debe haber entre los acreedores del fallido, distrayendo una porción del activo en beneficio particular de un acreedor determinado (art. 66 de la ley de quiebras). 190. Deudas que la ley exceptúa de la compensaci6n.-Por regla general, la ley nn entra a investigar las causas de las deudas, de modo que tiene lugar la compensación, cualesquiera que sean dichas causas. Lo que yo debo por un mutuo o por un legado puede compensarse con lo que tú me debes por compra o en razón de daños y perjuicios. Pero esta regla sufre excf.'pción en los siguientes casos: a) Cuando se trata de la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, el despojante no puede dispensarse de la restitución, oponiendo la compensación, aunque que reclama la cosa le deba otra igual o de la misma especie, y aun cuando perdida la cosa, subsista sólo la obligaCión de pagarla en dinero (art. 1662). Aquí el Código aplica la antigua máxima de Derecho Can6nico' Spolíatus ante omnía restítuendus esto b) Cuando se trata de la demanda de restituci6n de un depósito o de un comodato, tampoco puede oponerse la compensación, aun cuando perdida la cosa subsista la obligación de pagarla en dinero (arts. 1662,

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2182, 2233). Tanto el depositario, a qUien se da una prueba eJe ~ fumz8, como el comodatario, o sus ~os, a quienes se concede el uso gratuito de una. oosa. deben restituir la misma cosa al dueño o 8 sus herederos, vencick:l el plazo del depósito o del comodato; y no pueden. según las reglas de esos contra.tos, retenerla por vía de prenda o oompensaciOO. Lo único que la ley permite al comoclatario es retenr:r la cosa prestada mientras no se le pagan las expensas hechas para la conservación de la cosa y los perjuicios que le haya ocasionada su mala calklad. siempre que reunan ciertos requisitos (arts. 2191, 2192 Y 2193). e) En caso de dsrnanda de indemnizaci6n por un acto de 1J.iolmcia (' fraude, no procede la compensación (art. 1662). Et ofensor no puede oponer la compensación, y tiene que pagar al ofendido la pena pecuniaria o los daños y perjuicios, salvo su derecho para exigir después el pago de la que el ofendida le deba. Esta disposición, inspirada en razones manifiestas de moralidad, no eJ(!stía en el Derecho Romano, que permitÍa oponer la compensacioo a la acción de lo juzgado, actio Jlfdicati, cualquiera que fuese la causa de la condenación. d) No podrá oponerse compensación a la demanda de alimento$ no embargables (art. 1662). El que debe alimentos no puede oponer en compensación al demandante lo que éste le deba (art. 335). La ley habla aquí de alimentos no embargables, esto es,' de tos alimentos que se deben por ley, y na, de los alimentos voluntarios, cuya cuantía la fija arbitrariamente el testador o donante. La razón de esta disposición está en el carácter especial de la demanda alimenticia, que tiene por causa la necesidad de )a vida del alimentario. Debitum ex causa victuali non campen.satur. e) El socio culpable, que ha ocasionado perjuicios a la sociedad, no podrá oponer en compensación los emolumentos que su industria haya procurado a la sociedad en otros negocios, sino cuando esta industria no perteneciere al fondo social (art. 2093). 191. Efectos de b compellsaoon.-La compensación ex.tin.gue ambas deudas, del mismo modo que lo haría el pago, porque, según hemos visto, es un modo de extinguir las obligaciones que equivale a un verdadero pago. Extinguidas las deudas. quedan también extinguidos los acceso-ríos. de la deuda, esto es, sus privilegios, fiaozas, hipotecas, prendas.

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y el curso de los intereses de las dos deudas, hasta concurrencia de la"

cantidades en que coinciden. La compensación se opera por el s610 ministerio de la ley, de modo que no es necesario que sea consentida, ni siquiera conocida de las partes en el momento en que se realiza. De aqui se sigue que son indiferentes para su realización la calidad y la capacidad de las personas; la compensación tiene lugar 10 mismo entre mayores que entre menores, pues es la ley quien la opera, y no la voluntad de las partes. Las deudas se extinguen desde el momento mismo en que exiSten a la vez, con sus calidades de rec:procídad, de exigibilidad, de poder liquidarse, etc.; de modo que cuando se alega la compensación, se alega un hecho verificado retroactivamente, con todas las consecuencias que de esa retroactividad se derivan. Las deudas se extinguen totalmente, si son de igual valor; o hasta concurrencia de la cantidad menor, si son desiguales. Si hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación de! pago (art. 1663). 192. Ley general de Bancos.-- Compensación en caso de quiebra.-Tiene ciertas peculíaridades la compensación, en caso de liqui-dación o quiebra de un Banco, que conviene conocer. Véanse los principios que rigen en esta materia, claramente enunciados en el Tratado de Derecho Comercial de Lyon-Caen y Renault: cA partir desde e! auto declaratorio, la compensación no puede operarse a favor del que es a la vez deudor y acreedor del {aUido, entre lo que debe y 10 que se le debe, ya sea que se trate de una deuda realmente vencida después de la declaración de quiebra, o con mayor razón, de una deuda no vencida, y que sólo la quiebra ha hecho exigible. El deudor del fallido debe pagar al síndico 10 que debe, y presentarse como acreedor en la quiebra quedando sometido a la ley del dividendo. Esta solución puede justificarse fácilmente. La compensación, corno se dice a menudo, no es sino un pago abreviado y después de la declaración de quiebra no puede hacerse ningún pago en detrimento de la masa. La compensación rompería la igualdad entre los acreedores, porque se distraería una porción del acti~o de! fallido en beneficio de uno de sus acreedores. Por otra parte, a causa de la misma quiebra, la deuda del fallido ha dejado de ser líquida, porque el acreedor sólo

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tiene derecho a un dividendo cuyo monto y pago están sometidos a las eventualidades del procedimiento:.. En estos principios se basa el arto 38 de la Ley general de Bancos, que dice: «Resuelto por el Superintendente que debe procederse a la liquidaci6n en la forma establecida en e('inciso precedente, no podrá la empresa bancaria ser declarada en quiebra mientras dure la liquidaci6n. Tampoco podrán entablarse contra ella, durante el mismo tiempo, acciones judiciales ejecutivas, ni decretarse embargo o medidas precautorias que a~ecten sus bienes por obligaciones anteriores a la resoluci6n del Superintendente:.. cA medida que existan fondos disponibles podrá el Superintendente pagar a los acreedores que gocen de preferencia y distribuir el resto entre los acreedores comunes, en proporci6n al monto de sus respectivos créditos». cCuandoun acreedor sea a la vez deudor del Banco, la compensaci6n tendrá lugar s6lo al tiempo de los repartos áe fondos y hasta concurrencia de las sumas que vayan abonándose a su crédito, y siempre que también en esa época se cumplan los demás requisitos legales necesarios». Se desprende de las disposiciones anteriores que, en caso de liquidaci6n forzada de un Banco, los créditos en su contra no se hacen exigibiles, y eso impide la compensaci6n. S610 se hacen exigibles cuando el Superintendente de Bancos acuerda repartos de fondos y en la proporci6n de las cuotas que en dichos repartos les correspondan; de modo que la compensaci6n s6lo puede operarse cuando el liquidador del Banco ordena una distribución de fondos y hasta concurrencia de las su mas que se acuerde abonar a los acreedores. Por su parte el arto 66 de la ley de quiebras dice: cLa declaración de quiebra impide toda compensación que no se hubiere operado antes por el min~sterio de la ley, entre obligaciones recíprocas del fallido y acreedores, salvo que se trate de obligaciones .conexas; derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean exigibles· en diferentes plazos:.. índice

