Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su derogación 9788491481812, 8491481818

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CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE (...)
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1. CUESTIONES PREVIAS
2. LA CIENCIA ESPAÑOLA PENAL NO PUEDE DAR RESPUESTA A TODAS LAS CUESTIONES QUE ABORDA SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
2.1. Relegación por parte de la doctrina de la Criminología
2.2. Dogmática penal, Política criminal y Criminología
PRIMERA PARTE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y SU CONSTITUCIONALIDAD
1. INTRODUCCIÓN
2. CONSTITUCIONALIDAD
2.1. La prisión permanente al ser "revisable" no conlleva un trato inhumano o degradante. 2.2. No se vulnera el mandato constitucional del art. 25.2 de la CE: "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social ... "2.3. La imposición de la pena de prisión permanente revisable no conculca el derecho a la Igualdad de todos ante la Ley
2.4. En la Constitución no hay ningún precepto que impida el establecimiento de penas privativas de libertad por el legislador, ni que limiten su extensión. Proporcionalidad
2.5. Dictamen del Consejo de Estado
2.6. Derecho comparado
3. CONCLUSIONES. SEGUNDA PARTE CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DOCTRINA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE1. INTRODUCCIÓN
2. PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES
2.1. Las penas de larga duración pueden tener efectos negativos en la personalidad
3. PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS
3.1. Proporcionalidad de las penas y cumplimiento efectivo de 25, 30 y 40 años
4. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
5. INVASIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA
6. MANDATO CONSTITUCIONAL HACIA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
6.1. Los permisos penitenciarios de salida y la reinserción. 6.2. Endurecimiento de los requisitos para el acceso al tercer grado7. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL
7.1. Peligrosidad
7.2. Vida penitenciaria y reinserción social
8. AGRAVACIÓN DE LAS PENAS
8.1. Efectos preventivos de la prisión permanente revisable
TERCERA PARTE CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL HACIA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
1. INTRODUCCIÓN
2. LA CENTRAL PENITENCIARIA DE OBSERVACIÓN Y EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LOS DELINCUENTES
2.1. La Central Penitenciaria de Observación y la prisión permanente revisable. I. ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y DIECISÉIS AÑOS1. Informe jurídico-criminológico
2. Informe psicológico
3. Informe del psiquiatra
4. Informe pedagógico
5. Informe de la asistente social
6. Informe sociológico
7. Síntesis criminológica
7.1. Cuestión previa. Reunión final del equipo
7.2. Diagnóstico del estado peligroso
7.3. Pronostico de comportamiento futuro y grado de tratamiento
II. ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y VEINTITRÉS AÑOS
1. Área penal y penitenciaria
2. Área sociopedagógica
3. Área personal.

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CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y RAZONES PARA SU DEROGACIÓN

ALFONSO SERRANO GÓMEZ ISABEL SERRANO MAÍLLO

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y RAZONES PARA SU DEROGACIÓN

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©

Alfonso Serrano Gómez e Isabel Serrano Maíllo

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid Teléfono (+34) 91544 28 46 – (+34) 91544 28 69 e-mail: [email protected] http://www.dykinson.es http://www.dykinson.com

ISBN: 978-84-9148-181-2

Preimpresión: Besing Servicios Grácos, S.L. [email protected]

A la memoria de Pilar

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...............................................................................

13

1.

CUESTIONES PREVIAS .............................................................

13

2.

LA CIENCIA PENAL ESPAÑOLA NO PUEDE DAR RESPUESTA A TODAS LAS CUESTIONES QUE ABORDA SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE ...................................................................................

20

2.1. Relegación por parte de la doctrina de la Criminología .

20

2.2. Dogmática penal, Política criminal y Criminología ........

22

PRIMERA PARTE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y SU CONSTITUCIONALIDAD 1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................

27

2.

CONSTITUCIONALIDAD ........................................................

29

2.1. La prisión permanente al ser “revisable” no conlleva un trato inhumano o degradante .......................................

30

2.2. No se vulnera el mandato constitucional del art. 25.2 de la CE: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...” ....................................

37

2.3. La imposición de la pena de prisión permanente revisable no conculca el derecho a la igualdad de todos ante la Ley ...................................................................

38

10

3.

Índice

2.4. En la Constitución no hay ningún precepto que impida el establecimiento de penas privativas de libertad por el legislador, ni que limiten su extensión. Proporcionalidad..................................................................

38

2.5. Dictamen del Consejo de Estado .......................................

40

2.6. Derecho comparado ............................................................

44

CONCLUSIONES .........................................................................

46

SEGUNDA PARTE CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DOCTRINA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................

49

2.

PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES ......

50

2.1. Las penas de larga duración pueden tener efectos negativos en la personalidad...............................................

52

PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS ................................

55

3.1. Proporcionalidad de las penas y cumplimiento efectivo de condena de 25, 30 y 40 años............................

58

4.

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD .............................................

60

5.

INVASIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA .........................................................................

61

MANDATO CONSTITUCIONAL HACIA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL .......................................

62

6.1. Los permisos penitenciarios de salida y la reinserción ...

64

6.2. Endurecimiento de los requisitos para el acceso al tercer grado ...........................................................................

68

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL ......................................................

69

3.

6.

7.

Índice

8.

11

7.1. Peligrosidad...........................................................................

73

7.2. Vida penitenciaria y reinserción social .............................

74

AGRAVACIÓN DE LAS PENAS ................................................

77

8.1. Efectos preventivos de la prisión permanente revisable .

78

TERCERA PARTE CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL HACIA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................

83

2.

LA CENTRAL PENITENCIARIA DE OBSERVACIÓN Y EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LOS DELINCUENTES ...

86

2.1. La Central Penitenciaria de Observación y la prisión permanente revisable ...........................................................

89

ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y DIECISÉIS AÑOS ...........................

90

1.

Informe jurídico-criminológico .........................................

91

2.

Informe psicológico ............................................................

95

3.

Informe del psiquiatra ......................................................... 105

4.

Informe pedagógico ............................................................. 107

5.

Informe de la asistente social .............................................. 110

6.

Informe sociológico ............................................................. 112

7.

Síntesis criminológica .......................................................... 116

I.

- Diagnóstico del estado peligroso ..................................... 117 - Peligrosidad ........................................................................ 121 - Pronóstico de comportamiento futuro ........................... 122 II. ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y VEINTITRÉS AÑOS....................... 126 1.

Área penal y penitenciaria .................................................. 127

12

Índice

2.

Área sociopedagógica .......................................................... 131

3.

Área personal ........................................................................ 135 - Probabilidad de reincidencia ........................................... 140

4.

Valoración final .................................................................... 141

CUARTA PARTE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE PUEDE CONVERTIRSE EN INDEFINIDA, DE POR VIDA, POR LO QUE DEBE SER DEROGADA 1.

POR QUÉ HAY INTERNOS QUE NO QUIEREN O NO SON CAPACES DE ACCEDER AL TERCER GRADO, PESE A QUE ELLO LES FACILITA LA LIBERTAD............... 144

2.

INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE 9 Y 23 AÑOS QUE NO CONSIGUIERON ACCEDER AL TERCER GRADO.............................................. 146 2.1. Muestra de internos del año 1991 en prisión ininterrumpida entre 9 y 16 años ....................................... 147 - Diagnóstico del estado peligroso: capacidad criminal, adaptabilidad social, peligrosidad. Pronóstico de comportamiento futuro: datos positivos y negativos ...... 147 2.2. Muestra de internos de los años 2008-2011 en prisión ininterrumpida entre 9 y 23 años ......................... 152 - Factores que facilitan o difucultan la adaptación social. Probabilidad de reincidencia .................................. 152

PUBLICACIONES DE ALFONSO SERRANO GÓMEZ .............. 161

INTRODUCCIÓN

1.

CUESTIONES PREVIAS

Esta pena, que se incorpora al Código penal en la reforma de 23 de marzo de 20151, ha sido muy cuestionada desde muchos sectores que la consideran inconstitucional. Sin embargo, para nosotros sí es constitucional2, aunque ya cuando se tramitaba el Anteproyecto se apunta que no era aconsejable su inclusión en el sistema penal español. Se indicaba: “Es muy probable que los condenados a prisión permanente revisable no superen los requisitos exigidos para conseguir la libertad condicional, ni en la primera ni en las sucesivas revisiones, por lo que la prisión para ellos terminaría convirtiéndose de hecho en perpetua”; “no consideraba recomendable que la pena de prisión permanente revisable se incorporara al Código penal español”3. Aunque esta pena se aplicara en algún caso, no parece que exista la posibilidad de que llegue a cumplirse íntegramente en ningún supuesto, pues lo probable es que sea derogada mucho antes, por razones que se recogen a continuación.

1

LO 1 /2015, de 30 de marzo (BOE núm. 77 del 31). Vid. supra pags. 29 y ss. 3 SERRANO GÓMEZ, A., “Sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable”, en Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral, II . Madrid, Editorial Universitas, 2012, pág. 1833; “La prisión permanente revisable en el Anteproyecto de reforma del Código penal español”, en Estudios den Dereito Penal, Processual e Criminologia en Homenagem ao Prof. Dr. Kurt Madlener”, Centro de Estudios Judiciarios, Brasilia, 2013, pág. 57. 2

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Para un condenado a esta pena tendrán que transcurrir al menos 25 años para ser revisada. Si la supera, se le aplicaría la suspensión de la ejecución de la pena con la consiguiente libertad condicional por un periodo de cinco a diez años, por lo que la extinción de la pena sería entre los treinta y treinta y cinco años. Esto en el mejor de los supuestos, pues en los demás tendrían que transcurrir 28, 30 o 35 años para la revisión. No hay razones para ser optimistas y pensar que una persona tras 25 o más años en prisión pueda resocializarse. Las posibilidades son escasas, y la situación de agravará si ese internamiento llega a 30 o 35 años. De esto se debía de haber informado al legislador. Parece que se ha pasado de una política criminal de tratamiento resocializador a otra de agravación de las penas buscando mayor seguridad,4 con lo que se pretende reafirmar el fin retributivo de las penas y la prevención general. Teniendo en cuenta el rechazo de que ha sido objeto esta pena, especialmente entre los penalistas y partidos políticos, será eliminada del Código mucho antes de 25 años, por lo que quienes fueran condenados a esta pena no terminarán todo el proceso de su cumplimiento. Partidos políticos. A excepción del Partido Popular que ha sido quien introduce esta pena, pues con la mayoría absoluta no ha tenido problemas, casi todos los grupos parlamentarios se pronunciaron en contra anunciando su derogación en cuanto consiguieran tener mayoría en el Congreso. Será pronto. No hay duda de que la tendrán mucho antes de transcurridos 25 años. La prisión permanente revisable, por tanto, tendrá previsiblemente un plazo corto de vida. Recurso de inconstitucionalidad. El 30 de junio de 2015 se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional por diputados 4 SERRANO TÁRRAGA, M.D., “La prisión permanente revisable” en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm.25, 2012, en pág. 75 dice que un “cambio de dirección de la política criminal ha supuesto el abandono del paradigma resocializador y su sustitución por un Derecho penal de la seguridad, que lleva a reclamar un mayor aumento de las sanciones, lo que contribuye a tranquilizar a la población, con la inocuización de los delincuentes y justificación de mantener a los que se consideran más peligrosos ingresados por largo tiempo en prisión”.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

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pertenecientes a casi todos grupos parlamentarios5. El recurso de inconstitucionalidad afecta a once artículos del Código penal6. Postura de la doctrina. Los penalistas que se han ocupado de esta cuestión, casi en bloque se han pronunciado en contra de la prisión permanente revisable por considerarla inconstitucional. Son muchos los frentes abiertos contra la prisión permanente revisable. Teniendo en cuenta que su incorporación al Código penal ha sido especialmente por motivos políticos, es muy probable que también por razones políticas interesadas se derogue. No se justifican suficientemente las razones que motivan la incorporación de esta pena a nuestro ordenamiento jurídico7, indicando solamente que se impone a “supuestos de especial gravedad”8. Tanto el Consejo General del Poder 5 Los diputados en cuyo nombre se interpone el recurso son del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, GP de IU, ICV, EUiA,CHA: La Izquierda Plural, GP de Unión Progreso y Democracia, GP Vasco (EAJ-PNV) y BNG, NC, Compromis del Grupo Parlamentario Mixto. En total son 118 los firmantes. 6 Se consideran inconstitucionales los siguientes artículos de Código penal, según quedan redactados tras la reforma de la LO 1/2015 de 30 de marzo: art. 33.2.a), 35, 36,76.1.e),78 bis, 92, 140, 485.1, 605.1, 607.1.1º, 607.1.2º y 607 bis 2.1º. 7 En el apartado II del preámbulo de la LO 1/2015 se recoge: “La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad…Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008…” En realidad el legislador cuando ha elevado las penas en múltiples reformas del Código penal suele ser escueto en la justificación. 8 La prisión permanente revisable está prevista para el asesinato “cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.1ª. Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 2ª. Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. 3ª. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciera a un grupo u organización criminal. 2. El reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas” (art. 140 CP). “El que matare al Rey o la Reina o al Príncipe o la princesa de Asturias” (art. 485.1). “El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España” (art. 605.1). “Los que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes… si mataran a alguno de sus miembros…si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjera alguna de las lesiones previstas en el artículo 149” (art.607.1.1º y 2º). “Los reos de delitos de lesa humanidad…si causaren la muerte de alguna persona” (art. 607 bis 2.1.).

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Judicial9, como el Consejo de Estado critican la falta de motivación10. La reforma del Código penal, la número 29 desde la aprobación del Código vigente en 1995, se ha gestado, como todas las anteriores, sin una aceptable política criminal. Da la impresión de que no se ha pedido información suficiente -incluso ninguna- a los expertos en Derecho penal y Criminología, y se han olvidado de los penitenciaristas11, que mucho tienen que decir sobre la ejecución de esta pena. Tampoco cabe acudir al argumento de la prevención general en una época en la que ha disminuido la criminalidad en España12, incluso los delitos más graves13. Nuestra tasa de homicidios, El legislador podía haber argumentado en su favor que se adelanta al riego de atentados terroristas que se están produciendo en diversas partes del mundo y en particular en Europa. 9 Consejo General del Poder Judicial: Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penlal,2013, en su pág. 48 recoge: “no debe pasar inadvertido el hecho de que la Exposición de Motivos no haga mención a las razones y motivos que han llevado al prelegislador a introducir la PPR…ninguna referencia aparece respecto de las circunstancias que, precisamente en el momento actual, aconsejan que una pena privativa de libertad eventualmente perpetua se instaure en el vigente Código Penal…” 10 El Consejo de Estado, en el dictamen emitido al Anteproyecto de reforma del Código penal el 27 de junio de 2013 recoge: “La introducción de la prisión permanente revisable responde a una libre opción de política legislativa que, sin embargo, no ha sido suficientemente justificada en el expediente… no parece que obedezca a la necesidad de poner freno, mediante un grado de disuasión penológica, a una escalada de los delitos contra la vida humana independiente… no obstante, también podría alegarse alarma social y valoraciones extraordinariamente negativas que suscitan la excarcelación de condenados por ciertos delitos graves, situaciones que generan una intensa crítica social respecto a nuestro sistema punitivo…Este Consejo de Estado no puede, por tanto, sino discrepar en la forma en que se ha presentado esta importante decisión de política penal y penitenciaria, e insistir en la necesidad de que una reforma de tal envergadura vaya acompañada de una justificación profunda, detallada y respaldada por datos precisos de las razones que la motiva”, págs. 90 y s. 11 Por Real Decreto 365/1976, de 26 de febrero, se crea en la Comisión General de Codificación la sección de Derecho penal y Penitenciario. En los estatutos aprobados por Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero, se reestructura la Comisión General de Codificación como asesora del Ministerio de Justicia para tareas prelegislativas. Las secciones son cinco, ocupándose la cuarta del “Derecho Penal”. La última vez que se consultó la sección de Derecho Penal fue en 1981. Hoy la Comisión se rige por los Estatutos aprobados por Real Decreto 845/20015, de 28 de septiembre. 12 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2015, pág. 153 recoge el total de infracciones penales conocidas por este Ministerio, que fueron: 2011 (2.285.525), 2012 (2.268.867), 2013 (2.172.133), 2014 (2.092.040) y 2015 (2.036.815). 13 Ibídem, en pág. 163 recoge homicidios dolosos/asesinatos consumados 2011 ( 385), 2012 (364), 2013 (302), 2014 ( 323) y 2015 (303).

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por ejemplo, es la más baja de Europa14, con excepción de Austria15.También ha disminuido la población penitenciaria16. Se produce un fenómeno al menos curioso: mientras que por una parte se endurecen las penas, por otra, se facilita la disminución de internos en prisión. La prisión permanente revisable no es inconstitucional, aunque por las razones que se expondrán más adelante no es aconsejable que se mantenga en el Código penal, pues para parte de los condenados terminaría convirtiéndose en una prisión indefinida, de por vida, al no poder superar las revisiones en las que se acredite “la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”17. Cuanto más se prolongue la vida en prisión más difícil será la recuperación social del penado18. Que la prisión puede terminar convirtiendo de por vida no lo contempla el legislador, que parece partir de la idea de que todos superarán la primera o posteriores revisiones; lo que no sucedería. Se recoge en el inciso final del párrafo segundo del 14 El Consejo General del Poder Judicial en su Informe al Anteproyecto… cit., recoge en su pág. 49: “En la situación actual, la incorporación de la prisión permanente revisable al catálogo de las penas privativas no se justificaría por el incremento numérico de los crímenes para los que se prevé esa sanción. La tasa de homicidios en España es la más baja de Europa. Según el Balance de Criminalidad correspondiente al año 2011, elaborada por el Ministerio del Interior…” Hay que tener en cuenta que el Informe es del año 2013 y el de la nota siguiente es de 2015, donde los homicidios en Austria quedan por debajo de España. 15 Anuario Estadístico Ministerio del Interior 2015, pág. 160 recoge la tasa de homicidios en Europa, según datos de EUROSTAT. La media en la Unión Europea es de 1, 01 por cada 100.000 habitantes y la de España 0,65. Destacan: Lituania (5,27), Letonia (3,85), Estonia (3,12), Bélgica (1,80). Otros países: Bulgaria (1,60), Francia (1,20), Suecia (0,90), Alemania (0,80), Italia (0,78), cierran España (0,65) y Austria (0,47). Los datos de España son del año 2015 y el resto de países de 2014. 16 Ibídem, pág. 527. La población penitenciaria en España ha evoluciona: año 2007, los internos eran 67.100, en 2008 (73.558), 2009 (76.079), 2010 (73.929), 2011 70.472), 2012 (68.579), 2013 (66.765), 2014 (65.017) y 2015 (61.614), En 2015 eran hombres 56.892 (92,34% de la población total) y 4.722 mujeres (7,66%); extranjeros 17.870 (16.513 hombres y 1.357 mujeres). Los extranjeros en 2010 eran 26.315, en 2012 (22.893), 2014 (19.697) y 2015 (17.870). 17 Art. 92.1,c) CP. 18 NISTAL BURÓN, J., “La duración del cumplimiento efectivo de la nueva pena de ´prisión permanente revisable´ introducida por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código Penal”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6/2015,en pág. 1 escribe: “La orientación resocializadora de la pena privativa de libertad que establece la Constitución española en su artículo 25 requiere, entre otras actuaciones, establecer unas limitaciones en la duración máxima de las penas privativas de libertad para evitar que una persona pueda pasar tantos años en prisión que al salir en libertad resulte ya irrecuperable socialmente”.

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apartado II del preámbulo de la Ley de reforma del Código penal: “La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”. De ello se desprende que si la pena termina siendo indefinida podría convertirse en inhumana o degradante, con lo que cabe plantear si desde ese momento se conculca el artículo 15 de la Constitución. En este trabajo se hacen unas breves consideraciones sobre la postura de la doctrina respecto a la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. No obstante, el objetivo de nuestro estudio es muy concreto: se trata de justificar que dicha pena debe ser derogada. A esta conclusión se llega mediante un trabajo empírico, basado en consideraciones criminológicas, deducidas de estudios realizados por expertos de Instituciones penitenciarias con penados que han estado ininterrumpidamente en prisión por un periodo comprendido entre nueve y veintitrés años. Hay que apuntar que esos estudios adquieren un especial relieve en la suspensión de la ejecución de la pena, pues según el artículo 92.1.c) del Código penal el juez que ha de resolver sobre esta cuestión ha de tener en cuenta, entre otros factores: “Los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario”. Esta forma de trabajar pone de manifiesto que en el terreno de la política criminal no es suficiente con la Dogmática; en el campo penal necesariamente hay que recurrir a la Criminología. En la universidad española en general -aunque hay muchas excepciones-, se publica mucho pero se investiga poco19, “que 19 MANGAS MARTÍN, A., “La evaluación de la investigación jurídica en España”, en El Cronista, núm. 23, 2011, págs. 60 y ss. dice: “se publica y se republica lo mismo durante años. O se hace pasar como monografía de investigación compilaciones de textos y se publican con la complicidad de editoriales jurídicas…hay colegas que viven del mismo tema convenientemente estirado… sin embargo, la mayor parte de las publicaciones lo que hacen es poner algún que otro azulejo en edificios cuya estructura y diseño han hecho otros”; en el diario El Mundo de 2 de marzo de 2010, pág. 17, bajo el título “Dispendio universitario en proyectos fantasmas ”, dice: “ Se publica tanto en los últimos tiempos porque los sistemas de evaluación de la Aneca y de las anequistas regionales son tan perversas que de nuevo, sólo les interesa la cantidad de tesis, el número de proyectos financiados y el número de pu-

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innoven ellos”20. Decía Ramón y Cajal que “el saber ocupa lugar”21. Investigar supone aportar algo nuevo a la ciencia22, aunque sea poco, otra cosa es divulgar lo propio o de terceros. Álvarez García, tras recoger la postura de muchos penalista en relación a los efectos negativos en internamientos por más de 15 años, dice: “Todas estas citas vienen a cuento de lo siguiente: en ninguna de ellas se justifica, con el apoyo de alguna investigación criminológica, lo que se afirma; es decir, que la estadía continuada durante más de quince años en una prisión -en algún caso se habla, como se ha visto en esta nota y en la anterior de doce o de veinte años-, produzca daños irreversibles en la conciencia del sujeto”23. blicaciones y no los contenidos…A nadie debe extrañar que nuestras universidades ocupen lugares muy bajos en la valoración europea y mundial…en pocas ocasiones (¿un 10 o 15%?), tras hacer la evaluación, me he encontrado con verdaderas propuestas de investigación. La mayoría de la solicitudes son temas muy trillados, con decenas de monografías o artículos ya publicados en España”. 20 DOMÉNECH PASCUAL, G., “Que innoven ellos. Por qué la ciencia jurídica española es tan poco original, creativa e innovadora”, en Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, abril, 2016, págs. 1 y ss. dice en pág. 4: “Cualquiera que esté más o menos familiarizado con nuestra literatura jurídica y la procedente de algunos países en la que los profesores españoles solemos fijarnos, y en cuyas Universidades realizamos de ven en cuando estancias de investigación, habrá podido llevarse la impresión de aquí somos, en líneas generales, relativamente poco innovadores. Contadas, muy contadas, son la ideas surgidas originariamente en nuestras Facultades que han supuesto un verdadero avance de la ciencia jurídica, y no hablemos ya de las que han tenido o podido tener relevancia más allá del espacio iberoamericano. Lo cual contrasta con la enorme influencia que la doctrina de aquellos países ha ejercido sobre la nuestra”. 21 RAMÓN Y CAJAL, S., Reglas y consejos sobre la investigación científica. Los tónicos de la voluntad (1ª ed. 1897, 2ª. 1898, 3ª.1912). La Colección Austral hace una edición, con prólogo de Severo Ochoa, en 2000. De esta edición se toma el texto que figura en pág. 48: “Hay casos en los que la ignorancia es una gran virtud, casi un heroísmo: los libros inútiles, perturbadores de la atención, pesan y ocupan lugar tanto en nuestro cerebro como en los estantes de las bibliotecas y deshacen o estorban la adaptación mental del asunto. El saber ocupa lugar, diga, lo que quiera la sabiduría popular”. 22 Ibídem, en pág. 137 escribe: “Lo primero que se necesita para tratar de asuntos científicos, cuando no nos impulsa la misión de la enseñanza, es tener alguna observación nueva o idea útil que comunicar a los demás. Nada más ridículo que la pretensión de escribir sin poder aportar a la cuestión ningún positivo esclarecimiento, sin otro estímulo que lucir imaginación calenturienta, o hacer gala de erudición pedantesca con datos tomados de segunda o tercera mano”. 23 ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., “La nueva reforma penal de 2013”, en Eunomía. Revista de la Cultura en la Legalidad, núm. 6, 2014, pág. 44. Continúa diciendo: “el problema no reside tanto en el tiempo privado de libertad como en el régimen de esa privación”. En las referencias a autores, que actualiza, cita a Boldova Pasamar.

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2.

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LA

CIENCIA ESPAÑOLA PENAL NO PUEDE DAR RESPUESTA A TODAS

LAS CUESTIONES QUE ABORDA SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

2.1.

Relegación por parte de la doctrina de la Criminología

La Ciencia penal se ha ocupado de algunos temas relacionados con la constitucionalidad de la prisión permanente revisable a los que no puede dar respuesta. Necesita de la aportación de otras disciplinas, entre ellas la Criminología y, en la cuestión que nos ocupa, de la Ciencia penitenciaria. En el estudio criminológico que se recoge en las dos últimas partes de esta obra se pone de manifiesto que la Criminología puede hacer grandes aportaciones en el campo de la Política criminal. Incluso la Dogmática penal podría ocuparse más de la realidad social a través de los datos facilitados por diversas disciplinas, entre ellas la Criminología24. Difícilmente se pueden hacer reformas penales sin conocer la realidad criminal de un país. Esta cuestión la planteaba Del Rosal hace setenta años: “De nada sirve que el penalista elabore sus conceptos encasillados en los rígidos moldes de un dogmatismo lógico y formal, si sus especulaciones se construyen a espaldas de la entidad real del delincuente y de la pavorosa forma social de la criminalidad”25. La situación no ha cambiado. Hubo incluso quien dijo que “la Criminología terminaría tragándose al Derecho penal”26, lo que no es posible, pues son disciplinas 24 SANZ MULAS, N., “De las libertades del Marqués de Beccaria, al todo vale de Gúnter Jacobs. El fantasma del enemigo en la legislación española”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 10-14,2012, pág. 4, en relación a la doctrina alemana dice: “En los últimos tiempos ha cambiado la orientación metodológica hacia un modelo mixto dogmático político-criminal, mientras que el ‘puro dogmatismo’ entra en clara crisis de utilidad... una dogmática, en definitiva, centrada en el espinoso problema de las relaciones entre el Derecho penal y las llamadas Ciencias penales; esto es, entre la Dogmática penal, la Política criminal y la Criminología”. 25 DEL ROSAL FERNÁNDEZ, J., La personalidad del delincuente en la técnica penal, Facultad de Derecho, Valladolid, 1947, pág. 13. 26 JIMÉNEZ DE ASÚA, L., repitió muchas veces esa frase con las mismas palabras u otras similares. Tratado de Derecho penal, II, 3ª ed. Losada , Buenos Aires, 1964, pág.109, nota 35: “Desde hace treinta y cinco años vengo repitiendo la

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independiente. Jescheck, que fue el referente de los penalistas españoles que pasaron por el Max Planck Institut de Friburgo27, decía: “El Derecho penal sin la Criminología está ciego, y ésta sin aquél carece de límites”28. Sobre la importancia de la Criminología para la Dogmática penal y la Política criminal ya hace tiempo que se alertaba a la ciencia penal española29 y, antes, se consideró importante conectar el Derecho penal con las ciencias penales30. Los penalistas han de ocuparse más de la realidad social y olvidar su aislamiento normativo31. Desde hace muchos años se viene considerado negativo que aspirantes a puestos docentes en el área de Derecho penal se hayan ocupado también de la Criminología en sentido positivo; se les ha marginado, mientras que, curiosamente, son penalistas los que crearon y dirigieron los Institutos de Criminología y ahora tutelan los Grados en Criminología. La frase de que la Criminología se tragará al Derecho penal. En alguna ocasión dijo que era “penalista de oficio y criminólogo de afición”, en “La llamada victimología”. Estudios de Derecho penal y criminología. I . Buenos Aires, 1961, pág. 37. En El criminalista, 2ª serie, VI, Buenos Aires, ed. Victor R. de Zavala, 1964, en pág. 129 dice: “Resulta muy claro que el Derecho penal es una cosa y la Criminología una muy otra…esta separación no quiere decir que la Criminología y el Derecho penal deban enfrentarse como enemigos…Debemos preguntarnos ¿cuándo debe intervenir la Criminología en el Derecho penal... en el momento en que va a ser hecha la ley, es decir, por las Comisiones de reforma y por los legisladores…? 27 En el Instituto Max Planck hay dos áreas, una de Derecho Penal Extranjero e Internacional y otra de Criminología. En el año 1970 la Sociedad Max Planck aprobó la creación de un Instituto en Friburgo, junto a la tradicional labor en Derecho penal se une la de Criminología. Fue nombrado director de la sección de criminología al profesor Günther Kaiser, que enseñaba criminología en el Instituto de la Universidad de Tübingen. En 1973 se le nombró codirector del Max-Planxk-Institut, cuya dirección ostentaba Jescheck. Este dirigía el grupo en materia de investigación penal y Kaiser el de criminología. 28 JESCHECK, H.H. , Tratado de Derecho penal, trad. a la 2ª ed. de MANZANARES SAMANIEGO, J.L., Comares, Granada,1993.pág. 35. 29 Sobre esta cuestión SERRANO GÓMEZ hace años publicaba un artículo bajo el título: “Dogmática jurídica, Política criminal y Criminología como alternativa de futuro”, en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 1980, fasc. II, págs. 611 y ss.; “La Criminodogmática”, en Revista de Derecho penal y Criminología, núm.1, 1991, págs. 419 y ss. 30 El Anuario de Derecho penal… es también de Ciencias penales. Creado por Cuello Calón, en 1948, quien fue a Bolonia en 1902; allí preparó su tesis doctoral: La Mafia. Notas sobre la criminalidad en Sicilia, publicada por la Viuda de Rodríguez Serra, Madrid s/f (1904-1905?); fue autor de Tribunales para niños (1917), Penología (1920), Criminalidad infantil y juvenil (1934), La moderna penología (1958) y otra decena de trabajos sobre criminología. 31 WÜRTENBERGER, T., Persona y Ley jurídica.,Contribución a una futura antropológía del Derecho. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1967, pág. 20.

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Ciencia del Derecho penal está muy avanzada en nuestro país, pero tiene escasa influencia en el campo de la política criminal, como lo pone de manifiesto que prácticamente no se hayan valorado sus críticas y propuestas a la reforma del Código penal de 2015, ni en su conjunto, ni en lo relativo a la prisión permanente revisable. Decae la Dogmática penal y la teoría jurídica del delito cada vez tiene menos presencia en los procedimientos penales por la conformidad de los acusados con la pena solicitada para ellos. Son frecuentes los acuerdos entre la acusación y defensa: se pactan muchas sentencias, por lo que no hay debate sobre el delito y sus elementos32, ni, por tanto, sentencias que los recojan. A pesar de su importancia en el campo de la Política criminal apenas hay trabajos científicos de criminología. Se ha creado en muchas universidades el Grado de Criminología, en lo que han influido los penalistas. Es probable que a corto plazo -incluso a medio-, la investigación científica apenas exista, y en todo caso será bastante deficiente. Se seguirá haciendo criminología libresca. 2.2.

Dogmática penal, Política criminal y Criminología

Pasamos a ocuparnos brevemente de las principales cuestiones que aborda la Ciencia penal española con respecto de la prisión permanente revisable, para indicar que tiene serias dificultades en hacer propuestas viables si no recurre a la Criminología y otras disciplinas, entre ellas la Ciencia penitenciaria. La Dogmática penal cabe entenderla como interpretación del derecho, lo que el derecho vigente quiere decir33-si bien desde un planteamiento sistemático-. Su función no puede quedar ahí, pues en conexión con la Política criminal tiene que proponer soluciones -a través de cambios legislativos- para preceptos 32 Sobre sentencias por conformidad con la pena por parte del acusado Vid. arts . 652, 655, 688 a 700, 784.3 y 787.1 de la LECrim. 33 CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español. Parte general. I. Introducción, Tecnos, Madrid,1996, en pág. 62 escribe: “Puede decirse que la tarea de la dogmática del Derecho penal es la interpretación del Derecho penal positivo, si el término interpretación se utiliza en su acepción más amplia…la dogmática del Derecho penal ha de conocer el sentido de los preceptos jurídico-penales positivos”.

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legales que no se ajustan a la realidad, por lo que necesitará a veces información previa criminológica y de otras disciplinas afines. No obstante, la Dogmática penal, cuando interpreta el derecho, ya está haciendo política criminal. 2.2.1. Proporcionalidad de las penas. La ciencia penal no dispone de elementos para valorar la gravedad de la prisión permanente revisable en relación con los delitos para los que se establece. Son muchas las cuestiones a tener en cuenta, entre ellas los fines y los efectos de las penas. Se trata de una cuestión muy compleja34. Tampoco podrá hacer valoraciones sobre su incidencia en la prevención general, que no la tiene. 2.2.2. Tratos inhumanos o degradantes. Hay 33 países europeos que tienen en sus ordenamientos la cadena perpetua y no vulneran el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto que, de una u otra forma -y con más o menos garantías- tienen previsto un plazo de revisión que permite el acceso a la libertad condicional35. La prisión permanente es revisable, pudiendo conseguir la libertad condicional después de cumplir unos plazos de internamiento, por lo que no es inconstitucional. Sobre esta cuestión la doctrina plantea las graves consecuencias de tipo psicológico y otras secuelas que pueden padecer los condenados las penas que superen 15 o 20 años de internamiento. Esto es cierto, pero la Ciencia penal no hace ninguna aportación directa. Recurre en apoyo de sus argumentos a citar estudios de otras disciplinas. 2.2.3. Mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad. Son muchas las críticas que se han hecho por penalistas de que la prisión permanente revisable es inconstitucional por vulnerar el principio constitucional reconocido en el artículo 25.2 de la Constitución. Estamos ante la fase de ejecución de la pena, que 34 Vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A., y RUSCONI, M.A. (dirs.), El principio de proporcionalidad penal, Buenos Aires, 2014. MIR PUIG, S., “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho Penal”, en ídem., págs. 329 y ss. DE LA MATA BARRANCO, N. El principio de proporcionalidad penal, Tirant lo Blanch,Valencia, 2007, 35 Vid. infra nota 93.

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queda fuera del Derecho penal. Poco es lo que puede aportar la ciencia penal en materia de reeducación y reinserción social. De nuevo volvemos a que son cuestiones de la Criminología y la Ciencia penitenciaria36. Si la ciencia penal quiere aportar algo práctico a sus comentarios tiene que recurrir a esas disciplinas. 2.2.4. Suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional37. En el Código penal, tras la reforma, se establecen, para los condenados a prisión permanente revisable, más requisitos de lo que se recoge en el artículo 90.1. Según el artículo 92.1: “El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los requisitos siguientes:…b) que se encuentre clasificado en tercer grado. c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido…sus circunstancias familiares y sociales…pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social” (este inciso último no figura en el artículo 90.1 c). Aquí figuran muchos factores que escapan a la ciencia penal: personalidad del penado, pronóstico favorable de reinserción social, riesgo de volver a delinquir, evolución penitenciaria… Se han criticado este y otros de los nuevos preceptos que hacen referencia a la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional. Se ha debatido mucho sobre el concepto y contenido de la “peligrosidad”, muy difícil de precisar, para lo que los penalistas han tenido que recurrir a estudios de disciplinas relacionadas con la Criminología, y lo mismo sucede en el caso de la reiteración o el “pronóstico favorable de reinserción social”. La Ciencia penal tampoco puede conocer si nuestro sistema penitenciario está en con36

Vid con más extensión infra págs. 83 y ss. Vid. NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J., “Análisis crítico de la libertad condicional en el proyecto de reforma del Código penal de 20 de septiembre de 2013 (especial referencia a la prisión permanente revisable”, en La Ley Penal, núm. 110, 2014, págs. 50 y ss. 37

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diciones de seguir un tratamiento adecuado con los condenados a prisión permanente revisable; tendrá que recurrirse a la Ciencia penitencia como se verá más adelante38. De todo lo anterior se desprende que el esfuerzo de la Ciencia penal hace pocas aportaciones para justificar que se derogue la prisión permanente revisable. Para fundamentar la mayoría de sus argumentos tendrá que recurrir a la Criminología. En el campo de la Política criminal tiene que haber conexión entre la Ciencia penal y la Criminología. En lugar de que la Ciencia penal aproveche los trabajos de otras disciplinas para justificar algunas de sus conclusiones -lo que será útil en muchas ocasiones-, es preferible que las investigaciones criminológicas que sean necesarias para cuestiones concretas se realicen directamente, pues los resultados, en principio, serían más fiables. Por este motivo, en la última parte de este trabajo se hace un estudio empírico, aprovechando material penitenciario, en el que se pretende demostrar que parte de los condenados a la pena de prisión permanente revisable no superarán ni la primera ni las sucesivas revisiones. La pena para ellos podría terminar siendo indefinida, de por vida, por lo que debe ser derogada. 2.2.5. La Dogmática penal de valoraciones abstractas tiene limitadas sus posibilidades de evolución, por lo que ha de ocuparse más de la realidad social, a través de los datos que le facilita diversas ciencias, entre ellas la Criminología. La Política criminal ha de aportar a la Dogmática los datos de las ciencias sociales necesarios para un eficaz conocimiento, crítica y propuesta de reforma de las normas penales; en esta aportación tiene especial interés la Criminología. Dogmática penal y Criminología se encuentran conectadas a través de la Política criminal. El futuro de la Dogmática penal está condicionado a la evolución de la Política criminal y la Criminología. Dogmática penal y Política criminal están conectadas y solapadas entre sí; en este sentido escribía Antón Oneca: “dogmática jurídico-penal y política criminal se superponen

38

Vid. infra pags. 90 y ss.

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y complementan, siendo no disciplinas separadas, sino más bien zonas o aspectos de la ciencia del Derecho penal”39. De lo anterior se desprende la estrecha conexión que existe entre Dogmática penal y Política criminal40, y que ésta se conecta con aquélla a través de la Criminología41. Los conocimientos criminológicos son fundamentales en terreno político-criminal42. Reiteramos las palabras Jescheck: “El Derecho penal sin la Criminología está ciego, y ésta si aquél carece de límites”.

39

ANTÓN ONECA, J., Derecho penal. Parte general, Madrid, 1947, pág. 12. MUÑOZ CONDE, F., “Dogmática penal y Política criminal en la Historia moderna del Derecho penal y en la actualidad”, en Revista Penal, núm. 36, 2015, pág. 181 dice: “ Hoy en la Ciencia penal actual ya no es posible una separación abstracta entre Dogmática penal y Política criminal”. 41 JESCHECK, en ob cit, pág. 36 escribe: “Junto a la Dogmática juridicopenal se sitúa, como parte de la Ciencia del Derecho penal, la Política criminal. Esta se ocupa en primer término de la reforma del derecho vigente. De él arranca, y asume también por ello las conclusiones de la Dogmática juridicopenal. Sin embargo, apoya en los logros empíricos de la Criminología sus demandas para la mejora futura del Derecho en vigor. De esta forma, la Política criminal actúa de puente entre la Dogmática juridicopenal y la Criminología”. 42 ROXIN, C. escribía: “Una desvinculación entre construcción dogmática y exactitud politicocriminal es, desde un principio, imposible y también pierde su sentido el voluble procedimiento de aprovecharse de la rivalidad entre la labor criminológica y la dogmática juridicopenal: pues el transformar los conocimientos criminológicos en exigencias politicocriminales y éstas, a su vez, en reglas jurídicas de lege lata o ferenda, es un proceso, cuyos estadios concretos son igualmente importantes y necesarios para el establecimiento delo socialmente justo”. En Política criminal y sistema de Derecho penal, trad. de MUÑOZ CONDE, Bosch, Barcelona, 1972, pág. 77. 40

PRIMERA PARTE Prisión permanente revisable y su constitucionalidad

1.

