Cien años de confusión 9786077472919, 9786077472926

Table of contents :
Portadilla
Índice
Dedicatoria
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
INTRODUCCIÓN
I. LA REVOLUCIÓN MEXICANA
1. LA REVOLUCIÓN DE MADERO Y SUS CAUSAS
2. LA REVOLUCIÓN, UNA GUERRA CIVIL
3. UNA REVOLUCIÓN SIN RESULTADOS
4. LA EXPANSIÓN ECONÓMICA
5. LOS CONFLICTOS DEL CAMBIO
6. REVOLUCIÓN Y ECONOMÍA
7. EL NUEVO MAPA POLÍTICO
8. CÁRDENAS: LA VERDADERA REVOLUCIÓN
II. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN
9. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
10. EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO
11. MUCHA ADMINISTRACIÓN, POCA POLÍTICA
12. LAS CONTRADICCIONES DE LA REVOLUCIÓN
13. RESPUESTA VIOLENTA
14. MUCHA POLÍTICA, POCA ADMINISTRACIÓN
15. LA TRANSICIÓN
16. MÉXICO EN EL SIGLO XXI
Notas
Bibliografía
Acerca del autor
Créditos
Planeta de libros

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ÍNDICE

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN INTRODUCCIÓN Sobre el libro I. LA REVOLUCIÓN MEXICANA 1. LA REVOLUCIÓN DE MADERO Y SUS CAUSAS Las causas de la Revolución La propiedad de la tierra El ascenso de los obreros La crisis económica

La única causa: la vejez de Díaz 2. LA REVOLUCIÓN, UNA GUERRA CIVIL La primera revolución (1911) El Tigre Todos contra Huerta: la segunda revolución (1913-1914) Todos contra todos: la tercera revolución (1914-1916) 3. UNA REVOLUCIÓN SIN RESULTADOS Carranza: Constitución y caída El Congreso Constituyente

Los sonorenses: continuidad del Porfiriato Obregón Calles

El Maximato La institucionalización

4. LA EXPANSIÓN ECONÓMICA América Latina y el inicio tardío del capitalismo El sistema financiero, base del desarrollo El ferrocarril, la palanca Estado y mercado La economía del Porfiriato 5. LOS CONFLICTOS DEL CAMBIO La tierra, lenta y dolorosa caída ¿Revolución agraria?

Nuestra revolución industrial: la aparición de los obreros ¿Revolución de obreros?

6. REVOLUCIÓN Y ECONOMÍA La crisis financiera La economía de la Revolución La reconstrucción económica 7. EL NUEVO MAPA POLÍTICO El agrarismo La Cristiada

El Sindicalismo 8. CÁRDENAS: LA VERDADERA REVOLUCIÓN La llegada de Cárdenas La Reforma Agraria Junto a los dioses La solución cardenista II. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN

9. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA El presidencialismo mexicano El Partido de la Revolución El corporativismo como régimen político El corporativismo como teoría El corporativismo mexicano

10. EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Legitimidad y nacionalismo La construcción del nacionalismo La historia para ser vista

Sociedad y cultura El alto vacío

Perpetuando la cultura: el drama educativo 11. MUCHA ADMINISTRACIÓN, POCA POLÍTICA La época de oro del capitalismo Las excusas teóricas del subdesarrollo Los años dorados del régimen 12. LAS CONTRADICCIONES DE LA REVOLUCIÓN Los frutos de la Reforma Agraria La movilidad social Un estado creador de empresarios El que venga atrás, que arree 13. RESPUESTA VIOLENTA La guerrilla rural Los movimientos estudiantiles El movimiento de 1968 Los movimientos estudiantiles locales

La liga Un grupo extraño 14. MUCHA POLÍTICA, POCA ADMINISTRACIÓN

El cambio mundial Arriba y adelante Administrar la abundancia La disputa por la Nación El despilfarro

La caída El costo de la crisis

15. LA TRANSICIÓN El cambio global El principio del fin, 1986 La triste historia de la izquierda mexicana La invasión de los bárbaros El Salinato La crisis 16. MÉXICO EN EL SIGLO XXI Los años de gobierno dividido El fin del nacionalismo revolucionario Después de la Revolución Mexicana NOTAS BIBLIOGRAFÍA ACERCA DEL AUTOR CRÉDITOS













