Crimen organizado y seguridad multidimensional [1 ed.] 9788413780573

Table of contents :
Índice
AGRADECIMIENTOS 13
PRÓLOGO 15
INTRODUCCIÓN 19
1. La criminalidad organizada como objeto de estudio
1.1. La criminalidad organizada como “actor armado no estatal”. Rasgos definitorios 30
2. La necesidad de saber: conexiones interdisciplinarias de la Criminología
2.1. Los enlaces con la Economía Política Internacional 43
2.2. Las limitaciones doctrinarias de la seguridad nacional 50
3. El reconocimiento multilateral de la criminalidad organizada
3.1. Las mediciones sobre el crimen organizado: debates cuantitativos 66
3.2. El problema criminal y los enfoques cualitativos 77
3.3. Los datos: ¿dónde buscar y cómo gestionar los obstáculos metodológicos? 83
4. La criminalidad organizada como amenaza estratégica: miradas desde la seguridad internacional
4.1. La importancia de la interdependencia y las amenazas híbridas 90
4.2. La insurgencia criminal 95
4.3. La geopolítica criminal 101
4.4. La militarización de la seguridad y el declive policial 109
5. Estado, democracia y crimen organizado
5.1. La faz antidemocrática de la criminalidad organizada y su búsqueda de poder 115
5.2. Estados débiles y criminalmente cautivos 117
5.3. El negocio de la protección 126
5.4. Estados fallidos y crimen organizado: distancias y aproximaciones conceptuales 131
5.5. La deriva de la corrupción 137
6. Inteligencia criminal
6.1. Inteligencia estratégica y crimen organizado 149
6.2. Criminología e inteligencia: avances cognitivos 154
6.3. Inteligencia criminal: una elección en clave de seguridad 158
6.4. Los despliegues virtuosos de la inteligencia criminal 171
6.5. Aportes de la inteligencia criminal 176
6.6. Inercias del pasado y futuro de la inteligencia criminal 183
FINALE 187
BIBLIOGRAFÍA 199

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Crimen organizado y seguridad multidimensional FREDY RIVERA VÉLEZ DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL

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tirant

lo blanch

INTeLIGencia Y SEGURIDAD

CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María JosÉ AÑÓN RoIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES Laso Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho

Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MaAc-GREGOR Po1soT

Juez de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis LópPEz GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos UI de Madrid

JAVIER DE Lucas MARTÍNDD

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VícrToR MORENO CATENA Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos UI de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

HÉCTOR OLASOLO ALONSO Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y

Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano PAREJO ÁLFONSO Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos HI de Madrid

Tomás SaLa

FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social de la Universidad de Valencia IGNACIO SANCHO GARGALLO Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

ÁNGEL M. Lórez Y LórEz

Tomás S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

MARTA LORENTE SARIÑENA Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

RuTH ZIMMERLING Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

Autores

FREDY RIVERA VÉLEZ DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL

tirant lo blanch Valencia, 2021

Copyright * 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse otransmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia,

grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Director de la colección:

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC Universidad de Valencia

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O

Fredy Rivera Vélez Daniel Sansó-Rubert Pascual

TIRANTLO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51

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Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1378-057-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente(Dtirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/ index. php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento

de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Dedicatorias

Daniel Á mis padres, con profundo cariño y admiración. Á Susana, anima mea. Gracias por ayudarme a cultivar

mi propio jardín intelectual para enriquecer mi alma, en vez de esperar a que alguien me regale flores.

Fredy A Cintia, por ser el sendero luminoso de nuestro común trayecto.

ÍNDICE AGRADECIMIENTOS conooonnonononnnnnonononononnnnnnnnonononannnnno nono nonnnnn cnn cnn nc ccannnno

13

PRÓLOGO conococononononnnnnnononnonnnnnnononononnnnnnnnnn nono nrnnnnnnnn nn n ono rrnnnnnnn nr rn rnoncnnnnns

15

INTRODUCCIÓN cooooonnnnnnnnnnnonononononnnnnnnonononnonononannnnnn nono nro nono nonononnanannnns

19

1. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO 1.1.

OBJETO DE ESTUDIO

La criminalidad organizada como “actor armado no estatal”. 8 Rasgos definitoriOS.....oooocccononcnonancnonncnonancnnnanonnnncnananonananonnnncnannnos

30

2. LA NECESIDAD DE SABER: CONEXIONES INTERDISCIPLINARIAS DE LA CRIMINOLOGÍA 2.1. 2.2.

Los enlaces con la Economía Política Internacional.................... Las limitaciones doctrinarias de la seguridad nacional................

43 50

3. EL RECONOCIMIENTO MULTILATERAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 3.1. 3.2. 3.3.

Las mediciones sobre el crimen organizado: debates cuantitativos El problema criminal y los enfoques cualitativos ...........oooomo....... Los datos: ¿dónde buscar y cómo gestionar los obstáculos meto-

66 77

dOLÓBICOS? c.cooocccnonocnoncccnoncccnnnoncnnrnncnncnonnrocnnnnnncnnonornnannnnncncananannnes

83

4. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO AMENAZA ESTRATÉGICA: MIRADAS DESDE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

La La La La

importancia de la interdependencia y las amenazas híbridas .. insurgencia criminal.......ooononcccnnnnocononcnoncnnnonnnnnnonononanononcnnononos geopolítica criminal ....oonnnoccnnncccnnononcnonncnonancnnnonrnnononccnonancnnons militarización de la seguridad y el declive policial..................

90 95 101 109

5. ESTADO, DEMOCRACIA Y CRIMEN ORGANIZADO 5.1.

La faz antidemocrática de la criminalidad organizada y su búsqueda de pOdeT coccconococnnoccncnoncncnnonanononnnonnonononnnnnncnnnnncnonnananannnnnnns

115

10

Índice

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Estados débiles y criminalmente CautivoS......moococononcnnnnonnncnonononos El negocio de la protección ......ooocconcccnooccnooannnonaconnnncnonanonncanonnnnos Estados fallidos y crimen organizado: distancias y aproximaciones CONCeptuales ...ooococnnoccccnoncccnonccononnanononnnnonnnnno nono nnononnnncnnnnncnons La deriva de la COrrupción ....cooococconcccononnnnocnnnnrncnnnnnnnanancnncncnnnanos

117 126 131 137

6. INTELIGENCIA CRIMINAL

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Inteligencia estratégica y crimen organizado.....ooooooccnoncnnnncncnnnnnos Criminología e inteligencia: avances COgNitiVOS....ooooooocccnnccnnonnnos Inteligencia criminal: una elección en clave de seguridad ........... Los despliegues virtuosos de la inteligencia criminal................... Aportes de la inteligencia criminal .......oooooocnnncccnnocananancnonaconnnnnos» Inercias del pasado y futuro de la inteligencia criminal...............

149 154 158 171 176 183

RARA

187

Ene AR RO Ren nn e nnnennnnennnnnnronnononanenecnninanes

ÍNDICE DE MATERIAL GRÁFICO Tabla 1.

Tipos de criminalidad...........ooocccccnnccononnnnnnnnnononononnnnnnonocnnnononnns

Tabla 2.

Herramientas cuantitativas y SUS VENTAJAS ..oocoocccocnnoncnccnononocon.

Tabla 3.

Herramientas cualitativas y SUS VENTAjaS.....ooooocrcnonnocnonenaconons.

Tabla 4. Tabla $.

Índice de percepción de la corrupción en países con alta infil-

tración del COT ...ooooocncnccnccncnonncnccnonocnononncconnonnroncnonncnonanncnnnonos

Índice de percepción de la corrupción en países con alta infil-

tración del COT ...oonoonncnccncnnonocnonocnonacnncncnocnc nono nan nonacnccncnncncnnos

Tabla 5.1. Índice de percepción de la corrupción en países con alta infil-

144

tración del COT ..cooooconconauaanonooooooconononnononcnnoncnnononononcononoonononoo: Gráfico 1. Diferencias entre inteligencia criminal e investigación criminal

144

Gráfico 2. Ciclo de inteligencia criminal y su relación estratégica ...........

152

Gráfico 3. Subcomunidad de inteligencia crimial .........occconommsssrrrmmmommos*>*...

178

151

AGRADECIMIENTOS Los trabajos de investigación y sus desenlaces publicables son producto de la conjunción de muchos factores. Agradezco a FLACSO Ecuador por permitirme desarrollar proyectos académicos iberoamericanos en el período sabático. A la Fundación Carolina, por otorgarme una beca postdoctoral realizada en el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. A Renato Rivera por su permanente apoyo, lectura crítica y comentarios a esta obra. El texto que tienen ahora en su poder no hubiese sido posible sin el minucioso y detallado trabajo editorial de Liudmila Morales Alfonso.

FREDY RIVERA VÉLEZ

PRÓLOGO Una obra científica es aquella que amplía el conocimiento humano. La ciencia acota una parte de lo que denominamos “realidad” y la disecciona y analiza en función de una adecuada pregunta de investigación, una me-

todología apropiada y un objetivo a cumplir. De ahí que prologar adecua-

damente una obra científica sea, en mi opinión, lograr entender todo ello

y comentarla, con mayor o menor fortuna, con la decidida intencionalidad de ser lo más fiel posible a la esencia de la voluntad y motivación de sus autores. Mis compañeros académicos Fredy Rivera (FLACSO Ecuador) y Da-

niel Sansó-Rubert (Universidad Europea de Madrid) han logrado en esta obra de síntesis sumar sus conocimientos e investigaciones de largo recorrido en materia de crimen organizado, teoría de la inteligencia, análisis

estratégico y Relaciones Internacionales. La presente obra plantea y logra plenamente:

e e

Clarificar el concepto y exponer qué debemos entender por crimen

organizado transnacional (COD);

Analizar epistemológicamente las bases científicas para enfocar de forma adecuada el estudio del COT,;

e

Aportar un estado de la cuestión completo y riguroso de nuestro nivel de conocimiento científico sobre el COT:;

e

Describir en profundidad aquellos factores de todo tipo capaces de ayudar a la comprensión del objeto de estudio y

e

Desvelar las interconexiones entre el COT y los factores sociales, políticos y económicos del contexto histórico y social en el que se producen y manifiestan.

Por otra parte, y no menos importante, los autores exponen los errores conceptuales, teóricos, epistemológicos y prácticos que las sociedades democráticas han venido padeciendo en torno a la criminalidad organizada, las posibles causas de dichos errores, sus motivaciones profundas y

sus posibles soluciones. Lo hacen utilizando herramientas conceptuales y teóricas de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, de forma ecléctica

16

Joan Antón-Mellón

e interdisciplinaria. Así, demuestran una vez más que hoy día las ciencias sociales avanzan, al haberse abandonado el autismo académico de épocas pasadas. Los enfoques de la Criminología Crítica, la Sociología, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y cualquier elemento epistemológico, conceptual o metodológico que pudiera ser útil ha sido usado de modo instrumental por los autores. De forma ideológicamente muy reveladora, parten de la concepción genérica democrática de que la seguridad de una sociedad no es la ausencia (aparente en ocasiones) de conflictos, sino la salvaguardia de los derechos y las libertades de los ciudadanos a escala local, regional, estatal y mundial. Para remarcar la extrema relevancia de su objeto de estudio, nos exponen una cifra aterradora: según el estudio mundial sobre homicidios de Naciones

Unidas,

de 2019,

las organizaciones criminales han asesinado

a tanta gente como todos los conflictos armados combinados. El COT supone una de las más graves amenazas a la libre convivencia democrática mundial, por su enorme capacidad de infiltrarse en los aparatos del Estado, la política, la economía y la sociedad en su conjunto. Esto multiplica de manera exponencial la corrupción y daña mortalmente al estado de derecho, en detrimento de la gobernanza democrática, los derechos humanos,

el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Es una metástasis social; el camino inverso a lograr una sociedad democrática avanzada. De

ahí que la presente obra constituya un aviso para navegantes, un excelente estado de la cuestión y una guía para posibles reformas y políticas públicas desde una óptica democrática. El crimen organizado transnacional es una poderosa amenaza mundial y sistémica. Junto con las multinacionales, son los actores internacionales

que mejor están aprovechando las ventanas de oportunidad de la globalización. Manifiesta además una gran capacidad de innovación, de resiliencia e incluso de adopción de formas muy eficaces de inteligencia táctica y estratégica. Incorpora constantemente las formas más avanzadas y sofisticadas de las nuevas tecnologías y el conocimiento técnico de expertos. Al mezclar de forma muy eficaz actividades lícitas e ilícitas (según una misma lógica empresarial de maximización capitalista de beneficios), genera una gran opacidad en sus actividades. Ello dificulta sobremanera la capacidad de

Prólogo

17

contrarrestrarlas. En demasiadas ocasiones los Estados-nación solo ganan

batallas parciales ante estrategias supranacionales del COT.

El problema resulta muy complejo, por su carácter multicausal y supranacional. Afrontarlo desde un enfoque nacional, exclusivamente penal y securitario traza el camino del fracaso, como explican y subrayan los autores. El COT representa un problema social de enorme relevancia; la prueba es que la miseria/pobreza extrema, las desigualdades y las injusticias sociales devienen terrenos abonados para la proliferación delictiva. En ausencia del Estado, rige la ley de la selva. Los autores abogan por un cambio radical de paradigma respecto a la forma de minimizar los riesgos y amenazas del COT: pasar de una actitud reactiva a una actitud y comportamientos preventivos y proactivos. Eso incluye diseñar sistemas de alerta temprana y crear protocolos sociales de actuación que engloben factores educacionales, familiares, laborales, sociales y securitarios; analizar tendencias;

imaginar posibles escenarios;

estudiar, crear e implementar políticas públicas adecuadas; construir indicadores operativos, así como aumentar la cultura cívica y la hegemonía de

los valores y los comportamientos democráticos. Solo con el incremento gradual de todo ese conjunto de factores se podrá combatir con éxito a unas organizaciones criminales que utilizan en su servicio la globalización asimétrica, los conflictos híbridos y su amoral ausencia de frenos éticos. Son canallas deshumanizados, enemigos de la Humanidad.

Por último, quisiera destacar unos cuantos logros que, a mi juicio, explicitan la calidad intelectual y la relevancia científica de la presente obra. En primer lugar, destaco su claridad expositiva. Conjuga rigor, profundidad e incremento del conocimiento,

sin caer en muestras gratuitas de

erudición. Va al grano de los problemas y tiene un hilo argumentativo tan explícito como reflexionado. Son evidentes los años de estudio e investigación de ambos autores. Así lo atestiguan el amplio bagaje conceptual utilizado (globalización asimétrica, seguridad multidimensional, escenarios transnacionales, colonización legal e insurgencia criminal) y la solidez de

las conclusiones planteadas.

En segundo lugar, la obra llega al fondo de los problemas planteados. Los autores abogan por una profunda reforma epistemológica de la Criminología clásica, denunciando la ceguera de sus pobres planteamientos indi-

18

Joan Antón-Mellón

viduales, penales y securitarios. Defienden que problemas sistémicos sociales transnacionales requieren respuestas sistémicas transnacionales. Como afirman los clásicos, no hay una buena práctica sin una buena teoría. En tercer lugar, proponen y argumentan de forma muy extensa la necesidad de incorporar decididamente las potencialidades teóricas, prácticas, Operativas y políticas de la inteligencia y el análisis estratégico como complemento imprescindible de la inteligencia operativa criminal que efectúan, en grado mayor o menor, las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados democráticos. Transformar una selección de datos sobre un problema grave en materia criminal (que supone un riesgo o una amenaza sistémica) en información, conocimiento e inteligencia permite dar un

eran salto cuantitativo y cualitativo. Es la vía para que los decisores políticos elijan las opciones adecuadas, para que se diseñen políticas públicas eficaces y se constaten oportunidades. Todo ello en las fases iniciales de un problema, cuando existen múltiples opciones y capacidades de respuesta. Opciones que, si no se ha detectado y no se ha hecho nada, van disminuyendo en paralelo al agravamiento del problema, habiéndose así actuado

de forma equivocada, inoperante y reactiva.

Estado de derecho o ley de la selva; derechos humanos o supervivencia

de los más fuertes; convivencia democrática o malestar social; seguridad democrática o reinado del crimen organizado transnacional... tertium non datur (no hay una tercera vía).

JOAN ANTÓN-MELLÓN

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Barcelona, mayo de 2020.

INTRODUCCIÓN A priori, puede parecer que la disciplina de la Criminología resulta ajena a los estudios tradicionales sobre seguridad, defensa, política exterior y relaciones internacionales. Sin embargo, esta ciencia multidisciplinar puede aportar elementos en extremo valiosos para entender la compleja relación que existe entre la criminalidad o delincuencia organizada y la seguridad multidimensional, que son nuestros campos específicos de reflexión. En los últimos años, el crimen organizado transnacional (CO'T) o delincuencia organizada transnacional (DO'T) —términos que en este libro

utilizaremos como sinónimos— se ha erigido como uno de los problemas sociales, económicos y políticos de mayor impacto en las agendas de seguridad pública a escala mundial. También como factor permanente de riesgo para la vida cotidiana de la población. Su rápida dinámica de difusión, su capacidad de penetrar en las economías e instituciones nacionales y su función envolvente, manejada bajo lógicas de corrupción, infiltración camuflada y cooptación de segmentos de los sectores públicos y privados, ubican a este fenómeno como una seria amenaza para la seguridad internacional, en general, y de los Estados nacionales, en particular. Grosso modo, la Criminología, además de sus relaciones interdisciplina-

rias, constituye una herramienta empírica que sirve para profundizar en el

conocimiento de su objeto de estudio: el delincuente, el delito, la víctima y el control social o estatal. Lo hace tanto desde una óptica micro, que ubica al delincuente como sujeto individualizado, como de una perspectiva macro, que observa las manifestaciones vinculantes de la criminalidad organizada en sus distintas expresiones complejas como el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo y otros fenómenos criminales complejos. La pecto recen factor

delincuencia organizada transnacional opera de igual forma con resal conjunto de factores estructurales, internos o externos, que favola ruptura de la norma y el quiebre institucional, entendido como de amenaza para los Estados, para las personas o para el medio am-

biente, dentro de escenarios nacionales e internacionales. A su vez, el campo de conocimiento de la seguridad intersecta también, en sus diferentes

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

variantes nacionales, los objetos de estudio provenientes de las Relaciones Internacionales, la Geopolítica, la Economía, Política, entro otras.

la Sociología y la Ciencia

Ese conocimiento requiere afrontar exigencias sobre la utilidad y la validez de sus aportaciones, más allá del incremento del saber criminológico que suele quedarse en los tradicionales niveles jurídicos o instituicionalistas del Derecho y sus aplicaciones normativas. Desde una perspectiva pragmática, los conocimientos compartidos constituyen un aporte a la inteligencia estratégica porque en contextos globalizados, llenos de complejidades e incertidumbres, la inteligencia criminal se presenta a sí misma como una valiosa herramienta para garantizar la seguridad del Estado, las instituciones y las personas. Constituye además un valioso instrumento para las

reflexiones multidisciplinarias y la toma de decisiones en política pública.

No hay que olvidar la pretensión de la Criminología de ser una ciencia aplicada, que puede tener vinculaciones con las Relaciones Internacionales, la Sociología, la Antropología, la Etnografía y la Psicología, por citar solo algunas disciplinas. Dicha pretensión no implica que abandone sus métodos, indispensables para la evolución de sus análisis, porque no existe una teoría integral de la criminalidad organizada per se, sino que acudimos

a la doctrina criminológica para explicar determinadas situaciones y así obtener categorías o vertientes teóricas de otras disciplinas, para generar un

panorama interdisciplinario o transversal.

La integración o transversalidad requiere aceptar que el objeto básico de las teorías criminológicas consiste en establecer factores correlacionados con la producción de la delincuencia, la persistencia en la delincuencia o la radicalización, en caso de que se trate de analizar, por ejemplo, el

terrorismo y sus vinculaciones. Explicar el proceso de mediación entre los factores que intervienen en la fenomenología delincuencial y los escenarios nacionales e internacionales donde opera dicho proceso implica también incorporar los aportes conceptuales de varias teorías sociales. Á todas luces, un reto epistemológico y de método que no tiene fácil resolución y que podría caer en la dispersión caótica del análisis sobre la fenomenología criminal organizada. Considerando esa perspectiva, el espacio académico relacionado con

los estudios del crimen o la delincuencia organizada vinculados a la se-

Introducción

21

guridad internacional tiene carencias explicativas y vacíos programáticos. Los intentos analíticos han provenido generalmente de la Criminología clásica y positivista, del Derecho en sus distintas variantes, de la Psicología

conductista y otras entradas criminológicas. Sin embargo, los análisis que tienen origen en los estudios internacionales y la seguridad multidimensional aparecen minimizados en el debate sobre la problemática delincuencial transnacional porque estas disciplinas concentraron de forma excesiva sus objetos de estudio en la discusión sobre las amenazas tradicionales de tipo militar a los Estados nacionales, sus territorios y la política exterior. Así,

la complejidad del crimen organizado internacional y sus aristas disciplinarias quedaron encapsuladas bajo los parámetros teóricos de las escuelas realistas de las Relaciones Internacionales, definidos a breves rasgos como amenazas al Estado que provienen de otros Estados, por lo que el objetivo es maximizar el poder en relación con estos. Las reflexiones planteadas en este libro no tienen pretensiones holísticas, aunque sí proponen construir puentes interpretativos de la delincuencia o crimen transnacional desde la trama conceptual establecida entre la Criminología crítica y las Relaciones Internacionales, en la que el campo reflexivo de la seguridad multidimensional ocupa un lugar preponderante. A este tejido de categorías vinculantes se incorpora también el debatido tema de la interdependencia compleja, que proviene de las teorías de tipo racional de las Relaciones Internacionales. De hecho, sería equívoco pensar que los países actúan de forma solitaria o solipsista, sin afectaciones recíprocas y asimétricas producidas por actores no estatales que tienen violenta relevancia estratégica e intervienen en diferentes escenarios regionales y

mundiales.

A ese tejido conceptual se incorporan la inteligencia estratégica y la inteligencia criminal porque constituyen factores de aplicación permanente por parte de los Estados contemporáneos. No es para menos, dado que las instituciones de seguridad pública y privada deben actuar ante el veloz despliegue de las amenazas criminales que operan bajo contextos globalizados y con tendencia a reducir la cooperación multilateral. Toda esta amalgama de temas, problemas y debates puede ser incluida como una preocupación adicional para las comunidades epistémicas

29

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

que dinamizan el ejercicio interdisciplinario?. En efecto, las novedosas formas de estudiar el crimen organizado transnacional pueden provenir de colectivos de investigación que generan un proceso de construcción de identidades académicas o denominadores comunes de análisis y, por tanto, ideas o supuestos compartidos en distintas instituciones, organismos supranacionales, redes de trabajo y grupos de reflexión docente. También de funcionarios públicos o privados con injerencia política, que se autoconvocan para difundir, aplicar e influir con determinadas concepciones del orden mundial en actores sociales y económicos, Estados nacionales, oficinas multilaterales y corporaciones transnacionales. Con tales antecedentes, el libro pretende consolidarse como una guía

para estudiar el crimen organizado transnacional incorporando tramas conceptuales que dialogan entre la Criminología crítica y las Relaciones Internacionales.

¿Cuáles son las principales áreas o espacios de discusión que se incorporan en el análisis? El primer capítulo hace referencia al debate sobre las intersecciones conceptuales del objeto de estudio y los componentes disciplinarios que se articulan, sin excluir detalles metodológicos respecto a los enfoques cuantitativos y cualitativos sobre crimen organizado y seguridad. El segundo capítulo aborda las discusiones de carácter teórico y epistemológico sobre las conexiones interdisciplinarias que existirían entre la Criminología y la Economía Política, dentro de un marco conceptual de las Relaciones Internacionales. Este diálogo académico se produce ante la necesidad de acercar saberes y campos de conocimiento que generalmente no desarrollan proximidades profesionales o reproducen teorías derivadas del realismo seguritario. De ahí que se vuelva necesario tomar distancia, con una crítica a las nociones de doctrina de seguridad nacional impuestas por décadas en los estudios relacionados con la seguridad. El tercer capítulo incluye reflexiones sobre las formas estadísticas o mediciones del crimen organizado. Entendido como un campo donde confluyen distintas disciplinas, el debate metodológico es de suma importancia

Para extender el estudio sobre el papel que desempeñan las comunidades epistémicas

en la investigación social, revisar Adler Emanuel (1992).

Introducción

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para tener una lectura con pretensiones holísticas. De hecho, el trabajo basado en datos estadísticos se combina con los enfoques cualitativos. Se incoprora un segmento de utilidad pragmática, al exponer dónde buscar y cómo gestionar los obstáculos metodológicos. Esto ayudará a despejar inquietudes de tipo profesional. El cuarto capítulo hace referencia a la importancia política y a la necesidad de considerar el crimen organizado como una amenaza estratégica de tipo sistémico. Para entender de mejor manera las conexiones interdisciplinarias, se incorporan áreas temáticas de las Relaciones Internacionales a través del concepto de interdependencia, para vincularlo con las amenazas híbridas que hacen parte de la delincuencia organizada a escala global. Esta es asumida como reto de análisis para los estudios de seguridad multidimensional.

Se incluyen discusiones sobre la insurgencia criminal, la

geopolítica criminal y la tendencia contemporánea de los gobiernos de implementar acciones militares para combatir el crimen transnacional.

El quinto capítulo analiza el papel del Estado, las esferas democráticas vulneradas por la delincuencia organizada y los mecanismos criminales que se desarrollan para transgredir las instituciones de control. Se destina un espacio significativo de análisis a comprender la corrupción como fenómeno vinculado a los Estado débiles y fallidos donde operan lógicas criminales mediante el negocio de la protección y otros mecanismos que afectan la estabilidad de los gobiernos. El sexto capítulo entra de lleno en el estudio de la inteligencia criminal, asociándola con la inteligencia estratégica, sin dejar de ubicar el lugar que ocupan los avances cognitivos brindados por la Criminología en esa dinámica científica. Resulta importante señalar los aportes de la inteligencia criminal a los estudios de seguridad y a los límites institucionales, en el

pasado reciente.

1. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO OBJETO DE ESTUDIO El fenómeno delictivo, como cualquier otro hecho social, está estrecha-

mente relacionado con las realidades que lo circundan. La delincuencia no se genera en abstracto, sino en contextos y temporalidades concretas. Tiene

lugar en determinadas condiciones sociales, de desarrollo tecnológico, político y humano que influyen decisivamente en la forma como se produce, en sus modos y maneras de manifestarse, en su cantidad, intensidad y en todas sus connotaciones y peculiaridades (Sansó-Rubert, 2005; 2008, p. 223.

La idea motriz que sustancia la peligrosidad intrínseca de la asociación criminal reside en la construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión exitosa del delito, así como al encubrimiento y la protección de sus miembros para evitar la persecución institucional. La organización criminal adquiere, por tanto, cierta autonomía en relación

con las personas individuales que aportan a conseguir su objeto. En consecuencia, “organización” equivale a “estructura organizativa”, denominador común de toda actividad desarrollada en el contexto de un ente colectivo. Todo grupo u organización humana depende, entre otros elementos, de la creación, consolidación, ampliación, renovación y reconfiguración de un

conjunto de vínculos sociales. Son vínculos compartidos entre los individuos, que generan una identidad. Por otro lado, también implican a personas que, a pesar de no estar formal o explícitamente afiliadas, mantienen relaciones frecuentes o significativas con la organización, bien con alguno de sus integrantes en concreto, bien con la totalidad del conjunto.

Desde ese prisma, los grupos criminales son concebidos como redes sociales

o entramados de relaciones interpersonales, familiares, de amistad,

profesionales y comunitarias. Tal visión resulta de gran ayuda para lograr comprender el funcionamiento real de la delincuencia organizada. No en

Como

señala Durkheim

(1997, pp. 93), “el delito es normal, ya que una sociedad

exenta de delitos es del todo imposible, y es parte integrante de toda sociedad sana”.

26

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

vano los contactos que mantienen y promueven los zados con otros individuos y colectivos son el medio organizaciones criminales afrontan toda oportunidad que amplían el número de colaboradores, afiliados y De Poot, 2008).

delincuentes organia través del cual las de negocio, a la par clientes (Kleemans y

A pesar de la dificultad inherente que representa una amenaza poliédrica de difícil aprehensión, en virtud de su naturaleza difusa y esquiva, pretendemos esbozar un perfil actual de la criminalidad organizada transnacional y sus repercusiones en la seguridad multidimensional, especialmente en los conflictos, haciendo hincapié en sus elementos más significativos. La comunidad académica se ha preguntado sobre el significado profundo del concepto de seguridad en un mundo en constante cambio, porque la crisis de los grandes paradigmas ideológicos ha producido escenarios de incertidumbre, contingencia, fragmentación y pérdida de sentido para los Estados y las personas. De ahí que los análisis sobre seguridad nacional o seguridad ciudadana estén dejando de ser un terreno exclusivo para estamentos militares, policiales, judiciales

o entidades gubernamentales, para

convertirse cada vez en más en un campo deliberativo en el que participan múltiples actores sociales e institucionales (Rivera, 2008).

La globalización puso en jaque las interpretaciones neorrealistas de seguridad nacional y extendió el campo analítico a la presencia de nuevas amenazas provenientes de actores no estatales, entre ellos, el crimen or-

ganizado o delincuencia transfronteriza o transnacional. Se cuestionó el principio decimonónico de soberanía nacional y se interpeló la tautológica fórmula Ya más seguridad, más desarrollo” por el simple hecho de que existen países desarrollados con presencia de grupos criminales con alcance regional y mundial. De manera paralela, se introdujeron nociones y declaraciones multilaterales que contribuyeron a delimitar el crimen organizado como objeto de estudio. Tanto en el continente europeo como en el americano se hicieron esfuerzos por modificar el concepto estadocéntrico de seguridad nacional. Corría el año 2003 cuando la Organización de Estados Americanos (OEA)

adoptó el concepto de seguridad multidimensional, al extender la naturaleza y el alcance de la seguridad para abarcar, además de las amenazas tradicionales, otras de carácter económico, ambiental, social y de salud que

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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forman parte de problemas interdependientes y que afectan a los Estados y a las sociedades. A nocer y las otros

ello se suma una lógica de intersectorialidad del problema, al recola necesidad de generar respuestas entre varios actores del Estado organizaciones civiles. Entre las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad que deben afrontar los países hemisféricos

se encuentran la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, el

lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, la posesión de armas de destrucción masiva, la pobreza extrema y la exclusión. Estas afectan la estabilidad y la democracia, entre otras más que se adicionan a la Declaración sobre seguridad en las

Américas (OEA, 2003).

Desde otro ámbito geográfico, la Estrategia Global para la Política Ex-

terior y de Seguridad de la Unión Europea (2016) incluye diversos aspectos parecidos a la declaración americana. No obstante, las peculiaridades europeas relacionadas con el terrorismo y la radicalización la vuelven específica, sin por ello abandonar el tema relativo al crimen organizado”.

Esa estrategia constituye el marco global rector y trasversal que incorpora al crimen organizado como

el terrorismo,

una de las amenazas

los conflictos armados

que, junto a otras como

y el espionaje,

configuran

uno

de

los principales riesgos para los Estados y las personas. Existen instrumentos adicionales como la Estrategia de Seguridad Interior (Unión Europea

2010)*; la de Ciberseguridad Nacional (Unión Europea 2013a) y la de Seguridad Marítima Nacional (Unión Europea 2013b). Varias de ellas hacen mención directa a las distintas amenazas que afectan la seguridad nacional,

entre ellas, el crimen organizado y sus vinculaciones con el terrorismo y el radicalismo.

Para una comprensión detallada de los conceptos sobre terrorismo, radicalización, islamismo, yihaidismo y similares, ver Antón (2015). En esa estrategia se introducen los temas de tráfico de personas, ciberdelitos, narcotráfico, falsificaciones y delitos financieros. También aparecen instituciones específicas como Europol, Eurojust y la Agencia Europea para la Formación Policial (Unión Europea, 2010).

Hacemos notar que, de forma temprana, el Consejo de Europa (2005, p. 19) se pronunció sobre el crimen organizado, al mencionar que *se trata de un concepto de

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Para los fines de este análisis, consideramos que la seguridad multidimensional debe ser asumida más allá de los interminables debates políticos. Al fin y al cabo, las realidades delincuenciales, los problemas convergentes y los conflictos derivados se desarrollan a tal velocidad que se transforman constantemente y ralentizan los enfoques explicativos. Por ende, adoptar la noción multidimensional como ingrediente de método y análisis implica pensar que se ha promovido un cambio de paradigma que articula los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales. Ello conduce a admi-

tir que los factores de inseguridad son de naturaleza transfronteriza y que la única forma de actuar para eliminarlos o mitigarlos viene de la mano con la necesidad de la cooperación interagencial (Maldonado, 2015, pp. 79-81).

Definir el crimen organizado no es un asunto superficial. Una mayor o menor rigurosidad en la delimitación de los requisitos influye necesariamente en la cantidad de grupos registrados, en el número y las características de los delitos atribuidos a ellos y, por consiguiente, en la percepción de su peligrosidad (Sansó-Rubert, 2009).

Bajo el rubro de “actores criminales internacionales” se aglutina un conjunto diverso de amenazas. Si bien muchas de ellas ya eran motivo de preocupación en el orden interno de los Estados, han evolucionado hasta

adquirir aristas transnacionales, con y capacidad de actuación. Su estudio progresivo, lo que las convierte en la literatura dedicada a los asuntos

los riesgos que entrañan tal dimensión fenomenológico ha atraído un interés un tema frecuente en buena parte de de seguridad y de Economía Política

Internacional. De hecho, la transnacionalización del delito conlleva una

enorme complejidad analítica porque sus formas de presentación y difusión fenomenológica tienen diversas expresiones, así como su delimitación teórica y metodológica. Esta todavía permanece difusa y ambigua; el concepto de criminalidad organizada presenta, en sí mismo,

dimensiones y

acepciones diversas debido a la dificultad de explicarlo de manera integral (Rivera, 2017, p. 74).

naturaleza histórica que cambia con el tiempo. Es una construcción social que refleja

una serie de tipologías criminales que son percibidas por la sociedad como especialmente peligrosas en un momento determinado y cuya definición está influida por diferentes intereses políticos e institucionales”.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

29

Son múltiples los términos empleados para designar la criminalidad organizada transnacional: “delincuencia organizada transnacional”, “delincuencia internacional organizada”, “delincuencia mundial organizada”,

“delincuencia multinacional”... Todos expresan la naturaleza organizada

de los grupos que la componen, así como el contexto internacional de sus

actividades (Lampe, 2016). De todas maneras, existe consenso en que es uno de los principales riesgos para la paz y la estabilidad mundiales, para los derechos humanos, para la economía de los Estados, el desarrollo y el

ambiente, para el estado de derecho y la democracia. En cuestión de años, un problema que por tradición había sido interno o nacional se transformó en una amenaza que puede poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones fnancieras y los equilibrios en las relaciones internacionales (Sansó-Rubert, 2005).

El progresivo aumento del riesgo que trae aparejado el fenómeno criminal, la extensión internacional de sus redes y la capacidad perturbadora que ejerce sobre las sociedades y los poderes públicos han elevado la concepción actual de la criminalidad organizada como un tema relevante a ser incorporado en los análisis de la seguridad multidimensional. No es casual que muchos países, al momento de elaborar sus libros blancos de la defensa”, incluyan al crimen organizado transnacional como un factor

substancial, que debe ser tratado en sus planes y programas nacionales. Los escenarios tradicionales de seguridad se han modificado, reconfigurando las formas clásicas de comprender la geopolítica desde una percepción de soberanía por medio del ámbito militar. Coexistiendo con los enfoques clásicos, que se concentran en matrices estatales y políticas de poder, las lecturas críticas y aperturistas están vinculadas en mayor o menor medida a las agendas de seguridad contemporáneas y a una perspectiva multidisciplinaria que reconoce la presencia de actores no estatales donde hay espacios para la cooperación (Bartolomé, 2013). A pesar de que existen divisiones analíticas en los diferentes esLos libros blancos de la defensa nacional son documentos públicos que exponen los criterios estratégicos y las concepciones de un determinado país frente a las amenazas de seguridad y defensa. Por lo general, contienen programas y planes que incluyen prácticas transparentes y metodologías compartidas en contextos multilaterales.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

tudios de seguridad, esos enfoques comparten en buena medida interrogantes similares. A saber: ¿cómo los grupos criminales compiten territorialmente entre sí?; ¿de qué forma infiltran a los gobiernos para obtener preponderancia y control sobre los mercados?; ¿cúales son las lógicas que subyacen en la convergencia entre los poderes político, militar, empresarial

y criminal?; ¿cómo las mafias despliegan estrategias delincuenciales para influir en los procesos electorales?; en los casos donde existe terrorismo, ¿cúales son y cómo se producen las vinculaciones entre crimen organizado,

terrorismo y economías ilícitas? Esos cuestionamientos elementales no eliminan la preocupación por entender la relación entre los partidos políticos que mantienen un camuflaje democrático, pero que en realidad esconden objetivos criminales para su sustentabilidad, como ha sido sustentando en el contexto italiano (De Feo y De Luca, 2013).

En ese sentido, es necesario advertir que el pluralismo metodológico constituye un elemento central para analizar la conjunción entre Criminología y seguridad multidimensional. Los enfoques aglutinadores señalan que las propuestas inclusivas de investigación amplían las agendas de las Relaciones Internacionales y tributan a un análisis teórico y metodológico más profundo de los fenómenos estudiados (Krause y Williams, 1996).

1.1. La criminalidad organizada como “actor armado no estatal”. Rasgos definitorios

“Actores armados no estatales” es una categoría empleada para aglutinar un variado conjunto de amenazas previamente diagnosticadas por las doctrinas de seguridad nacional, cuya evolución les ha permitido convertirse en entidades transnacionales bajo distintos escenarios globalizados. Su presencia fenomenológica ha ganado relevancia en la literatura sobre seguridad multidimensional. Sin ánimo de realizar un repaso retrospectivo en profundidad, resulta imprescindible efectuar un breve recorrido por el desarrollo de estudios precedentes y modelos articulados, con la finalidad de lograr mayor com-

prensión sobre la criminalidad organizada. Á efectos puramente explicativos, resulta de interés seleccionar un número mínimo de variables carac-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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terísticas, que nos permita aprehender conocimientos sobre el objeto de estudio y su esquematización. La esquematización facilitará la posibilidad de establecer comparaciones entre los diversos actores armados no estatales identificados, así como presentar una panorámica lo más exacta posible de la fenomenología de la criminalidad

organizada

transnacional,

con sus principales

manifestaciones. Es así que partimos de una explicación abarcativa que va más allá del derecho internacional humanitario, al concebir que los actores armados no estatales son organizaciones contendientes que no están dentro de las fuerzas de seguridad formales (estatales) que mantienen

una lucha armada, con capacidad de control, de mando y de disciplina

sobre ese colectivo (Laborie, 2011). La característica principal de estos actores es el uso de las armas y la violencia para alcanzar una serie de objetivos políticos, ideológicos o económicos. Los objetivos pueden estar delimitados de forma estable o cambiar en el tiempo. De forma sucinta, las principales variables que permiten definir los rasgos destacados de los actores armados

no estatales, además

del recurso a la violencia y la

corrupción, elemento básico de su constitución, son las que exponemos a continuación. e

Circunscripción territorial. Estos grupos pueden operar a escala in-

ternacional, regional, nacional y subnacional (entendido el “sub” como un espacio que integra el territorio de determinado Estado o conjunto de Estados, pero no constituye su totalidad). La opción resultante entre las combinaciones posibles dependerá de su vinculación con el territorio y de sus intereses geoestratégicos y geopolíticos. En consecuencia, hay actores armados no estatales que apuestan

por el pleno control y el ejercicio de una influencia significativa dentro de un territorio y de ese modo, directamente en la vida de

miles de individuos. Podemos citar los casos del Estado Islámico en Oriente Medio, los Tigres de Liberación Tamil Eelam en Sri Lanka,

así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en ese país. De he-

cho, el nivel de control territorial constituye un indicador del éxito de un actor armado no estatal, suponiendo que dicho control forme

parte de su estrategia y objetivos.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

e

Identidad. ¿En función de qué factores se establece la identidad del grupo? Con base en una ideología, una religión, un vínculo étnico, familiar y social. La identidad es entendida como la forma en que los miembros de una organización criminal mantienen vínculos de naturaleza simbólica, ritual o carcelaria (por ejemplo, las maras centroamericanas). El denominador común es haber compartido estancias en el mismo centro penitenciario, o estar participando en

redes criminales articuladas que se organizan para lograr un objetivo compartido. La construcción de identidades colectivas favorece

el desarrollo de la lealtad de grupo, el sentido de pertenencia y los

estatus relacionales y de poder dentro y fuera de la dotándola de mayor cohesión. Asimismo, define las de los grupos armados y la capacidad de interrelación de distinta índole que comparten intereses peculiares, compra de armas.

organización, motivaciones entre grupos tales como la

Disponibilidad de medios, recursos y financiación. Hace referencia a la cantidad y variedad de recursos humanos, organizacionales, eco-

nómicos, logísticos y relacionales que es capaz de movilizar una organización. Incluso el territorio puede llegar a entenderse como un tipo de recurso por el que combatir y que, a su vez, permite el acceso a otros recursos complementarios. La financiación y obtención de fondos resulta esencial para la supervivencia y el dinamismo operativo. Existen multitud de fuentes de ingresos. Entre las más comunes están: actividades comerciales legítimas, benefactores públicos (Estados) y privados (simpatizantes), aportadores no conscientes, pagos por la prestación de servicios ilegales, beneficios de actividades ilícitas como el cobro del impuesto revolucionario, extorsiones,

secuestro y tráficos ilícitos. La financiación soporta la actividad del grupo, el enriquecimiento de sus integrantes, el mantenimiento de colaboradores y allegados y, en el supuesto de que se sustituya a la autoridad estatal, mantener la prestación de los correspondientes servicios, que favorece al conjunto de personas bajo su control. e

Morfología de la estructura y relaciones de cooperación entre grupos. La variedad morfológica estrucutural es ingente. Abarca desde la

apuesta por las estructuras jerárquicas tradicionales centralizadas

hasta las organizaciones descentralizadas en red. No cabe identifi-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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car estructuras tipo, sino tendencias tipológicas. En todo caso, las estructuras organizativas no son estáticas porque se adaptan y cambian progresivamente, en respuesta a las oportunidades y limitaciones del ambiente en el que operan y en función de las acciones de sus adversarios. La gama de tipologías de cooperación es muy variada. Las organizaciones pueden adoptar multiplicidad de formas a lo largo de un espectro que abarca desde alianzas estratégicas, en un extremo, hasta relaciones de proveedor a corto plazo (Williams, 2003). Los incentivos para la cooperación entre organizaciones criminales están al alza. La violencia, desde una perspectiva racional economicista, perjudica los negocios. No solo desgasta

a las organizaciones por las pérdidas fruto del enfrentamiento, sino que las distrae de su objetivo principal, entendido como lucro cesante. Á pesar de la suma de inconvenientes, llegado el caso, el recurso a la violencia representa uno de los principales instrumentos de acción de la delincuencia organizada. e Apoyo de la población. Establecida la causa u objetivo que motiva toda actuación, el apoyo de la población es indispensable. Ningún actor armado no estatal tendrá posibilidades reales de éxito sin el apoyo (voluntario o forzado, consciente o inconsciente) de una parte de la población. Para lograrlo, se ejecutan diversas estrategias, que pueden presentar una gama enorme de posibilidades, desde la cooptación hasta la amenaza, sin desestimar la participación política y la infiltración a las instituciones democráticas. e

Unidad de dirección. Este principio, no por lógico y evidente, deja de ser vital. Es posible que existan en el seno de una organización diversos subgrupos y liderazgos, que deben agruparse en torno al objetivo común. La idea tradicional de una estructura centralizada del “capo” es poco usual en contextos globalizados. La especialización del conocimiento criminal requiere redes y lógicas centrípetas para favorecer el accionar clandestino o encubierto.

e

Flexibilidad, adaptación y resiliencia. La capacidad de adaptación al medio en el que se pretende desarrollar el conjunto de actividades resulta vital para el éxito y la supervivencia de la organización. La adaptación rápida y eficiente a los cambios —especialmente a las

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

contramedidas empleadas por los adversarios para neutralizar a la organización— requiere un trabajo previo de análisis y previsión estratégica. Resulta crucial desarrollar capacidades de inteligencia y contrainteligencia,

a fin de que aquellos que ejercen el lideraz-

go puedan adoptar decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible. Al igual que la racionalidad empleada por las empresas, la minimización del riesgo es una variable permanente en las lógicas criminales transnacionales.

Para finalizar, otras variables a considerar son el número de integrantes

de un grupo; su capacitación y adiestramiento (perfeccionamiento técni-

co y logístico) y las formas tradicionales y nuevas de reclutamiento (por ejemplo, el empleo de la internet con fines de captación se ha convertido en un mecanismo revulsivo para el yihadismo internacional, que ha

sabido explotarla convenientemente (Sansó-Rubert, 2004; 2009). Es im-

portante la diferenciación correcta entre actividades principales, secundarias y accesorias, en los supuestos de organizaciones caracterizadas por la multiactividad. La gestión de la información, el control de los medios de

comunicación y de la opinión pública, el empleo de nuevas capacidades tecnológicas y logísticas avanzadas, así como el desarrollo y la implementación de dispositivos de autoprotección y seguridad corporativa son algunas de las más relevantes.

2. LA NECESIDAD DE SABER: CONEXIONES INTERDISCIPLINARIAS DE LA CRIMINOLOGÍA La criminalidad organizada transnacional se ha desarrollado a lo largo de la modernidad,

de manera concomitante a los controles establecidos

por los imperios, reinados o Estados nacionales territorialmente diferenciados. Analizar la situación actual del crimen organizado requiere, previamente, una reflexión mínima sobre la imprecisión y el “uso inflacionario” del propio concepto (Kinzig, 2004; Zúñiga, 2019). A raíz de su configuración

nimia, esto es, los requisitos que han de

confluir en una organización para que obtenga la consideración de criminalidad organizada, tres

o más delincuentes

(grandes, pequeños o insig-

nificantes) agrupados, con la determinación de prevalecer en el tiempo y

que intenten acumular ganancias se convierten en criminales organizados potenciales (Fernández Steinko, 2008, p. 24). El resultado de un estira-

miento conceptual tan forzado es un concepto inoperante, académicamente pobre, que adolece de un alto grado de relativismo. Una suerte de perro-gato criminológico, apenas útil para denominar de forma genérica a todas aquellas estructuras con capacidad de desestabilizar el orden político y socioeconómico existente, así como casi cualquier manifestación de de-

lincuencia no convencional”.