INTRODUCCIÓN

Desde que se planteara la posibilidad de introducir en nuestra legislación la prisión permanente revisable, esta ha sido protagonista de innumerables debates mediáticos, discusiones políticas, artículos doctrinales… La pretensión de introducir en el Código penal esta pena venía siendo una apuesta del Partido Popular, que ya la planteó en el 2009, en el Proyecto de reforma del Código penal de 1995 y que daría lugar a la reforma de 2010. Lo hicieron a través de diversas enmiendas, que no prosperaron43, bajo la forma de “prisión perpetua revisable”44. También se barajaron las fórmulas de “prisión de duración indeterminada revisable”45 y “prisión de duración

43

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. IX Legislatura, núm. 52-9, de 18 de marzo de 2010. 44 La enmienda núm. 384 que firma el Grupo Parlamentario Popular del Congreso propone la siguiente modificación: “Se modifica el apartado Cuarto del artículo único del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, añadiendo una nueva letra a) al apartado 2 de dicha norma, pasando las actuales letras a) a i) a reordenarse a continuación desde la b) a la k), con el siguiente tenor literal: ‘a) La prisión perpetua revisable” BOCG cit. pág. 173. 45 En el art.572.2 del Anteproyecto de junio de 2012 recogía: “ Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o grupos terroristas atentaren contra las personas, incurrirán. 1. En la pena de prisión de duración indeterminada revisable si causaren la muerte de una persona”.

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indeterminada”46. No cejaron en su empeño y convirtieron su pretensión en uno de los puntos fuertes del programa electoral que se presentó a las elecciones generales de noviembre de 201147. El 20 de noviembre el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta y el 1 de febrero de 2012, el Ministro de Justicia anunció en las Cortes que se iba a reformar el Código penal y que se incluiría la “prisión permanente revisable”. Una nueva medida orientada al endurecimiento de las penas que responde a una política criminal continuista por parte de casi todos los gobiernos de las últimas décadas48. Una política criminal que, además, pone de manifiesto cierta inseguridad por parte del legislador penal español, que no ha conseguido llegar a una estabilidad más o menos aceptable que perdure durante cierto tiempo49. Este tipo de medidas, normalmente, vienen alentadas por los propios gobiernos que, antes de presentar un plan de agravación de las penas, suelen crear un ambiente de temor e inseguridad en los ciudadanos para que apoyen, o al menos no se opongan, a la elevación de las penas. Realmente se trata de políticas electoralistas que lo que persiguen es conseguir los votos de aquellos que son más vulnerables y de los que, 46

Recogía el art. 92 del Anteproyecto: “1. El Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de duración indeterminada cuando se cumplan los siguientes requisitos…” 47 En el resumen del programa electoral del PP en el punto 83 se recogía: “Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad pospenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia”. 48 SERRANO MAÍLLO, A., “Punitivität und Gesetzgebung: Die Situation in Spanien”. En Kriminalität und Kiminalprävention in Ländern des Umbruchs (H. Kury y E. Karimov eds.). Bochum: Univesitäts Dr. N. Brochmeyer, 2006. SERRANO GÓMEZ A. y SERRANO MAÍLLO, A., “El aumento de la firmeza en la respuesta al delito a nivel legislativo en España (1995-2007)”, en Kury, H., y Serrano Maíllo, Punitividad y victimización en la experiencia contemporánea. Estudios, Dykinson, Madrid, 2009, págs. 293 y ss. 49 SERRANO GÓMEZ, A. “Legislación líquida”, en Revista Electrónica de Ciencias penales y Criminología http://criminet.ugr.es./recpc, 4 mayo 2010, en pág. 7 se recoge: “Nuestra Política criminal, nuestra legislación y nuestro proceso legislativo son inseguros, cambiantes, irreflexivos, vertiginosos. Nuestra legislación penal, en suma, es líquida”. El Código penal de 1995 ha sido modificado en 29 ocasiones, en la de 2003 afectó a 182 artículos, elevándose la pena en muchos supuestos. En la que entró en vigor en diciembre de 2010, afectó a 153 artículos, elevando la pena en 33 tipos penales.

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sin serlo, así se sienten por influencia de delitos recientes con gran impacto social y mediático50. No obstante y reconociendo la habilidad política para llevar a los votantes (cada uno a los suyos, claro está) a su terreno, coincidimos con la opinión de Manzanares Samaniego, cuando escribe: “No importa que, según las encuestas, los españoles se pronuncien abrumadoramente a favor de la prisión perpetua revisable. Una modalidad del viejo despotismo ilustrado a través de las urnas”51. Y es que, en todo caso, las personas encuestadas en nuestro país sobre cuestiones de criminalidad no suelen ser ni estar bien informadas o no tienen muy claro lo que deben responder52. 2.

CONSTITUCIONALIDAD

La mayoría de las críticas que ha recibido la inclusión de esta pena en el Código penal se refieren a su inconstitucionalidad. Veremos que esto no es así y que, a pesar de que creemos que esta pena debe ser derogada, no es por una cuestión de inconstitucionalidad, sino de inconveniencia. Advertimos que sobre la mayoría de los aspectos que se tratan a continuación se volverá más adelante, al comentar con carácter general la postura de la doctrina. Ambos apartados se complementan. Para avalar su constitucionalidad nos basamos en lo que sigue:

50

Así, por ejemplo, cabe destacar que durante la campaña electoral de 2011 se estaba desarrollando el juicio por el asesinato de M. del Castillo, un crimen que causó gran impacto en la sociedad y que tuvo un altísimo seguimiento mediático. También por esas fechas (octubre de 2011) J. Bretón asesinó a sus dos hijos pequeños en Córdoba. Una investigación casi televisada y que tuvo un alto seguimiento por las terribles circunstancias del caso, etc…. Noticias que alentaron el miedo de la población y la petición de mayor seguridad, allanando el camino al PP, en ciertos sectores, hacia la implantación de la prisión permanente revisable. 51 MANZANARES SAMANIEGO, J.L., “La libertad vigilada”, en La Ley, núm. 7386 de 22 abril 2010, pág. 2. 52 Vid. SERRANO MAÍLLO, A, “Actidudes sobre derechos fundamentales procesal-penales: Una dimensión inexplorada de la punitividad”, en Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, http://criminet.ugr.es./recpc, 17 agosto 2011.

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2.1.

La prisión permanente al ser “revisable” no conlleva un trato inhumano o degradante

Nuestra Constitución establece que nadie puede ser sometido “a penas o tratos inhumanos o degradantes” (art.15). El Tribunal Constitucional no ha tenido tiempo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable53, pero en alguna ocasión se ha ocupado de la reclusión perpetua en supuestos de extradición solicitada a España de extranjeros en cuyos países existe esa pena. En la STC 91/2000, de 30 de marzo, se resuelve sobre un supuestos de extradición solicitado por Italia54, donde se contempla la prisión perpetua –ergastolo- Recoge: “Admitida en tales términos la posible relevancia constitucional de las quejas consistentes en las que hemos denominado´vulneraciones indirectas´ de los derechos fundamentales, nos corresponde analizara ahora la supuesta lesión de los arts. 15 y 25 CE que se anuda a la decisión de entrega incondicionada basada en los mandamientos de prisión (Ordinanze di custodia in carcere) por lo que concedió la extradición, en la medida en que les hechos investigados en ella son, según dice, de los que podrían dar lugar a la imposición de la pena de ´reclusión perpetua´, pena que considerarla inhumana y degradante e incompleta con los fines de reinserción social que nuestra Constitución proclama como orientación de las penas privativas de libertad”(FJ 9)55, 53

Aún no ha resuelto el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra la inclusión de esta pena en el Código Penal. . 54 La solicitud de extradición a Italia (donde existe la cadena perpetua, ergastolo) era por nueve motivos: siete por órdenes de detención por delitos no juzgados; dos para cumplir condena, en una de ellas se le condenó a doce años, dos meses y quince días y medida de seguridad de vigilancia especial de seguridad por un año; otra condena de veinte años de reclusión. Se le condenó por ser miembro destacado de una organización mafiosa dedicada al tráfico de estupefacientes y asesinato de miembros de otros grupos mafiosos que competían por control de tales actividades ilícitas, imputándosele un total de noventa y ocho asesinatos consumados, treinta y seis asesinatos frustrados, asociación ilícita o terrorismo, detención ilegal, receptaciones, falsificaciones, tenencia ilícita de armas, inhumación ilegal, amenazas y contrabando, entre otros delitos. Ver en el mismo sentido la STC 162/2000, de 12 de junio. 55 ARROYO ZAPATERO, L.,LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A y PÉREZ MANZANO, M. (ed.) Contra la cadena perpetua, Ediciones Castilla- La Mancha, Cuenca, 2016, en pág. 23, tras el contenido de este FJ se recoge respecto de la pena de ergastolo: “En todas las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la cuestión desde entonces (STC 161/200, de 12 junio, FJ7; 351 /2006, FJ

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pero no así las condenas que no son a perpetuidad, cuya inhumanidad hace depender no del tiempo en prisión, sino que “depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena”56. Lo fundamental es que sean revisables, es decir, “que no sean indefectiblemente de por vida” 57. En materia de extradición, como vemos, el Tribunal Constitucional la concede en aquellos supuestos en los que el país 7), ha analizado resoluciones dictadas en procedimientos de extradición y, por tanto, ha examinado la cadena perpetua tomando como parámetro de valoración el núcleo absoluto de los derechos fundamentales invocados y no su contenido pleno. El carácter limitado de los pronunciamientos en esta materia se ha hecho literalmente en la STC 49/2006, se 13 de febrero, FJ 5, al sostener: Finalmente se invoca en la demanda la vulneración del derecho del recurrente a la vida e integridad física y a no ser sometido a tortura y a penas y tratos inhumanos o degradantes, fundamentada en la eventualidad de que, tras su enjuiciamiento en Albania, le sean impuestas las pena… de cadena perpetua. Esta pretensión, sin embargo, también ha de ser desestimada, por cuanto…la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal ha considerado garantías necesarias y suficientes de salvaguarda de los derechos a la vida, integridad física y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, a saber: que,... en caso de imponerse la cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no será indefectiblemente de por vida”. 56 STC 91/2000, continúa diciendo: “Esto sentado, la demanda y las alegaciones subsiguientes resultan argumentalmente insuficientes. Se limitan a señalar que la pena de ´reclusión perpetua´ (ergastolo) es imponible de acuerdo con el Código penal italiano. Pero no justifican la aplicación de tal posibilidad a los hechos que se sustentan cualquiera de los nueve mandamientos de prisión que fundamentan la petición de extradición para enjuiciamiento, conditio sine qua non a la hora de determinar la posible concurrencia de la vulneración alegada…En concreto, no justifican que su ejecución haya de constituir en un riguroso encarcelamiento indefinido, sin posibilidad de atenuación y flexibilización, por lo que, en realidad, no se desarrolla en la demanda argumento alguno del que se derive, indefectiblemente, el supuesto carácter inhumano y degradante de dicha pena”. 57 En la STC 148/2004, de 13 de septiembre se contempla un supuesto de petición de extradición a España de un súbdito albanés. Recoge: “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal han considerado garantías necesarias y suficientes de salvaguarda de los derechos a la vida, integridad física y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, en este ámbito extradicional: que, caso de imponerse la pena de muerte, ésta no será ejecutada, y que, en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no será indefectiblemente `de por vida´(por todas, SSTEDH de 7 de julio de 1998, asunto Soering c. Reino Unido; de 16 de noviembre de 1999, asunto T. y V. c Reino Unido; STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ9)” FJ9). Se otorgó parcialmente el amparo por vulneración al derecho de defensa (art.24.1.CE), no por el art. 15 CE.

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solicitante tiene establecida la prisión perpetua, siempre ésta sea revisable58. De esto se desprende que para el Tribunal Constitucional la prisión perpetua en sí, en principio, no conlleva tratos inhumanos o degradantes si es revisable. Por tanto, la prisión permanente revisable no puede considerarse como una pena inhumana o degradante. Si el Tribunal Constitucional estimara que la prisión perpetua lleva consigo tratos inhumanos o degradantes no concedería la extradición a los países que la solicitan, pues así lo dispone el artículo 4º de la Ley de Extradición Pasiva59. En el supuesto de la STC 91/2000, como en otros similares, la extradición se deniega por haberse vulnerado el derecho a la defensa del recurrente (art. 24.2 CE) , no en base al art. 15 CE60. En el Código penal se contempla la revisabilidad. En su artículo 92.1 se establecen los requisitos para la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable y consiguiente libertad condicional. La suspensión será por un periodo de cinco a diez años que comenzará a contar desde la puesta en libertad del penado. La suspensión y la libertad condicional serán revocadas por el juez de vigilancia penitenciaria “cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada” (art. 92.3 CP). Hemos de admitir, no obstante, teniendo en cuenta las difi58 ROIG TORRES, M., en La cadena perpetua en el derecho alemán y británico. La prisión permanente revisable, Iustel, Madrid, 2016, pág. 170 dice que “la condena a cadena perpetua puede suponer una violación de la prohibición de penas inhumanas o degradantes del artículo 15 CE, pero a los efectos de conceder la extradición será garantía suficiente que en el caso de aplicarse esa pena no sea indefectible de por vida, es decir, que sea revisable”. 59 La LO 4/1985, de21 de marzo, de extradición pasiva, dispone en su artículo 4º: “No se concederá la extradición en los casos siguientes…6º Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes” 60 La STC 162/2000, de 12 de junio, se ocupa de forma más breve de la pena de ergastolo. En el párrafo tercero del FJ 7 reproduce los argumentos que se recogen en el párrafo sexto del FJ 9 de la sentencia 91/2000. No se concede la extradición en base a lo dispuesto en los arts 15 o 25 CE, sino por “haberse vulnerado el derecho de defensa del recurrente (art.,24.2 CE). No se considera que el ergastolo sea una pena inhumana o degradante.

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cultades que podría tener el condenado para reintegrarse a la sociedad, que es muy probable que habrá a quienes no se les conceda la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional -o se les revoque-, con lo que es posible que para ellos la prisión se convierta en indefinida. Esta prolongación del internamiento más allá de los plazos de revisión, o tras la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, podría crear problemas en el penado ante la inseguridad de no saber cuál será su final y si alguna vez quedará en libertad. Estos son sufrimientos añadidos a los normales de la vida en prisión respecto de otros condenados que saben cuándo será, en el peor de los casos, su libertad definitiva. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las penas de larga duración señalando que pueden ser inhumanas. Así, por ejemplo, la STS de 24 de octubre de 1994 (FJ 6) dice : “No puede conseguirse o resulta muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria en supuestos como el que nos ocupa. El desentendimiento de la inspiración constitucional rehabilitadora y de reinserción social, llevaría a un ´trato inhumano´ a quien, sustraído a la mecánica normal del artículo 70.2º del Código Penal, se viese abocado a una situación de privación de libertad muy superior a los treinta años. Tal intensidad supondría una privación de oportunidad reinsertadora para el sujeto, una humillación o sensación de envilecimiento superior a la que acompaña a la simple imposición de la condena, trato inhumano y degradante proscrito por el artículo 15 de la Constitución (cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 65/1986 de 22 mayo)”61. La STS de 5 de julio de 2000, propone para las penas excesivas una solución por medio del indulto parcial -a través del

61 La STS se basa en los razonamientos que expuso la Sala en la sentencia de 7 de julio de 1993, recogiendo íntegramente el fundamento de derecho cuarto de la misma. Hay que tener en cuenta que la referencia que se hace al art. 70.2º del CP se refieren al Código penal, texto refundido de 1973.

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art. 206 del Reglamento Penitenciario- o la libertad condicional si fuera posible. Esta cuestión se plantea en relación a aquellos supuestos, que los habría, en los que el condenado nunca superarían ni la primera ni las sucesivas revisiones. Los que permanecen internos en prisión durante muchos años tienen serias dificultades para su posterior reinserción social, como recogemos en nuestro trabajo citado varias veces y del que ahora seleccionamos internos que han permanecido ininterrumpidamente en prisión entre nueve y veintitrés años. Hasta los sistemas penitenciarios más avanzados -entre los que está el españoltienen escaso éxito en materia de resocialización. Es algo histórico. En general la prisión la dificulta. Los que pasaron por una prisión, al quedar en libertad, casi siempre están en peor situación para integrarse en la sociedad -resocializarse- que cuando ingresaron. Parte de los que no vuelven a delinquir es por temor a reingresar en prisión, no por los efectos de la reeducación y reinserción social. Una de las razones que justifican los deficientes resultados de los regímenes penitenciarios es el alto índice de reincidentes. En España casi siempre ha estado alrededor del 50% de los condenados62. En todo caso, en materia de reincidencia hay que tener en cuenta que los porcentajes son superiores, pues no son pocos los que vuelven a caer en el delito pero no son detenidos y posteriormente condenados. En última instancia, el término de la pena depende del comportamiento del condenado, pues en la primera revisión puede quedar en libertad, otra cosa es que tengan dificultades para conseguirlo. Si no lo consigue es cuando se plantean las razones que justifican su derogación, no por inconstitucionalidad -pues el condenado tiene opción a nuevas revisiones-, sino porque la pena puede convertirse en indefinida, de por vida. 62 Vid. LUQUE REINA, M.L., FERRER PUIG, M., y CAPDEVILA i CAPDEVILA, M.,La reincidència Penitenciària a Cataluña, Generalitat de Catalunya. Centre d´Èstudios Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona, 2005. REDONDO,S., FUNES, E. y LUQUE, E., Justicia penal y reincidencia, Fundació Jaume Callís,Barcelona 1994.

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Los problemas que surgen durante el cumplimiento de las penas privativas de libertad son de diversa índole y los penados muchas veces no los pueden controlar. Ello se pone de manifiesto en que es normal que se alternen las sanciones y los premios. En la primera de las muestras de 10 internos en prisión ininterrumpida entre 9 y 16 años, se recoge como cuatro de ellos que habían observado mala en conducta, y dos irregular, también recibieron recompensas. En la muestra de 11, en prisión initerrumpida entre 9 y 23 años, todos habían recibido recompensas y nueve habían sido objeto de sanciones disciplinarias. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) recoge en su artículo 3: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o trato inhumanos o degradantes”. (El mismo contenido se encuentra en el artículo 15 CE)63. Se viene recurriendo a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -incluso por el legislador- para debatir sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable El legislador se apoya en varias de ellas para argumentar su constitucionalidad. Se trata de los casos Kafkaris vs.Chipre, Meixner vs. Alemania, Dodein vs. Francia y Hutchinson vs. Reino Unido. En todas ellas se viene a mantener que la cadena perpetua revisable no viola el artículo 3 del Convenio Europeo pues existe algún sistema de revisión64. Roig Torres, que se ocupa de todos los supuestos citados por el legislador65, 63

Dispone el art. 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes…” 64 Recoge el párrafo quinto del apartado II del preámbulo de la LO 1/2015: “Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar justificación al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 1311-2014, caso Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)”. 65 ROIG TORRES, en ob cit., págs.. 105 y ss. se cupa extensamente de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con el caso kafkaris (sent. 12-2-2008,) cuya resolución se tendrá en cuenta en otras posteriores dice que “la corte rechaza que se haya negado al demandante la posibilidad de liberación y entiende que su privación de libertad como tal, aunque es larga, no constituye un trato inhumano o degradante” (pág. 11). Con relación al caso Meixner, “A la vista de

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echa de menos que no se cite la sentencia del caso Vinter v. United Kingdom, de 22 de julio de 2013, que, por otra parte, encuentra contradictoria con la del caso Hutchinson66, lo que pone de manifiesto las dificultades que surgen en algunos supuestos para la unificación de criterios de la Jurisprudencia del TEDH67. De todo lo anterior se desprende que la prisión permanente revisable es constitucional pues no vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Revisabilidad y prisión indefinida. Casi todos los países europeos que tienen la prisión perpetua disponen de alguna fórmula de revisión68. El TEDH, en líneas generales, se viene pronunciando en el sentido de que si tienen algún sistema de revisión no se conculca el artículo 3 del Convenio Europeo. Lo que no contempla es la solución que se debe dar cuando la revisión fracasa una y otra vez, y la prisión puede pasar a ser de por vida. Esto es lo que sucedería en nuestro país en algunos casos. Podríamos preguntarnos si en estos supuestos la pena se convertiría en inhumana con lo que se violaría el artículo 3 del Convenio. En esta situación podría plantearse si desde ese momento la prisión permanente revisable sería inconstitucional. Cabe argumentar en contra que las revisiones no tienen límite y, por tanto, nunca se podría considerar que la pena terminaría siendo indefinida. Nosotros consideramos que ante la alta estas consideraciones, y teniendo presente el alto umbral establecido por el artículo 3 del Convenio, la corte concluye que la negativa a conmutar la condena de cadena perpetua y otorgar la suspensión no da lugar a un trato inhumano en el sentido de esa norma”(pág. 114). En relación al Affaire Bodein v. France recoge: “de estos pronunciamientos se deduce, pues, que siempre que haya una vía de revisión, aunque sea a través del derecho de gracia, la pena no será inhumana o degradante”(pág. 117). En cuanto al caso Hutchinson termina diciendo: “ Así pues, a diferencia de lo fallado en el caso Vinter, se entiende que el artículo 30 de la Crime (Sentences) Act 1997 colma la exigencia de revisión y ofrece una esperanza de salida de prisión suficiente a efectos del artículo 3 del Convenio europeo” (pág. 137). 66 Ibídem, pág.128 termina diciendo del caso Vinter: “En definitiva si la legislación nacional no prevé la revisión de la prisión perpetua, desde el momento de su imposición y de forma cierta para el penado, la pena será inhumana o degradante, por ende, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. 67 Vid. FOSSAS ESPADALER, E., “Limites materiales al legislador penal: su interpretción por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en PÉREZ MANZANO y LASCURAÍN (drs.) La tutela multinivel del principio de legalidad penal, Marcial Pons, Madrid, 2016, págs. 47 y ss 68 Vid. infra nota 93.

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probabilidad de que la pena pueda terminar en indefinida, de por vida, debe ser derogada. Todo ello se justifica en el estudio empírico que se recoge al final de esta obra. 2.2.

No se vulnera el mandato constitucional del art. 25.2 de la CE: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...”

Como ya hemos apuntado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el fin de la pena y el mandato que se incluye en el art. 25.2 CE. Este precepto no supone un derecho subjetivo ni es un derecho fundamental susceptible de protección en vía de amparo69, tan solo, como se dice, es un mandato al legislador para que oriente las penas hacia la reeducación y la reinserción social de los condenados. Pero la pena, como se ha dicho, no tiene únicamente estos fines, sino que también cumple los de prevención general70, prevención especial y retribución71. El art. 25.2 CE, por tanto, lo que contiene es un mandato dirigido al legislador penitenciario y a la administración por él creada para orientar la ejecución de penas privativas de libertad72. La prisión permanente revisable encaja sin problemas en el sistema penitenciario español con respecto a la reeducación y reinserción social73, y aunque tendría algunas especificidades no afectan a su constitucionalidad. Hay un endurecimien69

STC 352/2008, FJ 2. STC 320/2006, FJ 4. 71 STC 150/1991, recoge: “Tampoco la C.E. erige a la prevención especial como única finalidad de la pena; antes al contrario, el art. 25.2 no se opone a que otros objetivos, entre ellos la prevención general constituye, asimismo una finalidad legítima de la pena ... el art. 25.2 C.E. no resuelve sobre la cuestión referida al mayor o menor ajustamiento de los posibles fines de la pena al sistema de valores de la C.E. ni, desde luego, de entre los posibles -prevención general; prevención especial; retribución; reinserción, etc.- ha optado por una concreta función de la pena en el Derecho penal”. (FJ 4.b). 72 STC 236/2007, FJ 14. 73 NISTAL BURÓN, J.,“¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de ´cadena perpetua´ como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertables?”, en Boletín de Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 753, 6 junio 2008, pag. 6 dice: “Con esta forma de cumplir la pena de ´cadena perpetua´ , no se contradice el objetivo resocializador encomendado a la CE -art.25-.” 70

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to en los requisitos que se exigen para acceder al tercer grado, permisos de salida y en la suspensión de la ejecución de pena y libertad condicional. Se dificulta la consecución, pero no se impide. Sobre estas cuestiones se volverá más adelante. 2.3.

La imposición de la pena de prisión permanente revisable no conculca el derecho a la Igualdad de todos ante la Ley

Los críticos con la constitucionalidad de esta pena consideran que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE). Entendemos que la prisión permanente revisable no lo vulnera, ya que sería de aplicación a todos los que cometieran alguno de los delitos para los que se establece. Cierto es que hay mayor severidad en el acceso al tercer grado, los permisos de salida y requisitos para la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional, pero que no afecta a la constitucionalidad de la pena, otra cosa es que deba modificarse el Código penal y la legislación penitenciaria. Hay una invasión del Código penal en el Derecho penitenciario74. No olvidemos que el principio de igualdad supone tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, por lo que nada impide que se establezcan penas diferentes para situaciones delictivas distintas. 2.4.

En la Constitución no hay ningún precepto que impida el establecimiento de penas privativas de libertad por el legislador, ni que limiten su extensión. Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad no se contempla de forma expresa en la Constitución -aunque sí tácita-, pero sí tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional75 como del 74 Vid . Circular 4/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en supra notas 143 y 144. 75 La STC 55/1996, de 28 de marzo, recoge: “Los órganos judiciales proponentes plantean, como cuestión fundamental, ´la posible inconstitucionalidad del art.2.3 de la LO 8/1994, de 26 de diciembre … por su posible oposición al principio de proporcionalidad derivado de los arts. 1.1., 9.3 y 10.1 de la Constitución´ y, en segundo lugar, porque la pena prevista en este precepto supone un sacrificio des-

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Tribunal Supremo76. No obstante, hemos de apuntar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la “proporcionalidad”77 reconociendo que se trata de una cuestión compleja, pues hay que valorar diversos preceptos constitucionales, según la cuestión concreta que se contemple78. En este sentido la STC 55/1996, de 28 de marzo, recoge: “Debe advertirse que el principio de proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros preceptos constitucionales… Dicho con otras palabras, no puede invocarse de forma autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una actuación de un poder público resulta desproporcionada o no”79 (FJ 3). Según la cuestión que se discuta entrarán en juego unos u otros preceptos constitucional, pues la proporcionalidad no está recogida de forma expresa en la Constitución. Establecer las proporcionalidad de las penas corresponde al legislador, aunque su libertad no es absoluta. La STS 716/2014, de 29 de octubre, dice: “En el juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al legislador en primera instancia… En el discernimiento sobre qué sanciones son las más ajustadas proporcionado de los derechos a la libertad personal (art. 17 CE) y a la libertad ideológica (art.16 CE)”. En la STC 161/1997, de 4 de julio, los artículos 1.1, 9.3 17.1 y 25.1 CE (FJ 8). 76 La STS 658/2014, de 16 de octubre, dice en el párrafo tercero del quinto de sus Fundamentos de derecho: “Es doctrina de la Sala que el principio de proporcionalidad, aunque no expresamente reconocido en la Constitución, debe ser considerado como el eje definidor de cualquier decisión judicial y singularmente en la individualización judicial de la pena que debe efectuarse teniendo en cuenta el grado o nivel de culpabilidad y la gravedad de los hechos, elementos que operan como la medida de la pena a imponer”. 77 Vid ROIG TORRES, ob. cit., págs. 176 y ss. 78 STC 60/2010, de 7 de octubre: “Un presupuesto lógico de la aplicación del principio de proporcionalidad es la identificación de los principios constitucionales que se ven limitados por obra de la medida impugnada y cuya constitucionalidad es objeto de controversia” (FJ 7.b). 79 Recoge la sentencia en el penúltimo párrafo de este Fundamento jurídico: “Esta constatación no significa que en algún supuesto concreto no pueda argumentarse a partir del principio de proporcionalidad para concluir en la infracción de otro tipo de preceptos constitucionales. Pero en todo caso, como queda dicho siempre deberá indagarse, no la sola existencia de una desproporción entre medios y fines, sino en qué medida esos preceptos resultan vulnerados como consecuencia de la citada desproporción”.

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para cada conducta ilícita goza el legislativo, respaldado por la legislación democrática, de un margen de discrecionalidad que debe ser acatado… Esa libertad no es absoluta. La Constitución impone unos mínimos estándares de proporcionalidad que enlazan con los derechos proclamados en su art. 25.1”(FJ1)80. Esta referencia entendemos que no afecta a la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Otra cosa es que, por las razones que se recogen al final de esta obra, consideremos que dicha pena debe ser derogada. Fossas Espadaler dice que “nuestro Tribunal Constitucional… ha utilizado cautelosamente el principio de proporcionalidad”81. Partiendo del hecho de que la pena de prisión permanente revisable es aplicable solo a casos extremadamente graves, consideramos que es proporcional82. Hay que recordar, además, que en nuestro país, por acumulación jurídica de penas, se puede llegar al cumplimiento efectivo de cuarenta años de condena83, con lo que habrá algún caso en que la aplicación de la prisión permanente revisable podría llevar a una liberación más corta. 2.5.

Dictamen del Consejo de Estado84

Nos ocupamos a continuación del “Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de Reforma del Código penal”85, que se pronuncia a favor de la constitucionalidad. Recoge: “El Anteproyecto configura una verdadera pena de prisión per80

Vid. infra nota 137. FOSSAS ESPADALER, op.cit. pág 41. Continúa diciendo: “El Tribunal sostiene que el principio de proporcionalidad, que no figura expresamente en el texto constitucional, no constituye en nuestro ordenamiento ´un canon de constitucionalidad autónomo´ sino´ un principio que cabe inferir de determinados preceptos constitucionales”. 82 Vid. supra nota 8. 83 Art. 76 del Código penal. 84 Recoge el preámbulo de la LO 1/2015 en el último párrafo del apartado II: “El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada –pero revisables- al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente”. 85 Dictamen emitido el 27 de junio de 2013. 81

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manente revisable, una modalidad punitiva inédita hasta el momento en nuestro sistema punitivo penal (que ha conocido la cadena perpetua, aunque no en su modalidad ´revisable´), pero bien implantada en nuestro entorno europeo”86. Para el Consejo de Estado la base fundamental para considerar que la prisión permanente revisable es constitucional es su revisabilidad. El Consejo considera que la prisión permanente revisable es constitucional. Comienza examinando la jurisprudencia de TEDH en cuanto “viene pronunciándose sobre las condiciones para que ese tipo de penas sea compatible con el artículo 3 de la Convención de Roma, que prohíbe las penas y tratos inhumanos y degradantes”. Se citan varias sentencias, aunque se ocupa especialmente de la dictada el 12 de febrero de 2008, Kafkaris contra Chipre. “Comienza en ella el Tribunal recordando que la imposición de una pena de prisión perpetua a un delincuente adulto no es por si misma contraria al artículo 3 ni a ninguna otra disposición de la Convención… pero sí podría serlo en el caso de tratarse de una pena permanente ´incomprensible´, esto es, que no sea susceptible de reducción”. Tras reproducir algún apartado de la misma87 dice el dictamen:“A la vista de todo lo anterior, parece que la pena de prisión permanente revisable prevista en el Anteproyecto sometido a dictamen no sería contraria a las exigencias del 86

Ibídem, págs. 75 y s. Ibídem, pág. 80: “Para determinar si en un caso determinado una pena permanente puede ser considerada ´incomprensible´, el Tribunal analiza ´si puede afirmarse que el condenado a perpetuidad tiene posibilidad de ser liberado. El análisis de la jurisprudencia del Tribunal sobre este punto revela que allí donde el Derecho nacional ofrece la posibilidad de revisar la pena permanente con finalidad de conmutarla, suspenderla, declarar su remisión o liberar condicionalmente al detenido, se cumplen las exigencias del artículo 3´. Continua diciendo: “Así, en un elevado número de asuntos, el Tribunal ha estimado que, ´siempre que sea posible una revisión de la condena que abra la puerta a la libertad condicional una vez transcurrido el periodo de seguridad, no cabe afirmar que los condenados a perpetuidad se hayan visto privados de toda esperanza de liberación´ y ello es así, añade, ´incluso en ausencia de un periodo mínimo de detención incondicional e incluso cuando la posibilidad de una liberación condicional de los condenados a una pena perpetua es limitada´, para de esta forma concluir que, ´una pena permanente no se transforma en incomprensible por el mero hecho de que en la práctica exista el riesgo de que se cumpla en su integridad. A efectos del artículo 3, basta con que sea reducible de jure y de facto´ (Kafkaris contra Chipre, apartado 98)”. 87

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artículo 3 del Convenio de Roma, en la medida en que, como se vio, articula un completo mecanismo de revisión de la pena que ofrece al condenado a la misma un horizonte de liberación, sin que el hecho de que el elevado periodo del cumplimiento mínimo de la pena que se establece sea suficiente para enervar dicha conclusión”88. Con respecto a la constitucionalidad de la prisión permanente revisable el Consejo se ocupa de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en supuestos de extradición, a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. Se concede la extradición siempre que se garantice que la pena “no sea indefectiblemente de por vida”. Recoge: “En relación con las alegaciones de inconstitucionalidad de la pena que debería cumplir el sujeto en el país que formula la solicitud de extradición de acordarse esta, el Tribunal Constitucional señala reiteradamente que ´a pesar de reconocer que la imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del art. 15 CE, a los efectos de la corrección constitucional de las resoluciones judiciales que declaran procedente la extradición para el cumplimiento de una pena de cadena perpetua o para enjuiciar un delito al que previsiblemente se le impondrá esta pena, este Tribunal tiene declarado que resulta suficiente garantía que las resoluciones judiciales condicionen la procedencia de la extradición a que en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida´ (véase, por todas, sentencias 148/2012, de 13de septiembre, y 181/2004, de 2 de noviembre, con remisión a las sentencias del TEDH de 7 de julio de 1998, Soering c. Reino Unido; y de 16 de noviembre de 1999,T.y V. c. Reino Unido. El criterio de la revisibilidad parece, también aquí, por tanto, determinante”. Se indica que esta jurisprudencia se ha dictado en procesos de extradición y que “el control que desarrolla el Tribunal Constitucional en esos casos se encuentra limitado a la eventuales (´vulneraciones indirectas´) de la Constitución españo88

Ibídem, págs. 81 y s.

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la, que exclusivamente alcanza al contenido absoluto de los derechos fundamentales, el único que comporta una proyección ad extra”89. Dice sobre esta cuestión que el Tribunal Constitucional plantea pocas dudas citando algunas sentencias en las que se recoge que “la calificación como inhumana o degradante de una pena no viene determinada exclusivamente por su duración, sino que depende de la ejecución de la misma”90. Se citan varias sentencias del TC, el artículo 3 del Convenio de Roma y jurisprudencia del TEDH. Reeducación y reinserción social. Respecto a esta cuestión dice el dictamen: “Resulta también procedente citar aquí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 25.2, en la que se establece que dicho precepto ´no expresa un derecho fundamental del ciudadano susceptible de ser invocado en amparo, sino más bien un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria con objeto de que configure las sanciones penales para que se cumplan estos fines de reinserción establecidos en la Constitución sin que se deriven derechos subjetivos del mismo´ (entre otras, sentencias 88/1998, de 21 de abril; 204/1999, de 8 de noviembre; y 120/00, de 10 de mayo)”. Conclusión del dictamen: “A la vista de todo cuanto precede, el Consejo de Estado entiende que la compatibilidad de una pena de prisión permanente con los artículos 15 y 25.2 CE depende, en primer término, de que se articulen posibilidades para su revisión. Por una parte, tal y como se ha indicado el Tribunal Constitucional, el carácter inhumano o degradante 89 Dictamen del Consejo de Estado, pág. 83, continúa diciendo: “No pertenecen todas y cada una de las características con las que la Constitución consagra cada uno de ellos, por más que, en el plano interno, todas ellas vinculen inexcusablemente incluso al legislador, en razón de su rango; pero, en modo alguno podrían tener las configuraciones específicas con que nuestra Constitución le reconoce y otorga eficacia (sentencia 91/2000, de 30 de marzo)”. 90 Continúa diciendo en pág. 85: “en definitiva, de que en esa ejecución se articulen o no posibilidades de liberación anticipadas, un requisito que sin duda cumple la pena prevista en el Anteproyecto que, como se ha visto, ofrece al penado la posibilidad de acceder al tercer grado penitenciario, permisos de salida, a la libertad condicional e incluso a la remisión definitiva de la pena previa verificación de unos requisitos más exigentes que los establecidos para la aplicación de esos beneficios en relación con cualquier otra pena, incluías las penas de prisión de larga duración”.

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de una pena no depende exclusivamente de su duración, sino de su ejecución; en definitiva, de que en esa ejecución se articulen o no posibilidades de liberación anticipadas, un requisito que sin duda cumple la pena prevista en el Anteproyecto… Por otra parte, esta misma condición de revisabilidad permite afirmar, mutatis mutandi, la compatibilidad de la nueva pena de prisión permanente revisable con el artículo 25.2 CE”91. De todo lo expuesto se desprende que el argumento fundamental para considerar constitucional la prisión permanente para el Consejo de Estado es que es revisable. Proporcionalidad de la pena. El Consejo viene a considerar que es adecuada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos para los que se establece. Recoge: “El tiempo de cumplimiento efectivo que se exige a efectos de liberación condicional, resulta proporcional a la extraordinaria gravedad de los delitos para los que se prevé esta pena”92. 2.6.

Derecho comparado

Por la reacción que se ha producido contra la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, puede dar la impresión de que esta pena solamente existe en nuestro país. Un sistema más o menos parecido ya existe en 33 países europeos, donde se establece un límite mínimo de cumplimiento para ser revisada la pena -con diferentes garantías- con lo que no vulneran el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

91 Ibídem,, pág. 85 y s. Continúa diciendo: “El precepto, que como bien recuerda el Tribunal Constitucional ´no expresa un derecho fundamental del ciudadano susceptible de ser invocado en amparo, sino más bien un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria´ dispone que las penas privativas de libertad ´estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social´, finalidad que no contraría el carácter en principio ´permanente´ de esta pena, pues el mero hecho de que el condenado a la prisión permanente revisable tenga acceso, aun con requisitos más estrictos, a los mecanismos de revisión de la pena, es revelador de la voluntad del Anteproyecto de orientar también esta pena especialmente grave hacia una -en todo caso eventual- reinserción del penado”. 92 Ibídem, pág. 88.