CAPITULO XVI DE LA CONFUSrQN 193. De la eonfusión.-La confusión es un modo de extinguir las obligaciones, equivalentes al pago, que consiste en la reunión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor, como sí e! acreedor hereda al deudor, o e! deudor al acreedor, o un tercero a ambos (art. 1665). La palabra confusión viene de! latín confundere, que significa mezclar o reunir cosas diversas, de modo que las unas se incorporen con las otras. Pothier la define: es el concurso en un mismo sujeto, de dos calidades que se destruyen. La confusión se verifica de derecho cuando se reunen en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, y extingue la deuda ipso jure, porque nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Todo derecho personal supone necesariamente la existencia de dos personas diversas: acreedor y deudor. La confusión se produce, por 10 general, en el caso de sucesión por causa de muerte, en el cual se concibe fácilmente la reunión en una misma persona, de las calidades de acreedor y deudor; pero la ley no la limita a ese caso; ella se verifica siempre que esas calidades se reunan en una misma persona, cualquiera que sea el título de la adquisición. Si yo compro a mi acreedor el crédito que tiene en mi contra, adquiero las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación, y se habrá verificado de derecho una confusión que produjo la extinción de mi deuda. La confusión puede ser total o pl!rcial: es total, cuando el concurso de las dos calidades se verifica en toda la deuda; y es parcial, cuando el

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concurso se verifica solamente en una parte de la deuda (art. 1667). Sería parcial v. gr .. en el caso de un deudor que ha sido instituído heredero de su acreedor, solamente en una cuota de la herencia. En el caso de fianza, la confusi6n que extingue la obligaci6n principal extingue la fianza, porque la obligaci6n del fiador, como accesoria, no puede existir cuando la obligaci6n principal se ha extinguido; pero la confusi6n que extingue la fianza no extingue la obligaci6n principal, porque lo principal puede existir sin lo accesorio (art. 1666). También se extingue la fianza por la confusi6n de las calidades de acreedor y fiador, o de deudor y fiador, porque en esos casos no hay otro patrimonio que responda, además del deudor principal; pero la obligaci6n del sub-fiador subsiste, aunque se confundan las calidades de deudor y fiador (art. 2383). En el caso de una deuda solidaria, si hay confusi6n entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, se extingue la deuda solidaria; pero podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores, por la parte o cuota que respectivamente le corresponda en la deuda. Si, por el contrario, hay confusi6n entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, también se extingue la deuda (art. 1513); pero será obligado el pnmero a cada uno de sus coacreedores, por la parte o cuota que respectivamente le corresponda en el crédito (art. 1668). La confusi6n legalmente prodUCida es definitiva, es decir, produce sus efectos, aun cuando posteriormente desaparezca la causa por algún medio que no produzca efecto retroactivo y que no afecte a su validez. Así, el deudor que después de haber heredado a su acreedor vende sus derechos hereditarios, queda siempre libre de la obligaci6n; y por el contrario, el acreedor que ha heredado a su deudor pierde el crédito por confusi6n, aunque venda sus derechos hereditarios. La raz6n de esto es que la confusi6n se produce de derecho y no necesita de la voluntad de las partes. No es aplicable a este caso la disposici6n del arto 1910 del C6digo Civil que, en el caso de cesi6n del derecho de herencia, dice que si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. Aquí no se trata de ninguún hecho del heredero, sino de la fuerza de la disposici6n legal.

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Cuando se reunen en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se produce la confusión, porque se hace impOSible el cumplimiento de la obligación, ya que dentro de un mismo patrimonio se reunen el elemento activo, llamado crédito, y el pasivo, llamado deuda. Pero esa causa desaparece en el caso del que acepta la herencia can beneficio dé inventario, que se ha introducido en la legislación para que la calidad de heredero no perjudique al que se vale de este arbitrio. El efecto propio de este beneficio es evitar la confusión, esto es, mantener separados los patrimonios del testador y del heredero, de modo que cada patrimonio conserve sus derechos y sus cargas. De aquí resulta que los créditos y deudas del heredero, que aceptó con beneficio de inventario, no se confunden con las deudas y créditos hereditarios (arts. 1669 y 1259). Si los bienes de la herencia no son suficientes para pagar las deudas del difunto, el heredero que era acreedor del difunto podrá reclamar el pago de lo que se le debe (de la misma manera que 10 haría un acreedor extraño), con preferencia a los demás acreedores, si la deuda es privilegiada, o según el orden de la hipoteca. La confusión, en términos generales, es aplicable a los derechos reales y personales. Ejemplo de lo primero: el arto 885, N.O 3, sobre las servidumbres; pero en este capítulo se trata sólo de los derechos personales. La confusión se diferencia de la compensación: a) en que en ésta hay dos personas, y en aquella, una; b) en la compensación hay confusión de deudas, es decir de objetos; en la confusión la hay de sujetos, esto es, de calidades. índice

CAPITULO XVII DE LA PERDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE

194. Idea generaI.-Este modo de extinguir las obligaciones, llamado también imposibilidad de la ejecución, es propio de cierta cIase de obligaciones, a saber: de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituído en mora de recibir. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia e! debido cuidado (arts. 1548 y 1549). El cumplimiento de la obligación de dar una especie o cuerpo cierto supone racionalmente la posibilidad de hacer la entrega. La imposibilidad de dar la cosa habría impedido en un principio la formación de la obligaCión; ocurrida más tarde, produce la extinción de la obligación en la forma que despu~s veremos. Este modo de extinguir las obligaciones se basa en la aplicaci6n de la antigua máxima de derecho, contenida en una ley de! Digesto, que dice que nadie puede obligarse a cosas imposibles: Impossibilium nulla obligatio esto Otra ley de! Digesto dice: Ea, qure dari impossibilia sunt, vel qure ni rerum natura non sunt, pro non adjetio habentur. Pero para que esta imposibilidad liberte al deudor, debe ser inculpable; de otro modo se burlaría la justicia de los contratos. A este respecto, una ley de Partidas decía que ninguno es responsable de las cosas que son superiores a sus fuerzas, que no puede hacer ni impedir con toda su diligencia y toda su industria; a no ser que se haya puesto en esta impoSibilidad por su propia culpa.

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Dijimos que este modo de extinción es propio solamente de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, porque sólo las especies o cuerpos ciertos son susceptibles de desaparecer o de destruirse. La pérdida de la cosa que se debe extingue la obligaci6n del deudor, el cual queda libre, si la pérdida ha sido inculpable. Así, celebrado un contrato de venta, la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato (art. 1820); lo que quiere decir que el vendedor, que estaba obligado a la entrega de la cosa, queda libre de su obligación, si la cosa se pierde. Obsérvese que se extingue la obligación del deudor; pero el acreedor no puede dispensarse de pagar el precio convenido en el contrato. Es indispensable que exista un contrato que cree una obligación pura y simple, porque si se vende bajo condición suspensiva, y la cosa perece antes del cumplimiento de la condición, la pérdida será del vendedor, y, en este caso el comprador no está obligado a pagar precio alguno, porque la obligación no había nacido. En las obligaciones de género, esto es, en aquellas en que se debe indete:minadamente un individuo de una clase o género determinado, no tiene aplicación este modo de extinguir, porque el género y la cantidad no perecen: Genera non pereunt. Aunque perezcan muchos individuos de la especie, siempre podrá el deudor proporcionarse otros para cumplir su obligación. Así, si Pedro me debe cincuenta fanegas de trigo, deberá entregarme esa cantidad de trigo, aunque le roben o se destruyan las fanegas que tenía destmadas para pagarme, porque su obligación no era darme esas fanegas determinadas, sino en general, -cincuenta fanegas de trigo. Tendría que agotarse una especie entera para que llegase el -caso de alegar imposibilidad por parte del deudor. Sin embargo, cuando se trata de cosas que suelen venderse a peso, -cuenta o medida-que son la materia ordinaria de las obligaciones de género-pero señaladas de modo que no puedan confundirse con otras porciones de la misma cosa, como todo el trigo contenido en -cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenece al comprador -o sea, la pérdida liberta al vendedor, que es el deudor-aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido; con tal que se haya ajustado el precio (art. 1821).