Hasta la década de los años noventa del siglo pasado, no existía una concepción ampliamente aceptada de criminalidad organizada transnacional ni se había consolidado un ámbito académico de investigación y estudio diferenciado, especialmente en el ámbito de la Criminología (Van Duyne y Nelemans, 2012). Mucho menos en el terreno disciplina-

Para profundizar en el concepto de criminalidad organizada, consultar Sansó-Rubert (2009). De igual forma, la diversidad de definiciones puede apreciarse de manera comparada en los trabajos de Klaus von Lampe (2020), donde recoge más de 180.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

rio de los estudios internacionales o en el campo analítico de la seguridad multidimensional, que comenzaba a despegar como concepto aglutinante, superando a las tradicionales doctrinas realistas de seguridad nacional. El tema también resultaba completamente extraño para las reflexiones de la Economía Política, que habían puesto escasa atención al desempeño de actores criminales que desestabilizan a los Estados nacionales aprovechando las asimetrías estructurales generadas en los procesos de globalización e inserción financiera, a los que optaron distintos países en una determinada coyuntura. En esa dinámica y mediante la aplicación de políticas públicas que redujeron la capacidad de control estatal sobre diversas áreas —entre

ellas, la seguridad nacional e inteligencia—, por

considerarlas erróneamente un gasto y no una inversión, se abrieron po-

sibilidades para la penetración del crimen organizado internacional y sus conexiones locales. Esa última situación es importante mencionarla porque el proceso de elobalización o mundialización no es uniforme y simétrico. Genera distorsiones económicas, financieras, sociales y culturales, y consolida nuevas percepciones de incertidumbre, a la par que intensifica la interdependen-

cia de los Estados. La globalización no representa la panacea de libertad comercial que se pretende, sino que encierra la pérdida de diversidad productiva agropecuaria en los países exportadores; restringe la migración de personas, penaliza en muchos sitios la movilidad humana y promueve

la presencia de capitales especulativos. Todo esto va acompañado de un discurso que minimiza las capacidades de control de los Estados bajo el supuesto intervencionista de que vulnerarían las potencialidades de los actores económicos y su libre intercambio. En ese sentido, la seguridad estatal es afectada porque se reduce la inversión pública en infraestructura, tecnología, inteligencia estratégica y demás instituciones vinculadas al sector, cuya capacidad de prevención y

respuesta frente a posibles amenazas y presiones del mercado disminuye.

La interdependencia, cuando es asimétrica, genera desbalances y desigual-

dad de oportunidades, por su intrínseca condición política vinculada al poder. En el juego de inserción global que asume un país o Estado, unas regiones o zonas son beneficiadas, mientras otras resultan perjudicadas por los efectos negativos de la globalización. Ahí interviene el crimen organizado porque el Estado nacional, sin desearlo expresamente, abre ventanas

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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u oportunidades debido a la desatención o inacción institucional. De esa manera, el mismo Estado atenta contra la noción de “integridad estructural”, que se define como la sostenibilidad de la economía interna durante las interacciones interdependientes con la economía global (Keohane y Nye, 1998). Desde esa perspectiva, cabe destacar las capacidades de resistencia y resiliencia de los actores criminales porque amplifican el acceso al poder económico, político o social. A su vez, la diversificación del portafolio de las actividades lícitas e ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales es variada y fructífera. Cualquier actividad imaginable que resulte lucrativa será objeto de práctica y generará nuevos escenarios delictivos. Resumiendo, sus actividades principales son aquellas que proveen bienes y servicios ilegales: la producción y el tráfico de drogas, el tráfico de armas, menores de edad, órganos, inmigrantes ilegales y materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificación, la prostitución, la comercialización

de bienes lícitos obtenidos subrepticiamente, sobre todo vehículos de lujo, animales y obras de arte, y la utilización de redes legales para actividades ilícitas como el lavado de capitales. Resulta necesario aclarar que, con carácter general, no toda delincuencia organizada es internacional ni toda la internacional es organizada. Múltiples grupos de delincuentes manifiestan notas características de organización, pero a pesar de ello, no tienen cabida bajo el título de delincuencia

organizada. Nos referimos a la mera asociación temporal con fines delictivos (coautoría). Mientras tanto, otros grupos que sí están categorizados como delincuencia organizada no operan en la esfera internacional. El hecho de que la delincuencia organizada haya alcanzado el estatus internacional no es un fenómeno nuevo. Supone la adaptación de figuras delictivas antiguas a las condiciones científicas, técnicas y sociales contemporáneas. Esa evolución se observa en cualquier época, pero parece que ha cobrado renovado brío en un siglo en el que el progreso técnico se ha convertido en uno de los principales pilares de la civilización. La adaptación de la criminalidad a las nuevas condiciones de la vida globalizada

ha propiciado de forma paralela el salto a la internacionalización (SansóRubert, 2008).

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

A breves rasgos podemos definir dos tipos de criminalidad basadas en las experiencias de América Latina y Europa: microcriminalidad y macrocriminalidad (tabla 1). La macrocriminalidad es una organización comple-

ja cuya afectación territorial es local, nacional e internacional. Su impacto

social y económico es muy alto debido al tipo de actividades ilícitas que realizan, por ejemplo: narcotráfico, sicariato, trata de personas, tráfico de patrimonio cultural y natural, delitos cibernéticos, hidrocarburos, entre otros. La microcriminalidad, por su parte, corresponde a una organización simple, de pequeño impacto social y económico, con afectación territorial

local y regional. Los delitos más comunes de este tipo de organizaciones son robos simples, robos agravados, asaltos y robos a domicilio, robo de automotores, entre otros (Rivera, 2017).

Tabla 1. Tipos de criminalidad Tipo

Macro ce

Criminalidad

Micro Crimunalidad

o

Organización

, Compleja

Sunvle P

0: Afectación boa territorial

Internacional

Nacional Local

Regional Local

. Impacto: social eno y economico

Alto unpacto

Estratégias de eres

control más adecuadas

Comunidades de ' mteligencia

intemacional :

o uestigación del o j

delito “ prevención

Pequeño 1mpacto A pa

Preventina : investigación del delito E

q

:

l'ipos de delitos

Cnuien organizado cre (narcotrafico, sicanato. trata

de personas, de patrimonio culmtal y nanural. delitos e . cibernéticos, tráficos de hidrocarburos, etc.)

Robos simples, robos P agravados Asalto y robo, robos a donucilio, robo de automotares. etc

. Nivel de e. Intervención

Nacional

Internacional

Local : regional

Fuente: Rivera, 2017.

Estratégicamente, el principal elemento de preocupación radica en de-

terminar las organizaciones criminales que logran su inserción en niveles

estructurales, sobre todo políticos y económicos, con la aspiración de pre-

valecer como males sociales crónicos (Sansó-Rubert, 2011b). A efectos de alcanzar científicamente su aprehensión material, pocos conceptos son tan elusivos como el de delincuencia organizada”. Pese a ello, son múltiples

En ese sentido, destaca la idea recogida en el informe de 2005 del Consejo de Europa sobre la delincuencia organizada. El documento sostiene que el crimen organizado es “un concepto de naturaleza histórica que cambia con el tiempo. Es una construcción social que refleja una serie de tipologías criminales que son percibidas por la socie-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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los planteamientos teóricos que han sido adoptados por los investigadores, tanto desde la perspectiva criminológica como desde otras disciplinas como Historia, Sociología, Psicología, Economía, Derecho Internacional,

Ciencia Política y Antropología. Mediante corporado el complejo concepto al acervo correspondientes disciplinas. Este epígrafe principales contribuciones teóricas que han no de la delincuencia o crimen organizado.

esos planteamientos, se ha indiscursivo e investigador de las presenta un breve repaso de las pretendido explicar el fenóme-

El primer escollo a abordar deriva de la inexistencia de una noción académica consensuada del concepto de criminalidad organizada, más allá del concepto recogido en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra

la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Ello implica lidiar con

una doctrina en desacuerdo respecto de cuáles son las causas y los factores explicativos del fenómeno criminal organizado. Pese a que existen algunos rasgos y elementos comunes dentro de las diversas definiciones aporta-

das, su naturaleza, motivación, procedencia y características varían de un planteamiento teórico a otro. En consecuencia, los intentos de explicar

la delincuencia organizada desde una perspectiva concreta presentan un alcance limitado. Todas las teorías aportadas a la doctrina tienen, a la vez, defensores y detractores.

A pesar del panorama de desacuerdos, un sector minoritario de la doctrina ha empezado a hacerse un hueco con fuerza, defendiendo la importancia de aglutinar todos los aportes teóricos bajo una única teoría de la criminalidad organizada, que aún no termina por fructificar. Ese plantea-

miento teórico es eminentemente ecléctico: cualquier aproximación a su

estudio debe ser necesariamente transversal y holística, atendiendo a la naturaleza multicausal y plurifactorial del objeto de estudio. Representa, por tanto, uno de los mayores retos para la Criminología actual y futura. Comenzando el repaso atemporal por el conjunto de las teorías clásicas, con repercusiones explicativas aún en la actualidad, destaca la teoría de la anomia, propuesta por Robert Merton (2002). A través de ella se identifica

dad como especialmente peligrosas en un momento determinado y cuya definición está influida por diferentes intereses políticos e institucionales” (Consejo de Europa,

2005, p. 19).

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

el crimen organizado como una respuesta normal a las presiones que ejerce

la estructura social sobre ciertas personas. La persecución de objetivos socialmente deseables, como el éxito profesional y la prosperidad económica,

favorece la fMexibilización e incluso la eliminación de los controles sobre

los medios empleados para alcanzarlos (inhibición de las normas). La ads-

cripción de los individuos a la delincuencia organizada o su conformidad para constituir una organización y delinquir se explica al priorizar los fines a conseguir, empleando medios socialmente rechazados para su acceso, por ser ilegales (Abadinsky, 2007).

De igual forma, a través de la teoría de los contactos diferenciales, Ed-

win Sutherland (1974) planteó que todos los comportamientos sociales,

tanto legales como criminales, son aprendidos. Se aprende y se interioriza

en dependencia de la intensidad, frecuencia y duración de la asociación

con otras personas, en el curso de un proceso de comunicación. De ahí que la posibilidad de que un individuo adopte como propio un comporttamiento delictivo dependerá de sus contactos y el modo en que estos se

produzcan con personas pertenecientes a organizaciones criminales.

De igual forma, las teorías de la subcultura y la desorganización social de Sykes y Matza (1957) interpretan el comportamiento delictivo como aprendido. Es el resultado de la pertenencia a una subcultura delictiva, que implica la existencia de valores y pautas de comportamiento que se apartan y contraponen a los valores sociales dominantes. Esa circunstancia lleva aparejada una neutralización de las normas, que son reflejo de los valores en cuestión. Por ende, los individuos adecuan su conducta de

acuerdo con el grupo criminal al que pertenecen y con el cual se sienten identificados. Desarrollan así una actitud social y normativa propia. Muy relacionada con esta postura argumental, la teoría de la sucesión étnica o de identidades grupales de Daniel Bell (1963) sostiene, en líneas generales,

que la delincuencia organizada ha sido un instrumento utilizado por los inmigrantes como medio para mejorar su posición en la escala social. La teoría del control social se aparta de las anteriores. Señala que el motivo por el que unas personas se introducen en el ámbito de la delincuencia organizada y otras no depende de un factor determinante: la solidez de sus vínculos sociales, tanto internos como externos. Los internos hacen parte de la esfera íntima de la persona y resultan de su proceso de formación

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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en edad temprana, incluida la influencia de valores familiares y relaciones parentales saludables. Los externos se traducen en el temor de las personas hacia el castigo o la vergilenza de la desaprobación social frente a la conducta desviada. Es un análisis de coste-beneficio: si nada se tiene, nada hay

que perder. Las personas delinquen cuando los vínculos son débiles o se han quebrado. Otra de las perspectivas teóricas más ligadas a la sociología criminal la aportan las denominadas teorías del conflicto. Entre ellas se identifican concepciones de génesis marxista, de género y de pluralidad cultural. No se centran en el individuo que quebranta la ley, sino en la criminalización de conductas diversas, utilizada como mecanismo de control social por parte de los grupos sociales privilegiados. Ese sistema posibilita a las élites sociales instrumentalizar las instituciones para proteger sus intereses o estatus de poder, criminalizando el comportamiento de los grupos no privilegiados, en un ambiente caracterizado por las contradicciones sociales y la inequidad en la distribución de recursos. En la misma línea de la desigualdad o inequidad social se ubican las teorías que privilegian la descomposición social como origen de la conducta criminal organizada. La teoría de la carencia relativa, desarrollada por

Peter y Judith Blau (1982), expone que la coexistencia cercana de estratos sociales diferenciados por una amplia desigualdad constituye un factor determinante para la generación de criminalidad violenta. Evidencia que la desigualdad económica (relative deprivation), más que la pobreza en sí misma (absolute deprivation), potencia el desarrollo de la delincuencia vio-

lenta.

Otra forma de concebir la delincuencia organizada es a través de los vínculos familiares o étnicos y las relaciones sociales. Asimilar las organizaciones criminales como redes sociales o entramados de relaciones personales facilita la comprensión

de su funcionamiento.

No

en vano, los

contactos que mantienen y promueven los delincuentes organizados con otros individuos y colectivos son el medio a través del cual las organizaciones criminales afrontan toda oportunidad de negocio y amplían el número de colaboradores, afiliados y clientes (Kleemans y De Poot, 2008). Como en cualquier otro sector de negocios, el capital relacional cobra vital im-

portancia.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

En consecuencia, la evolución del análisis de redes (Arquilla y Ronfeldt, 2003) ha relegado a un segundo plano los postulados de la teoría de la organización, aplicados hasta la fecha para comprender unas organizaciones criminales jerarquizadas que reestructuran de modo progresivo sus

organigramas, y los aproximan a la concepción de redes. El concepto de redes permite una mejor representación y, por tanto, comprensión de las relaciones interpersonales reproducidas en el seno de las organizaciones criminales, así como entre sus integrantes (Bruinsma y Bernasco, 2004).

Toine Spapens hace un interesante aporte con el concepto de macro-

rredes criminales (criminal macro network). Las define como “el conjunto

de individuos que tienen la motivación, las habilidades y el acceso a los

recursos necesarios para participar con éxito en la actividad criminal orga-

nizada. Estas personas requieren estar directa o indirectamente conectadas por relaciones consideradas como criminales” (Spapens, 2010, p. 191). Es necesario asumir que no todos los miembros de la macrorred están involucrados en las actividades criminales en todo momento. La red está presente antes de que la actividad criminal ocurra, durante su desarrollo

y permanece luego de que haya finalizado. Además, hay que tomar en consideración que las relaciones delictivas se construyen sobre la base de relaciones existentes, las cuales incluyen vínculos familiares y étnicos, así como relaciones políticas y económicas. En ese contexto, el concepto de capital social vincula el campo criminológico con la Economía Política. Alude a las redes sociales y a las normas de reciprocidad y confiabilidad que surgen en su seno, que afectan la

productividad de los individuos y de los grupos (Putnam, 2001). En ese terreno interdisciplinario se gana trascendencia explicativa sobre la criminalidad organizada, en especial en lo que respecta a la medición del propio capital social, que, a su vez, abriría la posibilidad de perfeccionar el cálculo

de las capacidades de los sujetos y grupos delictivos para cometer delitos (Morselli, 2005; 2009).

De igual forma, las teorías volcadas al estudio de las carreras criminales experimentaron un fuerte despegue en la última década del siglo XX, al analizar la secuencia de actos ilícitos que comete un solo sujeto durante cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, delincuentes profesionales que integran O cooperan con organizaciones criminales. El objetivo de los estu-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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dios sobre carreras criminales es identificar las variables que suelen estimular la continuidad y progresión en la actividad delictiva (Requena, 2014). 2.1. Los enlaces con la Economía Política Internacional

Llama la atención la despreocupación o los vacíos disciplinarios que existen en las Relaciones Internacionales sobre los temas criminales. La tradición realista e institucionalista ha prevalecido, mediante enfoques geopolíticos clásicos, de preeminencia militarista y de política exterior para

entender la seguridad nacional e internacional desde una perspectiva netamente estatal. Si bien los debates actuales de las Relaciones Internacionales incluyen la importancia de los individuos y las sociedades, en esas dinámicas, no se considera el carácter interdependiente del fenómeno criminal transnacional. Este posee notable importancia para el análisis integral porque el concepto de interdependencia compleja incorpora las decisiones que toman los actores —de preferencia estatales o corporativos, pero también criminales—, las cuales afectan a sus pares debido a los múltiples

factores de vinculación preexistentes en el plano económico, social, políti-

co, cultural, etcétera. Las externalidades relativas a la seguridad se suman como un elemento más de interdependencia y pasan a formar parte de los indicadores de sensibilidad y vulnerabilidad que condicionan la interacción en el contexto internacional (Keohane y Nye, 1998, p. 26). El concepto de interdependencia, grosso modo, significa dependencia mutua. Existen diversos ámbitos y redes que permiten la vinculación de Estados o actores de diferentes latitudes en un mundo interconectado. La interdependencia surge de la necesidad de cooperación, medio ideal para alcanzar los intereses propuestos por los actores de cualquier índole. En ese sentido, se aboga por aproximar al lector al fenómeno de la criminalidad organizada entendiendo sus motivaciones y sus alcances. Desde una perspectiva de Economía Política, la interdependencia se presenta como una herramienta fundamental de las organizaciones criminales para lograr sus objetivos económicos. La interdependencia compleja presenta tres características fundamentales: a) la existencia de múltiples canales tecnológicos, que posibilitan una mayor

vinculación entre las sociedades; b) la participación de diversas organizaciones

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

que no se encuentran completamente controladas por el Estado, lo que propicia intensas coordinaciones comunicativas y tecnológicas, internas y externas

y Cc) la existencia de agendas de política exterior distintas o modificadas que, si bien pueden desarrollar jerarquías en las relaciones internacionales, requieren tomar en cuenta temas en los que se vuelve necesaria la colaboración global para la solución de problemas compartidos. Por su parte, la sensibilidad está ligada al nivel y la velocidad de respuesta que existe dentro de las instituciones políticas que afrontan cambios, producto de la acción de otros actores estatales y no estatales. La noción de vulnerabilidad gira alrededor de las alternativas que los actores deben enfrentar cuando un hecho internacional (como por ejemplo el crimen organizado) los afecta en distintos planos estatales y no estatales (Martínez, 2014, p. 3; Keohane, 1998).

Asociados con la categoría interdependencia,

utilizamos en este libro

los conceptos de complejidad y contingencia, que son parte de la teoría de sistemas sociales de N. Luhmann. La complejidad es un rasgo esencial de las sociedades, que expresa la dinámica diferenciada del sistema y la preexistencia de actores con la consecuente probabilidad de generar un espectro de resultados diversos. Ejecutar las decisiones de política pública dentro del sistema puede ser entendido como un acto comunicativo que reduce esa complejidad. No obstante, la contingencia, vinculada de manera in-

separable a ella, constituye uno de los principales conceptos en la teoría sociológica sobre sistemas sociales que se conectan con los estudios internacionales. La contingencia altera la expectativa política de las soluciones concertadas, como la cooperación y el intercambio, porque de la complejidad se deriva la probabilidad de que los resultados del funcionamiento del sistema puedan ser distintos a los esperados (Luhmann, 1998, p. 48). En ese sentido, nuestra principal crítica a las corrientes de interpretación

normativa, institucional o jurídica radica en que no toman en cuenta las opciones racionales del actor (delincuencial en este caso) y desconocen las realidades complejas y contingentes que se vinculan al crimen organizado. Dentro del campo de las relaciones internacionales, varias han sido las

transformaciones lar, cabe destacar lidad territorial a entre los ámbitos

sufridas en los procesos de mundialización. En particula reconsideración del papel de los Estados, su permeabitravés de sus fronteras y la difuminación de las barreras de política exterior e interior. Dichas circunstancias han

posibilitado que aumente el radio de acción de grupos no estatales que,

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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cada vez en mayor medida, representan un nocivo papel en los asuntos interdependientes, lo cual incluye a la economía. Asimismo, varias de las respuestas generadas para combatir el crimen organizado surgen de perspectivas punitivas, desde el ámbito policial o militar. De esa forma, se dejan de lado respuestas desde diversos frentes, como aquellos enfocados en fortalecer el sistema judicial o el control de transacciones económicas. Las formulaciones teóricas más recientes de la Economía Política Criminal parten del supuesto de que la delincuencia organizada mantiene una íntima relación con los mercados legítimos. La línea que separa la legalidad de la ilicitud se difumina según los contextos particulares o nacionales donde

opera. En efecto, la delincuencia organizada se transforma en la

respuesta adaptable a un mercado, y no a la necesidad de su creación, como

originariamente se pensaba (Gómez, 2003).

Por consiguiente, contribuciones realizadas desde la Economía Política del Crimen Organizado asumen la relación de sus actividades entre el sector lícito e ilícito de la economía. De acuerdo con lo establecido por

Andreas (2004), cada sector de la economía lícita cuenta con su contraparte ilícita, en el cual la globalización se enmarca como

un contexto de

oportunidad para el crecimiento de sus posibilidades de negocio y de sus capacidades potenciales.

Al igual que los procesos de globalización y liberalización del comercio mundial, las dimensiones clandestinas de la globalización

involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información. A partir de la relación entre la glo-

balización y el crimen organizado, partimos de que

el alcance del crimen organizado es integral: ha adquirido dimensiones globales (en lo

geográfico), transnacionales (en lo étnico y cultural), multiformes (en su estructura y en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la abundancia de bienes y servicios lícitos e ilícitos que transacciona) (Flores, 2009 en

Riquelme, Salinas y Franco, 2019, p. 17).

Sin embargo, una diferencia destacable entre las relaciones económicas

formales y los flujos ilícitos de mercados ilegales es la expansión silenciosa,

caracterizada por “una presencia en nuevos territorios y adoptando un perfil bajo” (Sansó-Rubert, 2016, p. 187).

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Las organizaciones criminales aprovechan estas circunstancias para ac-

tuar como proveedores alternativos de los bienes y servicios ilegales o escasos, y también de empleos. Entran a competir con las empresas legales y las instituciones estatales e incluso aspiran a controlar actividades económicas lucrativas en régimen de monopolio. En esa línea de trabajo se inscriben las aportaciones de Arlacchi (1998); Wilton Park (2000); Von Lampe (2004)

y Hobbs (2001). También puede estudiarse el crimen organizado desde la perspectiva teórica de la logística de las organizaciones: logística de adquisición, de producción, de marketing y de inversión, así como el flujo de

información empleado para sostener la actividad delictiva o proteger a la organización, que es un elemento estratégico para el encubrimiento de las actividades criminales. La globalización no puede ser comprendida solo desde un enfoque en el que intervienen lógicas comerciales e intereses financieros porque presenta escenarios repletos de incertidumbres e inseguridades, que afectan a los distintos actores sociales y políticos. Es necesario asumirla también como una dinámica que vincula dimensiones tecnológicas, culturales y geopolíticas, que influyen en la toma de decisiones económicas y estratégicas de los Estados (Mahrenbach y Shaw 2019). Si bien los Estados no incorporan ese análisis dentro de sus políticas de seguridad, las organizaciones criminales

evalúan desde una lógica empresarial las vulnerabilidades de control y la limitada cooperación interestatal para cometer los actos ilícitos. En ese esquema, resulta necesario incorporar una ópica interpretativa

que ayude a comprender la dispersión de factores, al tiempo que pueda articular las relaciones entre el Estado y el mercado. La Economía Política brinda un marco disciplinario óptimo, con una amplitud incluyente al momento de analizar diferentes fenómenos (Tussie 2015). Posee una serie

de corrientes analíticas que van desde concepciones clásicas que miran al Estado como un actor sujeto a las lógicas del mercado, pasando por otras que, desde perspectivas críticas, cuestionan los modelos capitalistas a escala regional y mundial (Gill, 2016). Lo cierto es que los Estados y las

corporaciones, independientemente de sus formatos ideológicos, toman

en cuenta a la inteligencia económica como un recurso necesario para re-

ducir los riesgos ante la acción del crimen organizado y obtener un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, que les permita logros y ventajas para su desarrollo.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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El análisis y las recomendaciones de inteligencia que se derivan del proceso de incorporación de categorías de la Economía Política no interpretarán a los Estados como unidades aisladas, ni tampoco priorizarán al mercado como una noción abstracta y omnipresente en el plano económico-comercial. Las categorías analíticas derivadas de la Economía Política minimizan los enfoques realistas y positivistas provenientes de las Relaciones Internacionales, así como de las corrientes ancladas en doctrinas de la seguridad nacional. La Economía Política permite observar diferenciaciones de otros actores, en este caso criminales nacionales, regionales o in-

ternacionales que intervienen en los procesos complejos de globalización.

Otro de los enfoques derivados de ópticas económicas se vale de las premisas de la teoría de la elección racional. Desde ese punto de vista, la decisión de un individuo de involucrarse en actividades criminales es tomada de manera racional, tras sopesar sus beneficios y consecuencias, es decir, tras calcular las posibilidades de triunfar en contra de las probabilidades de ser capturado, así como los beneficios que reporta cada opción. Por ende, a partir del estudio realizado por North (1993), el análisis racional

emprendido por las organizaciones criminales incorpora desde la Economía Política la minimización del riesgo en sus operaciones. Á partir de ello, — Existe una racionalidad de las empresas criminales en las que el rédito económico es mayor a las sanciones; —

Las organizaciones estructuran su poder en áreas donde existen va-

cíos estatales o en sectores donde los gobiernos no pueden desplegar sus capacidades técnicas y de control normativo;

— Utilizan la violencia y la corrupción como instrumentos de protección de las actividades ilícitas. Existen también otros modelos orientados a analizar las circunstancias medioambientales que pueden repercutir, y de hecho repercuten, en el surgimiento, la expansión y la consolidación de la criminalidad organizada. No solo tienen un carácter explicativo de las causas de la criminalidad organizada u otras vulnerabilidades que podrían ser objeto de explotación por parte de las organizaciones delictivas, sino que se engloban dentro de los deno-

minados Organized Crime Impact Study (OCIS). Esto es, informes de las

actividades delictivas y su repercusión multinivel, entre los que cabe destacar aquellos cuya articulación gira en torno al estudio y la evaluación del riesgo.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Ese riesgo puede ser objeto de seguimiento o monitorización, considerando la presencia de factores ambientales propicios y el nivel de oportunidad para su aprovechamiento por parte de la criminalidad organizada, como se desprende de la metodología Pestel. Dicha metodología implica el análisis de determinados escenarios, por lo general políticos, económicos, sociales

o coyunturales. Estos últimos son entendidos como eventos o tendencias

—ventanas de oportunidad (Sansó-Rubert, 2008)— como los saltos o ade-

lantos tecnológicos o en los transportes, que posibilitan transformaciones evolutivas y la consiguiente expansión de la criminalidad organizada, incrementando su potencial lesivo (Williams y Godson, 2002).

Entre los trabajos analizados destaca el método de Albanese (2000) para la evaluación del riesgo: Organized Crime Risk Assessment Tool. Este autor centra sus indicadores en determinar las causas de la criminalidad

organizada. Trata de responder las interrogantes de su génesis: factores que favorecen su eclosión, crecimiento y expansión, alejándose de la evaluación

que implica su peligrosidad.

La Antropología Cultural y la Geografía Humana despuntan en relación con la trascendencia que han cobrado los factores medioambientales en el estudio de la delincuencia organizada. Esta es un fenómeno muy extendido en el mundo, pero no se distribuye geográficamente al azar. Determinados enclaves territoriales o zonas ecológicamente diversas, con valiosos recursos naturales, resultan mucho más apropiados que otros. Influyen rasgos propios a través de factores de tipo cultural, geográfico o geopolítico, como la existencia de una historia delictiva previa en el territorio, por medio de organizaciones criminales asentadas, o que se trate de

sociedades muy permisivas con la comisión de determinados delitos, como el contrabando. La localización de recursos naturales escasos, condiciones climáticas y terrenos fértiles para la producción de drogas o, incluso, la mera ubicación de ciertos países, regiones o ciudades tienen un grado

de importancia suficiente para constituir plazas geoestratégicas del crimen organizado.

De igual forma, todas aquellas metodologías para evaluar el daño causado por la criminalidad organizada han sido objeto de revisión, porque la situación se contabiliza en términos de coste económico y costes sociales (Porteous, 1998; Brantingham y Easton, 1998; Brand y Price, 2000).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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Dentro de las aportaciones teóricas sobre las relaciones entre poder y crimen organizado (Lupsha, 1996) destaca la teoría de los aparatos organizados de poder, elaborada por Roxin (2000). Esta permite fundamentar la capacidad de las jerarquías criminales, al determinar la responsabilidad

como autores mediatos de los sujetos que actúan como órganos de representación y administración de una empresa, en los hechos delictivos cometidos por quienes se encuentran ubicados en los niveles jerárquicos inferiores. El supuesto se encuadra en la limitación del dominio de la organización a los aparatos al margen de la legalidad. En la misma línea de interpretación, en aquellas sociedades donde prevalecen las relaciones de tipo clientelar resulta común que las organizaciones criminales busquen la protección de las estructuras públicas a cambio de dinero o favores diversos. Esa idea se vincula de manera directa con las teorías que estudian la corrupción como factor determinante de la delincuencia organizada, al igual que con aquellas que estudian la violencia asociada con la criminalidad para su desarrollo. Existe un novedoso y reciente interés por analizar el vínculo entre las profesiones legítimas y la delincuencia organizada. Un miembro de una organización criminal puede ejercer una profesión inconexa con su acti-

vidad delictiva, a modo de encubrimiento personal, para autoprotegerse frente a la actividad investigadora de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Despiertan especial atención todas aquellas profesiones y perfiles profesionales relacionados con los sistemas financieros y tributarios, económicos, la banca, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y la administración pública. Estos pueden propiciar a la organización criminal información y conocimiento sobre las debilidades institucionales, para explotarlas a conveniencia. En ese panorama, la infiltración camuflada de profesionalismo legal desempeña una importante función conectora entre el crimen organizado y el entorno social legal. De ahí la importancia de avanzar en la investigación sobre las condiciones de esa implicación (Bunt, Huisman y Wingerde, 2009).

Cabe recordar la relación de la delincuencia organizada con las condiciones sociales en que se produce. El conocimiento de esos factores etiológicos proveerá insumos analíticos a los estudios criminológicos, porque observa la forma en que funcionan y se estructuran las organizaciones cri-

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

minales. También mira cómo utilizan los recursos y medios de los que se sirven para operar, incluidas las actividades ilegales y lícitas en las que se implican, los escenarios en los que se desenvuelven, su nivel de expansión

geográfica y otras muchas circunstancias (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010).

El crimen o delincuencia organizada ha sido asumido tradicionalmente como un comportamiento o fenómeno masculino, que incorporaba a mujeres con fines de explotación, o como un soporte secundario y silencioso para la actividad de sus compañeros. En la actualidad, esa interpretación ha dado paso al análisis del rol de las mujeres en la actividad criminal. En la fenomenología del delito se ha encontrado a mujeres que lideran grupos criminales organizados, ejecutan operativos de asistencia y apoyo logístico y sirven de agentes de inteligencia informal para recabar valiosa información estratégica. En algunas ocasiones, sus tareas incluyen el cuidado de las finanzas del grupo. En situaciones como la trata de personas, realizan funciones de intermediación entre los perpetradores y las víctimas (Arsovska y Allum, 2014; Pizzini-Gambetta, 2014).

2.2. Las limitaciones doctrinarias de la seguridad nacional El papel protagónico conferido al Estado es crucial en la teoría realista de las Relaciones Internacionales. Esa afimación parte del supuesto de que los Estados son los únicos actores importantes dentro de la escena internacional, usan sus recursos para fines políticos y, a su vez, los objetivos políticos y militares son empleados para obtener poder y desarrollo. El realismo sostiene que el sistema internacional es anárquico y los equilibrios de poder son espacios donde se plasma la noción de interés nacional, definida en términos estratégicos de seguridad. La definición de los intereses es crucial para comprender aquellos Estados que buscan generar mayor seguridad para sus territorios mediante maniobras políticas y militares. Por otro lado, existen Estados que implementan políticas defensivas o moderadas para reducir la conflictividad y generar un balance de poder en el sistema internacional. La diferenciación entre el realismo defensivo (Waltz, 1979)

y el realismo ofensivo (Mearsheimer, 1995) es muy importante porque se relaciona con el tratamiento, las estrategias políticas y el uso legal de la violencia interna y externa.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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El realismo sostiene que las unidades estatales deben obtener su seguridad por medios propios. Esta debe ejecutarse, aunque haya que limitar la libertad y minimizar los riesgos en la cooperación. De esa manera, la política nacional constituye el dominio de la autoridad, la administración y la ley, mientras que la política internacional es el dominio del poder, la lucha y la conciliación. La primera tiene carácter jerárquico, vertical, centralizado, heterogéneo y dirigido. La segunda, anárquico, horizontal, descentralizado, homogéneo y mutuamente adaptable (Rivera, 2012, p. 31).

Se puede afirmar entonces que el realismo ha equiparado las de seguridad con el interés o poder nacional. La supervivencia del la defensa de sus territorios ante amenazas de distinto tipo están con el incremento de sus capacidades militares para precautelar

nociones Estado y asociadas sus inte-

reses. En el cambiante espectro de seguridad nacional, se incluye a actores

armados no estatales que décadas atrás fueron considerados de escasa relevancia para la seguridad nacional. En la actualidad, han sido incorporados en las agendas estatales como amenazas asimétricas, una ampliación opor-

tunista y elástica del mismo principio rector de la doctrina de seguridad nacional. De hecho, las doctrinas de seguridad nacional acompañaron la

visión de fortalecer la política exterior de los Estados como herramienta para incrementar el poder político y promover una visión de entidades “poderosas”, reduciendo la incertidumbre de un limitado poder y promoviendo un mayor dilema de seguridad. Las teorías realistas y neorrealistas de las Relaciones Internacionales presentan, sin embargo,

una importante limitación para comprender

las amenazas a la soberanía y la integridad territorial por parte de otras unidades, que no sean Estados. Ahí es donde contribuyen las teorías del neoliberalismo institucional, que asumen a las amenazas de carácter asimétrico como parte del complejo campo de definiciones sobre seguridad multidimensional, al integrar las políticas de defensa en muchos países que han recurrido al fortalecimiento de convenios de cooperación interestatal o han propiciado la formación de instituciones regionales, como respuesta

ante esos desafíos. Por lo general, la calificación de una amenaza como asimétrica suele implicar que, mientras su objeto es el Estado, su ejecutor es una entidad u organización diferente, normalmente de jerarquía no estatal (Rivera, 2012, p. 34).

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

De todas maneras, existe un consenso respecto a las restricciones con-

ceptuales y metodológicas del concepto de seguridad nacional para tratar de explicar situaciones emergentes,

complejas y contingentes

(Rivera,

2008; Sanahuja, 2015). Ningún país es invulnerable ante las redes trans-

nacionales de delincuencia organizada, y tampoco puede desarrollar por sí mismo respuestas integrales a problemáticas sistémicas. Vivimos en un mundo cambiante, en el que comienzan a tambalearse paradigmas y presupuestos tradicionales sobre los que no cabían, hasta ahora, modificaciones sustanciales. La concepción hobbesiana de Estado y la configuración de políticas estratégicas (tanto de unidades estatales como de organizaciones

internacionales) en los ámbitos preventivos y reactivos de la seguridad adeudan una revisión y reestructuración para su acomodación a los desafíos futuros (Pulido y Sansó-Rubert, 2016a, p. 101).

En páginas anteriores mencionábamos algunas bondades teóricas de emplear el concepto de seguridad multidimensional para el tratamiento del crimen organizado. Mucho se ha discutido también sobre las vinculaciones de la seguridad humana a la multidimensional. Sin embargo, estamos plenamente conscientes de las limitaciones teóricas y metodológicas del concepto de seguridad humana para entender las nociones multilaterales de la “responsabilidad de proteger” y la “construcción de paz” ligada al desarrollo (Rivera, 2008; Sanahuja, 2015).

En ese plano, consideramos que la extrapolación y el encapsulamiento del concepto de seguridad multidimensional, en su asociación con el de seguridad humana, coincidieron con su uso político e ideológico como

parte de la expansión de los discursos basados en la guerra global contra el terrorismo. La seguridad multidimensional, que tenía otros propósitos iniciales (por ejemplo, incorporar al estudio fenómenos procedentes de la Economía Política, la Antropología, la Criminología y otras disciplinas),

quedó subsumida en las últimas dos décadas al retorno triunfante y tautológico del paradigma militarista y realista estadocéntrico, sobre todo en América Latina y el Caribe. Reinterpretado

en clave antiterrorista,

el tratamiento

del fenómeno

delincuencial transnacional pierde horizonte analítico y constriñe la operación comprensiva de la seguridad multidimensional. No solo polariza la reflexión desde el punto de vista ideológico (una especie de macroseguri-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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zación), sino que minimiza una problemática criminal, no necesariamente terrorista, que pone en juego la estabilidad estatal y de las sociedades en todos sus ámbitos de reproducción. En la actualidad, resultaría impensable considerar que la seguridad na-

cional no está vinculada con la inteligencia económica, al analizar, por ejemplo, las consecuencias negativas que acarrearía para un país ser infiltrado por lógicas y grupos del crimen organizado. Llama la atención que ese tipo de vinculaciones, proveniente de la economía internacional, no haya recibido la suficiente atención por parte de sectores académicos que trabajan sobre Relaciones Internacionales y Economía Política. En definitiva, el estudio criminológico multidisciplinar sobre la delincuencia organizada está inmerso en un ciclo constante de evolución. Se abren nuevos

espacios de investigación,

para alcanzar un conocimiento

empírico que contraste fehacientemente realidades del fenómeno criminal. Las nuevas contribuciones académicas a la doctrina resultan fundamentales para construir un estatus teórico de mejor calidad epistemológica y lograr un adecuado desarrollo metodológico, que aporte a la teoría de la

criminalidad organizada y a los estudios internacionales.

3. EL RECONOCIMIENTO MULTILATERAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Distintas perspectivas han propiciado múltiples definiciones del fenómeno asociativo criminal”. Si bien es cierta la utilidad de las aportaciones pluridisciplinares, existe la tendencia de cada estudio a privilegiar determinados aspectos a partir de su enfoque y del objetivo prefijado. Un recorrido histórico por los antecedentes y la evolución de las manifestaciones de criminalidad organizada, cuyo desarrollo pormenorizado

excede con mucho el propósito de este libro, permite identificar en dife-

rentes localizaciones geográficas, espacios temporales, socioeconómicos y

culturales, un conjunto de rasgos organizativos semejantes. Esto puede observarse con independencia de que se trate de las Tríadas chinas, la Yakuza

japonesa, las mafias italianas (Camorra napolitana, “Ndrangheta calabresa, Cosa Nostra siciliana, Sacra Corona Unita de Apulia), la Mafiya turca o

cualquiera de los grupos organizados de reciente eclosión, como los cárteles de la droga colombianos y mexicanos, las maras centroamericanas, las organizaciones rusas, magrebíes y albanesas. Sucede incluso con las menos

conocidas, como las cuadrillas viernamitas y jamaicanas, los Mungiki de

Kenia y el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil. Todas, con in-

dependencia de sus peculiaridades diferenciadoras, manifiestan elementos constitutivos comunes, formas de actuar semejantes, similares factores coadyuvantes a su expansión y algunos objetivos coincidentes. En suma, toda una serie de indicadores que criminológicamente nos permiten identificar el fenómeno de la criminalidad organizada”. Véase la recopilación de conceptos efectuada por Ferracuti y Bruno (1988).

Pese a que algunos autores insisten en afirmar que la criminalidad organizada como tal no se desarrolló hasta el advenimiento de la sociedad capitalista, una realidad incuestionable es que los grupos de delincuencia organizada han surgido en Ásia,

América Latina, África, Europa y Estados Unidos. Ninguna región del mundo

está

exenta de ellos y ningún sistema político ha impedido su eclosión o logrado un éxito rotundo en su eliminación. Las organizaciones delictivas con mayor raigambre inter-

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Podemos afirmar que los fenómenos organizativos de la actividad delictual han seguido la tendencia progresiva de la agregación, organización e integración (Aleo, 1999, p. 6). Así como en todas las tareas humanas se ha

tendido a colectivizar el trabajo y a la unión de personas para lograr fines comunes, también en el ámbito de la criminalidad se ha experimentado una colectivización de la actividad delictiva (Zúñiga, 2005, p. 125-129).

Apostar por una definición global no está exento de déficits. En todos los trabajos internacionales se percibe la dificultad de encontrar un equilibrio entre la abstracción pertinente para una armonización conceptual y las peculiaridades delictivas nacionales (Militello, 2001, p. 212). Sin embargo, la armonización de categorías es importante, por cuanto se correría

el riesgo de encontrarnos ante imposiciones conceptuales por parte de los países con mayor influencia en la escena política internacional, a través de varios mecanismos políticos como la certificación unilateral para la cooperación o el denominado poder blando'*. Fernández Steinko (2008) de-

nuncia la difusión e imposición del actual concepto de crimen organizado, que ha conseguido colonizar las legislaciones nacionales e internacionales y las correspondientes políticas de múltiples gobiernos y organismos internacionales. Para este autor, el concepto de crimen organizado de la Organización

de Naciones Unidas es una imposición de los Estados Unidos, que sustituye a la amenaza comunista para justificar la intromisión de ese país en terceros Estados y en la esfera internacional, por medio de estrategias como

la “guerra al narcotráfico”. El objetivo está acompañado de altas ventas del complejo militar industrial y las corporaciones de seguridad privada. Esa cuestionada definición, que reemplazaría a las tradicionales acepciones

nacional, con independencia de su localización geográfica, han perdurado pese a la acción represiva de los gobiernos fascistas en Italia y totalitarios en la Unión Soviética, del sistema comunista chino y de las democracias europeas y anglosajonas (Pezzino, 1990). En la década de los años noventa, Joseph S. Nye Jr. (1990) publicó el artículo “Soft

power”, en el que argumentaba que existen formas de presión política no militarista, O la capacidad de un actor político estatal o no estatal de incidir en las acciones o intereses de otros actores. Por lo general, se concentran en factores culturales, valores políticos democráticos y una política exterior convincente con recursos.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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de banda, hampa, pandilla, bandolerismo, etcétera, obedece a un contagio conceptual del mundo anglosajón, concretamente de Estados Unidos. Producido en la segunda mitad de los años ochenta, trató de implementar una “colonización legal”, entendida como el proceso según el cual un país

tiene la capacidad de imponerle al sistema legal de otro o al conjunto de la comunidad internacional su particular forma de definir y de diagnosticar un fenómeno, y de conseguir que esta forma quede plasmada en leyes y documentos vinculantes (Fernández Steinko, 2008, pp. 61-63).

En ese campo existen abundantes ejemplos históricos en América Latina. Durante la década de los años ochenta se inició la guerra estadounidense contra las drogas mediante una serie de planes, ayuda económica y asistencia militar, policial y judicial que tuvo por objeto modificar los códigos penales en relación con el narcotráfico. Mediante consensos restringidos en el plano legislativo y político, se aprobaron leyes que, so pretexto de combatir el narcotráfico, violaron los derechos humanos de las personas en países andinos como Bolivia, Perú y Ecuador (Rivera, 2005).

El crimen organizado no constituye un concepto monolítico a escala internacional. Más bien, presenta un panorama poliédrico, complejo y multidimensional, que hemos expuesto en páginas precedentes. Las trans-

formaciones operadas por la criminalidad organizada en las das son tan profundas que su objeto de estudio escapa a la la cual puede ser aprehendido y absorbido por las ciencias encontramos inmersos en un fenómeno que trasciende la

últimas décavelocidad con sociales. Nos frontera con-

ceptual de una sola disciplina, con una faz difusa y esquiva. No obstante,

pretendemos completar el perfil de la criminalidad organizada esbozado a lo largo de estas líneas, a la par que reflexionar sobre su posible evolución. Quizá haciendo hincapié en sus elementos más significativos podrá plantearse una definición más aproximada a la realidad empírica coetánea, y más ambiciosa hacia el futuro. El elemento fundamental de la criminalidad organizada, y quizá el más polémico también, lo conforma el requisito organizacional. La organiza-

ción es entendida como “ordenación formal de actividades consecutivas y sistematizadas, con mayor o menor flexibilidad, encaminadas a la realización de objetivos específicos y comunes” (Mouzelis, 1991, p. 66). Lo esencial dentro de una organización, sea legal o ilegal, es la designación de los

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

objetivos comunes!” porque confieren racionalidad, en tanto determinan

en gran medida sus características y orientan sus actuaciones: estructuras?”, fines intermedios, división del trabajo!*, relaciones entre los miembros, sistema de toma de decisiones, vinculaciones con el mundo exterior y códigos

de conducta que son vistos como subcultura criminal.

El afianzamiento del término crimen organizado tuvo lugar con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando comisiones constituidas para llevar a cabo investigaciones oficiales lo recogieron como tal en sus

conclusiones (Anarte Borrallo, 1999, p. 16). Desde entonces, la delincuencia o crimen organizado ha despertado un inusitado y progresivo interés en la esfera pública y en el ámbito académico. Ciertamente crimen organizado aún es un término con mayor carga

sugestiva que significado semántico efectivo (Foffani, 2001, p. 55). En ese

sentido, expresaría la dificultad que le sugiere la vigencia de “organizaciones que producen crímenes como máquinas construidas racionalmente

para tal comisión segura, eficiente y lucrativa de delitos, aun cuando algunas organizaciones se aproximen a este modelo más que otras” (Cohen, 1977, p. 104).

Cabe destacar que, en toda organización, aunque los miembros estén interesados en el objetivo común, tienen fines propios, que no siempre son coincidentes. Ello puede

llevar a la creación de subsistemas dentro de la organización, a la tensión entre esta y

algún miembro, o a los conflictos de grupos o intereses. En la teoría de las organizaciones se concibe la estructura como el conjunto de reglas generales y duraderas que sirven para ordenar la distribución de funciones y coordinar las actividades comunes, encaminadas a la realización del objetivo final (Mayntz,

1990, p. 112).