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De León Villalba escribe: “La cadena perpetua es una pena muy extendida entre los países del Consejo de Europa, por lo que, en este punto, la tendencia en el derecho comparado a nivel europeo no parece apoyar la no incorporación de la prisión permanente revisable en el ordenamiento jurídico español…No obstante, es importante subrayar que la regulación de los plazos de revisión de la prisión permanente revisable ha derivado en que la cadena perpetua española se sitúe entre las más punitivas de Europa”93 . El Consejo de Estado, en el dictamen de referencia, considera que “puede resultar útil comparar las características principales de la figura contenida en el Anteproyecto con otras semejantes que prevén otros países europeos. Así, si se examinan las tres legislaciones europeas a que antes se ha hecho referencia, se llega a la conclusión de que el prelegislador español prevé la introducción de la pena de prisión permanente revisable en supuestos cualitativa y cuantitativamente semejantes a los previstos, en líneas generales en otras legislaciones”94. La implantación de una pena de este tipo no suele ser una cuestión pacífica. Así, en Italia también se planteó la inconstitucionalidad de la pena de ergastolo, de la que nos hemos ocupado antes. Tras muchas controversias se mantiene su constitucionalidad. Sobre esta cuestión dice Cervelló Donderis: “La 93

LEÓN VILLALBA, ob. cit., pag. 95 hace una relación de los 33 países europeos que tienen implantada la cadena perpetua, con diversos límites mínimos de cumplimiento para acceder a la libertad, algunos con más de uno. Los límites mínimos de cumplimiento establecidos para acceder a la libertad condicional son: 7 años en Irlanda; 10 en Suecia; entre 10 y 15 en Suiza; 12 en Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica y Chipre; 15 en Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco y Macedonia; 18 en Francia; 19 en Bélgica; 20 en Armenia, Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumania; 23 en Bélgica; 24 en Turquía; 25 en Albania, Eslovaquia, Eslovenia, Inglaterra, Georgia, Letonia, Polonia y Rusia; 26 en Italia; 30 en Estonia, Francia, Inglaterra y Moldavia; entre 30 y 36 años en Turquía. Tras recoger estos datos en un cuadro, añade: “Inglaterra y Gales, Bulgaria, Hungría, Francia, Eslovaquia y Suiza regulan disposiciones específicas para determinado tipos de delitos respecto de los cuales no se puede obtener la libertad condicional. Caso distinto es el de Islandia, Lituania, Malta Holanda y Ucrania, que regulan la cadena perpetua en sus respectivos ordenamientos si establecer periodos mínimos de revisión en ningún caso”. 94 Se refiere el dictamen, en pág. 89, a las legislaciones italiana, francesa e inglesa. Compara los delitos y periodos de seguridad.

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conclusión es que el ergastolo mantiene su compatibilidad con la Constitución bajo la idea de que es una pena necesaria para los delitos más graves por la inexistencia de la pena de muerte, hasta el punto de entender algún autor como Mantovani95 que la derogación del ergastolo podría favorecer la pena de muerte ante los sectores sociales que todavía la reclaman, y que la constitución no la prohíbe expresamente”96. 3. CONCLUSIONES Consideramos que la prisión permanente revisable es constitucional, si bien es cierto que pueden darse casos en los que, algún condenado no supere ni la primera ni las posteriores revisiones. Si esto ocurriera, para ellos la prisión podría convertirse en indefinida, de por vida, por lo que creemos que debe derogarse a pesar de su constitucionalidad. A este respecto, la STS 367/2015, de 11 de junio, recoge: “La reciente LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce en nuestro ordenamiento, bajo la denominación de prisión permanente revisable, una pena de prisión de duración indeterminada, o perpetua ya que puede prolongarse hasta el fallecimiento del penado, y que, con carácter general, exige un mínimo de 25 años para acceder a la primera revisión (art. 92,a), y en los supuestos más graves 35 (art. 78 bis)”. En todo caso, como

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BARQUÍN SANZ, J. y OLMEDO CARDENETE, M., en una entrevista a Ferrando Mantovani, que se publica en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2003, núm. 5, a la pregunta ¿ Está usted de acuerdo con el mantenimiento del ergastolo en Italia?, responde: “En Italia, la discusión sobre el ergastolo sigue abierta. A mi juicio, no es una pena necesaria, si bien en este momento, cuando se multiplican los delitos de sangre, cometidos del modo más cruel y cuando existe una correlativa demanda de defensa social, un principio de realismo aconseja mantenerse en un punto medio entre el retribucionismo atávico de la pena de muerte y el iluminismo abstracto de la eliminación del ergastolo, y aplazar la abolición de esta pena en espera de tiempos de mayor tranquilidad social…abolir hoy el ergastolo sería tanto como favorecer la pena de muerte…” 96 CERVELLÓ DONDERIS, V., La prisión permanente revisable y de larga duración, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 72 dice que han ido mejorando las condiciones de los condenados a la pena de ergastolo en materia de permisospremio, semilibertad…; en 1981 se celebró un referéndum sobre la permanencia del ergastolo que tuvo un respaldo mayoritario; por el contrario, en una votación en el Parlamento en 1980 se votó ampliamente por la derogación, pero no se ha presentado ninguna iniciativa parlamentaria para pedir su derogación.

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ya se indicó, resulta excesivo que la revisión para el supuesto más bajo sea a los 25 años97.

97 EL Partido Popular en las enmiendas al Proyecto de reforma del Código penal de 2009, que daría lugar a la reforma de 2010, proponía la incorporación de un nuevo art. 35 bis, en cuyo párrafo segundo se recogía: “cumplidos veinte años de internamiento, el Tribunal sentenciador decidirá si procede la revisión de la condena…”, en BOCG núm. 52-9, de 18 marzo, 2010, págs.174 y s.

SEGUNDA PARTE Consideraciones generales de la doctrina sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable

1.

INTRODUCCIÓN

Como venimos diciendo, son muchos los que han considerado inconstitucional la prisión permanente revisable. Estiman que se vulneran varios artículos de la Constitución, ocupándose también de otras cuestiones colaterales. Al ser una materia muy debatida, superando el medio centenar los trabajos que tratan del tema que nos ocupa, se haría interminable citar a la mayoría de sus autores, por lo que vamos a tratar con carácter general los principales temas abordados por la doctrina98 y otros especialistas en Derecho penal, Criminología y Ciencia penitenciaria. El trabajo que más cuestiones plantea sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable es la obra Contra la cadena perpetua99. Se trata de un dictamen elaborado por un grupo de profesores de Derecho penal100, que les fue

98 Sobre la postura de la mayoría de la doctrina vid. un resumen en ROIG TORRES, ob. cit., págs. 186 y ss. 99 ARROYO ZAPATERO, LASCURAÍN SÁNCHEZ y PÉREZ MANZANO (ed.), Contra la cadena perpetua, cit. 100 Los autores del dictamen son: LASCURAÍN SÁNCHEZ,J.A., PÉREZ MANZANO, M., ALCÁCER GUIRAO, R., ARROYO ZAPATERO, L., LEÓN VILLALBA, J. y MARTÍNEZ GARAY, L.

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encargado por el Grupo Parlamentario Socialista101, “sobre la constitucionalidad de la pena de la prisión permanente revisable” que consideran inconstitucional102. Reiteramos que algunos de los temas que se tratan a continuación ya se abordaron en el la primera parte de este trabajo. 2.

PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES

La doctrina es prácticamente unánime en considerar inconstitucional la prisión permanente revisable en base a sus efectos inhumanos o degradantes, algo prohibido por la CE en su artículo 15. Lo que tiene en cuenta el TC es la forma de ejecución, es decir que sea revisable. Otra cosa es que haya sistemas penitenciarios excesivamente duros donde el tratamiento a los internos sea inhumanamente insoportable103. No obstante, lo que se tiene en cuenta es que sea o no revisable104. Todas las penas que llevan al ingreso en prisión son inhumanas o degradantes, pero hay que cumplirlas, y sus efectos serán mayores cuanto más largas sean como sucedería con la prisión permanente revisable. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias ocasiones, al considerar que las penas de larga duración pueden ser inhumanas o degradantes (STS de 24 de octubre de 2004)105. 101 Recoge la obra en su pág. 12: “El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso nos encomendó a un grupo de profesores la realización de un dictamen sobre la constitucionalidad de la pena de prisión permanente…El dictamen fundamenta rotundamente la inconstitucionalidad de la prisión de la pena de prisión perpetua… El recurso de inconstitucionalidad fue definitivamente presentado el 30 de julio (sic) de 2015 y admitido a trámite por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio”. 102 El contenido del dictamen dio lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado ante el TC el 30 de junio de 2015 firmado por casi todos los grupos de la oposición (vid. supra nota 5). Se trata de un recurso donde vienen a coincidir sus argumentos y los de la doctrina -completados con cuestiones nuevas que se plantean y ampliación de otras-, sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable. 103 Sobre la “penosidad” carcelaria Vid. REDONDO, FUNES y LUQUE, ob. cit., págs.. 130 y ss. 104 Vid. supra págs.. 30 y ss. 105 Vid. también STS de 5 de julio de 2000, donde se recoge que las penas muy largas pueden ser inhumanas o degradantes. Propone para estos casos una solución a través de indulto parcial, indulto particular previsto en el artículo 206 del

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No obstante, como ya se ha visto, en el Código penal se contemplan supuestos en los que el cumplimiento efectivo de las penas puede ser de 25, 30 y 40 años por acumulación jurídica (art. 76.1 CP). En estos casos estaríamos en situaciones similares: la pena sería inhumana o degradante y, por tanto, inconstitucional. Podrían incluso prolongarse por más tiempo, lo que vendría a ser una pena indefinida106. Pensemos en un preso que ha de cumplir cuarenta años y en un permiso de salida, o incluso dentro de la prisión, comete otros delitos, como podrían ser unas lesiones. El internamiento se prolongará con la pena que corresponda por el nuevo delito. Las penas privativas de libertad en sí mismas ya tienen contenido inhumano o degradante, como consecuencia de los efectos de la condena y la pérdida de libertad, por muy cómodo que sea el tratamiento en prisión. Y esta situación se agravará, y será más inhumana o degradante, cuando la estancia en las mismas sea cada vez más prolongada. Es obvio, pues, que privar de libertad a una persona no puede considerarse como un acto humanitario, pero la sociedad tiene que protegerse ante los delincuentes. Lo hace a través de las penas e ingreso en prisión. En este punto, además, nos parece oportuno recordar que nuestra legislación penitenciaria es garantista107 y que las prisiones se encuentran a un nivel elevado dentro del panorama mundial, aunque ello no obsta para que el sistema sea mejorable108. Reglamento Penitenciario o la libertad condicional si fuera posible. Continúan en su FJ 5: “nos encontramos ante una pena total de 48 años que evidentemente resulta excesiva…lo que nos lleva a apuntar una serie de soluciones que pudieran ajustar la duración a limites compatibles con el humanitarismo penal y la prohibición de las penas inhumanas o degradantes”. 106 CERVELLÓ DONDERIS, en ob. cit., págs., 163 y ss. se ocupa del “cumplimiento penitenciario de las penas largas de prisión”. Trata de la conexidad y de la acumulación de las penas y en pág. 165 dice: “ Hay que advertir que la aparición de la prisión permanente revisable y la necesidad de cumplir las penas por su distinta gravedad, puede hacer indefinido el cumplimiento, si tras los años de cumplimiento de ésta, se procede al cumplimiento de las siguientes”. 107 Vid. por todos FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., y NISTAL BURÓN, J., Manual de derecho penitenciario, 2ª ed. Aranzadi, Navarra, 2012. 108 Vid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “La cárcel en España: mediciones y condiciones del encarcelamiento en el siglo XXI”, en Revista de Derecho Penal y Crimi-

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2.1.

Las penas de larga duración pueden tener efectos negativos en la personalidad

Se ocupa la doctrina de la salud mental de los internos en prisión y los efectos negativos que tienen sobre los penados. Es sabido que “en la mayor parte de los centros hay problemas de salud mental entre los internos…los establecimientos penitenciarios, por lo general no disponen de ningún especialista en psiquiatría entre su personal sanitario. Sólo cuentan con médicos generalistas con conocimientos en psiquiatría… es muy preocupante la alta tasa de personas con severas enfermedades mentales en prisión (casi 10.000 personas tienen antecedentes por trastornos mentales y cerca de un 40% presenta algún tipo de estas patologías… Finalmente, casi el 50% está en tratamiento con psicofármacos, incluida la metadona para drogodependientes y personas con patología dual (concurre la enfermedad mental y la toxicomanía)”109. En España hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios uno en Sevilla y otro en Alicante. Son para cumplimiento de medidas de seguridad110. En 2015 en el primero había 165 y en el segundo 292111 . La vida en prisión crea problemas de diversa índole, con múltiples alteraciones, entre ellas el deterioro en la personalidad. Afecta desde el momento de ingresar, e incluso comienzan durante el proceso penal -recordemos los efectos de la imputación112 (hoy investigado)- o lo que vulgarmente se cononología” núm. 8, 2012, págs. 351 y ss., en pág. 395 dice: “En términos generales, las cárceles en España están mejor que en décadas anteriores”. 109 GALLEGO, M., CABRERA, J.C. , RÍOS, J.L..y SEGOVIA, J.L., Andar 1 Km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso, Comillas, Madrid, 2010, págs. 110 y s. 110 EL Cap. VII del Tit. VII del Reglamento penitenciario figura bajo la rúbrica: “Internamiento en establecimiento o unidades psiquiátricas penitenciarias”, arts. 183 y ss. Dispone este artículo: “Los establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias son aquellos centros especiales destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los Tribunales correspondientes”. 111 Anuario Estadístico del Ministerio de Interior 2015, págs. 546 y 550. 112 Vid. SERRANO GÓMEZ, “La condición de imputado en el proceso penal”, en La Ley, 20-7- 1999, págs. 1 y ss. anunciaba los graves problemas que llevaba consigo la “imputación” que normalmente se decretaba con la simple presentación de querella -en menos casos denuncia-, sin más investigación previa. A muchos se les dejaba sin efecto la imputación o finalmente eran absueltos. Hubo muchas voces en contra del sistema, pero al legislador no parecía importarle, hasta que afectó a

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ce como pena de banquillo o de telediario, en procedimientos que pueden durar muchos años, más de veinte113. Los problemas se van agudizando conforme se prolonga la privación de libertad114. También los hay que se adaptan a la vida de la prisión, prisionización115, lo que tampoco indica que no sufran secuelas, incluso puede haber alguno a los que no les afecte para nada, como podría suceder con determinados delincuentes profesionales, que consideran el ingreso en prisión como parte del riesgo de sus actividades. Hay delincuentes que ingresan varias veces -a quienes se les suele apreciar la agravante de reincidencia- y a pesar de que estén habituados a ello no puede decirse que no sufran los efectos de la vida en prisión, aunque lógicamente sea menor que en quienes ingresan por primera vez. Resulta positivo que los jueces eviten el ingreso en prisión, siempre que sea posible, aplicando la suspensión de la ejecución de las penas que no superen los dos años de privación de libertad116 (arts. 80 y ss. del CP).

los políticos; es entonces, después de muchos años, cuando se sustituye el término “imputado” por “investigado”, que en algo mejora la situación. 113 Uno de nosotros, Alfonso Serrano, en el ejercicio de la Abogacía puede justificar que ha intervenido en procedimientos que han durado más de diez, quince e incluso más de veinte años. Uno de ellos se inicia en octubre de 1995, la vista oral comienza en octubre de 2012, se suspende tras las cuestiones previas, se reanuda el 3 de febrero de 2015 y hay sentencia condenatoria del Juzgado de lo penal el 27 del mismo mes, que rebaja la pena en dos grados por dilaciones indebidas. Recurrida la sentencia la Audiencia Provincial de Toledo absuelve en sent. núm. 102/2016, de 10 de junio. Habían transcurrido veinte años y siete meses. Soportar un procedimiento penal, con riesgo de condena e ingreso en prisión, durante más de veinte años, tiene un coste psicológico y social que muchos no lo superan, les quedan secuelas para mucho tiempo, o para toda la vida. Nadie se siente responsable de ello, ni nadie de la Administración de Justicia al menos le da una palmadita en la espalda y le dice: “Usted perdone”. Los ciudadanos parece que estamos obligados a sufrir los desatinos de la Justicia, por eso hay muchos que la temen y no pocos los que desconfían de ella. 114 Vid. DE LEÓN VILLALBA, op. cit., págs. 96 y ss. 115 sobre el concepto de prisionización .Vid. infra pág. 134. 116 BARQUÍN SANZ, J. y LUNA DEL CASTILLO, J.D., “Aplicación práctica de la suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad: una aproximación estadística”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 10, 2013, en pág. 469 escriben: “la realidad práctica de la aplicación de la suspensión de las penas privativas de libertad entre 2008 y 2011 muestran que los órganos judiciales vienen empleando con frecuencia decreciente este instrumento dirigido a evitar la entrada en prisión de un sujeto”.

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En un informe del Grupo PRECA117 se recoge que la prevalencia patológica psiquiátrica entre los reclusos supera casi cinco veces a la de la población general118. Alrededor del 80% de los reclusos tenían al menos un trastorno de personalidad. Este es un fenómeno que parece darse a nivel mundial119. En la muestra de 1991, que se expone en la tercera parte de este trabajo, el pronóstico psicológico era desfavorable en el 45,31% de la muestra, y tendente a desfavorable en el 34,37%. Otros estudios coinciden en resaltar que existen “tasas muy altas de trastornos de personalidad entre drogadictos y también entre reclusos120. Se ha estimado que la prevalencia de trastornos de personalidad en la población carcelaria española varía entre el 30% y el 100% mientras que la prevalencia del trastorno antisocial de la personalidad en la misma población oscila entre el 30% y el 82%”121. Se ha planteado la cuestión de si deberían desaparecer del Código todas las penas de prisión superiores a diez o quince años, lo que no se aceptaría ni por el legislador, ni por la sociedad. Tampoco en Derecho comparado encontraríamos algún Código que no tuviera penas superiores a diez o quince años. Pero es que, además, ya se ha indicado que los efectos en la personalidad pueden aparecer en los primeros días en 117

Informe sobre prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles (Estudio PRECA), Barcelona, junio 2011. El estudio es sobre 707 reclusos, de los que el 54% eran reincidentes. 118 Ibídem pág. 9: “Nuestro estudio es el más amplio llevado a cabo en España sobre la prevalencia del trastorno mental en centros penitenciarios. Uno de los resultados más destacados es que se observa claramente que la prevalencia de patología psiquiátrica entre los reclusos españoles es superior a la de la población general ... Según los resultados obtenidos en nuestro estudio la prevalencia de enfermedad mental en población reclusa es alrededor de 5 veces más alta. En este sentido nuestros resultados coinciden con los obtenidos en otros países donde los datos de prevalencia se dan para ambas poblaciones”. 119 Ibídem pág. 4: “Desde los años 90 los estudios realizados en población penitenciaria a nivel mundial concluyen que las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general y alrededor de 10 veces más probabilidad de ser diagnosticados de un trastorno antisocial de la personalidad”. 120 HIGUERA GUIMERÁ, J.F. “Penados con deficiencia psíquica en establecimientos ‘no psiquiátricos’ penitenciarios”, en Derecho penal y Criminología como fundamento de la política criminal, cit., en págs. 815 y ss. se ocupa de las alteraciones psíquicas sobrevenidas antes y después de la sentencia en firme. 121 VEGUE GONZÁLEZ, M., Evolución del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en una muestra de reclusos en régimen abierto con la Wender-Utah Rating Scale, Ministerio del Interior, Madrid, 2008, pág. 16.

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prisión. En todo caso esta es una cuestión relacionada con los sistemas alternativos a las penas privativas de libertad. Hay quien señala los graves efectos que produce el internamiento por más de 20 años122, otros a los 15123. 3.

PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS

Determinar la proporcionalidad de las penas en relación con los delitos es algo especialmente complejo124. No hay ningún criterio para medir la proporcionalidad de las penas cuando se fijan en el Código penal. Cabe peguntarse por qué el homicidio tiene una pena de diez a quince años (art. 138 CP) y no de doce a diecisiete o de ocho a doce. La violación en algún caso puede llegar a tener más pena que el homicidio, pues en determinados supuestos (art. 180 del CP) se prevé la prisión de doce a quince años. Cortar una mano puede llegar a tener casi la misma pena que la mitad inferior del homicidio (prisión de seis a doce años, art. 149.1 CP), lo mismo que la malversación de caudales públicos superior a 250.000 euros (prisión de ocho a doce años, art. 432.3.b CP). En el artículo 24.2º del Código penal militar se castiga con la misma pena que el asesinato –quince a veinticinco años de prisión– al militar que con el propósito de favorecer al enemigo “se fugare de sus filas con el ánimo de incorporarse al enemigo”. ¿En 122 RÍOS MARTÍN, J.C., “La cadena perpetua y la custodia de seguridad en la reforma penal de 2013”, en Revista de Derecho Penal y Criminología , núm. extraordinario, 2013, pág. 186 dice: “la prisión perpetua niega el mandato constitucional del derecho a la reeducación social -art. 25.2 CE-. Este exige que la forma de cumplimiento de la pena prisión evite generar consecuencias en la mente del ser humano condenado que le impidan integrarse nuevamente en la sociedad para desarrollar su proyecto vital -derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con la reinserción social-. Estos objetivos son imposibles a partir de 20 años de encierro penitenciario continuado, pues la mente humana queda ´gravemente incapacitada´ para hacer frente con un mínimo de equilibrio a las exigencias relacionales y de responsabilidad de la vida en libertad”. 123 Vid. ÁLVAREZ GARCÍA sobre autores que se inclinan por los 15 años. Vid supra nota 23. En este sentido la STS de 16 de abril de 1998, recoge: “Existe un consenso generalizado entre los especialistas que mantiene que un tiempo de reclusión ininterrumpida superior a los 15 años provoca en la mayor parte de los sujetos consecuencias de orden psíquico y social que hacen incierta y, en ocasiones, imposible su reintegración a la vida social”. 124 Vid. LASCURAÍN SÁCHEZ y RUSCONI, ob.cit. DE LA MATA BARRANCO, ob. cit. MIR PUIG, op. cit.

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qué se fundamenta el legislador para agravar las penas constantemente?, no puede ser en base a la prevención general pues en los últimos años ha descendido la criminalidad125 y la población penitenciaria126. Es el legislador quien establece la proporcionalidad entre el delito y las penas y los jueces y tribunales los encargados de observarlas en cada sentencia que dicten127, lo que harán de forma motivada128. Para fijar la proporcionalidad hay que tener en cuenta muchos elementos, entre los cabe apuntar: los fines de la pena, con especial atención a la forma de ejecutarla (dureza o benevolencia del sistema y régimen penitenciario). Información de expertos sobre estas cuestiones. Ponderación entre el mal causado y pena que se establece, buscando un equilibrio entre todos los factores, pues los efectos de las penas son muy diferentes en quienes han de cumplirlas. Las penas deben ser flexibles para facilitar al juez una mejor individualización. También hay que tener en cuenta el sistema de penas establecido en el Código para el conjunto de delitos y en especial para otros similares. Derecho comparado. En la fijación de las penas, donde a veces suele haber un trasfondo político, la inseguridad del legislador es patente. En la reforma del Código penal de 1983 hubo delitos contra la propiedad en los que el límite máximo de la pena se llegó a rebajar en veinticuatro veces y el mínimo en dieciocho o incluso más129. En el Código de 1995 se elevaron. En la reforma de 125

Vid. supra notas 12 a 15. Vid. supra nota 16. 127 Vid. STS 658/2014 en infra nota 140. 128 Dispone el art. 120.3 CE: “Las sentencias serán siempre motivadas…” 129 Por poner un ejemplo: antes de la reforma de 1983 el hurto se castigaba en el art.515.1º con la pena de presidio mayor (de seis años y un día a doce años) si el valor de la cosa hurtada excediera de 600.000 pesetas.2º. Con la pena de presidio menor (de seis meses y un día a seis años) si el valor excediere de 150.000 pesetas y no pasara de 600.000.3º. Arresto mayor (de un mes y un día a seis meses) si excediere de 15.000 y no pasara de 150.000. Tras la reforma del Código por LO 8/1983, de 25 de junio, esas penas, que eran muy elevadas, quedaron como sigue: arresto mayor si el valor de lo sustraído excediera de 30.000 pesetas (art. 515.1º), sin fijar límite de cantidades superiores (se pondría la pena en su grado máximo: de cuatro meses y un día a seis meses cuando el hurto revistiera especial gravedad, art. 516.2ª). Para un hurto que excediere de 600.000 pesetas, antes se castigaba con pena de seis años y un día a doce años ( 72 a 144 meses), después de la reforma, en principio, 126

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2015, como motivo de la corrupción, se incrementan notablemente en algunos delitos, como la prevaricación130. En el caso que nos ocupa, el legislador no justifica las razones que le han llevado a incorporar la prisión permanente revisable al Código penal, siendo insuficiente lo que recoge en el preámbulo de la ley131, como ya se indicó por el Consejo General del Poder Judicial132 y Consejo de Estado133. Si tenemos en cuenta la gravedad de los delitos para los que está prevista la prisión permanente revisable la pena puede considerarse proporcional. Es cierto que la cuestión hay que plantearla en cuanto a que la pena de hecho puede terminar siendo indefinida si el condenado no supera las revisiones para conseguir la suspensión de la ejecución de la pena. El Tribunal Supremo considera que el Tribunal Constitucional puede fiscalizar tanto la reacción excesiva de un tipo penal como la excesiva carga aflictiva de una pena134. queda en un mes y un día a seis meses (1 a 6 meses). De ello se desprende -buscando la situación más grave-, que el límite máximo del grado máximo (doce años) se reduce de 144 meses a 6, es decir, 24 veces menos; el límite mínimo del grado mínimo (seis años y un día) pasa de 72 meses a uno, con lo que rebajaría en 72 veces (si tenemos en cuenta que el límite mínimo es de un mes y un día, si contamos el día la rebaja sería en 70 veces). Si jugáramos con el supuesto agravado del art. 516.2ª, el incremento del límite máximo seguiría siendo igual y el límite mínimo -ahora serían 4 meses frente a 72- se rebajaría en 18 veces. En el Código de 1995 desaparecen las penas de presidio, quedando en prisión. Se elevaron las penas en los delitos contra la propiedad, pues si antes de la reforma de 1983 eran muy severas tras la reforma quedaron bajas. En el art.234 del nuevo Código el tipo básico de hurto se castigaba “con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, si la cuantía de lo sustraído excede de cincuenta mil pesetas” (hoy de 400 euros). En todo caso lo que se pretende es poner de manifiesto la inseguridad que existe en la proporcionalidad de las penas. 130 En la prevaricación de autoridad o funcionario público la inhabilitación especial para empleo o cargo público…, que antes de la reforma era de siete a diez años, pasa de nueve a quince (art. 404). 131 Se recoge en el párrafo primero del apartado II de la exposición de motivos de la LO 1/2015: “La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad…en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión…” Se trata de una generalidad carente de argumentos sociológicos, criminológicos… 132 En el informe del Consejo al Anteproyecto de ley de reforma del Código penal se indica la falta de motivación que justifique la incorporación al Código penal de la Prisión permanente revisable. Vid supra nota 9. 133 Vid. supra nota 10. 134 La STS 716/2014, de 9 de octubre, recoge en el primero de sus fundamento de derecho: “En el juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al

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3.1.

Proporcionalidad de las penas y cumplimiento efectivo de 25, 30 y 40 años

Como ya se ha indicado más arriba, se puede llegar a cumplir hasta cuarenta años de prisión efectiva por acumulación jurídica de penas. Así las cosas, y teniendo en cuenta la gravedad de los delitos a los que se aplica la prisión permanente revisable, esta sería proporcional. Hay que tener presente que esta pena, para los supuestos más graves de prisión permanente revisable -revisión a los 35 años- puede extinguirse a los 40 años si el sujeto supera la primera revisión y la suspensión de la ejecución de la pena se fija en cinco años (art. 92.3 CP)135. En el Código penal hay algún supuesto en el que está prevista la prisión de veinticinco a treinta años136. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se pronuncia con respecto a la proporcionalidad de las penas en materia de acumulación jurídica en el sentido de que pueden conculcar los principios constitucionales relativos a las penas inhumanas (art. 15 CE), la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE) y a la obligada interpretación conforme a los tratados y acuerdos internacionales (art. 10.2 CE)137. También puede afectar al principio legislador en primera instancia… Esa libertad no es absoluta. La Constitución impone unos mínimos estándares de proporcionalidad que enlazan con los derechos proclamados en su art. 25.1. Esta estimación se ve en la actualidad reforzada por la vigencia del citado art. 49.3 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Desde este enfoque una ley penal puede ser fiscalizada por el Tribunal Constitucional: tanto por resultar patentemente innecesaria una reacción de tipo penal; como por estimar excesiva la carga aflictiva de la pena en relación con la entidad del delito”. El apartado 3 del art. 49. Dice: “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”. Algunos autores se ocupan de la proporcionalidad de las penas sin hacer referencia a ningún artículo de la Constitución prefieren tratar de la relación entre culpabilidad y penal. 135 Para el supuesto de revisión a los 25 años la pena podría quedar extinguida a los 30 si la suspensión fuera por cinco años; si fuera a los diez la extinción sería a los 35. En la revisión a los 28 años la extinción de la pena estaría entre los 33 y 38; en los supuestos de revisión a los 30 años, los plazos de extinción estarían entre 35 y 40. Para la revisión a los 35 años entre los 40 y 45. Todo ello si no se revocara la suspensión de la ejecución de la pena. 136 Dentro delos delitos de rebelión en el art. 473.2 se prevé la pena de veinticinco a treinta años de prisión. En los “Delitos contra la Corona” se castiga en el art. 485.2 al “que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey… con la pena de veinte a veinticinco años…si concurrieren en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de veinticinco a treinta años”. 137 Recoge la STS 139/2016, de 25 de febrero en el penúltimo párrafo del primero de sus Fundamentos jurídicos: “La interpretación sustantiva del sistema de

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retributivo, de proporcionalidad de la pena e igualdad ante la ley (art.14 CE)138. Recoge la STS 367/2015 : “A diferencia de otros ordenamientos, que establecen una sola pena para diversos delitos enjuiciados en un mismo proceso, exasperando la pena del delito más grave, en el nuestro se sigue un sistema de acumulación matemática pura, que puede conducir en caso de multiplicidad de condenas a la vulneración del principio de proporcionalidad, alcanzando la suma de todas las penas legalmente correspondientes a los delitos cometidos, aun cuando fuesen delitos menores o menos graves, cantidades desorbitadas reñidas en su cumplimiento total y sucesivo con el principio constitucional de rehabilitación de las penas, e incluso con la duración de la vida del penado”. Con la reforma del Código penal de 2015 se mejora esta situación. Añade más adelante que la “interpretación de los límites punitivos del art. 76 debe hacerse…evitando al mismo tiempo que puedan generarse situaciones de impunidad o actuaciones criminógenas respecto a posibles delitos futuros” . Así, como vemos, la cuestión de la proporcionalidad no se ha planteado solo respecto de la prisión permanente revisable. Sobre la cuestión de la acumulación de penas, previsto en el artículo 76 del Código penal -que se mejora en la última reforma del Código penal-, hay una gran inseguridad jurídica, acumulación jurídica no puede prescindir de determinados valores constitucionales proclamados en el artículo 15 relativo a las penas inhumanas, el artículo 25 que proclama que las penas privativas están orientadas hacia reeducación y reinserción social y el propio artículo 10.2 que obliga a la interpretación conforme a los tratados y acuerdos internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos (así, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 49.3, proclama que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción)”. 138 Recoge la sentencia cit. 139/2016 en el párrafo último del primero de sus Fundamentos de derecho: “Una aplicación rígida y cerrada de nuestro sistema de acumulación jurídica, sin prever distintas posibilidades combinatorias, arrojaría unos resultados contrarios a cualquier principio retributivo y proporcional de la pena como sería que una multiplicidad de delitos menores contra la propiedad fuesen castigados a la postre más severamente que delitos mucho más graves contra la vida o integridad de las personas. Y en segundo lugar, que el enjuiciamiento de los hechos pende en muchas ocasiones de circunstancias contingencias aleatorias y por ello ajenas a la responsabilidad de los o propios penados que incluso pueden conculcar el principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 14)”. Vid. STS 716/2014, en supra nota 134.

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pues algunos condenados cumplen más tiempo de prisión que el que les corresponde. A veces la acumulación no es correcta, es excesiva; otras conlleva un retraso en la puesta en libertad, y otras ni se llega a plantear. Hay que buscar una fórmula que garantice la correcta aplicación del indicado precepto penal. Debe ser de oficio, pues buena parte de los condenados han sido defendidos por distintos abogados , por lo que tienen dificultades en conocer su situación y, en consecuencia, ejercitar los derechos que les reconoce el 76 del Código penal. Se podría llegar a conculcar el derecho fundamental garantizado en el artículo 17.l de la Constitución: “Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observación de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstos en la ley”. 4.

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

La imposibilidad de poder valorar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal afecta al principio de culpabilidad.139 No solo no se pueden valorar las circunstancias atenuantes, tampoco las agravantes, con lo que no puede llevarse a cabo la aplicación de las penas de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 CP, donde también es importante valorar “las circunstancias personales del delincuente”, lo que se hace en contadas ocasiones. La STS 658/2014, de 16 de octubre, recoge: “Es doctrina de la Sala que el principio de proporcionalidad, aunque no expresamente reconocido en la Constitución, debe ser considerado como el eje definidor de cualquier decisión judicial y singularmente en la individualización judicial de la pena que debe efectuarse teniendo en cuenta el grado o nivel de culpabilidad y la gravedad de los hechos, elementos que operan como la medida de la pena a imponer” (FJ5) 140.

139

Vid. CERVELLÓ DONDERIS, ob. cit., págs. 235 y ss. Se contempla en la sentencia un supuesto de proporcionalidad de las penas. Se había condenado por una estafa de seis mil euros a la pena de tres años de prisión y multa de nueve meses y un día. Se estima el recurso interpuesto contra una sentencia y en base al principio de proporcionalidad se rebaja la pena a un año y nueve meses de prisión. 140

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5.

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INVASIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

Se incorporan al Código penal -para la prisión permanente revisable- competencias diferentes a las que se contemplan para el conjunto de población penitenciaria en Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento. Cabe destacar los requisitos para el acceso al tercer grado, necesario para conseguir la libertad condicional. Los grados vienen regulados con carácter general en el artículo101.2 del Reglamento Penitenciario, que dice: “El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades”. El artículo 102.4 establece : “La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarios estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”141. El nuevo artículo 36.1 CP recoge con respecto a la prisión permanente revisable: “La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones penitenciaria”142. Estamos ante una invasión de la legislación penitenciaria por parte del Código penal. Algo similar sucede con los plazos que se exigen de cumplimiento de la pena para poder obtener permisos de salida, que se fija en ocho y doce años (art. 36.1.b CP), superiores a la población penitenciaria en general. Parece claro que la normativa penitenciaria143 tendrá que modificarse, especialmente en lo relativo a la ejecución de la

141

El procedimiento de clasificación inicial se recoge en el art. 103 del Reglamento. El art. 72. 5 de la Ley General Penitenciaria se ocupa de los requisitos para la clasificación en tercer grado, además de los previstos por el Código penal. Hay otros muchos artículos de la Ley y el Reglamento sobre progresión y regresión en los grados, revisión y variables de la clasificación. 142 También pueden conceder la progresión al tercer grado “por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimiento incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad” (art. 36.3 CP). 143 La reforma de la legislación penitencia ya se anuncia en la Circular 4/2015 de la Secretaría de General de Instituciones penitenciarias sobre aspectos de la ejecución penal afectados por la reforma del Código penal en la LO 1/2015 de 30 de marzo”.

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prisión permanente revisable144. Son muchas las cuestiones que se plantean en la ejecución de esta pena durante la estancia en prisión. 6.

MANDATO

CONSTITUCIONAL HACIA LA REEDUCACIÓN Y REINSER-

CIÓN SOCIAL

De esta cuestión se han ocupado la mayoría de los que han escrito sobre la supuesta inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable. Dicen que las penas de larga duración van contra el principio recogido en el artículo 25.2 CE que dispone que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social145. Hay que tener presente, como ya se indicó, que no se trata ni de un derecho subjetivo ni de un derecho fundamental146, sino de un mandato dirigido al legislador y a la administración penitenciaria para orientar la ejecución de las penas privativas de libertad147. Es cierto que la fórmula empleada en la Constitución para abordar esta cuestión es un tanto genérica y ambigua148, pero su 144 Ibídem, en su disposición transitoria segunda recoge la indicada Circular: “En cuanto a la nueva modalidad punitiva de la ‘prisión permanente revisable’, dadas las circunstancias que en el modelo de ejecución penal pueda suponer el cumplimiento de una pena de duración indeterminada, aunque no indefinida, hará necesario abordar sus especificidades con una Instrucción ex profeso, específica, que se dictará en su momento”. 145 Son reiteradas las sentencias que recogen este principio (entre otras SSTC 19/1988, 209/1993, 299/2005). 146 URÍAS MARTÍNEZ, J., “El valor constitucional del mandato de resocialización”, en Revista española de Derecho Constitucional, núm. 63, en pág. 56 escribe: “En las disposiciones de la Constitución no siempre resulta fácil distinguir el aspecto institucional del subjetivo…el asunto resulta especialmente complicado por cuanto se está ante uno de los preceptos del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución; los derechos fundamentales, por su propia naturaleza, tienen un doble carácter que los dota de eficacia tanto como instituciones del sistema jurídico que como facultades de los ciudadanos”. 147 Establece el párrafo primero del art.1 de la Ley General Penitenciaria. “ Las instituciones penitenciarias regulada en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como a la retención y custodia de detenidos, presos y penados”. MANZANARES SAMANIEGO, J.L. refiriéndose al párrafo primero del art. 1 de la Ley General penitenciaria dice que este “tal vez acentúa un poco más lo que era orientación”, en Suspensión, sustitución y ejecución de las penas privativas de libertad”, Comares, Granada,2008, pág. 17. 148 REVIRIEGO PICÓN, F., Los derechos de los reclusos en la jurisprudencia constitucional, Universitas, Madrid, 2008, en pág. 49, hace referencia a su “vaguedad o indefinición”.

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sentido se contempla en la jurisprudencia del TC, cuya línea argumental recoge el legislador en el párrafo cuarto del apartado II del preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal. Dice: “La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de ´pena definitiva´ en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”. Si el legislador, en contra de lo que tradicionalmente viene haciendo -no pedir información a expertos sobre los temas que pretende legislar- hubiera solicitado la colaboración previa de especialistas en materia penitenciaria, posiblemente no habría introducido en el Código penal la prisión permanente revisable, pues esta puede convertirse en “potencialmente de por vida”, situación de la que ya alertaba algún experto 149. En otro lugar ya me pronunciaba en este sentido, cuando en julio de 2012 se publicaba el Anteproyecto de reforma del Código penal150. También en 2012 publicábamos una obra bajo el título El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social151, donde se trata de los efectos negativos de la pena de prisión, las pocas posibilidades de resocialización y la casi pérdida de toda esperanza para los que sufren un internamiento 149

NISTAL BURÓN, destacado experto en Ciencia penitenciaria, ya anunciaba el riesgo de que la prisión permanente revisable pueda convertirse “potencialmente de por vida”. En su trabajo “La nueva pena de ´Prisión permanente revisable´ proyectada en la reforma del código penal. Su particular régimen penitenciario de cumplimiento”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7, 2013, en pág. 17 escribe: “ En el caso de la nueva pena de ´prisión permanente revisable´, esta situación actual sufriría un cambio cualitativo considerable, particularmente, para los autores de un solo delito, pues permitiría llegar a penas aún más largas -potencialmente de por vida- (aunque también dice que no sería así si se llegan a cumplirse todos los requisitos que se exigen en la misma, pág. 14) si la evaluación del penado no evidencia la reeducación del mismo, dado que una vez extinguida la parte de la condena de prisión permanente revisable -25, 28,30 y/o 35-en los términos que hemos descrito en el apartado relativo a la libertad condicional (suspensión de la condena)”. Vid. su trabajo “La duración del cumplimiento efectivo de la nueva pena de ´prisión permanente revisable´ introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código Penal”, en ibídem, núm. 6, 2015, pág. 12. 150 Vid supra nota 3. 151 SERRANO GOMEZ y SERRANO MAÍLLO, I., Dykinson, Madrid, 2012.