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Aunque en el tftulo que estudiam06 nada dice el C6digo respecto de las obligaciones de hacer, es evidente -que el deudor de esa clase de obligaciones queda liberado cuando la prestaci6n resultare física o moralmente imposible; nos bastará recordar que el arto 1461 dice que si el objeto de la obligación es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible, para que haya obligación válida. Aunque la destrucción o pérdida de la cosa debida haga imposible el. cumplimiento de la obligación de dar esa misma cosa, no obstante, en el caso de que ella ocurra por culpa o durante la mora del deudor, éste no queda liberado; su obligación subsiste, pero varía de objeto. Más adelante analizaremos estas particularidades. Antes de terminar esta idea general, diremos que la pérdida de la cosa que se debe, puede producirse, o porque la cosa se ch.struye materialmente, o porque desaparece y se ignora si existe, o porque deja de estar en el comercio, v. gr.: en caso de expropiación de un terreno para un camino (art. 1670). 195. Principios que rigen esta materla.-Esta materia está íntimamente ligada con la teoría del caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragiO, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc., (art. 45). La fuerza mayor y el caso fortuito producen los mismos efectos jurídicos. Ambos eximen al deudor de toda responsabilidad, o sea, el deudor no es responsable del caso fortuito o de la fuerza mayor (art. 1547), porque la inejecución de la obligaciÓn no le puede ser razonablemente imputada: Nemini potest imputari quod humana providentia regí non potest. Pero para que eximan de responsabilidad al deudor, es menester que importen una absoluta imposibilidad para el cumplimiento de la obligación. Los simples riesgos o peligros, los mayores esfuerzos o sacr:ificios pecuniarios que import-eel cumplimiento de la obligación, aunque la hagan más onerosa de lo que las partes hayan imaginado al contratarla, no son bastantes para dispensar al deudor, del cumplimiento de su obligación. La regla anterior sufreexcepci6n: 1. 0 cuando la cosa perece .por hecho o culpa del deudor; 2. o cuando el deudor.se ha constituído en

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mora; 3." cuando por el contrato el deudor se ha hecho responsable del caso fortuito; y 4. 0 en caso de hurto o robo. 196. Caso de que la cosa perezca por hecho o culpa del deudor.-,El deudor responde: del caso fortuito cuando la cosa perece por su hecho o culpa. En este caso, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto: el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor (art. 1672). La justicia exige que el que ha dado lu~ar con su falta, omisión o hecho, al acontecimiento que produce el daño, pague al acreedor la indemnización competente, dándole el precio y los perjuicios, ya que no puede entregarle la cosa debida. La ley habla de hecho o culpa del deudor, y es conveniente distinguir estos conceptos. Hay hechos del deudor que no importan culpa de su parte. Pothier pone el ejemplo de un heredero que destruye una cosa comprendida en la herencia, ignorando que el difunto la había legado a otra persona por testamento. La palabra hecho significa un acto positivo del deudor, «culpa in committendo>, y la palabra culpa, una omisión, un descuido, «culpa in omittendo>. El arto 1678 dice que si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación (como ocurre en el ejemplo antes Citado), se deberá solamente sin otra indemnización de perjuicios. Como se ve, la distinción tiene impor~ancia práctica. Decimos que el deudor responde del caso fortuito cuando la cosa perece por su culpa; pero no siempre responde el deudor de toda clase de culpa. Ninguna duda cabe sobre la responsabilidad del deudor en caso de dolo, esto es, cuando hay intención positiva de inferir injuria a la propiedad de otro (art. 44). En este caso no cabe indulgencia: Malitiis non est indulgendwn. Pero la culpa que es debida, no a una intención dañada, sino a la ignorancia, impericia o negligencia del deudor, es susceptible de diversos grados, se~ún la clase del contrato. Nuestro Código, siguiendo al Derecho Romano, divide la culpa en grave, leve y levísima (art. 44); Y establece que el deudor, no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su natura-

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leza s610 son útiles al acreedor, como el dep6sito; de la leve, en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, como en la venta, arrendamiento y sociedad; y de la leví.tima, en los contratos en que e! deudor es. e! único que reporta beneficio, como en e! comodato (art. 1547). La destrucción de la cosa en poder de! deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de este en recibirla, disminuye la responsabilidad del deudor, el cual s610 responde en este caso de culpa grave o dolo (art. 1680). En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable (arts. 1679, 2320). 197. Caso en que el deudor se encuentra en mora.-La ley liberta de responsabilidad al deudor cuando la cosa perece por caso fortuito; pero establece esa regla general para d caso. normal de un deudor que ha puesto de su parte la diligencia necesaria, y que a pesar de ella se ve en la imposibilidad de cumplir la obligación, por presentarse un obstáculo insuperable. Cambia la regla cuando e! deudor está en mora. El deudor responde del caso fortuito cuando se ha constitu:do en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor (art. 1547). Si el cuerpo cierto perece durante la mora del deudor, la obligaci6n del deudor subsiste, pero varía de objeto: es obligado al precio • de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está enmora, y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder de! acreedor, s610 se deberá la indemnizaci6n de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora (art. 1672). Es natural que el deudor que se halla en mora pague los perjuicios que por su tardanza se sigan al acreedor, pues la mora, para este efecto, se considera como culpa. Si yo te presto un caballo por el término de un mes, y pasado este plazo muere el caballo en tu poder (mientras lo retenías indebidamente),

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debido a un accidente que no le habría ocurrido si se me hubiera devuelto, me tienes que pagar su valor por razón de la mora. El deudor podrá descargarse de esta responsabilidad probando que el caso fortuito habría sobrevenido igualmente en poder del acreedor, pues si el retardo no le ha causado ningún daño, sería injusto que el deudor soportara la pérdida. Si es el acreedor el que está en mora de recibir, se aplica entonces la regla ~el arto 1680, que disminuye la responsabilidad del deudor, como dij irnos anteriormente. 198. Caso en que por un pacto el deudor se haya constitnído responsable.-Si el deudor se ha constitu:do responsable de todo caso fortuito, o de alguno en particular, se observará lo pactado (art. 1673). El deudor que no está en mora ni tiene culpa puede verse obligado a responder del caso fortuito, si ha mediado una convención. Sirve de ley, en este caso, la cláusula del contrato que envuelva una estipulación lícita, prevista especialmente por el legislador y que convierta al deudor en un aseguradbr que toma de su cuenta los riesgos de la cosa. Huic indemnitatis prcestationi nec natura nec leges sunt impedimento. Como el caso fort~ito no puede impedirse, porque no depende de la voluntad del hombre, el deudor que toma sobre sí los riesgos de la cosa no se compromete a evitar el hecho, sino a reparar el daño que se produzca. Decimos que esta estipulación es lícita, porque expresamente la autoriza la ley en el arto 1673 Y porque se trata de la renuncia de un derecho que sólo mira al interés individual del deudor (art. 12). 199. Caso del que ha hurtado o robado un cuerpo cierto.Hay una regla especial que agrava la responsabilidad del que debe una cosa, en caso de hurto o robo, y que no le permite alegar el caso fortuito. Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos que habrían prodUCido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor (art. 1676). De manera que el ladrón responde de todos los casos fortuitos, sin excepción alguna. 200. Prueba del caso fortuito.-Respecto a la prueba del caso fortuito, las reglas son las siguientes' t

280 La acción de nulidad del matrimonio civil, en caso de impubertad, de imposibilidad para manifestar la voluntad, de demencia, de error en cuanto a la identidad de la persona, o de fuerza, expira en un año, contado desde que los contrayentes llegaren a la edad de la pubertad, en los casos de matrimonios de impúberes, y en los otros casos, desde que haya desaparecido el hecho que las origina (art. 35 de la ley de matrimonio civil). La ley determina también el momento desde el cual empieza a correr el plazo de cuatro años; y para este estudio es menester contemplar los distintos casos que pueden presentarse. La nulidad relativa puede provenir: de incapacidad legal y de algún vicio del consentimiento, los que pueden ser error, fuerza y dolo. En caso de incapacidad legal de una persona natural, los cuatro años se contarán desde el día en que haya cesado esta incapacidad: pero a las personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan deretho para pedir la declaración de, nulidad, se les duplicará el cuadríenio, esto es, se les da un plazo de ocho años, contados desde la fecha del contrato. En caso de violencia, el cuadrienio se contará desde el día en que ésta hubiere cesado: Contra non valentem agere, non currit prescriptio.