Para mis papás

Para Clara y las hijas

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Cien años de Confusión fue publicado hace casi diez años. No se trata de un libro de historia, sino de un largo ensayo acerca de lo que creo que fue el siglo XX en México. Obligadamente, hay que referirse al pasado, pero para ello utilicé siempre fuentes secundarias. Con un horizonte tan amplio —todo México durante prácticamente un siglo—, cualquier otro enfoque habría sido un despropósito. El origen de Cien años… fue mi acercamiento a la política de forma activa, lo que resultó en un choque entre lo que imaginaba y la realidad: o lo que yo sabía no era cierto, lo que yo veía no estaba ocurriendo. Muy pronto entendí que se trataba de la primera opción, y no quedaba sino revisar lo que sabía acerca del México del siglo XX. El proceso duró cerca de una década, y el resultado es este libro. La hipótesis principal, sin embargo, no fue del agrado de muchos historiadores. Afirmo que lo que llamamos Revolución Mexicana no es sino una construcción cultural realizada por los ganadores de la larga secuencia de guerras civiles que vivimos entre 1910 y 1935. Es decir, que se construyó una narrativa que explicaba la multitud de enfrentamientos, el derrumbe institucional, las decenas de miles de muertos, como un proceso. La construcción de esa narrativa es lo que daba sentido a las huelgas de Cananea y Río Blanco, a la revolución de Madero, al enfrentamiento general contra Huerta y, finalmente, al cardenismo, aunque eso obligaba a reducir la importancia de los sonorenses, magnificando las figuras de Villa y Zapata, ambos víctimas de aquéllos.

La interpretación del cardenismo como uno más de los regímenes autoritarios creados con base en la movilización y el corporativismo en las décadas de los veinte y treinta, en consecuencia, tampoco fue del agrado de la historia oficial, ni de la visión de izquierda no oficial, que en este tema no varía mucho de la otra. Pero en realidad no hubo mucha discusión. Alan Knight, con quien comenté estas ideas varios años antes de escribirlas, y de quien tomo la narración básica de la Revolución, ha sido siempre renuente a ellas. Ha tenido la amabilidad de referirse en varias ocasiones a Cien años… pero siempre de forma tangencial, rechazando la idea de que «no existió la Revolución Mexicana», porque insiste en que hay un proceso de transformación, especialmente cultural, que transforma a México. Creo que así es, pero es un retroceso, en el sentido que describo en los capítulos 9 y 10: si todos los otros regímenes corporativos de la época (fascismo, nazismo, comunismo) son considerados así, no entiendo por qué el nuestro debería interpretarse distinto. Pero incluso a Knight le parece que hay cosas valiosas en Cien años… (Alan Knight, La revolución cósmica. Utopías, regiones y resultados, 1910-1940, FCE, México, 2015). Algunas otras opiniones críticas sobre Cien años… resultan de una diferencia de interpretación que depende mucho más de posiciones ideológicas que de argumentos de fondo, sea desde la versión oficial o desde la izquierda que se considera heredera del villismo y el cardenismo. No creo que se gane mucho discutiendo en ese terreno. En estos casi diez años, entre los que estuvo el centenario de la Revolución, hubo menos discusión de lo que yo esperaba. Al final, pareció que tanto la versión oficial como la de izquierda se fueron diluyendo. Ignoro si Cien años… tuvo alguna influencia en ello, pero parece que ya entendimos que el siglo XX fue muy malo para México, y lo fue debido al régimen político en que vivimos, que fue resultado de las guerras civiles iniciadas en 1910 y culminadas en la consolidación del cardenismo en 1938. Incluso se ha eliminado buena parte de la «herencia revolucionaria» de la Constitución, que

celebra su centenario en estos días, a través de un proceso de reformas que inició en la década de los noventa, se interrumpió, pero pudo retomarse, mucho más a fondo de lo que se esperaba, hace apenas poco más de un par de años. La presente edición es idéntica a la de 2007, con sólo algunas correcciones de erratas. En algunos capítulos se agrega bibliografía posterior a 2007 que pudiera ser de interés. Me parece que el libro sigue siendo vigente, como una propuesta de interpretación del siglo XX mexicano. Por lo mismo, se cubre sólo hasta mediados de los años noventa. Una revisión más contemporánea puede encontrarse en El fin de la confusión (libro también publicado por Paidós, en 2014), que es en alguna medida una segunda parte de Cien años…