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ininterrumpido muy prolongado, como sería en el caso de los que fueran condenados a prisión permanente revisable152. No hay duda de que nuestro sistema penitenciario está en condiciones de poder cumplir el mandato del artículo 25.2 CE de reeducar y reinsertar socialmente a los penados153, pero lo cierto es que son pocas las posibilidades que existen de conseguir esos fines con internos en periodos largos de prisión ininterrumpida. Los que cumplen condena en prisión pueden conseguir adelantar su puesta en libertad mediante beneficios penitenciarios; los condenados a prisión permanente revisable pueden conseguir que se les ponga en libertad en su primera revisión, pero a nadie se le escapa que sea difícil mantener un comportamiento encaminado a la reinserción social cuando la vida en prisión se prolonga154. 6.1. Los permisos penitenciarios de salida y la reinserción Según el artículo 36.1.c) CP, lo más pronto que un condenado a prisión permanente revisable puede conseguir permiso de salida es tras haber cumplido ocho años de prisión o doce si es por delitos de terrorismo155. No hay dudas de que 152 En esta obra se realiza un trabajo empírico en base al material que la Central Penitenciaria de Observación facilitó a Alfonso Serrano Gómez. 153 NISTAL BURÓN, J., “¿Es viable nuestro ordenamiento jurídico para la pena de ´cadena perpetua´ como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertables?” Boletín de Actualidad Jurídica Aranzadi, núm.753, 2008, en pág. 6 escribe: “El artículo 25.2 de la Constitución no establece que la reeducación y reinserción social sean la única finalidad dela pena privativa de libertad. En consecuencia…tampoco una pena de ´cadena perpetua´ si estuviera sujeta a un periodo de revisión-reducción de la misma, estaría en contra de la finalidad constitucionalmente citada en el referido artículo, porque la indeterminación de la pena que conlleva la ´cadena perpetua´ iría acompañada de la posible reducción de la misma, mediante una revisión en determinadas condiciones”. 154 Ibídem,“¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de ´cadena perpetua”, cit., en pág. 6 dice: “Con esta forma de cumplir la pena ´cadena perpetua´ no se contradice el objetivo resocializador encomendada a la misma en la CE -art. 25-, antes al contrario, permite concretar la duración de la prisión a las condiciones de reinserción del sujeto condenado, es decir, acomodar el régimen penitenciario a los pronósticos de peligrosidad que pueden representar personas que difícilmente van a reinsertarse”. 155 Ibídem, “La nueva pena de prisión permanente revisable…” cit., págs. 9 y ss. escribe: “Los permisos constituyen uno de los instrumentos más eficaces del moderno tratamiento penitenciario para el logro de la finalidad última de la pena privativa de libertad -la resocialización del recluso- en la que, sin duda, inciden positiva y directamente. Su finalidad es, básicamente, preparar al recluso para su

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las salidas de prisión tienen efecto resocializador156, aunque en algún caso hay quien las aprovecha para delinquir. Aun así, cualquier relación de los internos con el mundo exterior tiene efectos resocializadores157. El Tribunal Constitucional reconoce que los permisos de salida se conectan con la reeducación y reinserción social. En ese sentido la STC 81/1997, de 22 de abril, dice que “la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 C.E.) o, como ha señalado la STC 19/1988, la ‘corrección y readaptación del penado’, y se integra en el sistema progresivo formando parte del tratamiento” (FJ 3). La STC 112/1996 se encargó, además, de destacar los fines y utilidades que comporta esta institución: “Todos los permisos de salida cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de responsabilidad del interno, y con ello al desarrollo de su personalidad. Le proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrarse e indican cuál es la evolución del penado...” (FJ4). No obstante, indica que hay que tener en cuenta la legalidad ordinaria. La existencia de un derecho subjetivo a la obtención de tales permisos depende de la legislación penitenciaria158. futura vida en libertad y , ello, manteniendo una relación de éste con el mundo exterior que evite, en la medida de lo posible, un proceso de desocialización, que pudiera tener consecuencias negativas en el cumplimiento del fin principal asignado a la pena privativa de libertad”. 156 Vid. con mayor extensión FERNÁNDEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN, Manual de Derecho Penitenciario, cit., pág.631 y ss. 157 Vid. FERNÁNDEZ DÍAZ, C.R., “Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la reeducación y reinserción social”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm.17-07, 2015. Se ocupa de las comunicaciones orales, especiales, escritas, telefónicas y de nuevas tecnologías, así como de entrevistas realizadas a internos en una prisión. 158 La STC 2/1997, de 13 de enero, recoge: “…además no han de darse otras circunstancias que aconsejen su denegación a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en relación con los fines antes expresados ... De manera que la conce-

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El fin resocializador de los permisos de salida como “preparación para la vida en libertad”, se recogen en el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para internos que hayan extinguido la cuarta parte de la condena159. Hay que tener en cuenta que en el Código existen penas privativas de libertad que pueden llegar a los treinta años, como sucede en el delito de rebelión (art. 473.2 CP) y en supuestos agravados en dar muerte a los ascendientes o descendientes del Rey…(art. 485.2 CP); veinticinco en el homicidio agravado (art. 138.2 CP), asesinato (art. 139 CP), rebelión (art.473.1 CP) con lo que para obtener permiso de salida- si les condenara al máximo de la pena- tienen que haber cumplido siete años y medio de prisión en el primer caso, y seis y nueve meses en los otros, incluso superior en algún caso si tenemos en cuenta que se pueden llegar a cumplir penas efectivas de hasta cuarenta años (art. 76.1 CP). Por último, en la legislación penitenciaria hay otras cuestiones relacionadas con la reeducación y reinserción social que o no se cumplen o se hace de forma insuficiente- normalmente por falta de personal y de medios, como, por ejemplo, el poder tener celda individual160. De todas formas, hay que indicar que llevar a cabo el tratamiento penitenciario en una prisión es algo muy complejo, pues es muy variada la población penitenciaria, delitos cometidos, interés de colaborar con el tratamiento, toxicofilia, convivencia con el resto de la población penitenciaria; problemas famisión o denegación de tales permisos dependerá de la apreciación de dichos requisitos y, cumplidos éstos, de las concretas circunstancias de cada caso” (FJ 4). 159 Dispone el art 47.2 de la LOGP: “Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación de la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo y tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta”. En sentido similar art. 154 del Reglamento Penitenciario. El Tit. VI del Reglamento se ocupa “De los permisos de salida”, clases, duración y requisitos; procedimiento de concesión, Además de los permisos ordinarios hay otros extraordinarios. 160 Dispone el artículo 19 de la Ley Penitenciaria: “Todos los internos se alojarán en celdas individuales. En caso de insuficiencia temporal de alojamiento o por indicación del médico o de los equipos de observación y tratamiento, se podrá recurrir a dependencias colectivas. En estos casos los internos serán seleccionados adecuadamente”. Vid. arts. 13 y 14 de esta Ley, y 11.1, 13 76.2, 90.2 y 172 del Reglamento Penitenciario. El hacinamiento ha sido frecuente en algunas prisiones, aunque ha descendido notablemente como consecuencia de la disminución de la población descenso penitencia en los últimos años. Vid. supra nota 16.

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liares, laborales, sociales que deja fuera de la prisión; mezcla de razas y nacionalidades, y un sinfín de otras cuestiones. Por mucho interés que pongan los funcionarios, las posibilidades de éxito son reducidas. Hay que advertir, llegados a este punto, que el legislador es más riguroso en la concesión de los permisos de salida para los condenados a la pena de prisión permanente revisable que al resto de penados. Los requisitos generales, según el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria son: estar clasificado en segundo o tercer grado, haber cumplido la cuarta parte de la condena y no observar mala conducta161. El cálculo para los condenados a prisión permanente, al ser una prisión indeterminada, no tiene fijado un plazo máximo de cumplimiento. Se parte de 32 y 48 años, con lo que la cuarta parte son ocho y doce años. Estos plazos se establecen sin dar explicaciones162. En los permisos de salida se tiene en cuenta el comportamiento en la prisión. No obstante, hay penados que han sido objeto de sanciones disciplinarias y se les conceden permisos de salida, mientras que a otros se les deniega, todo ello depende de la valoración global de la conducta y gravedad de las faltas cometidas. En la muestra de 10 internos que se recoge más adelante tres nunca disfrutaron de permisos de salida por mala conducta en la prisión. En la muestra de 11 fueron cuatro163. 161

Vid. supra nota 159. NISTAL BURÓN, en “La duración de cumplimiento efectivo de la nueva pena de ´prisión permanente revisable´ introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de reforma del código penal”, cit., en pág. 8 escribe: “Teniendo en cuenta la directriz de temporalidad de la ¼ parte determinada en la normativa penitenciaria para la concesión de permisos de salida ordinarios en las penas de duración determinada, se constata que sobre este porcentaje en la pena de ´prisión permanente revisable´ se ha tomado como referencia la cifra de 32 años, para el supuesto general -8 años es la ¼ parte de 32- años y de 48 para los delitos vinculados con la actividad terrorista -12 años es la ¼ de 48 años-. Desconocemos cuál ha podido ser el baremo que ha utilizado el legislador para establecer estos espacios de tiempo, aunque en todo caso, pensamos, que dicho baremo denota que el principal propósito de la medida, no sería otros, que endurecer el régimen el cumplimiento de la prisión permanente, teniendo en cuenta la gravedad de la tipología que ha llevado consigo la imposición de esta pena”. 163 Vid. infra pág. 130. 162

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6.2.

Endurecimiento de los requisitos para el acceso al tercer grado

Sin perjuicio del endurecimiento en otros supuestos previstos en el Código penal para penas determinadas, “cuando se trate de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo…”164, para las condenas a prisión permanente revisable según recogen los artículos 36.1 y 78 bis del CP, los plazos son: 15, 18, 20, 22, 24 y 32 años. En el artículo 36.3 se prevé la “la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa gravedad”165. La clasificación en tercer grado, para los condenados a prisión permanente revisable, deja de ser competencia de la administración penitenciaria166 para pasar a ser judicial. Establece el párrafo segundo del artículo 36.1 del Código penal: “La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias”. Entendemos que estos requisitos se mantienen para los supuestos previstos en el artículo 78 bis, donde se contempla la condena por dos o más delitos.

164 Dispone el art. 78.2, a) del CP.: “Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento de la condena. b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena”. 165 Dispone el art. 104.4 del Reglamento Penitenciario: “Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a las dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”. 166 Según el art. 103 del Reglamento Penitenciario que se ocupa del “Procedimiento de clasificación inicial”, para la población penitenciaria en general (no comprende los condenados a prisión permanente revisable) dispone: “1. La propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formula por las Juntas de Tratamiento, previo estudio del interno…4. La resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria se dictará, e forma escrita y motivada, por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde su recepción. 5. La resolución de clasificación inicial se notificará al interno interesado, indicándole en la notificación que, de no estar conforme con la misma, puede acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia”. Vid. art. 20 del Reglamento y 63, 65 y 76.2.f de la Ley General Penitenciaria.

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En cuanto a la información que el tribunal ha de recibir de Instituciones Penitencias hay que entender que son los que la administración penitencia tiene en cuenta para la concesión del tercer grado. Dice el artículo 102.4 del Reglamento Penitenciario: “La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”. A los condenados a prisión permanente revisable a su ingreso en prisión se les clasificará en segundo grado si concurren “circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia167; lo serán en el primero si se “aprecia peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada”, para ello se ponderan una serie de factores168. Las condiciones que se establecen para pasar al tercer grado llevan consigo que no puedan acceder a ciertos beneficios penitenciarios de los que pueden disfrutar el resto de los reclusos, o tienen más dificultades169. 7.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL

En la doctrina se comparte la opinión de que algunas de las exigencias que se imponen para conseguir la suspensión de la ejecución de la pena y la libertad condicional son difíciles de cumplir por parte de los condenados a prisión permanente 167

Art. 102.3 Reglamento Penitenciario. Art. 102.5 del Reglamento. Se ponderan: “Naturaleza del delito…Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos. Pertenecientes a organizaciones delictivas o bandas armadas…Participación en motines, plantes, agresiones físicas…” 169 NISTAL BURÓN, en “La duración del cumplimiento efectivo de la nueva pena de prisión permanente revisable…” cit., en pág. 12 recoge: “la pena de prisión permanente permite…que el penado pueda acceder a las mismas medidas de acortamiento de la pena establecidas para las penas de duración determinada, una vez transcurrido los siguientes plazos mínimos de cumplimiento efectivo: de ocho años para el disfrute del primer permiso de salida; de quince años de prisión para obtener la clasificación en tercer grado; de veinticinco años para acceder a la libertad condicional y de cinco años desde que la concesión de la libertad condicional para lograr la remisión definitiva”. 168

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revisable, algunas incluso ajenas a la conducta del reo. Este hecho podría comprometer en cierta medida la constitucionalidad de la pena que nos ocupa, pues la misma encuentra su fundamento en el hecho de que es revisable, no es perpetua y su límite final depende del condenado. Una cosa es que el penado quiera-o no- y pueda -o no- superar las condiciones que se le exigen -aunque no sea fácil- y otra muy diferente que las exigencias impuestas por el legislador sean de difícil cumplimiento. Obviamente habrá casos en los que por más interés que ponga el condenado no conseguirá superar la revisión como consecuencia de los efectos negativos que le ha ocasionado un internamiento tan prolongado. Puede, incluso, que alguno se niegue a recibir cualquier tipo de tratamiento resocializador, a lo que tiene derecho170, pero que dificultaría su paso al tercer grado penitenciario y la posible suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional. Los requisitos que se recogen en el Código Penal para la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable son: “a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78bis para los casos regulados en el mismo. b) Que se encuentre clasificado en tercer grado. c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social…El tribunal resolverá sobre 170 Dispone el art.112.3 del Reglamento penitenciario: “El interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado”.

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la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado” (art. 92.1 CP). En los supuestos de terrorismo la situación es más compleja171. La referencia que se hace al “tribunal” hay que entender que es al que dictó la sentencia condenatoria. A los condenados a prisión permanente revisable se les exigen más requisitos que los establecidos para la concesión de la suspensión de la ejecución del resto de pena de prisión y libertad condicional que a otros penados (art. 90.1 CP). Además, aquí es el juez de vigilancia penitenciaria quien la acuerda, no el tribunal sentenciador. El Código penal, para conceder la suspensión de la ejecución de la pena de prisión hace referencia al “pronóstico favorable de reinserción”, lo que supone falta de peligrosidad; para que la suspensión de la ejecución no sea revocada se refiere al “pronóstico de falta de peligrosidad” (Art. 92.3 CP)172. Es muy difícil poder apreciar en un momento concreto -en este caso cuando se dilucida sobre la suspensión de la ejecución- cuál va a ser el comportamiento futuro del condenado-. En razón de los datos e informes de que se disponga se puede hacer un pronóstico, pero nada más. Ni el propio condenado puede adelantar cuál será su comportamiento futuro. Por muy buenas intenciones que tenga de reinsertarse socialmente no 171 Para el caso de los condenados por relacionados con el terrorismo, “será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades” (Art. 92.2 CP). 172 Art. 92.3 CP): “el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

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se sabe si será capaz de controlar -autocontrol173- todos los factores de riesgo a los que tendrá que enfrentarse174. Habrá supuestos que fallarán sobre el pronóstico de peligrosidad y recaída en el delito. También las medidas de seguridad recogidas en el Código penal en general son problemáticas pues se basan en la probabilidad de la peligrosidad175. Revocación de la suspensión. El juez de vigilancia penitenciaria “revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancia que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada” (art. 92.3 CP). La suspensión de la ejecución la resuelve el tribunal sentenciador, mientras que la revocación la decide el juez de vigilancia penitenciaria. También aquí será difícil para el juez valorar las diversas situaciones que vimos se daban el en aparato 1 de este artículo para conceder la suspensión de la ejecución de la pena. Una cuestión compleja será la referente a la “peligrosidad”, que se tratará en el apartado siguiente. 173 El autocontrol es una cuestión muy compleja que influye en la ejecución del delito en la acción que lleva al paso al acto delictivo. SERRANO MAÍLLO, A., se ocupa extensamente de esta cuestión en su obra, en prensa, Delito, moralidad individual y controles. Un test de la teoría de la acción situacional. Dedica dos capítulos a esta cuestión: V. “Interacciones: autocontrol, disuasión y propensión al delito; el VI. “interacciones: moralidad y autocontrol”. También la tercera y última parte dela obra: “moralidad individual, disuasión y autocontrol”. Antes ya se había ocupado de este tema en “Actos de fuerza o engaño y autocontrol. Un test de una teoría general del delito con una muestra pequeña de delincuentes juveniles”, en Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología, 2009, núm. 11-13. 174 Vid. SERRANO GÓMEZ, A. y FERNÁNDEZ DOPICO, J.L. El delincuente español. factores concurrentes (influyentes), edición facsímil, Dykinson, Madrid, 2009. Se hace un estudio de 2049 delincuentes españoles que estaban cumpliendo condena, destacándose los 30 factores de riesgo más frecuentes que, en mayor o menor proporción, podían haber influido en su conducta delictiva. 175 El Cap. primero del Tit. IV, Lib. I del Código penal se ocupa “De las medidas de seguridad en general”. Según el art. 95.1 se requiere entre las circunstancias para su aplicación, además de “ los previos informes que se estime conveniente… 2ª. Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de la comisión de nuevos delitos” . Art. 97.b) “Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del reo”. Dispone el art. 6.1 del Código penal: “Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito”.

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Revisiones. “La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92” (art. 36.1 CP). Recoge el artículo 92.4 del Código penal: “Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a nuevas solicitudes”. Hay una revisión al menos cada dos años. No obstante, el penado puede pedir nueva revisión que el tribunal tendría que resolver, salvo que limite las peticiones al plazo de un año. Las dos últimas partes de esta obra están dedicadas a un estudio empírico detallado en el que se pone de manifiesto que los requisitos que se exigen en el artículo 92.1 a los condenados a prisión permanente revisable, para la suspensión de ejecución de la pena y libertad condicional, serán difíciles de cumplir en muchos a casos. Por tanto, habrá algunos condenados que superarán ni la primera ni las sucesivas revisiones: para ellos la pena se podría convertir en indefinida, de por vida. 7.1.

Peligrosidad

Por parte de la doctrina se ha planteado las dificultades que existen para la valoración de la peligrosidad a efectos de conceder la suspensión de la ejecución de la pena o su revocación176. En efecto, el tema de la peligrosidad es muy complejo y de difícil previsión para el tribunal177. Al quedar en libertad 176 ARROYO ZAPATERO, LASCURAÍN SÁNCHEZ y PÉREZ MANZANO (ed.), en ob. cit., pág. 52 y ss se ocupan extensamente sobre esta cuestión. En esta pág. dicen : “En la predicción de la peligrosidad, la experiencia histórica y los estudios más recientes demuestran que la peligrosidad es sistemáticamente sobreestimada, y da lugar a una proporción muy importante de falsos positivos”. Para justifica esta referencia recogen el resultado de varios trabajos de diferentes autores. 177 Ibídem., en págs. 37 y s. bajo el epígrafe “ para la revisabilidad de la cadena perpetua no dispone el juez de un instrumento racional y certero” se hace referencia a “dudosa fiabilidad de los pronósticos de peligrosidad… y este índice de

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la inmensa mayoría tienen la convicción y el propósito de no volver a caer en el delito, normalmente más por los problemas que conlleva la privación de libertad que por el tratamiento reeducador recibido. Otros, por el contrario, no saben cuál será su futuro: puede que no les importe volver a delinquir, pues confían en que no serán descubiertos. Habrá presuntos peligrosos que no volverán a caer en el delito, y sí lo harán otros que no ofrecían el menor indicio de peligrosidad. Todo depende de los problemas que se les presenten y cuál sea su forma de afrontarlos. Algunos, por necesidad, recurrirán al delito para poder subsistir, por lo que será difícil de predecir en un pronóstico de peligrosidad, ya que una tercera parte de los que salen de prisión “vivirá en una situación de inestabilidad o incluso de exclusión social”178. Llegar a conocer la peligrosidad de un sujeto es muy complicado e incierto. Si tenemos en cuenta lo que dice el Código penal, los autores de los graves delitos castigados con la prisión permanente revisable -y otros muchos- serían considerados peligrosos en todo caso, lo que no es así. En nuestro trabajo de referencia se recoge lo laborioso que resulta llegar a un pronóstico sobre peligrosidad y comportamiento futuro en libertad de los internos en prisión, según los estudios realizados por expertos de Instituciones penitenciarias. Esta cuestión se tratará en las dos últimas partes de este trabajo. En todo caso la decisión final sobre la suspensión de la ejecución de la pena la tiene el tribunal. 7.2.

Vida penitenciaria y reinserción social

Cuanto mayor sea el tiempo ininterrumpido de internamiento en una prisión, mayor será el deterioro en la personalidad, en las habilidades laborales, propia estima, etc. La rehabilitación y reinserción social para quienes lo necesitan es posible, aunque el éxito suele ser escaso; habría que trafalsos positivos aumenta exponencialmente cuando se trata de hacer pronósticos sobre la reincidencia a delitos poco frecuentes como el asesinato, el genocidio o el magnicidio del Jefe del Estado, que es para los que específicamente está prevista la prisión permanente revisable”. 178 GALLEGO, CABRERA, RIOS y SEGOVIA, ob. cit. pág. 199.

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bajar con grupos reducidos, pero el coste sería tan elevado que ningún gobierno estaría dispuesto a asumirlo; tampoco la sociedad aceptaría grandes inversiones a costa de desatender otros servicios públicos como la enseñanza o la sanidad. Hay que recordar la utopía de los correccionalistas179. En principio hay que valorar si a los condenados a las penas más graves se les han de exigir en el tratamiento penitenciario más requisitos que a los condenados con penas cortas para poder disfrutar de ciertos beneficios. En el caso que nos ocupa parece que el legislador ha decidido un sistema más riguroso, como sucede con el acceso al tercer grado o permisos de salida, así como más requisitos para suspensión de la ejecución de la pena. Hay condenados que no necesitan ninguna clase de tratamiento, no ofrecen riesgo para la sociedad en la que están perfectamente integrados. Para ellos la prisión será un lastre para poder normalizar su vida anterior cuando queden en libertad. Sin embargo, tienen que ingresar y cumplir la condena. Cabe preguntarse si ello sería inconstitucional, aunque es obvio que no, pues la pena -como se ha dicho- tiene otros fines como la prevención general o la retribución. Se supone que al quedar en libertad y reintegrarse en la sociedad, los penados están en condiciones de poder llevar una vida normal en el seno de la misma; tendrán muchas dificultades. Necesitarán un trabajo, dinero, convivir con otros ciudadanos, soportar el rechazo social del que puede ser objeto. Si tenemos en cuenta que no disponen de trabajo, que suelen

179 Vid. ANTÓN ONECA, J., La utopía de Dorado Montero, Universidad de Salamanca, 1951 SERRANO GÓMEZ, Introducción a la ciencia del Derecho penal, Madrid, Ugarte, 1981, págs. 136 y ss. Escribía CONCEPCIÓN ARENAL: “¿Piensa el juez que condena a un reo que le condena a desmoralizarse más…Si en el frontispicio de cada dependencia pública se escribiera lo que en ellas se hace, se verían seguramente cosas extrañas, y en el presidio se leería: ESTABLECIMIENTO DEPRAVADOR…sería bueno que se leyera…el presidio español no puede formar parte de la administración de justicia y está fuera de la ley moral…cuando la pena es depravadora, hay derecho a penar?”, en Artículos sobre beneficiencia y prisiones, en obras completas, tomo XXII, Madrid, 1901, págs. 232 y ss.

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tener problemas de formación profesional180 y educativa181, que normalmente no tendrán ingresos -salvo los que en un principio reciben-, y que por lo general habrán perdido facultades laborales, les será difícil encontrar un medio de vida; además, lo normal es que no tengan vivienda182. La mayoría de quienes ingresan en prisión pertenecen a las clases más desfavorecidas183, como lo reconoce las Naciones Unidas184. Otro factor esencial para la resocialización es la familia. Hay que valorar que son muchos los que siguen teniendo relación con sus padres, hijos, hermanos, cónyuges o pareja mientras se encuentra en prisión. Este es uno de los elementos que más se valoran en los informes sobre pronóstico de comportamiento futuro elaborado por los equipos correspondientes de Instituciones penitenciarias. Instalado en el seno de la familia le será más más fácil reincor180 En nuestra obra El mandato constitucional… cit., pág. 357 se recoge un resumen de los sujetos estudiados en el área laboral: “En conjunto es bastante deficiente. Alrededor de las tres cuartas partes de los componentes de las distintas muestras carecen de cualificación laboral. Suelen realizar trabajos para los que no se requiere ninguna especialización, con frecuencia en periodos cortos. En los últimos años, la toxicolfilia, a buena parte de ellos les impide realizar trabajos con normalidad. También alrededor de las tres cuartas partes carecen de hábitos laborales consolidados”. Vid. RD 22/2015 de 27 de febrero. 181 Ibídem pág. 356 se recoge el resumen del proceso educativo: “En la muestra de 1970-1973 el grado era elemental en el 51,71 %; elemental bajo en el 15%. En la de 1991, el área escolar era normal en el 20,31%; deficiente, en el 59,37%; en situación de subcultura, analfabetismo, etc., en el 23,31%. En la de 2008-2011, alrededor del 80% registra fracaso escolar”. 182 En un estudio de la Central Penitenciaria de Observación sobre lo que piensan hacer los preso al quedar libertad: “aproximadamente un tercio volverá a casa de sus padres (36%) y una proporción similar volverán a su propia casa (37%), esto es, casi una tercera parte, vivirán en una situación de inestabilidad o incluso de exclusión residencial”. También en nuestro trabajo de referencia la familia es muy importante para los que salen de prisión. El mandato constitucional…, cit. pág. 360 se recoge: “A partir de la muestra de 1991 nos encontramos con los resultados siguientes: vivir con los padres, el 51,56 %, y con otros familiares, el 18,75%; muy pocos tienen trabajo y confían encontrarlo cuando estén con sus familiares (carecen de proyecto el 23,43%). En la muestra de 2001 manifestaron: se irían a vivir con los padres, el 26,66%; con la esposa o pareja, el 15,25%; trabajar en algo, el 43,33%; carecían de proyecto, el 20%. También se dan otra situaciones. De la de 2008-2011, el 78,57% manifestaron ir a vivir con la familia”. 183 SERRANO MAILLO, I., “Pobreza y delito. La economía de los presos”, en Boletín Facultad de Derecho UNED, núm. 8-9, 1995, págs. 435 y ss. 184 “Parece que en muchos lugares en el mundo las leyes penales están más bien arbitrariamente escritas y se aplican arbitrariamente; por consiguiente, muchas personas no se sienten en absoluto protegidas, y los miembros de los grupos desfavorecidos están excesivamente representados en los consumidores del sistema de justicia penal, mientras que lo están insuficientemente los funcionarios del sistema” (Naciones Unidas, A/CONF. 56/4, 39).

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porarse a la sociedad. Pero otros muchos tendrán dificultades para encontrar pareja y es muy probable que los padres hayan fallecido –sobre todo después de condenas largas-, lo que les privará de ese respaldo familiar al que nos referíamos. La reinserción social requiere, además de la buena predisposición del liberado, la colaboración de la sociedad, que normalmente es reticente a dar apoyo a quienes han estado en prisión185. En todo caso, cuanto más largas sean las penas, más dificultades habrá para la resocialización186. Un estudio de la Central Penitenciaria de Observación sobre 879 internos llega a los siguiente resultados: “Los sujetos que presentan vinculación familiar obtienen menos porcentajes de reincidencia (44,2%) que los que no la tienen (54,4%)187. 8.

AGRAVACIÓN DE LAS PENAS

Como ya se apuntó, en los últimos tiempos todos los gobiernos han endurecido las penas en muchas de las 29 reformas de que ha sido objeto el Código penal de 1995. Hay un cambio en la política criminal donde prima la seguridad frente a la resocialización de los delincuentes188. Esta política criminal ha sido denunciada reiteradamente por la doctrina. Como se indicó, la prisión permanente revisable era una promesa electoral de los populares que la incorporan al Código penal por LO 1/2015 donde, además, se agravan 185 LARRAURI, E., y JACOBS, J.B., “Reinserción laboral y antecedentes penales”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 13-09, 2011, en pág. 4 escriben: “En general parece presumirse que las dificultades de integrarse de una persona que ha estado en prisión se deben al hecho de su poca formación profesional y escaso nivel educativo, o también a la ruptura de los vínculos familiares y laborales. Sin duda esta afirmación puede ser cierta. La discriminación laboral se produce (o es mayor) no por el hecho de tener antecedentes pen ales sino indirectamente por el hecho de haber estado en prisión”. 186 NÚÑEZ FERNÁNEZ, J.,“Análisis crítico de la libertad condicional en el proyecto de reforma del Código penal de 20 de septiembre de 2013 (especial referencia a la aprisión permanente revisable)”, en La Ley Penal, núm. 110, 2014, pág. 66. 187 SERRANO SAÍZ, J., TELLEZ AGUILERA, A., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.A. y otros pertenecientes a la Central Penitenciaria de Observación, Estudios e investigaciones de la Central Penitenciaria de Observación. Ministerio del Interior. Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, 2001, págs. 187 y 249. 188 Vid. SERRANO TÁRRAGA, supra nota 4.

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otras penas. En esta tendencia legislativa de agravar las penas, especialmente por intereses electoralistas, también han incurrido los socialistas189. La mayoría de la población está a favor de incrementar la punitividad, es decir, de la agravación de las penas. La polémica sobre la prisión permanente revisable se ha planteado especialmente en el terreno político y en el doctrinal. No procedía la inclusión de esta pena en el Código190. Desde el punto de vista de la prevención general191 no era necesario, pues incluso venían disminuyendo los delitos más graves a los que podrían aplicarse dichas penas. De otra parte, la evolución de la criminalidad, en especial algunos tipos concretos, no está en función de la severidad de las penas. 8.1.

Efectos preventivos de la prisión permanente revisable

Ya se indicó que con carácter general la agravación de las penas suelen tener escaso o nulo efecto en cuanto a incrementar la prevención general, aunque pueden tenerlo con algún delito en particular. Juegan muchos factores192: si las penas ya eran muy elevadas y lo que se hace es agravarlas; riesgos del delito frente a los beneficios; oportunidad193; conocimiento de los cambios legislativos con endurecimiento de las sanciones194, etc. En todo caso los delincuentes cometen sus delitos -salvo supuestos especiales, como pueden ser los de tipo pasional- convencidos de que no van a ser descubier189 En la reforma del Código penal de los socialistas por LO 5/2010 se elevaron las penas en 33 artículos y en uno de la Ley de Represión del Contrabando. Vid. SERRANO GÓMEZ, “Endurecimiento de las penas de prisión en la reforma del Código penal de 2010”, en Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos,Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 227 y ss. En la reforma del Código por LO 15/2003 los populares también elevaron las penas en algunos artículos. 190 Vid. supra nota 3. 191 Vid. supra nota 13. 192 Vid. CARDENAL MONTRAVETA, S. “¿Eficacia preventiva general intimidatoria de la pena?”,en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología , núm. 17-18, 2015. 193 Vid. SERRANO MAÍLLO, A., Oportunidad y delito, Dykinson, Madrid, 2009. 194 Vid. MIRÓ LLINARES, F., y BAUTISTA ORTUÑO, R., “¿Por qué cumplimos las normas penales? Sobre la disuasión en materia de seguridad vial”, en InDret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 4, 2013, págs.. 53 y ss.

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tos, o por lo menos con una alta probabilidad de no serlo195. En cuanto a los efectos de la prevención general se suele partir de la idea de que los potenciales delincuentes conocen las normas penales y sus sanciones, así como los cambios legislativos que agravan algunas penas. Ello no es así, aunque hay excepciones -especialmente con los que ya pasaron por una prisión-, pues incluso hay tipos penales tan enrevesados que jueces, fiscales y abogados tienen problemas a la hora de tipificar. Sucede esto, por ejemplo, en la farragosa tipificación de las insolvencias punibles, donde se contemplan multitud de situaciones en las que resulta relativamente fácil buscar argumentos para interponer una querella, aunque luego no prospere. La población en general suele tener una información deficiente y sesgada tanto de la criminalidad como de las sanciones penales. En la introducción hacíamos referencia de las críticas al legislador con respecto a la prevención general, pues en los últimos tiempos ha bajado la criminalidad -incluso en homicidios y asesinatos-196. Entendemos que la prisión permanente revisable no tendrá ningún efecto sobre la criminalidad en general -la mayoría contra el patrimonio-, ni tampoco en los delitos para los que está prevista197, por las características de los sus autores. A los terroristas -que están cometiendo asesinatos en muchos países y que pueden hacerlo en el nuestro- no les frenaría lo más mínimo la nueva pena198; lo mismo hay que decir de quienes estén dispuestos a cometer delitos de genocidio o de lesa humanidad castigados con prisión permanente revisable. También los regicidas son sujetos especiales y tam195

También hay autores de delitos que se presentan a la autoridad a denunciar su conducta. Unas veces porque saben que serán descubiertos y otras para acogerse a los beneficiarse de la atenuante 4ª del art. 21 del CP. 196 Vid. infra notas 12 y 13. 197 KURY, H. y BRANDENSTEIN, M., “Sobre la cuestión de una nueva ´punitividad´-Actitudes sancionadoras y política sancionadora”, en Derecho penal y Criminología como fundamento de la Política criminal. Libro homenaje a Alfonso Serrano Gómez, Dykinson, Madrid, 2006, pág. 39 escriben: “Tanto las experiencias de EE.UU como la de países europeos (como Finlandia o incluso Alemania) muestran que aumentar el número de reclusiones penitenciarias, y sobre todo la duración de las mismas, especialmente de personas que han cometido delitos graves, no influye apenas en los índices de delincuencia”. 198 Vid. infra notas 9 y 10.

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poco les afectaría la agravación de la pena199; son delitos muy excepcionales, donde suelen jugar motivos políticos. Pueden presentarse dudas en algunos supuestos de asesinato200. En un estudio realizado unos años después de la abolición de la pena de muerte se desprende que no tuvo efecto en el número de delitos para los que estaba prevista201. “La 199 SALILLAS trató de algunos casos de regicidas y peculiaridades de su personalidad en varios trabajos: “El cura Merino”, “Morral el anarquista” y “La celda de Ferrer”. El cura Merino atentó contra Isabel II en febrero de 1852; en 1822 ya había pretendido hacerlo contra Fernando VII. En “El cura Merino” (Madrid, 1892, La Nueva Ciencia Jurídica,1-I y II), pág. 353-354 recoge Salillas que Merino había declarado que su intención era matar al general Narváez, y en su defecto una persona real, sin que fuese determinante la Reina Isabel. “Yo he sido, no me escapo” les dijo a los que le sujetaron, y añadió. “¡ Si hubiera doce hombres como yo en Europa¡” (el delito estaba condenado con la pena de muerte, art. 160 CP de 1850). Fue ejecutado el mismo año del atentado. En Morral el anarquista, Librería de sucesores de Hernando, Madrid, 1914, se ocupa del atentado a Alfonso XIII, el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, donde recoge el viaje de Mateo Morral de Barcelona a Madrid, el 26 de mayo, y sus movimientos en la ciudad hasta el día del atentado, así como los posteriores hasta que se suicidó La pena en el Código de 1870 era de reclusión perpetua a muerte, art. 157). En la “Celda de Ferrer”, en Revista Penitenciaria, 1907 se ocupa de éste contra el que se siguió un proceso por cómplice en el atentado a Alfonso XIII, siendo absuelto. La obra Morral el anarquista la publicó Salillas mucho después del atentado, que había tenido lugar en 1906, como consecuencia de la reacción que hubo a una conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados en 1907 en la que dijo que no estaba de acuerdo con la puesta en libertad de Ferrer. En su discurso llegó a decir: “En España no hay justicia”. Sí fue condenado Nakens a quien se le acusó de dar refugio en su casa a Matero Morral, tras el atentado. Dorado Montero defendió su inocencia en “A propósito de la causa de Nakens”, en La España Moderna 1907, 225. También se ocupó Salillas , de la ejecución del anarquista italiano Angiolillo, quien dio muerte a Cánovas del Castillo en agosto de 1897, en el Balneario de Santa Águeda, en “Una página histórica fotografiada. La ejecución del Angiolillo”, Revue Hispanique (Nueva York-París), XIX, en pág. 143 dice: “Sólo le faltó a Angiolillo para corresponder por entero a los caracteres de tipo regicida o magnicida, realizar su crimen en un momento de exhibición aparatosa… En la manera de ejecución, también procede conforme al modo de obrar de los regicidas o magnicidas que atacan directamente”. Hay una detallada descripción, acompañada de diversas láminas, sobre la ejecución mediante garrote. De todos los supuestos que se han dado en nuestro país de regicidas en ninguno tuvo efecto preventivo la gravedad de la pena con la que estaba castigado este delito, más grave que la prisión permanente revisable. 200 Nos referimos a asesinatos comunes, excluyendo los terroristas y los decididos en el seno de asociaciones y grupos criminales. Sobre el estudio de personalidad criminal del autor de dos asesinato vid. el número 11 la muestra de estudios de la Central Penitenciaria de Observación (2008-2011) que se recoge en las dos últimas partes del presente trabajo. 201 SERRANO GÓMEZ, “Consideraciones criminológicas sobre los efectos de la abolición de la pena de muerte en España”, Anuario de Derecho penal, 1982, págs. 609 y ss. Con respecto al terrorismo en pág. 624 recoge: “Tampoco aquí la abolición de la pena de muerte parece haber tenido influencia alguna… ya que la evolución era muy irregular y venía ascendiendo desde años atrás, especialmente

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pena capital no ejerció un efecto disuasorio sobre los grupos terroristas…penas más graves no siempre implican menos delitos cometidos”202. En todo caso las deficiencias de nuestras estadísticas no han permitido hacer trabajos medianamente aceptables en materia de criminalidad203.

desde 1978” En este año los muertos fueron 88, en 1979 (131), 1980 (121), 1981 (58). 202 CUERDA RIEZU, ob. cit., pág. 52. En págs. 50 y ss. recoge datos estadísticos sobre los delitos que estaban castigados con la pena de reclusión mayor a muerte en el Código penal, antes de 1978 y en años posteriores. Dice: “Creo que las cifras no son absolutamente elocuentes como para poder dar como seguro un crecimiento de la criminalidad, atribuyéndolo a la causa de la desaparición de la pena de muerte”. Se recuerda que en el Código penal en ningún supuesto figuraba la pena de muerte como pena única: siempre era reclusión mayor a muerte. La reclusión mayor comprendía de veinte años y un día a treinta años de prisión. 203 En cuanto a los efectos de prevención general por la abolición de la pena de muerte para los delitos que estaban castigados por esa pena (parricidio, asesinato y robo con homicidio), la diferencias entre los datos policiales y los de la Fiscalía General del Estado eran muy dispares, comenzando porque ésta última no hacía distinción entre esos delitos, los incluían todos bajo la rúbrica general de “homicidios”. De otra parte, el Instituto Nacional de Estadística solamente especifica esos delitos hasta el año 1978. En esos años los únicos datos fiables eran los relativos al número de muertes por actos terroristas. Vid. AEBI, M., y LINDE, A., “El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología”, núm.15, 2012. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., ANDRÉS PUEYO, A. y GARRIDO GENOVÉS, V., “Investigadores y académicos denuncian el secretismo de Interior sobre criminalidad”, en el diario El Imparcial, 23 de marzo 2010. SERRANO GÓMEZ, “Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en España”, en Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, num.6, 2011, págs.. 254 y ss.; con SERRANO MAÍLLO, I., “El derecho constitucional a recibir información veraz y las estadísticas sobre criminalidad”, en ídem, núm.10, 2013, págs. 583 y ss.