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En caso de error o dolo, rige la regla general, esto es, que el plazo de prescripción empieza a contarse desde el día de la celebración del acto o contrato, que es el momento desde el cual puede atacarse el valor del acto. En caso de muerte de la persona que tenía derecho para interponer la acción, los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio entero si no hubiere principiado a correr, y gozarán del residuo, en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuadrienio o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad, pasados tréÍrfta años, desde la celebración del acto o contrato (art. 1692). La disposición anterior es una simple aplicación del principio general sobre suspensión del plazo de prescripción extintiva, en favor de los menores de edad, pero no de la mujer casada. 207. Vicios que producen nulidad absoluta y vicios que prodncen nulidad relativa.-Los prinCipios que rigen en esta I'!lateria se en-

cuentran en los siguientes artículos del Código Civil: Art. 1681. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, .!egún su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Art. 1682. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci6n a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son rrulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Art. 10. Los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el Caso de contravención. Art. 1466. Hay asimismo objeto ilícito (y consiguientemente nu-

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. lidad absoluta) en las deudas, etc., ... y generalmente, en todo contrato prohibido por las leyes. La nulidad absoluta es decir, la nulidad de pleno derecho, es la que sanciona en principio las prohibiciones de la ley, y constituye en algunos Códigos, v. gr., el Francés, la regla generaL de modo que en el Derecho Francés la nulidad relativa es una excepción, que sólo tiene lugar en' ciertos casos y por causas determinadas, Nuestro Código, sin apartarse de los principios generales de Derecho que rigen esta materia, adoptó el procedimiento inverso. Después de enumerar los casos en que tiene lugar la nulidad absoluta, dice en el inc. final del arto 1682: «Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa». Pero en cambio existe en nuestro Código, como disposición positiva, una regla que el Derecho Francés reconoce como principio fundamental, pero que no se contiene en el texto de la ley. Nos referimos al arto 10 de nuestro Código Civil, que anula con nulidad absoluta todos los actos prohibidos por la ley. «Qui contra legem agit, nihil agit:.. Del estudio de las diversas disposiciones que establecen las causales de nulidad absoluta y de nulidad relativa resulta lo siguiente: Los requisitos para el valor de los actos jurídicos son de dos clases: internos o de fondo, y externos o de forma (solemnidades). Veamos unos y otros. Los requisitos internos son: capacidad, consentimiento, objeto y causa. Analicemos 10 que ocurre con cada uno de estos requisitos. Capacidad.-La falta de este requisito constituye la incapacidad, que puede ser absoluta o relativa. En los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces hay nulidad absoluta, porque se trata de actos celebrados por personas que por efecto de causas fisiológicas carecen de una voluntad jurídicamente eficaz, y que no comprenden 10 que hacen o no pueden dar a conocer claramente su voluntad. Falta, pues, el requisito fundamental para el valor de un acto civil. Tal ocurre con los impúberes, dementes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. En los actos y contratos de las personas relativamente incapaces hay nulidad relativa, que sólo da derecho a pedir las rescisión del acto o contrato. Se trata de actos celebrados por personas que no carecen

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de voluntad, pero que por causas, ya de un orden fisiológico, como ocurre con el menor adulto, ya de un orden puramente jurídico, como ocurre con los pródigos y las mujeres casadas, se encuentran bajo la protecci6n de la ley, que vela por sus intereses. Consentimiento.-Para que una persona se. obligue válidamente respecto de otra, por un acto o declaraci6n de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto o declaraci6n y que su consentimiento no adolezca de vicio (art. 1445). Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y d,01o (art. 1451). En ciertos casos la le3i6n importa un vicio del consentimiento, v. gr.: la lesi6n enorme en el contrato de compraventa de un bien raíz. Dentro de las prescripciones expresas de nuestro Código Civil, los vicios del consentimiento s610 producen nulidad relativa y dan derecho a la rescisi6n. No considera el Código como causal de nulidad absoluta el caso muy calificado de un error de tal naturaleza que no sólo vicia el consentimiento, sino que lo destruye totalmente. Es el caso del error llamado esencial, contemplado en el arto 1453, y que tiene lugar cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la 00.. Opina que l':11 estos casos hay nulidad absoluta, ipso jure.

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Habiendo dicho .el Código en los arts. 1445, 1460 Y 1467, que no puede haber obligación sin objeto y sin causa, creyó inútil quizás repetir en el arto 1682 que esa falta producía nulidad absoluta. Esta es la opinión de la generalidad de los comentadores de nuestro Código, aunque no ha sido en muchos casos la de los Tribunales de Justicia. Por lo que toca a los requisitos externos o formalidades, su omisión es grave, y trae la nulidad del acto, conforme al antiguo adagio: forma dat esse rei. No obstante, no siempre trae la nulidad absoluta, pues se concibe perfectamente (como ocurre V. gr., en el caso de los relativamente incapaces) que el acto jurídico tenga existencia legal, aunque le falten algunas de las s'olemnidadés prescritas por la ley. A este respecto la regla de nuestro Código es muy clara y precisa: «La omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa (art. 1(82). Distingue, pues, el Código dos clases de formalidades: a) formalidades prescritas en consideración a la naturaleza de los actos o contratos, V. gr.: las formalidades del testamento, que si es cerrado debe hacerse ante notario y testigos; la exigencia de escritura pública para la venta de un bien raíz. Estas obligan a todas las personas, independientemente de su capacidad; y b) formalidades prescritas en consideración a la calidad o estado de laJ personas, V. gr.: la representación del marido y la autorización judicial con conocimiento de causa para la venta de un bien raíz de una mujer casada; la representación del curador, autorización judicial y remate público eXigidos para la venta de un bien raíz de un menor adulto. Estas formalidades s610 obligan a las personas determinadas en cuyo favor establece la ley esas medidas de protección. La omisión de las formalidades de la primera clase trae nulidad absoluta, porque ellas son eXigidas por razón del acto en sí mismo, con independencla de la calidad de las personas; la omisión de las formalidades de la segunda clase trae sólo nulidad relativa, porque miran al interés particular de determinadas personas. .

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En consecuencia, y como resultado del análisis anterior, tenemos e,ue producen nulidad absoluta: a) la incapacidad absoluta; b) la falta de objeto y el objeto ilícito; e) la falta de causa y la causa ¡!fcita; d) la omisión de formalidades prescritas por la ley en consideraci6n a la naturaleza de los actos o contratos. Producen nulidad relativa: a) la incapacidad relativa; b) los vicios del consentimiento: error, fuerza dolor y lesión. e) la omisión de formalidades prescritas por la ley en consideración a la calidad o estado de las personas; d) en general, cualquiera otra especie de vicio del acto o contrato. 208. Efectos de la nulidad.-l. o El efecto gerteral y propio de toda declaración de nulidad es retrotraer las cosas al estado que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. La nulidad, dice el arto 1687, pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituida& al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. La sentencia que declara la nulidad obra con retroactividad y en virtud de ella, cada parte tendrá que devolver a la otra todo 10 que ha recibido en la ejecución del contrato anulado. Esta es la regla general. Pero este principio tiene algunas excepciones: a) Si la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita, no podrá repetirse, esto es, no podrá exigirse la devolución de lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (art. 1468). La ley establece esta regla especial, no como un derecho que arranque del contrato nulo, sino como un castigo impuesto al que a sabiendas paga alguna suma por un objeto o causa ilícita. b) La regla que ordena devolver lo que cada. uno haya recibido en virttid de! contrato nulo no puede aplicarse en todo su rigor en los contratos celebrados por los incapaces. • Si un incapaz ha vendido, por ejemplo, sin los. requisitos legales, una propiedad raíz, y para recuperarla tuviere necesariamente que