La división del trabajo se subsume dentro del concepto de organización. No en vano una organización implica per se una distribución de roles, funciones, derechos y deberes coordinados en un sistema organizacional y dirigidos al objetivo final o funcional. La división del trabajo, a su vez, se realiza usualmente por la especialización de sus

miembros, la cual conduce sin más a la profesionalización. Por ello, al igual que la profesionalización y la especialización, características propias e identificatorias de la criminalidad organizada, dejaría de tener sentido como indicador independiente para determinar la existencia de una organización criminal. Cuestión bien distinta sería valorar su peligrosidad.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

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Otros investigadores, como Peter Reuter (1983) y Paoli (2002), apuntan que la interacción entre sujetos delincuentes funciona de forma “desorganizada”. En la misma línea argumental, se afirma también que el “eje

alrededor del cual pilota la delincuencia no convencional no es el de las estructuras o las organizaciones, sino individuos unidos temporalmente a

otros individuos” (Fernández Steinko, 2008, p. 43). De forma análoga, el criminólogo A. K. Cohen

resta importancia al

aspecto de la organización, aduciendo que casi todos los delitos, y no solo los cometidos por criminales organizados, reúnen esa característica. Insiste en que ningún crimen “es concebido y consumado normalmente por personas que actúan individualmente, sino que es mucho más frecuente que implique interacciones complejas entre varias personas”. Por lo tanto, concluye que la organización en sí misma no aporta nada sobre la peligrosidad de un determinado grupo de delincuentes (Cohen, 1977, p. 110). Sin embargo, en abierta oposición a los planteamientos descritos, por

mucho que se niegue la realidad, esta no va a desaparecer (Dahrendorf, 2005, p. 100). Que la criminalidad o delincuencia organizada sea un fenómeno intrínsecamente opaco y que cueste ahondar en él no elimina su

existencia ni reduce la peligrosidad que despliega en sus intervenciones. De hecho, el abordaje empírico del fenómeno es muy complicado desde el quehacer académico. A pesar de ello, existen autores que se obcecan en negar lo evidente adu-

ciendo que esos postulados se construyen a partir de “una cadena de aventuradas presunciones. Las afirmaciones y planteamientos que argumentan

la existencia y peligrosidad real, y no sólo potencial de la criminalidad organizada, estarían pues soportadas por una gran coalición de criminólogos

poco conocedores del fenómeno de la organización” (Fernández Steinko, 2008, pp. 29-42). Ese tipo de manifestaciones recalca la imperiosa necesidad de profundizar en el conocimiento científico del fenómeno, con la finalidad de conferirle el máximo rigor a los estudios multidimensionales que abordan la criminalidad organizada. A pesar de las buenas intenciones académicas, el panorama investiga-

tivo reciente sobre el crimen organizado refleja una incipiente producción

bibliográfica multidisciplinar. Las perspectivas jurídicas ocupan la mayor parte y las de naturaleza criminológica comienzan a ganar la preponderan-

60

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

cia que les ha sido negada hasta la fecha por la vis atractiva ejercida sobre la temática por parte de otras disciplinas conexas. Una aproximación a la variopinta literatura permite vislumbrar la inexistencia de un consenso doctrinal en torno al concepto y todo aquello que engloba la delincuencia o criminalidad organizada!”?. A todo ello nos proponemos sumar los relevantes aportes de las Relaciones Internacionales. De ahí el interés por alcanzar una noción consensuada. Nombrar co-

rrectamente un objeto no es un capricho teórico, sino una etapa previa, ne-

cesaria e indispensable de toda acción eficaz sobre la realidad. Es un hecho fundamental sin el cual sería imposible desarrollar cualquier pensamiento o acción posterior. La denominación justa de las cosas posibilita comprender mejor la naturaleza del objeto (Gayraud, 2007, p. 69).

Sin lugar a duda, la controversia más beligerante y perniciosa gira en torno a la inclusión o no del terrorismo como manifestación de criminalidad organizada. Esto porque la finalidad de uno y otro fenómeno constituye la clave sobre la que versa dicha discusión, ya que el resto de características definitorias prácticamente son compartidas (Zúñiga, 2009, p. 60).

Avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la criminalidad organizada y profundizar en sus repercusiones internacionales obliga a identificar en primer término

sus notas esenciales, y a articular un concepto

lo más

aproximado a la realidad. Las instancias de persecución del delito, cualesquiera que sean, necesitan disponer de una definición, toda vez que conviene saber con precisión qué se está buscando, ante qué y cómo hay que reaccionar, y qué es lo que se quiere y puede investigar. Un reto nada fácil La criminalidad organizada recibe múltiples consideraciones, en función de la perspectiva académica desde la que se aborde. Entre las más recurrentes, algunos autores la identifican con un método

(Caciagli, 1996), una subcultura criminal, una mani-

festación de reacción social, una organización empresarial, grupos de poder y una peculiar forma de organización, dedicada a cometer delitos con fines lucrativos, que goza de know how en el ámbito criminal, lo cual le permite maximizar sus beneficios

(Cantazaro, 1992). Lo cierto es que el fenómeno recoge manifestaciones de todas estas aportaciones, lo que redunda en la dificultad de su aprehensión. Caracterizar la criminalidad organizada por los delitos que comete o por sus rasgos y forma de actuar no es una discusión baladí. Como sostiene Medina Ariza (1999, p. 111), “el crimen

organizado no puede ser definido exclusivamente por unos actos, sino también debe referirse a las personas que trabajan juntas como grupos para cometer dichos actos”.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

61

de conseguir, porque requiere identificar de manera unitaria e internacio-

nalmente aceptada las características que dotan de sentido y contenido al término criminalidad organizada.

Los Estados están abocados a cooperar en la prevención, represión y persecución del crimen organizado. La delimitación se efectúa de una manera u otra, en dependencia de la fortaleza del sistema o de sus contingencias. Desde ese punto de vista, y haciendo un poco de historia sobre los organismos multilaterales, la Conferencia Ministerial Mundial celebrada en Nápoles entre el 21 y el 23 de noviembre de 1994 supuso un primer avance en la materia porque adoptó por unanimidad de los 142 Estados participantes la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial. En ese documento se subraya la necesidad de la comunidad internacional de alcanzar un concepto generalmente admitido de organización criminal, con

el fin de establecer un pilar sólido sobre el que erigir una cooperación internacional más efectiva!*.

A pesar del pertinente avance multilateral, no puede ocultarse el hecho de que el concepto de criminalidad organizada se caracteriza por presen-

tar unos contornos muy imprecisos y alto contenido de relativismo?*”. Esa imprecisión acarrea abundantes controversias que favorecen, en último término, al propio fenómeno criminal.

Asumiendo el debate, en un plano funcional, la delincuencia organizada es la que se realiza a través de un grupo o asociación criminal, revestido de las siguientes características: carácter estructurado, permanente, autorrenovable, jerarquizado, destinado a lucrar con bienes y servicios ilegales

o a efectuar hechos antijurídicos con intención sociopolítica. Sus objetivos

conjugan escenarios locales e internacionales, con la finalidad de sustentar-

se a partir de una consolidada estructura organizativa. En cualquier caso, es el carácter transnacional el que preocupa en lo concerniente a la seguridad multidimensional internacional (Herrero Herrero, 1997).

16

Ulteriormente aprobada por la Asamblea General de la ONU, A/RES/49/159. Esas y otras circunstancias explican la insuficiente información sobre la realidad criminal que se puede extraer de los datos oficiales y el ostensible distanciamiento entre sus respectivos valores reales y los efectivamente registrados (García-Pablos, 2003).

62

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

El concepto de organización no puede ser equiparado al de coautoría, esto es, a la mera participación en el hecho de una pluralidad de personas que se distribuyen funcionalmente los respectivos cometidos. Debe apreciarse un plus en relación con el tipo básico de acción realizada por una pluralidad de personas. Criminológicamente, los principales elementos aceptados para considerar a un grupo como organización criminal no distan demasiado de lo hasta ahora expuesto: e

Existencia de un centro de poder donde se toman las decisiones, lo

que introduce problemas específicos a la teoría de la autoría, dado el distanciamiento espacio-temporal entre la toma de decisión y la ejecución material del delito;

e

Actuación a distintos niveles jerárquicos, de modo tal que los órganos ejecutivos, en su individualidad, desconocen el plan global y

e

ejecutan solo la parte asumida; Aplicación de tecnología y logística;

e

Actuación de sus componentes con estricta profesionalidad;

e

Fungibilidad o intercambiabilidad de los miembros de la empresa criminal que actúan en los niveles inferiores;

e

Sometimiento a las decisiones que emanan del centro de poder y férrea disciplina;

e

Movilidad internacional;

e

Apariencia de legalidad y presencia en los mercados como medio de transformación de los beneficios ilícitos (Choclán Montalvo, 2000).

Las últimas dos décadas se han caracterizado por un intenso debate doctrinal sobre la definición de crimen organizado, zanjada insatisfactoriamente por la normativa internacional, a favor del reconocimiento de una

entidad y fenomenología propias (Abadinsky, 2004; Albanese, 2000; Mor-

selli, 1997; Sansó-Rubert, 2008). En concreto, a través de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000.

Al no existir una definición de delincuencia organizada con indiscutible validez internacional, para evitar conflictos doctrinales, se ha optado

Crimen organizado y seguridad multidimensional

63

por adoptar como referencia la definición pragmática de la Convención

Internacional de Palermo, Italia, celebrada del 12 al 15 de diciembre del año 2000. Esa definición ha sido completada posteriormente con rasgos aceptados por la doctrina criminológica, tanto acerca del grupo criminal

organizado como de las actividades delictivas implicadas. El artículo segundo de la citada Convención define:

Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Con-

vención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro

beneficio de orden material

(UNODC, 2004).

Conforme al apartado 2 a) y b), son delitos graves los tipificados con pena superior a 4 años.

Con anterioridad a la Convención Internacional de Palermo, no existieron referencias determinantes

hasta el año

1998, cuando

se elaboró

una definición del fenómeno en el entorno de la Unión Europea: la Acción Común, de 21 de diciembre, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la UE. En su artículo 1, configura la organización delictiva como una asociación estructurada de dos o más personas, establecida durante un cierto

periodo de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años como mínimo o con una pena aún más severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismos

o un medio de obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública (DOCE L 351, del 29 de

diciembre de 1998).

Añade a continuación que los delitos a que se refiere el párrafo primero incluyen los mencionados en el artículo 2 del Convenio de EUROPOL y en su Anexo y que pueden ser sancionados con una pena al menos equivalente a la mencionada en el párrafo primero (DOCE L 351, del 29 de diciembre de 1998).

64

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Con posterioridad, la Unión Europea ha mostrado su adhesión'* a la definición procurada por Naciones Unidas en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional*”, firmada tras la Conferencia Po-

lítica de alto nivel que tuvo lugar en Palermo.

A su vez, en los informes de EUROPOL

(2017)

se establecen los

siguientes criterios o indicadores definitorios de crimen organizado, que igualmente gozan de un amplio consenso fuera del ámbito europeo: (1)

colaboración de dos o más personas; (2) especialización (reparto de tareas); (3) pervivencia indefinida en el tiempo; (4) recurso a alguna forma de disciplina y control; (5) comisión de delitos graves; (6) proyección internacional; (7) empleo de la violencia u otras formas de intimidación; (8) es-

tructura empresarial para el desempeño de sus actividades; (9) implicación

en el lavado de dinero; (10) búsqueda de influencia en la esfera política,

los medios de comunicación, la administración pública y el poder judicial y finalmente, (11) afán de lucro y obtención de poder. Es necesario que se cumplan al menos 6 de las características citadas, de las cuales 4 deben ser

las recogidas en los puntos 1, 3, 5 y 11.

Ese concepto trasluce una riqueza tipológica multinacional, pluriétnica, multiorganizacional y una multiactividad que nos acerca al concepto de seguridad multidimensional citado en páginas precedentes. La delincuencia organizada no conforma un grupo monolítico; más bien presenta un panorama poliédrico, complejo y multidimensional. Su diversidad constituye el principal impedimento para perfilar una defini-

Recommandation de la Comisión au Conseil concernant le mandat á donner á la Comisión pour participer, au nom de la Communauté européenne, á la négociation de la proposition de Convention des Nations Unies contre la criminalité organiseé transnationale. Doc. 6612/3/00 CRIMORG

37, rev. 3. Posición común 99/235 del

29 de marzo de 1999, relativa a la propuesta de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (DOCE L 87, del 31 de marzo de 1999).

Anexo I del Informe del Comité Especial sobre la labor de sus periodos de sesiones,

Doc. A/55/383. Instrumento de ratificación del 21 de febrero de 2002 (BOE, no

20

233, de En ese Unión Fuerzas

29 septiembre de 2003. RCL 2003/2326). sentido, destaca la labor del Grupo de Trabajo y Drogas del III Pilar de la Europea, el cual elaboró los indicadores adoptados posteriormente por las y Cuerpos de Seguridad Europeos, en cuanto a identificar desde el plano

estrictamente policial al crimen organizado (ENFOPOL

35, rev. 2).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

65

ción universal, que consiga captar la esencia y las variables comunes de la totalidad de las manifestaciones criminales (Sansó-Rubert y GiménezSalinas, 2014). De hecho, para hacer un examen exhaustivo, habría que acudir al caso concreto. Sin pretender entrar en adicionales y complejas disquisiciones doctrinales acerca de qué es la criminalidad organizada, asumiremos que representa un conglomerado de organizaciones cada vez más complejas, especializadas, flexibles, capaces de asociarse unas con otras y de operar cómoda y eficazmente en un escenario internacional, con vinculaciones locales o nacionales. Representa un peligroso ejemplo de privatización de la violencia y constituye una amenaza para la estabilidad de los países democráticos, al ser capaz de evadir el principio de control territorial de los Estados. No cabe hablar de organizaciones tipo, sino de tendencias tipológicas, habida

cuenta de la gran diversidad de formas organizacionales que se pueden identificar bajo el rubro.

No en vano, al tratar de analizar las organizaciones criminales, aparece una amplísima variedad de tipos y formas. En los extremos se encuentran pequeñas asociaciones ligeramente organizadas a través de vínculos débiles e inestables, y también estructuras consolidadas con notoria tradición criminógena. La escena conforma un variopinto conjunto de organizaciones

cuya estructura, disciplina, normas internas, división de roles, actividades ilegales y, por ende, su peligrosidad, permiten una pluralidad de combinaciones (De La Corte y Giménez-Salinas, 2010).

En conclusión, actualmente el concepto de crimen organizado adolece de una imprecisión epistemológica integral. Sin embargo, sus diferentes fe-

nomenologías, las articulaciones sistémicas que desarrolla y el incremento de su potencialidad nociva, que desestabiliza a los Estados nacionales, nos permiten ingresarlo al análisis multidimensional de la seguridad.

Para este ejercicio, tomamos en cuenta que podríamos estar ante un

estiramiento conceptual, advertido hace algunos años como un juego de “perro-gato” criminológico (Sartori y Morlino, 1999). Sin embargo, la advertencia se produjo a fines del siglo XX, época en la que el sistema in-

ternacional no presentaba las características complejas y contingentes que tiene hoy.

66

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

3.1. Las mediciones sobre el crimen organizado: debates cuantitativos

¿Se pueden establecer mediciones sobre las innumerables y complejas manifestaciones criminales, al igual que los delitos convencionales? ¿Cabe

utilizar los mismos instrumentos de exploración? ¿Qué problemas teóricos

y metodológicos se presentan para poder determinar su magnitud y conocer sus dimensiones?

Esas preguntas son recurrentes en la doctrina criminológica que, en términos contemporáneos, está impulsando estudios sobre delincuencia organizada con enfoques interpretativos que van más allá del horizonte cualitativo (Buscaglia y Van Dijk, 2003; Giménez-Salinas, Requena Espada y De la Corte, 2009; Sansó-Rubert, 2017a). No se puede negar que

existe un creciente interés académico en potenciar el escaso desarrollo de los métodos científicos cuantitativos aplicados al estudio del crimen organizado. El número de estudios, libros, artículos en revistas científicas e informes sobre la delincuencia organizada ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, la balanza del conocimiento manifiesta un acentuado desequilibrio a favor de las investigaciones cualitativas y descriptivas, en detrimento de las puramente cuantitativas. Por ello, el interés y los esfuerzos recientes de la Criminología se han concentrado en desarrollar nuevas formas de medición y evaluación (Von Lampe, 2004; Vander Beken, 2004; Albanese, 2000; Giménez-Salinas, Requena Espada y De la Corte, 2009; SansóRubert, 2017a). El objeto de estudio y la metodología adolecen, 46 initio,

de un importante lastre: la opacidad inherente a las investigaciones sobre delincuencia o crimen organizado, además de la inflación del concepto y la

supuesta, pero equívoca preeminencia de los enfoques normativos e insti-

tucionalistas sobre una problemática compleja y contingente.

El debate sobre las formas de medición y evaluación constituye, sin duda, uno de los retos a enfrentar en el conocimiento de la criminalidad organizada. Esto se traduce en la búsqueda de formas de medición, indi-

cadores e índices más precisos, de métodos de evaluación más rigurosos y de modos de fomentar la transferencia de la información relacionada con dicha criminalidad. Lo anterior permitiría, por una parte, contrastar em-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

67

píricamente la gravedad y el impacto de la delincuencia organizada y por otra, desarrollar estrategias y políticas adecuadas a las dimensiones y características específicas de cada caso en concreto (Giménez-Salinas, Requena Espada y De la Corte, 2009).

Iniciar la senda del estudio cuantitativo de la criminalidad organizada supone abrir una suerte de caja de Pandora, reconociendo las dificultades en el acceso a las fuentes y las carencias metodológicas. La medida de un determinado concepto está íntimamente ligada a la naturaleza del problema y a su composición. Cuanto mayor sea la complejidad del problema, mayor será la complejidad de la medida. Se han reiterado hasta la saciedad las complicaciones inherentes a cualquier investigación empírica sobre criminalidad organizada. Por lo general, en sociología criminal se utiliza el concepto de atrición

para designar el distanciamiento entre los datos construidos y los valores

reales-fácticos, dado que los primeros son más reducidos y escasos. El tér-

mino cifra negra, desde la perspectiva matemática, alude a un cociente que expresa la relación entre el número de delitos efectivamente cometidos y el de delitos estadísticamente reflejados. Mientras tanto, campo oscuro o zona oculta comprende el conjunto genérico de acciones delictivas que no encuentran reflejo en las estadísticas oficiales. Estos conceptos tratan de expresar la disfunción que impide un análisis integral de la problemática delincuencial (García-Pablos, 2003).

En este libro desarrollamos un ejercicio exploratorio que busca estimular la investigación y el debate. Por tanto, no pretende ser concluyente ni convertirse en un manual de procedimientos estadísticos. En su lugar, exponemos una agenda de investigación y de discusión orientada a la búsqueda del saber científico, que permita atajar las lagunas de conocimiento que existen actualmente en torno a la delincuencia o crimen organizado. Sobre este tema, existen múltiples áreas de estudio que van más allá de

los grupos, las actividades delictivas y los mercados. Sería muy interesante

desarrollar inestigaciones centradas en la figura de los delincuentes, partícipes de una organización de forma individualizada, así como en sus carreras delictivas profesionales, como una metodología para descubrir nuevos

aspectos de las propias organizaciones y de las relaciones que se generan en

su seno (Requena, 2014).

68

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

En la misma línea de investigación, resulta de interés el conjunto de fguras y profesiones identificadas como facilitadoras. También, la tipología de relaciones generadas dentro de las organizaciones delictivas y los lazos entre estas (Morselli, 2009). Otros temas a profundizar son: la logística que

requieren las organizaciones criminales para desarrollar sus actividades, el impacto de las subculturas delictivas en la socialización de la juventud, su prevalencia con respecto a los valores sociales comúnmente aceptados, así como la cooptación o inmersión de los menores en la delincuencia organizada. A ello se añade cualquier otro factor coadyuvante a la eclosión, el florecimiento y la expansión de la criminalidad organizada. Algunos frentes abiertos en la investigación criminológica versan sobre

la identificación y la distribución de las organizaciones criminales en un

determinado territorio, para construir un índice de densidad criminal; la

detección de la capacidad de infiltración institucional de la delincuencia organizada y su tipología, mediante análisis de regresión multinivel; nuevas perspectivas del análisis de género, a través de etnografías que determinen el rol de las mujeres en la criminalidad organizada; la identificación

del contagio criminal (¿cómo y por qué se da?); el análisis de espacios

geográficos y escenarios políticos proclives al surgimiento de la crimina-

lidad, incorporando herramientas de las geopolítica crítica?*; el desarro-

llo de mecanismos de alerta temprana y la evaluación de la peligrosidad de la criminalidad organizada (Sansó-Rubert, 2012b); la tipología de las

organizaciones criminales detectadas y sus tendencias organizativas, metodologías de acción o modus operandi; las pautas delictivas del modelo de negocio y el estudio de las relaciones cooperativas que se producen en la esfera del delito organizado (Williams, 2005). Todas constituyen áreas de interés para la articulación de estrategias de seguridad.

Pese a la creciente preocupación académica sobre las víctimas de la criminalidad

organizada

(Spalek,

2006; Walklate,

2007;

Giménez-Salinas,

2013), queda mucho por investigar. Por medio de investigaciones criminológicas, ha quedado sobradamente demostrado que la delincuencia organizada ostenta una capacidad de impactar en lo social, lo político y lo

Para una mejor comprensión de las diferencias conceptuales entre la geopolítica clási-

ca y crítica, ver Cabrera (2017).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

69

económico que va más allá de las víctimas individuales. Por ende, la hipótesis de la ausencia de víctimas en este tipo de delincuencia ha sido refutada

(Giménez-Salinas, 2013). Existen herramientas de suma utilidad como la

realización de entrevistas de victimización y el desarrollo de índices delictuales complejos en ciudades o zonas en las cuales existe una mayor penetración de la delincuencia organizada transnacional, como ocurre en los poblados fronterizos de los Estados latinoamericanos.

Ahora bien, el principal problema radica en determinar qué criterios se adoptan para valorar el daño directo o indirecto que causa el crimen organizado, cómo identificar a sus víctimas y cómo catalogar sus necesidades, para otorgarles la debida protección. Todo ello, en aras de plantear como

un objetivo prioritario la articulación de estrategias preventivas que eviten y, en su caso, reduzcan los daños (Sparrow, 2008).

Otro de los grandes retos que plantea la criminalidad organizada obedece a la obtención de cifras fidedignas. Partiendo de la premisa de que no todo delito se conoce, ni todo delito conocido se denuncia, lo habitual es toparse con cifras estimativas, abrumadoras,

dispersas, de difícil contex-

tualización metodológica, que pasan de una publicación a otra sin más. Resulta harto complejo contabilizar el alcance y el volumen de la actividad criminal organizada, mediante la incorporación de costes directos e

indirectos, el volumen de ingresos generado por las actividades criminales legales e ilegales, así como los gastos del mantenimiento operativo de las organizaciones delictivas. En la mayoría de los supuestos analizados, los resultados reflejan meras estimaciones que, independientemente de las discusiones y los enfoques jurídicos, sí tienen un rango operativo para el desempeño de los órganos de seguridad y justicia. Aunque constituyen cifras orientadoras de utilidad, no dejan de ser aproximaciones estadísticas sobre realidades complejas, que requieren ser vinculadas a trabajos de inteligencia criminal. Esto último cobra vital importancia, porque la inteligencia se concibe como un proceso colectivo que describe el resultado del análisis producido en dos dimensiones. Por un lado, a partir del manejo de fuentes cerradas y reservadas,

como aquellas obtenidas de la vigilancia, las entrevistas y los informantes. Por otro lado, del estudio de patrones criminales, datos policiales, información social y demográfica, entre otros recursos que son procesados con el

70

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

objetivo de ayudar al producto final y mejorar la calidad de las decisiones de los órganos estatales relacionados con la problemática criminal (Ratcliffe, 2009a, p. 7). Von Hofer (2000), sobre la base de las estadísticas criminológicas na-

cionales, describe las comparaciones transnacionales de la delincuencia como arriesgadas, dada la aplicación de “reglas de construcción” diferentes en los distintos países. En particular, este autor ha identificado tres tipos principales de factores que inciden en el resultado de las estadísticas: sustantivos, jurídicos y estadísticos. Los factores sustantivos dependen de las probabilidades de que los ciudadanos denuncien los delitos a la Policía, del grado de eficiencia del sistema de justicia en el registro de los

delitos y del nivel real de delincuencia en cada país. Los factores jurídicos guardan relación con las distintas formas de definir el delito y con las características de sus procedimientos jurídicos. Los factores estadísticos se refieren a los diversos métodos de elaboración de las estadísticas, es decir, las reglas de cálculo matemático

utilizadas para reunir los datos

sobre la delincuencia organizada. Esas reglas entrañan una extraordinaria dificultad, considerando que estipulan la forma en que se registran los datos; la unidad de cómputo utilizada en las estadísticas; la manera en que se cuenta un delito cometido por más de una persona y la aplicación de la regla del delito principal. Algunos países tratan los delitos simultáneos contando únicamente el más grave —regla del delito principal—,

mientras que otros cuentan cada delito de forma independiente, lo que eleva su tasa de delitos registrados. Existen otras situaciones relacionadas con la manera en que se cuentan

los delitos múltiples. Por ejemplo, cuando una víctima denuncia el mismo delito más de una vez. Esto se contaría como un solo delito en algunos países, mientras que otros lo registrarían como delitos múltiples. Ello incide

en las metodologías que reúnen datos para el trabajo estadístico y dificulta el estudio de casos comparados sobre crimen organizado transnacional. Ante ese panorama, muchos autores han señalado la necesidad de generar definiciones uniformes y homologar los sistemas de recolección de datos, para facilitar las comparaciones transnacionales, absolutamente imprescindibles para el avance de las investigaciones criminológicas (Savona y Stefanizzi, 2007).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

71

Una particularidad relevante es la transnacionalización del crimen organizado. Esta dificulta su medición desde la óptica local, porque si un grupo actúa en diversos países a la vez, como

la actualidad, el terminado lugar correspondiente totalidad. Así se

hecho de que nos aportará de una parte introduce un

ocurre frecuentemente en

identifiquemos una ramificación en un deinformación segmentada sobre el volumen del grupo criminal, pero no respecto a su importante sesgo en la medición.

Otra forma de efectuar mediciones consiste en emplear como referencia indirecta de la presencia y actividad de la delincuencia organizada, el conjunto de indicadores de delincuencia común, explotando la posibilidad de establecer cierta interrelación entre ambas. En ese sentido, teóricamente podríamos tener países con índices elevados de delitos convencionales, a la par que índices no tan elevados de delitos no convencio-

nales como el crimen organizado. Sin embargo, la realidad más plausible sería que un elevado índice de delincuencia convencional indique una elevada presencia de delincuencia organizada (Van Dijk y Nevala, 2002).

De hecho, cuando se obtienen índices elevados de delincuencia convencional y, a la vez, índices bajos de delincuencia organizada registrados por

la Policía, se puede predecir una mayor presencia real de delincuencia organizada. Tal y como apunta Van Dijk (2008), cabe esperar que el número de casos relacionados con el crimen organizado registrados por la Policía correlacione inversamente con la seriedad del problema en un determinado país. Esa afirmación tiene una explicación relativamente sencilla, a partir de

dos de los factores facilitadores más importantes de la delincuencia organizada en cualquier escenario. El primero es la ausencia de mecanismos de control específicos para luchar contra la criminalidad organizada, debido a la carencia de unidades especializadas de la Policía, fiscalías especializadas y normativa especializada. El segundo son los elevados niveles de corrupción e impunidad (Albanese, 2001). Si en un determinado espacio geográfico confluyen dichos factores, lo lógico será tener índices bajos de delincuen-

cia organizada registrados, por el escaso nivel de detección policial —por

ejemplo, homicidios no resueltos, número relativamente bajo de organizaciones criminales detectadas, etcétera— (Giménez-Salinas, Requena Espada y De la Corte, 2009).

72

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Las encuestas de victimización se han utilizado con cierto éxito para medir la delincuencia organizada, empleando muestras selectivas extraídas del sector empresarial y comercial, dado que representan colectivos victimizados por la extorsión y la corrupción, entre muchas de las actividades

criminales. En el campo internacional destaca la International Criminal Bussines Survey (ICBS), que utiliza la misma metodología de la /nternational Criminial Victimization Survey (ICVS) y en 1995 aplicó muestras a

ejecutivos en 10 países desarrollados (Van Dijk y Terlouw, 1996). Algo más

tarde, en el año 2000, se utilizó una versión del cuestionario ICBS amplia-

da con preguntas concretas sobre crimen organizado y corrupción”. A escala nacional, cabe señalar la Encuesta Nacional de Victimización

de Empresas (ENVE), elaborada en 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) de México. Vale resaltar el esfuerzo llevado

a cabo en ese país, atendiendo las dificultades que existen desde hace varios años con la presencia de una delincuencia organizada poderosa y muy activa, que en algunos territorios ha generado una confrontación abierta con el Estado, entre los grupos criminales, y entre estos y sectores organizados de la sociedad y el gobierno. La encuesta resultó exitosa para la medición de crimen organizado, a pesar de registrar cifras negras en su recopilación. Ello, debido a la amenaza de las organizaciones criminales a investigadores

y colaboradores, para preservar la desinformación respecto de sus estructuras, actividades y miembros. De todas maneras, en 2018 México articuló

la encuesta ENVE con la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), para brindar datos más integrales sobre el crimen organizado. Se detectó que en el año 2017 el 35,6 % de hogares mexicanos fue víctima de algún tipo de delito (INEGI, 2018, p. 6).

En lo relativo al grupo organizado como indicador, debemos resaltar una obviedad como punto de partida: la criminalidad organizada se caracteriza por la existencia de una organización que realiza directamente las actividades ilegales. Desde esta perspectiva, la unidad de referencia para 22

En Europa se han desarrollado varias encuestas basadas en la metodología ICVS

(UNICRI, 2020). En la región latinoamericana se implementaron instrumentos si-

milares en 2016, a través de grupos de trabajo de organismos multilaterales, dentro de

la “Iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe” (UNODGC, 2016).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

73

medir el crimen organizado será el conjunto de personas que configura una organización o grupo. Por tanto, una primera aproximación a la evaluación

de la delincuencia organizada consiste en conocer el número de grupos activos en las áreas geográficas sometidas a estudio, así como sus principales

notas definitorias. Entre las más destacadas se encuentran: extensión terri-

torial; tipo de estructura operativa; actividades principales y secundarias, en caso de que exista multiactividad; qué tipo de asociación mantienen con

otras organizaciones, si se da el supuesto; antigiiedad conocida; nivel de

sofisticación; capacidad para ejercer la violencia y la corrupción; permeabilidad frente a los aparatos de seguridad estatales; presencia en la esfera industrial y financiera y alianzas con empresas legales. Dichas dimensiones incorporan indicadores relevantes para conocer de forma integral la capacidad de acción de una organización, los recursos de

que dispone, la potencialidad, en términos de expansión territorial, y la capacidad de penetración social, económica e institucional. Deben

con-

siderarse de forma simultánea para evaluar las características de los grupos criminales en su conjunto. De igual forma, los factores de naturaleza

económica, política y social que coadyuvan el desarrollo de la criminalidad organizada son utilizados como indicadores para valorar el riesgo de emergencia criminal, asumido como alerta temprana (Albanese, 2001; Vander Beken, 2004; Williams y Godson, 2002). Ello, sin obviar que las

estadísticas específicas sobre grupos criminales en las que se basan muchos gobiernos para evaluar los riesgos derivados de la delincuencia organizada se nutren de cálculos particularmente difíciles, aunque no imposibles de verificar y objetivar (Carson, 1984; Greenfield, 1993; Blades y Roberts, 2002; Van Duyne y Levi, 2005). Por otro lado, adoptar la existencia de grupos criminales como indicador no está exento de controversia, pues supone incluir unidades equivalentes dentro de la categoría. En el caso de los grupos de criminalidad orga-

nizada, en ningún momento las unidades son equivalentes. El número de grupos, como criterio único, no informa en su totalidad sobre la extensión

media de estos, su tipología, peligrosidad, nivel de penetración institucional, capacidades y recursos, por nombrar solo algunos aspectos relevantes.

En segundo lugar, un grupo de delincuencia organizada puede desarrollar manifestaciones delictivas diversas. Lógicamente, no todas resultan

74

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

igual de importantes a la hora de evaluar su potencialidad en términos de peligrosidad y de nivel de consolidación. No debemos conceder la misma importancia a las actividades principales, que constituyen el negocio o mercado

ilícito propio del grupo, que a las actividades ilegales instru-

mentales que realiza para su desarrollo, mantenimiento y supervivencia

(Abadinsky, 2007).

Los obstáculos mencionados tornan la medición del crimen organizado en un trabajo extremadamente difícil, y obligan a los investigadores a encontrar formas alternativas. Para ello, se emplean indicadores indirectos o de contexto (proxys) y mediciones fundadas en la percepción del crimen organizado. Los indicadores indirectos ofrecen una buena alternativa para medir lo inmedible: el crimen oculto, la delincuencia organizada y las

nuevas formas de delincuencia. Dependiendo de los datos que se utilicen, pueden ser bastante fiables. Por ejemplo, el número de vehículos de lujo robados que no han sido recuperados puede ser visto como indicador indirecto de la presencia activa de criminalidad organizada, debido a que el seguro de automóvil habitualmente cubre ese supuesto, por lo que la tasa de denuncia es muy elevada. Sin embargo, los indicadores que se basan en

percepciones dependen inevitablemente de la validez de esa percepción y de cómo las personas en cuestión definen el fenómeno. Otros modelos se orientan hacia el análisis de las circunstancias medioambientales que pueden repercutir, y de hecho lo hacen, en el surgimiento, la expansión y la consolidación de la criminalidad organizada y el terrorismo. No sólo tienen un carácter explicativo de cuáles son las causas u otras vulnerabilidades que podrían ser objeto de conveniente explotación por parte de delincuentes y terroristas, sino que se engloban dentro de los denominados OrganizedCrime and Terrorism ImpactStudy (OCTIS). Esto es, informes de las actividades delictivas y su repercusión multinivel cuya articulación gira en torno al estudio y evaluación del riesgo. Éste puede ser objeto de seguimiento o monitorización teniendo en consideración la presencia de factores ambientales propicios y el nivel de oportunidad para su aprovechamiento por parte de las organizaciones criminales y terroristas, como se desprende de la metodología PEST'EL. Esta metodología implica el análisis de determinados escenarios, generalmente políticos, económicos, sociales o coyunturales, entendiendo éstos últimos como eventos o

tendencias —ventanas

de oportunidad

(Sansó-Rubert,

2008)—,

como

Crimen organizado y seguridad multidimensional

75

los saltos o adelantos tecnológicos que posibilitan transformaciones evolutivas y la expansión de diversas manifestaciones criminales organizadas, incrementando su potencial lesivo (Williams y Godson, 2002). De entre todos los trabajos analizados destaca el método de Albanese, en relación a la criminalidad organizada, Organized Crime Risk Assessment Tool (Albanese, 2007), para la evaluación del riesgo. Este autor centra sus indicadores

en determinar sus causas, emitir respuestas a la existencia de su génesis y

determina la presencia de la criminalidad organizada a través de factores que favorecen su eclosión, crecimiento y expansión.

En relación con la trascendencia que han cobrado los factores medioambientales en el estudio de la delincuencia organizada y el terrorismo, la antropología cultural y la geografía humana despuntan en este aspecto. Ciertamente, ambos fenómenos están muy extendidos a nivel mundial, pero

no se distribuyen geográficamente al azar porque determinados enclaves territoriales y urbanos resultan mucho más apropiados que otros. Influyen rasgos propios como factores de tipo cultural, geográfico o geopolítico, así como la existencia de una historia delictiva previa en dicho espacio territorial o sociedades excesivamente permisivas con la comisión de determinados delitos como el contrabando. A su vez, la localización de recursos naturales escasos, condiciones climáticas y de terrenos fértiles para la producción de drogas o incluso, la mera ubicación

de ciertos países, regiones o ciudades por su relevancia

política o religiosa, son suficientemente importantes geográficamente para

constituir plazas geoestratégicas para el crimen organizado y los grupos terroristas.

Dentro del análisis multidimensional de la penetración del crimen organizado y su vinculación con delitos ambientales es importante considerar indicadores como la tasa de deforestación, que guarda una importante correlación con terrenos propicios al tráfico de madera y especies, así como la tala de árboles y los sembríos de hoja de coca, sobre todo en zonas tropicales y andinas colombianas y peruanas. Otro indicador relevante es la importación y exportación de insumos químicos utilizados para el cometimiento de delitos complejos de carácter ambiental, como el mercurio, que se emplea para actividades de minería ilegal.

76

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Si bien en el pasado las organizaciones terroristas recibían el apoyo de determinados Estados, simpatizantes de su causa, actualmente la presión internacional y la legislación que persigue y castiga la Ainanciación de actividades terroristas han difuminado esa realidad. Las relaciones entre las organizaciones terroristas y el poder político son más complejas que las de la delincuencia organizada, en tanto la violencia terrorista trata de subvertir el orden establecido, frente a una criminalidad organizada por lo general apolítica, centrada en la connivencia fructífera con el poder político dominante (Sansó-Rubert, 2013).

Es necesario que los estudios sobre la delincuencia den en su vinculación con indicadores socioeconómicos multidimensional y las necesidades básicas insatisfechas rales. Esos factores resultan fundamentales para entender del Estado frente al crimen organizado en sociedades en

organizada ahoncomo la pobreza de sociedades rula permeabilidad vías de desarrollo

como las africanas o, en menor medida, las latinoamericanas.

Como último punto de este recuento, nos referimos al modelo criminológico de la elección racional, según el cual la delincuencia organizada y el terrorismo global son fenómenos donde prima la racionalidad, cuestión

esta que no sería del todo cierta”? A pesar de ello, la información disponible contrastada permite presumir que, de ordinario, los líderes de las organizaciones terroristas y de la delincuencia organizada son actores racionales autointeresados (Shelley y Picarelli, 2005). Las organizaciones pueden ser consideradas

actores racionales, si nos centramos

exclusivamente

en los

grupos en su conjunto y en las decisiones tomadas solo por su dirección, excluyendo la racionalidad de los restantes miembros. Se supone que las decisiones que se adopten para interactuar con otros grupos, participar en

23

Ha habido numerosos debates acerca de la racionalidad de los terroristas miembros

de organizaciones que cometen atentados suicidas. Los argumentos sobre el funda-

mentalismo religioso y el problema de la acción colectiva no impiden que los líderes

de estas organizaciones terroristas racionalicen las estrategias a desarrollar, en aras de maximizar los recursos disponibles y los objetivos trazados (Gupta, 2004). Tamara

Makarenko (2002) sostiene que los terroristas han utilizado la “chapa del islam” para asegurar sus medios (en particular a través de la capacidad de ganar “operativos”) con el fin de lograr metas que, a menudo, obedecen más a estrategias políticas que religio-

sas.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

77

ciertas actividades o, en términos generales, aquellas que afectan a la organización en su conjunto, se tomarán al más alto nivel de liderazgo. Para finalizar este acápite, en la tabla 2 recogemos las principales herramientas cuantitativas que permitirían mediciones del crimen organizado. Tabla 2. Herramientas cuantitativas y sus ventajas Herramientas

Ventajas

Encuestas de victimización (organizaciones privadas y ciudadanía)

Pernuten conocer con mayor detalle las cifras “negras” o no oficiales respecto al crimen organizado. También la percepción ciudadana sobre inscgunidad.

Indices dehicinales complejos en ciudades o sonas conflictivas

Establecen el número de grupos activos en las areas geograficas sometidas al estudio, su extensión territorial, tipo de estructura operativa, actividades principales, tipo de asociaciones y redes, etc.

Correlación entre presencia de delincuencia organizada y delincuencia común

Permite predecir una mayor presencia real del cnimen organizado e identificar las falencias de investigaciones policiales.

Análisis multinivel cnizado con indicadores sociocconómicos, ambientales, culturales y politicos.

Permite medir la penetración del COT en ciertos territorios o ciudades y su vinculación con otros delitos.

Fuente: elaboración propia.

3.2. El problema criminal y los enfoques cualitativos Hay que tomar muy en cuenta que en el análisis seguritario y crimino-

lógico existen restricciones sobre el uso y la obtención de la información porque se pone en juego la vida de personas o se atenta contra bienes de mucha cuantía. A diferencia de la etnografía y de los métodos antropológicos o sociológicos, que mantienen un riguroso protocolo de actuación instrumental sobre la identidad y la pertenencia de las personas u organizaciones, en los análisis criminológicos, de seguridad nacional o inteligencia, dichos protocolos o actuaciones procedimentales requieren cumplir otro tipo de reserva y custodia de la información. Esta es seleccionada, compartimentada y depurada en diferentes instancias, pues no se trata de realizar

una validación epistemológica y académica del objeto a ser investigado.

78

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Un concepto multidimensional como el crimen organizado transnacional, mirado desde ópticas cualitativas, genera dificultades de medición porque su complejidad y contingencia constituyen un escollo para establecer fórmulas comúnmente empleadas para analizar delitos convencionales. Los enfoques preventivos, epidemideológicos y de riesgo, derivados de la seguridad ciudadana, aportan algunos elementos para entender situaciones y coyunturas de carácter fenomenológico. Sin embargo, no alcanzan a plantear causalidades, expresiones sistémicas y relaciones epistémicas con disciplinas más comprensivas o hermeneúticas, que se emplean para enten-

der mejor el problema criminal.

La posibilidad de trabajar con información cualitativa originada desde los medios de comunicación es un caso especial. Debe advertirse del peligro que supone tomar por fiables las informaciones obtenidas de reportajes e investigaciones periodísticas que, salvando honrosas excepciones, con trabajos serios de investigación, se caracterizan por ser superficiales,

inconsistentes y presentar recurrentes falacias de composición.

Otra dificultad metodológica cualitativa proviene de la categorización penal del hecho criminal. La actividad delictiva, desde la óptica penal, se identifica con determinado tipo de delitos, denominado complejo, cuyas formas de medición difieren de las comúnmente empleadas para los delitos convencionales (Van Dijk, 2008). Una primera aproximación permite estipular, con cierta lógica, que las manifestaciones de delincuencia organizada

constituyen categorías diferenciadas de la tipología delictiva convencional, por lo que su medición requiere variables diferenciadas. De hecho, indicadores como la tasa de homicidios violentos y otros muchos basados en conductas tipificadas como delitos en los códigos penales no permiten diferenciar si tienen su origen y fundamento en la delincuencia organizada o si, por el contrario, son meras manifestaciones del deterioro de la seguridad

en algunos escenarios regionales como el denominado Triángulo Norte de Centro América (Honduras, Guatemala y El Salvador). En este, el acceso a armas de fuego y su empleo cotidiano por la delincuencia común no permiten disgregar cuáles homicidios guardan relación con la criminalidad organizada y cuáles no. Se pueden citar decenas de ejemplos. Además, codificar la criminalidad organizada en clave penal conlleva limitarla, a efectos de comparar niveles regionales e internacionales. Los

Crimen organizado y seguridad multidimensional

79

tipos penales recogidos en cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales difieren, en mayor o menor medida, en la definición conceptual del hecho delictivo, así como en las circunstancias que deben acompañar a la comisión del delito. Esa circunstancia, sumada a que su aplicabilidad y vigencia está circunscrita al territorio nacional, introduce otra limitación

metodológica. La cooperación internacional en materia criminal aparece

como un discurso recurrente en los distintos foros y espacios multilaterales donde intervienen los países. No obstante, la aplicación de los instrumentos acordados encuentra serios escollos al momento de ser operativos en términos locales y reales, lo que pone en duda el principio demostrativo de los efectos interdependientes del crimen organizado internacional?*, Vale la pena mencionar que existen técnicas descartadas a priori por

su carácter extraordinario y en virtud de las consecuencias que entrañan:

la observación directa o participante y la entrevista en profundidad”. La entrevista en profundidad no permite, en la mayoría de los casos, llegar al

conocimiento de los elementos estructurales de las organizaciones criminales, por las dificultades obvias de acceso a los estratos superiores de los grupos, donde la ocultación de actividades es más intensa. No obstante,

sí permite tener una percepción de los niveles funcionales de decisión, en cuanto a la trazabilidad de los efectos que, al ser comparados

fuentes, pueden La observación mica interna de adquiera, como delictivos, salvo

con otras

delimitar espacios y actores en un período determinado. participante o participación de investigadores en la dinálos grupos criminales es imposible sin que el observador mínimo, la condición de encubridor o testigo de hechos si fuera a la vez un agente legalmente infiltrado. Por otro

lado, si es que se consigue, plantea problemas éticos sobre la legitimidad

de anteponer la finalidad científica a la colaboración en hechos delictivos.

24

Por ejemplo, durante la VII Reunión de Ministros en Seguridad de las Américas (MISPA VID, los países miembros de la Organización de Estados Americanos evi-

23

denciaron la dificultad técnica y normativa para consolidar y comparar indicadores relacionados con la delincuencia organizada transnacional.

Muy excepcionalmente aparecen investigadores que se decantan por alguna de estas técnicas, como hizo el Dr. Wolfgang Herbert, un eminente sociólogo y nipólogo de Austria, cuando decidió infiltrarse en la esfera de la criminalidad organizada de la

ciudad de Osaka (Japón) para documentar su tesis doctoral (Glenny, 2008, p. 411).

80

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Esto por no hablar del peligro físico que corren los investigadores o la eventual responsabilidad penal en la que pueden incurrir. Un instrumento importante que ayuda al análisis es el autoinforme. De manera sucinta, consiste en una encuesta anónima o sondeo de libre

participación orientado a autores o potenciales autores, sobre la comisión de conductas ilegales. La utilidad potencial de este tipo de instrumentos para medir el crimen organizado es muy prometedora. No obstante, su debilidad estriba tanto en la colaboración de los participantes como en la fiabilidad de sus respuestas. Realidades como la coacción y las amenazas que una organización ejerce sobre sus miembros para preservar su seguridad a través de la violencia intragrupal, sumadas a la alta probabilidad de que los delitos susceptibles de reflejarse en el autoinforme no hayan prescrito en función de su gravedad, dificultarían seriamente la participación en este

tipo de encuestas (Kleemans y De Poot, 2008). Llegados a este punto, la realidad del análisis y la observación de la

delincuencia organizada pasa por el reconocimiento, por parte de la comunidad académica, de las limitaciones que presenta cada una de las metodologías empleadas para medir el fenómeno de la criminalidad. En consecuencia, la complementariedad metodológica es posiblemente la for-

ma más acertada y exitosa de aproximación al estudio de la delincuencia

organizada (Fernández Villazala, 2008).

Varias medidas inicialmente insatisfactorias, combinadas entre sí, cons-

tituyen una medida más fuerte y, a menudo, más válida del fenómeno que se investiga (Aromaa y Heiskanen, 2008). En la actualidad se considera que la integración de distintas fuentes de datos, tanto institucionales como

procedentes de estudios y de variables contextuales que no se relacionan

de manera directa con el delito, representa una de las opciones más pro-

metedoras de las investigaciones en materia criminológica y de seguridad multidimensional.

El investigador Jan Van Dijk ha desarrollado interesantes instrumentos alternativos, al proponer la medición a través de un índice compuesto sobre crimen organizado, que junta varios índices individuales: índice de percepción de crimen organizado; índice de economía informal (que puede obtenerse de las encuestas anuales o periódicas de los organismos encargados de tal propósito); evaluaciones de riesgo de inversión del Merchant

Crimen organizado y seguridad multidimensional

81

International Group; estudios del Instituto del Banco Mundial; distintos

tipos de estadísticas oficiales; índice de blanqueo de capitales; índice de

corrupción y, por último, índice de homicidios no resueltos (Van Dijk, 2007; Albanese, 2007). Destaca este último, al tratar de medir la violencia

instrumental utilizada por los grupos criminales.

Esta forma indirecta de medición permite acercarnos a la presencia de criminalidad organizada en una zona, a través de la violencia que proyecta de forma colateral e instrumental. La esencia del indicador es que la tasa de homicidio correlaciona negativamente con la presencia de crimen organizado en un determinado lugar. Esto es, si en una zona específica existe un volumen importante de delincuencia organizada, lo normal es que no se

detecte un volumen importante de homicidio o violencia denunciada por dichos motivos, ya que la corrupción y la impunidad de las organizaciones criminales promoverá la inacción por parte de las autoridades y, por lo tanto, la no persecución de los delitos.