TERCERA PARTE Cumplimiento del mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social

1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los argumentos que se utilizan tanto por la doctrina como en el recurso presentado por los partidos políticos sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, es que va contra el mandato constitucional de resocialización que se contempla en el artículo 25.2 CE. Ya se apuntó que dicho mandato ni es un derecho subjetivo, ni un derecho constitucional, y que las penas tienen también otros fines. Nuestro sistema penitenciario, muy garantista, y uno de los mejores de nuestro entorno, está en condiciones de facilitar el tratamiento adecuado para la reeducación y reinserción social de los que fueran condenados con la pena de prisión permanente revisable, como lo pone de manifiesto algún penitenciarista204. Por las prisiones han pasado sujetos que han cometido delitos graves por los que ahora se les podría condenar a prisión permanente revisable y han seguido el tratamiento general. Tendrían más restricciones como el acceso al tercer grado o permisos de salida y más difícil la suspensión de la ejecución de la pena. 204

Vid. NISTAL BURÓN, “Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de ´cadena perpetua´ como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertables”, cit.

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Teniendo en cuenta los efectos negativos de la prisión, cuanto más se prolongue la estancia en las mismas la situación de parte de los internos seguirá deteriorándose205 -como sucederá con los condenados a prisión permanente revisable-. Así, se plantean varias cuestiones: Si los condenados a esa pena estarán en condiciones de superar los requisitos que se les exige para que se les conceda la suspensión de la ejecución de la pena y la libertad condicional o, por el contrario, habrá quien no los reúna ni en la primera ni en sucesivas revisiones con lo que la pena para ellos puede terminar siendo de por vida (si tenemos en cuenta que en el nuestro sistema penal está previsto el cumplimiento efectivo de penas hasta cuarenta años, que incluso puede ser mayor, ya teníamos prácticamente reconocida la prisión perpetua)206; y si se deberían buscar sistemas alternativos a la prisión cerrada o las penas privativas de libertad207. Lo que pretendemos en esta parte del trabajo es poner de manifiesto de forma empírica, no teórica, que habrá casos en los que la prisión permanente revisable puede convertirse de hecho en prisión indefinida, de por vida, por lo que debe ser eliminada del Código penal. Si el legislador hubiera pedido asesoramiento previo a expertos en Derecho penal, penitenciario y criminólogos es muy probable que no hubiera incorporado al Código penal la prisión permanente revisable. El mandato constitucional al que nos venimos refiriendo sobre la orientación de las penas hacia la reeducación y la 205 Ibídem, en pág 1 y s. escribe: “Esta orientación de la pena privativa de libertad requiere, entre otras situaciones, establecer una limitación en la duración máxima de la pena privativa de libertad para evitar que una persona pueda pasar tantos años en prisión que al salir en libertad resulta ya irrecuperable socialmente”. 206 CERVELLÓ DONDERIS, en ob. cit., pág. 165 escribe: “Si los Tribunales rechazan la acumulación de codenas…porque alguno de los hechos se cometió después de una sentencia definitiva, al no poder aplicarse los límites del concurso, se procederá al cumplimiento sucesivo de las distintas penas de prisión, en este caso sin límite máximo de cumplimiento alguno, con lo que en este caso si se puede hablar de una real pena perpetua ya que el cumplimiento sucesivo no dispone de ningún tope máximo de estancia en prisión”. 207 Vid. LANDA GOROSTIZA, J.M. (dir.) Prisión y alternativas en el nuevo Código penal tras las reformas de 2015, Dykinson, Madrid, 2015. SANZ MULAS, N., Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en la realidad española y centroamericana, Colex, Madrid, 2000.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

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reinserción social debe de ser materia de la legislación penitenciaria, por lo que la Constitución se limita a decir: “estarán orientadas”. Es una cuestión con resultados positivos muy escasos -no solo en nuestro sistema penitenciario-. Es cierto que cabe la posibilidad de reinsertar en la vida social a muchas personas privadas de libertad, pero resulta muy difícil por multitud de razones: falta de personal208 y medios, negativa de parte de los internos a seguir un tratamiento, falta de apoyo social y familiar cuando quedan en libertad, incapacidad de superar las carencias que le llevaron a delinquir, etc. Les falta apoyo de la sociedad en general, de terceros o de instituciones oficiales209. La ayuda de la familia, que es muy importante en la mayoría de los casos, no puede eliminar todos los factores que llevaron al sujeto a ingresar en prisión. Con el tratamiento se persigue que el interno, cuando quede en libertad, se convierta en un ciudadano más, y no vuelva a delinquir. Se pretende “hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respecto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general” (Art. 59.2 Ley General Penitenciaria). Conseguir todo esto es realmente difícil y en especial la referencia que se hace a “subvenir a sus necesidades”, muchos vuelven a caer en el delito por problemas económicos. Se debe conocer la personalidad y ambiente del penado que pueden obstaculizar el tratamiento210, lo cual resulta muy 208

Vid. GALLEGO, CABRERA, RÍOS y SEGOVIA, ob.cit., págs. 94 y ss. Vid. título IV, de la Ley Orgánica General Penitenciaria que trata “de la asistencia pospenitenciaria”. Y cap. II de la Sección II del Título IX del Reglamento Penitenciario que se ocupa de la acción social penitenciaria. La Orden Ministerial 3688/2007, de 30 de noviembre contempla unas primeras prestaciones para los que quedan en libertad en libertad: pequeña cantidad de dinero diario hasta llegar a su destino, billete de tren…Sobre derecho a la prestación por desempleo, beneficios del Régimen General de la Seguridad Social Vid. infra nota 279. 210 Dispone el art. 60 de la Ley: “1. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior. 2. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los derechos cons209

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complejo por la variedad de situaciones. Se pedirá al interno que colabore en el tratamiento211, aunque la colaboración del interno es una cuestión personal, que puede rechazar. La realidad es que, salvo alguna excepción (puede que un extranjero para evitar la extradición a otro país donde la situación penitenciaria es muy dura, comete un delito dentro de la prisión o aprovechando un permiso de salida, de esa forma tendrá una nueva condena que cumplirá en una prisión española), nadie que pasó por una prisión quiere volver a ella. Sin embargo, al quedar en libertad suelen volver a convivir en el mismo ambiente que les empujó al delito, lo que puede ser un importante factor de riesgo. Hay a quien le preocupa salir de prisión, pues sin ningún tipo de apoyo, y sin posibilidades de poder integrarse en la sociedad, es probable que tenga que volver a delinquir. 2.

LA CENTRAL PENITENCIARIA

DE

OBSERVACIÓN

Y EL ESTUDIO

CIENTÍFICO DE LOS DELINCUENTES

Creada en 1967212 fue reestructurada en 1992213. Se ocupó del estudio clínico de la personalidad criminal214. En la actualidad se contempla en la Ley General Penitencia y su Reglamento, aunque ha variado su estructura. A pesar de las referencias que se hacen en la Ley y el Reglamento a la Central Penitenciaria de Observación, ahora ha limitado sus titucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la obtención de dichas finalidades”. 211 Establece el art. 61 de la Ley: “1. Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos. 2. Serán estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la colaboración de los internos en su propio tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la medida compatible con las finalidades del mismo”. 212 La Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1967 dispone en su punto 1º: “Directamente dependiente de esa Dirección General existirá una Central de Observación para completar la labor de los equipos en materia de observación, clasificación y tratamiento, promover y orientar el buen funcionamiento de los mismos y resolver las dudas y consultas de carácter técnico que aquellos formulen y, en general, cuantos se le encomienden en relación con este servicio”. 213 Real Decreto 266/1992, de 20 de marzo (art.12). 214 ALARCÓN BRAVO., J., CASTILLÓN MORA, L., GARCÍA RUIZ, J. y otros, recogen con detalle la composición y forma de trabajar de la central penitenciaria de observación en la obra Un sistema de trabajo en el estudio de la personalidad criminal, Artes Gráficas CIM, Madrid,1970.

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funciones y no se ocupa como ocurría entre 1967 y 1991 de algunos aspectos del estudio relacionados con la clínica criminológica. No obstante, también sus estudios tienen contenido criminológico. La Central de Observación tuvo un notable acogimiento por parte de Jueces y Fiscales. Tavera Benito, con motivo de su cierre decía: “Durante esta etapa Jueces y Fiscales de varias promociones de la Escuela Judicial asisten a sesiones de trabajo de la Central de Observación y llegan a sus primeros destinos con la convicción de que el estudio criminológico puede ser un instrumento eficaz en el momento de decidir el tipo de pena, la transformación de la pena en medida educativa (art. 65 del Código Penal) o la imposición de la pena en sus grados mínimo o medio cuando, de conformidad con lo que establece el apartado cuarto del artículo 61 del Código Penal, que exige tener en cuenta la ´personalidad del delincuente´. Como consecuencia de lo anterior, la Central de Observación llevó a cabo estudios de personalidad de procesados que ingresaban a petición de las Autoridades Judiciales”215. El interés de Jueces y Fiscales por el estudio científico del delincuente terminaría desapareciendo. El Reglamento de 1996 cambia el sistema de tratamiento en el sentido de dar mayor participación al interno216, lo que suponía adaptar esta nueva situación a los funcionarios encargados de aplicarlo217. 215 TAVERA BENITO, E., “La Central Penitenciaria de Observación (25 años de una institución)”, en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 1, 1991, pág. 462. Añade que esa práctica se amparaba en el art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el “Reglamento Penitenciario de 1981 salió al paso de una posible demanda generalizada de informes de personalidad e incluyó, en los artículos 242 y 267, como una de las funciones de los Equipos de Observación y de Tratamiento la de ‘atender los requerimientos de los Tribunales, Jueces y miembros del Ministerio Fiscal, en orden a los exámenes de personalidad de los acusados, previos a la sentencia ... No obstante aquella experiencia y en estas normas, prácticamente no se formulan peticiones de informes”. 216 Dispone el art. 61.1 de la Ley General Penitenciaria: “Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos”. 217 NISTAL BURÓN, en «Perspectivas laborales del criminólogo», en Eguzkilore, núm. 11, 1977, en págs. 137 y s. escribe: “Introduce el Reglamento Penitenciario un nuevo modelo de tratamiento penitenciario que, sin perder el carácter de individualizado, abarca toda la actividad penitenciaria orientada hacia la interven-

88

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A los juristas-criminólogos, las funciones que se le asignaban en el artículo 281 del anterior Reglamento Penitenciario de 1981, eran: estudiar la información penal, procesal y penitenciaria para realizar “la valoración criminológica necesaria para la clasificación y la programación de tratamiento; hacer la propuesta de diagnóstico criminológico, y en su caso, de programación de tratamiento”218; redactar informes solicitados por autoridades judiciales, Ministerio Fiscal y Centro Directivo; colaborar en los métodos de tratamiento. Todo ello además de otras funciones de información a los internos, al Director y asesoramiento jurídico. Su vertiente era doble: jurídica y criminológica. En el aspecto jurídico su función consistía en que las penas se cumplieran de acuerdo con las normas penales y penitenciarias. En el campo criminológico eran muy amplias: debía recopilar una gran cantidad de datos. Tras la reunión final de todos los especialistas de la Central se elaboraba el informe final de cada interno estudiado para determinar el estado peligroso. Se tenía en cuenta la capacidad criminal, adaptación social y diagnóstico del estado peligroso, en el que se valoraba la capacidad criminal y la adaptación social, llevando su combinación al diagnóstico; se llegaba a diversos tipos de peligrosidad que debía situar en una escala que oscilaba entre “muy baja” y “muy alta”, con diversas valoraciones intermedias. Le correspondía también el pronóstico de su comportamiento futuro, así como la calificación criminológica.

ción con el interno...Las aportaciones de la especialidad de Criminología, a este nuevo concepto de tratamiento, tampoco han de diferir mucho de las que podía realizar este puesto de trabajo, en el modelo más restrictivo de Tratamiento que recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria... La configuración del puesto de trabajo de Jurista, con unas funciones exclusivamente técnicas de asesoramiento en todos los órganos en los que es necesaria su presencia, supondría prescindir de aquellas funciones que hoy tiene atribuidas en relación con la especialidad de Criminología, e incrementar las funciones que dentro del actual art. 281 forman parte de sus últimos números…Si el concepto de tratamiento penitenciario discurre hoy por otros derroteros, será preciso acomodar la actividad de sus profesionales que se encargan de su aplicación a este nuevo rumbo y, en consecuencia, planificar un modelo de trabajo que responda a estas nuevas exigencias”. 218 El antiguo Cuerpo de juristas-criminólogos ha quedado en Cuerpo de juristas.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

2.1.

89

La Central Penitenciaria de Observación y la prisión permanente revisable

La Central adquiere una especial relevancia respecto de la concesión por el tribunal sentenciador de la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional.Según establece el artículo 92.1.c) del Código penal, el tribunal resolverá sobre la pensión teniendo en cuenta, entre otros factores “los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario”. El tribunal ha de valorar “la personalidad del penado, sus antecedentes, circunstancias del delito cometido … conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la de la propia suspensión de la ejecución …pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”. Casi todas estas cuestiones son tratadas en los informes que hace la Central y que encajan en los requisitos que se exigen el artículo 92.1.c CP). Incluso en los informes hay otros datos, y si fuera necesario los especialistas de los equipos podrían informar sobre otros factores. Por tanto, la Central de Observación adquiere un papel importante para el tribunal juzgador en la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena. Por esta razón, los estudios de los internos que se recogen en este trabajo encajarían perfectamente en el nuevo sistema, para el supuesto de que se tratara de condenados a prisión permanente revisable. Se reitera una vez más que de los 21 internos que se recogen en este trabajo, con prisión ininterrumpida entre nueve y veintitrés años, sólo tres estarían en condiciones de poder superar la revisión y quedar en libertad sujetos a las medidas que se les impusieren por un periodo entre cinco y diez años (art. 92.3 CP)219. A continuación se recogen los resultados de los internos de referencia. Son dos grupos: uno de diez, cuyos estudios se realizaron en el año 1991, y otro de once, de los años 20082011. Su valoración final se hace sobre la hipótesis de que 219

Vid. art. 83 CP.

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hubieran sido condenados a prisión permanente revisable y se les aplicará la legislación vigente. I.

ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y DIECISÉIS AÑOS

Los estudios soy muy extensos por lo que nos limitamos a recoger los aspectos fundamentales, por ejemplo, sólo en el informe psicológico, se juega con más de cien factores.. Los cuadros aparecen numerados del 1 al 10, que se corresponden con cada uno de los estudiados, por lo que se puede seguir la incidencia de todos los factores que concurren en cada individuo, pues cada uno se mantiene en su número. Para justificar las dificultades de reinserción social que existen en quienes han permanecido en prisión de forma continuada -ininterrumpida- por nueve o más años recogemos a continuación un grupo reducido en base a los informes realizados por la Central Penitenciaria de Observación. En nuestra obra El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social presentamos varios estudios, en uno de ellos, de datos obtenidos en 1991, sobre 64 internos, hay diez que habían estado en prisión de forma ininterrumpida nueve o más años220. Reproducimos los datos obtenidos sobre este grupo completados en algunos aspectos, pues se incorporan los referentes a su diagnóstico de estado peligroso, con los factores positivos y negativos del comportamiento futuro. De los datos aportados cabe deducir que si con esos años de prisión su posibilidad de reinserción social es difícil, la situación se agravará cuanto más tiempo se prolongue su internamiento. De lo anterior se desprende que si en hipótesis se tratara de condenados a la prisión permanente revisable -tras 25, 28, 30 o 35 años de internamiento- no superarían las condiciones que se exigen hoy para que se les conceda la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional; probablemente tampoco en posteriores revisiones. Hay que tener en cuenta que siete de los diez sujetos de la muestra estaban en segundo grado, lo que quiere decir que no tendrán “capacidad 220

Vid., págs.. 109 y ss.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

91

para vivir, por el momento, en semilibertad”221; dos lo estaban clasificados en tercer grado, capacitados para hacer vida en libertad222, y uno sigue en el primero223. Es decir, que solamente los dos que acceden al tercer grado podrían conseguir la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional. 1. Informe jurídico-criminológico Este cometido correspondía al departamento del juristacriminólogo. Su titular además de pertenecer al Cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias debía estar en posesión del título de Licenciado en Derecho y Diplomado Superior o Licenciatura en Criminología. En el aspecto jurídico velaba por el cumplimiento de la legislación penal y penitenciaria en vigor. Dentro del aspecto criminológico su función era muy amplia, y con respecto a los datos de los penados se ocupaba de la actividad delictiva (delitos cometidos, causas de la actuación, participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, etc.). También se ocupaba de otros datos, como los antecedentes penales, tiempo en prisión, condena que extinguía, causas cumplidas y pendientes, conducta penitenciaria, etc224. Ya se indicó que ha desaparecido esta figura, sustituida por la de juristas. Todavía siguen en activo algunos que ingresaron como juristas-criminólogos que no se han jubilado. No obstante, su función se limita a la de jurista, que es la que corresponde a esta primera parte del informe.

221

Dispone el art. 102.3 del Reglamento Penitenciario: “Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancia personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad”. 222 Dispone el art. 102.4 del indicado Reglamento: “La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”. 223 Dispone el art. 102.5 del Reglamento: “…Se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivenciam ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como…” 224 Un sistema de trabajo en el estudio de la personalidad criminal, cit., págs. 58 y s.

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1.1. Resumen procesal, penal y penitenciario De los 10 penados de la muestra cuatro eran reincidentes, ya tenían antecedentes al ser sometidos al estudio por parte de la Central de Observación. Se encuentran en la línea general de la criminalidad, pues la mayoría habían cometido delitos contra la propiedad (hoy patrimonio), generalmente robos. Las causas por las que están cumpliendo condena también en su mayor parte eran robos. No obstante, aparecen otros delitos: lesiones, contra la salud pública, homicidio, quebrantamiento de condena, etc. Los delitos de parricidio y robo con homicidio, que no figuran ahora en el Código penal, se cometieron antes de que estos tipos penales desaparecieran del Código de 1995225.

225 Tanto el parricidio como el robo con homicidio estaban condenados con la pena de reclusión mayor a muerte. La pena de reclusión mayor consistía en la privación de libertad de 20 años y un día a 30 años según disponía el antiguo art. 73 del Código penal que se ocupaba de las escalas graduales de las penas. La pena de muerte quedó derogada en la Constitución de 1978. El parricidio según el antiguo artículo 405 castigaba al “que matare a cualquier de sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge” con la pena de reclusión mayor a muerte. Más tarde, en 1983 la condena sería de reclusión mayor, y en el Código de 1995 desaparece este delito; en el antiguo artículo 501.1º se castigaba “con la pena de reclusión mayor a muerte, cuando, con motivo o con ocasión del robo resultare homicidio”; en 1983 la pena queda en reclusión mayor, y como sucedió con el parricidio, esta figura del delito desaparece en el Código de 1995.

CAUSAS QUE COMPLEN POR DELITO/S

AGRAVANTES, ATENUANTES

CONDUCTA EN PRISIÓN

RECOMPENSAS

1.

no

Parricidio* y robos

no concurren

mala

si

2.

no

robos y robo con homicidio, quebrantamiento condena

nocturnidad y disfraz

buena

si

3.

no

robos

disfraz

buena

si

4.

robos, falsificación

robos

reincidencia

buena

si

5.

robo

robos

reincidencia

mala

si

6.

robos

robos y contra admón. de justicia

no concurren

mala

si

7.

robos, atentado

robo y quebrantamiento de condena

reincidencia

irregular

si

8.

no

robos y quebrantamiento de condena

reincidencia

mala

si

9.

no

robos

no concurren

buena

no

10.

robo y alteración placa matrícula

robo y quebrantamiento de condena

no concurren

irregular

si

x

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ANTECEDENTES PENALES

El parricidio y el robo con homicidio ya no figuran en el Código penal de 1995. Vid. supra nota 225.

93

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1.2.

Tiempo de prisión ininterrumpida

1. 12 años y seis meses 2. 13 años y un mes 3. 16 años y siete meses 4. 13 años y dos meses 5. 10 años y dos meses 6. 11 años y dos meses 7. 9 años y seis meses 8. 10 años y seis meses 9. 11 años y cinco meses 10. 10 años y un mes A excepción de uno los demás han estado en prisión ininterrumpida más de diez años. 1.3.

Calificación criminológica

Esta función se encontraba entre las que correspondía realizar a los juristas criminólogos de la Central de Observación. Para ello se tenía en cuenta los estudios de Seelig226. En el cuadro se observa que a casi todos se les califica como delincuentes profesionales refractarios al trabajo. Decía Seelig en su Tratado de Criminología227: “Se desprende de los criminales un grupo caracterizado por su forma asocial de vida: en lugar de una profesión honorable aparece el repetido cometer (graves o leves) delitos, estos hombres ‘viven’ del delito y en su carácter resalta la aversión al trabajo como rango esencial. Este tipo principal criminológico, al que nosotros designamos por ello como ‘delincuente profesional refractario al trabajo”228. 226 En la obra Un sistema de trabajo ... , cit., en pág. 61 se recoge respecto a la clasificación criminológica: “Nos atenemos, en principio, a la de Seelig, que se adapta, en cierto modo, a la clasificación de los Establecimientos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y resulta de utilidad a la hora de tener que describir a un interno, desde el punto de vista fenomenológico, en pocas palabras y sin muchas precisiones técnicas”. 227 SEELIG, E., Tratado de Criminología (trad. Rodríguez Devesa), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958. La primera edición alemana es de 1950 y la segunda de 1958. 228 SEELIG, ob. cit., pág. 75.

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CALIFICACIÓN CRIMINOLÓGICA 1.

delincuente por reacciones primitivas que evoluciona a delincuente contra la propiedad.

2.

delincuente profesional refractario al trabajo.

3.

delincuente profesional por causa de drogadicción.

4.

delincuente profesional refractario al trabajo.

5.

delincuente profesional refractario al trabajo por drogadicción.

6.

delincuente profesional refractario al trabajo.

7.

delincuente profesional refractario al trabajo.

8.

delincuente profesional refractario al trabajo por drogadicción.

9.

delincuente profesional refractario al trabajo.

10.

delincuente profesional refractario al trabajo arraigado.

La calificación es de “delincuente profesional refractario al trabajo” en la mayoría de los supuestos. En dos se especifica que la motivación de esa refractariedad es por drogadicción. El problema de la drogadicción y su relación con la delincuencia se agrava en los años posteriores como se verá en la muestra de 2008-2011. 2.

Informe psicológico

El Departamento de Psicología de la Central Penitenciaria estaba dirigido por un funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias especialista en Psicología y con experiencia psicotécnica. En cuanto al contenido y fines se trataba de un servicio psicológico integrado en un Equipo de Clínica Criminológica dirigido a la apreciación cualitativa y cuantitativa de los rasgos psíquicos fundamentales atendiendo a una concepción de la personalidad; exploración de rasgos psíquicos que facilitan el paso al acto; aprovechar el examen psicológico para hacer indagaciones respecto del tratamiento se tiene en cuenta todos los métodos de estudio de la personalidad. En cuanto a los tests y técnicas psicológicas se utilizan los más conocidos y experimentados en España en

96

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esa época229. Se trabajaba con una amplia gama de pruebas, que superaba el centenar230. Del informe psicológico, como del resto, recogemos una síntesis de los aspectos que consideramos de mayor interés. Aparecen distribuimos en varios apartados: aptitudes mentales, psicodiagnóstico, condiciones de aprendizaje, consejo de orientación profesional y sistema de actitudes. 2.1.

Aptitudes mentales

El tema de la inteligencia en los delincuentes ha sido una cuestión muy estudiada dentro de la criminología, pues es un factor que puede incidir en la conducta criminal. En España se ha realizado algún trabajo al respecto. Cabe destacar el de Alarcón Bravo y Marco Purón231 que formaron parte como psicólogos del primer equipo de la Central Penitenciaria de Observación. Publicaron un trabajo sobre una muestra de 350 internos, de 16 a 21 años, que ingresaron en 1967/1968 en el Reformatorio anexo a la prisión Provincial de Hombres de Carabanchel, hoy desaparecida. Utilizaron el sistema INPA no verbal y la escala de Alexander232. En página 29 dicen: “La media de inteligencia en nuestro grupo de delincuentes, aun apreciada por tests libres de influencias culturales y escalas de performance, es inferior a la de la población general, siendo la diferencia significativa al 1 por 100 ... El porcentaje de deficientes mentales encontrados es de 8,3 por 100, oscilando el porcentaje de ellos -excluidos los casos límite- en la pobla229 El contenido y modo de actuar de este Departamento se recoge en la obra Un sistema de trabajo..., cit., págs. 40 y ss. 230 En la obra Un sistema de trabajo en el estudio de la personalidad criminal, cit., dedica sus págs. 40 y ss. al Departamento de Psicología de la Central Penitenciaria de Observación, sus autores escriben en pág. 45: “En suma, trabajamos con una gama amplísima de pruebas; supera el centenar. La utilización en cada caso de unas pruebas u otras se hace conforme a los criterios generales conocidos por cualquier Psicólogo, pero también atendiendo a una experiencia penitenciaria en la que insistíamos con anterioridad”. 231 ALARCÓN BRAVO, J., y MARCO PURÓN, A., La inteligencia en los delincuentes españoles, imprenta TPA, Madrid, 1968. 232 Ibídem, en pág.35 dicen: “para la exploración de la inteligencia, aparece, en nuestro caso, como instrumento o técnica más adecuada la Escala de Alexander que en INPA no verbal”.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

97

ción general entre un 2 y 4 por 100”233. Dicen que la “inteligencia no es sino un aspecto o dato más de la total personalidad del delincuente; por tanto, la apreciación de la misma se ha de integrar en el estudio global, completo y científico de la personalidad del mismo ... La inteligencia mayor o menor influiría solamente en la adaptabilidad social, y en última instancia, no en el paso al acto, sino en la modalidad o forma de criminalidad”234. Para conocer las diferencias de las aptitudes mentales entre la población en general y la de los penados, en base a la escala de Alexander, que es la que se tiene en cuenta en los trabajos de la Central Penitenciaria de Observación, sería necesario disponer de estudios de un amplio sector de la población, de los que no se dispone. En todo caso el índice de inteligencia hay que considerarlo como un factor de riesgo más, no como determinante de la comisión del delito, aunque en alguna ocasión pueda serlo. Una persona con un índice alto de inteligencia no indica que su comportamiento sea conforme a Derecho; es muy importante su mundo circundante. Puede integrarse en un grupo delincuente y utilizar su inteligencia en beneficio del grupo para cometer delitos, o ante la percepción del riesgo de seguir el comportamiento de éstos abandonar. Los resultados que obtiene la Central Penitenciaria de Observación, como en cualquier otro tipo de estudio, hay situaciones que pueden hacerlo variar235. En la población penitenciaria 233 Ibídem, pág. 29, continúan diciendo: “Este tanto por ciento mayor sería explicable por la mayor frecuencia de deficiencias mentales patológicas, consecuencia de las condiciones de vida de estos delincuentes y de su familia y antepasados. Entonces podríamos pensar que entre los delincuentes existen más deficientes mentales, pero, excluidos éstos, el grupo restante sería equiparable en inteligencia a la población general y se distribuiría en cuanto a su aptitud conforme a la curva normal, sin diferencia significativa de medias”. 234 Ibídem, pág. 34. 235 Ibídem, pág. 31 y s. escriben: “Esta tesis explica también la sorprendente diferencia de media de inteligencia obtenida entre primarios y reincidentes, a favor de estos últimos y claramente significativa. La escolaridad a ultranza, una de las tareas a las que diariamente se atiende en los Reformatorias –de menores y estatales- impulsa y va poniendo en forma los procesos mentales de abstracción y lógicos. Como consecuencia, los reincidentes que han pasado por tal escolaridad, impuesta sin excepción, en las escuelas de grado penitenciarias –y en un elevado porcentaje procedentes de Reformatorios de Menores donde se les ha proporcionado igualmente instrucción- aventajan a los primarios en los test, que, como hemos dicho, no

98

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

hay sujetos con un índice de inteligencia bajo que no toman las suficientes precauciones en la comisión de los delitos y se defienden peor ante la justicia. En ocasiones son utilizados, dentro de los grupos y organizaciones criminales, para que ejecuten materialmente los hechos, por lo que tienen más riesgo de ser detenidos y condenados. De otra parte, hay delincuentes con un alto índice de inteligencia que burlan con cierta facilidad a la justicia, entre estos tenemos algunos de los grandes defraudadores dentro de la criminalidad económica donde proliferan los delincuentes denominados de cuello blanco236. ESCALA ALEXANDER (PASSALONG) C.I.P.

APTITUDES MENTALES

Coeficiente inteligencia práctica 1.

94,7

medias

2.

108,3

medias-altas

3.

86,4

medias-bajas

4.

92,7

medias

5.

89,5

medias-bajas

6.

78,1

medias-bajas

7.

95,8

medias

8.

96,8

medias

9.

80,2

medias-bajas

10. 98,9

medias-altas

dejan de consistir en operaciones de este tipo. Podría sumarse a esto una razón muy distinta: el posible estado depresivo inicial del primario, que disminuyera el rendimiento intelectual. La enorme diferencia entre el grupo de primarios que no han estado en Reformatorio y el de primarios procedentes de los mismos es un argumento a favor de la tesis primera; aunque pudiera contrargumentarse –débilmente- que mayor estado depresivo sufrirá el interno que ingresa por primera vez en prisión y no ha estado en Reformatorio de Menores, que el que procede de estos últimos”. Por tanto la educación y el ambiente pueden influir en la inteligencia. 236 Vid. SERRANO MAÍLLO, A., “El (sesgado) uso de los delitos de cuello blanco en los paradigmas antiempíricos”, en Revista de Derecho penal y Criminología, 14, 2004, págs. 235 y ss. SHOVER, N., “El delito de cuello blanco: una cuestión de perspectiva”, en Derecho penal y Criminología como fundamento de la política criminal, libro homenaje a Alfonso Serrano Gómez, Dykinson, Madrid, 2006, págs. 457 y ss.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

2.2.

99

Psicodiagnóstico

2.2.1. Valoración cualitativa de la inteligencia Aquí se estudia la valoración cualitativa de la inteligencia, tipo de vivencia y afectividad y otros datos. Se obtiene después de valorar una serie de variables que son el tipo aperceptivo, imaginación y capacidad de adaptación intelectual al pensamiento colectivo. Puede que un penado con bajo coeficiente de sus aptitudes mentales su capacidad intelectual pueda corresponder al tipo medio, aunque hay que tener en cuenta que la represión afectiva de la inteligencia disminuye los rendimientos. No obstante, existe una estrecha relación entre la valoración cualitativa de la inteligencia y la capacidad intelectual.

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ʊ

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ʊ

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PHGLD

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Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

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100

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Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

101

2.2.2.Tipo de vivencia y afectividad En el cuadro siguiente se recoge el tipo vivencial, afectividad, capacidad de identificación con los problemas humanos y contacto social. Cuatro son introvertidos y otros tantos extrovertidos. Es variada la afectividad. Predomina la capacidad baja de identificación con problemas sociales. La mitad tienen dificultades en el contacto social. INTROVERSIÓN- AFECTIVIEXTROVERSIÓN DAD (tipo vivencial)

CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN CON PROBLEMAS SOCIALES

CONTACTO SOCIAL

1.

introvertido

lábil

egoísmo

inmaduro

2.

egocéntrico

reprimido

muy baja

normal

3.

introvertido

moderada

egocentrismo

bueno

4.

egocéntrico

lábil

baja

medio

5.

egocéntrico

lábil

baja

débil

6.

introvertido

escasa

baja

inmaduro

7.

egocéntrico

baja

baja

inmaduro

8.

introversión

lábil

baja

bueno

9.

coartación

escasa

muy baja

inmaduro

10.

coartativo

baja

baja

bueno

2.3.

Condiciones de aprendizaje y recomendaciones laborales

2.3.1. Casi todos los componentes de la muestra tienen problemas en materia de aprendizaje. 2.3.2. Hábitos laborales. La orientación profesional más frecuente es la de reforzar los hábitos laborales de los penados, en algún caso se dan diversas situaciones en las que la orientación va encaminada a crear, perfeccionar o mejorar los hábitos laborales. 2.3.3. Recomendaciones laborales. Considerando que en la mayoría se han de reforzar los hábitos laborales, la orientación profesional tiende a ser poco especializada.

RECOMENDACIONES LABORALES

HÁBITOS LABORALES

medias

—

se recomiendan tareas práctico-detallísticas

2.

próximas al tipo medio

—

se recomiendan tareas reproductivas y estereotipadas

3.

buena

sujeto apto para múltiples ocupaciones —

4.

media

reforzar los hábitos laborales

se recomiendan tareas vulgares

5.

algo mermadas

reforzar los debilitados hábitos laborales

se recomiendan tareas muy reproductivas

6.

medias-bajas

reforzar hábitos laborales

se recomiendan tareas sencillas

7.

algo disminuidas

reforzar los debilitados hábitos laborales

se recomiendan tareas de ritmo lento en su ejecución

8.

buenas

—

se recomiendan sólo trabajos tranquilos, exentos de todo esfuerzo o vigor físico

9.

algo mermadas

reforzar los hábitos laborales

especialmente capacitado para tareas de tipo detallístico

10.

medio

estimular para que mantenga y mejore su disposición colaboradora

sujeto apto para tareas que precisen aportes de imaginación constructiva

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

1.

102

CONDICIONES DE APRENDIZAJE

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

2.4.

103

Sistema de actitudes

Se trata de la forma de manifestarse una persona ante situaciones concretas. Esta disposición de ánimo está en función de factores personales del sujeto y de los acontecimientos frente a los que toma una postura. Los elementos que configuran la personalidad son múltiples, y su reacción frente a una situación concreta no siempre es la misma, por lo que no es posible preverla de forma inequívoca. Los psicólogos no se ponen de acuerdo sobre el concepto de lo que ha de entenderse por actitudes. Hay quien las describe como “un estado mental y neuronal de disponibilidad que ejerce influjo directivo o dinámico sobre las respuestas del individuo a todos los objetos y situaciones con que está relacionado y que se forma en base a la experiencia”237. Se trata “sólo de una disposición latente…las actitudes deben ser consideradas como predisposiciones o hábitos reactivas ante objetos, personas o ideas”. La situación es muy compleja pues entran en juego las propiedades de las actitudes, su medición, adquisición, etc238. SISTEMA DE ACTITUDES 1.

desfavorables. Irregular adaptación penitenciaria.

2.

tendente a favorable.

3.

desfavorables como consecuencia de drogadicción. Mejora se adaptación penitenciaria.

4.

tendente a desfavorable por marginación social. Mejora su adaptación penitenciaria.

5.

tendente a desfavorable. Personalidad afectada de desajustes psicológicos, marginación social y drogadicción. Mala adaptación penitenciaria.

237

PASTOR RAMOS, G., Conducta interpersonal: psicología social, Salamanca, 2008, pág. 448. Trascribe la definición de Gordon Allport. 238 Ibídem, págs. 450 y ss.

104

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

6.

tendente a desfavorable por desajustes de personalidad.

7.

desfavorable. Negativamente afectado por compleja psicopatología, marginación social y drogadicción.

8.

desfavorable por desajustes de personalidad y marginación social.

9.

tendente a desfavorable. Buena adaptación penitenciaria.

10.

tiende a desfavorable por fracaso matrimonial y consumo de estupefacientes.

La tendencia en la mayor parte de los supuestos es desfavorable o tendente a desfavorable. Hay que tener en cuenta que en parte de ellos se da marginación social, drogadicción, desajustes de personalidad, inseguridad interior, personalidad psicopatológica, etc. La disposición de ánimo es muy variada. Teniendo en cuenta todos los problemas que concurren en la mayoría de ellos, con diversos factores de riesgo que juegan a favor de la recaída en el delito, es probable que la actitud de parte de ellos, una vez en libertad, sea volver a delinquir. Si repasamos el historial de muchos de los sujetos de la muestra veremos que será difícil sobreponerse a los factores de riesgo, pues aun con el mejor propósito no podrán evitarlo, de lo que se desprende que el riesgo de la probabilidad de riesgo de reincidencia. Es muy difícil conocer cuáles son nuestras actitudes. Las personas sabemos poco al respecto, por lo que es difícil modificarlas239.

239 PASTOR RAMOS en ob cit., pág. 513 escribe: “Ante el relativo fracaso en la búsqueda de la causa, origen o génesis de las actitudes, el funcionalismo ha intentado otra vía alternativa: en vez de poner énfasis en investigar las causas de las actitudes (la mayor parte de las veces inalcanzables), se despreocupa del problema del origen y se centra en el descubrimiento de las funciones que éstas cumplen. Porque, si existen actitudes es que alguna misión desarrollan en el sistema psíquico”.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

3.

105

Informe del psiquiatra

Componían el Departamento de Psiquiatría de la Central de Observación dos funcionarios de la escala de sanidad de Instituciones Penitenciarias, que debían ser doctores en medicina y especialistas en Neuropsiquiatría. Los psiquiatras eran necesarios en una metodología criminológica, pues entre los delincuentes los hay psiquiátricamente definidos, como psicópatas, psicóticos, débiles mentales, neuróticos, toxicómanos, etc. Entre los medios utilizados se tiene en cuenta especialmente la fenomenología, la psiquiatría dinámica, la individual, el neopsicoanálisis, y el estudio del electroencefalograma. 3.1.

Biotipo

Se seguían en la Central de Observación especialmente las técnicas biotipologías de Kretschmer y Sheldon, hoy superadas. Se les clasificaba como atléticos, leptosomáticos y pícnicos, con subclasificaciones de atlético-leptosomático y atlético-pícnico. Sobre tipologías de penados españoles se han hecho algunos trabajos teniendo en cuenta los estudios de los Equipos de Observación240 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o de la Central Penitenciaria de Ob240 SERRANO GÓMEZ, A., en “Tipología del delincuente español”, en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 1970, págs. 51 y ss, hace un estudio de 750 penados españoles en base al material facilitado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, según trabajos realizados por sus Equipos de Observación. Escribe: “Establece Kretschmer, en su Biograma, los siguientes tipos constitucionales: Leptosómico.- De figura corporal estrecha y alargada; rostro alargado, con perfil aguileño: propenso a las psicosis esquizofrénicas, e insensible al mundo exterior. Atlético.- Fuerte desarrollo óseo y muscular; propenso a las psicosis esquizofrénicas y epilepsia; sociabilidad indiferente, con reacciones violentas y timidez. Pícnico.Adiposo y de gran sociabilidad. Estos tipos no se dan siempre puros, sino que hay rasgos pertenecientes a dos de ellos, haciéndose entonces una clasificación intermedia, con nombre compuesto, poniendo en primer lugar el nombre del tipo que predomina. Para Sheldon no se dan los tipos nunca puros; los clasifica en ‘ectomorfo’, ‘mesomorfo’ y ‘endomorfo’, básicamente corresponden estos biotipos al ‘leptosomático’, ‘atlético’ y ‘pícnico’ de Krestchmer”. En la muestra en tipo constitucional era: leptosómico (290), atlético (166), leptosómico-atlético (109), atlético-leptosómico (26), atlético-pícnico (64), pícnico (66), otros (19). En el estudio de esta tipología se tiene en cuenta la violencia utilizada en la comisión de delitos, actividad delictiva y tipo criminológico.