INTRODUCCIÓN

El siglo

en México es el siglo de la Revolución Mexicana. Pero ésta es un concepto, no un hecho histórico. La Revolución que marca el siglo en nuestro país nunca existió. La Revolución Mexicana sobre la que se funda el régimen político que gobernó el país desde 1938 y por casi cincuenta años, y que sigue muy dentro del alma de los mexicanos, es una construcción cultural que sin duda toma los hechos históricos y les da un sentido, pero que no se corresponde con ellos. La Revolución es producto del cardenismo. Lázaro Cárdenas logra crear un régimen político nuevo en México que sustituye al liberalismo autoritario de Juárez, Díaz, Obregón y Calles. Esa construcción cultural crea una ruptura que no existió y que le da un sentido de continuidad a movimientos totalmente dispares. Es decir, interpretamos los hechos ocurridos en México entre 1910 y 1938 no con base en ellos mismos, sino partiendo de su resultado final. Es como si toda la historia nacional tuviera como centro el año milagroso en que Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera. Nada de extraño tiene esto, puesto que es propio de los regímenes modernos crear construcciones culturales que permitan esa comunidad imaginaria indispensable, la Nación. Pero cada construcción cultural tiene efectos adicionales: no sólo provee legitimidad al régimen, también refuerza o moldea la cultura política de la sociedad y abre o limita las esferas social y económica. El régimen de la Revolución Mexicana, la gran creación de Lázaro Cárdenas, depende de una construcción cultural que lo dota de legitimidad: el Nacionalismo Revolucionario, que se llena de XX

sentido en el gobierno del general, si bien se trata de un conjunto de conceptos, creencias y prejuicios que se va armando desde inicios de los años veinte. Pero el régimen no es sólo simbólico, es también una estructura política muy particular que reproduce el edificio social de la época colonial en el ropaje nuevo del corporativismo. Precisamente esta estructura le da solidez al régimen, puesto que es perfectamente compatible con una cultura política autoritaria, orgánica, estamental, que los mexicanos aprendieron y desarrollaron durante los dos siglos y medio de la dominación Habsburgo. En este sentido, el régimen revolucionario es un retroceso frente al liberalismo autoritario. Lo es porque la sociedad regresa a una estructura de corte premoderno sin recibir a cambio ningún avance político. Más todavía, no hay siquiera una ganancia económica en este nuevo régimen, que incluso en sus mejores momentos no logrará para México un crecimiento económico superior al del resto del mundo. El milagro económico de la posguerra, que también anida en la mente del mexicano, simplemente nunca existió. Al paso de los años, los mexicanos viven un poco mejor, porque todo el planeta vive un poco mejor a fines del siglo XX, pero sólo por eso. En el transcurso del siglo, la distribución del ingreso y la riqueza nunca mejoró significativamente. No se redujeron la discriminación ni el racismo de los mestizos, no cambió la estructura estamental, casi de castas, que arrastramos desde la Colonia. La riqueza en México se alcanza a través del régimen, sea en su interior, como político, o en connivencia con él, como empresario, porque durante el siglo XX todas las empresas importantes fueron creadas desde el Estado, amparadas por él, rescatadas cuando fue necesario. Así, en materia política el régimen de la Revolución Mexicana es premoderno, mientras que en materia económica es precapitalista. Es un fósil del siglo XVII que casi llegó a ver el inicio del siglo XXI, pero que no ha muerto del todo porque está todavía en la mente de muchos mexicanos, porque su corazón sigue siendo como el régimen lo hizo: autoritario, antiliberal, renuente a la competencia, refractario a las ideas exóticas, ensimismado.