Otros posibles indicadores de aproximación podrían ser la actividad criminal indirecta de las organizaciones y la complejidad estructural de estas (Moreno, 2013). Pueden incluirse en esta gama de datos el número

de desapariciones forzadas relacionadas con la criminalidad organizada;

el número de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad fallecidos en enfrentamientos armados con miembros de grupos criminales; el número de jueces y fiscales asesinados por organizaciones criminales; el número

de periodistas asesinados o amenazados por organizaciones criminales; el número de reos fugados de prisiones que son integrantes de organizaciones criminales; el número de centros penitenciarios controlados y gestionados por organizaciones criminales; el número de miembros de las organizaciones criminales egresados de fuerzas y cuerpos de seguridad; el número de plataformas móviles terrestres, aéreas y marítimas de que dispone una organización para el transporte de drogas; la extensión territorial controlada fácticamente por una organización criminal, medida en kilómetros

cuadrados; el número de instituciones públicas intervenidas estatalmente por detección de infiltración criminal (por ejemplo, ayuntamientos, alcaldías, municipios, zonas territoriales específicas); el número de entidades bancarias igualmente intervenidas; el número de ocasiones en que una

organización que sigue activa ha sido objeto de una operación policial y, especialmente, los indicadores de blanqueo de capitales.

82

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

A esa larga lista puede añadirse el número de pistas clandestinas de aterrizaje destruidas por las autoridades aeronáuticas y el nivel estratégico de su ubicación geográfica; el número de botes sumergibles, aeronaves o

submarinos destruidos o decomisados en las operaciones policiales y militares, así como el tipo, la calidad y la potencia de equipos de alta tecnología inhabilitados con los que operan los grupos criminales. “Todas estas representan, en su conjunto, facetas de la criminalidad organizada que requie-

ren una profundización en su etiología. Se trata del empleo de la violencia, la peligrosidad, la impunidad, las capacidades logísticas, la capacidad de infiltración criminal, la capacidad de resiliencia, el impacto de los negocios

ilícitos en los negocios lícitos y viceversa, el volumen de actividad criminal y el control territorial. Para finalizar el acápite, la tabla 3 resume las principales herramientas abordadas para establecer un análisis en profundidad del COT. Tabla 3. Herramientas cualitativas y sus ventajas Herramientas

Análisis de medios de comunicación

Entrevista en profundidad. Uso de metodologias hermenéuticas de las Ciencias Sociales.

Automfonne

Fuente: elaboración propia.

Ventajas Si bien existe información no verificada, presenta una oportunidad para conocer aquellos casos que son ignorados o que no generan rasgos interpretativos para quienes levantan la información.

Permite tener una percepción profunda de los niveles

funcionales de decisión, en cuanto a la trazabilidad de los efectos que. al ser comparados con otras fuentes. pueden delimitar espacios y actores en un periodo determinado. Podria generar formación sesgada, pero la encuesta anouuna o sondeo de libre participación orientado a autores o potenciales autores. sobre la comisión de conductas ilegales, permitiría conocer datos de primera mano y generar causalidades con otros delitos.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

83

3.3. Los datos: ¿dónde buscar y cómo gestionar los obstáculos metodológicos? Las investigaciones sobre delincuencia organizada generalmente mienzan

con una introducción,

en muchos

co-

casos autojustificatoria de los

resultados y problemas de acceso a fuentes fiables (Resa, 1993). Esto suce-

de porque existe el factor clandestinidad de la subcultura criminal, que ha

limitado históricamente el tratamiento de las fuentes directas, es decir, las personas integradas en organizaciones involucradas en actividades ilícitas.

Si bien la inteligencia policial o criminal tiene sus propias herramientas de

análisis y procesamiento de información, estas asumen formas tácticas, que

brindan datos empríricos para un análisis mayor en el plano estratégico.

Establecer formas viables de obtener información acerca de la criminalidad organizada constituye, sin duda, un desafío adicional que enfrenta la investigación criminológica y de seguridad. Bajo el paraguas conceptual de la delincuencia transnacional organizada o crimen organizado es factible analizar los grupos u organizaciones, las principales actividades o mercados legales e ilegales, y el conjunto de acciones necesarias para la supervivencia de las organizaciones. La obtención de datos a través de fuentes “comprometidas” o clandestinas trasluce toda una variedad de inconvenientes que deben ser superados para construir indicadores útiles en los ejercicios de medición, intervención y posterior recomendación de política pública, si fuese el caso necesario. En primer lugar, el número

de fuentes accesibles es limitado.

Mucha de la información se halla en manos de diversos organismos, servicios, cuerpos e instituciones pertenecientes a los aparatos de seguridad de los Estados. Mucha de la información está catalogada bajo normativa que protege y preserva la confidencialidad y el secreto. La documentación policial representa una referencia muy útil, pero la investigación académica

generalmente solo puede acceder a versiones restringidas. La reserva es aún mayor en el caso de información obtenida y generada por los servicios de inteligencia, por obvias razones de seguridad nacional o estratégica. Buena parte de la inteligencia generada por la Policía proviene de la compra de fuentes o de informantes poco verificados, lo cual obvia el proceso de eva-

luación y dificulta la veracidad del nivel de riesgo y amenaza.

84

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Importantes fuentes de datos empíricos pueden llegar a ser accesibles para los investigadores sobre crimen organizado con las debidas reservas y validación institucional, aspecto que no sucede con demasiada frecuencia. La circunstancia es criticable por sí misma, en tanto y en cuanto limita las posibilidades de generar conocimiento sobre el fenómeno y, en consecuen-

cia, las aportaciones que se pueden realizar al mundo académico y científico (Moreno, 2009). Puede agravarse cuando, tras la negativa al acceso y/o la publicación de los datos, se deducen intenciones espúreas de ocultar malas gestiones institucionales o realidades incómodas. En otras ocasiones,

los datos son objeto de manipulación, para mostrar una realidad falseada a

conveniencia. La perversión de las estadísticas e informaciones sobre delincuencia organizada deberá considerarse para no errar el análisis. En rigor, todas las fuentes tienen limitantes e imprecisiones, por lo que el desafío

metodológico reside en comprender cuáles son estas y tratar de avizorar el sesgo que pueden tener por las prácticas informales de las instituciones que producen información pública. En segundo lugar, el investigador debe asumir la dispersión de la infor-

mación que fluye y se almacena por todo el entramado público y privado que, de forma directa o indirecta, interacciona con la delincuencia organizada a través de Policía, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, aduanas, universidad, administración de justicia, administración penitenciaria,

tejido empresarial, sistema económico y financiero, etc. Esa dispersión re-

fleja la carencia de una base de datos centralizada sobre organizaciones y actividades. Solo en años recientes se han creado bases de datos confiables e instituciones vinculadas a la sociedad y a la academia. No obstante, al estar fragmentadas, se generan restricciones a cierto tipo de información

sobre actividades delictivas o datos muy concretos de balística, matrículas de vehículos, objetos robados, homicidios, entre otros. En pocos países existe una coordinación central de las actividades de acopio de datos, que pueda proporcionar directrices, definiciones y formatos comunes para investigar temas complejos relacionados con el crimen organizado nacional y transnacional. En tercer lugar, se ha detectado una ausencia de cultura organizacional para minar y seleccionar datos, lo que provoca la pérdida sistemática de in-

formaciones de máxima utilidad para el desarrollo de mediciones y análisis criminológico. No solo hay que hacer hincapié en la forma en que debe

Crimen organizado y seguridad multidimensional

85

recogerse y registrarse dicha información, sino en la relevancia de contar con series de tiempos completas, así como información homologada. De lo contrario, nos encontraremos ante la imposibilidad material de efectuar estudios por carecer de suficientes insumos para ello. La falta de sensibilidad en el levantamiento de información es notoria. Se refleja en la carencia de formularios y metodologías institucionales homogenizados, en la falta de capacitación profesional de los operarios encargados de recoger los datos y en la escasa motivación, traducida en desidia rutinaria que alimenta el

ciclo burocrático.

En países con baja institucionalidad burocrática, carentes de cooperación internacional y con evidente subdesarrollo tecnológico, la tarea de obtener datos se vuelve en extremo irrealizable. La escasa coordinación entre los organismos de administración de justicia, las fuerzas de seguri-

dad del Estado y los ministerios encargados de la rectoría de las políticas públicas hacen de la construcción de estadísticas nacionales un objetivo inalcanzable. Por otro lado, hay que afrontar también la realidad de muchas administraciones estatales, que carecen de los recursos necesarios,

mínimos e indispensables para una adecuada reunión de información y

su tratamiento.

En cuarto lugar, aparecen en la palestra problemas metodológicos y de gestión de la información. Tales dificultades tienen nombre propio, como la cifra negra de la criminalidad. Cabe recordar que las fuentes sobre criminalidad con las que habitualmente se opera (por ejemplo, denuncias o informes policiales) hacen referencia a la actividad detectada por la institucionalidad, por lo que no reflejan el volumen de actividad criminal existente, sino aquella de la que tenemos constancia. Como ya analizamos, las organizaciones criminales destinan ingentes esfuerzos para soterrar sus

actividades y pasar desapercibidas.

Las estadísticas y los informes policiales, penitenciarios y provenientes

de la administración de justicia no son las únicas herramientas de medición existentes en la paleta metodológica del estudio sobre criminalidad organizada.

Por un lado, están las encuestas de victimización,

que nos

proporcionan información sobre los delitos sufridos por determinados segmentos poblacionales escogidos mediante muestra, generalmente en atención a su elevada exposición frente a la delincuencia organizada, que

86

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

denota el riesgo de victimización. Por otro lado, está el nivel de confianza que tiene la población en las instancias de control estatal o privadas. Ambas tipologías se han mostrado útiles para medir el delito convencional en países o sociedades que tienen programas y políticas locales, muchas de ellas denominadas

de seguridad ciudadana. Sin embargo, su empleo

en el ámbito de los delitos complejos plantea dificultades de diverso tipo (Medina Ariza, 1999).

En quinto lugar, asistimos al incremento de la corrupción, muy extendida en numerosos países. Ese fenómeno mundial constituye un verdadero azote para la gobernabilidad de los Estados y las democracias, por su carácter invasivo y por desplegar redes vinculadas al COT, que se infiltra en distintas instituciones estatales y privadas, sobre todo de control judicial, seguridad e inteligencia. Así como se presenta el fenómeno, también

existen propuestas de análisis. Por ejemplo, las bajas tasas de procedimientos judiciales relacionados con el crimen organizado pueden deberse a la corrupción policial y a la interferencia política en el procesamiento y la condena?”*. Por ello, pueden apuntar en realidad a una alta prevalencia de ese tipo de delitos (Van Dijk, 2007). A partir de estas conclusiones observamos que, en aquellos países en los que existe una mayor infiltración del COT, la percepción de la corrupción tiende a ser alta. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional clasifica a 180 países y territorios según los niveles que adquiere el problema en el sector público, donde 0 (cero) significa alta-

mente corrupto y 100 (cien) altamente transparente. Si comparamos las

cifras de 2012 y 2019 de Rusia, México, Italia, Colombia y Yemen (tabla

4) observamos que, por lo general, no varían o se modifican levemente respecto a otros países.

26

En este campo, son importantes los aportes y avances del Instituto Europeo de Pre-

vención del Delito y Lucha contra la Delincuencia de Helsinki (HEUND,

afiliado

a las Naciones Unidas, sobre el desarrollo de índices de criminalidad organizada. También, las variadas iniciativas de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación

con las nuevas formas de delincuencia.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

87

Tabla 4. Índice de percepción de la corrupción en países con alta infiltración del COT

País

2012

Año

2019

Rusia

28

28

México

34

29

Italia

43

52

Colombia

36

37

Yemen

23

15

Fuente: Transparencia Internacional, 2019.

Al hilo de párrafos anteriores, cabe resaltar que existe cierta falta de transparencia dentro de la comunidad científica y las instituciones públicas, en cuanto a la publicación de evaluaciones sobre delincuencia orga-

nizada. En algunos trabajos no resulta posible identificar la fuente de los datos ni la metodología empleada, lo que impide su difusión. La seriedad y el valor que aporta el método científico a cualquier análisis criminológico se ven reflejados en la metodología y su perspectiva empírica, ya que todo ese aporte debe permitir replicar los estudios y compararlos. Á pesar de las suspicacias sobre la fiabilidad de la investigación cuantitativa de la delincuencia organizada, hay que asumir que resulta indispensable porque el Estado y sus fuerzas de seguridad requieren dar respuestas a la sociedad nacional e internacional. Constituye también un reto para la práctica interdisciplinaria, porque incorpora la necesidad de apostar por la complementariedad metodológica, habida cuenta de las limitaciones reconocidas de los diferentes métodos criminológicos existentes, en términos de validez y fiabilidad, como la forma más acertada de analizar las diversas facetas del

fenómeno criminal organizado (Fernández Villazala, 2008).

Existe la imperiosa necesidad de avanzar en estudios comparados, porque puede desarrollarse una agenda compartida de investigación criminológica. Ello favorecerá el empleo de una terminología común; posibilitará

determinar en qué medida las estructuras y culturas nacionales afectan el grado, los tipos, la distribución y las características de la delincuencia y los esfuerzos por combatirla, dentro de los distintos países y entre estos (NelIken, 1994); auspiciará el desarrollo teórico de la disciplina, más allá de las

38

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

respectivas fronteras nacionales (Mueller y Adler, 1996); permitirá evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas nacionales, regionales e internacionales de seguridad y prevención, así como la comparación entre distintos países y ayudará a identificar las ventajas y las deficiencias de los sistemas de lucha contra la delincuencia, a fin de formular estrategias oportunas

(Moore y Fields, 1996). En resumen, los estudios transnacionales sobre la

delincuencia organizada desempeñan un papel relevante en la formulación de terminologías e iniciativas políticas comunes,

cuestión especialmente

trascendente en el actual mundo globalizado y ante una criminalidad cada vez más transnacionalizada.

4. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO AMENAZA ESTRATÉGICA: MIRADAS DESDE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL Desde que las doctrinas clásicas de seguridad nacional se vieron limitadas para incorporar en sus análisis las denominadas “nuevas amenazas” (entre ellas, el crimen organizado y el terrorismo), las líneas de investigación sobre la problemática se han multiplicado exponencialmente, porque involucran una diversidad de situaciones que afectan de manera directa a los Estados y a las personas. Ambos conceptos encierran una riqueza de matices y contenidos que deben ser analizados de manera detallada. La aproximación criminológica a las realidades contenidas en ellos permite observar una riqueza tipológica multinacional, multiorganizacional y multiactividad, que plantea diversas interrogantes. Responderlas demanda un nuevo paradigma de estudio, holístico y pluridisciplinar, en aras de obtener un conocimiento no solo científico y empírico propio de la Criminología, sino además transversal.

Así lo requiere la génesis multidimensional de los objetos de estudio que nos ocupan. Esa aproximación ha supuesto la apertura de nuevos frentes de con la finalidad de profundizar en los campos de interés existentes, po de satisfacer las lagunas de conocimiento que persisten. Los correspondientes se centran no solo en los posibles vínculos entre

análisis, al tiemestudios el terro-

rismo y la criminalidad organizada, sino en los supuestos de confrontación entre ambos, las tipologías de estructuras de las organizaciones, el modus

operandi y la logística disponible, la idiosincrasia organizacional, asumida como modelo de imposición de la disciplina, el liderazgo, los vínculos entre miembros, la división del trabajo, la especialización en el ejercicio de

funciones y la diversidad de actividades criminales. Se incluyen también el impacto social, político y económico, la peligrosidad e incluso la cuestión de género y etnicidad (Sansó-Rubert, 20104).

90

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Una radiografía de la conflictividad actual refleja un incremento de la participación activa de estructuras criminales, bien compitiendo o cooperando

entre sí, bien desafiando la supremacía del modelo

de Estado-

nación, cuestionando el actual paradigma sobre la distribución del poder,

la soberanía y la independencia o, en ocasiones, estableciendo alianzas con el poder gubernamental formalmente establecido (Mandel, 2002).

La situación requiere que los diferentes gobiernos e instancias internacionales fortalezcan la cooperación, porque las amenazas criminales también generan interdependencia. Más allá de las controversias, el objetivo básico es evitar que los actores criminales se hagan cada vez más robustos frente a las fuerzas de seguridad estatales y de la comunidad internacional. Por lo tanto, enfocamos el concepto de interdependencia como el resultado de la dependencia mutua entre Estados, sociedades y actores no estatales. Dicho concepto parte de la necesidad de entender que existen sucesos

o situaciones específicas en el sistema internacional que afectan positiva

o negativamente a los países o a los actores que interactúan en diversos lugares o regiones.

4.1. La importancia de la interdependencia y las amenazas híbridas

El concepto de interdependencia refleja la asimetría de las relaciones entre diversos actores. Fue usado inicialmente por Keohane y Nye (1979)

para comprender la relación económica y política mundial fuera de la esfera militar. Sin embargo, la relación entre globalización y seguridad internacional lleva a pensar en la necesidad de comprender la dinámica del crimen organizado desde una lógica de dependencias mutuas, y cómo a partir de esa vinculación los Estados evalúan la vulnerabilidad de las políticas emprendidas para mitigarla.

Por ende, el concepto de interdependencia ayuda a explicar que

todos los Estados del sistema internacional tienen una labor frente al accionar del crimen organizado transnacional. El fenómeno afecta a todos los actores del sistema cuando a) se comete en más de un Estado; b) se desarrolla en un Estado, pero una parte sustancial de su

preparación, planeación, dirección o control tiene lugar en otro; c)

Crimen organizado y seguridad multidimensional

91

se concreta en un Estado, pero involucra a un grupo de delincuencia organizada comprometido con actividades criminales en más de un Estado y d) se materializa en un Estado, pero tiene repercusiones

sustanciales en otro (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, artículo 3.2).

Una de las recetas a emplear por los Estados es fortalecer la cooperación para reducir las asimetrías, por medio de la ampliación de acciones multilaterales en espacios regionales o globales, sin descui-

dar el desarrollo de las comunidades de inteligencia criminal. Este

último punto tiene especial interés en la interdependencia compleja porque genera y promueve el intercambio de información sensible, que ayuda a los organismos de seguridad. El informe de Naciones Unidas (2004)

A More Secure World afirma que

la delincuencia organizada transnacional deteriora la seguridad humana y degrada

la capacidad de los Estados para garantizar la ley y el orden, al tiempo que contribuye a la perduración de los conflictos internos, a la proliferación de los armamentos y al terrorismo.

El estudio mundial sobre homicidios de Naciones Unidas afirma que

las organizaciones delictivas han matado a tanta gente como todos los con-

flictos armados combinados. Advierte que el COT desestabiliza a los paí-

ses, socava el desarrollo económico y erosiona el estado de derecho (United

Nations, 2019). El National Intelligence Council (2004) de los Estados Unidos, en un

informe dedicado al análisis de las grandes tendencias que previsiblemente

dominarán la geopolítica mundial en las próximas décadas, incluye a la de-

lincuencia organizada transnacional como un factor principal de desestabilización. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

(Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/2010/4, 2010) ha ratificado su preocupación por “las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional plantean en algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo”. El informe de Naciones Unidas The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment (UNODC,

2010) ahonda en la

92

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

cuestión, especialmente en su décimo primer capítulo, titulado “Regions under Stress, When Transnational Organized Crime Threatens Governance and Stability”. Con independencia de los argumentos expuestos, que pueden recabar un mayor o menor predicamento, las principales manifestaciones de los perjuicios ocasionados por la criminalidad organizada y su potencial lesivo se resumen a continuación.

e

e

Atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y la esencia estatal. Genera descomposición social, inestabilidad política y debilitamiento del estado de derecho, desacreditando y deslegitimando las instituciones democráticas. Amenaza la soberanía e independencia del Estado. Debilita la economía formal del Estado y menoscaba la competencia, estabilidad y solidez del mercado financiero, al hacerlo vulne-

rable a la comisión de delitos económicos, ahuyentar la inversión y la cooperación internacional y lastrar el crecimiento económico. Incluso, impacta nocivamente en sectores estratégicos vitales para los

intereses de seguridad nacional: tejido industrial, energías, recursos naturales, materiales estratégicos y desarrollo tecnológico. e

Quebranta la salud pública, repercute en el consumo de drogas e incide en la calidad de vida de los ciudadanos, interfiriendo en el

libre ejercicio de derechos y libertades públicas. e

Incrementa los niveles de violencia y cuestiona el monopolio sobre esta porque fortalece espacios delictivos, incluido el ciberespacio.

e

Produce nefastos efectos ambientales: deforestación, desertificación,

e

e e

contaminación ambiental y pérdida de diversidad biológica en flora y fauna. Atenta contra la seguridad humana.

Favorece espacios de impunidad para autoprotegerse, al desarrollar procesos espacializados de corrupción pública y privada. Mediatiza los intereses nacionales geopolíticos a su favor y vulnera sistemáticamente las fronteras, promoviendo pluralidad de tráficos ilícitos.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

93

En suma, deteriora la legitimidad democrática y provoca desafección entre la ciudadanía en relación con la institucionalidad. Daña profundamente el funcionamiento del estado de derecho y genera corrupción po-

lítica, que menoscaba la calidad de la gobernanza (Van Dijk, 2007) y la fortaleza institucional.

Pretender entender las modalidades delictivas organizadas contemporáneas con esquemas de seguridad del siglo XX resulta inoperante. Ante los nuevos retos, cabe reclamar nuevas respuestas porque la emergencia de complejos fenómenos delincuenciales intersecta amenazas clásicas con las modernas. Por ello, se hace indispensable una reflexión en torno a los desafíos abiertos para la política criminal en particular, y para las políticas de

seguridad y defensa, en general. Adaptar los estudios a las nuevas realidades criminógenas implica desarrollar diversos mecanismos de análisis para no perder capacidad operativa sobre el objeto de estudio.

La adaptabilidad criminal demanda, al menos, la misma capacidad de

adaptación de los instrumentos disponibles para garantizar la seguridad y evitar su obsolescencia, con el fin de proveer a los organismos de seguridad

respuestas inteligentes, preventivas y proactivas, al objeto de atajar la movilización de la delincuencia organizada y sus capacidades de proyección estratégica (López-Muñoz, 2019). Sin embargo, las burocracias estatales permanecen constreñidas en esquemas funcionales anquilosados. Ese lastre, sumado a las barreras territoriales y jurídicas propias del Estado, limita en demasía la respuesta institucional (Sansó-Rubert, 2011a).

El debate gira en torno a qué enfoque debe primar o qué estrategias deben establecerse para abordar una realidad compleja y poliédrica, caracterizada por la convergencia de escenarios en los que conviven amenazas tradicionales con otras de naturaleza híbrida (Pulido y Sansó-Rubert, 2014,

p. 115-116). Desde que Hoffman (2007) acuñara la expresión guerra hí-

brida, la catalogación de los fenómenos complejos ha ido acompañada por el adjetivo en todas sus variantes: conflictos híbridos, amenazas híbridas y espacios híbridos están entre los más destacados.

Ante el aparecimiento de escenarios cambiantes y multidimensionales, que contienen fenómenos delincuenciales complejos o amenazas híbridas, evolucionan las políticas preventivas de los Estados, así como de las organizaciones internacionales o supraestatales con competencias en seguridad y

94

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

defensa. Están obligados a actuar porque en esa rápida dinámica convergen sistemas y estructuras tradicionales con espacios subgobernados por grupos de naturaleza criminal (Keister, 2014). Desde

el fenómeno

del crimen

organizado,

el debate sobre espacios

de subgobierno no solo se enfoca a los grupos caracterizados por actuar a través de acciones terroristas, sino que lo podemos

trasladar a espacios

intraurbanos como los surgidos en capitales como Río de Janeiro, Caracas,

Medellín, etc., en donde la delincuencia común y los grupos de crimina-

lidad organizada se reproducen y actúan prolíficamente en las favelas y suburbios (North, Wallis

y Weingast, 2009). Por lo tanto, se modifican

sustancialmente la concepción tradicional del Estado y la idea de la naturaleza de los grupos terroristas y de las organizaciones de criminalidad organizada. Así, surgen entes de difícil catalogación por analogía, debido

a la indeterminación de su génesis híbrida. Se incorporan nuevas figuras al elenco de riesgos y amenazas a la seguridad multidimensional, a los que la comunidad internacional deberá hacer frente. En un momento en que las amenazas se consideran híbridas por su naturaleza, y transnacionales, regionales y locales por su delimitación espacial, el ámbito de acción del Estado nacional queda superado y convertido en semiobsoleto. Ya no solo juega un papel preponderante la cooperación internacional entre sistemas de inteligencia, sino que se requiere tener en cuenta una visión multifactorial de la amenaza, desde las instituciones de

seguridad e inteligencia. Á esa situación hay que añadir la pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, al tiempo que los denominados actores armados no estatales recrudecen su uso (Keister, 2014).

En la categoría de actores armados no estatales tienen cabida figuras tan dispares entre sí como estructuras de criminalidad organizada en torno a la piratería, bandas criminales, pandillas juveniles y maras; organizaciones terroristas y movimientos de liberación nacional; insurgencias y grupos opositores rebeldes; guerrillas; paramilitares y grupos de autodefensa; señores de la guerra, jefes de clan y grupos armados locales, milicias; mercenarios e, incluso, contratistas privados de seguridad. Estos además de sus reinter-

pretaciones híbridas como neoinsurgencias, insurgencia criminal, protoin-

surgencias, narcoterrorismo, narcoguerrillas, ejércitos privados criminales y paramilitarización criminal, utilizados por grupos políticos que encubren

Crimen organizado y seguridad multidimensional

95

sus proyectos de poder bajo ropaje delincuencial (García Guindo, 2014; Byman, 2008; Krause y Milliken, 2009).

4.2. La insurgencia criminal La intensidad de la violencia instrumental para lograr objetivos privados ha provocado la redefinición del concepto weberiano y hobbesiano de autoridad legítima y capacidad coercitiva de los Estados. La discusión acerca de cómo hacer frente a semejante tesitura, por ejemplo, en América

Latina, se ha reducido a cómo articular el empleo de la fuerza y, sobre todo, cómo obtener la legitimidad para ello (Moloeznik, 2004; Keister, 2014).

La complejidad alcanzada por las manifestaciones de criminalidad organi-

zada en la región, especialmente en México, Colombia, Brasil y los países

integrantes del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), ha fomentado la aparición de una corriente de pensamiento que, en busca de una mayor clarividencia explicativa sobre el fenómeno criminal organizado, ha desarrollado el concepto de insurgencia criminal (Arratia, 2015; Pulido, 2017).

Si bien la categoría insurgencia se aplicó en el siglo XX como parte de las doctrinas de seguridad nacional, para categorizar a los grupos gue-

rrilleros o subversivos que combatían a un determinado orden jurídico

establecido por parte de los Estados, la interpretación contemporánea hace hincapié en un nuevo enfoque, que fusiona las metas económicas naciona-

les e internacionales de la criminalidad organizada con las formas políticas, abiertas o encubiertas que despliegan los actores delincuenciales para infiltrar al Estado y sus estructuras institucionales. De esa manera, el concepto de insurgencia adquiere un significado diferente, al contener características

definitorias que condensan formas contemporáneas de conflicto, en las que el crimen y la política convergen (Sullivan y Bunker, 2011). Las primeras voces en favor de esa nueva aproximación conceptual corresponden a Killebrew y Bernal (e.g. Killebrew y Bernal, 2010; Killebrew, 2011). En su trabajo CrimeWars: Gangs, Cartels and U.S. National Security sostienen que el crimen organizado ha hecho “metástasis en forma de una nueva insurgencia, que amenaza a los gobiernos del hemisferio occidental y cada vez más a los Estados Unidos” (Killebrew y Bernal, 2010, p. 5).

96

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

En la misma línea argumentativa y corriente doctrinal, Jhon Sullivan defiende que la insurgencia criminal difiere de la concepción convencional de insurgencia política, dado que la única motivación de los insurgentes

criminales es ganar autonomía y control sobre el espacio geográfico donde operan, en detrimento del Estado, pero sin aspirar a controlar todo el territorio nacional para preservar el statu quo criminal. Solo les interesa la proporción de territorio donde se ubica su nicho de negocio, el espacio limítrofe donde establecer un cordón de seguridad para proteger sus actividades e infraestructuras (área de influencia) y las correspondientes vías de

transporte, en el supuesto de los tráficos ilícitos, para asegurar la recepción de insumos y la distribución de productos y servicios.

La creación y el control de enclaves criminales (plazas) busca asegurar

la libertad de movimiento y la capacidad de maniobra para desarrollar sin interferencias sus actividades lícitas e ilícitas. Convierte a estos grupos en una amenaza directa a la integridad territorial, política y social del Estado, constriñendo su legitimidad y anulando, de facto, su control territorial y

capacidad de respuesta, en la procura de mantener el orden y la seguridad nacional (Sullivan, 2012, p. 4).

La insurgencia criminal se caracteriza por su naturaleza apolítica y prag-

mática. A través de la corrupción, busca influir en diversos estamentos y niveles del Estado, como el poder judicial, los gobiernos locales, regionales. A escala nacional, infiltra organismos de seguridad e inteligencia, penetra la economía y la sociedad, sin descartar los medios de comunicación, las

agencias de desarrollo y el encubrimiento de relaciones clientelares. En esa dinámica criminal, está implícito establecer una estrategia para obtener protección y construir un entorno que favorezca la impunidad de sus estructuras, con independencia de su naturaleza ilícita o no. La convergencia motivacional se explica como un nexo crimen-rebelión, que adopta la forma de un continuo, con la criminalidad organizada en un extremo del espectro y la insurgencia en el otro, entendidas como

fenómenos diferentes. La clave reside en asumir que las organizaciones

criminales han ido evolucionando progresivamente en determinados escenarios, como los latinoamericanos, hacia la asimilación con el fenómeno

insurgente, o a la inversa, situándose hacia un término medio del espectro, perdiendo uno de sus rasgos definitorios tradicionales (las connotaciones

Crimen organizado y seguridad multidimensional

97

políticas). Por el contrario, primarían el control territorial y la neutralización de las funciones gubernamentales, a favor del enriquecimiento ilícito (Makarenko, 2002).

Las organizaciones criminales han incluido en su acervo operacional tácticas guerrilleras, contrainsurgentes y terroristas para lograr sus objetivos y proteger sus estructuras, actividades e intereses. Han

tratado de

imponer su hegemonía mediante el uso exacerbado de la violencia frente al Estado y al resto de estructuras criminales competidoras, en aquellos escenarios caracterizados por múltiples protagonistas, como es el caso de México. Ese país, junto con Colombia, devienen ejemplo por antonomasia

del empleo desmedido de acciones violentas y del recurso a la explotación criminal de los dividendos del terror originado. Otro elemento definitorio de la progresiva paramilitarización criminal

es la cooptación de miembros de las Fuerzas Armadas, preferentemente

provenientes de unidades de élite y, en su defecto, la capacitación militar

de los cuadros integrantes de la organización. Se recurre a miembros con

elevada formación militar, y se les proveen campos de entrenamiento y armamento bélico. En ese sentido, las organizaciones criminales juegan con

la ventaja que les proporciona el marco del conflicto asimétrico y la caren-

cia de restricciones éticas y morales, mientras que los servicios estatales, 4

priori, tienen constreñidas su capacidad de maniobra, siempre sujeta a los respectivos marcos legales (Sansó-Rubert, 2017b).

El desafío al Estado solo se produce, llegado el caso y si fuese explícitamente necesario para preservar la estructura de la organización y sus intereses, en la medida en que este presente una fuerte capacidad regulatoria e institucional en la preservación de la seguridad y el orden. La clave reside en evitar la confrontación directa con el Estado, favoreciendo la cooptación política en beneficio de los intereses de la estructura criminal. En consecuencia, la base definitoria de la insurgencia criminal es económica.

El enriquecimiento ilícito ocupa el lugar que, en el concepto tradicional, le hubiese pertenecido a la ideología, la religión o la etnia (Murillo,

2014). Por lo tanto, el concepto de insurgencia criminal se opone diametralmente a la noción convencional de insurgencia política o subversión,

cuyo fin último consiste en arrebatar el poder político al gobierno (Olson, 2011, p. 26).

98

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

El citado J. Sullivan va más allá en su argumentación, al plantear que los motivos comerciales ilícitos de las organizaciones criminales están, de hecho, convirtiéndose en una agenda política (Sullivan, 2012, p. 3). Añade

que, a partir del control sobre producen una confrontación del orden criminal. Con ello su fracaso institucional en la

el territorio, las instituciones delincuenciales de valores propios de la democracia liberal y viene el desgaste de la soberanía del Estado y plena provisión de seguridad, bienes y servi-

cios a través del control territorial íntegro. Esas tensiones, características de los Estados disfuncionales, repercuten de forma directa en la pugna por la

legitimidad entre los valores democráticos y aquellos que son de naturaleza criminal””.

Ligado a lo anterior, Felbab-Brown sostiene que, si bien la principal motivación de la insurgencia criminal es el dinero y su objetivo podría no ser derrocar al Estado, sin duda trata de influenciar favorablemente la percepción que tiene la ciudadanía sobre la estructura criminal, favoreciendo relaciones clientelares de dominación y protección. En consecuencia, la participación estratégica de estos actores no estatales afecta la legitimidad y el propósito fundamental del Estado. Ello tiene, a la postre, implicaciones políticas: los insurgentes criminales pueden convertirse en constructores competitivos del Estado. Por ende, es necesario entender las políticas con-

tra la criminalidad organizada como una competencia de creación y ejercicio estatal entre los organismos públicos y las organizaciones delictivas con capacidad de suplantar al Estado, compitiendo con él en la prestación de servicios y la construcción de Estado (Felbab-Brown, 2010; 2013, pp. 152-153).

7

Bunker, Campbell y Bunker (2010, pp. 145-178) definen “la modificación del ámbito social” como un elemento de guerra no estatal. Sostiene que “esta guerrilla —que se manifiesta como insurgencias criminales derivadas de grupos de bandas, cárteles y redes mercenarias— promueve nuevas formas de organización estatal derivadas de comportamientos y normas políticas y sociales basadas en la criminalidad”. Los elementos clave de la modificación social y del medio incluyen veneración de narcosantos, violencia simbólica (por ejemplo, decapitaciones y cadáveres con mensajes), uso de narcomúsica (por ejemplo, narcocorridos) y empleo del medio social para difundir

mensajes y otorgar legitimidad al cártel.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

99

Otro rasgo central de la insurgencia criminal está vinculado al fenómeno paramilitar. Tomando como caso paradigmático el de América Latina, podemos observar que las estructuras criminales en la región se han provisto de auténticos ejércitos privados, especializados y con un equipamiento

superior al de las fuerzas policiales, a las que han rebasado. Incluso, son capaces de operar en condiciones de igualdad, si no con superioridad, a las propias Fuerzas Armadas de algunos países (Bunker, 2014). Un caso empírico concreto ayuda a entender la problemática. En 2004, el Gobierno Federal mexicano reconocía la capacidad del crimen organi-

zado de reclutar a la élite de las Fuerzas Armadas”, revelando el origen militar de la organización criminal Los Zetas, desertores del Ejército que

optaron por engrosar las filas de la delincuencia organizada”. Aunado a la afrenta que significó la aparición de esta organización para el prestigio de las Fuerzas Armadas, el grupo delictivo impuso otro nuevo desafío para el Estado mismo. Además de contar con una formación de alta especialización, sus miembros tienen conocimientos en el manejo de armamento,

tácticas de contrainsurgencia y de combate. Ese fenómeno se ha extrapolado a otros países como Guatemala. Integrantes del grupo de operaciones especiales del Ejército guatemalteco, Los Kaibiles han pasado a engrosar las filas de diversas organizaciones criminales transnacionales que operan en Latinoamérica.

Asumir la transformación de la criminalidad organizada transnacional en manifestaciones de insurgencia criminal con iguales connotaciones transnacionales conlleva, a su vez, una necesaria reinterpretación y reorientación de las estrategias pergeñadas en la lucha contra esta. De igual forma,

la criminalidad organizada puede fusionarse con los movimientos guerrilleros y con manifestaciones de terrorismo, lo cual genera fenómenos delincuenciales complejos como el narcoterrorismo (Pulido y Sansó-Ruberrt,

28

29

Desertores de los Grupos Aeromóvil y Anfibio de las Fuerzas Especiales (GAFE) y

de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército mexicano fueron contratados inicialmente como ejecutores por el cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas, en la década de 1990 (Moloeznik, 2008, p. 167).

A modo de ejemplo, entre 2000 y 2006, el número de desertores de las Fuerzas Armadas mexicanas ascendió a 123 218, incluidos 1388 oficiales y un coronel (Moloeznik,

2008, pp. 156-169).

100

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

2016b). Es aquí donde los planteamientos favorables a la inmersión de las Fuerzas Armadas en esa lucha encuentran un argumento sólido, en virtud del nuevo perfil adquirido por la amenaza a enfrentar, caracterizada por la proliferación de escenarios híbridos, donde la respuesta netamente policial

no parece terminar de encajar.

La insurgencia criminal parece entonces bascular hacia el terreno de la seguridad nacional (Bartolomé, 2013b), ante la gravedad de la amenaza

que plantea al Estado, no solo en términos de seguridad, sino políticos, de

dominio social, de legitimidad institucional, de defensa de la nación, de su

sistema y valores democráticos y constitucionales, de la preservación y el respeto de derechos y libertades fundamentales, así como de la pervivencia

del Estado de derecho (Sullivan y Elkus, 2011).

La lógica de la seguridad pública vigente hasta ahora se ve rebasada por unas estructuras criminales con capacidad para ejercer el pleno dominio político y social, que implica el uso indiscriminado de la fuerza en los territorios que controlan. Representan la antítesis de la democracia y del desarrollo social planificado por los Estados nacionales. Desde inicios del siglo XXI, la resiliencia y solidez de las organizaciones criminales en el escenario internacional es evidente. Tanto es así que los principales ejercicios de prospectiva coincidían en apuntar que el fenómeno criminal, en su vertiente transnacional, continuaría con su vis expansiva

mundial durante las primeras décadas del presente siglo (Forgione, 2010).

Más aún cuando las fronteras nacionales aparecen porosas y con dificultades para presentarse de forma cohesionada en un mismo espacio físico y geopolítico. En conclusión, la delincuencia organizada constituye un problema de seguridad nacional, regional e internacional, habida cuenta de su creciente

transnacionalidad, que puede llegar a sobrepasar los esquemas ordinarios de respuesta y requiere medidas excepcionales. En dependencia de cómo se gestionen dicha excepcionalidad, la democracia y el estado de derecho

resultarán fortalecidos o, por el contrario, se abrirán espacios de incertidumbre que el Estado deberá afrontar, no ya en el plano de la lucha contra la delincuencia organizada, sino en la esfera de los derechos, las libertades y garantías que imprimen el carácter constitucional a las democracias.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

101

Todo ese proceso transcurre inmerso en un período de acelerados e importantes cambios regionales y mundiales, en el que las transformaciones económicas, políticas y sociales inciden en la forma en que se definen y abordan los desafíos a la seguridad multidimensional y se combaten las amenazas criminales que han surgido en tiempos de contingencia y com-

plejidad.

4.3. La geopolítica criminal Varias han sido las transformaciones sufridas en los recientes procesos de globalización. La tecnología, los flujos migratorios, las políticas socioe-

conómicas y el incremento de factores de riesgo como los climáticos y de salud pública han propiciado un entorno internacional complejo y contingente. Á esa dinámica se ha sumado la permanente adaptabilidad evolutiva del fenómeno criminal organizado, hasta adquirir carácter transnacional,

con los consiguientes retos que ello entraña para la seguridad nacional e internacional. Como sosteníamos antes, no toda delincuencia organizada opera inter-

nacionalmente ni toda manifestación de delincuencia transnacional está necesariamente organizada. Por tanto, el carácter transnacional no es requisito de la organización, aunque su presencia resulta un factor indicativo

de la estructura organizativa consolidada de un grupo.

A tenor de las circunstancias descritas, sumadas a la reconsideración del

papel de los Estados y su permeabilidad territorial a través de sus fronteras, una aproximación geopolítica a la delincuencia organizada transnacional permite identificarla como una amenaza estratégica, capaz de cuestionar la soberanía e independencia de los Estados. Sirvan de ejemplo de tal preocupación algunos pronunciamientos como el del National Intelligence Council (2004) de los Estados Unidos. En un informe dedicado al análisis de las

grandes tendencias que previsiblemente dominarán la geopolítica mundial en las próximas décadas, incluye la delincuencia organizada transnacional como un factor principal de desestabilización.

En el documento final de la Cumbre del Milenio, del año 2005, se dedicó una sección a la grave preocupación originada por los efectos negativos que la delincuencia transnacional acarrea para el desarrollo, la paz,

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

la seguridad y los derechos humanos. En febrero de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas observó “con preocupación las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional plantean en algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo” (Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/2010/4).

La diversificación del portafolio de las actividades lícitas e ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales es tan variada como fructífera. Cualquier actividad imaginable que resulte lucrativa será objeto de práctica. Así, se producen nuevos escenarios delictivos, que han favorecido lo que Naciones Unidas denomina “regiones bajo estrés”. La gran criminalidad organizada puede ser entendida como 1) aquellas manifestaciones criminales con capacidad de disputar al Estado el control territorial y social, así como el monopolio de la violencia y 2) sujeto geopolítico, en su carácter de actor armado no estatal. Ese tratamiento obedece a

la necesidad de entender qué sucede en el escenario internacional vigente y cuál podría ser su evolución en clave estratégica. Desentrañar la geopolítica criminal persigue comprender la lógica y las ambiciones de aquellas personas responsables de dirigir las organizaciones criminales o cúpulas. También exige identificar las motivaciones y estrategias que determinan cómo y por qué se produce la expansión territorial de las organizaciones

criminales, los factores coadyuvantes al respecto, los criterios para estable-

cer relaciones entre las organizaciones y la naturaleza de estas, o la justificación en la confrontación directa. La geopolítica pretende ser un método, una clave de lectura de acontecimientos; una herramienta de comprensión e interpretación de las relacio-

nes internacionales. Francois Thual expone con claridad los tres principios fundamentales de la geopolítica moderna: todo fenómeno internacional es expresión de determinadas intenciones; la geopolítica investiga las intenciones reales de los actores internacionales, más allá de las apariencias y de

los falsos pretextos y es una búsqueda de sus motivaciones ocultas. No existen leyes generales, sino factores que pueden combinarse (Thual, 1996). Cada postura geopolítica responde o bien a una voluntad de materializar ciertas ambiciones, o bien a una necesidad de defenderse de alguna

amenaza (Thual, 1996). De igual forma, la geopolítica investiga las cons-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

103

tantes y la continuidad de los comportamientos e intenciones, bajo una perspectiva temporal. Finalmente, los comportamientos se inscriben en un espacio concreto. La función de esa disciplina consiste en captar las causas estructurales y permanentes de los fenómenos internacionales, e identificar las constantes y las repeticiones de la historia, en sus relaciones con la

geografía. Esto, con el fin de esclarecer los conflictos internacionales y las posturas de los actores implicados, atendiendo a la continuidad y trascendiendo las apariencias y lo inmediatamente visible, a favor de identificar la causa última. En su caso, la geopolítica criminal consistirá en aplicar a la criminalidad organizada los conocimientos de la disciplina, para profun-

dizar en su conocimiento y entender sus facetas concretas de actor armado no estatal,

La criminalidad organizada, en su expansión territorial, tergiversa de

facto los mapas oficiales, imponiendo su interpretación espacial e intereses sobre una realidad geopolítica. Esa nueva geografía no estatal condiciona la política pública y la escena internacional porque conlleva un reparto geográfico de áreas de dominio e influencia, al igual que el establecimiento

de fronteras invisibles, pero muy reales, emulando el concepto de “imperio invisible” de Pierre George en su obra La géographie á la poursuite de l histoire (George, 1992). Cada organización tiene su propia demarcación

territorial, de carácter infra y supranacional, al margen de los límites con-

vencionales físicos y jurídicos establecidos oficialmente. Ese orden territorial desafía las soberanías locales, estatales e internacionales. Dicha versión de la geopolítica abandona parcialmente la influencia del pensamiento militar para abonar criterios a la teoría del conflicto y las estrategias de seguridad, porque incorpora algunos planteamientos teóricos de geoeconomía y de geopolítica crítica. La combinación sirve para analizar el conflicto que presentan las organizaciones criminales dentro de los países, así como también en contextos regionales e internacionales (De Paula, 2016).

Desde esa perspectiva, aparecen y desaparecen constantemente realidades geopolíticas criminales, cuyo modelo de expansión se fundamenta en el control territorial. Es posible identificar un núcleo territorial base como punto de partida, donde surge y germina la organización delictiva. El espacio territorial representa un enclave vital para su supervivencia,

104

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

ya que han sido las características particulares de este las que han favorecido la eclosión y el fortalecimiento de la estructura criminal, hasta el extremo de que esta se haya expandido lo suficiente como para monopolizar el control del territorio y promover sus progresivas actividades. Podemos citar algunos ejemplos históricos, como la región de Nápoles y la Camorra; Calabria, si hablamos de la

N “drangheta; Medellín y Cali

en Colombia, y determinadas áreas geográficas de México, si hablamos de los principales grupos criminales articulados por el tráfico y la producción de drogas. Son territorios que se consolidan como baluarte de la organización criminal dominante y que, a su vez, le sirven de plataforma

para su expansión sucesiva, atendiendo a una diversidad de elementos económicos y sociales.

La movilización de las organizaciones criminales obedecería a una es-

trategia de mercado y de acción expansionista, planificada y diseñada con antelación, que se apoya en el correspondiente análisis de riesgo (Morselli, 2005). El objetivo primordial es aprovechar una serie de circunstancias

identificadas como oportunidades para el lucro, ubicadas en diversos lugares por todo el mundo. Los riesgos incluyen la confrontación con otras organizaciones por el control del territorio y de las actividades lícitas e ilícitas desarrolladas en él, cuando el pacto no es posible, o no interesa.

El uso de la violencia es residual porque no favorece los negocios y podría interpretarse como síntoma de inestabilidad territorial. Claro que existen situaciones como la mexicana, en la que el comportamiento criminal suele darse en relación con un territorio controvertido y en disputa entre varias organizaciones, para establecer el dominio de la plaza. A pesar de su relevancia, el arraigo territorial no supone una limitación. No implica inmovilidad. Por ello, resulta igualmente factible identificar contextos emergentes que originan el desplazamiento no intencional de las organizaciones criminales, motivado por factores de empuje (pull factors).

En ese supuesto, se trata de una adaptación forzada a las circunstancias ambientales. Dentro del conjunto de posibles factores (Williams, 2003; Gayraud, 2007; Morselli, 2009; Varese, 2013; Garzón, Rico, Olinger y Santamaría, 2013) válidos para explicar tanto desplazamientos dentro del territorio nacional de un país como

de carácter transnacional, cabría destacar por

Crimen organizado y seguridad multidimensional

105

su relevancia los que resumimos a continuación (Forgione, 2010; Varese, 2010; 2011).

La identificación de oportunidades de lucro (nichos de negocio fundados con base en el cálculo de costos, riesgos y beneficios). Implica

tener disposición a explotarlos y contar con la infraestructura, las capacidades y la logística para ello. El acceso a nuevos mercados, en cooperación con otras organizaciones locales o en competencia, o la reorganización de las rutas de tránsito de los tráficos ilícitos. Requiere la presencia de la organización en determinadas áreas geográficas, para su aseguramiento y apoyo logístico. La reinversión del producto obtenido ilícitamente en otros negocios. Decisión motivada por la existencia de sistemas impositivos más favorables, el acceso a incentivos de desempeño proporcionados por los gobiernos, o por el deseo de operar en sistemas financieros

más eficientes. "También opera como mecanismo de blanqueo de capitales, para salvaguardar el patrimonio adquirido ilegalmente, lejos del alcance de cualquier jurisdicción que pudiera ponerlo en peligro.