106

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

servación241. Sobre tipologías son muchas las clasificaciones que se han realizado desde el punto de vista criminológico242. 3.2.

Autoobservación

AUTOOBSERVACIÓN 1.

—

2.

se muestra prolijo, detallista perseverante. Actitud ligeramente recelosa y desconfiada.

3.

cambios frecuentes de estado de ánimo, tendencia a comerse el coco, bastante ordenado y detallista, algo tímido, alto introvertido, confiado.

4.

no se aprecia ningún tipo de alteraciones psicopatológicas en las áreas exploradas.

5.

apagamiento afectivo-depresivo, nervioso, tímido, desconfiado.

6.

serio, ordenado, me como mucho el coco, tranquilo, tímido, a veces solitario, introvertido, de genio y de prontos.

7.

alegre, externamente serio, ordenado por fases, me como coco bastante. Tímido, a veces solitario. Introvertido, desconfiado, mal humor.

8.

—

9.

voy a mi aire y cuanto menos compañía mejor, cierta tendencia a cavilar. Tranquilo, algo introvertido, me he vuelto desconfiado, sugestionable, no suelo ser agresivo.

10.

extrovertido y alegre, algo tímido, confiado, nervioso, a veces períodos de ansiedad.

Son diversas las situaciones que se presentan.

241 LORENZO MARTÍNEZ, Contribución al estudio psicobiológico de una muestra de 602 delincuentes, cit. en págs. 53 y ss. estudia la tipología de 590 individuos, teniendo en cuenta la tipología de Sheldon, los resultados que obtiene son: endomorfos 119, (20’17%), mesomorfos 184 (31’19%), ectomorfos 185 (31’36%), tipo medio 102 (17’29%). Se recuerda que la tipología de Krestchmer los tipos anteriores se corresponden respectivamente con pícnico, atlético y leptosomático. 242 Vid. SERRANO MAÍLLO, A., «Posibilidad y límites de las clasificaciones tipológicas en Criminología», en El penalista liberal, libro homenaje a Manuel Rivacoba y Rivacoba, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, págs. .... SERRANO GÓMEZ, Historia de la Criminología en España, Dykinson, Marid,2007, págs. 359 y ss.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

3.3.

107

Impresión diagnóstica

Las alteraciones que se aprecian en el diagnostico son muy variadas, solamente a dos seles califica de personalidad normal. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 1.

personalidad normal.

2.

trastorno paranoide de personalidad, de intensidad leve.

3.

—

4.

personalidad normal.

5.

personalidad histeroide, rasgos depresivos.

6.

personalidad depresiva-malhumorado. Obsesividad.

7.

probable psicosis ndrome orgánico. Depresivo.

8.

necesidad vigilancia periódica médica: deficiencia inmunitaria y psiquiatra.

9.

personalidad esquizoide.

10.

personalidad obsesivo-depresiva de base psicasténica

4.

Informe pedagógico

Al frente del Departamento de Pedagogía se encontraba un maestro de Instituciones Penitenciarias, que debía estar en posesión del título de licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía. Como sucede en el resto de los Departamentos se recogen multitud de situaciones, por lo que en los cuadros que aparecen en este trabajo sólo se refleja lo que se considera de mayor interés. En este informe pedagógico se estudia el nivel cultural de los padres, hermanos, ambiente familiar, trabajo de los padres, si hay antecedentes de delincuencia en algún familiar, ambiente educativo del sujeto y de la familia, cuál es la valoración de sus estudios, profesión, área laboral, etc.

108

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

4.1.

Ambiente educativo familiar y escolar

En el primer cuadro se recoge el ambiente educativo familiar y el área escolar del sujeto de la muestra, tanto en sus conocimientos escolares como su interés de mejorarlos. El nivel educativo de los padres en general es deficiente. Una vez más se reitera que la población penitenciaria pertenece a las clases sociales más desfavorecidas243 con deficiencias en su nivel cultural, laboral, económico, etc. Todos pertenecen a familias numerosas. NIVEL CULTURAL DE LOS PADRES

NÚMERO AMBIENTE TOTAL DE EDUCATIVO HERMANOS FAMILIAR

ÁREA ESCOLAR DEL INTERNO

INTERES POR MEJORAR AREA ESCOLAR

1.

analfabeto y elemental

5(4)

bajo

deficiente

carece

2.

elemental

9(9)

normal

buena

si

3.

elemental

4(2)

normal

normal

si

4.

elemental

6(3)

deficiente

normal

positiva

5.

elemental

5(1)

muy bajo

normal

carece

6.

elemental

6(4)

bajo

normal

carece

7.

analfabetos

10(5)

bajo

deficiente

carece

8.

elemental

4(4)

bajo

deficiente

carece

9.

analfabetos

5(3)

gran pobreza

deficiente

carece

10.

elemental

5(1)

normal

deficiente

carece

El número que figura dentro del paréntesis en la segunda columna es el lugar que ocupan dentro de los hermanos (fratría).

4.2.

Área laboral

Según se ha expuesto en el informe psicológico casi todos los componentes de la muestra han tenido en su juventud problemas relacionados con el mundo laboral. Eran bastantes los que tenían disminuidas o eran bajas sus condiciones de 243

Vid. supra nota 184.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

109

aprendizaje y lo mismo sucedía en los hábitos laborales. En los cuadros que se recogen a continuación se refleja el alto porcentaje de carencia de cualificación profesional y la falta de interés por el trabajo. AREA LABORAL

ACTITUD ANTE EL TRABAJO

1.

carece cualificación profesional

buenas

2.

carece de cualificación profesional

positiva

3.

buena

positiva

4.

carece de cualificación profesional

—

5.

carece de cualificación profesional

pasiva

6.

carece de cualificación profesional

—

7.

carece de cualificación profesional

pasiva

8.

carece de cualificación profesional

pasiva

9.

cierta cualificación

pasiva

10.

buena

—

4.3.

Proyecto de vida futura

En el cuadro siguiente se recogen las manifestaciones del propio interno respecto a cómo piensa orientar su vida una vez que quede en libertad. Se observa que para muchos la única salida que tienen, en principio, es volver a vivir con la familia, de ahí la importancia que se da a esta en materia de tratamiento para la recuperación social y evitar la recaída en el delito244. En todo caso la familia tiene un efecto preventivo muy importante sobre los hijos para evitar la caída en el delito245, aunque las familias rotas pueden tener efecto negativo. 244

Vid. infra pág. 77. GALLEGO, CABRERA, RÍOS y SEGOVIA en ob. cit., en págs. 203 y ss. dedica un epígrafe que reza bajo el título “¿Qué hacer nada más salir en libertad?”, escriben: “La necesidad de volver a encontrarse con su familia, así como la búsqueda de trabajo son de primer orden”. SERRANO GÓMEZ, Delincuencia juvenil en España .Estudio criminológico, Doncel, Madrid 1970, págs. 169 y ss., se ocupa de la importancia del efecto preventivo de la familia. Estudia en 250 familias de menores de 16 245

110

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

PROYECTO DE VIDA FUTURA 1.

vivir con sus padres y trabajar de jornalero del campo.

2.

volver a montar otro negocio y seguir viviendo independiente. Su hermano le daría trabajo en la autoescuela.

3.

vivir con su madre y trabajar como apicultor en las colmenas de ésta y ayudar a su cuñado con un taxi que posee éste.

4.

Carece.

5.

volver a vivir con su madre y trabajar en la construcción con su hermano mayor que es contratista de obras y le puede dar trabajo.

6.

vivir con su padre y buscar trabajo, tal vez su hermano mayor le pueda ayudar a encontrar algo

7.

no lo sabe, no tiene nada claro.

8.

volver a vivir con sus padres y cree que dada su precaria salud no podrá trabajar.

9.

volver a vivir a su pueblo, a casa de su madre, donde vive su hermana mayor casada, y cree que encontrará trabajo en una fábrica o en el campo o en la construcción, le da igual.

10.

no lo tiene muy claro, dice que a lo mejor tiene la oferta de un compañero de prisión, de trabajar en un taller de material eléctrico.

5. 5.1.

Informe de la asistente social246 Familia de origen

En la primera columna se recoge la situación de la familia del interno en su constitución inicial. Es normal en casi todos los supuestos. 5.1.1. Evolución de la familia de origen. La evolución es normal en todos los casos menos en uno. 5.1.2. Nivel socioeconómico de la familia de origen. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los condenados perteneaños y 500 de jóvenes comprendidos entre 16 y 20 años que habían cometido alguna infracción penal. 246 Dentro de los Departamentos de la Central Penitenciaria de Observación en principio existía el Departamento del moralista. Hay un informe moral en los primeros estudios. Más tarde desaparece y se incorpora el informe de la Asistente Social.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

111

cen a las clases más desfavorecidas, el nivel socioeconómico será deficiente. Está relacionado con la clase social. En estos estudios cuando se hace referencia a nivel bajo normalmente se refiere a clase obrera asalariada. 5.1.3. Migraciones. En esa época era frecuente el paso del campo a la ciudad. Ello crea problemas de adaptación al nuevo cambio de vida, especialmente en los hijos, que podía tener efectos criminógenos. La influencia incluso llega a los jóvenes de segunda generación, es decir, a los hijos de los que llegaron a la ciudad, con sus padres. Todos los componentes de la muestra, menos uno, habían emigrado. FAMILIA EN SU ORIGEN

EVOLUCIÓN NEGATIVA DE LA FAMILIA DE ORIGEN

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA DE ORIGEN

MIGRACIÓN

1.

normal

no

bajo

si

2.

normal

no

medio

si

3.

normal

no

bajo

si

4.

normal

no

medio

si

5.

normal

no

bajo

no

6.

normal

no

bajo

si

7.

normal

si

marginación

si

8.

normal

no

medio

si

9.

normal

no

bajo

si

10.

normal

no

bajo

si

5.2.

Proceso de socialización

En el cuadro siguiente se recogen los supuestos de adaptación familiar, familia adquirida y adaptación laboral. 5.2.1. Adaptación familiar. Se refiere a todo lo relacionado con la situación y el ambiente familiar el interno, trato que reciben en el seno de la familia, etc.

112

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

5.2.2. Familia adquirida. En la columna correspondiente se refleja la situación del interno en cuanto al estado civil. La mitad son solteros, se corresponde con la criminalidad en general, lo que obedece a multitud de factores. 5.2.3. Adaptación laboral. Teniendo en cuenta los problemas que concurren en la mayoría de los componentes de la muestra como son las deficiencias económicas de la familia, escolaridad incompleta, falta de formación profesional, etc., muchos tienen que realizar trabajos esporádicos por carecer de cualificación laboral. Por tanto, la mayoría son inadaptados al trabajo. Este factor es muy importante en la resocialización, pues al interno que sale de prisión le resultará difícil encontrar trabajo para poder subsistir, por lo que parte de ellos volverán a delinquir. La mayoría cometen robos o hurtos. ADAPTACIÓN FAMILIAR

FAMILIA ADQUIRIDA

ADAPTACIÓN LABORAL

1.

si

casado

si

2.

si

soltero

—

3.

si

soltero

si

4.

muy deficiente

casado

deficiente

5.

si

soltero

no

6.

si

soltero

no

7.

no

casado

no

8.

si

—

no

9

—

soltero

si

10.

si

separado

no

 6.

Informe sociológico

Al frente del Departamento de Sociología había un funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, con licenciatura universitaria y especializado en Sociología. La labor estaba dirigida a intentar esclarecer, entre otros, los puntos siguientes: factores individuales de la criminalidad. Tipo de factores sociales que han influido en la conducta del

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

113

interno. Factores generales de la criminalidad. Cuáles son los factores sociales que están determinando el fenómeno delictivo. Medidas a adoptar para conseguir la reinserción social del interno247. 6.1.

Estructura social de la familia

En los dos apartados primeros del cuadro que aparece a continuación se trata de situar la estructura social de la familia y del interno. De nuevo se vuelve a considerar, como vimos se hacía en el informe pedagógico y de la asistente social, factores familiares y sus deficiencias, clase social, hermanos, evolución de los padres e incluso el informe se remonta hasta los abuelos, vivienda, bienes e ingresos, nivel escolar alcanzado por el sujeto de la muestra, si en la familia hay otros hermanos con conductas desviadas o antecedentes penales. El informe es muy extenso, y nos limitamos a especificar la situación de la estructura social, resumen general de baja, media-baja, etc. 6.2.

Proceso de socialización y estilo de vida

Aquí se estudian y valoran cuestiones relacionadas con cada sujeto en sí respecto de su comportamiento en los estudios, éxitos o fracasos, problemas dentro del seno de la familia, vida laboral, relación con sujetos marginados, etc, antes de su ingreso en prisión.

247

Vid. ALARCÓN BRAVO, CASTILLÓN MORA, págs. 53 y ss.

114

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

ESTRUCTURA SOCIAL FAMILIA DE ORIGEN

ESTRUTURA SOCIAL INTERNOS

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y ESTILO DE VIDA

1.

media-baja

media-baja

medio familiar normalmente constituida que posee los valores sociales. Esquemas mentales del medio rural tal vez demasiado rígidos, que chocan en el medio urbano, más flexible

2.

—

—

—

3.

media-baja

media

escaso control materno a esta edad de 18 años y la exposición a ambientes de consumo de drogas, determinó una adaptación de evasión

4.

media

media

aparece como normal. No obstante a causa del trabajo el padre no mantiene comunicación con el hijo, siendo la relación de éste con su padre mala

5.

baja

—

no seguir modelos adultos en el ámbito familiar le llevará a buscarlos en los grupos de amigos, en los que empieza a tener experiencias de consumo de drogas blandas en la adolescencia y aprender valores de subcultura marginal en su barrio

6.

baja

baja

se produce en el seno de una familia con estrecha vinculación afectiva, pero que no trasmite los valores sociales, sino que todos de una u otra forma comparten valores marginales de evasión y delincuenciales

7.

baja

baja

Se trata de una socialización, propiamente de abandono. El analfabetismo de los padres, la irregularidad de los ingresos, agresividad del padre: malos tratos, percepción marginación de la población paya configuran su disfuncionalidad del grupo

8.

—

media-baja

falta de disciplina, cierta ausencia de la figura paterna, tampoco tenía fuertes sentimientos de culpa, puede entenderse la repetición y el refuerzo de la conducta desviada

9.

baja

baja

adaptación del informado al medio familiar. No así en el medio escolar, donde tiene fracaso en los rendimientos

baja

socialización primaria orientada hacia la calle

10. media-baja



Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

6.3.

115

Proceso delincuencial y riesgo de reincidencia

6.3.1. En el cuadro siguiente se exponen factores de riesgo que se estima han podido influir en la conducta delictiva del sujeto. Se hace un breve extracto de parte de los múltiples factores que se recogen en el estudio, destacando los que se consideran de mayor interés. Al final de cada caso se hace una valoración de las posibilidades de reincidencia, es decir, de volver a delinquir cuando salga de prisión. En el cuadro solamente se recogen cinco casos, de los que en cuatro el riego es alto y en el quinto medio alto. 6.3.2.Teniendo en cuenta el proceso delincuencial y los factores de riesgo que pueden subsistir en el sujeto, su proyecto de vida futura, posibilidad de encontrar trabajo, apoyo de la familia, etc, se hacía un pronóstico de la probabilidad que existe en el sujeto de su recaída en el delito. PROCESO DELINCUENCIAL

RIESGO DE REINCIDENCIA

1.

conflictividad familiar, consumo alcohol.

—

2.

—

—

3.

Drogadicción.

4.

emigración. El móvil del botín es lo que alto estructura su carrera delincuencial, que tiene una 1ª fase como delincuente pandillero, de 14 a18 años, en Francia. En las prisiones francesas está 2 años. Ha asumido el papel de atracador.

5.

problemática de personalidad, dependiendo alto de estas variables las reacciones de agresión y violencia principalmente. Las variables de participación en subcultura marginal y drogadicción tiene un mayor peso en la delincuencia por robo.

6.

subcultura delincuencial existente en el ámbito familiar siendo también de destacar las anomalías de personalidad como aptitudes mentales medias-bajas, falta de conciencia de sus delitos. Reconoce su autoimagen de delincuente, no sus delitos.

alto

116

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

7.

proceso delincuencial tiene sus raíces en mar- — ginación social, comenzando por ser forma de subsistencia apoyada por el grupo familiar que fuerza a independencia prematura.

8.

sentimientos de marginación social.

medio-alto

9.

proceso delincuencial aparece como una decisión personal de triunfar por medido del atraco. Desarrolla una muy numerosa actividad delictiva, componiendo grupos y a veces solo. Cumplidos muchos años de condena vuelve a recomponer grupos :atraco bancos.

alto

10.

— problemática de personalidad, impulsiva, con tendencias depresivas y rasgos sociopáticos; consumidor habitual de alcohol; escaso sentido de la responsabilidad; aprendizajes delincuenciales que se produce, de joven en el barrio.

En cuanto al proceso delincuencial aparecen factores en el ambiente familiar, drogadicción, integración en grupos marginados o de estructura delincuencial, etc. Hay otros muchos factores de riesgo que concurren en la conducta criminal y que también se recogen en este trabajo, como son la escasa capacidad e interés en el campo laboral, situación económica deficiente, conflictos en el seno de la familia, etc. 7. 7.1.

Síntesis criminológica Cuestión previa. Reunión final del equipo

Una vez que se había examinado al interno por los especialistas y los informes estaban terminados, se celebra una reunión en la que intervienen todos los responsables de departamento. Se contrastan los resultados parciales de los exámenes que cada especialista ha realizado sobre el individuo sometido a su estudio. El examen de cada penado se hacía en base al siguiente orden: el jurista-criminólogo emite su informe que termina con un avance de la calificación criminológica y valoración provisional de los cuatro elementos del esquema de la personalidad criminal. Seguidamente se da lectura a los

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

117

exámenes de los especialistas por este orden: médico-endocrinólogo, psiquiatra, psicólogo, pedagogo, sociólogo, (y técnico moralista). Este último informe aparece al comienzo de los trabajos de la Central, desapareciendo más tarde e incluyéndose el informe de la asistente social. “El jurista-criminólogo va tomando nota de los datos que puedan tener valor para perfilar definitivamente el diagnóstico de estado peligroso, pronóstico, y tratamiento”248. 7.2.

Diagnóstico del estado peligroso

Se basa en la capacidad criminal y la adaptabilidad social. Se termina con un diagnóstico de peligrosidad al que se llegaba teniendo en cuenta los estudios de Pinatel249. 7.2.1.Capacidad criminal. Es una de las funciones que correspondía al jurista criminólogo. Según la obra publicada por el primer equipo de la Central Penitenciaria de Observación en 1970 a la que se ha hecho referencia se recoge: “Los rasgos que nos van a proporcionar la valoración de ella -egocentrismo, labilidad, agresividad e indiferencia afectivalos estimamos principalmente por apreciaciones sobre datos fenomenológicos ligados a la realización delictiva y por exploraciones psicológicas y psiquiátricas; si bien, vamos advirtiendo la falta de completa correspondencia de los conceptos psicológicos y psiquiátricos de tales rasgos con las definiciones criminológicas de ellos”250. 248 La descripción de la reunión final se recoge extensamente en la obra Un sistema de trabajo en el estudio de la personalidad criminal, cit., págs. 64 y ss. 249 ALARCÓN BRAVO, CASTILLÓN MORA y otros, en ob. cit., págs. 69 y s. escriben: “En vez de utilizar los hallazgos de la Criminología general, con absoluta libertad, a través del método clínico, como se hace en otros Centros semejantes del extranjero, hemos preferido utilizar, y al mismo tiempo ir sometiendo a verificación, un esquema de actuación en Criminología aplicada, pareciéndonos el más adecuado, por más elaborado, el que surge de los estudios de Pinatel, sobre trabajos anteriores de De Greef y Heuyer”. Como se indicó la Central Penitenciaria de Observación fue creada en 1967, aquí se va a utilizar la 2ª edición de la Criminología de Pinatel (Bouzat, P., y Pinatel, J., Tratado de Derecho penal y Criminología, Tomo III, trad. por Rodríguez Canesti, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, Caracas, 1974. Esta 2ª ed. en su obra original es de 1969, ed. Edalloz. Por tanto en la Central se tienen en cuenta los estudios anteriores de Pinatel. En la nota 5 de la pág. 606 se recoge: “De hecho, la aplicación de los principios del diagnóstico de temibilidad es efectuada en el Centro Nacional de Observación de Madrid, de manera empírica”. 250 Ibídem, pág. 60

118

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

Pinatel al ocuparse del diagnóstico de temibilidad o capacidad criminal escribe: “Los rasgos psicológicos que integran el núcleo central de la personalidad criminal son los que permiten precisar el umbral delictivo y, por ello mismo, son los elementos integrantes de la capacidad criminal. Por lo tanto, el egocentrismo, labilidad, agresividad y la indiferencia afectiva deben permitir la apreciación de la temibilidad”251. Para establecer la capacidad criminal se valora, por tanto, egocentrismo, labilidad, agresividad e indiferencia afectiva de lo que nos ocupamos a continuación. 7.2.2. Egocentrismo. Este es el primero de los cuatro rasgos de la personalidad criminal. Pinatel dice: “La definición tradicional de egocentrismo lo asimila a la tendencia a relacionar todo consigo mismo. En las experiencias sobre la asociación de ideas, por ejemplo, se llama ‘asociación egocéntrica’ al hecho de que el sujeto reacciona a la palabra inductora por una idea relativa a su propia persona”252. En cuanto al paso al acto, es decir, a la ejecución del delito, “el egocentrismo condiciona las actitudes del delincuente hacia sí mismo y hacia el prójimo, que dan cuenta de la falta de inhibición que manifiesta con respecto al oprobio social”. En lo subjetivo tiende a legitimar su conducta mientras que con respecto al prójimo es crítico y le acusa de la injusticia sufrida. 7.2.3. Labilidad. Dice Pinatel: “Cuando un delincuente presunto ha llegado, en base a un egocentrismo pseudomoral más o menos insidioso y por un proceso de autolegitimación subjetiva, a no ser retenido por el oprobio social que se atribuye al calificativo de malhechor, puede aún ser desviado del paso al acto por el temor de los castigos a que se expone. En efecto, cuando ya no sea retenido por la amenaza penal, debutará el período de crisis que precede inmediatamente el paso al acto”253. En realidad son sujetos que ofrecen poca resistencia al delito, carecen del autocontrol suficiente para actuar de otro modo. 251 252 253

Ibídem, pág. 605. Ibídem, pág. 678. Ibídem, 691.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

119

7.2.4. Agresividad. Escribe Pinatel: “La primera fase de la dinámica del delito es la del asentimiento mitigado; se termina cuando nace el asentimiento formulado. Esta transformación se efectúa en el momento en que el delincuente ya no es retenido por el oprobio social que se atribuye al apelativo de malhechor, es decir, en el momento en el cual un proceso de autolegitimación subjetiva, a base de egocentrismo, lo ha liberado la coacción del oprobio social. En lo adelante, la acción criminal se discute sólo con relación a los castigos a los cuales se expone. La fase del asentimiento formulado se termina, precisamente, cuando el futuro delincuente no será contenido por la idea de las sanciones a que se expone”254. También aquí el autocontrol podría evitar la fase final del paso al acto, es decir de la ejecución del delito. 7.2.5. Indiferencia afectiva. Escribe Pinatel: “Cuando se habla de la indiferencia afectiva o de la insensibilidad moral de los delincuentes, se quiere decir que ellos no experimentan emociones ni inclinaciones altruistas y simpáticas, que están dominados por el egoísmo, la frialdad para con el prójimo”255. Esta frialdad afectiva puede ser considerada como el elemento último del paso al acto256.

254

Ibídem, pág. 695. Ibídem, pág. 706. 256 Ibídem, pág. 713. Continúa diciendo: “En efecto, es posible que un sujeto ya liberado de la coacción del oprobio social por una autolegitimación subjetiva favorecida por su egocentrismo, habiendo sobrepasado el temor de los castigos a que se expone como resultado de o que antes se denominaba su imprevisión y que nosotros tendemos a llamar su labilidad; habiendo triunfado también en razón de su dinamismo agresiva, sobre todos los obstáculos capaces de hacer materialmente imposible la ejecución, se revele, un último análisis, incapaz de efectuar su acto criminal en razón de una resistencia interior de tipo afectivo. Para que sea de otro modo, para que no sea detenido, inhibido por las condiciones mismas de la ejecución del delito, es necesario que en este momento está ciego y sordo a lo que esa ejecución comporta del odioso”. 255

120

EGOCENTRISMO

LABILIDAD

AGRESIVIDAD

INDIFERENCIA AFECTIVA

1.

media-alta

medio

alta

media-alta

media

2.

media-alta a alta

medio-alto

alta

alta

alta

3.

media-alta a alta

alto

alta

media-alta

media-alta

4.

media-alta a alta

alto

muy alta

media-alta

media-alta

5.

alta

medio-alto

alta

alta

alta

6.

madia-alta a alta

medio-alto

alta

media-alta

alta

7.

media-alta

medio-alto

alta

media

media-alta

8.

media-alta a alta

medio-alto

alta

media-alta

alta

9.

media-alta a alta

medio

alta

alta

media-alta

10.

media-alta a alta

medio-alto

alta

media-alta

alta

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

CAPACIDAD CRIMINAL

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

121

En la capacidad criminal predomina la tendencia a la alta, pues en siete de ellos es “de media-alta a alta”, pues es alta en seis casos y media-alta en cuatro. El resto de los factores se encuentran entre la alta o media-alta. 7.2.6. Adaptabilidad social. Se obtiene después de valorar la emotividad, actividad, resonancia, aptitudes mentales, aptitudes psicomotrices, capacidad de aprendizaje y sistema de actitudes que no detallamos. La emotividad, actividad y resonancia son muy incompletas en la muestra, sólo se recoge en un tercio de los supuesto, por lo que prescindimos de los cuadros correspondientes257. En la obra de los primeros componentes de la Central Penitenciaria de Observación se recoge respecto de la adaptabilidad social: “Nos atenemos en líneas generales, a la doctrina e hipótesis de trabajo, pero al utilizar un esquema propio de personalidad general -no criminal- nos vemos obligados a buscar correspondencias que, a nuestro juicio, meramente completan o perfeccionan, no modifican, la hipótesis inicial. No obstante, advertimos cierto alejamiento del concepto criminológico que comentamos, pese a su nombre, con datos y valoraciones sociológicas” 258. Pinatel se ocupa de la inadaptación social y dice “así como los elementos de la capacidad criminal están constituidos por los elementos del núcleo central de la personalidad criminal, los componentes de la adaptabilidad, son dados por las variables de la personalidad criminal”. En cuanto al diagnóstico clínico de estado peligroso relaciona la capacidad criminal con la adaptabilidad. 7.2.7. Peligrosidad. Finalmente, tras la valoración de la capacidad criminal y adaptabilidad social se concluye diagnosticando la peligrosidad259. Se tiene en cuenta la adaptabilidad social, aptitudes mentales, capacidad de aprendizaje y siste257 Sobre emotividad, actividad y resonancia Vid. El mandato constitucional…, cit., págs. 132 y ss. 258 Un sistema de trabajo en el estudio de la personalidad criminal, cit., pág. 60. 259 En la obra de ALARCÓN BRAVO, CASTILLON MORA y otros, cit., en pág. 60, se recoge: “Diagnóstico del estado peligroso. Valoradas la capacidad criminal y la adaptabilidad social, su combinación nos lleva directamente al diagnóstico (Véase. Pinatel, P., Landecho, etc.). Se obtienen diversos tipos de peligrosidad que se cali-

122

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

ma de actitudes. Se hace un pronóstico sobre el riesgo de que el sujeto vuelva a delinquir.

ADAPTABILIDAD SOCIAL

PELIGROSIDAD

1.

media-baja

media-alta

2.

media-baja a baja

media-alta a alta

3.

media

media-alta

4.

baja a media-baja

alta

5.

baja a media-baja

alta

6.

media-baja

media-alta a alta

7.

media-baja a media

media-alta

8.

media-baja

media-alta a alta

9.

media-baja a baja

media-alta a alta

10.

media-baja

media-alta a alta

En la adaptabilidad social predomina la media baja, mientras que en la peligrosidad es la media-alta. 7.3.

Pronostico de comportamiento futuro y grado de tratamiento

Después del diagnóstico de peligrosidad se hace un pronóstico de comportamiento futuro, tanto en prisión como en libertad. Se tiene en cuenta los datos que son positivos para el interno así como los negativos. En base a ello y al resto del contenido del estudio del penado, se establece cuál es el grado de tratamiento. Puede mantenerse el que tenía o modificarse, progresar al tercer grado, o pasar del primero al segundo260 (incluso puede ser regresivo), así como el centro penitenciario fican cuantitativamente en una escala que oscila entre ‘muy baja y muy alta’, con diversas valoraciones intermedias”. Vid. supra nota anterior. 260 Sobre grados de tratamiento penitenciario vid. art. 102 del Reglamento Penitenciario y sobre progresión y regresión arts. 106 y 108 y 65 de la Ley General Penitenciaria.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

123

donde deben seguir cumpliendo su condena, que puede variar pasando del que estaban a otro distinto. EN PRISIÓN

EN LIBERTAD

GRADO DE TRATAMIENTO

1.

tendente a favorable

dudoso

tercero

2.

dudoso a favorable

dudoso

segundo

3.

tendente a favorable

dudoso

tercero

4.

tendente a favorable

tendente a desfavorable

segundo

5.

tendente a desfavorable

tendente a desfavorable

primero

6.

dudoso a desfavorable

tendente a desfavorable

segundo

7.

tendente a favorable

tendente a desfavorable

segundo

8.

tendente a favorable

dudoso a desfavorable

segundo

9.

favorable

dudoso

segundo

10.

dudoso a desfavorable

dudoso

segundo

En cuanto al comportamiento futuro en prisión la tendencia mayoritaria es a favorable. En libertad se divide entre dudosos y tendentes a desfavorables. En el grado de tratamiento la mayoría estaban en el segundo y se propone que sigan en el mismo; en dos que progresen al tercer grado, y uno en primer grado261. 7.4.

Esquema de tratamiento

A continuación se recoge cuál es el plan que se propone a efectos del tratamiento que se debe de seguir con los componentes de la muestra. Se dan diversas situaciones, como favorecer las relaciones con la familia, desajustes de personalidad, problemas de drogas y recaída, ocupación laboral como me261

Vid. supra notas 221 a 223.

124

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

dio de creación de hábito de trabajo, o consolidar los mismos, etc. Es normal que en muchos internos concurran más de dos supuestos. Recogemos los que más se repiten.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO 1.

fomentar la vinculación familiar. Suavizar la inseguridad interior y demás desajustes de personalidad, con la debida acción psicoterapéutica. Integración en la vida laboral, siguiendo las directrices del “Consejo de Orientación Profesional” del informe Psicológico. Favorecer la integración por medio del régimen abierto de forma controlada en un principio, vigilando el no consumo de alcohol, hasta estabilidad familiar, laboral y social.

2.

psicoterapia adecuada para mejorar los aspectos de personalidad que constan en informe. Ocupación laboral como medio de conservación de hábitos de trabajo. Participación en programas de actividades culturales y recreativas en grupo que mejoren la capacidad de concentración con los semejantes. Orientación personalizada a cargo de Educador. Entrenamiento en habilidades sociales. Favorecer las relaciones con la familia.

3.

integración laboral en medio libre con discretos pero firmes controles en la etapa inicial. Psicoterapia adecuada para mejorar los aspectos de personalidad que constan en los informes. Orientación personalizada a cargo de Educador. Favorecer las relaciones con la familia.

4.

psicoterapia adecuada para mejorar los desajustes de personalidad que constan en informe. Ocupación laboral como medio de creación de hábitos estables de trabajo. Participación en actividades deportivas y culturales en grupo orientadas a mejorar la capacidad de compenetración con los intereses humanos. Orientación personalizada para conseguir que el informado asuma un proyecto razonable de vida futura y se comprometa en él. Favorecer las relaciones con la familia e intervención a nivel de ésa para que asuma la responsabilidad en el apoyo al informado.

5.

psicoterapia orientada a paliar los desajustes psicológicos que constan en informe. Mejorar el nivel de instrucción (obtención del Graduado Escolar). Ocupación laboral como medio de creación de hábitos de trabajo. Fomentar las relaciones con la familia. Orientación personalizada a cargo de Educador. Participación en actividades culturales y recreativas que mejoren su capacidad de relaciones con el entorno. Entrenamiento en habilidades sociales…

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

125

6.

programa complejo de resocialización que contemple el progreso en el área personal, educativa, formación laboral y de relación social. Apoyo económico y de facilitación de la integración social. Integración laboral, de acuerdo con el “Consejo de Orientación Profesional” del informe psicológico. Mejorar algunos desajustes de personalidad, con la adecuada acción psicoterapéutica. Si fuera posible, que estudiara una F.P. pues el BUP no le interesa mucho. Trabajo en talleres como medio de creación de hábitos de trabajo. Atención especial por parte de educadores. Tratar de inculcarle algún sistema positivo de actitudes. Realizar deporte.

7.

psicoterapia adecuada para suavizar los desajustes de personalidad que constan en informe del Psicólogo. Ocupación laboral como medio de creación de hábitos de trabajo, todo ello según “Consejo de Orientación Profesional”. Integración en actividades grupales que mejoren el contacto social. Participación en actividades deportivas y recreativas en grupo. Facilitar las relaciones con la familia.

8.

atención y vigilancia médica orientada a controlar la enfermedad que viene padeciendo. Psicoterapia de apoyo que mejore el estado de ánimo del informado. Ocupación laboral acorde con las condiciones físicas del informado. Favorecer las relaciones con la familia e intervención a nivel de ésta para que asuma la responsabilidad en la reintegración social.

9.

mejorar la psicoterapia adecuada los desajustes de personalidad (vertiente afectivo-emocional) advertidos. Ocupación laboral dirigida a la recuperación de hábitos de trabajo. Mejorar el nivel de instrucción / asistir a la escuela de Primer ciclo de EPA. Participación en actividades grupales que mejoren la capacidad de contacto social. Entrenamiento en habilidades sociales. Favorecer las relaciones con la familia.

10.

psicoterapia orientada a suavizar los desajustes de personalidad que se recogen en informe. Ocupación laboral como medio de consolidación de hábitos de trabajo. Participación en actividades culturales y deportivas en grupo que mejoren la capacidad de contacto social. Orientación personalizada tendente a que el interno asuma un proyecto de vida. Tratar de que el informado recupere las relaciones con la familia.

Teniendo en cuenta los problemas que concurren en lo sujetos de la muestra será difícil conseguir su recuperación para que puedan reintegrarse a la sociedad y hacer vida normal sin volver a caer en el delito. Hay que tener en cuenta que la problemática suele estar relacionada con el grado en el que se les clasifique. Los de tercer grado pasan a realizar vida en semilibertad; los del segundo no están en condiciones de salir de prisión, mientras

126

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

que los que presentan mayores dificultades son los que se clasifican en primer grado262. II.

ESTUDIO DE INTERNOS EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE NUEVE Y VEINTITRÉS AÑOS

En esta parte se recogen datos de informes que facilitó la Central Penitenciaria de Observación263 sobre el estudio internos realizados entre los años 2008 y 2011, de condenados que habían ingresado en prisión en años anteriores. La Central, que se encuentra en la Secretaría General Técnica de Instituciones Penitenciarias, constaba de dos equipos, en ambos figuraba un jurista y un psicólogo, el tercero es un sociólogo o un pedagogo. La estructura de esta muestra varía de la que se ha recogido anteriormente sobre estudios realizados en el año 1991, pues ya se indicó que hubo cambio de sistema de trabajo en Central Penitenciaria, aunque los resultados son igualmente válidos para el objetivo de este trabajo. El estudio en nuestra obra de referencia264 es sobre 100 internos, de éstos 75 eran españoles y 25 extranjeros; entre los españoles hay once que estuvieron en prisión ininterrumpida entre nueva y ventitrés años cuyos informes se reproducen ahora, ampliados en algunos aspectos. Aunque es una muestra reducida es suficiente para sacar la conclusión de que muchos no superarían los requisitos que se exigen en la prisión permanente revisable para obtener la suspensión de la ejecución de la pena, ni en la primera ni en las sucesivas revisiones, por lo que su permanencia en prisión podría terminar siendo indefinida, de por vida. En la muestra anterior de internos de 1991 el estudio de la Central Penitenciaria era más extenso con variaciones en el sistema. Se han tomado muestras de dos épocas distintas, y una vez comparado el resultado final, se pone de manifiesto que la situación prácticamente 262

Vid. supra nota anterior. Los informes le fueron facilitados a Alfonso Serrano Gómez. 264 El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social, cit., págs.. 219 y ss. 263

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

127

se mantiene a pesar de que entre una y otra han transcurrido veinte años. En todo caso diez de los once estaban clasificados en segundo grado y continuaron en el mismo, lo que quiere decir que no tenían “capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad”265. Sólo uno progresó al tercer grado, que le capacitaba para hacer vida en semilibertad. Como sucedía con la muestra de 1991 los estudios son muy extenso, por lo que nos limitamos a recoger los aspectos fundamentales que se amplían. La estructura y extensión también varían debido al cambio del sistema de trabajo que se produjo en la Central Penitenciaria de Observación, aunque los resultados son igualmente válidos para el objeto de este trabajo. El número 11 de la muestra cumple condena por dos asesinatos. La víctima de uno de ellos era un menor de dieciséis años por lo que de ser juzgado ahora se le condenaría con prisión permanente revisable (art. 140. 1.1ª CP). Veremos como en la situación que se encuentra al ser estudiado prácticamente es imposible que superara la primara revisión -si hubiera sido condenado a dicha pena- y casi lo mismo podría decirse de las sucesivas, con lo que la pena para él se convertiría en indefinida, es decir, de por vida. 1.

Área penal y penitenciaria

Esta parte de los informes corresponde elaborarla a los juristas. 1.1.

Área penal

Se recogen en este apartado lo primero que figura en los estudios de los 11 internos: antecedentes penales, causas cumplidas, circunstancias modificativas, número y fechas de ingresos en prisión, síntesis de la actividad delictiva y responsabilidades pendientes. Nos ocupamos de los delitos por los 265 Dispone el art.102.3 del Reglamento penitenciario: Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad”.

128

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

que han cumplido condena, las que cumple en el momento de hacer el informe y si hubo circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, en especial la reincidencia. ANTECEDENTES PENALES. CAUSAS CUMPLIDAS

CAUSAS QUE CUMPLEN POR DELITOS

ATENUANTES, AGRAVANTES

1.

robos

detención ilegal, atentado, falso testimonio, robos, robos con intimidación, etc.

reincidencia

2.

robos

robos con fuerza y con violencia, hurtos

reincidencia, drogadicción

3.

robos, y apropiación indebida

robos con fuerza y con intimidación

reincidencia

4.

no consta

robo con toma de rehenes, falsedad documental, hurto, robo con intimidación

reincidencia morada, disfraz y drogadicción

5.

no consta

contra la salud pública, resistencia, tres homicidios intentados

reincidencia, drogadicción

6.

robo, lesiones y resistencia

robos con fuerza y violencia, atentado agentes de la autoridad

reincidencia

7.

robos y falta lesiones

robos con fuerza y con intimidación

reincidencia

8.

robo

robos con intimidación y con violencia, falsedad y quebrantamiento condena

reincidencia

9.

robos y quebrantamiento condena

agresiones sexuales, reincidencia, seguridad del tráfico, robo embriaguez con fuerza, quebrantamiento de condena

10.

robos, salud pública, desobediencia y hurto

contra la salud pública, robo con fuerza, hurto

no concurren

11.