El régimen revolucionario refuerza una cultura de subordinación política, patrimonialista y clientelar, que es, sin duda, un lastre muy pesado para el siglo XXI. En buena medida, compartimos con otros países latinoamericanos esta carga. No en vano fuimos todos parte del atrasado Imperio. Pero México tiene la particularidad de que inició un proceso de modernización que fue detenido no sólo por una guerra civil, sino por la construcción de un régimen premoderno. SOBRE EL LIBRO Las afirmaciones que he hecho en los párrafos previos son, no lo dudo, muy fuertes. No serán fáciles de aceptar para una gran cantidad de mexicanos. Estoy convencido, sin embargo, de que es necesario discutir la Revolución y su régimen profundamente. Lo es no sólo como curiosidad histórica, sino porque lo que hoy ocurre en México tiene sus raíces en ese pasado que se niega a morir. Por ello a estos párrafos les sigue medio millar de páginas en las que creo que sustento adecuadamente todas las afirmaciones que he hecho. El libro se divide en dos partes dedicadas, respectivamente, a la Revolución y su régimen. La primera parte se inicia con un capítulo acerca de las causas del conflicto, borrando un poco la idea de su inevitabilidad. Los años de enfrentamientos se cubren en el capítulo segundo, mientras que el tercero se dedica a los años del constitucionalismo. Los siguientes cuatro capítulos muestran el contrapunto entre economía y sociedad ocurrido en la etapa previa al conflicto y la inmediata posterior. La forma de tratar estos temas, sin embargo, puede resultar discordante con los capítulos anteriores. A diferencia de ellos, a partir del capítulo cuatro no se continúa una narración histórica cronológica. Es decir que se interrumpe la descripción inicial para analizar la expansión del Porfiriato (en el capítulo cuatro) y las tensiones sociales que generó (en el cinco). Me parece de gran importancia comprender estas tensiones sociales, porque en la historia oficial (la de bronce, según don Luis González), este tiempo se reduce a una época de explotación de los indefensos mexicanos

pobres por parte del capitalista extranjero. Pero esto es pura construcción cultural, como espero quede claro. Hubo, ciertamente, tensiones muy importantes, producto de la transición de México de ser una economía primaria a algo parecido al capitalismo, que implicaron un cambio significativo en la vida rural y la aparición de un nuevo grupo social, los obreros. Las consecuencias económicas de la Revolución no se estudiaron seriamente sino hasta los años ochenta, y ahora sabemos que la destrucción fue limitada, que, si bien el sistema financiero quedó en ruinas, no ocurrió lo mismo con buena parte de la infraestructura productiva. En consecuencia, la recuperación fue razonablemente rápida, como veremos en el capítulo seis. Ahí mismo podremos confirmar que los problemas económicos no fueron causa de la Revolución, sino una consecuencia suya. En el capítulo siete regresamos a la narración interrumpida. En los años posteriores a la guerra civil en pleno se empieza a modificar el mapa político del país. Surgen en los años veinte los primeros movimientos obreros verdaderamente importantes, asociados al poder desde su inicio. Es también el momento del agrarismo, que no era relevante ni durante el Porfiriato ni en los años de lucha armada. Los agraristas no son parte de la revolución de 1910, sino resultado de ella. El gobierno de Lázaro Cárdenas se analiza en el capítulo ocho. Ahí veremos cómo el general logra obtener el apoyo del Jefe Máximo para su candidatura, cómo aprovecha el movimiento obrero para deshacerse de él, cómo construye un movimiento agrario nacional y cómo, montado en esta agitación, crea un régimen político nuevo que mantendrá el poder durante medio siglo. El régimen de la Revolución es el tema de la segunda parte del libro, que se inicia con un análisis de las características fundamentales de dicho régimen: el presidencialismo, el esquema corporativo y su partido casi único, la construcción cultural que le da legitimidad. Las dos primeras, estructurales, son el tema del capítulo nueve, mientras que al nacionalismo revolucionario se dedica el diez.

Los siguientes capítulos analizan lo ocurrido en la posguerra, es decir, de 1946 a 1970. En el once se describe el periodo haciendo énfasis en la cuestión económica. El doce observa esos mismos años desde una perspectiva diferente. El régimen mantuvo una retórica en favor de los más pobres que nunca tuvo reflejo en los hechos. Por el contrario, fueron más favorecidos otros grupos, destacadamente la clase media urbana y los empresarios. Cuando las necesidades del Estado crecen, el régimen es incapaz de financiarlas, porque nunca hay la voluntad suficiente de cobrar impuestos a estos grupos. El capítulo trece se dedica a los enfrentamientos violentos que algunos grupos tuvieron con el Estado en las décadas de 1960 y 1970. Es un tema que no ha recibido suficiente atención por parte de los académicos, pero que resulta relevante para inicios del siglo XXI debido a que moldea una parte del espectro político. La izquierda mexicana vivió durante el siglo XX atrapada entre el régimen populista y las respuestas violentas, lo que ha dado como resultado una incapacidad para plantear alternativas democráticas que no ha podido aún superar. Los años setenta son el centro del capítulo catorce, cuando el mundo sufrió cambios de fondo mientras México intentaba mantener en marcha un régimen claramente disfuncional. Algunos fechan el fin del régimen de la Revolución en 1982, tal vez siguiendo a López Portillo, que se consideraba a sí mismo «el último presidente de la Revolución». Muestro en ese capítulo que el comienzo del cambio en México debe ubicarse en 1986, cuando inician las medidas de política económica propias de lo que se acostumbra llamar neoliberalismo, cuando el régimen sufre una ruptura de fondo, cuando todo en México empieza a ser diferente. El proceso de cambio en México se analiza en el capítulo quince: el intento fracasado de Carlos Salinas por cambiar la orientación del régimen sin perder la hegemonía política, la gran crisis económica resultante de ese intento (y de la soberbia de sus impulsores) y el fin del régimen de la Revolución con la elección de 1997. Termino este largo trabajo con un capítulo en el que de manera muy breve se analizan los problemas que México enfrenta desde la