El aprovechamiento de los flujos migratorios y de las políticas de deportación masiva. La expansión criminal está estrechamente ligada a la historia y la geografía de las oleadas migratorias. El desplazamiento de una comunidad y su asentamiento en otro conforman el sustrato mínimo indispensable para el desarrollo de la actividad criminal. Existe constancia de que las organizaciones criminales se benefician de las comunidades asentadas en los países de acogida, solapándose con ellas en busca de protección y zonas de influencia, explotando relaciones étnicas, familiares y clientelares (Savona, Ni-

cola y Col, 1997).

El vacío represivo, que obedece a diferentes causas: a una voluntad política corrupta, en convivencia con la criminalidad, lo que constituye el denominado nexo político criminal (Godson, 2004); a una

situación de impotencia, generada por la debilidad institucional en Estados débiles o criminalmente cautivos, o simplemente por distracción ante otros desafíos de seguridad como el terrorismo, que

106

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

desplazan al resto de fenómenos y monopolizan todo el esfuerzo y los recursos, siempre limitados, de los organismos y agencias de seguridad. En los supuestos más drásticos de espacios ingobernados,

los grupos que controlan estos “santuarios criminales” se convierten

en socios estratégicos para las organizaciones de delincuencia organizada transnacional (Naím, 2006).

e

El exilio, fruto de la presión política y policial o de la confrontación entre organizaciones por áreas de influencia geográficas y mercados, corredores y rutas para tráficos ilícitos, pasos fronterizos, nudos de comunicaciones, puertos, etc. Puede deberse a dos causas. Por una

parte, la puesta en práctica de políticas gubernamentales de represión. Por otra, la competencia criminal, que puede degenerar en enfrentamientos violentos con facciones u organizaciones vencedoras y vencidas. La reubicación en otros países obedece a una necesidad de supervivencia. Puede servir de escapatoria a la prisión o la muerte. En cuanto a la repercusión de la presión política y policial que adoptan los gobiernos dentro de sus fronteras, la delincuencia, en aras de una

mayor y más eficiente autoprotección, ha optado por asentarse en aquellos países que presentan características más favorables, en contraposición a sus naciones de origen. Son candidatos predilectos los Estados dotados de ordenamientos jurídicos laxos, excesivamente garantistas si se prefiere, con

leyes de extranjería permeables y políticas criminales infradesarrolladas o desfasadas, que les permiten a estos grupos operar al amparo de los beneficios reportados por el marco de legalidad descrito. Los efectos de la dispersión forzada son de naturaleza traslativa: una propagación involuntaria, debido a que la problemática no se resuelve, sino que se desplaza hacia otra ubicación geográfica. A ello se le denomina “efecto globo”. Las organizaciones desplazadas, lejos de abandonar sus prácticas criminales, las exportan. La presión institucional las ha fragmentado,

favoreciendo la emergencia de una nueva generación de organizaciones más reducidas y dinámicas, que compiten ferozmente por el dominio del territorio que, con anterioridad, dominaba una única estructura criminal.

Eso dispara los índices de violencia e inseguridad. Un ejemplo visible sucede en Colombia, donde la eclosión de las denominadas bandas criminales ha sustituido a los antiguos cárteles y a las organizaciones paramilitares.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

107

Otro factor a considerar es la existencia de una cultura materialista y consumista. La delincuencia organizada representa una modalidad criminal que se inserta en una matriz en la que la sociedad es, al mismo tiempo, víctima y beneficiaria de los bienes y servicios de los que la provee (Rotman,

2000; Naylor, 2000). En consecuencia, el escenario en el que

se desarrolla el crimen organizado hoy es el de una cultura funcional a su expansión. El afán consumista al que la sociedad contribuye, en mayor o menor medida, alimenta la fenomenología criminal organizada. Siempre que exista una demanda

rentable de artículos falsificados, drogas, sexo,

vehículos de lujo, autopartes, piratería informática o audiovisual..., habrá alguien dispuesto a satisfacerla, con independencia de que los medios sean lícitos o no. La liberalización económica ha procurado novedosas expectativas para los que están involucrados en mercados penalizados. Algunas de las mismas iniciativas diseñadas para estimular y facilitar el intercambio económico legal, a través de la liberalización comercial y financiera, la privatización

y la desregularización del transporte benefician el intercambio económico

ilegal. En muchas regiones del mundo, esta constituye una fuente decisiva

tanto de ingresos como de empleo, por medio de economías criminales altamente competitivas. Así acontece en China con la falsificación de mar-

cas. La globalización, en su vertiente económica y con fuertes matrices culturales consumistas y frugales, representa una variable trascendental

para explicar la proliferación de territorios criminales especializados e interconectados. En cuanto a los desplazamientos de las organizaciones criminales se re-

fiere, algunos autores establecen diferentes categorías en función del modo en que se producen (Varese, 2013). Identifican como expansión aquel desplazamiento caracterizado por su presencia en nuevos territorios, pero

adoptando un perfil bajo y autolimitando las capacidades de actuación,

con la finalidad de permanecer desapercibidas. La trasplantación, por el contrario, corresponde a un desplazamiento parcial, por lo general en paí-

ses con interés estratégico para la criminalidad organizada, como por ejemplo España o los países del istmo centroamericano, que son importantes para el tráfico de cocaína.

108

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Una tercera categoría sería la representación criminal, que consiste en

el desplazamiento temporal de miembros de la organización al territorio de otra, con la que se mantiene algún tipo de relación comercial. Ese mecanismo opera como garantía de cumplimiento y de no confrontación en las transacciones ilegales en las que predomina la desconfianza. A su vez, los miembros desplazados actuarían como supervisores de los desempeños de la contraparte para la que sirven de garantía, asegurándose del correcto desempeño de los parámetros acordados. Finalmente, el asentamiento designa aquellas situaciones de conquista territorial, cuando la expansión es definitiva y plena para la organización criminal. Esas categorías explicativas, que no son únicas ni excluyentes,

resul-

tan de utilidad para comprender la movilización del crimen organizado. Su distribución geográfica mundial es muy desigual, y depende tanto de las condiciones regionales o locales como del tipo de actividad criminal. Adoptará diversas formas de propagación acordes a sus objetivos, capacidad de respuesta institucional en los territorios o ciudades en donde incursiona y a las relaciones que se establezcan con las organizaciones delictivas locales (Varese, 2013).

La criminalidad organizada fructifica explotando las ventanas de oportunidad abiertas. Estas no solo se encuentran en los países más desfavorecidos del planeta, donde prospera en un estado de caos y conflicto constante, que expresa los agujeros negros geopolíticos (Naím, 2006). Accede por igual al primer mundo, en busca de escenarios y mercados estables en los que implantarse y desarrollar sus actividades lucrativas. Cualquier intento de explicar la situación, ya sea en una zona inestable o estable del mundo, exige entender el papel de las redes criminales en la región,

su organización,

sus estrategias,

sus vínculos

internacionales

e

intereses económicos. En congruencia, habría que prestar especial aten-

ción a los espacios geográficos favorables al surgimiento de manifestaciones ventajosas para la criminalidad organizada,

cuyo seguimiento permitiría

identificar con antelación las posibles incursiones oportunistas de redes criminales.

Llegados a este punto, se abre para la geopolítica un interesante ámbito de estudio. Esta aporta explicaciones sobre la existencia del fenómeno y establece posibles evoluciones o tendencias, definiendo escenarios posibles

Crimen organizado y seguridad multidimensional

109

y probables. De la misma forma, permite observar alternativas estratégicas viables para reorientar la situación en el sentido más favorable para su erradicación y control. Posibilita conocer y analizar la distribución geográfica de la actividad delictiva, la concentración territorial de las organizaciones criminales, la densidad criminal, el surgimiento de nuevos nichos ilícitos

de mercado, la identificación de las estrategias puestas en práctica por las estructuras delictivas, así como la detección de su ascenso y caída, en virtud de sus fortalezas y debilidades.

4.4. La militarización de la seguridad y el declive policial El incremento de los niveles de inseguridad?” y violencia ha contribuido a establecer un clima social de miedo e incertidumbre generalizada entre la

población”. Si observamos los indicadores desorbitados de percepción de

32 la inseguridad reflejados en la encuesta de Latinobarómetro””, sumados a

2

31

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2016, la aspiración de contar con seguridad y de tener una vida tranquila representan un denominador común en la región. Por lo tanto, la seguridad deviene uno de los principales mecanismos para definir la consecución del progreso humano, clave para mantener los logros recientes (PNUD, 2016). La encuesta 2019 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)

muestra que la percepción de inseguridad está en aumento en Latinoamérica desde el año 2012. El informe de LAPOB, que recoge los resultados de las encuestas realizadas sobre seguridad ciudadana en las Américas, refleja que en 2019 el 76 % de las personas reportó haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Asimismo, la percepción de inseguridad pasó de 8,2 % en 2012 a 19,2 % en 2019. El incremento fue notable en Suramérica, donde una nueva dinámica de tráfico de drogas puede ser responsable de la situación (Zechmeister y Lupu, 2019). En Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Paraguay la percepción promedio de inseguridad aumentó

32

en al menos 18 puntos. Perú experimentó el mayor cambio entre 2017 y 2019, con un pico de 24,8 %. Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 000 entrevistas en 18 países de América Latina, lo cual representa más de 600

millones de habitantes. La corporación del mismo nombre es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. Investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad

en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes (Lagos y Dammert, 2012).

110

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

las condiciones sistémicas de impunidad”, sobre todo las relacionadas con la criminalidad organizada, tenemos una conjunción de factores que han desembocado en un corolario de reinvidicaciones y exigencias de políticas públicas reactivas, con el objetivo de acabar con la amenaza criminal. Los gobiernos y partidos políticos, cualquiera que sea su inclinación ideológica, se ven obligados con frecuencia a adoptar soluciones de emergencia seguritaria, mediante discursos de mano dura y acciones contundentes contra la inseguridad. En muchos países, luego de haberlas adoptado como receta, los gobiernos se han convertido en rehenes políticos de esas decisiones, concebidas y acordadas en consensos restringidos de la clase dirigencial porque son fruto de la improvisación, la presión política y el apremio electoral.

Las medidas de emergencia suelen producir nuevas y mayores contingencias y urgencias, debido a la inmediatez de su promulgación y a que se alejan de toda reflexión mínimamente seria sobre la cuestión a resolver. En el caso de Latinoamérica, la salvaguarda de la seguridad ha redescubierto los tradi-

cionales postulados de la razón de Estado y del estado de necesidad como argumentos que justifican la introducción de políticas coercitivas, maleando un Estado de derecho que se manifiesta impotente a los efectos perversos de las decisiones acordadas. En ese sentido, la responsabilidad de proteger a la

ciudadanía por parte de los Estados y los gobiernos de turno se convierte en un deber ser que pierde legitimidad porque termina en un eufemismo y en un acto declarativo en muchos países de América Latina. Si bien numerosos Estados han firmado compromisos y declaraciones ante las Naciones Unidas, la obligación de proteger está ausente cuando se trata de preservar la integridad de la vida y la propiedad en circunstancias donde se juntan amenazas híbridas articuladas al crimen organizado internacional.

33

Latinobarómetro analiza los rezagos y desafíos sociales en América Latina y el Caribe, su relación con la corrupción y cómo enfrentarla desde un enfoque de derechos y a partir de las convenciones respectivas del sistema de Naciones Unidas. Expone las relaciones entre crimen organizado, exclusión social e ingobernabilidad. Por otra parte, analiza la desconfianza social con motivo de la crisis de legitimidad que sufren las democracias en la región, debido a la falta de transparencia pública y la corrupción, en circunstancias en que los derechos sociales, económicos y culturales, consagrados jurídica y legislativamente, distan de ser exigibles y realizables (Wielandt y Artigas, 2007; Clercq y Rodríguez Sánchez Lara, 2017).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

111

Abogar por una protección inmediata al Estado y la ciudadanía ha impulsado a los gobiernos a promover la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, tratando de suplir la inoperancia policial y confiando en que la intervenión militar minimice el impacto negativo de la criminalidad interdependiente y evite su expansión incontrolada (Zaitch, 2012).

La necesidad de catalogar amenazas criminales complejas, en las que la consideración tradicional de actores internacionales no se distingue y sobre las que, en una primera instancia, no existen elementos preventivos y reactivos ha provocado en algunas situaciones un retardo y, en otras, una identificación errónea en las respuestas de las autoridades gubernamentales. En varios países latinoamericanos se presenta la “tormenta perfecta” de la inseguridad, que propicia la intervención militar. A las razones estructurales de pobreza, inequidad, exclusión, discriminación e injustica se añaden factores de baja institucionalidad, corrupción y pérdida de legitimidad de los cuerpos de seguridad policial, fuertes condicionantes de la militarización en el enfoque de la lucha contra la delincuencia organizada. La institución policial debería ser un cuerpo profesional capaz de desarrollar iniciativas de prevención, control e investigación criminal, eficaz

y eficiente. Sin embargo, la realidad en no pocos países latinoamericanos dista y mucho de esa imagen positiva. Al contrario, es percibida por la ciudadanía como un instrumento corrupto de represión, al servicio de determinados regímenes políticos o grupos de presión vinculados a intereses oligárquicos o incluso criminales. La desconfianza está basada en la pérdida de credibilidad en las fuerzas policiales debido a sus elevados niveles de corrupción e ineficacia (Deare, 2008).

La literatura especializada sobre los cuerpos de Policía de la región es unánime en señalar las graves carencias del sector en todos los niveles. Destaca principalmente la baja efectividad de los cuadros policiales y su limitada profesionalidad (Bailey, Dammert y Martínez Passarge, 2005; Dammert,

2007;

Fabián

Saín, 2010; Arias,

Rosada-Granados

y Fabián

Saín, 2012). Los requisitos de ingreso a muchos cuerpos policiales no son explícitos, a lo cual se suma que la capacitación que reciben los policías es nimia en ciertos países. Su preparación y entrenamiento resultan escasos

en el tiempo y paupérrimos en los contenidos. En algunas instituciones

112

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

policiales solo se exige un mínimo nivel educacional para ingresar a sus filas, yy una estatura mínima. Los Pp procesos de selección del p personal también pueden ser poco transparentes (López-Portillo, 2003). A la crisis violencia por amplia gama alto poder de

institucional de la Policía se añade el auge exacerbado de la parte de la delincuencia común y organizada. El acceso a una de armamento —desde revólveres y pistolas hasta armas de fuego— confluye con lo que los expertos han bautizado como

“el ascenso de la paramilitarización criminal” (Sansó-Rubert, 2012a).

La cooptación de miembros de las Fuerzas Armadas por organizaciones criminales representa un problema cuyo alcance resulta difícil de precisar, por la carencia de datos empíricos fidedignos. El modus operandi que describíamos en los ejemplos de Los Zetas en México y los desertores de Los Kaibiles en Guatemala perfectamente puede estar reproduciéndose por toda América Latina sin que, hasta la fecha, se tenga evidencia al respec-

to. El problema se complejiza por la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas en proporcionar información sobre el número de deserciones y abandonos vinculados al crimen organizado. La reforma del sector policial es una tarea en ciernes, que tendría la capacidad de intervenir en dos ejes fundamentales: la capacidad operativa, asumida como eficiencia y eficacia y la responsabilidad institucional democrática, entendida como sus respuestas al control político y su respeto por los derechos humanos. Con ello se aumentarían los mecanismos de fiscalización y control institucionales, no solo en cuanto a la actuación en el marco de la ley, sino también respecto de la eficacia y eficiencia de las iniciativas desarrolladas. Únicamente con esas medidas básicas y con la dotación de medios materiales y recursos tecnológicos, las instituciones policiales estarán en condiciones reales de enfrentar, con garantías mínimas

de éxito, el control y la neutralización de la criminalidad organizada.

En suma, el proceso de adaptación policial requiere abordar la profesionalización y dignificación de la institución. Esto, en última instancia, haría innecesario el recurso a las Fuerzas Armadas para proveer a la sociedad de seguridad en lo cotidiano. Por el momento, ante la falta de confianza en la

Policía, las políticas de defensa nacional y las Fuerzas Armadas han acudido al rescate de la seguridad multidimensional.

5. ESTADO, DEMOCRACIAY CRIMEN ORGANIZADO El crimen organizado representa una suerte de “género”, que engloba toda una pluralidad de especies diferentes en función del contexto geopolítico e histórico. Analizar su situación actual requiere reflexionar sobre la imprecisión y el “uso inflacionario” del propio concepto (Kinzig, 2004), que ya hemos tratado desde diferentes Ópticas en páginas anteriores. Llamábamos la atención sobre el incorrecto estiramiento conceptual de la denominación “crimen organizado” para categorizar de forma genérica todas aquellas estructuras con capacidad de desestabilizar el orden político y socioeconómico

existente, así como

a casi cualquier manifestación de

delincuencia no convencional (Sansó-Rubert, 2009). No obstante, a efec-

tos de este análisis, entendemos por delincuencia organizada solo aquellas organizaciones con la suficiente identidad y calado como para constituir una amenaza para el Estado y sus formas de representación democrática.

La criminalidad o delincuencia organizada adopta un proceso de proyección esquematizado en dos fases principales: el afianzamiento y la expansión. La fase de afianzamiento consiste en la conquista o cooptación de un territorio, en el cual se ejerce dominio en distintas variantes frente al

Estado, o frente a cualquier otro poder que pueda hacerle competencia o confrontación. Ese dominio no hay que entenderlo de forma tradicional, mediante formas visibles de intervención, sino como mecanismos camuflados de inserción en la esfera política y gubernamental. Solo después de haber adquirido una posición fuerte, afianzando el control territorial, económico y social, resulta factible emprender la expansión hacia nuevas áreas geográficas, desplegando una serie de mecanismos de infiltración, amedrentamiento y protección.

El grado de amenaza de las organizaciones criminales dependerá de su fortaleza y medios frente a los de las instituciones estatales, así como de la existencia o ausencia de incentivos socioeconómicos para que los represen-

tantes del Estado se involucren en actividades delictivas. En ese sentido, no resulta extraño que, en los países que cuentan con sistemas de seguridad y

114

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

justicia eficientes, el desarrollo y la capacidad de amenaza de la criminalidad organizada sean inferiores a los de aquellas naciones caracterizadas por mantener instituciones débiles y autoridades gubernamentales que toleran las actividades delictivas. El crimen organizado puede manipular también los afectos de poblaciones enteras, generalmente caracterizadas por el retraso económico y las desigualdades sociales, posicionándolas frente al gobierno central o frente a las instituciones supranacionales. Valiéndose de ardides populistas, presenta las actuaciones gubernamentales contra las organizaciones delictivas como un ataque a tradiciones culturales ancestrales o intereses sociales leegítimos, fomentando el rechazo bajo el paraguas de sentimientos naciona-

listas o étnicos (Sansó-Rubert, 2008).

La actividad criminal organizada genera inestabilidad financiera, a la par que distorsiones e ineficacias en los mercados. Provoca disfunciones estructurales en la economía, que afectan negativamente a los ciudadanos y

a la estabilidad del sistema democrático. En conjunto, las repercusiones de la inmersión del crimen organizado en el ámbito de la economía incluyen

inflación, distribución ineficiente de rentas, disolución del libre mercado y la regulación económica estatal, pérdidas substanciales de productividad, una visión utilitarista de la inversión, contraproducente con el crecimiento

económico prolongado y, en ocasiones, sobrevaluación monetaria. En lo que se refiere al sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de política económica y provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en general, lo cual puede desembocar

en una crisis económica profunda.

El crimen organizado induce a desequilibrios económicos y largos periodos de recesión, al perjudicar la competitividad internacional. En países con economías muy dependientes del sistema productivo criminal, cualquier esfuerzo para su erradicación y para el retorno a un funcionamiento

eficiente de los mercados, de la política y de la sociedad en general provo-

cará efectos recesivos en la economía y la consecuente contestación social. Huelga señalar que, en esas circunstancias,

el funcionamiento

del Es-

tado se encuentra cada vez más alejado de los preceptos que, en teoría, deberían regirlo. Por tanto, la vigencia del Estado se encuentra en entredi-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

115

cho, no por una “conspiración criminal” contra las instituciones, sino por la descomposición política del aparato gubernamental, consumido por la corrupción, la baja credibilidad pública de las autoridades constituidas, la inexistencia o la falta de aplicación de normas regulativas actualizadas de la vida común, la rampante ilegalidad, extendida a las más diversas activida-

des sociales y el creciente clima de inseguridad y violencia que enmarca la vida cotidiana de la sociedad.

5.1. La faz antidemocrática de la criminalidad organizada y su búsqueda de poder La existencia de conexiones criminales con el aparato gubernamental incide perniciosamente en la cultura política y en el sistema democrático de los países. Pervierte el conjunto de valores y actitudes que hacen parte de la acción política de los ciudadanos porque afecta de forma sensible el entorno social de las reglas de juego y control. Distorsiona las líneas que separan lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas al Estado y provocando cambios en la opinión pública, que afectan el funcionamiento de las democracias. La tendencia contemporánea apunta a que los dirigentes de esas organizaciones criminales traducen la riqueza acumulada en demandas políticas, sociales y económicas. Aspiran a convertirse en miembros de la “élite

social y política” de las sociedades donde despliegan cuantiosos recursos, destinando parte de su poder económico a obtener legitimidad social y presencia con poder político. De esa manera, se termina produciendo una asimilación social de los dirigentes criminales, entremezclados con las es-

feras de poder y reconocimiento socioeconómico (Sansó-Rubert, 2008).

No en vano el acceso al poder deviene una salvaguarda de su estatus. Este se cristaliza en el carácter inmovilista de la criminalidad organizada,

en su mayoría de corte conservador y talante reaccionario ante los cambios, sobre todo si estos pueden privarla de su situación privilegiada en los estratos del poder (Sánchez, 2005). Ello explica que, a priori, las organizaciones

criminales estén esencialmente a favor del statu quo, siempre que las beneficie, y sean agnósticas en asuntos de política, excepto cuando se trata de apoyar a aquellos grupos que les permitan llevar a cabo sus programas. De

116

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

ahí se deduce la “inestabilidad” de sus lealtades políticas, ya que en último término no son más que una instrumentalización pragmática a favor de sus

propios intereses (Sansó-Rubert, 2008).

En la búsqueda de acceder al poder, el sistema electoral tampoco escapa a su esfera de influencia. En no pocas ocasiones recurren a la manipulación del proceso electoral, mediante la postulación de candidatos propios, hacia los que canalizan ingentes recursos económicos e informativos, procedentes de sus negocios ilícitos. En regiones donde el clientelismo es una característica endémica, pueden poner al servicio del candidato “predilecto” contingentes electores indispensables para la victoria. Su poder económico les permite, llegado el caso, subordinar a partidos políticos preexistentes o

crear los suyos propios, para así tener un mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las instituciones de representación política. Con ello contribuyen a deformar y desacreditar la democracia, reemplazando la auténtica representatividad electa por la mercantilización instrumental de candidatos y electores (Sansó-Rubert, 2008).

Los despliegues del crimen organizado en lo que transcurre del siglo XXI se caracterizan por mantener relaciones de naturaleza simbiótica entre organizaciones delictivas y autoridades gubernamentales que actúan de forma interdependiente y perduran en la escena internacional. Ese tipo de vinculaciones sigue sin estudiarse a fondo, para poder entender los órdenes políticos y la inestabilidad que puede tener un determinado país a pesar de que sus indicadores de desarrollo cumplan las metas o programas preestablecidos. Una aproximación novedosa al problema puede venir del uso del concepto “crimilegalidad”, que explica cómo los patrones regulares de intercambio e interacción social entre actores privados y públicos, estatales y no-estatales, se extienden sobre el lindero que divide al ámbito de la legalidad del espacio criminal e influyen en el carácter, la forma y la evolución del orden político. En ese tipo de órdenes crimilegales, la delincuencia

organizada adquiere mayor poder político porque la violencia y la coerción

se convierten en factores centrales de la construcción simbiótica (SchultzeKraft, 2016).

La viabilidad democrática y la sustentabilidad orgánica de los Estados dependerá de la fortaleza institucional que cada país mantenga en sus capa-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

117

cidades preventivas y en su racionalidad económica, para destinar recursos a potenciar los organismos de control, y articular medios preventivos y reactivos frente a las amenazas locales e internacionales. Por supuesto, todos los Estados son vulnerables a la infiltración criminal, pero existe una

diferencia cualitativa entre Estados autónomos, relativamente efectivos y Estados débiles o impotentes (Casanovas, 2008).

Los Estados con una falta de consolidación en el sistema democrático y un deficiente desarrollo de sus instituciones públicas configuran un terreno propicio para la actividad de los grupos criminales (Kinzig, 2004). Puede llegarse a situaciones de “pillaje estable” y de toma estatal o de Estados criminalmente secuestrados (Buzan,

1991; Allum y Siebert, 2005). El ezhos

del crimen organizado es profundamente pragmático: no aspira, 4 priori, a subvertir el orden establecido, siempre que pueda ponerlo a su servicio. 5.2. Estados débiles y criminalmente cautivos

Existe la preocupación fundada acerca de la peligrosidad que entraña la criminalidad organizada, sobre todo a medida que se profundiza en su conocimiento y destrezas, así como en las formas en las que burla e infiltra los mecanismos de control de la democracia, erosiona el estado de derecho,

lesiona la urdimbre social y compromete la seguridad pública y el buen gobierno. A este respecto, resulta esencial reflexionar sobre los impactos de la delincuencia organizada en las sociedades y gobiernos, así como discutir

en qué forma y de qué manera resulta factible neutralizarla. Para ello, es necesario conocer los vínculos potenciales o reales que existen o podrían establecerse entre las autoridades estatales e instituciones gubernamentales y el crimen organizado nacional y global. No debemos olvidar que el crimen organizado tiene como rasgo particular su carácter transnacional, por las flexibilidades políticas, jurídicas

y laborales que abrió la globalización a la circulación de capitales, la posibilidad de ocultar sus operadores bursátiles, la tolerancia hacia el funcio-

namiento de los llamados “paraísos fiscales” y la apertura de los países al movimiento de dinero especulativo. Esos aspectos constituyen escenarios privilegiados para el desarrollo de estrategias criminales internacionales

118

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

con conexiones locales. Las organizaciones delincuenciales establecen partes de sí mismas en otros países con facilidad, y mantienen relaciones con autoridades oficiales y con miembros de otras organizaciones en el exterior, expansiones que aceleran el tráfico ilícito de armas, personas y narcóticos,

entre otras actividades.

Existen dos perspectivas diferenciadas del fenómeno. Por un lado, se encuentran quienes identifican al crimen organizado como una modalidad de comercio ilegal, típico de países con altas tasas de informalidad laboral. Interpretan el uso de la violencia y la corrupción como un mecanismo propicio para la obtención de favores o beneficios ilícitos. Observan toda esa trama como manifestación propia de sociedades caracterizadas por una débil institucionalidad y altos grados de inestabilidad política. Por otro lado, se posicionan aquellos que interpretan que los grupos de delincuencia organizada corrompen el sector público como medio efectivo para enfrentar con impunidad a los Estados y quebrantar el estado de derecho, lastrando cualquier intento de alcanzar un desarrollo político y económico sostenido. Siguiendo esa línea argumentativa, la abdicación del poder estatal (ya

sea de forma parcial o total) es una condición sine qua non de la exito-

sa empresa criminal. La ausencia de monopolio estatal sobre los recursos coercitivos y políticos abona la semilla para el florecimiento, el fortalecimiento y la expansión de la criminalidad organizada. Un contexto nefasto lo conforman las alianzas entre políticos, organizaciones delictivas y el apa-

rato de seguridad estatal, responsable de la persecución del delito y de la

administración judicial. Dicha connivencia genera en la práctica respuestas lentas y vacilantes de los gobiernos o constituye parte directa de la omisión de respuestas públicas. Su manifestación más dañina se plasma cuando se fomentan obstáculos para la cooperación internacional destinada a erradicar el problema. El resultado: Estados que deben enfrentar regiones al borde del colapso, transformadas en refugio para la delincuencia organizada (Sansó-Rubert, 2008). En la actualidad,

en muchas

partes del mundo,

el mal gobierno,

la

corrupción y los conflictos civiles de diferente naturaleza han llevado a un progresivo debilitamiento del poder del Estado y al resquebrajamiento de las estructuras de control social. Los casos dramáticos de colapso de las

Crimen organizado y seguridad multidimensional

119

instituciones del Estado acarrean su sustitución efectiva en la provisión de bienes y servicios públicos primarios. Cuando los Estados se descomponen, la delincuencia organizada toma la iniciativa. La búsqueda manifiesta

del poder ha llevado a concebir la delincuencia organizada como una nue-

va forma de autoritarismo político no estatal (Shelley, 1999), imperante en

aquellos espacios geográficos en los que ha logrado reemplazar al gobierno legítimo y desplegar un control social alternativo al oficial.

Existen tres concepciones diferentes sobre la naturaleza de las relaciones entre el crimen organizado y el Estado. Una de ellas tiene que ver con la “condescendencia”, que significa la representación voluntaria o la protección de los individuos e intereses del crimen organizado por parte de autoridades públicas. La segunda concepción hace referencia a la “incapacidad”, es decir, la debilidad estatal para desalentar, detener o castigar las

actividades del crimen organizado. La tercera alude a la “incompetencia”, en el sentido de que el Estado es incapaz de neutralizar la actividad cri-

minal organizada, en razón de la ausencia de destrezas, recursos e ideas, o

bien de incentivos suficientes para ello. Se produce, por consiguiente, una infiltración criminal progresiva del aparato del Estado.

Esas tres situaciones no encierran la misma peligrosidad. La condescendencia revela una relación simbiótica entre el Estado y el crimen organizado, con beneficios que no son recíprocos, pero al menos sí proporcionados a favor de los partícipes. El desarrollo de una interacción delincuencial con los sectores legítimos de poder permite amasar recursos, capitales, información y conocimiento empresarial hasta alcanzar la etapa simbiótica. En ese preciso momento, los sectores políticos y económicos se hacen dependientes de los monopolios y redes delictuales. En la cúspide evolutiva del poder criminal, es ilusorio buscar disimi-

litudes entre Estado y crimen organizado. Lupsha (1996) identifica tres etapas en la evolución global de las organizaciones criminales. La primera son los grupos de influjo emergentes, que bien surgieron de la ausencia de la sociedad civil, como en la antigua Unión Soviética, o de la insurgencia

y el conflicto. La segunda son organizaciones transnacionales o de vínculo, alimentadas por conexiones simbióticas con sectores específicos de los Estados. La tercera son las organizaciones consolidadas o corporativizadas. Estas últimas están profundamente incrustadas en los sistemas políticos

120

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

y económicos, y sus vastos recursos las habilitan para atenazar al Estado siempre y cuando lo deseen. En situaciones de imperiosa necesidad, algunos Estados se han prestado a establecer alianzas inconfesables con organizaciones criminales. Así aconteció con las democracias que se enfrentaron a los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX, al comunismo y al nazismo. De igual forma, en la historia reciente (de Kosovo, Albania, Afganistán, Italia, China, el

Caribe y América Central) existen una pluralidad de episodios cuyas consecuencias no han tardado en dejar sentir sus efectos duraderos (Gayraud, 2007, pp. 168-186).

Siguiendo esa línea argumentativa, cabe plantearnos la siguiente pregunta: ¿está el crimen organizado involucrándose en el gobierno, o más bien está el gobierno involucrándose en el crimen organizado? De ahí se deriva la segunda tipología, que tiene que ver con el proceso en el que el Estado o partes de él se transforman en manifestaciones de delincuencia organizada. Dentro de esa tipología se puede encontrar, grosso modo, a políticos y/o funcionarios actuando como organizaciones criminales. Se trata de la creación de estructuras delictivas a partir del propio Estado. Ocurre bien por la transformación o reconversión del aparato del Estado en organizaciones de delincuencia organizada, muy recurrente en países que han tenido cambios políticos profundos o en democracias caracterizadas por su juventud, o bien por procesos de contagio criminógeno, cuando elementos de los cuerpos de seguridad se incorporan a las filas de la delincuencia organizada. Las razones de la transformación total o parcial residen en que los miembros de la función pública y de la €clase política” constituyen un staff altamente cualificado y capacitado, que cuenta con gran capacidad de información y contactos. Además, conocen en profundidad el funcionamiento de la esfera pública, la administración de justicia, los límites cons-

titucionales y las carencias legales del aparato burocrático que repercute en el funcionamiento del sistema democrático. La existencia del crimen organizado implica necesariamente algún grado de protección de la autoridad (Geffray, 2002). La perduración de las actividades de un grupo criminal, a lo largo de un período de tiempo con-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

121

siderable, suele suponer la existencia de un vínculo de cooperación entre funcionarios públicos a escala local, nacional o supranacional. Esto ocurre con independencia del tipo específico de régimen político del Estado en que el grupo criminal se asienta para sus operaciones (Godson, 2003). La forma más adecuada de analizar el fenómeno consiste en tratar a las

organizaciones delincuenciales como si fueran sistemas, con sus propias

autoridades, regímenes y estructuras (Armao, 2000). Cada uno de esos

sistemas, como tal, interactúa con su entorno por medio de otros subsiste-

mas como la política, el ámbito jurídico, el económico o el social (Allum, 2000). Desde esta perspectiva, resulta importante la interacción entre los sistemas porque la fuerza de una organización criminal depende de su capacidad para desarrollar una red de relaciones con los miembros de otros sistemas (empresarios, políticos y funcionarios). Como habíamos advertido en páginas precedentes, esas características también forman parte del problema de la interdependencia criminal. Un contexto nefasto lo conforman las alianzas entre los políticos, las organizaciones delictivas y el aparato de seguridad estatal, responsable de la persecución del delito y de la administración judicial (Waller y Yasmann, 1995). Dicha connivencia genera en la práctica la omisión de respuesta pública, porque están en juego relaciones vinculantes que generan muchos recursos a distribuir en todo el mundo. Los vínculos que existieron entre las mafias italianas y el Partido Demócrata Cristiano, y los existentes entre el Partido Demócrata Liberal de Japón y las organizaciones Yakuza constituyen claros casos de observación

(Gambetta,

1993; Milhaupt y West,

2000). Ejemplos más recientes los tenemos en la ex Yugoslavia de Slobo-

dan Milosevic, en Irak durante el gobierno de Saddam Hussein y en México (Kóppel y Székely, 2005; Rivera, 2017). Su manifestación más dañina se plasma cuando lo que impera, más allá de la catarsis institucional, es el fomento de obstáculos a la cooperación internacional destinada a erradicar el problema. De ahí que sus resultados sean nocivos para la seguridad internacional, porque existen Estados que se transforman en refugio de la

delincuencia organizada transnacional (Berdal y Serrano, 2005).

Flores Pérez (2009) presenta una magnífica compilación de modelos explicativos para evidenciar la relación entre la delincuencia organizada y la esfera política. El primero en abordarla es el modelo evolutivo desarro-

122

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

llado por Peter Lupsha (1996), que presenta una tipología de las relaciones entre criminales y el mundo político a partir de una concepción evolutiva de la organización criminal. En sus principios, esta se encontraría en una

etapa identificada como predatoria. Sería una organización asentada en un área determinada y podría estar integrada indistintamente por un reducido número de individuos, o por una gran cantidad de ellos. En todo caso, su

rasgo distintivo es la creciente capacidad para monopolizar el uso ilícito de la fuerza en las zonas donde se asienta.

En una segunda etapa, denominada parasitaria, el grupo ha desarrollado diversas capacidades logísticas e interacciones de cooptación o corrupción con los sectores de poder legítimos y la administración pública. A su control sobre las actividades delictivas realizadas en un área delimitada se añade su capacidad de intermediar y satisfacer distintas necesidades de grupos sociales que esperan recibir bienes y servicios ilícitos. La corrupción política permite que las actividades del grupo criminal se consoliden y este se barniza de legitimidad, al interactuar con los grupos privilegiados. Incursiona en los sectores económicos legales, se fortalece con nuevos recursos a través de capital, información y habilidades organizativas,

y extiende su influencia hacia nuevas áreas geográficas. Según establece

Lupsha (1996), en ese momento, la organización criminal se encuentra en

una situación de igualdad frente a los funcionarios públicos y deja de ser dependiente de ellos. La tercera etapa, denominada

simbiótica, se caracteriza por la trans-

formación de las relaciones parasitarias de los grupos criminales frente al mundo lícito, en vínculos mutualistas. Los sectores económicos y políticos

legítimos dependen ahora herramientas tradicionales dad han dejado de operar, una parte fundamental de

de los grupos criminales. Según el autor, las para hacer valer la ley y combatir la criminalipues el crimen organizado se ha convertido en la estructura de decisiones del Estado en que se

asienta (Lupsha, 1996).

Tomando distancia con esos postulados, podemos apreciar algunos problemas de enfoque en la tipología propuesta por Lupsha. En primer lugar, como el propio autor observa, una variable clave para la existencia y propagación del crimen organizado es la forma en que operan las estructuras políticas del Estado (Lupsha, 1996). Una variable fundamental, el

Crimen organizado y seguridad multidimensional

123

efecto de las características específicas del régimen político del Estado en que se asienta el grupo criminal, aparece poco diferenciada en el esquema evolutivo propuesto. En cambio, se da por descontado que toda organización criminal, inicialmente subsidiaria de los intereses de grupos privilegiados del statu quo, logrará emanciparse de estos, con independencia de la

capacidad de control social y político que esos intereses ejerzan mediante

las instituciones constituidas (Flores, 2009).

En segundo lugar, la atención del autor se centra exclusivamente en los delincuentes y su organización, como si el papel de las autoridades gubernamentales en el desarrollo de toda la actividad delictiva se redujera, en todos los casos, a ser meras espectadoras, susceptibles de ser corrompi-

das. Todo ello, a pesar de que en las tres etapas de la evolución del organizado aparecen estrechamente involucrados integrantes del político, sea como destinatarios principales o subsidiarios (Flores, Más aún, cuando en la etapa predatoria es el mundo lícito quien se la organización criminal para beneficiar sus intereses.

crimen mundo 2009). vale de

En tercer lugar y directamente relacionado con el último razonamiento, la evolución de la otra parte del binomio que requiere el desarrollo de la actividad ilícita, el mundo político, aparece indeterminada y sin caracte-

rísticas definidas. Es decir, resulta poco claro por qué y de qué manera las autoridades gubernamentales y los funcionarios públicos, que inicialmente constituían el elemento

principal de la relación, pierden poder ante los

delincuentes y terminan siendo subsidiarios de estos, si a lo largo de la evo-

lución de la estructura delictiva, también recibieron beneficios. Es difícil

suponer que grupos políticos que al comienzo recibían considerables beneficios de la relación criminal se conformen con obtener cada vez menos incentivos, si no existe de por medio ninguna modificación estructural en el contexto del vínculo (Flores, 2009).

Otro modelo explicativo sobre el entorno político en el que se desa-

rrolla la actividad criminal es el de Williams y Godson

(2002). En este

caso, los aspectos fundamentales del esquema son la fortaleza del Estado,

el carácter democrático o autoritario del régimen y el grado en que se encuentra institucionalizado el cumplimiento de la ley. El modelo propuesto por estos autores identifica cinco categorías de entornos políticos: Estado débil, Estado fuerte en proceso de debilitamiento, Estados caracterizados

124

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

por la existencia de conflictos étnicos o actividad terrorista y Estados democráticos fuertes, con altos niveles de legitimidad, transparencia y cumplimiento de la ley. De conformidad con esa tipología, los Estados débiles han sido identi-

ficados como terrenos propicios para el florecimiento del crimen organiza-

do. Desafortunadamente, los autores no abundan sobre las características

que permitirían entender empírica o conceptualmente la debilidad de un

Estado. Consideran también que los regímenes autoritarios tienen un ca-

rácter que favorece la incubación de organizaciones criminales. Los bajos niveles de legitimidad y capacidad de operación del Estado permiten que

las organizaciones

criminales funcionen

con amplia impunidad,

ya que

esa misma debilidad institucional facilita las relaciones clientelares entre una clase política poco sólida y organizaciones criminales con alta capacidad de financiamiento. En tales condiciones, el crimen organizado puede asentarse con facilidad en los Estados y utilizarlos como base de múltiples

Operaciones.

Desde el punto de vista de estos autores, los Estados fuertes en proceso

de debilitamiento también favorecen el desarrollo de vínculos entre el crimen organizado y el mundo político, pero en este caso, se considera que

los delincuentes están subordinados originalmente al poder. Ejemplifican

sus razonamientos con los casos de México —no precisan el período— y la ex Unión Soviética, donde consideran que los grupos criminales limitaban

sus actividades de acuerdo con los designios de los intereses políticos (Flores, 2009). La transición política habría erosionado los aparatos estatales,

de modo que el predominio de los funcionarios públicos en la relación criminal se habría ido tornando más incierto con el tiempo.

Las condiciones para el desarrollo del vínculo entre criminales y políticos se enmarcan en características específicas del entorno político, favorables a la corrupción y la impunidad: monopolio del poder político por medio de esquemas unipartidistas, nula supervisión de las acciones de la clase política, falta de contrapesos en el ejercicio del poder y virtual inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas, debilidad de la sociedad

civil y predominio de relaciones clientelares en la sociedad (Flores, 2009).

La última categoría contemplada en la tipología son los Estados democráticos fuertes, identificados por poseer amplia legitimidad, transparencia

Crimen organizado y seguridad multidimensional

125

en el ejercicio del gobierno y efectivo cumplimiento de la ley. Según los autores, estos factores inhiben el surgimiento y el desarrollo de un nexo de colaboración entre el crimen organizado y las élites políticas y administrativas, e impiden que se convierta en una influencia básica en las decisiones políticas nacionales. Desde una perspectiva sistémica, los modelos contemplarían dos formatos. El primero, denominado centralizado, supondría la articulación de

una organización coherente y nuclear, que vincularía el mundo político con el crimen organizado, de manera que los líderes políticos controlan a la delincuencia de manera vertical y descendente (Bailey y Godson, 2000). En la lógica de ese modelo, las altas jerarquías políticas controlan las actividades criminales organizadas y les brindan protección frente a los organismos de procuración de justicia, internos y extranjeros. Los intereses políticos y criminales se entremezclan, con el claro predominio de los primeros. El propósito del control que se ejerce sobre la criminalidad es el enriquecimiento individual de los miembros de la clase política y la conservación del poder hegemónico que ejerce en la sociedad (Bailey y Godson, 2000). El segundo formato disecciona el fenómeno desde una perspectiva fragmentada y competitiva, es decir, considera que existe un conjunto fluido de relaciones entre el liderazgo político y las organizaciones criminales, de

manera que dichas alianzas son dinámicas y se modifican por múltiples

circunstancias. Desde ese enfoque, el liderazgo y las condiciones de subor-

dinación dentro de las relaciones entre políticos y delincuentes no están establecidos de manera inexorable. A diferencia de la perspectiva anterior, los delincuentes pueden incluso tomar la iniciativa y asumir el control respecto a la relación. El fenómeno es percibido como la existencia de diversos subsistemas político-criminales, en los que las relaciones entre líderes políticos y delincuentes pueden operar a escala subnacional, esto es, a partir de

la connivencia de estos con autoridades locales (Bailey y Godson, 2000). En esa lógica no existe un *jefe de capos” en ninguno de los dos mundos,

el delictivo y el político, sino que diversos políticos se benefician de manera

personal al establecer alianzas con diferentes organizaciones criminales.

Como hemos dicho, el liderazgo que se establece en cada una de esas relaciones fluctúa. En algunas ocasiones, los delincuentes controlan a las autoridades gubernamentales y los funcionarios públicos. En otras, son

126

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

estos últimos quienes extorsionan a los delincuentes. Se trata de acuerdos fuidos, más que de un control vertical sobre los delincuentes, establecido desde la cumbre del poder político. El interés de enriquecimiento individual de los funcionarios perdura, sin embargo, el objetivo de conservar el poder de la clase política, como estructura unitaria, se difumina (Flores,

2009).

Esa interpretación es significativa, porque diferencia implícitamente

entre formas de articular los vínculos entre la política y el crimen organizado, a partir de las características del régimen político que enmarca las redes de cooperación entre los actores pertenecientes a los dos ámbitos. Sin embargo, no desarrolla a fondo sus propias implicaciones respecto a la inÑuencia que en tales relaciones ejerce la manera de estructurar y distribuir el poder.

5.3. El negocio de la protección Los estudios sobre el crimen organizado han tenido otra referencia in-

eludible en la obra de Gambetta (1993). Según este sociólogo, este está

asociado con la producción de dos tipos de bienes: la protección y la venta de bienes y servicios ilegales. El mayor reto para lograr su neutralización surge cuando la criminalidad organizada establece lazos estables con el poder político o con el económico, operando desde el encubrimiento y la salvaguarda institucional (Napoleoni, 2008). Aparece aquí una doble perspectiva de la protección: organizaciones criminales como proveedoras de esta, pero también como demandantes. El papel de los Estados en la esfera de la actividad criminal es un campo de investigación aún por desgranar. La investigación criminológica ha demostrado que, en determinados momentos de la historia (e incluso en el presente, bajo circunstancias concretas), los gobiernos han operado dentro y fuera de sus respectivos territorios como auténticas organizaciones

criminales transnacionales. En África, Asia y América Latina no resulta complicado encontrar casos de estudio, al igual que en Europa del Este y la región balcánica, con el supuesto de Serbia bajo el mandato de Milosevic. La fórmula para obtener la protección práctica de los políticos y altos funcionarios consiste en hacer un uso generoso de la cooptación, las ame-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

127

nazas encubiertas y la corrupción, asumiendo la inversión monetaria como costes ineludibles para el éxito de la actividad delictiva, así como para la supervivencia de la organización. Hay que entender la protección brindada a la delincuencia organizada desde el aparato gubernamental como la conjugación de conductas extorsivas, sumadas a la adopción de posicionamientos de sumisión interesada frente al poder del Estado, como

forma inteligente de eludir la violencia represiva estatal.

una

Podemos tomar como referencia a las organizaciones dedicadas a producir, traficar y distribuir drogas, por ser esta modalidad de tráfico ilícito la de mayor impacto internacional y la más común. Al desarrollar su actividad principal en un mercado

ilícito, estas no tienen garantías legales

ni judiciales, en caso de impago o estafa. Además, su mayor enemigo es la expropiación de mercancía y medios logísticos por parte del Estado, cuando decide aplicar la ley. De ahí que, para estas, resulte fundamental la intervención proteccionista estatal en aras de asegurarse garantías que

favorezcan su viabilidad a largo plazo. Sin duda, el mejor agente protector

es el propio Estado, que a través de sus redes corruptas puede garantizar la represión de comportamientos inadecuados, tanto de subordinados como de clientes y proveedores de bienes y servicios legales e ilegales. El mecanismo de regulación del tráfico de drogas en algunos momentos de la historia de México, por citar un ejemplo ampliamente estudiado y documentado

(Bailey y Godson,

2000), ha operado a través del otorga-

miento de franquicias por parte del gobierno, controlado a través de sus agencias de Policía Federal y de los militares (Poppa, 2000). Ese sistema se ha caracterizado por un diseño muy centralizado y de naturaleza coercitiva, dado que los traficantes no pueden eludir los pagos si quieren participar en el mercado. El conjunto del sistema se articula alrededor del arquetipo o modelo de “la plaza”, aunque en los últimos años esa tipología haya ido perdiendo preeminencia por diversas causas. Entre ellas destaca la acumulación, por parte de los traficantes, de varias plazas a un tiempo y la progresiva difu-

minación de las tareas que ejercen los vendedores de la plaza (agentes de seguridad pública), y quienes ostentan temporalmente la hegemonía sobre ella, porque han comprado su protección, es decir, los traficantes propiamente dichos.