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devolver todo el dinero recibido por ella, la protección de la ley sería ilusoria, pues ordinariamente el incapaz habrá malgastado el todo o parte del dinero recibido. Para evitar esta situación, la ley ha establecido una regla especial en flivor de los incapaces, en el arto 1688, que dice: «Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrat6 con ella no puede pedir resÚtución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probase haberse hecho m&s ,{ca con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieren sido necesarias, o en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas.. En otros términos, el incapaz que obtiene la nulidad de un contrato no está obligado a devolver lo que ha recibido en cumplimiento del contrato nulo y durante la incapacidad, sino en cuanto se hubiere enriquecido. Es una aplicación del principia de que «nadie puede injustamente enriquecerse a expensas de otro •. e) Por regla general debe restituirse lo recibido en virtud del contrato que ha sido declarado nulo; pero este principio tiene que sufrir en la práctica muchas modificaciones provenientes de la aplicacíén de otras reglas legales con que está en relación. Así, por ejemplo, sÚJe trata de la nulidad del contrato de compraventa de un fundo, el oomprador que lo ha tenido en su poder durante algúh tiempo, poseyéndolo de buena fe, esto es, ignorando la nulidad de su título, tiene derecho a los frutos de la cosa en el tiempo intermedio entre el contrato nulo y la contestación de la demanda (art. 907); a que se le abonen las expensas necesarias y útUes hechas antes de contestarse la demanda (arts. 908 y 909); y no es responsable de los deterioros sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos (art. 906). Por esto dispone el arto 1687 que: «En las restituciones mutua!" que hayan de hacerse los con~ratantes en virtud de este pronunciamiento (el de nulidad), será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, (ltiles o voluntarias, tomándose en considetaci6n

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los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo~, que se refiere a la situación especial de los incapaces, que sólo responden en cuanto se hayan enriquecido. 2. o Hemos dicho que en virtud de la declaración de nulidad se retrotraen las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Consecuencia de este principio fundamental, es que todas las traslaciones de dominio verificadas a favor de terceros por el que adquirió una cosa, en virtud de un título declarado nulo, quedan también anuladas y caen por su base. Re.soluto· jure danti.s, re.solvitur ju.s accipienti.s. Por tanto, la nulidad judicialmente establecida produce efecto no sóJo entre las partes que litigaron, sino también respecto de tercero.s. Ella da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales (art. 1689). Los casos de excepción a que se refiere el arto 1689, Y en que noprocede la acción reivindicatoria contra terceros poseedores son: a) la rescisión de las donaciones entre vivos, que en sus efectos respecto de terceros, tiene reglas propias contempladas en el arto 1432; b) la rescisión de una compraventa, por lesión enorme, cuando el comprador hubiere enajenado la cosa (art. l893L e) cuando el tercer pQ;. seedor la ha adquirido por prescripción. 3.° Si dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras (art. 1690), porque la nulidad puede provenir de causas personales a la parte que solicitó su declaración y que en nada afecten a los otros. contratantes. índice

CAPITULO XIX DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA Siguiendo. estrictamente el orden del programa, deberíamos ocuparnos ahora de la extinción de las obligaciones por el Evento de la Cond ici6n Resolutoria y por la T ransacci6n; pero del primero de estos modos de extinguir las obligaciones ya hemos tratado en el capítulo De la~ otligaciones condicional.'s, y del segundo nos ocuparemos especialmente al tratar del contrato respectivo. Trataremos, pues, ahora de la prescripción extintiva. 209. Definici6n e idea general.-PrescriPci6n extintiva es un modo de extinguir las .acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. . . Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción (art. 2492). Prescribir una cosa no .es lo mismo que prescribir una obligaci6n: prescribir un; cosa es adquirirla, y prescribir una obligación es extinguirla. La pres::ripci6n desempeña en el Derecho Civil dos funciones distintas: sirve para adquirir el dominio y demás derechos reales, mediante la posesi6n continuada durante cierto tiempo (prescripción adquisitiva); y para extinguir las acciones y derechos mediante el transcurso de cierto tiempo y con las condiciones señaladas por la ley (prescripci6n extintiva). Pero estas dos funciones que llena la prescripción guardan entre sí una· relaci6n íntima, a tal punto que algunos comentadores de Derecho Civil, como Manresa, dicen que en su esencia son una sola; porque considerada como modo de adquirir el

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dominio de una cosa, mientras el poseedor de cierto tiempo, adquiere la propiedad, se extingue simultáneamente el derecho del dueño anterior; y considerada como medio de extinguir las acciones, mientras se extingue el derecho del acreedor, adquiere el deudor el beneficio real y efectivo de liberarse del cumplimiento de su obligación. En el tratado De las obligaciones sólo procede e'itudiar la pres-' cripción como causa de extinción; en ellas no tiene aplicación la prescripción adquisitiva, la cual sólo sirve para adquirir los derechos reales. Los derechos personales o créditos no pueden adquirirse por prescripción. El fundamento de la prescripción extintiva es el mismo que el de la adquisitiva, pero en sentIdo inverso. Ha sido establecida por razones superiores de orden y de paz social, y por eso ha sido llamada por los antiguos, finis ,'Sollicítudinum, a causa de los servicios que hace a la sociedad, manteniendo la paz y la tranquilidad entre los hombres y poniendo fin a los cuidados y ansiedades. La prescripción extintiva suple la falta de recibo, finiquito u otro de los documentos capaces de acreditar el cumplimiento de una obligación, y priva de su acción al acreedor que ha permanecido inactivo durante el tiempo que la ley determina. Al establecer esta prescripción, la ley no contraría a la equidad natural, pues presume que el que lleva su negligencia hasta el extremo de no reclamar ni hacer uso de sus derechos en tanto tiempo, los abandona; y por el Contrario, ella consulta la conveniencia pública, procurando evitar el peligro a que por la pérdida de sus comprobantes estarían expuestas aún aquellas personas que se hubiesen librado de sus obligaciones por medios legítimos, y fijando un plazo, pasado el cual no se pueden reclamar derechos demasiado tiempo abandonados. Pothier coloca la prescripción extintiva, como medio de extinguir las obligaCiones, en la misma categoría que la excepción de cosa juzgada, o sea, en la categoría de aquel1as causas de extinción que impiden que el acreedor sea oldo por el juez en la exigencia de su crédito. El juez nodeheque averiguar los hechos que originaron el crédito, ni los que pudieron traer su extinción; le basta, para rechazar la demanda,

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cerciorarse de que ha transcurrido el [alMo de tiempo señalado por la ley, y que se han cumplido los demás requisitos. Esa fué la concepción primitiva de la prescripción extintiva, que introdUjo en el Derecho Romano una constitución imperial de Teodosio 11, en el año 424, como un medio de defensa contra las acciones perpetuas. Se llamaba: prre3criPtio triginta annorum. La prescripción extintiva no importa sólo una presunción legal de la extinción de la obligación, como han pretendido algunos autores; es algo más: ella importa un modo especial de extinguir las obligaciones, distinto de todos los otros e independiente de todo pago. El deudor puede confesar que no ha pagado la deuda y que no ha mediado ninguna otra causa de extinción; y no obstante, tiene el derecho de oponer la prescripción extintiva, si ha transcurrido el tiempo determinado por la ley. La prescripción, como medio de extinguir las obligaciones, tiene una peculiaridad, y es que ella extingue la obligación civil, esto es, suprime la acción del acreedor; pero deja subsistente la obligación natural. El orden social, que sirve de fundamento a la prescripción extintiva, queda resguardado con la supresión de la acción civil; y no habría razón suficiente para negar a la obligación el carácter de natural, que la deja a merced de la conciencia del deudor. Subsistiendo como obligaciÓn natural, la obligación civil extinguida por la prescripción puede ser válidamente pagada; puede ser materia de una novacwn, y ser caucionada. (arts. 1470 y 1472). 210. Acciones y derechos que !lO son BU8teJltibles de prescripción extintiva.-Es regla general la de que se extinguen por la prescripción todas las acciones y derechos; pero conviene aquí recordar, aunque se trate de ma erías ajenas a la teoría de las obligaciones, que hay ciertos derechos y acciones que, por disposición de la ley o por su misma naturaleza, no son susceptibles de prescripción. Así, la acción para pedir la nulidad del matrimonio civil no prescribe por tiempo (art. 35 de la ley de 10 de Enero de 1884); no puede oponerse prescripciÓn alguna a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, O como' verdadero hijo del padre o madre que le desoohoce (arts. 320); no prescribe por