Robo con homicidio*. Tentativa de homicidio. Robos

Dos asesinatos

Reincidencia

El robo con homicidio ya no figura en el Código penal vigente de 1995(Vid. supra nota 225.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

129

En cuanto a los antecedentes la mayoría habían cometido delitos contra el patrimonio, especialmente robos. La misma situación se da con respecto a los delitos por los que cumplían condena. Hay que tener en cuenta que la condena no es por un solo delito, sino por varios, y bien por la aplicación de la agravante de reincidencia (diez son reincidentes) o por la acumulación de varias penas es por lo que su internamiento es tan prolongado266. Hay algunos supuestos de delitos más graves como intentos de homicidio o agresiones sexuales. 1.2.

Área penitenciaria

En esta parte de su informe el jurista refleja especialmente el número de ingresos, fecha del primero y último, tiempo total en prisión ininterrumpida, los permisos de salida y recompensas obtenidas.

266

Sobre acumulación jurídica de penas vid. supra págs. 58 y ss.

AÑO DEL ÚLTIMO INGRESO

TIEMPO DE PRISIÓN ININTERRUMPIDA

PERMISOS DE SALIDA

130

NÚMERO DE INGRESOS

RECOMPENSAS

10

1986

22 años y 2 meses

9

11

2.

2

2001

9 años

8

varias

3.

11

1997

12 años y 11 meses

14

varias

4.

5

1996

14 años y 1 mes

29

10

5.

4

1999

10 años y 1 mes

3

2

6.

5

2000

9 años y 7 meses

no

varias

7.

3

2001

9 años y 1 mes

no

no consta

8.

5

1998

12 años y 1 mes

21

varias

9.

12

1998

11 años y 9 meses

no

varias

10.

8

1998

10 años y 3 meses

15

10

11.

3

1988

23 años y 1 mes

no

varias

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

1.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

131

En cuanto al período de prisión ininterrumpida, es decir, cumpliendo condena, el tiempo continuado oscila entre los 9 y 23 años. Al final de este trabajo veremos como muchos tienen pronóstico más o menos desfavorable, en el sentido de que pueden volver a delinquir, pero cuando cumplan su condena tienen que ser puestos en libertad. En caso de haber sido condenados a prisión permanente revisable, solamente uno podría superar la revisión (accedió del 2º al 3º grado), los otros diez tendrían que seguir en prisión, pues no reunirían los requisitos que se les exigiría para la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional. Si con esos años de prisión continuada existe riesgo de volver a delinquir, la situación sería mucho más negativa si el control -revisión- se les hiciera cuando hubieran estado en prisión 25, 28, 30 o 35 años. 2.

Área sociopedagógica

Como ya se indicó, cuando se hicieron estos informes en la Central Penitenciaria de Observación había dos equipos, uno compuesto por un jurista, un psicólogo y un sociólogo y el otro por un jurista, un psicólogo y un pedagogo. En sus trabajos el sociólogo y el pedagogo suelen tratar cuestiones similares relacionadas con la clase social de la familia de origen, composición de la familia, relación del recluso con la familia de origen y familia adquirida, escolaridad, prisionización, hábitos laborales, profesión antes de ingresar, etc. De todos los aspectos tratados por sociólogos o pedagogos recogemos los de mayor interés, procurando unificar el trabajo de ambos especialistas.

132

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

2.1.

La familia y su entorno

CLASE SOCIAL FAMILIA ORIGEN

NÚMERO HERMANOS

RELACIÓN CON LA FAMILIA DE ORIGEN

FAMILIA ADQUIRIDA

ANTECEDENTES PENALES FAMILIA

1.

baja

10 (5)

buena

pareja

si

2.

baja

7 (6)

buena

pareja

no

3.

baja

10 (10)

no

soltero

si

4.

muy baja

8 (7)

buena

pareja

si

5.

marginal

18 (13)

buena

casado

si

6.

baja

4 (2)

buena

casado

si

7.

baja

3 (2)

buena

pareja

no

8.

media

4 (1)

buena

soltero

si

9.

—

9 (7)

no

pareja

no

10.

media

3 (2)

buena

soltero

—

11.

baja

7 (2)

buena

soltero

si

El número que aparece dentro de los paréntesis en la tercera columna es el orden que ocupaban dentro de los hermanos (fratría).

La clase social a la que pertenece su familia de origen es baja en la mayoría de los casos. No vamos a entrar en valoraciones del por qué suele haber más factores de riesgo para caer en el delito en los miembros de las familias más desfavorecidas que en de las mejor acomodadas. La mayoría pertenecen a familias con muchos hermanos. En cuanto a la relación con la familia de origen es, buena en casi todos los casos, tal vez los resultados no sean reales, pues hay que tener presente que para conseguir la libertad condicional uno de los requisitos es un acta de compromiso de acogida por parte de la familia. Es posible que en algunos casos la familia firme ese compromiso para favorecer la salida de prisión, pero que luego no se cumpla. En cuanto a la familia adquirida la mitad vive en pareja, hay dos casados y cuatro solteros. El matrimonio tiene efectos preventivos en la delincuencia. En siete casos había antecedentes penales dentro de la familia.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

2.2.

133

Escolaridad, prisionización, hábitos laborales y profesión PRISIO NIZACIÓN

HÁBITOS LABORALES CONSOLIDADOS

PROFESIÓN ANTES DE INGRESAR

si

no

no ha trabajado nunca*

asiste a escuela no

no

s/c trabajos esporádicos

3º EGB *

—

no

—

sin cualificar (s/c)

4.

5º EGB *

—

si

no

sin cualificar (s/c)*

5.

analfabeto

—

si

no

s/c trabajos esporádicos

6.

8º EGB*

no se interesa

si

no

s/c trabajos esporádicos

7.

deficiente*

no se interesa

si

no

s/c trabajos esporádicos

8.

graduado escolar

curso acceso

si

no

s/c trabajos esporádicos*

9.

deficiente*

no se interesa

si

no

s/c trabajos esporádicos

10.

graduado escolar

asiste a escuela si

no

s/c trabajos esporádicos

11.

deficiente*

asiste a escuela si

no

sin cualificar (s/c)

ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD EN PRISIÓN

1.

deficiente*

graduado escolar

2.

6º EGB *

3.

* En escolaridad el asterisco indica absentismo, bajo rendimiento, sin interés por aprender. En profesión antes de ingresar indica: facultades laborales disminuidas por efecto de drogadicción.

En escolaridad la mayoría practican el absentismo, su rendimiento es bajo y no tienen interés por aprender. En prisión algunos se interesan por aprender y otros no. Nueve están prisionizados, situación que dificulta notablemente su resocialización. Ninguno tiene hábitos laborales consolidados ni cualificación profesional.

134

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

Las condiciones que se reflejan en el cuadro anterior ponen de manifiesto que tendrán muchas dificultades para integrarse a la sociedad cuando queden en libertad, por lo que existe riesgo de que vuelvan a delinquir, pues a veces tendrán que recurrir al delito para poder subsistir. Prisionización. Según los informes de la Central consiste en la “adopción de un sistema de valores y actitudes subculturales propio de la población internada en prisión. La prisionización causa un deterioro personal en el interno y obstaculiza su reinserción social”267. 2.3.

Red social y factores ambientales RED SOCIAL – FACTORES AMBIENTALES

1.

grupos de relación: de desviación primaria condicionadores de aprendizajes de conductas asociales, que determinaron o contribuyeron a su desviación personal.

2.

grupos de relación: de desviación primaria condicionadores de aprendizajes de conductas asociales, que determinaron o contribuyeron a su desviación personal. Integrado en pandillas juveniles, mayores que él, con consumo precoz de drogas y realización de actos delictivos de progresiva importancia o gravedad.

3.

--

4.

la trayectoria vital del informado ha transcurrido principalmente en contextos rurales y carenciales con interacción frecuente con individuos y grupos marginales. En este contexto se inicia en el consumo abusivo de drogas y en la delincuencia.

5.

grupos de relación: familiares.

6.

grupos de relación: de desviación primaria condicionadores de aprendizajes de conductas asociales, que determinaron o contribuyeron a su desviación personal. Las relaciones entre iguales se han establecido en el contexto de pandilla, en un entorno ambiental de naturaleza suburbial, en el seno del cual surgen los primeros incumplimientos legales y el modelaje de conductas desviadas. La referencia social extrapenitenciaria sigue siendo esta.

267 SEGOVIA BERNABÉ, J. L.en “Consecuencias de la prisionización”, Cuadernos de derecho penitenciario, núm. 8, 2001, págs. 3 y ss.. En el núm. 3 se ocupa de “inadaptación social-prisionización”, con todas las consecuencias que lleva consigo: Desproporción reactiva…dualidad adaptativa…presentismo galopante… síndrome emotivacional…baja estima de si mismo”.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

135

7.

ajuste social muy deficitario desde la adolescencia, ya que desde el inicio de sus problemas de consumo de drogas se ha ido integrando en medios marginales y delictivos, rompiendo los vínculos más normalizados.

8.

ajuste social muy deficitario desde la adolescencia, ya que desde el inicio de sus problemas de consumo de drogas se ha ido integrando en medios marginales y delictivos, rompiendo los vínculos más normalizados.

9.

ajuste social muy deficitario desde la adolescencia, ya que desde el inicio de sus problemas de consumo de drogas se ha ido integrando en medios marginales y delictivos.

10.

la trayectoria vital transcurrida en contextos urbanos suburbiales y carenciales con interacción frecuente con individuos y grupos marginales. Integración durante la adolescencia en grupos de menores con conductas toxicofílicas habituales residentes en su barrio en e que vivió desde los 10 a los 20 años. En este contexto se inicia en el consumo abusivo de drogas y en la delincuencia.

11.

Entorno familiar desestructurado, con comportamientos marginales y delictivos. En su juventud mantenimiento de conductas toxicofílicas y delictivas habituales, integrado en grupos marginales. Falta de control familiar. Fracaso escolar.

En muchos casos en su juventud tuvieron contacto o estuvieron integrados en grupos marginales y delincuentes. También muchos se iniciaron en el consumo de estupefacientes a edad temprana. 3.

Área personal

Esta parte de los estudios corresponde a los psicólogos. Dentro del área personal se contemplan dos grandes apartados: 1. Esfera cognitiva: se ocupa de la dotación intelectual, asunción delictiva, atribución personal, capacidad de resolución de conflictos, estilo cognitivo y autocontrol. 2. Esfera personal: trata de las habilidades sociales, madurez y equilibrio personal, nivel de agresividad, impulsividad, sistema de actitudes, otros descriptores y alteraciones psicopatológicas que son poco frecuentes. Como hemos apuntado anteriormente, nos ocupamos sólo de algunos apartados para evitar la multiplicidad de datos, ya que lo que se pretende es dar una visión

136

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

general268. Por último, los psicólogos se ocupan también de la historia toxicofílica. 3.1. Dotación intelectual. Asunción delictiva. Capacidad de resolución de conflictos. Autocontrol. Hábitos sociales DOTACIÓN ASUNCIÓN INTELECTUAL DELICTIVA

CAPACIDAD AUTORESOLUCIÓN CONTROL CONFLICTOS

HÁBITOS SOCIALES (tendentes a)

1.

próximo al tipo medio

superficial, por efecto drogas

disminuida

condiciones estándar

retraído

2.

próximo al tipo medio

si, por efecto baja drogas y sociedad

condiciones estándar

extroversión

3.

inferior a media

superficial, por efecto drogas

disminuida

insuficiente

extroversión

4.

próximo al tipo medio

superficial, por efecto drogas

disminuida

condiciones estándar

extroversión

5.

media

no

baja

condiciones estándar

extroversión

6.

media

superficial, por efecto drogas

baja

insuficiente

extroversión

7.

media

si, por efecto baja drogas y sociedad

insuficiente

introversión

8.

media

si, por efecto baja drogas y sociedad

condiciones estándar

extroversión

9.

media

superficial

disminuida

insuficiente

extroversión

10.

media

superficial

disminuida

insuficiente

extroversión

11.

próximo al tipo medio

superficial, victimista

deficiente

insuficiente

retraido

268 Hay que indicar que la complejidad de alguno de los aspectos de los estudios, donde aparecen multitud de conceptos, no ha permitido realizar un programa informático. Este problema se da en todos los cuadros que figuran en esta obra. Por ello el trabajo se ha realizado examinando directamente cada uno de los estudios por lo que puede existir algún error que no afecta a los resultados generales.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

137

En dotación intelectual hay seis que están en la media y cinco un poco por debajo. La asunción delictiva es superficial y casi todos dicen que es por influencia de las drogas. En la capacidad de resolución de conflictos en la mitad es baja y en la otra mitad disminuida. El autocontrol es insuficiente en la mitad y en condiciones estándar la otra mitad269. A excepción de uno los demás son extrovertidos. 3.2.

Proceso de integración social

Todos tendrían dificultades para resocializarse una vez quedaran en libertad, pues en realidad la mayoría solo cuentan con el apoyo de los familiares –que suelen tener una economía baja- y cuatro carecen de proyecto. Sobres factores que facilitan la socialización y factores negativos se volverá en la última parre de esta obra. Proceso de Socialización 1.

Parece que tiene definido vivir con su compañera e hija y cree que su cuñado podrá darle trabajo en una ferretería.

2.

Vivir con la madre hasta que se pueda independizar y trabajar en la oferta que ha presentado, aunque esta se la dio la hermana de una anterior compañera, con la que ya no tiene relación, pero dice que tiene otras posibilidades de trabajo.

3.

No cuenta con oferta laboral, aunque dice puede trabajar de vendedor ambulante.

4.

Carece de proyecto para cuando quede en libertad.

5.

Parece que tiene definido vivir con su esposa e hijos y trabajar en la oferta que ha presentado.

6.

Proyecto de futuro poco concreto, dice que vivirá con los padres y trabajará en la doma de caballos.

7.

Carece de proyecto para cuando quede en libertad.

269 Entendemos por autocontrol con carácter general: La capacidad de resistirse a cometer un delito ante situaciones de riesgo. En Criminología es una cuestión muy compleja. SERRANO MAÍLLO, A., El problema de las contingencias en las teorías del autocontrol. Un test de la teoría general del delito, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 104 escribe: “Los individuos con autocontrol alto tienden a considerar las consecuencias futuras a largo plazo, probables y posibles, y en sentido amplio, de sus actos. El delito tiende a producirse en sujetos con autocontrol bajo”.

138

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

8.

Parece que tiene decidido vivir con su madre en el pueblo, donde tiene casa y fincas, trabajar con ella en negocio de informática y alejarse de su antiguo ambiente de barrio.

9.

Tiene poco decidido vivir con su compañera y buscar trabajo, tiene amigos que le pueden ayudar a encontrarlo.

10.

Carece de proyecto.

11

Carece de proyecto.

3.3.

Toxicofilia HISTORIA TOXICOFÍLICA. EDAD DE INICIO Y SUSTANCIAS CONSUMIDAS

1.

Reconoce consumo de cannabis (15 años), benzodiacepinas (16 años), cocaína (20 años) y heroína (13 años ADVP), con criterios de dependencia*. Refiere iniciarse en el consumo de drogas influido por el grupo de pares y el ambiente de referencia marginaldrogodependiente.

2.

Reconoce consumo de cannabis (16 años), alcohol (16 años), MDMA (17 años), cocaína (18 años) y heroína (16 años), con criterios de dependencia*. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**.

3.

Reconoce consumo de cannabis (12 años), cocaína y heroína (13 años) con criterios de dependencia*. Se inicia en el consumo de drogas influido por el grupo de pares así como por el ambiente de referencia marginal-drogodependiente. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**.

4.

Reconoce consumo de cannabis (14 años), cocaína (20 años) y heroína (15 años, fumada), con criterios de dependencia*. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**.

5.

Reconoce consumo de cannabis (14 años) y cocaína (30 años) sin alcanzar criterios de dependencia. Refiere consumos esporádicos asociados a contextos de ocio y tiempo libre

6.

Reconoce consumo de cannabis (16 años), cocaína y heroína (19 años), con criterios de dependencia*. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**. Se inicia en el consumo de drogas mediante aprendizaje por modelado, varios hermanos consumidores así como por el ambiente de referencia.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

139

7.

Reconoce consumo de cannabis (12 años), MDMA (15 años), benzodiacepinas, cocaína y heroína (17 años ADVP) con criterios de dependencia*. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**. Refiere iniciarse en el consumo de drogas influido por el grupo de pares tras su primer ingreso en prisión.

8.

Reconoce consumo de cannabis y benzodiacepinas (14 años), anfetaminas, cocaína y heroína (15 años ADVP) con criterios de dependencia*. Hechos delictivos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas**. Refiere iniciarse en el consumo influido por el grupo de pares así como por la curiosidad de experimentar sensaciones nuevas.

9.

Solo reconoce consumo excesivo de alcohol desde los 12 años, aprendizaje por modelado de la figura paterna. No ha realizado intentos de deshabituación manteniendo una falsa sensación de control sobre dicha problemática. En su protocolo consta también consumo de otras sustancias, aunque el niega este extremo.

10.

Reconoce consumo de cannabis, alcohol, anfetaminas (16 años), cocaína (22 años) y heroína (26 años, fumada, según refiere inicio en prisión), con criterios de dependencia*.

11.

Reconoce consumo de cannabis, alcohol, MDMA, benziodiacepinas (12 años), cocaína (20 años, ADVP) y heroína (19 años, ADVP) con criterios de dependencia*.

Los que figuran con un asterisco (*) son consumidores “con criterios de dependencia”, los que figuran con dos (**) su conducta delictiva está relacionada con el consumo de estupefacientes.

En muchos casos en su juventud tuvieron contacto o estuvieron integrados en grupos marginles-drogodependientes. Todos se han iniciado a edad temprana en el consumo de estupefacientes: cuatro a los 12 años, tres a los 14, uno a los 15 y tres a los 16. En casi todos ellos existe relación entre el consumo de estupefacientes y su comportamiento delictivo.

140

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

3.4.

Probabilidad de reincidencia y grado de tratamiento

PROBABILIDAD DE REINCIDENCIA

GRADO DE TRATAMIENTO

1.

alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

2.

medio- alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

3.

medio-alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

4.

medio en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

5.

medio en función de la evolución de su toxicomanía.

3º

6.

medio-alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

7.

medio- alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

8.

medio- alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

9.

medio–alto.

2º

10.

medio-alto en función de la evolución de su toxicomanía.

2º

11.

alto.

2º

Probabilidad de reincidencia. En su conjunto es medio-alto. Hay dos de riego medio y uno de alto en función de cómo evolucione su toxicomanía, uno de alto, y el resto medio-alto, seis de ellos en función de la evolución de su toxicomanía. Grado de tratamiento. Diez están clasificados en 2º grado, lo que quiere decir que no están capacitados para vivir en semilibertad270. No se les puede conceder la libertad condicional, han de seguir en prisión hasta que se les clasifique en tercer grado o hasta que cumplan íntegramente la condena. Si estuvieran condenados a prisión permanente revisable solamente uno -el clasificado en tercer grado- superaría, en principio, los requisitos que exige el artículo 92.1 del Código penal para la suspensión de la ejecución de la pena y posterior libertad condicional, Los otros diez seguirían prisión a espe270

Vid. supra nota 265.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

141

ra de una nueva revisión que posiblemente no superarían –ni tampoco las sucesivas-pues cuanto más dure el internamiento más difícil será superarlas. 4.

Valoración final

La Central Penitenciaria de Observación, como ya se apuntó, disponía de dos equipos técnicos. Sus componentes se desplazaban a centros penitenciarios para elaborar sus informes. De regreso a la Central, y tras haber terminado cada uno su estudio, se reúnen con otros miembros de la Central para proponer la clasificación, tratamiento y destino del interno271. Los estudios se llevan a cabo a petición de los interesados cuando reúnen los requisitos; por orden del Centro Directivo o por requerimiento de las autoridades judiciales (jueces o fiscales de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales). También se realizan como consecuencia de la reclamación efectuada por el interno al haberse reiterado por segunda vez la Junta de Tratamiento en la clasificación de primer grado, y lo mismo cuando encontrándose en segundo grado haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena272. En la valoración final se tienen en cuenta: Factores que facilitan la adaptación y factores que la dificultan. Probabilidad de reincidencia. Propuesta de clasificación. Áreas de intervención que son: familiar-social, escolar, laboral y personal. 271 El Informe General de 2010 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias recoge en su pág. 66 que la Central Penitenciaria de Observación: “Dispone desde hace años de dos Equipos Técnicos (jurista, psicólogo y sociólogo) y (jurista, psicóloga y pedagoga) respectivamente, que viajan a Centros Penitenciarios, entrevistan a los internos objeto de estudio, revisan documentación correspondiente a los mismos y, en su caso, les realizan las pruebas que consideran oportuno ...”. En pág. 72 recoge el Informe: “Clasificación (art. 105.3 y art. 109.1 y 2). A su regreso a la sede de la Central Penitenciaria de Observación cada especialista formula sus informes sobre todos los internos, según el modelo habitual. Reunidos en Junta de Tratamiento cada Equipo Técnico con el Coordinador Técnico, que preside, y el Jefe del Servicio de la Central, que actúa como Secretario, se exponen los informes sobre los internos desde las distintas especialidades y criterios de aplicación hasta llegar a los acuerdos correspondientes, normalmente por unanimidad. De estas sesiones de Junta de Tratamiento el Secretario levanta las correspondientes Actas que firman todos los asistentes”. 272 Vid. art. 105.3 del Reglamento Penitenciario, también el 103, 104 y 106; de la Ley Penitenciaria los arts. 65,72, y 76.2, f.

142

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

La clasificación que tienen los internos en el momento de ser estudiados por la Central son 1º y 2º grado273. En esta valoración final se hace una propuesta de tratamiento: se puede mantener la continuidad de la misma, progresar al 3º grado o incluso regresar al primero. El estudio puede ser a petición de ellos274. La Ley y el Reglamento recogen la progresión en el grado275. También es posible la regresión276.

273 El art. 101 del Reglamento Penitenciario se ocupa de los grados de clasificación. El art. 102 trata de las variables y criterios de clasificación: “3-. Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran las circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad. 4.- La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. 5.- Conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como ...”. 274 Art. 105.3 del Reglamento Penitenciario. Vid texto en infra nota 282. 275 Vid. arts. 65.2 y 72.3 de la Ley y 106.2 del Reglamento. 276 Vid. arts. 65.3 de la Ley y 106.3 y 108.1 del Reglamento.

CUARTA PARTE La prisión permanente revisable puede convertirse en indefinida, de por vida, por lo que debe ser derogada

Anteriormente se han contemplado los problemas que creará la aplicación de la prisión permanente revisable, en especial los derivados de su ejecución. Se trata ahora de constatar desde una situación real, empírica, más argumentos que justifican su derogación, pues buena parte de los condenados no superarían ni la primera ni las sucesivas revisiones. Esto no lo contempla el legislador que parece partir de la idea de que todos superarán la primera o posteriores revisiones. Eso no sucederá en algunos casos, lo que podría llevar a que la pena se convierta en indefinida, es decir, de por vida. Ante estas posible situaciones cabe plantearse si la pena, desde ese momento, se convierte en inhumana o degradantes y, por tanto, conculca el artículo 15 de la Constitución277. Se vuelve sobre el estudio de los 21 internos que habían permanecido en prisión ininterrumpida entre 9 y 23 años. Los datos los hemos tomamos de nuestra obra citada varias veces278, y ahora se utilizan para poner de manifiesto que si los componentes de la muestra hubieran sido condenados a prisión permanente revisable parte de ellos no superarían las revisiones para conseguir la libertad, por lo que la pena para ellos se convertiría en indefinida. Los estudios de referencia 277 278

Vi. supra pág. 18. El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social, 2012.

144

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

se amplían notablemente respecto al pronóstico comportamiento futuro en libertad, peligrosidad, factores que facilitan o dificultan la adaptación social, probabilidad de reincidencia… que junto con otros factores que sean han recogido en la parte anterior de esta obra, son los que ha de valorar el tribunal sentenciador para conceder, o no, la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional, según establece el artículo 92.1 del Código penal. El último de la segunda muestra, el número 11, cometió dos asesinatos, en uno de ellos la víctima era menor de dieciséis años; si se le juzgara ahora por esos hechos se le aplicaría la pena de prisión permanente revisable (art. 140.1.1ª. CP). Examinada su situación parece claro que, tras veintitrés años de prisión ininterrumpida, no superaría la primera revisión, ni probablemente las sucesivas, por lo que la prisión para él terminaría convirtiéndose en indefinida, de por vida. 1.

POR

QUÉ HAY INTERNOS QUE NO QUIEREN O NO SON CAPACES DE

ACCEDER AL TERCER GRADO, PESE A QUE ELLO LES FACILITA LA LIBERTAD

Hay penados que no acceden al tercer grado, requisito previo para poder obtener la libertad condicional -ahora, en la reforma del Código penal, con la suspensión de la ejecución de la pena-. Cumplen la condena en su integridad. Renuncian a ello, o no son capaces de reunir las condiciones necesarias para conseguirlo. De los 21 internos que componen las dos muestras objeto de esta parte del trabajo, solamente tres accedieron al tercer grado, 17 quedaron en el mismo grado, el segundo, y uno en el primero. Traemos esto a colación porque si hay sujetos que con una condena más corta que la prisión permanente revisable no son capaces de superar las condiciones que se le exigen para el acceso al tercer grado, más difícil lo tendrán los condenados con prisión permanente, con la diferencia que los sujetos de la muestra tienen una fecha límite de cumplimiento mientras que para los segundos se puede convertir en indefinida. Solamente tres -los que acceden al tercer grado- podrían superar la primera revisión.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

145

Un sujeto que se encuentre interno en prisión durante veinticinco años tiene pocas posibilidades de poder resocializarse, es decir reintegrarse a la sociedad y hacer vida normal sin necesidad de tener que volver a caer en el delito. La prisión cerrada, en términos generales, deteriora la posibilidad de resocialización. La recuperación social del delincuente es posible, pero poco probable; el proceso es muy complejo. Hay internos que directamente se niegan a recibir algún tipo de tratamiento, otros no colaboran o lo hacen de forma insuficiente. Siempre hay falta de personal y medios. La ayuda a los liberados es insuficiente279. Las posibilidades de éxito son muy bajas, y así lo viene a reconocer el legislador280. Un condenado a la pena de prisión permanente revisable tendría que programarse, una vez ingrese en prisión, para estar en condiciones de conseguir la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional a un horizonte de entre 25 y 35 años. No obstante las condiciones para superar la primera revisión -o sucesivas-, se tienen en cuenta en el momento de valorar las condiciones que se exigen: “existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”. Todos habían sido objeto de revisiones anteriores para progresar en grado y ninguno lo consiguió. Piden una nueva revisión a realizar por la Central Penitenciaria de Observación, cuyos resultados se recogen en este trabajo. Todos querían mejorar su situación, aunque solamente lo consiguen tres. En las prisiones hay internos que nunca acceden al tercer grado e incluso al segundo, por lo que cumplen la pena íntegra en prisión. 279

Dispone el artículo 35 de la Ley General Penitenciaria que “los liberados que se hayan inscrito en la Oficina de Empleo dentro de los quince días siguientes a su excarcelación y no hayan recibido una oferta de trabajo adecuado tendrán derecho a la prestación por desempleo en las condiciones que reglamentariamente se establezcan”. El capítulo VIII del RD 782/2001, de 6 de julio, se ocupa de la “Protección de Seguridad Social de los internos que trabajen en talleres penitenciarios”, en su art. 19 de recoge: “Los internos trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguriad Social…” 280 En la exposición de motivos del Código penal de 1995, en el párrafo primero de su apartado IV recoge: “Es notorio, sin embargo, que en determinados supuestos de especial gravedad ese efecto rehabilitador de la pena se ve dificultado, en la medida en que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia”.

146

2.

Alfonso Serrano Gómez - Isabel Serrano Maíllo

INTERNOS

EN PRISIÓN ININTERRUMPIDA ENTRE

9

Y

23

AÑOS QUE

NO CONSIGUIERON ACCEDER AL TERCER GRADO

Recogemos los resultados de los 21 internos indicados que han estado en prisión ininterrumpida entre 9 y 23 años (diez en la muestra de 1991 y once en la de 2008-2011). El estudio por la Central Penitenciaria de Observación fue por tratarse de internos difíciles281 o por haberles sido denegada la progresión en grado por las Juntas de Tratamiento 282; tenían problemas previos sobre su clasificación. Hay que pensar que los autores de delitos que conllevan consigo la prisión permanente revisable serán sujetos difíciles o especiales283 dentro de la criminalidad general, donde predominan los delincuentes contra el patrimonio. A pesar de la importancia que tiene estar clasificado en tercer grado, por los beneficios penitenciarios que lleva consigo284-entre ellos la posible libertad condicional 285- solamente tres accedieron a ese tercer grado, diecisiete siguieron en el segundo y uno en el primero. Aunque, como se acaba de apuntar, la muestra en general es sobre internos difíciles, ello pone de manifiesto que no quisieron o no pudieron acceder 281 Dispone el art. 109.2 del Reglamento Penitenciario respecto de las funciones de la Central Penitenciaria de Observación : “Dicha Central estudiará en los diversos Centros penitenciarios a aquellos internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para las Juntas de Tratamiento de los establecimientos o los grupos o tipos de aquéllos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del Centro Directivo”. En sentido similar el art. 70.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 282 Dispone el art. 105 del Reglamento Penitenciario: “Revisión de la clasificación inicial…3. Cuando una misma Junta reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurriera la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena”. El párrafo segundo del art. 65.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria tiene prácticamente el mismo contenido. 283 Sobre los delitos que se castigan con prisión permanente revisable vid. supra nota 8. 284 252 Vid. NIETO GARCÍA, A.J., «El acceso al tercer grado penitenciario: ¿Teleológico o real?», en La Ley, núm. 7737, 16 noviembre 2011. Vid. arts. 80 y ss. del Reglamento Penitenciario. 285 Según el art. 90.1. del CP : El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en tercer grado b) que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena. Que haya observado buena conducta…”

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

147

al tercer grado. Viendo los motivos por los que no se les propuso para el tercer grado hay que pensar que son muchas las probabilidades de que la situación no mejore en las revisiones posteriores. Si hipotéticamente se tratara de condenados a prisión permanente revisable no reunirán los requisitos que se les exige para superar las revisiones, por lo que no conseguirán la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional (artículo 92 CP), ni en la primera ni en las sucesivas. 2.1.

Muestra de internos del año 1991 en prisión ininterrumpida entre 9 y 16 años

Se recoge a continuación los resultados de los estudios indicados de la Central Penitencia de Observación realizados en 1991 sobre diez internos que estuvieron en prisión ininterrumpida entre nueve y dieciséis años. En la valoración final que hace el equipo reunido y las valoraciones particulares previas puede haber alguna modificación, pues ahora se actúa en conjunto y la decisión global puede producir cambios. En cuanto a la propuesta de tratamiento que se propone siete son en 2º grado, dos en 3º y uno en el 1º. Salvo los del grado 3º el resto no reúnen los requisitos para poder optar a salir en libertad, y es probable que en una revisión posterior la situación no mejore. Si se tratara de condenados a la pena de prisión permanente revisable es posible que la situación fuera peor, al menos para algunos, pues para la primera revisión tendrían que haber pasado al menos veinticinco años, lo que les podría llevar a una prisión indefinida en caso de no superarla. Se contemplan para cada uno de los componentes de la muestra el tiempo que han estado en prisión ininterrumpida: 1. Dentro del diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal, 1.2. Adaptabilidad social.1.3. Peligrosidad. 2. Pronóstico de comportamiento futuro ( en prisión y en libertad). 2.1. Datos positivos . 2 3. Datos negativos.3. Grado de tratamiento. Si examinamos todas las situaciones que concurren en cada uno de ellos se verá que todos – salvo los número 1 y 3 que seles clasifica en tercer grado- tendrán serias dificultades para superar las revisiones posteriores a las que sean someti-

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dos, es decir, acceder al tercer grado. Es posible que alguno pase al tercer grado, pero no todos. De ello hay que deducir que si estuvieran condenados a prisión permanente revisable todavía tendrían más dificultades para superar la primera y posteriores revisiones. Al estar más tiempo en prisión es probable que sean mayores los problemas para conseguir que el tribunal que ha de resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional “determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social”. 1.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 12 años y seis meses. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal: madia-alta.1.2. Adaptabilidad social: media-baja. 1.3. Peligrosidad: media-alta. 2. Pronóstico de comportamiento futuro (en prisión: de dudoso a tendente favorable, en libertad: dudoso). 2.1. Datos positivos: capacidad intelectual de tipo medio con índice de realidad bien conservado. Ambiente educativo familiar normal, algo pobre, con proceso educativo normal así como escolaridad. Actividad laboral normal, aunque con mucha movilidad, pero continuada. Buena vinculación con la familia de origen, que le acogerá y prestará apoyo. Primariedad delictiva y penitenciaria al ingresar en prisión. Mejoría en su conducta penitenciaria. 2.2. Datos negativos: personalidad obsesiva compulsiva con leve matización esquizoide, inmaduro. Conflictividad matrimonial originada por la estrechez económica que lleva a la esposa a la prostitución y a él al parricidio. Incremento de actividad delictiva cuando cumplía condena en régimen abierto influenciado por la mujer dada su influenciabilidad e inseguridad interior.3.Grado de tratamiento: 3º (tres votos a favor del 2º grado). 2.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 13 años y un mes. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal de media-alta a alta.1,2. Adaptabilidad social: de media-baja a baja. 1.3. Peligrosidad: de media-alta a alta.2. Pronóstico de comportamiento futuro (en prisión: dudoso a tendente a favorable, en libertad: dudoso).2.1. Datos positivos: buenas relaciones con la familia que está dispuesta a prestarle ayuda. Buenas aptitudes mentales. Mejoría en el sistema de actitu-

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des. Buena disposición para el trabajo.2.2. Datos negativos: acusada inmadurez afectivo-emocional. Proceso educativo con falta de regularidad a la escuela consentido por los padres. Irregular ocupación laboral con frecuente cambios de trabajos. Falta de cualificación laboral. Irregular adaptación penitenciaria. Ausencia de reconocimiento de actividad delictiva (se siente víctima). 3. Grado de tratamiento: 2º. 3.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 16 años y siete meses. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1.Capacidad criminal: de media-alta a alta.1.2.Adaptabilidad social: media. 1.3. Peligrosidad: media-alta.2. Pronóstico de comportamiento futuro (en prisión: tendente a favorable, en libertad: dudoso) .2.1. Datos positivos: proceso educativo normal en el seno de familia bien estructurada. Escolaridad normal y positiva adaptación. Buenas relaciones con la familia de origen. Buena disposición para el trabajo y cierto grado de profesionalización.2.2.Datos negativos: personalidad caracterialmente obsesiva, con acusada inmadurez afectivo-emocional. Proceso d socialización influido negativamente por la pérdida del padre durante la niñez y por el contacto con la subcultura de la droga en su juventud. Drogodependencia durante más de un año. Inestabilidad laboral. Conducta penitencia irregular aunque tiende a mejorar.3. Grado de tratamiento: 3º. 4.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 13 años y dos meses.1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal: de media-alta a alta.1.2. Adaptabilidad social: de baja a media-baja.1.3.Peligrosidad: alta. 2. Pronóstico de comportamiento futuro (en prisión: tendente a favorable, en libertad: tendente a desfavorable). 2.1. Datos positivos: mejoría en las relaciones con la familia. Aceptable nivel de instrucción y de la capacidad para integrarse en el campo laboral. Buena adaptación penitenciaria. 2.2. Datos negativos: personalidad inmadura, con muestras de inseguridad interior. Proceso educativo deficiente por incapacidad de aceptar la disciplina familiar, fugas de hogar, internamiento en casa de corrección. Proceso de socialización influido negativamente por el contacto con adolescentes marginados, rechazo a la figura pa-

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terna. Falta de experiencia laboral estable. Carrera delictiva iniciada precozmente, determinante del “rol” de delincuente atracador profesional. Personalidad hedonista, egocéntrica. 3.Grado de tratamiento: 2º. 5.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 10 años y dos meses. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1,1. Capacidad criminal: alta. 1.2. Adaptabilidad social: de baja a media baja. 1.3. Peligrosidad: alta. 2. Pronóstico de comportamiento futuro (en prisión: desfavorable, en libertad: desfavorable). 2.1. Datos positivos: buenas relaciones con la familia de origen. Ligera mejoría en la adaptación penitenciaria. 2.2. Datos negativos: personalidad obsesivo compulsiva que asienta sobre irritable base psicasténica, fuerte oposicionismo agresivo. Deficiente proceso educativo (ausencia temporal del padre, inadaptación escolar, bajo rendimiento). Proceso de socialización influido negativamente por las compañías de su barrio. Drogadicción con elevada adicción desde la adolescencia hasta después de su ingreso en prisión. Elevada frialdad puesta de manifiesto en la eliminación de dos correos en actos que aunque tipificados como homicidios bordean el asesinato. Ausencia de experiencia laboral y de cualificación profesional. Mala adaptación penitenciaria. Sistema de actitudes desfavorable. Falta de sinceridad. 3.Grado de tratamiento: primer grado. 6.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 11 años dos meses. 1. Diagnóstico del estado peligrosos: 1.1. Capacidad criminal: de media-alta a alta.1.2. Adaptabilidad social: mediabaja.1.2.3.Peligrosidad: media-alta a alta. 2.Pronóstico de comportamiento (en prisión: tendente a favorable, en libertad: dudoso). 2.1. Datos positivos: capacidad intelectual algo superior al tipo medio. Mejoría en su adaptación penitenciaria. 2.2. Datos negativos: ambiente educativo familiar de pobreza a todos los niveles (económica cultural). Escolaridad irregular y sin interés. Confiesa abandono del trabajo a los 17 años, sin que después haya trabajado nunca. Desvinculación de la familia. Iniciación delictiva en su país de origen donde se integró en grupos delictivos de alta peligrosidad. Persona-

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lidad algo inmadura con ciertos desajustes de tipo neurótico. Escasa sinceridad.3. Grado de tratamiento: 2º. 7.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 9 años y seis meses. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal: media-alta .1.2. Adaptabilidad social: de media-baja a media. 1.3. Peligrosidad: medi-alta. 2. Pronóstico de comportamiento (en prisión: tendente a favorable, en libertad: tendente a desfavorable). 2.1. Datos positivos: aceptables relaciones con la familia. Ligera mejoría en la adaptación penitenciaria. 2.2. Datos negativos: personalidad neurótico-depresiva con probable síndrome orgánico (“órgano neurosis”). Proceso educativo muy deficiente (familia de etnia marginada, pobreza económica, familia muy numerosa, escasa escolaridad). Proceso de socialización influido negativamente por el alcoholismo del padre, el abandono, la marginación y aprendizaje de conductas subculturales. Falta de experiencia laboral y de cualificación profesional. Drogadicción en la etapa de quebrantamiento de condena. Irregular comportamiento en el prisión. Carrera delictiva iniciada precozmente y muy arraigada. 3. Grado de tratamiento: 2º. 8.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 10 años y seis meses. 1.Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal: de media-alta a alta.1.2. Adaptabilidad social: media-baja. 1.3. Peligrosidad: de media-alta a alta. 2.Pronóstico de comportamiento (en prisión: tendente a favorable, en libertad: dudoso a tendente a desfavorable).2.1. Datos positivos: mejoría en la adaptación penitenciaria. Buenas relaciones con la familia de origen que está dispuesta a ayudarle. 2.2. Datos negativos: inmadurez afectiva emocional y alteración del estado de ánimo (atribuida a su estado de salud). Proceso educativo deficiente (falta de control familiar, mala adaptación escolar). Proceso de socialización influido negativamente por el prematuro abandono del hogar y el contacto con ambientes marginales. Consumo de drogas desde los 16 años con etapas de fuerte adicción. Escasa experiencia laboral y falta de cualificación profesional. Carrera delictiva influida por la adicción a las drogas. 3. Grado de tratamiento: 2º.