caída del régimen o, para verlo positivamente, en estos tiempos de interregno que culminarán con una nueva construcción política. *** No conozco un libro que trate de dar una explicación coherente de lo ocurrido en México durante el siglo XX, manteniendo al mismo tiempo una visión crítica del proceso. En tiempos recientes, los académicos prefieren concentrarse en un tema, o en un periodo histórico, y publicar sus estudios en revistas especializadas o libros colectivos. Esa orientación es muy útil, puesto que permite generar conocimiento específico de muy alto nivel, pero tiene el costo de impedir una visión global coherente. He tratado de utilizar todo ese conocimiento específico, en particular el que han generado en los últimos años historiadores de gran calidad, aportando yo la visión global. Todo escrito es susceptible de errores y la posibilidad de cometerlos crece con el tamaño de lo que se escribe. El asunto es peor cuando no sólo se trata de un siglo entero, sino del siglo en que uno pasó parte de su vida. Sin embargo, la cantidad de materiales utilizados para este libro, la dificultad de mantener la narración sin perder coherencia y rigor, la permanente necesidad de evitar tecnicismos, la angustia de enfrentar creencias seculares, me han convencido de que este libro tenía que escribirse como se escribió, a pesar del riesgo. Tuve la gran fortuna de que algunos amigos y colegas leyeran versiones previas y me hicieran comentarios muy valiosos. Estoy muy agradecido con Roger Bartra, Clara Bustamante, Cassio Luiselli, Carlos Marichal, Ernesto Pacheco y Jorge Traslosheros. Es costumbre recordar al lector que los errores que hay en el libro son responsabilidad del autor. Así es, pero espero que sus consecuencias sean muy inferiores a la aportación que puede representar esta interpretación del siglo XX mexicano, esos cien años de confusión que, como quiera que se vean, han pasado ya. Mi única motivación al escribir estas páginas ha sido colaborar en el esfuerzo por dejar atrás ese pasado, al entenderlo mejor. Nada de lo

aquí escrito debe entenderse como acusación o asignación de responsabilidades, porque no veo cómo eso podría coincidir con el mejor entendimiento de tiempos anteriores. Escribí para los que vienen, no para los que se van. Coyoacán, abril de 2007.













Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

JUAN, 8:32 Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia;

y quien añade ciencia, añade dolor.

ECLESIASTÉS, 1:18 Nunca es triste la verdad,

lo que no tiene, es remedio.

JOAN MANUEL SERRAT

  I LA REVOLUCIÓN MEXICANA









La Revolución Mexicana, hemos dicho, es un hecho inexistente, una construcción simbólica realizada con el fin de dotar de legitimidad a los ganadores de una serie de conflictos armados. Por ello, el concepto cambia en tanto no hay un ganador definitivo. El proceso se inicia en 1911, con la llegada de Francisco I. Madero al poder, y termina en 1938, cuando Lázaro Cárdenas es el ganador definitivo de la Revolución. En ese cuarto de siglo, la Revolución toma distintas direcciones y es, por tanto, diferente la forma en que el mito tiene que construirse. Los participantes de la segunda revolución (1913-1914), por ejemplo, desprecian a quienes combatieron en la primera (la de Madero) y se convertirán pronto en adversarios durante la tercera. Más aún, los ganadores de esta tercera etapa, comúnmente conocidos como los sonorenses, perfilan una visión de la Revolución muy distante de la que Cárdenas logra imponer a fines de los treinta y que será la base del mito fundacional del régimen. Para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el régimen ya ha alcanzado la madurez total y los conflictos por la sucesión presidencial dejan de significar un riesgo. Es cada vez más coherente la mitología revolucionaria. Para fortuna del régimen, el entorno económico internacional de la posguerra resulta muy favorable. Hacia 1960 es posible celebrar el medio siglo de la Revolución con un discurso muy sólido.1 La Revolución existe. Aunque casi desde el inicio del régimen hay críticas muy severas al rumbo que éste toma,2 se trata de esfuerzos muy aislados que no pueden enfrentar exitosamente a una academia construida, como casi todo en ese México, desde el poder. A fines de los sesenta, pero sobre todo en los años setenta, empiezan a aparecer visiones diferentes sobre la Revolución, pero con serias deficiencias