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tiffilpo la acción para pedir la partición en caso de indivisión y mientras ésta subsiste; ni el derecho que tiene el dueño de un predio no demarcado para que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes, y para exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes; ni el derecho para imponer servidumbre de lr{nsUo, en el caso del arto 847; ni el derecho para adquirir la medianería de un muro divisorio y otros. Estos últimos derechos que acabamos de indicar, atendida su naturaleza, no prescriben, porque mientras subsiste la situación que les da origen, se renueva constantemente la causa o fundamento en que se basa la acción; y más que derechos o acciones, son en realidad facultades legales anexas al derecho real de dominio. También está en condición especial la renta vitalicia, la cual no se extingue por prescripción alguna; salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de trtufta años continuos (art. 2277). 211. Acciones que proceden de una obligación accesoria.-Extinguido un derecho personal por medio de la prescripción, se extinguen las obligaCiones accesorías que 10 garantizan. «La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligaCión accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden» dice e! arto 2516. Esta es una aplicación del principio general relativo a los derechos accesorios, que siguen la suerte de! principal; pero e! Código ha tenido además un motivo especial para establecer que la acción hipotecaria prescribe junto con la obligación principal. En efecto, el Derecho antiguo establecía un mayor plazo de duración de la acción hipotecaria, la cual como acción meramente real subsistía durante diez años más que la acción personal (ley 21, título 29, parto 3."): se estimaba que la hipoteca durante. esos diez años quedaba garantizando la obligación natural que sobre~¡vía a la obligación civil. Esta idea ha desaparecido en el Derecho moderno. 212. Derechos personales y derechos reales.-EI eplgrafe del párrafo 3. o de! título de la prescripción dice: «De la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales» y e! artículo 2514, que encabeza dicho párrafo, se refiere en general a da prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos»; de modo que sus términos literales comprenden tanto las acciones y derechos personales como los reales. 20

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Dentro del mismo párrafo figura el artículo 2517, que:dice: «Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho». Esta disposición es aplicable sólo a los derechos reales, porque sólo en ellos puede)legarse la prescripción adquisitiva, la que no procede, tratándose de derechos personales. El derecho real de dominio, que es el primero de los derechos reales, no se extingue por el simple no uso del derecho; y la acción que tiene el dueño para reclamar la restitución de la cosa que le pertenece sólo puede destruirse alegando el poseedor la prescripción adquisitiva de la cosa. Aquí tiene toda su aplicación el arto 2517. Hay otros derechos reales que expiran por el no uso; pero que tienen reglas y plazos especiales, distintos de las contempladas por el Código, al tratar de la prescripción extintiva. Así, el derecho real de herencia y su acción propia, llamada de petición de herencia, se rigen por el arto 1269, que dice: «El derecho de herencia expira en treinta años. Pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del arto 704, podrá oponer a esta acción la prescripción de diez años contados como para la adquisición del dominio:.. Las servidumbres, dice el arto 885, se extinguen por haberse dejado de gozar durante veinte años; y los derechos de usufructo y uso se extinguen también por la prescripción (arts. 806 y 812). Al tratar de estos últimos, la ley no fija el plazo de la prescripción, extintiva, y habría que aplicar la regla general del arto 2515. Los derechos reales de hipoteca y prenda se extinguen junto con la obligación o derecho personal a que acceden (art. 2516). En resumen, la prescripción extintiva procede en general respecto de todas las acciones y derechos, ya que el Código no la limita a una clase determinada: pero el derecho real de dominio se rige por la regla especial del arto 2517, y los derechos reales de herencia y servidumbres se rigen por sus reglas propias. 213. Caducidad.-Plazos rJjados por la ley.-EI Código Civil emplea la palabra caducidad, al tratar de ciertos actos jurídicos, la que se produce, vencido cierto plazo o cumplida cierta condición, como ocurre con los testamentos privilegiados; establece también los plazos fatales para ciertos actos, de manera que el acto vale; si se ejecuta dentro del plazo, o bien vencido el plazo expira el derecho (art. 49); y

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los plazos optativos, para que las personas llamadas se pronuncien en un sentido u otro, como ocurre con el beneficio:.1de la legitimación (art. 212) y con el derecho de aceptar o repudiar una asignación hereditaria (art. 1232). Estos plazos se asemejan a la prescripción extintiva en que el trascurso del tiempo influye en la pérdida del derecho; pero se distinguen en que ellos obran, por lo general, de pleno derecho, sin necesidad de alegación alguna; y en que en ellos no cabe la suspensión y la interrupclon. Algunos de estos plazos, que fijan la duración de una acción civil, tienen mayor analogía con la prescripción y el Código, al tratar de ellos, emplea la palabra prescripción. 214. Condiciones que se requieren para la prescripci6n extintiva.-Para que proceda la declaración de la prescripción extintiva, se requiere: 1. o Que haya !trascurrido cierto lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido la respectiva acción; 2.° Que la prescripción no haya sido interrumpida; 3.° Que no se encuentre suspendida; 4. o Que haya sido alegada; 5.° Que no haya sido renunciada. Estas reglas se aplican igualmente a favor yen contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares (art. 2497). 215. Trascurso de cierto lapso de tiempo.-La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente ciertos lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones (art.2514). Este tiempo es, en general, de dléz años para las acciones ejecutivas, y de veiRte, para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por eIJapso de diez años, y convertida en ordinaria, durará solamente otros diez (art. 2515). Como se ve, el Código distingue dos clases de acción: acción ejecutiva y acción ordinaria. Se llama acción ejecutiva la que produce juicio ejecutivo, y que dimana de alguno de los títulos que, según la ley, sirven para entablar ejecución (art. 455 del Código de Procedid

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miento Civil). La acción ejecutiva se hace valer en juicio sumario, en el cual no se trata de declarar derechos controvertidos, sino de llevar a efecto 10 que ya está determinado por el juez en sentencia firme, o lo que consta de uno de aquellos títulos que por sí mismos hacen plena fe. Por esto la acción se llama ejecutiva. Acción ordinaria es la que se interpone para obtener la declaración de algún derecho que las partes discuten, y que dimana de algún hecho jurídiCO que le sirve de antecedente, o de algún instrumento que no tiene fuerza ejecutiva, o que la ha perdido por el transcurso de los diez años que fija la ley para la prescripción de la acción ejecutiva. La acción ordinaria produce juicio ordinario, en el cual se observan todos los trámites que la ley previene para que la sentencia se dicte con pleno conocimiento de causa. Dada la naturaleza de la acción ejecutiva, la ley ha fijado menor tiempo para su prescripción; pero establece que pasados los primeros dfez años, en que prescribe la acción ejecutiva, queda siempre al acreedor la acción ordinaria para perseguir su derecho. De modo que vencidos dÍz años, prescribe la acci6n ejecutiva; pero no se pierde el derecho, el cual puede hacerse valer en juicio, por la vía ordinaria. Por el transcurso del plazo de d~ años contados desde que la obligación se hubiere hecho exigible se extingue de pleno derecho la fuerza ejecutiva de la acción y el juez debe declararlo de oficio, denegando la ejecución (art. 463 del C. de P. C.). El tiempo de la prescripción extintiva es, en general, de dih años para la acción ejecutiva, y de v1~te, para la ordinaria; de modo que cuando la ley no establece plazos especiales de prescripción, .~ entenderse que toda acción o derecho prescribe, esto es, se exti~~e por el lapso de tiempo antes indicado. En otros términos, el plazo de dfez y de v~fhte años constituye la regla general, la cual rige a falta de disposición especial. La ley fija el plazo de la prescripción, y al hacerlo tiene en vista la conveniencia social, de modo que esa disposición es de orden público. No pueden, pues, las partes aumentar o disminuir la duración del plazo de prescripción de las acciones y derechos. Si eso se permitiera, se burlaría el fin de la ley.