128

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Siguiendo los excelentes trabajos de Resa Nestares (1999), la noción del funcionamiento de la plaza supone que los poderes públicos venden al mejor postor la licencia para ejercer el monopolio del tráfico de drogas, al igual que otros actos ilícitos, a un traficante o grupo de traficantes coaligados en un espacio geográfico delimitado. La licencia tiene, en principio, una duración temporal ilimitada, pero está sujeta a la capacidad de los agentes públicos de revocarla en cualquier momento, a su libre albedrío. Hacia abajo, el traficante puede vender partes más pequeñas y también menos lucrativas del monopolio, como es la distribución al por menor dentro del ámbito de acción de la plaza, a organizaciones de menor tama-

ño, a cambio de retribuciones específicas, que pueden ser monetarias o en especie. Ese es el derecho que los traficantes protegidos se arrogan y que conceden con el objetivo de maximizar los beneficios en una determinada plaza, a través de una división flexible del trabajo. Los traficantes, mientras dura la licencia, deben enviar una cuota fija de

dinero a las autoridades pertinentes. Aunque el mantenimiento del flujo de capitales es una condición necesaria, no basta para conservar la licencia. Junto al efectivo, los traficantes deben colaborar con la misión principal encomendada por las autoridades a los organismos de seguridad: minimizar los niveles de conflicto social y político. Esa exigencia implica, en

primer lugar, que deben mantener bajo control, y sobre todo alejada del

ojo público, la violencia dentro de las organizaciones y la que ejercen contra elementos que pueden poner en peligro su posición de privilegio. La reciprocidad, implica, además, que no debe afectarse la integridad personal de las autoridades, ni de personajes de fuerte presencia pública, con la excepción de los miembros de la oposición (Resa, 1999).

La intencionalidad de ese sistema radica en no despertar suspicacias públicas con respecto a la connivencia entre el poder político y la criminalidad organizada. Incluso, en aras de mantener una apariencia de pax social,

es habitual que las organizaciones criminales cooperen con sus protectores en la resolución de casos muy relevantes y en el mantenimiento de la seguridad pública para, de ese modo, afianzar la posición pública de estos frente a un electorado potencial. También para salvaguardar las actividades delictivas del escrutinio público, es factible encontrar supuestos en los que la autoridad estatal crimi-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

129

nalizada encargue a las organizaciones delictivas, como brazo ejecutor, el amedrentamiento bajo amenaza o, incluso, la eliminación física de miembros incómodos de la comunidad informativa. Llegado el caso, la eliminación puede extenderse a representantes de la oposición política. En un estadio inferior, también es posible identificar situaciones en las que se corrompe el sector de la información a través de la cooptación de miembros de los medios de comunicación, e incluso de los propios medios, para que dediquen sus esfuerzos a alabar los “logros” de los gobiernos que les pagan, de una parte, y de otra, a distorsionar la realidad delictiva imperante, minimizando su intensidad. En el supuesto de que periodistas u otros sujetos asimilados (como defensores de los derechos humanos y miembros de Organizaciones no Gubernamentales) insistan en cumplir con su labor informativa, serían objeto de interés de gobiernos y organiza-

ciones criminales. Sobre estas últimas recaería el cometido de reorientar las inquietudes informativas aplicando todo tipo de métodos habituales, que servirán a modo de violencia pedagógica para aleccionar a los colectivos implicados. Pimentel (1999) afirma que ese sistema de control permite a las autoridades públicas, aparte de su enriquecimiento personal, dedicar recursos para el desarrollo, la inversión y la financiación de campañas electorales,

para perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible. La utilización de los dividendos provenientes de las actividades delictivas como medio de financiación de iniciativas políticas no ha sido inusual en la historia del tráfico de drogas (McCoy, 1991).

De igual forma, dentro de las posibles variables que habilita el esquema extorsivo de protección criminal, existe constancia de cómo

algunos

Estados (como el mexicano y el guatemalteco) han interferido en la esfera

política y social a través de las organizaciones criminales objeto de su protección. La fórmula empleada consiste en conferirles el estatus policial o, inclusive, el de personal adscrito a los servicios de inteligencia nacional. El compromiso estatal de protección llega a tal nivel que es el propio Estado el que dota de protección personal a los líderes de las organizaciones criminales, destinando esta encomienda a funcionarios de Policía o militares en activo. Son ellos los encargados de proteger los lugares de producción, el tránsito de la mercadería ilícita y su almacenamiento (Resa, 1999).

130

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

La alta institucionalización de la cooptación y corrupción policial en los organismos de seguridad pública de algunos países se traduce, con alguna excepción de las Fuerzas Armadas, en un bajo grado de burocratización

y altos componentes de informalidad. La sistematización de los objetivos y las fuentes permite que, aunque en apariencia dependan de individuos concretos, se adapten con facilidad a las cambiantes circunstancias y a las

transiciones en los puestos de mando. La sucesión en el esquema de corrupción es casi inmediata. Las agencias de seguridad, como institución jerarquizada, han quedado vaciadas de contenido. Las únicas líneas de mando existentes las marcan la circulación del dinero y la solidaridad intergrupal ante acciones de terceros (Martínez de Murguía, 1998). La lealtad, por lo tanto, no es hacia el organismo y la institución, sino

hacia los compañeros y jefes, que son quienes participan y deciden en los mecanismos lucrativos de corrupción, y con los cuales se comparte una

voluntad de solapamiento común. Ese modelo de organización, que construye mecanismos paralelos a través de los cuales circulan la información y las órdenes, más allá del propio organismo, no supone ninguna novedad

en buena parte de los Estados menos desarrollados.

La progresiva militarización de las agencias de seguridad pública y del combate al tráfico de drogas, como ha acontecido en México y en otros

países de América Latina, y la creciente asunción de tareas antinarcóticos por parte de las Fuerzas Armadas, han generado desencuentros debido a que la presencia de militares ha tendido a distorsionar las redes verticales de corrupción dentro de las policías. Ello se ha traducido en enconados conflictos por ver quién ejerce la protección sobre las organizaciones cri-

minales. También se han generado conflictos operativos de gran calado entre los delincuentes protegidos por militares y por policías. El escenario ejemplarizante más evidente de esa discordancia fue el asesinato de siete agentes federales a manos de militares en el estado caribeño de Veracruz,

México. Los militares estaban protegiendo un envío de cocaína desde Colombia cuando aparecieron los policías federales, que habían sido alertados

del vuelo por agencias estadounidenses (Washington Post, 29 de noviembre de 1991, citado en Resa, 1999).

Llegados a este punto y una vez analizada la opción de la criminalización estatal, resulta de vital importancia delimitar la distinción entre

Crimen organizado y seguridad multidimensional

131

políticas institucionales ilegales o abiertamente criminales y la captura del Estado o Estado cautivo por poderes clandestinos, favorecida por su debilidad institucional. Ejemplos de lo anterior pueden ser encontrados en el amplio espectro de Estados que, a lo largo de la historia, explotaron su

autoridad para perpetuar el poder y la riqueza de una élite dominante, a menudo en tándem con operarios criminales. Las estratagemas adoptadas para alcanzar estos fines pueden ser sofisticadas y revestidas con adornos de procedimientos democráticos y gestión pública ortodoxa. No obstante, debemos recalcar que el objetivo fundamental de la política estatal en supuestos de criminalización es el afianzamiento del régimen neopatrimonial y la maximización del lucro obtenible para beneficio y disfrute personales.

5.4. Estados fallidos y crimen organizado: distancias y aproxi-

maciones conceptuales

Ante el malestar social, político y económico que ocasionan las actividades relacionadas con el crimen organizado, la actitud normal de toda sociedad consistiría en neutralizarlo a través de marcos legales e instituciones de seguridad, sistemas de justicia, servicios de inteligencia y toda actividad

estatal que contribuya a ese objetivo.

Ello supone que los países con mayor capacidad y fortaleza legal e institucional son lugares con menor afectación del crimen organizado. La variable del control juega un rol importante, como ambiente favorable o desfavorable, y explica la infiltración del crimen organizado en espacios nacionales e internacionales. Como mencionamos, los Estados débiles son el contexto ideal para la convivencia entre crimen organizado y administración pública. Años atrás, el concepto de Estado fallido constituyó una nueva manera

de comprender las complejas amenazas que afectan a la seguridad mundial. Si bien la noción fue usada en un principio por los Estados Unidos, para legitimar su estrategia de seguridad nacional luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la expansión conceptual en política exterior determinó que la ausencia de Estado y gobernabilidad en países en conflicto ameritaba su intervención militar, como por ejemplo en Somalia, Liberia y Sudán. En esa dinámica, se promovió un uso amplificado del

132

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

concepto, que incluía las facilidades y las estructuras que daban soporte y facilitaban el terrorismo internacional. La amplificación abarcaba los procesos fracasados de gobernanza, la persistencia de guerras internas, la existencia de redes de crimen organiza-

do y la represión doméstica en países con renta baja, que paulatinamente se convirtieron en preocupaciones centrales de la estrategia de seguridad internacional de los Estados Unidos (Santos, 2009, p. 5). El agrandamiento

conceptual asume que el Estado fallido es el espacio propicio o “rampa de lanzamiento” que usa el terrorismo internacional para preparar, organizar y entrenar operaciones que atentan contra la seguridad nacional e internacional de los Estados Unidos (Kraxberger, 2007).

Entre las definiciones de Estado fallido, la que más se acerca a una vi-

sión tradicional es proporcionada por Robert Rotberg (2002), para quien los Estados fallidos son “meras expresiones geográficas” convulsionadas por violencias internas, provocadas por enfrentamientos armados de facciones

en conflicto, tales como grupos armados antiestatales, bandas criminales y milicias. La provisión de bienes públicos a los habitantes es escasa o nula, y los gobiernos han perdido legitimidad en una creciente pluralidad de ciudadanos. Para Santos (2009), el fracaso del Estado se refiere a la incapacidad de proveer bienes políticos fundamentales, asociados con la estabilidad, la seguridad física, el funcionamiento de las instituciones políticas legítimas, la

administración de la economía y el bienestar social. Las deficiencias en esas áreas son signos de fracaso, y hacen que el Estado sea incapaz de establecer

el monopolio legítimo de la fuerza para proteger a sus habitantes, porque ocasionan además la pérdida del control soberano sobre su territorio.

Se trata de una nueva visión geoestratégica, que justifica la intervención

internacional en países que, por su incapacidad de autocontrol y de gobierno sobre el territorio, generarían alteraciones a la paz mundial. No obstan-

te, el concepto tiene pocas dimensiones analíticas para ser aplicado, por no definir una metodología clara de intervención para el control y la prevención del conflicto por parte de los países interesados en su aplicación. Mucho más, cuando se presentan situaciones extremas como las sucedidas en Afganistán, Iraq, Haití, Somalia, Yemen, Timor Oriental, Paquistán y

las Islas Salomón (Santos, 2009, p. 10).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

133

La noción tampoco hace una correcta diferenciación entre los Estados fallidos y la escala del riesgo que presentan los diferentes países a la seguridad internacional, porque muchos Estados se mueven entre la inestabilidad y el colapso, la predictibilidad y la estabilidad como norma deseable. Por lo tanto, la nueva geopolítica internacional parece centrar su metodología en categorizar los Estados en función de su lejanía o cercanía del fallo estatal. Según Rotberg (2002), los Estados deben clasificarse en fuertes, dé-

biles, fallidos y colapsados. La finalidad de la categorización es entender por qué los Estados débiles pasan a ser Estados colapsados o fallidos en el tiempo, y así ayudar a los gobernantes a diseñar métodos para prevenir colapsos o fallos, revivirlos y asistirlos en un proceso de reconstrucción. Sin

embargo, el paso de un tipo de Estado a otro no es inevitable, porque un Estado débil puede continuar siéndolo por mucho tiempo, sin ser destrui-

do. A continuación, ofrecemos una caracterización de cada uno de ellos. e

Estados fuertes: son los deseables para la comunidad internacional porque proveen adecuados niveles de seguridad pública a sus habitantes y mantienen un control irrestricto de fronteras y territorios. Poseen una

alta calidad de bienes públicos, medidos en educación, salud, servicios básicos, conocimientos, infraestructura y seguridad ciudadana.

e

Estados débiles: cumplen las funciones de Estados fuertes nera mixta, ya que realizan expectativas de adminsitación fuerte en unas áreas, mientras que en otras lo hacen mal o de escasa. Se consideran débiles debido a tensiones y conflictos

de mapública manera que no

son abiertamente violentos, pero que podrían derivar en esos esce-

narios a futuro.

e

Estados fallidos: son los que se encuentran afectados por conflictos internos violentos, ocasionados por el combate del Estado contra

una o más facciones subversivas, y por presentar conflictos étnicos, religiosos o lingiísticos. El Estado pierde legitimidad entre la población y las facciones insurgentes pasan a controlar grandes sectores de territorio y población. El control de fronteras estatales es limitado o

precario””, 34

Desde el punto de vista de unidades estatales, no es nuevo el reconocimiento de la existencia de los Estados fallidos. En 1994, la CIA estableció la Failed State Task Force

134

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

e

Estados colapsados: se presentan como una rara versión de los Estados fallidos, en la que los bienes públicos son conseguidos por medios privados. El Estado no brinda servicios mínimos de seguridad y prima la ley del más fuerte, el desorden, la mentalidad anómica,

anárquica y, con ello, el tráfico de drogas, armas, personas y bienes naturales. No son Estados reconocidos por la comunidad internacional, sino que constituyen una mera expresión geográfica, dominada por señores de la guerra, en contubernio con las “autoridades

estatales”.

En años recientes, ha empezado a desarrollarse una lista de indicadores de paz global, construida a partir de variables sociales, económicas, políti-

cas y de derechos humanos, para clasificar a los países tomando en cuenta los grados de peligrosidad que representarían para la comunidad internacional”. En el caso de América Latina, el índice pone a varios países en números rojos, o en el límite de convertirse en Estados fallidos. El tema

se complica porque algunas variables tasa de asesinatos con armas de fuego personas, el femicidio, las conexiones financiero y el control territorial, que

de análisis son inexistentes, como la no registradas, el tráfico y la trata de del crimen organizado con el sistema facilitarían ubicar las lógicas para el

lavado de dinero, entre otras dimensiones

internacional y sus vinculaciones locales.

ligadas al crimen organizado

Desde una perspectiva más amplia, el concepto de Estado fallido ha recibido diversas críticas políticas y metodológicas. Entre las críticas políticas, se pueden mencionar las que recogemos a continuación.

35

para predecir casos de esa naturaleza. El Departamento de Defensa de Estados Unidos contemplaba en 7he National Military Strategy, los espacios “desgobernados” como una amenaza (United States Department of Defense, 2018, pp. 5, 10 y 11). El Índice de Paz Global mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Es elaborado y publicado desde el año 2007 por el Institute for Economics and Peace, junto a varios expertos de institutos para la paz, think tanks y el Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Sydney. Los reportes incluyen variables internas como violencia y criminalidad y externas, como el gasto militar y las guerras en las que participa el país. El desglose de las variables puede mirarse en Vision of Humanity (2019).

Crimen organizado y seguridad multidimensional

e

e e

135

Presenta una descripción superflua y ahistórica de los Estados criticados, sin tener en cuenta las causas históricas de sus debilidades y de sus instituciones públicas. Es muy expansivo, pues involucra realidades muy distintas entre los

países.

Proviene

de países con

intereses hegemónicos,

como

los Estados

Unidos luego del fracaso de sus cuestionadas acciones de combate

al “eje del mal”, que pretendieron aglutinar a la opinión pública y concentrar esfuerzos contra países no alineados con sus preceptos y doctrinas.

e

Constituye una nueva herramienta de la geopolítica mundial, que vislumbra una nueva hegemonía extrahemisférica, sin capacidad autocrítica.

e

Se encuentra ligado estrechamente a la visión estadocéntrica, que no

admite explicaciones culturales y sociales del terrorismo y el crimen organizado.

e

e

No explica las relaciones de poder en el manejo de la política internacional y tampoco analiza las situaciones de interdependencia que podrían intervenir en la construcción de Estado fallido. El control total del espacio geográfico y el debate en torno al principio westfaliano de soberanía no quedan muy claros dentro del concepto de Estado fallido, cuando se trata de Estados y gobiernos dictatoriales (Santos, 2009).

Considerando esos factores, bien vale preguntarnos ¿qué aporte genera la visión estadocéntrica del “Estado fallido”, que se presenta como un producto individual y nacionalista, con pocas conexiones interdependien-

tes? ¿Es capaz esa noción política de entender el crimen organizado transnacional, incorporando dimensiones de seguridad multidimensional y de Economía Política?

En primer lugar, debemos entender que el uso de la variable estadocéntrica para analizar el comportamiento del crimen organizado transnacional implica tener una mirada geopolítica diferenciada entre Estados emisores y Estados receptores de las amenazas contra la seguridad internacional. De hecho, existe la impresión de que estamos en un campo discursivo

136

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

que categoriza a los países entre buenos y malos Estados, y que no admite causalidades del crimen organizado, porque lo concibe como el producto de la amenaza externa que es ajena a la realidad interna de los países receptores. Esa concepción daría lugar a la justificación de política exterior para la intervención de los países o potencias hegemónicas en los “Estados emisores”. En segundo lugar, la mirada centrada en el concepto de Estados na-

cionales fallidos sitúa las causas del crimen organizado según la variable identidad, nacionalidad, grupo ético o regional. Ese criterio carece de fundamento teórico y empírico porque, además de constituir una clasificación

o tipología arbitraria, de origen unilateral, no existe evidencia de que los

Estados fallidos se constituyan en emisores de criminalidad específica en función de la procedencia nacional de los criminales.

En tercer lugar, se desconocen las asimetrías del proceso de globalización e interpendencia, pues los principales grupos o redes de criminales no se expanden como creación absoluta de los Estados fallidos. Los múltiples formatos de operación del crimen organizado conectan distintos espacios locales y mundiales, independientemente de si existen o no Estados fuertes o débiles. Ese tipo de criminalidad requiere logística y estrategias en red transnacional, para perpetrar actividades delincuenciales. En cuarto lugar, se desconoce el carácter analítico de la Economía Política Internacional porque se reduce o encubre la participación de los países o Estados fuertes y ricos en la corresponsabilidad del crimen organizado. En un mercado criminal de oferta y demanda, no pueden existir Estados

emisores autocentrados sin que haya de por medio países receptores, que demanden bienes criminales. Esa realidad no implica negar que existen Estados vulnerables, con presencia de lógicas criminales transnacionales en

sus territorios, que infiltran la administración pública y la sociedad.

Por último, la dificultad metodológica se acrecienta al asumir que la delincuencia organizada no es una realidad empírica que puede ser medida mediante criterios positivistas (Fernández Steinko, 2013). Como cons-

tructo social, cambia y evoluciona a tenor de los intereses y percepciones de la sociedad, en un momento determinado de su coyuntura social y política (Christie, 2004; Aas, 2007; Bauman, 2002). Esa cuestión, además de

dificultar las posibles comparaciones en un período temporal prolongado

Crimen organizado y seguridad multidimensional

137

(porque un comportamiento criminal relevante ahora podría no serlo mañana), dificulta la posibilidad de establecer estudios comparados por áreas geográficas, sobre todo si se atiende a las nuevas formas de manifestación criminal organizada. Como

botón de muestra, sirva la delincuencia orga-

nizada vinculada a la explotación fraudulenta y al tráfico de recursos minerales y naturales, que goza de singular relevancia y seguimiento en Europa Occidental. Sin embargo, ni siquiera está tipificada como ilícito penal en otras partes del mundo.

5.5. La deriva de la corrupción El concepto de corrupción es confuso y amplio. En su sentido físico, es aplicable a cualquier objeto. En sus aspectos intelectual, sentimental, político, social y económico, al ser humano en general. Aunque no todo individuo claudica ante el dinero, las motivaciones de quienes caen en la

corrupción a menudo van más allá de lo meramente económico. La convicción, el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden (incluido el de favorecer a los suyos), pueden corromper a una persona (Brioschi, 2010, p. 6).

Tampoco existe una sola clase de corrupción, ya que esta puede ser tanto pública como privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o sectores del Estado o de la Justicia, en sistemas democráticos o en dic-

taduras. Se trata esencialmente de un fenómeno que genera injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, desconfianza, ante la falta de respuestas adecuadas de quienes tendrían la obligación de perseguir las

prácticas corruptas.

En consecuencia, aumenta el desinterés por la defensa de lo público y la apatía hacia un rearme ético, que tenga como base la educación y el aprendizaje. Sin embargo, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros

no mantienen una actitud ética. Ningún país podrá sobreponerse a una crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos, reflejo del quehacer de

sus políticos, siguen proliferando con total impunidad (Cortina, 2013).

La corrupción política, de la mano de la económica, se traduce en una especie de privatización del Estado. Los servidores públicos patrimonializan sus puestos y el desempeño de los servicios públicos, olvidando que

138

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

son meros gestores de estos. Cobra paulatina fuerza el concepto de patrimonialización de lo público, en detrimento de la idea democrática de atención al ciudadano. Este es inducido a creer en la inocuidad o, incluso, en la bondad del fenómeno. La corrupción acompaña al poder. Ninguna forma de gobierno es indemne a las prácticas corruptas porque dicha actividad sobrevive en cualquier tiempo y bajo cualquier régimen. Ningún sistema legal es capaz de erradicar y menos de disuadir de la búsqueda de enriquecimientos ilícitos. Ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener pingiles beneficios a través de prácticas corruptas. Es una realidad incuestionable el hecho de que la corrupción ha permeado los Estados, desde el ámbito local al nacional, pasando por el federal, en su caso, aprovechando su capacidad de infiltración multinivel. Cuando alcanza cierto nivel, la corrupción pública desnaturaliza a la propia democracia hasta el punto de que, si esta se corrompe, deja de ser democracia, al igual que el vino deja de serlo cuando se convierte en vinagre (Nieto, 2012, p. 176).

Existen múltiples evidencias empíricas de las relaciones entre la delincuencia organizada y las administraciones públicas. Como ya hemos visto, no existe ningún sistema político libre de corrupción. Por ello, esta resulta letal para la administración. “Toma forma o carácter sistémico, es decir, se

difumina en el tejido institucional de tal manera que los organismos públicos trabajan habitualmente con ella e, incluso, no pueden funcionar sin ella. Ese fenómeno, sumado a la inexistencia operativa de mecanismos de autodefensa, control e inteligencia policial mínimamente eficaces —sean

estos preventivos o represivos— termina garantizando la impunidad y el desgobierno. La corrupción, entendida de forma simplista como el uso abusivo del poder público en beneficio privado,

además

de representar una de las

señas de identidad más características del crimen organizado, constituye el mecanismo imprescindible para que las organizaciones delincuenciales preserven su estatus y capacidad de acción. Conservar incólume el nexo político-criminal no favorece la estabilidad política y la gobernanza de los países.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

139

Identificada como un síntoma y no como una causa de la delincuencia organizada, la corrupción ha sido catalogada en diversos estudios como un factor dañino para el desarrollo económico (Lambsdorff, 1998; Rose-Ackerman, 2001; Tanzi y Davoodi, 2001), el funcionamiento del estado de derecho (Inglehart y Wenzel, 2005), la gobernabilidad (Kauffman, 2005) y la confianza depositada en las instituciones (Pharr y Putnam, 2000; Norris,

1999; Della Porta y Vanucci, 1997).

El incremento en los niveles y la extensión de las actividades delictivas organizadas, dentro o a través de varios países, han dependido del apoyo implícito o explícito de funcionarios públicos corruptos. En algunos casos, la corrupción pública ha sido otro de los requisitos centrales para la formación de la delincuencia organizada, como ocurrió en varios países de la extinta Unión Soviética (Buscaglia y Van Dijk, 2003).

Cada tipo de corrupción tiende a canalizarse a través de una forma propia de gestión. Podemos identificar tanto comportamientos corruptos motivados por organizaciones criminales, para obtener provecho de los aparatos del Estado, como una segunda tipología, caracterizada por el proceso en el que el Estado o parte de este se convierten en o actúan para la delincuencia organizada. En el primer supuesto, los favores públicos sencillos, decididos por una

única persona o por unos pocos, y de precios no cuantiosos, se despachan en negociaciones directas bilaterales, que carecen de formalidad alguna y

que se cierran con simples entregas de dinero u otros objetos de valor. Cuando se trata de operaciones repetitivas, en las que los favores solicitados deben tramitarse por imperativo legal, de acuerdo con procedimientos complejos —en los que intervienen varios funcionarios y Órganos asesores

y deciden diferentes instancias políticas—, la negociación directa resulta

insuficiente. Entonces, se hace preciso montar organizaciones estables, especializadas en la gestión de tales procedimientos. Dentro del elenco de conductas asociadas con comportamientos corruptos, tipificadas como actos ilícitos, encontramos principalmente el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la malversación

de caudales públicos y el desempeño de actividades incompatibles por personas que ostentan la condición de funcionario público. De ese modo, las

variantes de la corrupción son numerosas. Unas se realizan en beneficio ex-

140

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

clusivo de particulares y otras con participación de organizaciones públicas o en provecho de organizaciones criminales. En las últimas décadas, el conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción ha aumentado de forma exponencial. Actualmente existe información exhaustiva sobre sus devastadoras consecuencias en todos los ámbitos (económicos, sociales y políticos) y sobre los principales factores que causan el fenómeno. Desde la óptica de la gestión pública, se han impulsado iniciativas e innovaciones institucionales de políticas anticorrupción a escala nacional y multilateral. Sin embargo, en aquellos sistemas en los que las políticas gubernamentales son ineficientes, parciales, corruptas

y persiguen el beneficio de determinados grupos sociales, se imposibilita desarrollar un sentido de solidaridad social y se estimula la confianza particularizada en diferentes grupos sociales, por encima de la confianza generalizada en toda la sociedad. Cuando ocurre esto, cuando la confianza que prevalece es la que se deposita en la familia, el clan, la etnia o el partido político, la política pública en esa sociedad se convierte en “un juego de suma cero entre grupos en conflicto” (Rothstein y Uslaner, 2005, p. 45-46). En lugar de surgir las

normas formales que favorecen la producción de bienes públicos, se instala una práctica social depredadora, que imposibilita que las autoridades gubernamentales cuenten con los recursos y los incentivos necesarios para desarrollar políticas que combatan el crimen organizado. La confluencia de tales factores y su influencia recíproca incentivan comportamientos corruptos en elevados niveles. Dentro del funcionamiento de las instituciones, destaca la existencia de redes clientelares que

reproducen prácticas políticas informales y benefician a determinados grupos sociales. "Todo ello alimenta un sentimiento de anomia social y de des-

36

Cabe resaltar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

En el ámbito europeo, destacan las Convenciones Civil y Penal del Consejo de Europa, con la creación del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción). También, el grupo de trabajo sobre la integridad de los cargos públicos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Todas esas iniciativas buscan

estimular una mayor concienciación, en todos los niveles, sobre la necesidad de luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, al tiempo que fomentan la puesta en común de innovaciones ensayadas con éxito en algunos países.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

141

confianza generalizada entre los ciudadanos, y entre estos y las instituciones de gobierno. Así, las sociedades son incapaces de construir el consenso social necesario para abogar por políticas públicas que contengan controles democráticos y rendición de cuentas de los representantes gubernamentales encargados de combatir el crimen organizado. Algunos trabajos sobre la corrupción, enmarcados en la teoría de la agencia (Rose-Ackerman, 1999; Klitgaard, 1998), analizan cuáles son las

condiciones que generan incentivos para los comportamientos corruptos de los individuos, obviando los factores de naturaleza social. Así, destaca la

famosa ecuación de la corrupción formulada por Klitgaard: C= M+D-A,

donde la corrupción (C) equivale al monopolio de la decisión (M), más discrecionalidad (D), menos rendición de cuentas (A).

Cuanto más reducido sea el grupo de actores de quienes depende la decisión sobre un asunto (monopolio); cuanto mayor sea el margen de discrecionalidad del que disponen y cuanto menos y más ineficientes sean los controles sobre ellos, mayor será la probabilidad de que surja la corrupción. Klitgaard (1998) la entiende como un “crimen de cálculo”. Es cierto

que gran parte del funcionariado es íntegro, pero cuando el tamaño del soborno resulta considerable y el castigo, en caso de ser descubierto, ínfimo,

se está generando un riesgo. El combate contra la corrupción comienza

con el desarrollo y la implantación de mejores sistemas de seguimiento y control en el seno de la administración pública. Destaca la reciente aportación de Charron y Lapuente (2011), que puede servir para arrojar algo de luz a la cuestión, pues entre los analistas de Ciencia Política existen diversas corrientes, que identifican la corrupción y teorizan sobre ella desde una diversidad de prismas. Por ejemplo, las teorías institucionalistas (Tabellini, 2005; Kitschelt

y Wilkinson, 2007); el análi-

sis de factores culturales y valores morales (Licht, Goldsmith y Schwartz,

2005) o sobre factores de naturaleza económica, como las diferencias en

los niveles de desarrollo que presenta un país en términos de su estructura productiva, inequidad y distribución de ingreso (Krishna, 2007).

Charron y Lapuente (2011) han estudiado las diferencias en el nivel de calidad del gobierno que presentan diversas regiones europeas, con el afán de recuperar la validez de las tesis institucionalistas y superar las debilidades e insuficiencias teóricas existentes hasta la fecha. Para ello, siguiendo

142

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

el trabajo pionero de Douglas North (1990), adoptan un concepto más amplio de institución que engloba tanto a las instituciones formales como a las informales. De este modo, pese a que sea frecuente que diversas regiones europeas compartan las mismas instituciones formales de gobierno, las diferencias de calidad observadas entre ellas se deberían más bien a la cantidad de instituciones informales que influyen determinantemente en la práctica cotidiana de aquellas. Dentro del elenco de instituciones informales, los autores identifican por su relevancia a las redes de patronazgo y clientelismo, precisamente en aquellas regiones donde se han consolidado históricamente este tipo de instituciones informales; ahí es cuando se presenta una calidad de gobierno mucho más deficitaria en relación a las que no dieron lugar a la construcción de estas pautas de comportamiento político, y pese a que en unas y otras se compartió las mismas instituciones

políticas formales.

Las redes clientelares surgen como un conjunto de incentivos de forma que, con independencia de los valores morales que puedan compartir los individuos, afectan a las expectativas y al comportamiento de éstos, y empujan hacia un funcionamiento particularista y parcial de las instituciones de gobierno. En los sistemas políticos sometidos a este tipo de incentivos e independientemente de cuáles sean los arreglos institucionales formales de sus procesos de toma de decisiones públicas, lo cierto es que a los individuos les resulta mucho más rentable invertir en el cultivo de los contactos sociales adecuados, que en el esfuerzo personal y la apuesta por satisfacer las aspiraciones meritocráticas.

De acuerdo con el trabajo de Charron y Lapuente (2011), la la prevención o reducción exitosa de la corrupción estaría en institucional. No obstante, el éxito no es tan fácil de materializar, fuerte efecto de dependencia de senda o inercia (path dependency)

clave para un plano debido al que tiene

la consolidación de las redes de patronazgo o clientelismo. No es nada fácil conseguir la mejora de la calidad de las instituciones de gobierno y con ella, el control de la corrupción.

Otro de los grandes problemas es la percepción social de que las instituciones, especialmente la administración de justicia o la administración tributaria, no tratan por igual a todos los ciudadanos, así como la identi-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

143

ficación de un profundo sesgo de parcialidad en el funcionamiento de los gobiernos. En definitiva, las prácticas clientelares conducen hacia una suerte de “cinismo” hacia la política, los políticos y las administraciones democráticas. Por ello, la reacción ciudadana ante un escándalo mediático de corrupción es asumido como “normal” porque los hechos confirmarían las expectativas de la opinión pública sobre los verdaderos motivos de los actores políticos y el verdadero funcionamiento de las instituciones políticas; por tanto, no son excepciones ante las que haya que reaccionar para que todo

vuelva a la “normalidad democrática” (Jiménez, 2012, p. 13).

Los grupos de delincuencia organizada se han desarrollado en todo el mundo.

Sin embargo,

las características concretas de un Estado y de su

estructura política sí determinan la forma en que se articulan los nexos entre estos actores y, fundamentalmente, el grado de riesgo que implican para la estabilidad de un país y para el funcionamiento general de sus instituciones. El legado de esas circunstancias suele ser un amplio margen para la ilegalidad, la corrupción gubernamental y la desconfianza social hacia la autoridad. El mapa de la corrupción es extenso, tanto a escala nacional como in-

ternacional. Aparece en cualquier rincón del globo (Transparencia Internacional, 2019) y en cualquier época. La corrupción constituye un instru-

mento idóneo para la expansión y el funcionamiento de la criminalidad organizada, sobre todo para el desarrollo y la implantación de sus métodos en sistemas políticos, económicos e instituciones financieras, policiales o judiciales, con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad y obtener el mayor lucro posible. En 2019, el Índice de Percepción de la Corrupción muestra que está más generalizada en países donde circulan y fluyen grandes cantidades de dinero, con poco control estatal, donde existen conexiones informales en-

tre el sector político y el empresarial y una débil institucionalidad gubernamental. De 180 países evaluados, se toma la muestra de 28 de América

Latina y el Caribe (tablas 5 y 5.1).

144

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Tabla 5. Índice de percepción de la corrupción en países con alta infiltración del COT N".

2012

Barbados

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Promedio

16

75

74

68

68

62

69.14

67

67

67

69.13

6S

65$

64

67,57

S$ 58

SS $8

35 59

62.5? 60.14

6

| Dominica

$8

$8

$8

¿jsjsljajsa|a

1

País

$7

Ss

55

$7.43

?

| Granada

42

43

43

S6

$2

$2

53

48.71

8 | Cuba 9 Jamaica 10 | Suriname

48 38 37

46 33 36

46 38 36

47 41 36

47 39 45

41 4 41

41 M4 43

48 43 Y

47 00 40.63 39,75

12

43

42

43

38

40

37

35

35

39.13

39

38

38

39

35

41

41

30

38.88

2

| Chile

72

71

73

3

| Bahamas

4 $

12

71

71

71

Santa Lucia |

71

71

San Vicente

62

62

71 62

|

| Brasil

Trinidad Tobago *

70

13

| Panamá

38

37

35

39

38

37

37

36

37,13

14

| Argentina

35

34

4

32

36

39

40

45

36.838

Tabla 5.1. Índice de percepción de la corrupción en países con alta infiltración del COT N". 15

País

2012

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Promedio

| Colombia

36

36

37

37

37

37

36

37

36,63

16 | Perú 17 | ElSalvador | 18 ¡| Ecuador 19 | Guyana 20 | Bolivia

38 38 32 28 34

38 38 35 27 Y

38 39 33 30 35

36 39 32 29 34

35 36 31 34 33

37 33 32 38 33

35 35 34 37 29

36 34 38 40 31

36,63 36,5 33,38 32,88 32,88

21

| México

34

34

35

31

30

29

28

29

31.25

23 24 25

| Guatemala | Honduras | Paraguay

33 28 25

29 26 24

32 29 24

28 31 27

28 30 30

28 29 29

27 29 29

26 26 28

28,88 28.50 27,00

26 27

| Nicaragua | Haití

29 19

28 19

28 19

27 17

26 20

26 22

25 18

22 20

26,38 19,25

28

| Vemezuela

19

20

19

17

17

18

18

16

18,00

2

Rep. orroicana | 32 | 29 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 | 28 | 30,50

Fuente: Transparencia Internacional 2019.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

145

En 2019, América Latina está por debajo de 5 puntos (38) en comparación al 43 mundial. Ocho de 30 países están por encima de la media. De 2012 a 2019, América Latina y el Caribe registraron un promedio de 37,2

de índice de la corrupción; es decir, que 7 de cada 10 personas encuestadas creen que la región es más proclive a tener Estados altamente corruptos. En ese mismo período temporal, los países en los que se percibe mayor

corrupción son: Venezuela, Haití, Nicaragua y Paraguay. Mientras que los

países con mayor percepción de transparencia son: Barbados, Chile, Bahamas y Santa Lucía. Desde el año 2016 se observaron en la mayoría de los países menores cifras de percepción de la corrupción, en comparación con años anteriores.

Esto responde en gran parte a la estabilidad y el crecimiento económico de muchos Estados latinoamericanos durante el boom de los commodities. Llama la atención el denominado Triángulo del Norte, que incluye a Honduras, El Salvador y Guatemala, países en los que desde el año 2015

se registra una mayor percepción de la corrupción. En el área andina, que comprende a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la percepción de la co-

rrupción no registra cambios entre 2012 y 2019.

6. INTELIGENCIA CRIMINAL Desde la perspectiva criminológica, se han analizado la génesis y los principales rasgos de la criminalidad organizada. Se trata de una fenomenología compleja, que engloba una variada constelación de comportamientos delincuenciales organizados, los cuales no pueden ser abordados de la misma manera, porque denotan diferencias identitarias suficiente-

mente marcadas. Esa criminalidad se caracteriza por su elevada peligrosi-

dad, vinculada al ejercicio sostenido de la violencia extrema, al igual que

a la intimidación con amenaza de violencia. Todo ello está enmarcado en

lo que se ha denominado “método mafioso”, que designa una forma de actuación, de comunicación y de injerencia económica y política. El elemento diferencial clave de esa forma de criminalidad, como hemos visto, reside en la existencia de una organización que tiene por finali-

dad obtener lucro y poder, mediante la combinación de actividades lícitas e ilícitas. La existencia de un aparato preparado para delinquir facilita la comisión de los delitos, en la medida en que proporciona los medios materiales y personales para llevarlos a cabo, así como asesoramiento técnico y cooperación. Asimismo, contribuye a disminuir las opciones de defensa

del objetivo (Zúñiga, 2016).

Es importante tener en cuenta jo, que no puede enfrentarse solo dado que el amparo otorgado por la investigación y la atribución de

que estamos ante un fenómeno complecon la represión penal (Zúñiga, 2016), la estructura de la organización dificulta responsabilidad penal. Á esto se suma la

capacidad de penetración criminal, a través de la corrupción de la administración del Estado, conjugada con la contundencia efectiva del método

mafioso o criminal. Frente a tal situación, las actuales estrategias de respuesta resultan insuficientes. El dominio de la información y la capacidad de generar con rapidez conocimiento estratégico sobre la criminalidad organizada, que coadyuve a lograr su control y neutralización, se han convertido en necesidades prioritarias. En ese contexto, aparece el recurso de la inteligencia como

herramienta que permite revertir la capacidad de resistencia y resiliencia criminal.

148

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

La implementación de esa filosofía de trabajo entorpece de forma extrema el acceso al conocimiento y las actividades, estructuras y capacidades organizativas delincuenciales. La inteligencia también trata de desfigurar la cultura criminal enquistada en las instituciones judiciales, porque no solo está atenta a la profilaxis forense —intentos de neutralizar pruebas y evidencias óptimas para su investigación criminalística—, sino que analiza

el posible ocultamiento proactivo de todo el ciclo criminal (Sansó-Ruberrt, 2010b). El análisis pormenorizado de las aplicaciones prácticas de dicha cultura delincuencial permite inferir un conjunto de medidas de muy diversa naturaleza, tanto preventivas como reactivas, para frenar la actuación

criminal destinada a anular la eficacia de las acciones “hostiles” de investigación e inteligencia. En ningún momento debemos olvidar que la instrumentalización de

la violencia y la corrupción, además de constituir rasgos definitorios de la delincuencia organizada, cobran especial relevancia cuando tienen como objetivo eliminar, mediante la intimidación o el aniquilamiento, a aquellas

personas que puedan perjudicar o interferir en sus lucrativas actividades criminales.

La delincuencia transnacional, en aras de una mayor y más eficiente autoprotección, ha optado por reubicarse en aquellos países que presentan características más favorables. Los Estados dotados de ordenamientos jurídicos laxos, con leyes permeables y políticas criminales infradesarrolladas o desfasadas han sido los candidatos predilectos para desarrollar sus lógicas e infiltración criminal (Caparrós, 1997, p. 175). En tal sentido, la globaliza-

ción asimétrica y la interdependencia permiten a las organizaciones crimi-

nales aprovecharse de la difuminación del rastro de las actividades ilícitas por diferentes territorios y explotar para sus intereses la difícil imbricación entre los diversos ordenamientos jurídicos estatales, que no logran cooperar con la misma velocidad que las estrategias delincuenciales. Cobran vital importancia los núcleos de subcultura criminal surgidos al amparo de los epicentros geográficos vinculados al control territorial de las organizaciones criminales (Gayraud, 2007). Esas comunidades, además

de operar como un “manto proctector” bajo el que pasar desapercibidas, al amparo de una sociedad clientelar, fidelizada mediante la explotación de

Crimen organizado y seguridad multidimensional

149

relaciones étnicas, familiares y laborales, nutren de apoyo social y constituyen una fuente de reclutamiento. La elevada complejidad de las acciones criminales requiere, a su vez, incorporar capacidades de inteligencia en niveles sistémicos vinculados con esferas de la política estatal, en distintos planos sociales y económicos, lo que incluye el servicio exterior. Los crecientes desafíos del crimen organizado suponen hablar de inteligencia estratégica, planificación y dirección,

identificación, determinación de necesidades y requerimientos de conocimiento complejo por parte de los órganos decisores de los Estados y países.

6.1. Inteligencia estratégica y crimen organizado Una premisa imprescindible de partida es que la seguridad desgajada de la inteligencia es una respuesta obsoleta. Por ello, identificar indicadores de delincuencia organizada e incluirlos como insumos óptimos para el desarrollo de inteligencia criminal de corte estratégico permitirá delimitar con mayor precisión las principales dimensiones del fenómeno criminal organizado. Así, se posibilitará una evaluación más acertada de sus capacidades,

peligrosidad y vulnerabilidades, porque muchos de los campos analíticos y operativos de las distintas disciplinas convergen en la inteligencia estratégica. Considerada el nivel más alto de la inteligencia, por su capacidad incluyente, por definir intereses y objetivos nacionales e internacionales, por planificar en función de ellos, protegerlos, proyectarlos y generar estudios

prospectivos, la inteligencia estratégica constituye un paraguas disciplinario abarcativo (McDowell,

2009). El concepto clásico, formulado por

Sherman Kent a mediados de los sesentas (Kent, 1966), ha sufrido algunos

cambios, al incorporar diversos aspectos metodológicos, teorías y tecnoloegías en un contexto multidisciplinario, que incluye la inteligencia militar, policial y criminal. La inteligencia estratégica no se distingue únicamente por su jerarquía o

uso instrumental, sino también por su proactividad en la búsqueda y realización de los objetivos mencionados. De hecho, el desarrollo conceptual sobre

los alcances multidisciplinarios ha sido advertido en distintos trabajos que

dejan de lado la tradición conservadora del realismo, el institucionalismo y

los enfoques estáticos sobre inteligencia (Rivera y Barreiro, 2011).

150

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

El objetivo de construir inteligencia estratégica con énfasis analítico criminal radica en la capacidad de aportar un conocimiento empírico contrastado sobre la realidad “delincuencia organizada”, que, incorporado a través del ciclo de inteligencia, facilite al analista una visión ajustada de

esta. Visión que, a la postre, se traduzca en productos potentes de inteligencia o conocimiento informado y verificado, útil para apoyar el diseño de estrategias contra las actividades ilícitas. Un buen producto de inteligencia estratégica no solo establece cuál es la situación actual relativa al fenómeno, sino que aporta explicaciones sobre su existencia y establece posibles evoluciones o tendencias, definiendo escenarios factibles y probables. Permite, a su vez, definir los objetivos en la lucha contra la delincuencia

organizada y establecer la política y los planes para implementar y alcanzar las metas fijadas. Tradicionalmente, los sistemas institucionales de inteligencia contra el delito se han fundamentado en la reacción y no en la anticipación. El modelo reactivo vincula de manera funcional eficacia y disuasión, desde la perspectiva de a mayor actividad represiva, mayor capacidad disuasoria. Como consecuencia de ese enfoque, el objetivo prioritario de su funcionamiento ha sido el conjunto de actividades delictivas constatadas efectivamente, y no su existencia potencial, al tiempo que garantiza la imposi-

ción de las leyes penales mediante la represión de sus infractores (Moreno, 2009).

Dada la naturaleza de la criminalidad organizada, las respuestas no pueden limitarse a la represión reactiva del delito. La realidad imperante obliga

a superar esa limitada visión, que genera tensiones en las estructuras y

procedimientos policiales y judiciales, porque tanto el sistema penal como el aparato policial fueron concebidos como instrumentos de actuación reactiva ante el daño criminal consumado. En el statu quo tradicional, la proactividad y la anticipación, dirigidas

a impedir la materialización del acto criminal (esto es, que no ocurra), se conciben y se perciben equívocamente como estrategias secundarias. Sin embargo, la evolución de la fenomenología criminal requiere cada vez más

cambios en el análisis estratégico. Este necesita centrarse no solo en las

conductas y el apresamiento de sus autores, sino en la valoración de las lógicas de operación de las redes delictivas que puedan constituirse en ame-

Crimen organizado y seguridad multidimensional

151

nazas serias para la seguridad del Estado y sus habitantes. La afirmación requiere, en primer término, superar la visión anacrónica del imperativo

penal y la razón del delito (gráfico 1).

Gráfico 1. Diferencias entre inteligencia criminal e investigación criminal .

|

INVESTIGACIÓN

INTELIGENCTA CRIMINAL Actividad Proactiva

CRIMINAL / POLICIAL Actividad Reactiva

Genenca (distintos blancos de interes: hecho

Especifica (ligada a conductas punibles:dehto)

Mision: Recoger información y producir inteligencia para la toma de decisiones

Mision: Recolectar prucbas y evidencias judiciales para la avenguación del delito (delicuente'victima)

cniminal)

Intervención judicial limitada

Intervención judicial'fiscal amplia (policia Judicial) Averguaciones Previas Suspiscious Activity Report

Funciona como tn continuum a lo largo del

Se micia con la noticia criminis

Analista no participa en la recolección de la

proceso

tiempo

mformacion

Analisis de inteligencia

El investigador policial participa en todo el

Proceso: recoleccion de pruebas y su analisis Analisis cominal

Fuente: elaboración propia.

Dada la necesidad de realizar una evaluación permanente y de obtener conocimientos sobre los motivos que propician el surgimiento, el fortalecimiento y la expansión de la criminalidad organizada, de diagnosticar su comportamiento y evolución, así como identificar los elementos que posibilitan su subsistencia, resulta esencial ir más allá de la mera obtención de

indicios y pruebas para abordar su prevención y posible solución. Por con-

siguiente, ante la delincuencia organizada internacional, las iniciativas de

políticas criminales y de seguridad desgajadas de la inteligencia estratégica representan una respuesta poco aconsejable. De ahí que la prevención del fenómeno interdependiente del crimen organizado cobre relevancia frente a la represión penal y sus limitaciones normativas, que en muchas ocasio-

nes quedan supeditadas a los linderos del territorio nacional.