históricas. El gran avance de la visión marxista en las universidades mexicanas produce un conjunto de obras saturadas de ideología, pero ayunas de investigación histórica.3 Finalmente, hay algunos intentos por evaluar la vigencia de la Revolución, pero con extremo cuidado.4 En general, empieza a ser difícil para los investigadores mexicanos opinar en contra de la Revolución, habiendo sido educados desde niños para adorarla, lo que también provoca el error sobre el que nos alerta Alan Knight: «En particular, el historiador no debe cosificar “la Revolución” [esto es, la Revolución articulada, organizada, fuente de discursos y constructora del régimen] y despreciar todos los diversos movimientos —rurales y urbanos— que no entran en esta rúbrica».5 Tal vez por ello, aunque empiezan a aparecer trabajos con mucha mayor calidad,6 todos ellos tienen una definición temática o geográfica que les evita llegar a conclusiones difíciles sobre el gran mito nacional. La nueva ola de interpretación de la Revolución Mexicana ocurre prácticamente sin ayuda de mexicanos. Posiblemente por las dificultades mencionadas o porque el 75 aniversario del mito ocurre en medio de la peor crisis económica del país, las nuevas interpretaciones vienen todas de fuera. Desde la visión marxista, con los mismos errores que en los años setenta, Ramón Eduardo Ruiz y John M. Hart minimizan la Revolución e incluso el primero le niega calidad de tal.7 En el otro extremo del espectro, FrançoisXavier Guerra la atribuye a un proceso inadecuado de renovación de elites.8 En los años ochenta aparecen otras dos obras fundamentales. Por un lado, Hans Werner Tobler publica La Revolución Mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940 en alemán en 1984.9 Por el otro, Alan Knight escribe un volumen monumental que cubre principalmente la etapa de la lucha armada.10 Finalmente, hay que sumar a estos libros los trabajos más específicos de diversos investigadores extranjeros que empiezan a demoler el monolito revolucionario.11 No se trata de ofrecer en este lugar una revisión de la inmensa bibliografía acerca de la Revolución, sino de hacer evidente el

proceso que la historiografía ha sufrido. Pasamos de una etapa de construcción del mito, que alcanza su cenit en 1960, a una época de pobreza intelectual, apenas punteada por algunas grandes aportaciones, muy específicas, que duró hasta inicios de los ochenta. Después de ello, la historia de la Revolución Mexicana se empezó a escribir con seriedad, primero por extranjeros como los mencionados y, desde inicios de los noventa, por muchos jóvenes historiadores mexicanos que, sin embargo, han mantenido una preferencia por trabajos muy específicos, sin decidirse a dar una visión de conjunto del fenómeno que llamamos Revolución Mexicana. Pero esta visión de conjunto es muy necesaria para darle sentido a lo que ocurrió durante el siglo XX en México y para poder entender las grandes dificultades que ha sufrido el país para decidir su rumbo en el cambio de siglo. *** La Revolución Mexicana, así, con mayúsculas, no existió nunca. No se trata de esa gesta heroica que han narrado los libros de texto durante décadas, una lucha del pueblo mexicano en contra de un malvado dictador que vendía el país a los extranjeros. No ocurre la «bola» porque los obreros y los campesinos decidieran levantarse en armas, ni porque una crisis económica monumental empujase a los mexicanos a la violencia. Lo que sucede es más sencillo: una crisis política originada en la incapacidad de Porfirio Díaz para heredar el régimen personal que había construido. Su vejez, y su misma opinión acerca de la pertinencia de la democracia en México, permitieron el crecimiento de un movimiento político que primero siguió a Bernardo Reyes y luego a Francisco I. Madero, y al que Díaz se resistió. Esa resistencia obligó a que Madero llamara a un levantamiento general que nunca ocurrió. Pero bastan unos pocos hombres en armas, que buscan más la satisfacción de sus conflictos personales que seguir un programa político, para poner en evidencia que el régimen de Porfirio está anquilosado y no tiene cómo responder. Esto impulsa a cientos de pequeños líderes a cobrarse afrentas