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Se cuenta el tiempo de la prescriPción desde que la obligación se haya hecho exigible (art. 2514). Como dice Pothier, la prescripción comienza a correr «desde e! día en que el acreedor ha podido iniciar su demanda~. En otros términos, el plazo de la prescripción extintiva (establecida como sanción para el acreedor negligente que no usa de su derecho), corre durante un tiempo útil para el ejercicio de la acción. Así, si el derecho depende de una condición suspensiva o tiene un plazo que suspende su ejer-::icio, la prescripción no corre sino desde el día en que se cumple la condición o en que vence e! plazo, porque antes no se ha hecho exigible. El plazo de prescripción de la acción ejecutiva que nace de una sentencia se cuenta desde que ésta causó ejecutoria; y si la acción ejecutiva nace de una escritura pública, corre desde e! día del otorgamiento de ésta. siempre que la obligación sea pura y simple. Si una cantidad debe pagarse en distintas fechas, o si se trata del pago de pensiones periódicas, e! plazo de prescripción corre separadamente contra la parte vencida de la deuda o contra las pensiones ya devengadas, a contar desde el día del vencimiento de cada parte de la deuda o de cada pensión periódica. . La prescripción que corre contra el fiador, que pagó una obligación del deudor principal, se cuenta desde la fecha del lasto, porque entonces nació el derecho de! fiador para reembolsarse de lo pagado. 216. Interrupción de la prescripción extintiva.-La prescripción extintiva debe correr durante el plazo fijado por la ley, sm interrupción alguna. La interrupción de la prescripción, esto es, e! advenimiento de un hecho que haga perder todo el tiempo corrido, puede ser de dos clases: natural o civil. Se interrumpe naturalmente la prescripción por el hecho de que el deudor reconozca expresa, o tácitamente, la obligación. La interrupción natural de la prescripción extintiva es muy diversa de la interrupción natural, en la adquisitiva, pues ésta última supone la imposibilidad de ejecutar actos posesorios, o la pérdida material de la posesión. La ley no establece solemnidad especial para el reconocimiento expreso, el cual puede hacerse de palabra o por escrito, por medio de un contrato, o de una declaración del deudor en un acto unilateral. El tácito se deduce de hechos que importan el reconocimiento,

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Este reconocimiento del deudor no importa variaci6n alguna del acto primitivo, el cual subsiste en la forma en que fué celebrado; no tiene otro alcance que servir de medio para interrumpir la prescripción, dando al acreedor un nuevo título de la misma obligación, tal como· antes existía. ItRecognitio nihil dat novi,.. En esto se distingue substancialmente de la novación, en la cual nace una nueva obligación, distinta de la anterior. El acto de reconocimiento es un simple tftulo declaratorio o probatolio de una obligación existente. Como dice Dumoulin: «titulWl declaratoriWl seu probatoriWl, nee aliquid de novo indueit cirea substantiam obligationis» . Si del acto de reconocimiento apareciera la intención formal de introducir algún cambio en la obligación primitiva, entonces habría una verdadera novación; sería como dice Dumoulin: un acto non tantum probatorius, sed etiam dispositorius. La prescripción se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el arto 2503, que son: 1.0 Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2. o Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución por más de tres años; 3. 0 Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda (arts. 2503 y 1528). Se llama interrupción civil el ejercicio de la acción ante los Tribunales de Justicia. Aunque el arto 2518, que trata de la interrupción civil de la prescripci6n extintiva, habla de demanda judicial, sin embargo, como se refiere en seguida al arto 2503, que es el que reglamenta todo 10 relativo a la interrupción civil en materia de prescripción, es indudable que la palabra demanda está tomada en un sentido amplio, comprensivo de todo recurso judicial. Así, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva debidamente notificada, interrumpe civilmente la prescripción. La reclamación extra-judicial hecha por el acreedor no basta para interrumpir la prescripción, como ocurre en otras legislaciones, V. gr.' en el Código Español. Tampoco interrumpe la prescripción contra una obligación prin-

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cipal, la circunstancia de haber hecho inscribir posteriormente una hipoteca constituída para garantizar su pago. La ley exige que haya demanda judicial y que leIla sea notificada en forma legal; pero nada dispone para el caso de que resulte que la demanda ha sido interpuesta ante un tribunal incompetente. Creemos que aun en este caso la prescripción se interrumpe, porque por el sólo hecho de ejercitarse la acción ante la justicia, se ha manifestado la resolución del acreedor, de no abandonar su derecho, y desaparece en consecuencia la base de justicia en que la prescripción se funda. En realidad, la exigencia de la validez de la notificación a que alude el arto 2503 se refiere a la forma legal de la notificación y no a la competencia del juez. Así resuelve este punto el Código Francés, el cual dispone en el arto 2246, que la demanda interrumpe la prescripción, aunque haya sido presentada ante juez incompetente. La prescripción se interrumpe por la notificaci6n de la demanda judicial, porque las resoluciones judiciales s)lo producen efecto, en virtud de la notificación (art. 41 del C. de P. C.); Y en consecuencia la fecha de la interrupción es la fecha de la notificación y no la de la presentación de la demanda; de modo que si al tiempo de notificarse la demanda ya'6tá totalmente transcurrido el plazo de la prescripción, la interrupción civu no se produce. Pero es menester que la demanda sea mantenida por el acreedor hasta el fallo definitivo del juicio, y que ella sea admitida por el tribunal. Si la demanda cae, la interrupción, que es su consecuencia, también cae. Por eso la ley dispone que no podrá aIegarse la interrupción si el recurrente desistió de la demanda o cesó en la persecución por más de tres años, o si elfpemandado obtuvo •. sentencia de absolución. ~. Este último' evento es~e diffcilaplicación práctica,f"I:lUes si el demandado ha sido absuelto es porque nada debe al acreedor; y no se divisa entonces la razón que pueda haber para que el acreedor conserve el derecho de iniciar nueva acción. Podría tener aplicación esa regla en el caso de una acción indivisible ejercida por uno de los acreedores; si éste no logra éxito en el juicio, puede otro acreedor intentar la demanda. En las obligaciones en que hay pluralidad de persQn{iS¡ 10$ efectos

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de la interrupción de la prescripción varían según se trate de obliga· ciones conjuntas, de obligaciones solidarias, o de indivisibles. En las obligaciones conjuntas o mancomunadas, cada deudor es sólo obligado a pagar su cuota, y cada acreedor sólo puede demandar el pago de la suya; de modo que la interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores perjudica a los otros (art. 2519). En otros términos, como el acreedor 8610 reclama de uno de los deudores la parte que a éste le corresponde, esa demanda no interrumpe la prescripción respecto de los otros codeudores que no han sido demandados por su parte o cuota. En las obligaciones solidariC1¡8 ocurre lo contrario. Si hay varios acreedores solidarios, y uno interrumpe la prescripción, la intern;mpe reópecto de todos; y si hay varios codeudores, la demanda notificada a uno de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos. Son los efectos propios de la solidaridad. En las obligaciones indivisibles, la prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores lo es igualmente respecto de los otros (art. 1529). El efecto de la interrupción es el de hacer perder todo el tiempo de prescriPci6n corrido anteriormente; y si se quiere alegar posteriormente la prescripción, es menester contar un nuevo plazo, iniciado después de la interrupción. En esto se distingue de la suspensión, que sólo produce el efecto de descontar el tiempo que ella dura, pero sin hacer perder el tiempo anterior. 217. Suspensión '"de la prescripción extintiva.-La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1.0 del arto 250Q, esto es, en favor: de los menores; los dementes; los sordos-mudos; y todos los que estén bajo potestad paterna o marital, o bajo tutela o curaduría. Transcurridos tr'efnta años, no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente (art. 2520). Se dice que hay suspensión de la prescripción, cuando la ley jrrpide correr el plazo en contra de ciertas personas que por razón de su incapacidad merecen protección especial de la ley, mientras dura la causa que motiva la suspensión.