152

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

El procedimiento en cuestión debe sumarse al análisis y la evaluación del impacto o la validación de la respuesta que permita identificar las cadenas de valor generadas por la acción innovadora del crimen organizado. Implica también hablar de los medios de obtención de información en bruto, y de los métodos de procesamiento que posibilitan su valoración, antes de entregar los nuevos conocimientos sobre la criminalidad organizada a las autoridades u organismos de control especializados de los que disponga el Estado o gobierno de turno. La inteligencia, que se articula a través de un conjunto de fases (gráfico 2),

reflejará la aplicación de una variedad de técnicas y metodologías para el análisis de la información, así como la retroalimentación, difusión y contrastación.

Utilizará razonamientos deductivos e inductivos, insertará complejos mecanismos telemáticos y elaborará mapas conceptuales para acreditar o negar hipótesis, sin dejar de considerar el empleo de modelos de simulación matemática y el análisis con escenarios que inserten regresiones multivariable. Gráfico 2. Ciclo de inteligencia criminal y su relación estratégica Redes y fuemes

de mformación

F

338

a

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Asistimos, por tanto, a un cambio de mentalidad sobre el rol de la seguridad pública, que abre paso a un modelo prospectivo de estrategia, en el que se focaliza el esfuerzo de las instituciones, no tanto en restituir derechos como en impedir que se produzcan conductas criminales. El modelo anticipatorio supone interiorizar una nueva visión, centrada en la valoración y gestión específica de la amenaza criminal. Esta, por sí misma,

está constituida por elementos, factores o conductas que pueden derivar en daño y responsabilidad penal, mediante la combinación de actividades lícitas e ilícitas vinculadas al desempeño, el funcionamiento y los objetivos de la estructura criminal. Por ello, parece más acertado en este ámbito apuntar a una redefinición del modelo de seguridad y de lucha contra el delito, para

que el resultante sea una combinación efectiva y útil de las iniciativas reactivas y preventivas, como defienden algunos autores: un cambio absoluto

de paradigma (Antón Mellón, Miratvillas y Serra del Pino, 2012).

La idea general consistiría en que los integrantes de la estructura de se-

guridad gubernamental abandonen los ataques aleatorios reactivos y adopten una perspectiva de planificación estratégica, para potenciar el impacto

de cada operación en la lucha contra el entramado delictivo organizado (Felbab-Brown, 2013). Ese enfoque de actuación se verá reforzado con el conocimiento criminológico cuantitativo, debidamente procesado y transformado en inteligencia criminal, para prevenir de alguna forma la crimi-

nalidad organizada (Garzón, 2014). Recapitulando, la constatación de la resistencia e incluso resiliencia de

la criminalidad organizada, traducidas en la incoporación de importantes cambios tanto en la forma de ejecución del delito como en su ocultamiento, invita a una reflexión sobre los desafíos abiertos en la esfera de la inteligencia y la seguridad, protagonizados por una cada vez más perfeccionada y mejor organizada forma de delincuencia transnacional. Ello ha terminado por incentivar la especialización de los instrumentos contra

el crimen organizado. Esta, a su vez, demanda superar los instrumentos tradicionales, eminentemente represivos, que han perdido en muchos as-

pectos eficacia operativa y, a todas luces, resultan insuficientes. En su lugar, se Optaría por respuestas innovadoras, transversales e integradoras como la inteligencia estratégica.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

6.2. Criminología e inteligencia: avances cognitivos A priori, puede parecer que la Criminología resulta ajena a los estudios tradicionales sobre inteligencia. No obstante, esta ciencia empírica e interdisciplinaria puede aportar elementos cognitivos y metodologías valiosas para analizar la criminalidad

organizada,

en tanto representa

uno de sus objetos de estudio, como advertíamos en páginas preceden-

tes. La Criminología, por tanto, ayuda a dilucidar aspectos y variables

que pueden permanecer ocultos en una aproximación lineal, cuya falta de apreciación contribuye a introducir sesgos en los esfuerzos de explicación, análisis e interpretación de la realidad (Pulido y Sansó-Rubert, 2014).

La criminalidad organizada transnacional es un fenómeno interdependiente en muchos contextos. Sin embargo, no todos los ambientes y cir-

cunstancias la hacen posible o la potencian en la misma medida, porque cada entorno y momento pueden modular su desarrollo, generando pautas y expresiones específicas y variadas (De La Corte, 2013). Por ello, la inclusión de la Criminología en el estudio de esta amenaza híbrida, bajo el halo de la inteligencia, empieza a cobrar relevancia.

La Criminología facilita a la inteligencia estratégica y criminal el conocimiento científico indispensable para los análisis destinados a que los consumidores —sean estos decisores políticos o responsables de los organismos estatales encargados de la persecución de la delincuencia— tengan suficientes elementos de juicio y criterios para adoptar respuestas adecuadas, de carácer preventivo o reactivo. Así, se reducen los riesgos y la contingencia inherentes a toda acción o decisión para implementar políticas criminales y de seguridad eficientes, al tiempo que se pueden contrastar las medidas adoptadas respecto a los programas o planes tomados con anterioridad. Mediante el ejercicio analítico y comparativo sobre la gestión gubernamental del Estado, podemos vislumbrar cómo determinadas decisiones sobre el manejo de lo público (recursos, bienes y servicios) permiten, fa-

cilitan o limitan las operaciones y el funcionamiento de organizaciones al margen de la ley, de tal forma que se pueden establecer las implicaciones de las decisiones y de los esquemas preventivos para evitar el fortalecimiento

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involuntario del crimen organizado. En definitiva, es necesario conocer qué ha sucedido en el escenario criminal, qué está sucediendo y por qué, y qué es lo más probable que suceda en el futuro, mediante ejercicios prospectivos que son utilizados con frecuencia en el proceso o ciclo de inteligencia.

La aportación criminológica, pilar fundamental en la elaboración de

inteligencia criminal, obedece a que la Criminología comparte parcialmente su objeto de estudio (el delito, el delincuente y el control social) con los ejes fundamentales de esa disciplina. Ello permite adquirir un pro-

fundo conocimiento sobre la etiología de la delincuencia organizada, así como su fenomenología, lógicas y estrategias. Los estudios criminológicos,

en general, y sobre el crimen organizado, en particular, constituyen un cuerpo de conocimiento de notable valor para la elaboración de inteligencia estratégica y criminal. Resultan aplicables a tres tipos de inteligencia: la básica, caracterizada por su generalidad y relativa permanencia; la actual, que trata de mantener al día a la básica, con nuevos datos, y responder de

modo rápido y preciso a una petición de información sobre una cuestión de actualidad o hechos concretos y la estimativa, destinada a determinar, ante una situación concreta y a petición del consumidor, la posible evolución y las variables de actuación de los elementos involucrados en ella, a partir de los datos de que se disponga (Navarro, 2004). El análisis criminológico, por tanto, enriquece el desarrollo de la inteligencia en todos los niveles e, incluso, en atención al desarrollo de la

prognosis criminal, al formular diagnósticos y pronósticos sobre el comportamiento futuro y la peligrosidad del autor del delito. Suministra per se un conocimiento especializado y estructurado sobre el hecho criminal. Constituye un importante multiplicador de conocimiento y, en última instancia, su carácter multidisciplinar confiere a los productos académicos un valor añadido, además de contribuir decididamente a la configuración de una doctrina de inteligencia.

La doctrina puede ser entendida como un conjunto de normas, procedimientos y un lenguaje común que posibiliten la producción y el análisis profundo de documentos de inteligencia estandarizados. Se trata de un cuerpo doctrinario en materia de inteligencia, común a todas las instituciones que participan en la lucha contra la criminalidad organizada y que

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

recurren a la inteligencia como herramienta habilitante e integradora de un

verdadero sistema de inteligencia estratégica.

El debate sobre el desarrollo de la inteligencia aplicada al análisis fenomenología criminal, más allá de las disquisiciones conceptuales deberán ser superadas para avanzar en el desarrollo teórico-práctico materia, comienza paulatinamente a abrirse hacia nuevas inquietudes

de la que de la epis-

temológicas y prácticas. ¿Quién, cómo, cuándo, para qué, con qué y qué límites? son interrogantes que permitirán trazar los lineamientos maestros

de una futura doctrina sólida, que posibilite articular modelos. La Criminología tiene mucho que aportar a ese proceso, como disciplina avezada en la investigación de temas sensibles de seguridad (Díaz, 2019).

En la construcción epistémica, resulta indispensable establecer una metodología común, prácticas y procedimientos estandarizados de elaboración de productos, un glosario de términos técnicos compartidos a través del lenguaje común, equipos multidisciplinares e interagencias y enseñanza académica como parte de la institucionalización de la inteligencia. En ese sentido, resultan fundamentales para los avances cognitivos de la inteligencia la regulación de los diversos aspectos que engloban el proceso de su elaboración (el planeamiento, la obtención, evaluación, análisis y difusión) así como la creación de controles y límites compartidos, a través

de un órgano directivo nacional que asuma responsabilidades de control y buenas prácticas éticas en los distintos niveles (Ugarte, 2011; Rivera, 2011; Sansó-Rubert, 2012b).

A su vez, entre todos los factores que condicionan la evolución presente y futura de la fenomenología delictiva, destaca el componente tecnológico.

Tal y como plantean Schmidt y Cohen (2014), nos dirigimos hacia un futuro digital, que afectará diametralmente las áreas clave de la seguridad.

Condicionará el futuro de la aplicación práctica de las capacidades de inteligencia criminal, por su creciente informatización y el empleo de soft-

wares sofisticados, técnicas de minería de datos, explotación de la Internet

profunda y configuración de una nueva privacidad, que planteará multitud de cuestiones legales y éticas, y la consiguiente respuesta institucional.

En consecuencia, la adaptabilidad criminal tiene como requisito mínimo la adaptación de los instrumentos disponibles para garantizar la segu-

ridad, implementando medios y capacidades en inteligencia estratégica y

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criminal. En esa transformación, la Criminología participa activamente, debido a su interés y capacidad para estudiar todo tipo de fenomenologías y escenarios proclives a la manifestación delictiva, como atestiguan estudios criminológicos cada vez más sólidos sobre la delincuencia en el ciberespacio (Miró Llinares, 2012).

Desde una aproximación crítica, la Criminología, como ciencia inter-

disciplinar, persigue incidir en las causas previamente identificadas que favorecen la delincuencia organizada transnacional. Una Criminología aplicada aspira a dar respuestas útiles, que sirvan para contrarrestar las manifestaciones criminógenas organizadas. Se presenta como una disciplina

central e importante para formular explicaciones, posibles soluciones de

inteligencia y recomendaciones eficaces a la hora de prevenir o reducir la criminalidad. Las formas en que la investigación criminológica sirve a las necesidades de la inteligencia estratégica incluyen la función de investigar todo lo relacionado con la criminalidad, para desarrollar políticas de prevención de la delincuencia, ahorrando así fondos públicos y privados que se gastan en vigilar, detener, procesar y encarcelar (Sherman et al., 1998). Prevenir la delincuencia no solo significa ahorrar, sino también reducir los efectos no-

civos aparejados. En años recientes, la prevención ha cobrado cada vez más importancia en los estudios de Criminología, influenciada por el desarrollo de modelos teóricos de prevención situacional, la aplicabilidad de modelos

epidemiológicos y el desarrollo de la geopolítica criminal. De igual forma, la Criminología facilita metodologías para evaluar el impacto de las medidas y estrategias, adoptadas a través de la formulación de indicadores de calidad (Barberet, 1999).

La Criminología, junto a los análisis de inteligencia, enmarcan investi-

gaciones sobre cómo minimizar los daños y reducir las pérdidas inherentes

a la lucha contra la criminalidad organizada. Aunque, en algunos casos, la

investigación criminológica no dispone aún de teorías avaladas por la co-

munidad académica para ciertas circunstancias o manifestaciones crimina-

les, es cuestión de tiempo y practicidad apoyar con medios y capacidades a una disciplina ¿vida de conocimiento. En ese sentido, resulta indispensable avanzar en los nexos y contribuciones metodológicas entre la Criminología y la esfera de la inteligencia criminal.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

La teoría criminológica estimula y refleja la investigación empírica so-

bre el crimen organizado. De ahí que la pregunta clave sea cómo facilitar la conexión entre investigación criminológica e inteligencia criminal porque los criminólogos están insatisfechos con el grado de influencia conseguido. La conexión entre investigación empírica e implementación de inteligencia criminal sigue siendo insuficiente. Necesita ser fomentada desde todos los ámbitos: el de los criminólogos, el de los responsables políticos y el de los operadores de inteligencia (Blumstein, 1998; Goldstein, 1990;

Petersilia, 1991). La apuesta decidida por la inteligencia criminal, apoyada por la Criminología, no puede quedar relegada a una mera declaración de intenciones, recogida en una suerte de documentos estratégicos. El desarrollo y la implementación de una inteligencia criminal, en el siglo XXI, transita por cuestiones criminológicamente relevantes, tales como

su papel en la aplicación de la ley; cuestiones en torno a su explotación; el desarrollo y la aplicación de nuevas metodologías, técnicas y modelos; la articulación de redes y flexibilización de estructuras; la creación de una comunidad

o subcomunidad

de operadores de inteligencia criminal, así

como la ampliación de los posibles escenarios de explotación de esa herramienta de análisis y conocimiento: prisiones, apoyo a la adopción y planificación de acciones focalizadas y de interrupción selectiva, comprensión de las subculturas delictivas y estudios de antropología criminal social y cultural (Sansó-Rubert, 2015).

En definitiva, cabe destacar la capacidad potencial de aportación de la Criminología como disciplina científica intelectualmente seria y no solo profesionalmente respetable (Taylor, Walton y Young, 2007). Resulta útil para satisfacer las crecientes necesidades analíticas de una rama de la inteligencia, la criminal, poco valorada e implementada.

6.3. Inteligencia criminal: una elección en clave de seguridad Una breve revisión histórica nos dice que, a partir de los años 60 y 70 del siglo XX, la paulatina superación del conflicto Este-Oeste supuso el abandono, por parte de las Policías estatales, de los objetivos y adversarios políticos e ideológicos. En ese proceso, los esfuerzos policiales en la

transición política y económica centraron sus intereses institucionales en

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el aparecimiento de nuevos actores, nucleados en redes de delincuencia organizada y organizaciones terroristas.

Ambas amenazas fueron objeto de atención paulatina de la inteligencia policial, en virtud del tradicional deber policial de salvaguardar la seguridad interior de los Estados. En esa precisa coyuntura, debemos ubicar el surgimiento

de la inteligencia criminal,

tal

y como

la entendemos

a

principios del siglo XXI. Durante el largo proceso de constitución y especialización en el ámbito de la seguridad, la inteligencia criminal irá creando subespecializaciones en función de áreas geográficas, actividades delictivas, modalidades comisivas u otras circunstancias de interés geopolítico y geoeconómico. Se ampliará disciplinariamente mediante el análisis de subculturas delictivas, incorporará nuevas tecnologías, estudiará el ámbito peni-

tenciario, elaborará tipologías de nexos, vínculos y redes con la política, y

delimitará metodologías, habida cuenta de la complejidad del fenómeno delincuencial.

El proceso de desarrollo profesional de la inteligencia criminal no ha estado exento de problemas teóricos y metodológicos, sumados a su condición de objeto opaco y esquivo de estudio, que requiere ser diseccionado en áreas del saber multidisciplinario, para abarcarlo adecuadamente.

De

esa manera, se abre la posibilidad de obtener conocimiento empíricamente contrastado, que luego pueda ser analizado en conjunto y auspicie la aprehensión de la panorámica criminal con pretensiones holísticas. En el trancurso de su desarrollo disciplinario, existen diferentes documentos relevantes, que contribuyen a categorizar la inteligencia criminal,

al menos en parte. En el Glosario de Inteligencia editado por el Ministerio de Defensa Español (Esteban Navarro, 2007) aparece una definición que no favorece su adecuada comprensión. Por el contrario, genera confusión, al definir la inteligencia criminal como un “tipo de inteligencia llevada a cabo por los servicios de información policiales para resolver delitos y luchar contra el crimen organizado”. A lo que añade, “la inteligencia criminal

se caracteriza,

al mismo

tiempo,

por tener un carácter preventivo

de actividades delictivas y por complementar la acción judicial represiva mediante la aportación de pruebas en la puesta del delincuente ante la justicia” (Esteban Navarro, 2007, p. 85). Es una aproximación errática, pues ofrece una visión con tintes marcadamente penalistas, en los que pre-

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domina la figura del delito y su persecución. De hecho, la inteligencia criminal se caracteriza por estar abstraída de la esfera penal y punitiva. No se conduce ni establece sus prioridades y objetivos en virtud de la tipología o volumen de los hechos delictivos. Responde a los intereses y fines estipulados previamente por el decisor, sea quien sea. A su vez, el Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad (Díaz Fernán-

dez, 2013, p. 164), la define como

el tipo de inteligencia que realizan los servicios de información policiales y cuyo fin es analizar e investigar tanto la criminalidad organizada, como aquellas otras formas delictivas cuya complejidad y gravedad impiden su eficaz prevención mediante una investigación policial, fiscal o judicial del caso concreto. También se ocupa del análisis estratégico de tendencias y amenazas en materia delictiva, con el propósito de producir conocimiento, que fundamente la adopción de políticas de seguridad pública dirigidas a la resolución de problemas criminales [...] En el plano estratégico, se dirige a la definición de los objetivos de la organización policial, y al establecimiento de la política y planes generales para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales y la prevención de formas delictivas complejas. En el plano táctico, su propósito último es ayudar a la planificación y el diseño de las acciones concretas necesarias para enfrentar las amenazas criminales.

Esa acepción tampoco ayuda a su esclarecimiento. Sin lugar a duda, la inteligencia criminal es un instrumento útil para ayudar a definir los objetivos en la lucha contra la delincuencia organizada y establecer la política y los planes para ello. Permite identificar y comprender los elementos y factores favorecedores de la eclosión y expansión de la criminalidad organizada, al prestar atención a la aparición de indicios y a la evolución de indicadores de riesgo, con el fin de lograr la detección temprana, antes de su materialización en amenazas. También favorece el descubrimiento y la identificación de todo aquello que pueda significar una oportunidad de éxito, entendida como ventanas de oportunidad y brechas sistémicas para la delincuencia organizada. La materia objeto de la inteligencia criminal se enfoca sobre el *“problema criminal” o “ambiente criminal”, definido como una realidad per-

manente, dinámica y cambiante en cuanto a su forma, composición y ta-

maño, sobre la cual es posible actuar e influir. Abarca una pluralidad de

dimensiones, que incluye el análisis tanto de grupos u organizaciones del crimen organizado como de un mercado legal o ilegal, un área geográfica

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determinada y las relaciones entre organizaciones criminales y entre estas y los aparatos de gobierno. Se extiende a cualquier otro medio o actividad de interés para la criminalidad organizada, incluyendo sus procesos evolutivos de adaptación al entorno, para mantener la competitividad y la eficacia (Sansó-Rubert, 2008). Por consiguiente, permite no solo una mayor y

mejor aprehensión del fenómeno delictivo organizado, en todo su espectro, sino que, a su vez, proporciona un conocimiento “informado” indispensable para articular todos aquellos recursos imaginables (control social formal: política criminal, de seguridad y defensa, penitenciaria, medidas legislativas, policiales...) en los ámbitos operativo, táctico y estratégico.

El Manual de Inteligencia Criminal de Naciones Unidas señala que este tipo de análisis permite a las autoridades establecer una respuesta proactiva al crimen. Posibilita identificar y entender los grupos criminales que operan en determinadas áreas, determinar tendencias y establecer predicciones, permitiendo manejar recursos y presupuestos para la prevención

del crimen. Es una herramienta para el diseño estratégico de políticas públicas omnicomprensivas,

destinadas a generar respuestas multinivel que

favorezcan la creación de un espacio hostil frente a cualquier tipo de manifestación de criminalidad. Con ello se alcanzan los mayores niveles de seguridad integral posibles. Otro rasgo identificativo de la inteligencia criminal es su carácter de “multinteligencia”. Su confección involucra diversos tipos, además de la in-

teligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés). Entre todas

ellas, destaca por su utilidad la inteligencia de fuentes humanas, porque se elabora a partir de información recogida o suministrada directamente por personas. El concepto de fuente humana alude a proveedores (personas) de muy variada naturaleza; de ahí que la inteligencia criminal cobre especial relevancia sobre los individuos que se dedican a recabar información

mediante medios clandestinos (infiltrados), los informantes o contactos y

colaboradores de diversa naturaleza, y los detenidos y arrepentidos (estos últimos, convenientemente interrogados).

De igual forma, permite analizar la gestión pública del Estado, con el

fin de vislumbrar con la debida anterioridad cómo determinadas decisiones sobre el manejo de lo público, sus recursos, bienes y servicios facilitan las operaciones y el funcionamiento de organizaciones delictivas, evitando

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con ello su fortalecimiento involuntario. La inteligencia criminal per se, a diferencia de la investigación criminal, no realiza penetraciones, vigilancias, seguimientos e infiltraciones, porque su eje central es el análisis del

fenómeno criminal organizado en general.

Durante distingue el la labor del en menor o

el despliegue de sus virtudes analíticas, la inteligencia criminal trabajo de campo del colector de información, con respecto a analista, que permanece distanciado del ámbito operacional, mayor medida. La información que se recolecta a través de

diversos procedimientos (vigilancias, infiltraciones, seguimientos, etcétera)

puede tener una doble finalidad. Por un lado, constituir indicios y pruebas para descubrir los elementos integrantes del hecho criminal, para su enjuiciamiento (esto es, investigación criminal o investigación del delito,

también identificadas como labores de la Policía Judicial). Por otro, proveer informaciones sobre el fenómeno criminal, que empleará el analista de inteligencia en la elaboración del producto. A diferencia del analista de inteligencia, el investigador policial participa personalmente en todo el proceso. Se involucra de manera directa en la recolección de informaciones empleando las técnicas pertinentes y, a su vez, las analiza con la finalidad de determinar su carga indiciaria o probatoria. Recogerá todo ello en su análisis, el cual tendrá como destinatarios a los jueces y fiscales encargados de impartir justicia en el debido proceso. Reúne o asegura los elementos de convicción y evita la fuga u el ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las formalidades previstas en los respectivos códigos penales y procesales. Aplica todos los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias respecto

de los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables, conforme a lo dispuesto en los códigos procesales oportunos. En palabras de Berkowitz (2003), pese a aparentes similitudes, el trabajo policial y el de inteligencia tienen grandes diferencias. Una de ellas es su objetivo: el primero se apega a un fin legal probatorio del delito, mientras que el segundo se dirige a informar a los oficiales y líderes militares. Otra diferencia es el momento en que cada uno tiene lugar. El trabajo policial se desarrolla luego de que se comete un crimen y el de inteligencia, se espera que antes de una crisis como labor preventiva. Por tanto, el trabajo de inteligencia corre contra el reloj y, en momentos críticos, los oficiales deben

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tomar decisiones con la información de que dispongan, así sea ambigua. Añade el autor que la mayor diferencia, importante en todas las controversias actuales, es que las agencias de inteligencia tienen que lidiar con oponentes que toman contramedidas. De hecho, por lo general, cuanto más tiempo se recopila información contra un objetivo, mejor se hace ese objetivo en la evasión. Lo mismo sucede con otros objetivos potenciales, que son

libres de observar (Berkowitz, 2003P?.

Por otra parte, la naturaleza preventiva de la inteligencia criminal hace

que su actividad sea permanente. No reacciona ante la comisión de un delito (notitia criminis), como acontece con la investigación criminal, sino

que opera en un continuum sobre toda persona, actividad u organización que pueda parecer sospechosa de constituirse en una amenaza o implique un riesgo para la seguridad. Por consiguiente, la inteligencia no persigue la resolución de un hecho delictivo y no opera en el ámbito de los tipos penales, sino en la esfera de las situaciones predelictuales. Intenta aportar conocimientos para anticiparse y permitir a las autoridades neutralizar o disuadir las amenazas, riesgos y conflictos, para potenciar el carácter pre-

ventivo.

La investigación criminal o policial actúa de forma reactiva, ya que interviene después de un hecho delictivo específico, para identificar a sus autores y aportar las pruebas legales que posibiliten su procesamiento penal. Esto no impide que, llegado el caso, al análisis de inteligencia y sus

técnicas les resulten de utilidad para la consecución de objetivos o que el producto del análisis de inteligencia sea objeto de empleo probatorio en el contexto judicial. Surge en esos casos la dicotomía sobre los pros y contras de su judicialización: la prueba pericial de inteligencia. Esa opción despierta una ardua polémica doctrinal y conceptual, irresuelta al menos por el momento (Guerrero Palomares, 2011; Sansó-Rubert, 2006; RodríguezMagariños, 2008; Sáez-Valcárcel, 2008; Castillejo, 2011).

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Traducción del original en inglés. “But the biggest difference —important in all the current controversies— is that intelligence agencies have to deal with opponents who take countermeasures. Indeed, usually the longer one collects information against a target, the better the target becomes at evasion. So do other potential targets, who are

free to watch” (Berkowitz, 2003).

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La motivación de emplear la inteligencia como una prueba procesal debe entenderse en términos de excepcionalidad o ultima ratio. El fin último de la inteligencia, en general, y de la inteligencia criminal, en particular, no es su judicialización porque se fundamenta en las dificultades de

aprehensión inherentes al fenómeno de la criminalidad organizada. Estas

conducen en ocasiones a la búsqueda de pruebas de cargo suficientes para dictar una sentencia condenatoria sobre hechos delictivos cuya demostración probatoria presenta un importante grado de dificultad y diferentes razones de peso para el empleo, en el ámbito jurisdiccional, del producto de inteligencia criminal, transformado al efecto en la prueba pericial de inteligencia (Guerrero Palomares, 2011).

En ese proceso se da una relación bidireccional entre ambas herramientas de lucha contra la criminalidad: las averiguaciones obtenidas en el contexto de la investigación policial o criminal, y los productos del análisis criminal, que pueden incorporarse como insumos en el análisis de inteligencia. De hecho, la inteligencia criminal como producto y sus metodologías de obtención pueden emplearse como recursos de apoyo a la investigación policial. Es importante señalar que ciertos procedimientos o técnicas de análisis pueden responder a diferentes objetivos: consecución de inteligencia o investigación del delito. Esto se produce porque la fase de recolección de información para elaborar inteligencia criminal y la fase de recolección de información, indicios y pruebas de la investigación policial o criminal, en no pocas ocasiones, discurren de forma simultánea y con los mismos objetivos, pero con utilidades y fines bien diferenciados. En la práctica diaria, las fases del ciclo de inteligencia no son estancas

ni se agotan en sí mismas. Entre un paso y otro del proceso, hay vasos comunicantes. Sus acciones se repiten, su dirección no es tan lineal como podría parecer inicialmente, sus actividades se producen de forma interre-

lacionada e incluso de forma simultánea. Rompen el orden convencional prefijado, yendo constante e indistintamente hacia adelante y hacia atrás, describiendo un movimiento pendular y de retroalimentación continua. Esto es así porque lo habitual es que la entrada de datos se produzca de modo incesante, que el usuario cambie a mitad del proceso sus demandas o solicite más inteligencia, que el análisis de la información demande nuevas

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búsquedas, que la aparición de un dato nuevo replantee un análisis provisional e incluso uno definitivo, que la urgencia de un nuevo asunto exija que información en bruto de gran interés se difunda a los responsables sin tener apenas tiempo ni datos para realizar un análisis definitivo (Carvalho y Esteban, 2012, pp. 161-168). Por eso, cabe replantarse si este modelo de obtención de inteligencia es

el más apropiado o si, por el contrario, otros como el modelo de la inteligencia centrada en el objetivo (Clark, 2013) resultan de mejor aplicación para el desarrollo de inteligencia sobre la criminalidad organizada. Esto,

porque la retroalimentación continua de la inteligencia criminal aplicando

el ciclo de inteligencia genera confusión sobre el momento exacto del ciclo;

si estamos en la fase de elaboración de inteligencia o si, por el contrario, nos encontramos atrapados en una perpetua fase de recolección de infor-

mación, simultánea a consecutivas investigaciones criminales. La afluencia continua de nuevos datos fruto de la comisión de delitos genera la imagen errónea de que siempre se llega tarde, lo que convierte en infructuoso cual.

quier esfuerzo por elaborar inteligencia criminal.

Ese modelo de análisis centrado en el objetivo entiende la producción de inteligencia como un proceso cooperativo en red, en el que se construye colectivamente un repositorio y en el que todos los participantes pueden obtener los insumos necesarios para sus trabajos, así como contribuir con sus propios recursos y conocimientos (Clark, 2013). Recordando la diversidad de organismos productores de inteligencia criminal de diferente naturaleza, esa metodología enriquecería el producto de inteligencia criminal, desde una perspectiva holística y multidisciplinar. La interpretación holística simboliza el reconocimiento de que los objetivos de inteligencia son tan complejos y multidimensionales como la misma realidad (Carvalho y Esteban, 2012, p. 92).

El proceso de inteligencia centrado en el objetivo se describe de la si-

guiente forma. Los usuarios que tienen problemas operacionales consultan

en el repositorio el estado actual del conocimiento sobre un objetivo (por ejemplo, una organización criminal dedicada al narcotráfico transnacional)

e identifican sus necesidades de información. Los analistas de inteligencia, trabajando junto a los colectores de información, traducen las necesidades en lagunas de conocimiento y requerimientos de información. Los colec-

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

tores obtienen la información demandada y la incorporan al repositorio compartido sobre el objetivo. Los analistas extraen la inteligencia utilizable y la proveen a los usuarios. Estos últimos pueden sumar sus propias aportaciones sobre el objetivo al repositorio, o bien insertar nuevas necesidades

de información (Clark, 2013).

Esa perspectiva de análisis enfatiza el intercambio de información y

de experiencia, requisito sine qua non para enfrentar con éxito el crimen

organizado, guste o no entre los diversos actores involucrados en la generación de inteligencia. Por tanto, ayuda a superar las barreras existentes y a estimular la interacción entre ellos. Por ser más interactiva, la perspectiva

centrada en el objetivo de inteligencia permite manejar mejor problemas complejos como la criminalidad organizada, entendiendo por objetivo la multitud de aspectos que abarca dicho fenómeno. La complejidad de los objetivos de inteligencia criminal, principalmente las organizaciones criminales, los mercados ilegales y las actividades ilí-

citas, amplía la interdependencia entre los organismos de seguridad y su necesidad de colaboración fluida. La producción de inteligencia criminal debe entenderse como un proceso productivo en red, en términos cooperativos, en el cual participan activamente los diversos actores involucrados,

incluidos los usuarios. Como todos los participantes intercambian conocimiento, desarrollan conjuntamente una mayor capacidad de identificar posibles lagunas, además de obtener una mayor y más profunda comprensión del objetivo de inteligencia y de los temas relacionados. Dado que el usuario participa en el proceso, existe una mayor probabilidad de que utilice los resultados. La clave del éxito reside en avanzar en dos líneas complementarias y simultáneas: la comprensión de un fenómeno, al mismo tiempo que se interactúa con él, mediante intervenciones que lo afectan directamente o que modifican su entorno.

Esto es, la combinación

de la inteligencia

criminal con operaciones de neutralización de naturaleza policial (investi-

gación criminal) o militar, bajo el prisma del modelo de inteligencia por

objetivos. Una compleja articulación difícilmente delimitable, al menos por el momento.

En todo caso, simplificando, la inteligencia criminal puede ser con-

siderada como el complejo proceso de comprender el significado de la

Crimen organizado y seguridad multidimensional

167

información disponible. Se trata de determinar unos hechos, comprenderlos y luego desarrollar inferencias mediante hipótesis, estimaciones, conclusiones o predicciones precisas, fiables y válidas, para su empleo en un proceso de toma de decisiones o de planeamiento. El proceso se caracteriza por un corpus teórico, estándares metodológicos, herramientas de recolección y procesamiento de datos, con base en razonamientos y apreciaciones lógicas para la construcción de hipótesis, la búsqueda de evidencias, la fundamentación de inferencias —afirmaciones que antes han tenido el carácter de presunciones o hipótesis— y el establecimiento de unas conclusiones. Así, cuando el analista cumple bien su tarea, se transforma en un ge-

nerador de conocimiento fundado o “informado”. A través de su pericia y del proceso técnico de gestión del conocimiento, añade un valor agregado

o producto de inteligencia criminal, clave para informar los procesos de elaboración de política criminal y de seguridad (Tudela, 2014).

El proceso descrito implicaría las siguientes fases: e

Identificación del problema (diagnóstico);

e

Recopilación y gestión de los datos (búsqueda de información, que permita identificar y caracterizar un problema en un área determinada);

e

Identificación de asociaciones o vínculos y patrones, examen de los datos para comprobar la o las hipótesis planteadas (análisis de la situación, orientado a la elaboración de un plan de acción);

e e e

Inferencias y conclusiones (diseño y elaboración de una respuesta-

solución);

Diseminación de la información (publicitación de las iniciativas de

política criminal);

Desarrollo e implementación de la estrategia (aplicación de la polí-

tica criminal);

e

Evaluación de las acciones materializadas y retroalimentación con

e

Transformación de la evaluación en información útil y conocimiento aplicado (reorientación para el logro de buenos resultados) y

base en los resultados y efectos derivados (revisión de los resultados);

168

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

e

Validación de la respuesta (análisis del impacto-evaluación), que permita identificar el valor agregado añadido, tras la acción innovadora de reorientación o su fracaso, para que no se replique.

Cabe matizar el carácter híbrido la inteligencia criminal (preventivo-

reactivo) porque, si bien es indiscutible su naturaleza preventiva (antes de que el delito suceda), también lo es su dependencia informativa de los hechos delictivos efectivamente producidos y de los que la Policía obtiene datos. Desde ese enfoque, la inteligencia policial criminal está supeditada mediante una vinculación estrecha con las estadísticas policiales, los análisis criminales, los mapas del delito, así como otros instrumentos de medición. Para su articulación, deberá absorber toda esa nutrida información

que, a la postre, le aporta en gran medida la investigación policial.

Desde la perspectiva táctica y operacional, la inteligencia híbrida tiene una base de racionalización de medios, capacidades y esfuerzos, a través de un nuevo planteamiento o construcción metodológica de las operaciones, basado en el origen de la inteligencia criminal (Sansó-Rubert, 2014). En ese sentido, se modifica la óptica en el planeamiento operativo que impera en la actualidad, basado en operaciones individuales. Á este le sucede un

planteamiento de construcción de operaciones más grandes, que se retroalimentan entre sí, en función del surgimiento de indicios en cada una de ellas. La modificación en el planeamiento operativo de inteligencia repercute en la coordinación interna de cada agencia, puesto que no se consideraría una delimitación

funcional,

competencial y estructural de cada una de

ellas, sino que el escenario de actuación se convertiría en conjunto, combinado y multiespacial (Sullivan, 2016). En la actualidad, las operaciones contra amenazas transnacionales con componentes híbridos implican una mayor complejidad en cuanto al establecimiento de políticas cooperativas

y de coordinación entre servicios de inteligencia y, en líneas generales, en-

tre las instituciones de seguridad de los Estados.

Es importante hacer hincapié en que el proceso proactivo y continuo

de producción de inteligencia favorece la adaptación de las estructuras de seguridad a los cambios del entorno en el que deben operar. Facilita así anticipar la aparición de fenómenos delictivos, reduciendo riesgos e incertidumbres. Estar bien informado significa mucho más que tener una

Crimen organizado y seguridad multidimensional

169

cantidad significativa de informaciones. La ventaja proporcionada por la inteligencia no debe cimentarse solo en la cantidad de información obtenible, sino en su calidad de cara al análisis, la discriminación y la evaluación, con la finalidad de elaborar el mejor producto posible, en función de la

accesibilidad de medios.

Se trata de mantener el éxito en la dialéctica entre sobreabundancia de información y su pertinencia, garantizando siempre el concepto de actualidad informativa, para no caer en la denominada OBE (Overtaken by Events) o desfase de la información (Lang, 2004), en el marco de una

seguridad preventiva ante delictum (Montero, 2006). Por ello, la inteligencia criminal no consiste en la elaboración de ingentes bases de datos de utilidad policial, aunque pueda nutrirse de estas para la elaboración del producto. La inteligencia criminal ostenta suficiente entidad para defender su plena autonomía conceptual. Por definición, no está sujeta

a un ente en

particular, sino que, en función de circunstancias de diversa índole (administrativas y políticas o coyunturales) puede residenciarse bien en servicios

de inteligencia, bien en unidades policiales e, incluso, en organismos mili-

tares. Es necesario recalcar que la propia naturaleza transversal del crimen organizado hace que las competencias orgánicas de los servicios de inteligencia y seguridad, divididos en interior y exterior, carezca absolutamente de sentido. Esto se refleja en la creciente creación o adaptación de agencias, servicios, unidades y estructuras de elaboración, gestión e intercambio de inteligencia criminal, nacionales y supranacionales, formales e informales.

Ejemplos de lo dicho los tenemos en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado español (CICO), transformado en 2014 en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); la

Serious Organised Crime Agency (SOCA), transformada en 2013 en la Vational Criminal Agency (NCA) británica; el Criminal Intelligence Service of Canada (CISC); la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) colom-

biana; las norteamericanas International Organized Crime Intelligence and

Operations Center (1OC-2),

The Organized Crime Drug Enforcement Task

Force Fusion Center, El Paso Intelligence Center, the Bulk Cash Smugeling Center, the National Export Enforcement Coordination Center, the EPIC Border Intelligence Fusion Section y The Cyber Crimes Center; la Oficina Euro-

170

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

pea de Policía (FEUROPOL), la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), citando las siglas más reconocidas.

Resulta obligado diferenciar la inteligencia criminal de la aplicación de las capacidades de inteligencia a la gestión policial: el Intelligence Led Policing. Ese modelo de gestión, reconocido internacionalmente, consiste en

una filosofía de trabajo articulada a través de un modelo de gestión policial basado en la inteligencia, ideado no solo para optimizar la organización, la comunicación y los procesos internos en la prestación del servicio, sino, además, para alcanzar las mayores cuotas de eficiencia y eficacia posibles en la práctica de la función policial, a la par de maximizar el empleo de los recursos y las capacidades disponibles (Baker, 2009; Ratcliffe, 2009b).

Se fundamenta en la recopilación de información de interés policial, sobre todo delitos, para su posterior análisis con los mismos parámetros empleados para la elaboración de inteligencia. El análisis criminal comprende técnicas y procedimientos empleados para estudiar el crimen, con la finalidad de proveer a las instancias policiales información útil, destinada a favorecer

el conocimiento sobre el medio criminal: ordenar la información dispersa sobre el delito, identificar zonas de riesgo delictivo, modus operandi, nuevas manifestaciones delictivas, vulnerabilidades del sistema ante el delito, obtención de patrones delictivos, evolución de la fenomenología delictiva,

etc. (Ratcliffe, 2009b).

Todo ello a partir del estudio simultáneo del delito de forma individualizada, de la casuística criminal y de las comparaciones de diferente naturaleza: geográfica, temporal, estadística, etc. En definitiva, se trata de conocer el delito y el medio en el que este se reproduce, sus principales características, manifestaciones y efectos. Con ese objetivo, se sirve de diferentes técnicas y procedimientos, como la integración de datos, el análisis cualitativo, la investigación en la resolución de problemas, la creación e interpretación de estadísticas, el análisis temporal, los análisis demográficos,

la elaboración de mapas del delito, la minería de datos y diversas metodo-

logías de medición (Baker, 2009). Su finalidad radica en facilitar al decisor (sea este un mando policial o un político) un conocimiento informado útil

para mejorar la gestión y planificación estratégica.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

171

Se incluye también en el análisis criminal la detección de carencias informativas, la valoración del impacto de las operaciones de seguridad efectuadas, la identificación de tendencias, sujetos y áreas críticas o emergentes

en la perpetración del delito o en la manifestación de desorden público, así como otras necesidades logísticas para adaptar las estructuras policiales a las continuas transformaciones operadas en el entorno en el que deben desarrollar su actividad, reduciendo riesgos e incertidumbres, que lastren la capacidad de respuesta institucional.

6.4. Los despliegues virtuosos de la inteligencia criminal La revisión bibliográfica y doctrinal sobre la inteligencia y sus utilidades muestra un elevado estado de confusión conceptual e imprecisión terminológica. Se da no solo entre las acepciones de inteligencia policial, criminal e incluso inteligencia de seguridad pública, sino en otras disciplinas versadas en el estudio del hecho criminal, como la investigación criminal,

la Criminología, la Criminalística, la estadística criminal, la fenomenología delictiva y toda suerte de metodologías e instrumentos válidos para generar conocimiento empírico sobre el fenómeno delictivo, el medio en el que este se reproduce, sus principales características, manifestaciones y

efectos. El conocimiento generado mediante estas técnicas y disciplinas no debe confundirse con inteligencia. No se ha obtenido mediante la aplicación de procesos de elaboración de inteligencia y su objetivo último no va más allá de profundizar el entendimiento del hecho criminal, por lo que carece del resto de interrelaciones que cabría esperar de un producto de inteligencia, sin perjuicio de su empleo como insumo. Con la intención de clarificar el galimatías conceptual imperante, habida cuenta de la imprecisión de las definiciones existentes, la inteligencia

criminal estratégica debe entenderse, en último término, como el proceso sistemático de elaboración y difusión del conocimiento útil para el diseño de políticas públicas criminales y de seguridad, así como para la adopción de estrategias de acción contra cualquier tipo de manifestación de criminalidad organizada. Su finalidad es contribuir a optimizar el proceso de toma de decisiones, para favorecer la articulación de respuestas inteligentes, preventivas y proactivas, con el fin de atajar la creciente expansión de la actividad criminal organizada. No solo proporciona conocimiento especializado

172

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

al usuario, sino también un ¿insight específico, que le permite reducir los niveles de incertidumbre (Bartolomé, 2015). Cuando la inteligencia llega tarde, el delito ya se ha cometido, el trabajo ha resultado infructuoso y el

hecho delictivo efectivamente materializado pasa a ser objeto de la investigación criminal. Las afirmaciones

previas, para su mejor

entendimiento,

requieren

un

análisis pormenorizado. La relevancia de la aspiración estratégica de la actividad de inteligencia criminal obedece a tres criterios diferentes, que no son mutuamente excluyentes y, además, suelen presentarse de manera combinada. En primer lugar, cuando su producto se basa en insumos (por lo general, análisis) proporcionados por otros organismos o agencias diferentes a la organización productora de inteligencia criminal, son estos organismos, y no el que produce la inteligencia, los que efectúan las tareas de recolección o reunión, como el primer procesamiento de la información reunida. Existen cada vez más organimos y agencias de fusión de inteligencia criminal, cuya finalidad es producir inteligencia estratégica con la información proporcionada por terceros, dada su carencia de capacidades de obtención. Por ejemplo, EVUROPOL y AMERIPOL. En segundo

lugar, el producto

de la inteligencia criminal estratégica

pretende apuntar al mediano y largo plazos, vinculados con el desarrollo institucional de los Estados y sus planes sociales y económicos. En tercer lugar, la denominación “estratégica” va más allá de los ejercicios de planificación que realizan los gobiernos, al implementar sus planes de política pública, porque la inteligencia criminal apunta a la prevención de posibles

convulsiones y amenazas que puedan generarse de forma sistémica en un entorno interdependiente y complejo. La clave radica en las ventajas que otorga la anticipación estratégica

como medio para ejecutar iniciativas orientadas a afrontar con éxito los derroteros por los que podría transitar el futuro próximo. Esta no solo proporciona capacidades de alerta temprana frente a las aspiraciones criminales, sino también mecanismos para detectar tendencias y determinar indicadores que propician, a su vez, la identificación de señales que adviertan

las transformaciones en los patrones criminales o la aparición de nuevos riesgos y amenazas. Adicionalmente, el estudio del futuro aporta una forma diferente de pensar, basada en la creatividad y el pensamiento crítico,

Crimen organizado y seguridad multidimensional

173

desde una visión no anclada ni al presente ni al pasado (Sansó-Rubert y Blanco Navarro, 2015).

En ese plano, es pertinente favorecer la adopción de decisiones estratégicas en entornos cambiantes, veloces, complejos y llenos de incertidum-

bre. Aportar una visión holística permite precisar una concepción multidisciplinar del fenómeno criminal organizado y configurar un sistema con-

tinuo de seguimiento y evaluación, que permita realizar correcciones sobre

las realidades que se plantean (Blanco Navarro y Jaime, 2014). Por tanto, la anticipación estratégica en clave de inteligencia criminal y prospectiva, definida como el estudio del futuro para poder influir en él, ofrece posibilidades de aplicación a diferentes áreas de conocimiento que, en último término, conducen a eliminar o minimizar los riesgos y las contingencias. Todo

diseño estratégico precisa contar con una visión de futuro, porque

es un input para la elaboración de programas y planes de acción y para la toma de decisiones (Sansó-Rubert y Blanco Navarro, 2015).

Apuntadas estas notas definitorias, una primera aproximación directa al concepto de inteligencia criminal abarcaría el conjunto de capacidades y metodologías de la inteligencia, aplicadas al análisis de las manifestaciones

más peligrosas de la fenomenología criminal organizada. La adjetivación criminal no hay que entenderla peyorativamente, sino como un préstamo lingúístico, de criminal intelligence, cuyo acrónimo es CRIMINT, dado que es la doctrina anglosajona, canadiense y británica (especialmente) la que ha desarrollado en profundidad el concepto. El empleo acotado de las tipologías criminales de especial peligrosidad, alejándose de la delincuencia común, aunque discutible y discutido por la doctrina, deviene de su progresiva evolución y escisión de la inteligencia policial. En su favor, aduciremos

que, debido a la imprecisión inheren-

te al propio concepto de delincuencia Zúñiga, 2009), la inteligencia criminal análisis a aquellas acciones que revisten pecialmente violentas. Estas configuran

organizada (Sansó-Rubert, 2009; toma solo como objeto propio de una mayor peligrosidad o son esno solo una amenaza contra la se-

guridad pública, sino contra la seguridad nacional, la independencia de los

Estados, la integridad de las instituciones, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios en las relaciones internacionales. Además, las capacidades de inteligencia son costosas, requieren cada vez más especialización

174

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

y subespecialización, en función de sus contenidos, y no se improvisan. Su dedicación a manifestaciones delictivas ordinarias representa al día de hoy una dilapidación de medios y recursos. La inteligencia criminal constituye un recurso crítico, atendiendo a su

carestía de costes y escasez de personal con destrezas analíticas cualificadas. Esto conecta directamente con la ausencia o insuficiencia, en la mayoría de los países, de planes sostenidos de formación y carrera profesional orientada a la especialización de centros y personal de análisis. Cuanto menos, en su plantilla y dotación de fondos, siempre escasos para atender la demanda de seguridad frente a una amplia y variada casuística criminal.