desde tierras perdidas hasta insultos personales. Cuando Madero asume la presidencia cosecha esos cientos de levantamientos y también el régimen anquilosado e incapaz. Lo único que logra la respuesta militar de Madero a esos levantamientos es incrementar la fuerza del ejército en las decisiones políticas, sin reducir un ápice la presión. La aventura termina con un golpe de Estado y la llegada de Victoriano Huerta al poder. Huerta cataliza la revuelta, puesto que no tiene ni siquiera la legitimidad de Madero. De febrero de 1913 a agosto de 1914 hay efectivamente una guerra generalizada entre el gobierno federal y los levantados, ahora agrupados en torno a Venustiano Carranza. Esta unidad, aunque fuese muy artificial en los casos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, es suficiente para permitirles a los alzados destruir, por completo, al ejército federal. Pero una vez eliminado el enemigo obvio, la violencia se dirige hacia los aliados. Desde julio de 1914 la enemistad entre Villa y Carranza alcanza niveles inmanejables y a poco de la salida de Huerta se inician las hostilidades entre revolucionarios. La guerra civil comienza en octubre de 1914 y no es fácil decir cuándo termina. La facción carrancista, con Álvaro Obregón como líder militar, derrota de manera casi definitiva a Villa el 10 de junio de 1915 en Aguascalientes. Pero no se recuperará una paz parecida a la porfiriana sino hasta fines de la década de los treinta. En el camino, Zapata será asesinado en 1919; Carranza, en 1920; Villa, en 1923; y Obregón, en 1928. Y habrá varias revueltas importantes, aunque todas derrotadas. En 1923, Adolfo de la Huerta se levanta contra Obregón. En 1926 se inicia la Cristiada, que durará tres años. En 1927, la rebelión de Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano. En 1929, la escobarista, además de la campaña presidencial de José Vasconcelos. En 1930, justo después de tomar posesión de la presidencia, Pascual Ortiz Rubio es víctima de un atentado. Y todavía en los treinta habrá problemas serios: Plutarco Elías Calles es expulsado del país en 1935 y en 1938 Saturnino Cedillo se levanta en armas en San Luis Potosí. Un par de años después vendrá el último levantamiento militar, ya muy débil, cuando Juan

Andrew Almazán intenta impedir la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia. ¿Qué es entonces la Revolución Mexicana? ¿El llamamiento de Madero, la revuelta contra Huerta, la guerra civil? ¿Quién la gana? ¿Carranza, que promulga una Constitución pero es muerto tres años después? ¿Los sonorenses, que desplazan a Carranza pero son barridos en 1935? Alan Knight alerta contra la tentación de cosificar la Revolución y llama la atención acerca de los cientos de pequeños alzamientos en todo el país que de una u otra manera afectan el proceso. Es totalmente apropiada la recomendación de Knight, pero es igualmente relevante poner en claro que, así como no existe un único proceso, no existe tampoco una línea explicativa de la Revolución. Es absolutamente falso que esa etapa fuese resultado de la «voluntad del pueblo mexicano» o que respondiese a condiciones económicas críticas o a procesos sociales de reivindicación. La Revolución no tiene sus causas en una situación económica insoportable. Sobre todo porque eso nunca ocurrió: la economía mexicana no estaba en una circunstancia ni siquiera muy difícil en 1910. No es cierto que las huelgas de Cananea y Río Blanco sean preliminares revolucionarios: ni los mineros de Cananea ni los textileros de la región de Orizaba intervienen nunca en la lucha armada. Y no es cierto que la Revolución partiese de una demanda extendida por recuperar tierras de los pueblos. Eso sólo ocurrió en Morelos, en esa Revolución de Emiliano Zapata que siempre se mantuvo al margen de la línea principal. No olvidemos que Zapata enfrentó sobre todo a Madero y a Carranza, no a Díaz. La Revolución es resultado de una mala transición, producto de la incapacidad de Díaz para heredar el poder. Esa crisis política se convierte en una guerra civil, puesto que los mecanismos construidos por don Porfirio para administrar el poder se pierden a su salida. El restablecimiento general de la paz, hacia 1920, permite a los sonorenses ensayar una nueva versión del régimen personal (instaurado por Juárez y llevado a su máxima operación con Díaz). Pero los nuevos mecanismos no son eficientes y los sonorenses son