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Como dijimos al tratar de la prescripción adquisitiva, el efecto de la suspensión es descontar del plazo de la prescripción el tiempo que dura la suspensión; pero no se pierde el tiempo corrido anteriormente. En otros términos, se cuenta como tiempo útil para la prescripci::'ln el que corre antes de la suspensión y el que corre después que ella cesa. El tiempo intermedio, mientras dura la suspensión, no se toma en consideración para el cómputo del plazo. Como dice Troplong, el efecto de la suspensión es hacer dormitar la prescripción, imPoniéJndole un tiempo de reposo mientras dura el obstáculo que le impide continuar su curso, uniendo sus dos extremos. En el Derecho antiguo se consideraba suspendida la prescdpc ión , siempre que la persona contra quien corría se encontraba en la imposibilidad de obrar. Así lo maninesta el adagio que decía: «Contra non valenlem agere non currit prccscriptio. La suspensi6n de la prescripción, establecida por la ley como medida de protección en favor de algunas personas, constituye una excepción a la regla general, según la cual los derechos y acciones se extinguen por prescripción en perjuicio de toda clase de personas, sean naturales o jurídicas. En consecuencia, ninguna otra persona, fuera de las indicadas en el arto 2509, puede, por raz6n de incapacidad o de estado civil, alegar la suspensión de la prescripción; pues la ley ha enumerado las personas a las cuales por consideración a su estado, concede ese benencio. Como se trata de un beneficio personal, concedido por la ley a favor de personas determinadas, en el caso de obligaciones que nacen de un contrato en que hay varios interesados, la suspensión en fatbr del menor o del incapaz, no aprovecha a los otros contratantes a quienes la ley no ha concedido el beneflcio. La suspensión de la prescripción supone, (atendiendo al significado estricto de la palabra suspensión), que se trata de un plazo de prescripción que ya ha comenzado a correr y que después se paraliza durante cierto tiempo; pero puede ocurrir que la causa de la suspensión exista en el momento mismo en que la obligación se hace exigible. A pesar de que en este caso el plazo no ha empezado a correr, no obstante, debe reputarse suspendida la prescripción. Veamos un ejemplo de cada uno de estos casos:

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Si A debe a B mil pesos, y si corridos cinco años del plazo de la prescripción extintiva fallece el acreedor B, dejando como heredero a un hijo menor de edad, la prescripción que corría contra B queda suspendida, y la suspensión durará hasta que el hijo de B llegue a la mayor edad. Llegado el hijo de B a la mayor edad, seguirá corriendo de nuevo en su contra la prescripción suspendida, y se contarán como tiempo útil de prescripción los cinco años corridos en vida de B. Este es el primer caso. Si el reconocimiento por parte de A, de la deuda de mil pesos hubiere sido el resultado de un ajuste de cuentas hecho después de la muerte de B, en este caso, como el crédito contra A sólo se hizo exigible después de la muerte de B, la suspensi6n comenzó en el momento mismo en que la deuda se hizo exigible, y todo el plazo de prescripción extintiva contra el heredero de B deberá correr después de la fecha en que ese heredero llegue a la mayor edad. Este es el segundo caso. Las personas que gozan del beneficio de suspensión de la prescripción son: Los menores, estén o no emancipados. Los que han obtenido habilitación de edad no gozan de este beneficio, porque se reputan mayores (arts. 26 y 297); Los dementes, estén o no en interdicci6n, pues la ley no distingue; Los sordo$ mudos; y Todos los que estén bajo potestad paterna o marital, o bajo tutela o curaduría. Respecto a la mujer casada, debemos advertir que no se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o separada ck'J!Sienes, respecto de aquellos que administra (art. 2509). Los casos de suspensión de la prescripción extintiva no son completamente iguales a los casos de suspensión en la prescripción adquisitiva. Hay dos diferencias: l.· La prescripción extintiva no se supende en favor de la herencia yacente, y la adquisitiva sí (arts. 2509 y 2520). 2.· La extintiva no se suspende en favor del marido y la adquisitiva sÍ. Al tratar de esta última, dice la ley que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges; y al tratar de la suspensión en la prescripción extintiva la limita sólo a las personas enumeradas en el N. o l. o dei arto 2509, entre los cuales no figura el marido.

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Nos limitamos a tomar nota de estas diferencias, y a advertir que algunas legislaciones han suprimido la suspensión de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva en favor de la herencia yacente, pues creen que es obligación de su curador interrumpir el curso de la prescripción. Otras legislaciones, como la española, no contemplan la suspensión de la prescripción. 218. La prescripción debe ser alegada.-La prescripción debe ser alegada. t::1 juez no puede declararla de oficio (art. 2493). pues la parte que no la opone puede ceder al dictado de su conciencia. La prescripci6n considerada como excepci6n, puede alegarse en primera o segunda instancia, antes de la vista de la causa; y debe expresarse si se alega la prescripción extintiva general, o alguna de las especiales de corto tiempo. Si se trata de una obligación que afecta a varios demandados, la . excepción alegada por uno de ellos no aprovecha a los demás, porque el juez no puede declararla de oficio respecto de las cuotas de los cadeudores que no la alegaron. Hay una d isp os iCiónfexcepc ional relativa al juicio ejecutivo, según la cual la ley manda al juez pronunciarse sobre la prescripci6n de la acción ejecutiva, sin necesidad de"'que por el deudor sea alegada. El tribunal, dice el arto 463 del Código de Procedimien.!p Civil, denegará la ejecución si el título presentado tuviera más de d1ez años, contados desde que la obligación se hubiere hecho exigible; salvo que se comprobare la subsistencia de la acción ejecutiva, por alguno de los medios nada que vaya contra el instrumento ni que quede fuera del instrumento~. Pero esto no se opone a que en conformidad a los principios generales se prueben con testigos los hechos de error, fuerza o dolo que pueden causar su nulidad. 261. Naturaleza de los actos a que esta limitación se aplica.-La ley habla «de los actos o contratos que contienen la entrega, o promesa de una cosa que valga más de doscientos pe::os» , es decir de los actos o contratos que se refieren a obligaCiones sobre una cosa que valga más de doscientos pesos. Se refiere naturalmente a los actos Jurídicos como una venta, una transacción, un pago; ellos son el fruto de la reflexión de las partes, y como es fácil a los contrayentes hacerlos constar por escrito, la ley lo exige para garantía de los mismos interesados y para prevenir fraudes y litigios. Al hablar de actos jUrÍdicos, nos referimos a los de orden pecuniario y no a los actos o contratos relativos a la familia, los cuales tienen reglas especiales para su prueba. Estas reglas no se aplican a los hechos o sucesos, como un accidente, un incendio, la muerte o demencia de una persona, ni a las acciones física. (art. 428). Un ejemplo de presunción calificada por la ley como grave es la que nace de la confesión extra-judicial prestada a presencia de la parte que la invoca, o ante juez incompetente pero que ejerce jurisdicción (art. 388 del Código de P. C.). 265. De la confesión de parte.-Generalidades.--Ccmfesi6n, en general, es la declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí misma, de la verdad de un hecho. Decimos contra sí misma, porque como afirma R icci, la razón permite que cada cual sea admitido a declarar contra sí propio, debiendo conceptuarse que tal testimonio no puede menos de estar basado en la verdad; pero a favor del propio declarante no se admite, porque la fuerza de su interés puede torcer el de la verdad. La confesión puede ser judicial o extra-judicial. Confesión judicial es la que se hace en juicio ante juez competente, por la misma parte, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la parte, como cuando el demandado reconoce la firma de un instrumento privado o la verdad de un hecho sobre el cual se le interroga. Confesión extra-judicial es la que se hace fuera de juicio, en conversación, en carta o en cualquier documento que no tenga por objeto servir de prueba del hecho contestado; y también la que se hiciere en juicio, pero ante juez incompetente. También puede ser expresa o tácita; esta última