Esas limitaciones son críticas porque la criminalidad organizada transnacional dispone de abundantes medios para la perpetración de actos ilícitos. Cuenta con un entramado de difícil acceso para proteger los centros de decisión y tiene material técnico sofisticado, propiciado por su elevado poder adquisitivo y, sujetos integrantes de comprobada eficacia delictiva, mediante una selección de perfiles profesionalizados. Recurre sistemáticamente a la ingeniería financiera para ocultar el resultado económico de sus actuaciones y salvaguardar el lucro obtenido. La utilización de facilitadores o estructuras que no pertenecen estrictamente a la organización, en determinadas fases del ciclo criminal, obedece

a la especialización del servicio ofrecido, porque proveen servicios financieros, económicos, técnicos, logísticos, contables, mercantiles y jurídicos,

así como una dilatada experiencia en el control del riesgo. Eso les permite aumentar tanto la seguridad de sus operaciones como sus beneficios. Incluso, existen organizaciones especializadas en la provisión de cobertura a

la actividad ilícita: seguridad de las operaciones, apoyo y soporte logístico, ocultación, transporte y almacenamiento.

Operan como

un eslabón más

de la cadena delictiva organizada (Gambetta, 2007). En los años venideros,

los incentivos para la cooperación entre organizaciones criminales estarán al alza, lo cual generará una “cadena global de redes criminales, que serán tan difíciles de combatir como lo son de rastrear” (Williams, 2005, p. 128).

Atendiendo a esa prospectiva, resulta imprescindible preguntarnos so-

bre la capacidad de las organizaciones criminales para ejecutar actividades

de infiltración y manejo de la información, parecidas a las desplegadas por la inteligencia estatal. La respuesta es afirmativa. El crimen organizado,

Crimen organizado y seguridad multidimensional

175

en su afán de interferir en la captación de datos sensibles respecto de su estructura y actividades, lleva a cabo labores de intoxicación informativa o desinformación e, incluso, la puesta en práctica de señuelos (honney pots)

para testar y medir la respuesta de las agencias de seguridad gubernamen-

tales y de los servicios de inteligencia. Mediante tales estratagemas, las or-

ganizaciones pueden detectar el grado de vigilancia y seguimiento al que están sometidas, lo cual les permite sopesar las acciones más adecuadas para eludir o bien neutralizar las capacidades estatales de lucha contra la criminalidad organizada. Cabe reseñar también el exitoso aprovechamiento criminal de las transformaciones operadas en el campo de las nuevas tecnologías. La incorporación a sus actividades delincuenciales de recursos cibernéticos y telemáticos avanzados conlleva la apertura de nuevos resquicios de vulnerabilidad de la seguridad nacional e internacional. Las organizaciones criminales, con una enorme capacidad de infiltración multinivel (inclusive en los propios servicios de inteligencia estatal) tienen la posibilidad de acceder a información sensible y secreta, útil para obtener ventajas competitivas, expandir sus negocios y poder neutralizar en origen los

dispositivos contra el crimen que desarrollan los Estados, a través de sus planes de contrainteligencia.

Desde la óptica de autoprotección criminal, interesa obsevar los mecanismos defensivos que poseen para resguardar las instalaciones, evitar la intrusión de elementos ajenos, proteger al personal contra la acción de posibles amenazas y precaurelar el desarrollo de las operaciones en curso, sin descuidar la información sensible y la ejecución de mecanismos de vigilancia. Las medidas ofensivas consisten en el cotejo de información acerca de la organización sometida a escrutinio, sus procedimientos de trabajo, el posible reclutamiento de miembros y colaboradores a través de la corrupción, la articulación de operaciones de penetración en puestos de relevancia o utilidad y el despliegue de acciones de perturbación, engaño, decepción y manipulación. Todas ellas, estratagemas hábiles para obtener informaciones sobre los ámbitos político, económico o de seguridad, que les permitan explotarlas para permear instituciones públicas y privadas. Las repuestas estatales incluyen el uso de la contrainteligencia para proteger y preservar la seguridad pública mediante la identificación y

176

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

desactivación de las acciones hostiles. También se ocupan de proteger y resguardar la estructura institucional que da soporte a la actividad socioeconómica y productiva de un país. En ese sentido, la inteligencia criminal puede ser asociada con la contrainteligencia estatal, porque constituye simultáneamente una actividad de análisis de información sobre sus objetos de atención y una actividad operacional con varias dimensiones: la obtención de información sobre las operaciones en curso del adversario, para su posterior análisis; la planificación y ejecución de acciones defensivas; la protección contra la amenaza; la anulación de sus operaciones y acciones defensivas, así como el resultado del análisis previo (Esteban Navarro, 2012, p. 172).

6.5. Aportes de la inteligencia criminal Las aportaciones actuales de la inteligencia criminal son múltiples y variadas. Por una parte, los productos de inteligencia criminal son el resultado de la elaboración de conocimiento sobre la delincuencia en sus diversas facetas y dentro de los contextos sociales en que se produce. Un buen producto de inteligencia criminal no solo describe cuál es la situación actual del fenómeno, sino que aporta explicaciones sobre su existencia y establece posibles evoluciones o tendencias, en diversos escenarios viables.

Además, define las alternativas factibles para reorientar la seguridad multidimensional y poder lograr su erradicación y control. Establece los eventuales costes económicos y sociales de la aplicación de dichas medidas en diversos contextos políticos a escala nacional y regional. Por otra parte, la inteligencia criminal posibilita el análisis de la distribución geográfica de las organizaciones criminales; sus estrategias, fortalezas y debilidades, concentración territorial, distribución, tipo y densidad;

los nuevos nichos ilícitos de mercado, metodologías, modus operandi, productos y servicios; la familiarización con la subcultura delictiva; las características sociodemográficas relevantes de sus miembros, que pueden explotarse (nacionalidad, región de procedencia, etnia, familia, profesión,

condición de expolicías o excombatientes, tipología de actividad ilícita en la que está especializado). Por tanto, permite detectar el surgimiento, el

desarrollo y la caída de las organizaciones criminales.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

177

De igual forma, se emplea para analizar las políticas públicas y decisiones adoptadas en la confrontación con la criminalidad organizada. Opera como un sensor de los procesos de cambio que se producen en todos los ámbitos (políticos, sociales, tecnológicos, económicos, legales, medioam-

bientales, de comunicación y transportes), que afectan de manera positiva o negativa al fenómeno criminal organizado. En términos prospectivos, detecta tendencias y determina indicadores que advierten las transformaciones en los patrones criminales o la aparición de nuevos riesgos y amenazas para la sociedad y el Estado. Por lo tanto, su desarrollo confiere ventajas nada desdeñables. Permite minimizar el impacto de la criminalidad, sobre todo cuando el coste de

oportunidad a la hora de tomar una decisión (y no otra) puede resultar cualitativamente mucho más gravoso, o generar daños irreparables. A su vez, puede ser de gran utilidad en la tarea de encauzar y asignar prioridades a los recursos destinados a la prevención, reducción y detección de todas las formas de actividad criminal, la asignación de recursos a diferentes áreas

delictivas, el incremento en el adiestramiento en una técnica particular de lucha contra un tipo específico de criminalidad, y la toma de medidas necesarias para cubrir o cerrar algún vacío concerniente a las políticas criminales y de seguridad, proporcionando dirección estratégica.

La inteligencia criminal destaca como herramienta óptima para la elaboración de estrategias de seguridad que permitan reorganizar los instrumentos y procedimientos de los que disponen los gobiernos para afrontar el delito y para ayudar a redefinir los objetivos en la lucha contra

la delincuencia

organizada

(Sansó-Rubert,

2012c).

Pero

no

solo basta con su formulación teórica en un documento estratégico; la realidad es mucho más compleja. Representa un abanico de retos y oportunidades porque incorpora distintos actores institucionales en la subcomunidad de inteligencia multidisciplinar como puede observarse en el gráfico 3.

178

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

Gráfico 3. Subcomunidad de inteligencia crimial

Fuerzas

Armadas

Servicios

Admén

Inteligencia

Público

dl d

Servicios Aduanas

ÉS

A

INTELIGENCIA CRIMINAL

E

4

Sistema Penitenciario

w ae

Cuerpos

Unidades

inteligencia Financiera / Banqueo

Policia

Seguridad Privada

Fuente: elaboración propia.

Desde otra perspectiva, puede constituir la base para la acción, ajena al proceso penal y, por tanto, sin necesidad de su judicialización, con importantes repercusiones en la neutralización de la actividad criminal organizada. Ello, sin perder de vista que la acción directa sobre blancos específicos para la neutralización coercitiva de la actividad criminal configura un añadido —para algunos autores, una deformación— de la naturaleza esencial

de la herramienta inteligencia, asumida como búsqueda y procesamiento de información destinada a apoyar la decisión.

La inteligencia también requiere ser mirada como fundamento de la acción para desarticular las estratagemas delictivas. Esa visión entronca directamente con uno de los principios esgrimidos por Taplin (1989, p. 488): “La inteligencia es una actividad inútil y costosa, si no tiene una aplicación que justifique su valor e inversión”. Así, por ejemplo, modificar una ley electoral para limitar los donativos monetarios a partidos políticos

Crimen organizado y seguridad multidimensional

179

y candidaturas, o prohibir las donaciones de carácter anónimo, ha sido suficiente para desarticular la infiltración criminal del sistema político, evitando la compra de candidaturas, al menos por esa vía. De igual forma, en el mundo empresarial, conocer la procedencia delictiva de la financiación

de una empresa (bussiness angels), incluso cuando se trata de financiación previamente blanqueada, ha permitido abortar fusiones, compra de accio-

nes o alianzas estratégicas, especialmente en sectores de máxima relevancia para el Estado, como los recursos energéticos. Ni qué decir, en la esfera bancaria y financiera, de negar la introducción en el mercado nacional a

determinadas entidades y firmas bajo el dominio criminal.

La perspectiva económica de la inteligencia criminal es relevante de-

bido, en gran medida, a la creciente integración e interdependencia de los asuntos económicos

en el concepto

de seguridad,

que da lugar a la

necesidad de elaborar inteligencia sobre ellos. Sin que exista unanimidad, la inteligencia económica puede entenderse como aquella que se ocupa de la obtención y el procesamiento de la información financiera, económica y empresarial de las actividades criminales, en general, y de las estructuras y organizaciones delictivas, en particular, para permitir una eficaz salva-

guarda de los intereses nacionales, tanto en el interior como en el exterior.

En sintonía con esa línea de pensamiento, que pone el acento en la acción y no solo en el apoyo a la decisión, su utilidad ha sido reconocida en no pocos foros internacionales. El Consejo de Europa, a través de la Recomendación Rec (2001) 11 del Comité de Ministros sobre principios directrices en la lucha contra el crimen organizado, asume que deben de-

sarrollarse nuevos métodos de trabajo, que muden su foco de atención de una práctica reactiva a otra proactiva, incluyendo el uso de inteligencia estratégica criminal. Propone la práctica de operaciones encubiertas y el uso de informantes. La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, del

año 2000, insta al reconocimiento de técnicas de investigación especial como las operaciones encubiertas, siempre que lo posibiliten los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de cada Estado (artículo 20.1).

En esa misma línea, la Convención contra la Corrupción, de 2003 (artículo 50.1), añade que los Estados adoptarán las medidas necesarias para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esa técnica. El Conve-

180

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

nio entre los Estados miembros de la Unión Europea de Asistencia Judicial Penal de 2000 (Acto del Consejo (CE) 2000/C 2000. DO

197/01, de 29 mayo de

C 197, de 12 de julio de 2000, p. 1.), regula las operaciones

encubiertas internacionales (artículo 14).

Sin embargo, el empleo de operaciones y agentes encubiertos no está exento de una ardua conflictividad legal, en virtud de la propia naturaleza de ambos instrumentos y del uso que se les ha conferido a lo largo de la historia de la inteligencia. No en vano se han caracterizado sobre todo porque, hasta la fecha, el país que las lleva a cabo evita que se conozca su responsabilidad. Son operaciones sistemáticamente negadas en caso de ser descubiertas, dado que en la mayoría de supuestos constituyen una opción especial de los gobiernos a la hora de implementar ciertas políticas de seguridad. Dado que suelen plantear graves problemas legales, lo habitual es recurrir a su empleo en casos extremos, previo examen de los posibles riesgos que entrañan. A pesar de que una de las competencias de las agencias de seguridad comprende la faceta correspondiente a la acción, el Derecho, en muchas legislaciones estatales, guarda silencio sobre este extremo.

Desde esa perspectiva, no hay que perder de vista que existen diferentes tipos de acciones encubiertas y una gradación entre ellas, en función de si comprenden un ilícito penal o no. En caso afirmativo, entra en juego su gravedad y el objetivo a conseguir con su práctica. Por ello, cabe hacer una defensa razonable de estas, circunscribiendo su empleo al enfrentamiento

con las redes de delincuencia organizada y ciñendo el alcance de sus actividades al marco de los condicionamientos impuestos por el ordenamiento constitucional, por lo que podrían desarrollarse con eficacia en el seno de los regímenes democráticos. Una cuestión clave es cómo se articula la figura del agente encubierto,

diferenciando la visión policial de los servicios de inteligencia y la capacidad operativa que se le confiera. Si este solo se limita a realizar tareas de información

legalmente reguladas, sobre la actividad de la organización

criminal, facilitando el descubrimiento y la prueba de las actividades delictivas, es decir, la perspectiva policial, poca utilidad práctica podrá aportar al producto global. La reflexión circula en torno a la capacidad de maniobra que se le con-

fiere a este agente, con mayores o menores limitaciones y prerrogativas, en

Crimen organizado y seguridad multidimensional

181

función del carácter garantista o no del ordenamiento jurídico de que se trate. Esa capacidad goza de expreso reconocimiento en muchos ordenamientos, en ocasiones de modo específico, para la investigación de delitos

relativos al crimen organizado. Lo cierto es que, en virtud de una regulación legal desacorde con la realidad criminal organizada imperante, se desperdician agentes y tapaderas, a tenor de la aplicación de la normativa procesal penal. Esto, dado que, tras cada operación, se agota frecuentemente la fuente operativa y el método de investigación empleado para el cumplimiento de los principios procesales que obligan al agente encubierto a comparecer en juicio, descubriendo su identidad. Múltiples legislaciones procesales inadmiten que la defensa desconozca la identidad de la persona a la que intenta interrogar, ya que puede verse privada de datos que le permitan probar que es parcial, enemiga o indigna de crédito. Esto

no puede demostrarlo si carece de información que le posibilite fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda. Por ello, en función de la inoperancia generalizada de esa figura, a pesar del mayor o menor reconocimiento de su irresponsabilidad penal por las eventuales conductas penalmente típicas en las que pudiera incurrir en el desarrollo de sus funciones, han cobrado notoria relevancia las figuras del informador policial y del confidente. Esto es, aquellas personas o ciu-

dadanos particulares que, por diversas razones o motivaciones, colaboran

con datos relevantes, ya sea por pertenecer al entorno en que se indaga, o

porque se infiltran en la organización criminal investigada. Se echan en falta políticas estructuradas, destinadas a la desmovilización de miembros activos de organizaciones criminales, cuyas informaciones y colaboración

con el aparato del Estado, convenientemente transformadas en éxitos en la lucha contra la delincuencia organizada, representarían la rúbrica de su

verdadero arrepentimiento. En consecuencia,

las operaciones encubiertas deberían tender hacia

objetivos más ambiciosos: la implementación de acciones propias de contrainteligencia, para dificultar la realización de operaciones

del entorno

criminal; la obtención proactiva de información al más alto nivel; la creación de relaciones disfuncionales, que descompongan gravemente las capa-

cidades del grupo criminal; las acciones destinadas a destruir la confianza,

mediante información tendenciosa; la creación de suspicacias y recelos in-

ternos; la intoxicación informativa y los ataques más directos a la propia

182

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

organización, con el fin de interrumpir sus actividades, dislocar o degradar sus capacidades o incluso destruirla completamente. Esto no solo podría tener un efecto corrosivo, sino además forzar a los delincuentes a efectuar

movimientos que aumenten su vulnerabilidad. Aunque todos los objetivos resulten legítimos, resulta esencial que exista claridad sobre la delimitación legal del marco de actuación aplicable.

La otra gran afección que padecen las operaciones encubiertas es el uso fraudulento de los fondos reservados y demás dotaciones económicas acaparadas por el secreto. En lo tocante a la financiación y el uso de los fondos reservados, los órganos de inteligencia implicados en acciones encubiertas que utilizan elevados recursos monetarios pueden generar situaciones de dudosa justificación legal, y un peligro añadido, que podría quebrantar la integridad profesional de los agentes encargados de las operaciones. A tenor de lo expuesto, las figuras sometidas a análisis (operaciones y agentes encubiertos) plantean no pocas incertidumbres y conflictos jurídicos de solución dilemática. Si la balanza se inclina a favor de ajustar estrictamente la obtención de información a los principios fundamentales acordes con el estado de derecho, el resultado serán unos instrumentos muy limitados en su capacidad real de actuación. Si, por el contrario, se

decanta por potenciar sus capacidades funcionales y operativas, se han de asumir riesgos y restricciones justificables, en mayor o menor medida, en el ejercicio de las libertades. No hay que perder de vista que los límites legales de las técnicas propuestas para enfrentar a las organizaciones delincuenciales han de encontrar su acomodo en el sistema de derechos y libertades propio del estado de derecho. Por más abyectas que sean las formas de delincuencia que se trata de erradicar, no está justificada la utilización de medios que puedan violentar garantías constitucionales. Si bien es cierto que el Estado está legitimado para utilizar todos sus recursos en la lucha contra el crimen organizado, esa posibilidad no justifica en modo alguno

el empleo de medios contradictorios con la normativa legal imperante. Resulta indispensable compatibilizar las restricciones que conlleva la seguridad con el respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos. El paradigma actual en el que se desenvuelve la lucha contra la delincuencia organizada resulta insatisfactorio por el momento, desde la perspectiva de que pretende alcanzar equilibrios entre eficacia y legalidad. Los

Crimen organizado y seguridad multidimensional

183

nuevos esquemas de operación y análisis requieren trazar con nitidez los

parámetros legales de actuación y una clara delimitación de los objetivos. El dilema de la actividad de los servicios de inteligencia se debate entre obtener, analizar y proporcionar información para elaborar productos de impacto en los decisores estatales, y la trama de obstáculos del ámbito legislativo que, en ocasiones, es restrictiva más allá de lo razonable.

Recurrir a la inteligencia criminal como apoyo a las decisiones estratégicas de interdicción selectiva y acción focalizada constituye una necesidad, a efectos de lograr intervenciones exitosas, que alcancen el máximo grado de neutralización de los objetivos.

6.6. Inercias del pasado y futuro de la inteligencia criminal Perdida a priori la iniciativa para atajar la proliferación de la criminalidad organizada en sus fases incipientes, ahora que se quiere reaccionar ante su consolidación y expansión resulta que, frente a un escenario de

inseguridad, poliédrico y en continua transformación, las burocracias estatales permanecen en gran medida constreñidas en esquemas funcionales anquilosados. Las agencias de seguridad pública se manifiestan esclerotizadas frente a una criminalidad que explota la ventaja que le proporciona el marco de la globalización asimétrica, el conflicto híbrido y la carencia

de restricciones éticas y morales. Ese lastre funcional, sumado a las limitaciones competenciales, territoriales y jurídicas propias del Estado nacional, ha mermado hasta la fecha la respuesta institucional de los gobiernos, en desmedro de la cooperación internacional. En consonancia con este marco descriptivo, la necesidad de afrontar una cada vez más perfeccionada forma de delincuencia debe estimular una apuesta decidida por la especialización y la diversificación de los instrumentos aplicables contra el crimen organizado. Especialización que, a su vez, exige superar los paradigmas clásicos anclados en la seguridad reactiva,

a todas luces insuficientes, y optar por respuestas innovadoras, transversa-

les e integradoras, inscritas en la seguridad multidimensional.

Como señaló Colin S. Gray (1999, p. 320), “no podemos predecir

amenazas asimétricas específicas

a menos que tengamos inteligencia ex-

celente, y por tanto no podemos proteger todo aquello que se encuentre

184

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

bajo riesgo”. Es cierto que el futuro de la delincuencia organizada no se puede predecir, pero el empleo de modelos teóricos y las extrapolaciones de las experiencias pasadas posibilitan la identificación de ciertos elementos a partir de indicadores, factores, proxies, inteligencia artificial y diseños

prospectivos que permitan determinar la presencia de ciertas condiciones o probabilidades sobre las formas en que evolucionan los riesgos y las oportunidades. En resumen, el análisis de escenarios posibles incluye un diagnóstico de la situación estudiada, un examen de las tendencias esperadas en la evolución de los principales factores o variables que caracterizan a esa situación (incluyendo sus causas y consecuencias), así como un conjunto de escena-

rios posibles y relativamente probables a corto y mediano plazo. El desafío:

ex notitia victoria; articular estrategias que nos permitan anticiparnos a las

iniciativas criminales, neutralizándolas en origen, mediante la intervención sobre sus elementos facilitadores. Hablamos de una solución global, preventiva, ágil y eficaz, adaptada a la naturaleza flexible, difusa, pero tremendamente resistente, de la amenaza representada por la criminalidad

organizada vigente en nuestros días. Todo ello sin olvidar que, si bien es cierto que el futuro anticipa un sostenido incremento de la importancia de la actividad de inteligencia, esta

es solo uno más de los ingredientes que intervienen en la lucha contra la delincuencia organizada. Por ello, no se debe olvidar que el éxito realmente

se alcanzará con la imbricación adecuada de todos los instrumentos disponibles y la cooperación de todos los actores implicados. Prevención, acción y reacción, al servicio de la erradicación de la criminalidad organizada. Conviene recalcar que la inteligencia criminal, en su sentido más es-

tricto, no es más que un tipo de inteligencia útil para obtener, evaluar e interpretar amplia información, difundirla contrastadamente y entregar a inteligencia estratégica los productos necesarios para proteger y promover

los intereses nacionales de cualquier naturaleza (sean políticos, comercia-

les o empresariales) frente al crimen organizado. Nunca pierde de vista la misión de prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas

actividades delictivas, grupos o personas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos,

Crimen organizado y seguridad multidimensional

185

el medioambiente y las libertades fundamentales que conforman la estabilidad de las sociedades y los Estados. Ante la magnitud de la amenaza representada por la criminalidad organizada y sus escenarios interdependientes, el desarrollo de estrategias e instrumentos más efectivos para su desarticulación, especialmente en su vertiente transnacional, así como la cooperación y la coordinación a escalas nacional e internacional, deben constituir prioridades gubernamentales

para este siglo XXI.

Por lo tanto, la inteligencia criminal debe aspirar a algo más que a producir informes descriptivos. El análisis estratégico, sumado a la prospectiva, articula el escrutinio de la realidad criminal, orientado hacia el futuro. Adoptar el diagnóstico no constituye un objetivo en sí mismo, sino un medio para pronosticar escenarios futuros, adscribirles probabilidad y

deseabilidad, y poder así diseñar planes convenientes, en virtud de objetivos prefijados. Ello permitirá adquirir un profundo conocimiento sobre la etiología de la criminalidad, así como de su fenomenología. Su desarrollo confiere ventajas aún por explotar, porque permitirá minimizar el impacto de la criminalidad organizada y mantener un control mínimo para evitar su expansión incontrolada, que supone un deterioro de la seguridad, tanto objetiva como subjetiva. El tiempo determinará si la lucha contra la delincuencia organizada avanza hacia donde se quiere o simplemente desde donde se puede. La clave ya no reside en plantear qué queremos que sea la inteligencia criminal, sino hasta dónde queremos explotar sus utilidades, y en determinar seriamente sus usos futuros. La necesidad de entender qué sucede en el escenario internacional vigente, identificar las interdependencias existentes,

los posibles derroteros por los que transite su evolución y cuál es el papel de la criminalidad organizada al respecto —a efectos de articular estrategias para su prevención, contención y erradicación— suscita una pluralidad de interrogantes que, lógicamente, requieren respuestas.

FINALE La criminalidad organizada requiere un abordaje multidimensional y diferenciado, que vaya más allá del hecho delincuencial como dato fenomenológico. Ese acto comprensivo implica, necesariamente, el estudio de las condiciones sociales, los aspectos ligados al desarrollo humano y las

políticas públicas que ejecuta cada Estado y sociedad, porque en su interacción se gestan, reproducen y obtienen poder las prácticas y métodos de asociación criminal. Esas características influyen decisivamente en la forma en que la delincuencia organizada concibe sus manifestaciones, en su cantidad, intensidad y en todas sus peculiaridades y tipologías. La asociación criminal reside en la construcción de estructuras racionalmente autointeresadas, orientadas a la planificación y comisión exitosa

del delito, así como al encubrimiento para evitar la persecución institucional. dependan de toda actividad tendiente a ción, renovación y reconfiguración de sociales y políticos.

y la protección de los miembros De ahí que dichas organizaciones la creación, consolidación, ampliaun conjunto corrupto de vínculos

Dentro de una organización criminal organizada, se designan objetivos comunes porque confieren racionalidad, en tanto determinan en gran medida sus características y orientan las acciones sobre estructuras, fines intermedios, división del trabajo, relaciones entre los miembros, sistema de toma de decisiones, vinculaciones con el mundo exterior y códigos de conducta que son vistos como subcultura criminal. En un plano funcional, la delincuencia organizada se realiza a través de grupos o asociaciones con las siguientes características: carácter estructurado, permanente, autorre-

novable, jerarquizado y destinado a lucrarse con bienes y servicios ilegales o efectuar hechos antijurídicos con intención sociopolítica. Sus objetivos conjugan escenarios locales e internacionales, con la finalidad de sustentarse a través de estructuras organizativas consolidadas, que se expanden y camuflan en potentes redes criminales. Ese factor, de extrema importancia,

es precisamente el objeto de interés para la seguridad multidimensional.

En este libro son múltiples los términos recogidos: “delincuencia or“de8 anizada transnacional”, “delincuencia internacional organizada”, 8

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

lincuencia mundial organizada”, “delincuencia multinacional” y “crimen organizado”. Todos expresan la naturaleza organizada de los grupos que la componen, así como el contexto internacional de sus actividades y sus diversas conexiones. Sus actividades principales son aquellas que generan la provisión de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico de drogas o el tráfico de armas, menores de edad, órganos, inmigrantes

ilegales y materiales nucleares. También incluyen el juego, la usura, la falsificación, la prostitución, la comercialización de bienes lícitos obtenidos subrepticiamente, sobre todo vehículos de lujo, animales y obras de arte,

así como el uso de redes legales para actividades ilícitas como el lavado de capitales. La criminalidad organizada transnacional tiene graves repercusiones en

la seguridad multidimensional, sobre todo las que se convierten en ame-

nazas híbridas porque articulan factores de riesgo interdependientes que conviven con escenarios transnacionales donde prevalecen altos niveles de

pobreza, grave inequidad, corrupción, baja presencia institucional y conflictos armados no estatales. En esa dinámica, la polarización ideológica

del contexto mundial y la globalización asimétrica generan profundos entornos de incertidumbre, contingencia y fragmentación de sentido para las

personas y los Estado. Con ello, la aplicación de políticas y definiciones

conceptuales sobre el crimen organizado transnacional se sumerge en un difuso péndulo entre los estudios clásicos de seguridad nacional y los análisis limitados sobre seguridad ciudadana. En la actualidad, se ha evidenciado la imperiosa necesidad de construir

un campo interpretativo multifacético, donde participen diversas disciplinas y conocimientos científicos, más allá de las visiones realistas de la seguridad y del campo positivista del derecho. Ello obedece a la urgencia de pensar el crimen organizado transnacional como un peligro latente, que conjuga la privatización de la violencia con los despliegues de la corrupción, y así se convierte en una amenaza para la estabilidad de los países democráticos, trascendiendo y evadiendo el principio del control territorial de los Estados.

Si bien los Estados han realizado importantes esfuerzos por modificar el concepto estadocéntrico de seguridad nacional, las prácticas políticas y discursivas de diversos países, sumadas a una mayor interdependencia de

Crimen organizado y seguridad multidimensional

189

la economía mundial, llevan a pensar que las respuestas generadas por los estamentos jurídicos y policiales están lejos de responder a la velocidad de la problemática. Ergo, adoptar la noción multidimensional como ingrediente de método y análisis implica pensar que se ha promovido un cambio de paradigma, que articula los ámbitos locales, regionales, nacionales e

internacionales. Este nos conduce a admitir que los factores de inseguridad son de naturaleza transfronteriza y que la única forma de actuar para eliminarlos o mitigarlos viene de la mano con la necesidad de la cooperación en todos sus frentes: interagencial, regional e internacional.

Como sosteníamos antes, no toda delincuencia organizada es internacional ni toda la internacional es organizada. Múltiples grupos de delincuentes manifiestan características identitarias de organización y coautoría; otros, que sí están categorizados como tal, no operan en la esfera interna-

cional y asumen más roles locales. En breves rasgos, podemos definir que

la internacionalidad del crimen organizado está delimitada por la fungibilidad o intercambiabilidad de los miembros de la empresa criminal que actúan en los niveles inferiores; el sometimiento a las decisiones que emanan del centro de poder; la férrea disciplina; la movilidad internacional;

la apariencia de legalidad y la presencia en los mercados como medio de transformación de los beneficios ilícitos.

La relación entre el crimen organizado transnacional y los grupos armados no estatales es crucial en el análisis multidisciplinario, sobre todo

en aquellos espacios territoriales donde los actores armados recurren al financiamiento de sus acciones por medio de actividades y venta de commoditties ilícitos. Esa relación híbrida entre actores armados no estatales

y delincuencia organizada presenta rasgos específicos: poseer o estar en

control de una parte del territorio de un Estado, es decir, aprovechar la

pérdida de soberanía; mantener rasgos de identidad y fidelidad a un grupo; contar con una vasta disponibilidad de medios, recursos y financiación;

poseer una morfología definida y generar cooperación entre grupos; tener apoyo o consentimiento de la población; expresar una unidad de dirección

y, por último, presentar flexibilidad, adaptación y resiliencia en sus lógicas organizativas.

Comprender al crimen organizado transnacional en un mundo globalizado es clave, a razón de que ambos procesos son interdependientes,

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

poco uniformes y asimétricos. Ambos fenómenos generan distorsiones económicas, financieras, sociales y culturales, y consolidan nuevas percepciones de incertidumbre, a la par que intensifican la interdependencia de los mercados y los Estados. En ese juego de inserción global que asume un Estado, unas regiones o zonas son beneficiadas, mientras otras resultan

perjudicadas por los efectos negativos de la globalización. La relación entre la globalización asimétrica y el crimen organizado resulta fundamental, porque el Estado nacional, sin desearlo expresamente, abre ventanas de oportunidad criminal debido a la desatención o inacción institucional en distintas áreas de la economía, el desarrollo y sus territorios.

Sobre este último tema, es importante mencionar que los primeros debates de las teorías de las Relaciones Internacionales han dedicado especial atención a entender el rol del Estado como proveedor de seguridad, mientras que, al mismo tiempo, protege la soberanía y las finanzas nacionales. Es aquí donde las doctrinas tradicionales de seguridad nacional han mostrado definiciones insuficientes para explicar las transformaciones de un mundo

globalizado, en el cual las amenazas interestatales pasan a un

segundo plano y las provenientes del crimen organizado y las híbridas ocupan mayor relevancia en las agendas de seguridad de los Estados. Resultan notorias las restricciones conceptuales y metodológicas del concepto de seguridad nacional para explicar situaciones emergentes, complejas y contingentes, que provienen de escenarios interdependientes, donde opera el crimen organizado transnacional. La seguridad

multidimensional,

si bien fue construida

inicialmente

como un campo multidisciplinario, que aportaría elementos para entender escenarios complejos, al pasar el tiempo sufrió el acoso de intereses políticos y de gobiernos que presionaron para que sus agendas de seguridad nacional se extendieran en los distintos organismos multilaterales y regionales”, Es por ese motivo que la nueva faceta teórica de la seguridad 38

Este es el caso de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos

(OEA).

Pensada desde el inicio como

una entidad con la

misión de concretar políticas de seguridad humana, no tardó en convertirse en una dependencia complaciente con los intereses estadounidenses, e influenciada por los enfoques realistas, militaristas y tautológicos de la tradicional concepción de seguridad nacional que todavía circula entre varios Estados latinoamericanos y del Caribe.

Crimen organizado y seguridad multidimensional

191

multidimensional incluye disciplinas científicas que van desde la Antropología, la Economía Política Internacional, las Relaciones Internacionales, la Criminología, la Sociología y las Políticas Públicas. Estas son fundamentales para construir un estatus teórico de mejor calidad epistemológica, y para lograr un adecuado desarrollo metodológico, que aporte a la teoría de la criminalidad organizada, a la seguridad internacional y a las relaciones

internacionales.

Actualmente, no existe una noción académica consensuada sobre el concepto de criminalidad organizada, más allá de la reduccionista definición emanada de la Convención de Palermo. Ya sea por la generación diversa de comunidades epistémicas del campo científico, o por la variedad empírica del fenómeno criminal, los conceptos desarrollados en este libro presentan algunas limitaciones teóricas para poder establecer una teoría holística sobre criminalidad organizada. En ese ejercicio reflexivo, quedan claras las limitaciones positivistas de las ramas más interpretativas del derecho penal, al igual que las ventajas analíticas de las categorías provenientes

de la Sociología moderna,

la perspectiva de la Economía

Política y los enfoques de estudio provenientes de las Relaciones Internacionales. Para estudiar el crimen organizado transnacional, es necesario evaluar

el fenómeno desde una asimetría entre los actores criminales y los Estados. Las organizaciones criminales han incluido en su acervo operacional tácticas guerrilleras, insurgentes y terroristas, tratando de imponer su hegemonía mediante el uso exacerbado de la violencia contra el Estado y contra otras estructuras criminales competidoras. Esto, sin contar la constante cooptación de miembros de Fuerzas Armadas, Policía y agentes de inteligencia que se integran a las tácticas de corrupción, en todos los niveles de institucionalidad de los Estados. La capacidad estatal de dar una respuesta estratégica a la criminalidad organizada, por tanto, requiere herramientas independientes, buenos re-

cursos y escenarios propicios para su control y neutralización. Una de las

bondades de incorporar la multidimensionalidad del estudio sobre criminalidad organizada parte del uso de la inteligencia estratégica y de la criminal como herramientas idóneas para revertir la capacidad y la resistencia delincuencial a las políticas de seguridad de los Estados.

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

En otro nivel se encuentra la interdependencia, porque convierte el problema criminal en un fenómeno que afecta en mayor o menor medida a todos los Estados. Como analizamos en el capítulo 4, la geopolítica posibilita conocer y analizar la distribución geográfica de la actividad delictiva, la concentración territorial de las organizaciones criminales, la densidad criminal, el surgimiento de nuevos nichos ilícitos de mercado, las

estrategias de las estructuras delictivas, su ascenso y caída, a partir de sus fortalezas y debilidades.

En el ámbito internacional, habría que prestar especial atención a los espacios territoriales favorables al surgimiento de manifestaciones ventajosas para la criminalidad organizada, cuyo seguimiento identificará con antelación las posibles incursiones oportunistas de redes criminales. Adicionalmente, surge la imperiosa necesidad de plantear estudios sobre criminalidad organizada que relacionen los mercados internacionales, la oferta y demanda de bienes y servicios, y los grados de penetración criminal en diversos Estados y sociedades. Los crecientes desafíos constituidos por el crimen organizado suponen hablar de inteligencia estratégica, planificación y dirección, identificación,

determinación de necesidades y requerimientos de conocimiento complejo por parte de los órganos decisores de los Estados. Por tanto, resulta fundamental la incorporación de los estudios de inteligencia en el análisis criminológico internacional. Esa herramienta establece objetivos, estrategias y propuestas de política pública y, a su vez, aporta explicaciones sobre la existencia del fenómeno, sus evoluciones o tendencias, definiendo escena-

rios factibles y probables en entornos contingentes.

Cabe diferenciar que la inteligencia criminal se caracteriza por estar abstraida de la esfera penal y punitiva. En relación con el crimen organizado, no establece sus prioridades y objetivos en virtud de la tipología o el volumen de los hechos delictivos. Se convierte en un área innovadora de estudio del crimen organizado y tiene por objetivo cubrir todo el espectro de la acción policial, desde la planificación y el análisis de tendencias de-

lictivas, hasta la promoción y definición de objetivos de política pública. Como vimos en páginas anteriores, la inteligencia criminal abarca una pluralidad de dimensiones analíticas, que van desde grupos u organizaciones del crimen organizado hasta un mercado legal o ilegal o una determinada

Crimen organizado y seguridad multidimensional

193

área geográfica. Abarca también las relaciones entre organizaciones criminales y aparatos de gobierno, así como cualquier otro medio o actividad de interés para la criminalidad organizada. Eso incluye sus procesos evolutivos, destinados a lograr la adaptación al entorno en el que la organización pretende llevar a cabo sus actividades ilícitas, para evitar la pérdida de

competitividad y eficacia.

Incorporar la inteligencia criminal establece la necesidad de enfocar un objetivo criminal de manera constante y de diseñar mecanismos preventivos. Esto resulta clave para generar políticas de mediano y largo plazo, y para advertir sobre las esferas predelictuales. Resulta importante hacer hincapié en que, como parte del proceso proactivo de producción de inteligencia, se recomienda favorecer la adaptación de las estructuras de seguridad a los cambios del entorno, con la finalidad de reducir riesgos e incertidumbres. Si bien no existe un concepto universal de crimen organizado, la con-

ceptualización que presentamos evidencia que todas las organizaciones manifiestan

elementos

constitutivos

comunes,

formas

de actuar

seme-

jantes, similares factores coadyuvantes a su expansión y algunos objetivos coincidentes. En suma, toda una serie de indicadores que criminológica-

mente nos permiten identificar el fenómeno “criminalidad organizada”.

De ahí que el crimen organizado no constituya un concepto monolítico, sino un fenómeno poliédrico, complejo y multidimensional. La brecha para generar criterios o indicadores definitorios del crimen organizado es cuantiosa. Sin embargo, cabe destacar los esfuerzos realiza-

dos en Europa para establecer un punto de partida en la comprensión de

las organizaciones criminales mediante estos puntos básicos: e

Colaboración de dos o más personas;

e

Especialización y reparto de tareas;

e

Pervivencia indefinida en el tiempo;

e

Recurso a alguna forma de disciplina y control;

e

Comisión de delitos graves;

e

Proyección internacional;

e

Empleo de la violencia u otras formas de intimidación;

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

e e

Estructura empresarial para el desempeño de sus actividades; Implicación en el lavado de dinero;

e

Búsqueda de influencia en la esfera política, los medios de comunicación, la administración pública y el poder judicial y

e

Afán de lucro permanente y de obtención de poder en las esferas públicas y privadas.

Las características expuestas traslucen una riqueza tipológica multinacional, pluriétnica, multiorganizativa y de pluriactividad, coherente con el

concepto de multidimensional. La diversidad constituye el principal impedimento para perfilar una definición universal, que consiga captar la esencia y las variables comunes de todas estas manifestaciones criminales. En otras palabras, si bien el concepto de crimen organizado adolece de una imprecisión epistemológica integral, sus diferentes fenomenologías, las articulaciones sistémicas que desarrolla y el incremento de su potencialidad nociva, que desestabiliza a los Estados nacionales, constituye un

fenómeno que requiere especial atención dentro sional de la seguridad. De esa manera, asistimos de velocidades de adaptación y respuesta, porque vuelve velozmente y las respuestas seguritarias de a la par de esa peligrosa expansión poliforme.

del análisis multidimena una dinámica perversa el crimen organizado se los Estados no transitan

Los diversos debates metodológicos promovidos desde el derecho positivo y los estudios de seguridad nacional evidencian dificultades analíticas para generar consensos en torno a una teoría universal sobre el crimen organizado. La discusión denota un acentuado desequilibrio a favor de las investigaciones cualitativas y descriptivas, en detrimento de las cuantitativas, que no logran superar los modelos econométricos y los provenientes de las reflexiones fenomenológicas. En todo caso, el debate sobre las for-

mas de medición y evaluación constituye uno de los retos a enfrentar en el conocimiento complejo de la criminalidad organizada. Ahora bien, este libro no busca generar un manual de procedimientos metodológicos estandarizados contra la delincuencia organizada. Si bien introducimos una serie de herramientas para estudiarla y medirla, también sostenemos que las aproximaciones epistemológicas de otras disciplinas distintas a la Criminología se vuelven una necesidad imperativa, porque

Crimen organizado y seguridad multidimensional

195

contribuyen al enfoque multidimensional de la seguridad. No será posible entender la delincuencia organizada transnacional sin incluir metodologías provenientes de otras ramas científicas, como la Antropología Cultural y la Psicología Criminal, para entender los patrones de conducta de los de-

lincuentes, sus trayectorias individuales y sus carreras delictivas profesionales como un despliegue de racionalidades dentro de las organizaciones delictivas.

De igual forma, será importante explorar la logística de las organizaciones criminales, para medir el desempeño de sus actividades o estudiar el impacto de las subculturas delictivas a través de su socialización entre la juventud. Un tema central es la capacidad de cooptación o inmersión de los menores de edad en la delincuencia organizada y cualquier otro factor identificado como coadyuvante de la eclosión, el florecimiento y la expansión de la criminalidad organizada. Uno de los grandes desafíos cuantitativos para medir la delincuencia organizada está relacionado con la obtención de cifras fidedignas. La experiencia de varios países nos lleva a pensar que muchas cifras tienden a ser estimativas, abrumadoras, dispersas, de difícil contextualización metodológica y que pasan de una publicación

a otra, sin contrastación

rigurosa.

A esto se suma que los resultados locales difícilmente son comparables a escala transnacional o global, porque las métricas no son homogéneas para identificar problemas interdependientes. Ahí es precisamente cuando se producen graves sesgos de interpretación y medición, que complejizan el escenario interpretativo sobre el crimen organizado transnacional. Por otro lado, los enfoques cualitativos parten de una particularidad. En los análisis criminológicos, de seguridad nacional o de inteligencia, los

protocolos requieren niveles adicionales de reserva y custodia de la información, en comparación con los métodos antropológicos y sociológicos. Esa información es seleccionada, compartimentada y depurada en diferen-

tes instancias, dado que el objetivo no es realizar una validación epistemológica y académica del objeto de investigación. La escasez de información calificada lleva a recolectar datos mediante

investigaciones periodísticas, lo cual presupone un riesgo para el investigador, debido a la superficialidad, la inconsistencia y, en ciertos casos,

la falta de contraste con otras fuentes. Asimismo, comparar información

196

Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

estadística levantada por los Estados implica diferencias conceptuales sobre los hechos delictivos que presentan altos riesgos para el proceso de investigación científica y académica. La entrevista en profundidad, las encuestas de percepción de inseguridad o victimización, las encuestas sobre la confianza en instituciones de control u otras herramientas que permitan acercarse a esclarecer las “cifras negras” del fenómeno han mostrado su utilidad para medir el delito convencional en países o sociedades que tienen programas y políticas locales denominadas, en muchos casos, de seguridad ciudadana. Sin embargo, aún queda un importante camino por recorrer para relacionar dicha percepción con el despliegue y el alcance de la delincuencia organizada internacional, sobre todo en aquellos casos relacionados con el lavado de activos y la corrupción en la esfera pública y privada. Establecer formas viables de obtener información acerca de la criminalidad organizada constituye, sin duda, un desafío adicional que enfrenta

la investigación criminológica y de seguridad. Los datos provenientes de fuentes “comprometidas” o clandestinas conllevan una serie de inconvenientes que el investigador debe superar, en aras de generar indicadores para los ejercicios de medición, intervención y posible recomendación de

política pública.

De la mano de lo anterior, existe un importante desafío para los Estados: aportar información descriptiva sobre hechos criminales, que permita tanto a la academia como a analistas de inteligencia generar datos en fuentes abiertas, con la mayor exactitud posible. Se debe agregar la dificultad de aquellos Estados con limitada institucionalidad y un bajo despliegue cooperativo internacional, que no logran construir bases de datos centra-

lizadas en niveles operacionales, policiales, financieros y de justicia. Por tanto, la socialización de la información proveniente de los Estados resulta una herramienta indispensable para responder a los cuestionamientos del alcance del crimen organizado en la sociedad nacional e internacional. Parecería que la integración de distintas fuentes de datos, tanto institucionales como procedentes de estudios y de variables contextuales que no están directamente relacionadas con el delito, representa una de las op-

ciones más prometedoras de las investigaciones en materia criminológica

y de seguridad multidimensional. Así, un sendero prometedor dentro del

Crimen organizado y seguridad multidimensional

197

análisis de la criminalidad organizada es la obtención de datos en fuentes oficiales, que puedan ser contrastados con herramientas de carácter cualitativo y con experiencias previas registradas en los estudios de seguridad multidimensional. La relación entre Estado, democracia y crimen organizado demanda una amplia reflexión, especialmente en aquellos espacios en los cuales

el crimen organizado incide perniciosamente en la cultura política y el sistema democrático de los países. La tendencia contemporánea apunta a que los dirigentes de las organizaciones criminales traducen la riqueza acumulada en demandas políticas, sociales

y económicas. Asimismo, exis-

ten ocasiones en las cuales las autoridades gubernamentales extorsionan a los delincuentes, con el objetivo de lograr su enriquecimiento particular o conservar el poder de la clase política dominante. A ese fenómeno se suma el vínculo entre el crimen organizado y las autoridades políticas, que les permite a estas últimas perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible, mediante los recursos y el financiamiento de campañas electorales por parte del primero. Por tanto, surge la necesidad de enriquecer el debate de la multidimensionalidad del crimen organizado en la esfera política

y gubernamental de cada Estado, así como identificar,

desde una lógica geográfica, su nivel de cooptación y penetración en todos los niveles.

En ciertos momentos de la historia e incluso en el presente, los go-

biernos han operado y operan como organizaciones criminales transnacionales, dentro y fuera de sus territorios. Esos casos son demostrables en América Latina, África y Asia. Por otro lado, merece especial atención la protección estatal mediante la autoridad ejercida, el poder político y la

debilidad institucional, especialmente en fuerzas públicas como la Poli-

cía y las Fuerzas Armadas. Diversos casos identificados en América Latina evidencian desorden institucional, excesiva burocratización y altos compo-

nentes de informalidad en sus sistemas gubernamentales, que se relacionan

directamente con el cometimiento de actividades ilícitas.

Como hemos expresado a lo largo de este análisis, no existe ningún sistema político libre de corrupción. Por ello, esta es letal para la administra-

ción. Al adquirir carácter sistémico, se difumina en el tejido institucional al punto de que los organismos públicos trabajan habitualmente con ella

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Fredy Rivera Vélez y Daniel Sansó-Rubert Pascual

e, incluso, no pueden funcionar sin ella. Ese fenómeno, junto a la inexistencia operativa de mecanismos de autodefensa, control e inteligencia policial, terminan garantizando la impunidad y el desgobierno. Por ende, recalcamos que las características concretas de un Estado y de su estructura política sí determinan la forma en que se articulan los nexos entre actores estatales y criminales y, sobre todo, el riesgo que implican para la estabilidad de un país y para el funcionamiento general de sus instituciones. En conclusión, el texto se inserta en el debate sobre el crimen organizado a partir de una visión que pretende ser sistémica y relativamente holística, desde enfoques de seguridad multidimensional,

Criminología,

Relaciones Internacionales y Economía Política. De esa forma, ofrece posibilidades de aplicación a diferentes áreas del conocimiento, y de minimizar riesgos y contingencias en un mundo interpretativo complejo. El estudio

de la delincuencia organizada transnacional está inmerso en un constan-

te ciclo de evolución, que lleva a promover nuevos debates académicos y

prácticas multidisciplinarias. Este constituye nuestro aporte a la consolidación de una teoría de la criminalidad organizada.

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