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9.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 11 años y cinco meses. 1. Diagnóstico del estado peligroso: 1.1. Capacidad criminal: de media-alta a alta.1.2. Adaptabilidad social: de media-baja a baja.1.3.Peligrosidad: de media-alta a alta. 2. Pronóstico de comportamiento (en prisión: favorable, en libertad: dudoso). 2.1. Datos positivos: buenas relaciones con la familia. Buena conducta penitenciaria. Cierta profesionalidad en el campo de la construcción. 2.2. Datos negativos: personalidad inmadura en la vertiente afectivo-emocional con destaca dosis de inseguridad interior, rasgos esquizoidesparanoides. Deficiente proceso educativos a causa del escaso interés de los padres, irregularidad escolar, pobreza cultural. Bajo nivel de instrucción. Carrera delictiva iniciada tarde pero con gran intensidad y consiguiente asimilación de valores delincuenciales. 3. Grado de tratamiento: 2º. 10.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 10 años y un mes. 1. Diagnóstico del estado peligroso:1.1. Capacidad criminal: de media-alta a alta. 1.2. Adaptabilidad social: media-baja. 1.3. Peligrosidad: de media-alta a alta. 2. Pronóstico de comportamiento (en prisión: de dudoso a tendente a favorable, en libertad: muy dudoso). 2.1. Datos positivos: buenas aptitudes mentales y psicomotrices. Cierto grado de profesionalidad como electricista. Aceptable nivel de instrucción. 2.2. Datos negativos: personalidad obsesiva, secundariamente depresiva que asienta sobre base psicasténica. Irregular proceso educativo por inadaptación escolar y familiar, falta de rendimiento, fugas…Proceso de socialización influido negativamente por la pérdida del padre y prematuro contacto con jóvenes inadaptados. Bebedor excesivo de alcohol. Inadaptación laboral por cambios de empresa. Carrera delictiva iniciada desde la inadaptación familiar y escolar, con arraigo de valores delincuenciales. Irregular adaptación penitenciaria. 3.Grado de tratamiento: 2º. 2.2.

Muestra de internos de los años 2008-2011 en prisión ininterrumpida entre 9 y 23 años

Presentamos los resultados sobre una muestra de 11 internos que se encontraban en prisión ininterrumpidamente en-

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tre 9 y 23 años. En principio hay que indicar que ocho de ellos están en situación de prisionizados, según recogen los propios informes de la Central la prisionización consiste en la “adopción del sistema de valores y actitudes subculturales propio de la población internada que obstaculiza su reinserción social. La prisionización elevada dificulta el proceso de recuperación y reintegración social en la medida en que se opone y dificulta la normalización social”286. Aquí ya nos encontramos con una situación que va a suponer un serio obstáculo para la resocialización del condenado a pena de prisión permanente revisable, cuando se les hiciera el primer estudio transcurridos 25 años de prisión. En realidad es prácticamente irrecuperable, salvo que reciba un apoyo importante en su vida en libertad, lo que será complicado y poco probable. Se observará que normalmente no tenían profesión antes de ingresar en la cárcel, carecen de hábitos laborales y cualificación profesional; tienen problemas de drogas, sistema de actitudes prosociales no integrado, inmadurez personal e inconsistencia; muchos son reincidentes. Como en la muestra anterior se contemplan varios aspectos, además de tiempo ininterrumpido en prisión. La diferencia es que debido a las variaciones en el sistema de trabajo de la Central de Observación ahora se recogen: 1. Factores que facilitan la adaptación social. 2. factores que la dificultan. 3. Probabilidad de reincidencia .4. Propuesta de grado de clasificación. El resultado sobre las dificultades de resocialización de los sujetos de ambas muestras vienen a ser similares. Se especifican a continuación cuáles son los factores favorables y desfavorables que aprecian los componentes del equipo de la Central de Observación una vez realizado el estudio en el área penal, pedagógica-sociológica y psicológica. También se recoge el pronóstico sobre la probabilidad de reincidencia en caso de quedar en libertad. Se adelanta las pocas posibilidades que existen de que el penado pueda superar todos los problemas que tiene que resolver, antes de quedar en libertad definitiva; parte de ellos se mantendrán al incorpo286

Vid. supra pág. 134.

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rarse a la sociedad, lo que dificultará su resocialización. Los once internos se encontraban cumpliendo condena. Hay que indicar que en la valoración final que hace el equipo puede haber alguna variación con respecto a los informes individuales. En la propuesta de clasificación con respecto al tratamiento a excepción de uno -que progresa del 2º al 3º grado- en resto mantienen la clasificación que tenían: 2º grado. También hay que indicar que nosotros solamente recogemos parte del contenido de los informes, a fin de dar una visión general de los factores que consideramos de mayor interés, de entre todos los que afectan a los componentes de la muestra287. Por esta razón, entre los factores favorables o desfavorables de adaptación, que se incluyen en los estudios que se incorporan a continuación, pueden aparecer algunos que nosotros no recogemos pero que si están -o se deducen- en el contenido completo de los informes que hemos manejado. 1.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 22 años y dos meses. 1. Factores que facilitan su adaptación: sólo el apoyo familiar. 2. Factores que dificultan su adaptación: disfrute de permisos con incidencias negativas. Carrera delictiva consolidada. Responsabilidad civil no satisfecha. Ausencia de hábitos laborales y de cualificación profesional. Inicio precoz de la actividad delictiva. Antecedentes de ingreso en centro de reforma. Baja o nula colaboración en actividades organizadas en la actualidad. Marginalidad social. Sistema de actitudes prosociales deficientes. Inmadurez personal e inconsistencia. Drogodependencia no superada, sin tratamiento. Consumo de cocaína al reingreso de un permiso.3. Probabilidad de reincidencia: alta, en función de la evolución de su toxicomanía .4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 287 Por ejemplo: en el área personal solamente recogemos lo referente a la esfera cognitiva: Dotación intelectual, asunción delictiva, capacidad de resolución de conflictos, estilo cognitivo autocontrol. No se recoge, para no extendernos demasiado, “la esfera personal que comprende: habilidades sociales, madurez y equilibrio personal, nivel de agresividad, impulsividad, sistema de actitudes, otros descriptores y alteraciones psicopatológicas.

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2.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 9 años. 1. factores que facilitan su adaptación: sanciones canceladas en noviembre de 2009. Vinculación familiar con los padres. Ambiente familiar y social favorable al cambio conductual. Implicación en actividades programadas. Participación en programa de tratamiento para la superación problemática tóxica: PMM. Ausencia de alteración psicopatológica. Buena adaptación penitenciaria, ausencia de sanciones. 2. factores que dificultan su adaptación: reincidencia y habitualidad delictiva. Cuantía de la condena, periodo de cumplimiento en que se encuentra. No disfruta de permisos en la actualidad. Responsabilidad civil no satisfecha. Proceso educativo y de socialización deficiente (ausencia de control, fracaso escolar, integración en ambientes marginales, fugas del hogar). Falta de cualificación profesional y de hábitos laborales. Tendencia a la inestabilidad emocional e impulsividad. Sistema de actitudes prosociales no integrado. Pobre repertorio de habilidades interpersonales así como de herramientas eficaces para la resolución de problemas. Recepción de nueva causa penada. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 3.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 12 años y once meses. 1. Factores que facilitan su adaptación: sanciones canceladas en octubre de 2009. Reinicia el disfrute de permisos en octubre de 2009. Apoyo familiar. Ausencia de alteración psicopatológica. 2. Factores que dificultan su adaptación: reincidencia y habitualidad delictivas. Irregular trayectoria penitenciaria. Responsabilidad civil no satisfecha. Larga trayectoria delictiva iniciada de forma precoz. Marginación social importante. Ausencia de hábitos y formación laboral, así como de proyecto de reintegración social ajustado a sus posibilidades reales. Pocas garantías de control externo. Tendencia a la inestabilidad emocional e impulsividad. Toxicomanía sin intentos rehabilitadores comprometidos. Sistema de actitudes prosociales no integrado. Inmadurez personal e inconsistencia. Escasa capacidad de autocontrol y baja tolerancia a la frustración lo que dificulta el proceso de cambio.

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3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 4.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 14 años y un mes. 1. Factores que facilitan su adaptación: permisos disfrutados. Conducta penitenciaria normalizada. Satisfacción de alguna parte de responsabilidad civil 130 y compromiso personal firmado. Apoyo familiar. Oferta laboral. Toxicomanía controlada en última época. 2. Factores que dificultan su adaptación: tipología y gravedad delictiva. Reincidencia. Delito cometido en permiso. Ausencia de controles externos efectivos (familiares, sociales o institucionales). Adopción de un estilo de vida delincuenciado por larga trayectoria delictiva. Cierta inmadurez personal e inconsistencia. Sistema de actitudes prosociales no-integrado. 3. Probabilidad de reincidencia: medio, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 5.-. Tiempo ininterrumpido en prisión: 10 años y un mes. 1. Factores que facilitan su adaptación: buena adaptación penitenciaria, ausencia de sanciones. Disfruta permisos sin incidencias negativas. Manifiesta haber iniciado el pago fraccionado de la responsabilidad civil. Apoyo familiar. Hábitos laborales sin consolidar, que ha ido consolidando en prisión. Oferta laboral. Posibilidad de empleo u ocupación. Motivación actual favorable al cambio. Desempeño adecuado e puestos de trabajo. Dispone de vivienda propia o de su cónyuge. No constancia de consumo en la última época. Predominio de la estabilidad emocional. Ausencia de alteración psicopatológica. 2. Factores que dificultan su adaptación: vínculos familiar con efectos negativos. Deficiente nivel cultural y formativo. Marginalidad social. Sistema de actitudes prosociales no integrado. Impulsividad. 3. Probabilidad de reincidencia: media., en función de la evolución de su toxicomanía. 4 Propuesta de clasificación: progresión a 3º grado. 6.-Tiempo ininterrumpido en prisión: 9 años y siete meses. 1. Factores que facilitan su adaptación: sanciones canceladas en 2007. Manifiesta haber iniciado el pago fraccionado de la

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responsabilidad civil. Apoyo familiar. Hábitos laborales sin consolidar. Participación en actividades programadas. Inicio en septiembre de 2009 de PMM. 2. Factores que dificultan su adaptación: reincidencia delictiva. No disfruta permisos. Causa pendiente. Entorno desfavorable de reinserción social. Ausencia de cualificación profesional. Marginalidad social. Tendencia a la inestabilidad emocional e impulsividad. Toxicomanía sin intentos rehabilitadores comprometidos. Inmadurez personal e inconsistencia. Cierta impermeabilidad actitudinal. Pobre repertorio de habilidades interpersonales así como de herramientas eficaces para la resolución de problemas. Probabilidad de reincidencia: medio-alta. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 7.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 9 años y un mes. 1. Factores que facilitan su adaptación: sanciones canceladas en diciembre de 2008. Vinculación familiar. Desempeño adecuado de destino. Participación en programa de tratamiento para la superación problemática tóxica: PMM. 2. Factores que dificultan su adaptación: irregular trayectoria penitenciaria. Responsabilidad civil no satisfecha. No disfruta permisos. Desestructuración familiar. Proceso educativo y de socialización deficiente por el ambiente marginal y vinculado al consumo de drogas. Falta de cualificación profesional y de hábitos laborales. Antecedentes de ingreso en centro de reforma. Tendencia a la inestabilidad emocional e impulsividad. Sistema de actitudes prosociales no integrado. Inmadurez personal e inconsistencia. Pobre repertorio de habilidades interpersonales así como de herramientas eficaces para la resolución de problemas. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 8.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 12 años y un mes. 1. Factores que facilitan su adaptación: buena adaptación penitenciaria, ausencia de sanciones. Vinculación y apoyo familiar. Planificación realista del proceso de reinserción social.

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No constancia consumo en última época. 2. Factores que dificultan su adaptación: reincidencia delictiva. Irregular trayectoria penitenciaria. Cuantía de la condena, periodo de cumplimiento en que se encuentra. No disfruta permisos. Falta de cualificación profesional y escasos hábitos laborales. Baja o nula colaboración en actividades organizadas en la actualidad. Impulsividad. Toxicomanía sin intentos rehabilitadores comprometidos. Inmadurez personal e inconsistencia. Tendencia a la inestabilidad emocional y escasa tolerancia a la frustración. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la problemática tóxica. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento 9.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 11 años nueve meses. 1. Factores que facilitan su adaptación: vinculación familiar con la compañera. 2. Factores que dificultan su adaptación: tipología delictiva: gravedad de algunos de los hechos punibles. Habitualidad delictiva. Cuantía de la condena, periodo de cumplimiento en que se encuentra. No disfruta permisos. Responsabilidad civil no satisfecha. Desestructuración familiar. Proceso educativo y de socializacion deficiente por el ambiente marginal y vinculado al consumo de drogas. Falta de cualificación profesional y de hábitos laborales. Entorno desfavorable de reinserción social. Antecedentes de ingreso en centro de reforma. Baja o nula colaboración en actividades organizadas en la actualidad. Tendencia a la inestabilidad emocional e impulsividad. Problemática alcohólica sin tratamiento. Cierta rigidez cognitiva. No ha realizado el programa específico de agresores sexuales. No asunción de la responsabilidad delictiva. Escasa empatía hacia la víctima. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 10.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 10 años y tres meses. 1. Factores que facilitan su adaptación: estado avanzado de cumplimiento de condena. Permisos disfrutados sin que consten incidencias negativas. Conducta penitenciaria normalizada. Apoyo familiar. Apoyo social (iglesia evangélica). Voluntad de cambio. Cierta permeabilidad actitudinal.

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2. Factores que dificultan su adaptación: tipología delictiva. Habitualidad. Reiteración delictiva. Comisión de delito en libertad condicional. Larga trayectoria penitenciaria con numerosos ingresos en prisión. Pocas garantías de control externo. Proyecto personal de futuro poco definido o consistente. Ausencia de ingresos propuso o ayudas compensatorias por el momento. Inmadurez personal e inconsistencia. Sistema de actitudes prosociales no integrado. Toxicomanía sin intentos rehabilitadores. 3. Probabilidad de reincidencia: medio-alta, en función de la evolución de su toxicomanía. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en 2º grado de tratamiento. 11.- Tiempo ininterrumpido en prisión: 23 años y un mes. 1. Factores que facilitan su adaptación: toxicomanía controlada en la última época. 2. Factores que dificultan su adaptación: tipología delictiva (asesinatos). Reincidencia. Irregular trayectoria penitenciaria. Ausencia de permisos que permitan valorar su capacidad de adaptación. Estancia muy prolongada en prisión. Ausencia de controles externos efectivos (familiares, sociales o institucionales). Proyecto de futuro sin cambios en su estilo de vida (escasamente normalizado). Inmadurez personal y tenencia a la inestabilidad emocional. Indicadores de trastorno antisocial de la personalidad y de control de impulsos. Cierta rigidez cognitiva e impermeabilidad actitudinal. Repertorio conductual deficiente. 3. Probabilidad de reincidencia: alto. 4. Propuesta de clasificación: continuidad en el 2º grado de tratamiento. Consideración final.- Visto el contenido de la situación en que se encontraban 18 de los 21 componentes de las muestras, es elevada la probabilidad de que parte de ellos, si hipotéticamente hubieran sido condenados a prisión permanente revisable no superarían los requisitos exigidos para conseguir la suspensión de la ejecución de la pena y la libertad condicional, ni en la primera ni en las sucesivas revisiones, por lo que la prisión para ellos terminaría convirtiéndose en indefinida, de por vida. Es parcial la promesa que hace el legislador en el inciso final del párrafo segundo el apartado II del preámbulo de la Ley de reforma del Código penal con respecto a

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la prisión permanente revisable: “El pronóstico favorable de reinserción social…garantiza un horizonte de libertad para el condenado”. ¿Y a qué pueden aspirar los que no tengan ese pronóstico favorable?288: a la esperanza289. Por todo lo expuesto: la prisión permanente revisable debe ser derogada. Anexo Se recoge la evolución de los condenados de ambos muestras, en prisión ininterrumpida entre 12 y 23 años, que no pudieron acceder al tercer grado, pese a los beneficios que conlleva. La fecha que aparece al final de cada número corresponde a la revisión realizada por la Central Penitenciaria de Observación, cuyos datos se recogen en el presente trabajo. Hay otras revisiones de los internos que no se contemplan en los estudios porque no se modifica la clasificación que tenían. Muestra de 1991. Número 2. Se le clasifica en 2º grado el 3-8-84, accede al 3º en 1986, regresa al 2º en 1989 y se mantiene en este grado en la última revisión de 1991. Número3. Se le clasifica en 2º grado el 10-10-84 y lo mantiene en dos revisiones de 1986 y 1991. Número 4. Se le clasifica en 2º grado el 28-2-83, accede al 3º en 1989, regresa al 2º en 1989 y no varía en la último revisión de 1991. Muestra de 2008-2011. Número 1. Se le clasifica en 2º grado el 5-2-1991, regresa al 1º en 1992, vuelve al 2º en 1995, regresa al 1º en 2000, y vuelve al 2º en 2001, lo mantiene en revisiones de 2008 y 2009. Número 3. Se le clasifica en 2º grado el 26-7-99 , lo mantiene en dos revisiones de 2009 y la última de 2010. Número 4. Se le clasifica en 2º grado el 8-9-1998, accede al 3º en 2006, vuelve al 2º en 2007, no varía en dos revisiones de 2009 y en otras dos en 2010. Número 8. Se le clasifica en 2º grado el 15-10-99, accede al 3º en 2006, vuelve al 2º en 2006 que no varía en revisiones de 2007 y 2008, dos de 2010 y la última de 2011. Número 11. Se le clasifica en 2º grado el 29-8-96, regresa al 1º en 2003, tras varias revisiones vuelve al 2º en 2010, lo mantiene en dos revisiones de 2011, una de ellas la última. 288

Vid. supra pág. 18. Vid LANDA GOROSTIZA, J.M., “Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015: ¿Derecho a la esperanza?”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 17-18, 2015. 289

PUBLICACIONES DE ALFONSO SERRANO GÓMEZ

I. LIBROS 1. Delincuencia juvenil en España. Estudio Criminológico, Editorial Doncel, Madrid, 1970. 2. Sustracción de vehículos en España, Imprenta del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1970. 3. Derecho penal. Parte general (colaboración), Uned, Madrid, 1974. 4. Prevención del delito y tratamiento del delincuente (V Congreso Naciones Unidas), Artes gráficas C.I.M., Madrid, 1976. 5. Fraude tributario. Delito fiscal, Edersa, Madrid, 1977. 6. El delincuente español (Factores concurrentes) (coautor). Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, Madrid, 1978.(Hay una edición facsímil, con prólogo de H. Kury y epílogo de A. Serrano Maíllo, Dykinson, Madrid, 2009). 7. Problemas de seguridad en las entidades bancarias, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1979. 8. Legislación (Derecho penal), Uned, Madrid, 1.ª ed.; 1980; 2.ª ed., 1983; 3.ª ed., 1990. 9. Introducción a la Ciencia del Derecho penal, Rugarte, Madrid, 1981. 10. La reforma del Código penal de 1983. Parte general, Uned, Madrid, 1984. 11. Actualización de la obra de J. M. Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte general, Dykinson, Madrid, 9.ª ed., 1985; 10.ª ed., 1987; 11.ª ed., 1988; 12.ª ed., 1989; 13.ª ed., 1990; 14.ª ed., 1991. 12. El coste del delito y sus víctimas en España, Uned, Madrid, 1986.

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13. Actualización de la obra de J. M. Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte especial, Dykinson, Madrid, 10.ª ed., 1987; 11.ª ed., 1988; 12.ª ed., 1989; 13.ª ed., 1990; 14.ª ed., 1991. 14. Con J. M. Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte general, Dykinson, Madrid, 15.ª ed., 1992; 16.ª ed., 1993; 17.ª ed., 1994; 18.ª ed., 1995. 15. Con J. M. Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte especial, Dykinson, Madrid, 15.ª ed., 1992; 16.ª ed., 1993; 17.ª ed., 1994; 18.ª ed., 1995. 16. Casos prácticos de Derecho penal, Dykinson, Madrid, 1.ª ed., 1985; 2.ª ed., 1987; 3.ª ed., 1990; 4.ª ed., 1993; 5.ª ed., 1994. 17. Derecho penal. Parte especial, Dykinson, Madrid, 1.ª ed., 1996-1997; 2.ª ed., 1997; 3.ª ed., 1998; 4.ª ed., 1999; 5.ª ed., 2000; 6.ª ed., 2001; 7.ª ed., 2002; 8.ª ed., 2003; 9.ª ed., 2004; 10.ª ed., 2005; 11.ª ed., 2006; 12ª ed., 2007; 13ª ed., 2008; 14ª ed., 2009; 15ª ed. 2010; 16ª ed. 2011; (las siete últimas ediciones con A. Serrano Maíllo). 18. La prescripción del delito (Tres cuestiones), Dykinson, Madrid, 2003. 19. Historia de la Criminología en España, Dykinson, Madrid, 2007. 20. El mandato constitucional hacia la reeducación y reinserción social (con I. Serrano Maíllo) Dykinson, Madrid, 2012. 21. Corrupción en la Universidad. La ley y sus efectos negativos en la selección del profesorado, Dykinson, Madrid, 2015. 22. Curso de Derecho penal. Parte especial (con A. Serrano Maíllo, M D. Serrano Tárraga y C.Vázquez González), Dykinson, Madrid, 1ª ed. 2014; 2ª ed., 2015; 3ª. ed., 2016. 23. Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su derogación (con I. Serrano Maíllo), Dykinson, Madrid, 2016.

II. ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS Y CAPÍTULOS DE LIBROS COLECTIVOS (CLASIFICADOS POR MATERIAS) 1. Historia de las ciencias penales 24. «La Criminología en los primeros autores clásicos», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1973, fascículo I. 25. «Centenario de “L’Uomo delinquente”», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1976, fascículo III. 26 El correccionalismo, en Revista de Policía, núms. 164, 167 y 168, 1975-76

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27. «Don José Antón Oneca. In memoriam», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1981, fascículo II-III. 28. «El delincuente en la novela picaresca y su reflejo en la actualidad», 1983. 29. «El delincuente contra la propiedad en el Siglo de Oro», 1984. 30. «In memoriam. Don José María Rodríguez Devesa», en Cuadernos de Política Criminal, núm. 34, 1988. 31. «El profesor Rodríguez Devesa: su obra», en Estudios de Derecho penal y Criminología en homenaje a Rodríguez Devesa, Uned, Madrid, 1989. 32. «Franco Ferracuti. In memoriam», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 2, 1992. 33. «Don José Antón Oneca en el Proceso del General Sanjurjo y su voto reservado», en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 2, 1992. 34. «La delincuencia en el período isabelino», en V Seminario Duque de Ahumada, Guardia Civil, Madrid, 1993. 35. «El sesquicentenario de la Comisión de Codificación de 1843», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 3, 1993. 36. «Don José Antón Oneca. Centenario de su nacimiento», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 6, 1996. 37. «Don Eugenio Cuello Calón», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 6, 1996. 38. «La paradoja del descubrimiento de la Criminología en España. Un capítulo» (coautor), en La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor José Cerezo Mir, Tecnos, Madrid, 2002. 39. «Centenario de la Escuela de Criminología» (coautor), en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 14, 2004. 40. «Una nota sobre la recepción de la escuela positiva italiana y el nacimiento de la Criminología en España», en Studi in onore di Giorgio Marinucci, I - Teoria del Diritto penale, Criminologia e Politica criminale (a cargo de E. Dolcini y C. E. Paliero), Giuffrè editore, Milano, 2006. 41. «La teoría criminológica de Salillas», en Revista de Estudios Penitenciarios, homenaje al Profesor Francisco Bueno Arús, 2006. 42. «La metodología del estudio histórico de la Criminología en España. Una hipótesis sobre su nacimiento» (coautor). En Estudios de Historia de las Ciencias criminales en España (Javier Alvarado Planas y Alfonso Serrano Maíllo, eds.), Dykinson, Madrid, 2007.

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43. «La Antropología criminal en la historia de la Criminología española», en libro homenaje a Ruperto Núñez Barbero (coautor) Universitatis Vitae, Salamanca, 2007. 44. «El delito natural según Garofalo», Revista de Derecho Penal y Criminlogía, núm. 16, 2016.

2. Derecho penal 45. «El hurto de uso y la reforma del Código penal», en Revista de Estudios Penitenciarios, julio-agosto, 1967. 46. «La edad penal», en Revista de Estudios Penitenciarios, mayo, 1969. 47. «Derecho penal, Derecho natural y Derecho positivo», 1973. 48 «Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1974, fascículo II. 49. «Modificaciones a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social», en Revista de Estudios Penitenciarios, 1974. 50. «Modificaciones de la Legislación penal en 1974», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 25 noviembre 1974. 51. «Utilización ilegítima de vehículos de motor ajenos», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1975, fascículo I. 52. «La reincidencia en el Código penal», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1976, fascículo I. 53. «Culpabilidad y pena», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 25 junio 1977. 54. «Juegos ilícitos», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1977, fascículo II. 55. «Los principios de legalidad e irretroactividad en el Anteproyecto de Constitución Española», en Anuario Uned de Las Palmas, 1977. 56. «La función preventiva del Derecho penal», en Cuadernos de Política Criminal, núm. 4, 1978. 57. «La habitualidad como agravante», en Revue Internationale de Droit Penal, 1978. 58. «El principio de legalidad», en Lecturas sobre la Constitución Española, II, Uned, Madrid, 1978. 59. «Los fines de la pena», en Lecturas sobre la Constitución Española, II, Uned, Madrid, 1978. 60. «El delito político», en Lecturas sobre la Constitución Española, II, Uned, Madrid, 1978.

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61. «La pena de muerte», en Lecturas sobre la Constitución Española, II, Uned, Madrid, 1978. 62. «Las medidas de seguridad en la Constitución Española», en Revista Lex, núm. 12, Panamá, 1979. 63. «Modificación del Código penal en materia de reiteración y reincidencia», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núms. 3-4, 1979. 64. «Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables en la Constitución Española», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 5 diciembre 1979. 65. «Habitualidad y reincidencia», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, núm. 27, Caracas, 197980. 66. «La pena de muerte en el Real Decreto-ley 45/78, de 21 de diciembre», en Revista de Estudios Penitenciarios, 1980. 67. «Utilización indebida de vehículos en el Proyecto de Código penal», en Boletín de la Facultad de Derecho, Uned, núms. 6-7, 1981. 68. «Libertad religiosa y delitos contra las confesiones», en Anuario Uned de Albacete, núm. 4, 1982. 69. «La reincidencia en la reforma del Código penal de 1983», en Boletín del Colegio de Abogados de Madrid, núm. 2, 1984. 70. «Societas delinquere non potest», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núms. 11-12, 1984. 71. «Delitos contra la libertad de conciencia», en Reforma del Código penal de 1983, vol. 2.º Edersa, Madrid, 1985. 72. «Enajenación mental y trastorno mental transitorio», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núms. 13-14, 1985. 73. «Delito continuado», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, 1985. 74. «Jurisprudencia y política criminal», en Actualidad Penal, núm. 2, enero 1987. 75. «Delitos contra la Hacienda pública», en Actualidad Penal, núm. 29, julio 1987. 76. «Infracciones del derecho de autor», en Anuario Uned de Albacete, 1988. 77. «Supuestos de aborto no punible del artículo 417 bis del Código penal», en Actualidad y Derecho, núm. 17, abril, 1988. 78. «El intrusismo en la Odontología», en Actualidad Penal, núm. 21, mayo, 1988.

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79. «El tráfico ilegal de drogas en el Código penal», en Cuadernos de la Guardia Civil, núm. 1, 1989. 80. «El terrorismo en el Derecho español», en Criminología y Derecho penal al servicio de la persona. Libro homenaje al Profesor Antonio Beristáin, 1989. 81. «Las lesiones en el Código penal», en Anales Uned de Albacete, 1989. 82. «El nuevo Código penal cubano», en Doctrina Penal, núm. 53/54, Buenos Aires, 1991. 83. «La pena de muerte en el Código penal cubano», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, 1992. 84. «La habitualidad en el delito de receptación», en Actualidad Penal, núm. 19, 1992. 85. «Responsabilidad penal en la administración de sociedades y auditorias de cuentas», en Actualidad Penal, núm. 28, 1993. 86. «Adaptación del Código Penal a la Convención de Viena de 1988 en materia de estupefacientes», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 4, 1993. 87. «Derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante y retroactividad», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 5, 1994. 88. «El Proyecto de Código penal de 1994 y las previsiones del artículo 88 de la Constitución», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 4, 1994. 89. «Código penal de 1995. Antecedentes», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 5, 1995. 90. «Réquiem por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 6, 1996. 91. «Prescripción de delitos», Economist and Jurist, 1996. 92. «¿Réquiem por los delitos monetarios?», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 320, 1997. 93. «Delito de intrusismo y médicos no especialistas», en Actualidad Penal, núm. 22, 1999. 94. «La reforma del Código penal de Cuba en materia de penas», en Actualidad Penal, núm. 40, 2000. 95. «La interrupción de la prescripción del delito en los Códigos penales de Perú y España», en Revista Peruana de Ciencias Penales, tomo 12, Lima, 2002.

Constitucionalidad de la prisión permanente revisable

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96. «Delitos contra la seguridad vial» (coautor), en Revista de la Facultad de Derecho Uned, núm.3, 2008. 97. «Falsedad en documento oficial», en Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, núm. 3, 2010. 98. La coautoría en el Código penal a través de un supuesto de tentativa de homicidio, en Revista de Derecho penal Uned, núm. 7, 2010. 99. «La reincidencia», en Estudios penales en homenaje al Profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes, Constitutio Criminalis Carolina, Oviedo, 2013. 100. «Notas al Anteproyecto de reforma del Código penal español de 2012», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,15-2013. 101. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (coautor), opúsculo, Dykinson, 2013. 102. «La prisión permanente revisable en el Anteproyecto de reforma del Código penal español», en Estudos de Direito penal, Processual e Criminologia em Homenagem ao profesor Dr. Kurt Madlener, Centro de estudos judiciários, Brasilia, 2014.

3. Política criminal 103. «Robo y hurto de vehículos de motor», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1969, fascículo II. 104. «Dogmática jurídica, Política criminal y Criminología como alternativa de futuro», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1980, fascículo II. 105. «La mayoría de edad penal en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo Código penal», en Revista Foro Canario, número 61, 1984. 106. «Política criminal, criminología y cambios políticos en España», en Crime and Criminal Policy. Libro homenaje a López-Rey, Franco Angeli, Milano, 1985. 107. «Política criminal y evolución de la delincuencia en España», en Libro homenaje a Jiménez de Asúa, Madrid, 1986. 108. «Cambiamento politico e cambiamento della politica criminale», en Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense, a cargo de Franco Ferracuti, Giuffrè editore, vol. IV, Milano, 1987. 109. «La Criminodogmática», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 1, 1991.

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110. «Seguridad pública y política criminal. Aspectos penales», en Constitución y seguridad pública, Ministerio del Interior, Madrid, 2005. 111. «La deficiente Política criminal en España», en Revista del Colegio de Abogados de Arequipa, 2005. 112. «Legislación líquida. Una nota sobre el Proyecto de Ley de 2009 de reforma del Código penal», en Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, 4 de mayo 2010. 113. «Proyecto de Ley de reforma del Código penal de 2013 y legislación líquida», en La Ley, 3 diciembre 2013.

4. Criminología 4.1. Aspectos generales 114. «La igualdad en los hermanos gemelos delincuentes», en Revista de Policía, 1963. 115. «Herencia y criminalidad», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1969, fascículo III. 116. «La delincuencia en Madrid y París. El futuro criminológico en Madrid», en Revista de Estudios Penitenciarios, septiembre, 1969. 117. «Tipología del delincuente español», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1970, fascículo I. 118. «Criminología de las asociaciones ilícitas», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1971, fascículo I. 119. «Notas sobre Criminalística», en Revista de Estudios Penitenciarios, julio-septiembre, 1971. 120. «Criminología e informática», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1971, fascículo II. 121. «La criminalidad en España, Francia y otros países», en Revista de Policía, 1975. 122. «Problemática criminologica del mutamento político en Spagne», en Rassegna Penitenziaria e Criminologica, fascículo 3-4, 1981. 123. «Consideraciones criminológicas sobre la abolición de la pena de muerte en España», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1982, fascículo II. 124. «Evolución social, criminalidad y cambio político en España», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1983, fascículo II.

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125. «La Criminología crítica», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1983, fascículo I. 126. Tendencia de la criminalidad y percepción social de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea (dir. y coautor), Edisofer, Madrid, 2007. 127. «Corrupción, delito y crisis en la Administración de Justicia», en La Ley, núm. 8.043, 14 de marzo de 2013.

4.2. Medición del delito 128. «Criminalidad oculta», 1969. 129. «Sustracción de vehículos en España», en Revue Intenationale de Police Criminelle, abril-mayo, 1972. 130. «Sustracción de vehículos de motor», en Problemática y prevención de los delitos contra la seguridad del tráfico, Instituto de Criminología, Valencia, 1975. 131. Evolución de la delincuencia en España según las estadísticas oficiales(coautor), en Revista de Derecho penal y Criminología, 2ª época, núm. 18, 2006. 132. «Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre la criminalidad en España», en Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, núm 6, 2011. 133. «El derecho constitucional a recibir información veraz y las estadísticas sobre criminalidad» (coautor), en Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª época, núm. 10, 2013.

4.3. Fenomenología criminal 134. «Grupos infantiles, juveniles y jóvenes adultos en el hurto de uso», en Revista del Instituto de la juventud, I, 1967. 135. «Los grupos en el hurto de uso», en Revista de Estudios Penitenciarios, marzo, 1969. 136. «Criminalidad y movimientos migratorios», en Revista Española de la Opinión Pública, julio-septiembre 1969. 137. «Estudio socio-económico de la delincuencia infantil y juvenil» (en colaboración con el Instituto de Opinión Pública), en Revista Española de la Opinión Pública, julio-septiembre, 1969. 138. «La sustracción de vehículos en España», en Revue Internationale de Police Criminelle, abril y mayo, 1972. 139. «Estudio socio-criminológico de la juventud española», en Revista Internacional de Sociología, septiembre-diciembre, 1970.

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140. «Criminalidad y desarrollo», en Revista de Derecho de la Circulación, noviembre-diciembre, 1973. 141. «Robos con violencia o intimidación en las personas», en Revista Española de la Opinión Pública, octubre-diciembre, 1976. 142. «Atracos a entidades bancarias», en Revista de la Escuela de Medicina Legal, núms. 12-13, 1977 143. «Democracia y criminalidad», en Revista Lex, núm. 11, Panamá, 1978. 144. «La Criminología en las memorias de las Fiscalía del Tribunal Supremo», en Derecho y justicia penal en el siglo XXI. Libro homenaje al Profesor Antonio González-Cuellar, Colex, Madrid, 2006.

4.4. Delincuencia juvenil 145. «Juventud inadaptada y delincuente», en Revista de la Obra de Protección de Menores,núm.137, 1969. 146. «Sustracción de vehículos de motor, problema eminentemente juvenil», en Revista de la Obra de Protección de Menores, núm. 146, 1972. 147. «Panorámica general de la delincuencia juvenil en España», en Delincuencia juvenil. Estudio de su problemática en España. Imprenta del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1972. 148. «Delincuencia juvenil», en Revista de Información Jurídica, enero, 1974. 149. «La delincuencia juvenil en España y su evolución», en Cuadernos de Política Criminal, número 5, 1978. 150. «Consideraciones criminológicas sobre la juventud abandonada y delincuente», en Libro homenaje a Alfonso Reyes Echandía, Ed. Temis, Bogotá ,1987. 151. «Delincuencia juvenil en España», en Oitavo Congresso Internacional de Criminología. Actas, Lisboa, 1988. 152. «Delincuencia juvenil y movimientos migratorios», en El penalista liberal. Libro homenaje al Profesor M. de Rivacoba y Rivacoba, Hammurabi, Buenos Aires, 2004. 153. «El menor como autor y víctima en el sistema penal español», en Revista peruana de Ciencias penales, núm. 21, 2009.

5. Victimología 154. «Problems relating to compensation for victims in Spain», en Victims and Criminal Justice, Max Planck Institut, Freiburg i.Br. 1991.

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155. «Compensación a las víctimas del delito en el Derecho español», I Congreso Andaluz de Ciencias Penales, Puerto de Santa María,1993. 156. «El aumento de la firmeza en la respuesta al delito a nivel legislativo en España (1995-2007) (coautor)», en Kury, H. y Serrano Maíllo (editores), en Punitividad y victimización en la experiencia contemporánea. Estudios, Dykinson, Madrid, 2009.

6. Penología y Ciencia penitenciaria 157. «Sistema para recuperar al delincuente menor de veintiún años», 1969. 158. «Ejecución de las penas en los delitos contra la seguridad interior del Estado», en Revista de Estudios Penitenciarios, abril-junio, 1971. 159. «Reforma del Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias, por Real Decreto de 29-7-1977», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 2, febrero 1978. 160. «La Ley General Penitenciaria», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 8, noviembre 1981. 161. «Reglamento Penitenciario», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 8, noviembre 1981. 162. «El trabajo penitenciario en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, en las del Consejo de Europa y en el Reglamento Penitenciario Español de 1981», en Actividad Laboral Penitenciaria, núm. 4, 1981. 163. «Réquiem por la Escuela de Estudios Penitenciarios», en Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 2, 1992. 164. «Endurecimiento de las penas de prisión en la reforma del Código penal de 2010», en Libro homenaje a Profesor Luis Rodríguez Ramos, Tiran lo Blanch, Valencia 2013.

7. Derecho Procesal penal y constitucional 165. «La detención: garantías del detenido en la Constitución Española», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1978, fascículo III. 166. «La prisión provisional», en Lecturas sobre la Constitución Española, I, Uned, Madrid, 1978. 167. «Habeas corpus», en Lecturas sobre la Constitución Española, I, Uned, Madrid, 1978.

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168. «El procedimiento abreviado: Crisis de la jurisprudencia e indefensión», en Actualidad Penal, 1990. 169. «El procedimiento abreviado y su dudosa constitucionalidad», en Actualidad Penal, núm. 10, 1990. 170. «El registro domiciliario sin la presencia del Secretario judicial y sus posibles consecuencias penales», en Suplemento Aranzadi, 30 abril 1992. 171. «La condición de imputado en el proceso penal», en La Ley, núm. 4843, julio 1999. 172. «Insolvencias punibles y condiciones objetivas de procedibilidad», en Boletín de la Facultad de Derecho Uned, núm. 22, 2003. 173. «Sobre el valor indiciario de culpabilidad de negativa a declarar ante el juez» (coautor), en Estudios de Derecho penal. Libro homenaje a Domingo García Rada, Adrus, Arequipa, 2006. 174. «Delitos societarios y condiciones objetivas de perseguibilidad», en Revista de la Facultad de Derecho Uned, núm. 2, 2007. 175. «Sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable», en Constitución y Democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a AntonioTorres del Moral, Universitas, Madrid, 2012. 176. «La politización de la Justicia en España y su urgente regeneración», en Libro homenaje al Profesor Santiago Sánchez González, Fragua, Madrid, 2016.