derrotados por quien sí logra construir un régimen político apropiado: Lázaro Cárdenas. La etapa sonorense puede entonces comprenderse como un periodo de transición entre el régimen personal y el corporativo. Los gobiernos de Obregón y Calles fueron fuertemente personales, pero aparece en ellos algo nuevo: la organización de las bases campesinas y obreras que permiten que Obregón derrote a Villa en el campo de batalla y a Carranza en la acción política. Y la complejidad de la organización de obreros y campesinos marca la relación entre Obregón y Calles. Finalmente, la mayor habilidad de Cárdenas para llevar esta relación le permite desplazar a Calles y construir el nuevo régimen. De esta manera, lo que en realidad festejamos no es la etapa armada de la Revolución, aunque sea ella la que abona anécdotas, sino la fundación del régimen realizada por Lázaro Cárdenas. Dicho de otra manera, aunque siempre nos referimos a la Revolución como a esa etapa que va de 1910 a 1917, en realidad las ideas, instituciones y políticas revolucionarias resultan ser cardenistas. La demostración de este argumento exige, sin embargo, muchas páginas.

1. LA REVOLUCIÓN DE MADERO Y SUS CAUSAS

Hay algo sorprendente en la Revolución Mexicana. Poco antes de que ocurriese, nadie parecía preverla, pero una vez terminada era ya algo inevitaable, producto irremediable de fenómenos evidentes. La elevación de la Revolución a la categoría mítica implicó la aparición de causas claras, secuenciales, de un proceso histórico. Y puesto que la mexicana es «la primera revolución social del siglo XX», se trata de un proceso histórico plagado de reivindicaciones sociales. No sé si exista un caso más evidente, en la historiografía, de la falacia post hoc ergo propter hoc: puesto que así ocurrió es que así debió ocurrir. Terminada la fase más violenta de la Revolución fueron apareciendo las explicaciones causales del proceso. Para unos, se trataba de la lucha centenaria de los campesinos por la tierra; para otros, era la emancipación del proletariado; unos más veían en la lucha antiimperialista la causa clara de la Revolución. Finalmente, hay unos pocos que encuentran una combinación de causas en el autoritarismo y el estancamiento económico. De estas interpretaciones voluntariosas se fue construyendo el mito. Se trata de un mito necesario, puesto que la destrucción parcial de la capacidad productiva y de comunicaciones del país no podía ser sólo resultado de una lucha descarnada por el poder. Había que contar con una excusa suficientemente buena, que se fue construyendo durante el periodo sonorense (1920-1935) pero que se convirtió en verdad absoluta con la fundación del régimen (19351940). Sobre todo en la primera parte, el nuevo Estado hará uso extensivo de la creatividad de los artistas mexicanos que, como en

muchas partes del mundo en muchos momentos, trasladan muchos más prejuicios a sus obras de lo que estarían dispuestos a aceptar. Así, la Revolución resulta ser la conclusión evidente de: • La lucha del pueblo mexicano por recuperar la tierra, asunto planteado con toda claridad por Wistano Luis Orozco desde fines del siglo XIX y con más énfasis por Andrés Molina Enríquez, en Los grandes problemas nacionales. • La lucha emancipadora del proletariado nacional, hecha evidente sobre todo por los hermanos Flores Magón en su periódico Regeneración, pero que además cuenta con las épicas huelgas de Cananea en junio de 1906 y de Río Blanco en 1907. • La lucha del pueblo mexicano contra el imperialismo internacional, que a inicios del siglo XX estaba claramente concentrado en Estados Unidos, como lo evidencia la frase atribuida (espuriamente) a Porfirio Díaz: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». • El deterioro de un régimen autoritario y de un sistema económico agotado, como se mostró en la crisis económica de 1907 y en la entrevista de Díaz a James Creelman, en 1908.

Las primeras tres causas son mucho más atractivas, más populares, y sobre todo más fáciles de plasmar en los murales. La cuarta, totalmente falta de poesía, fue rápidamente abandonada. Y es que no es fácil convencer a una nación de que valía la pena una década de destrucción simplemente porque un esquema se agotaba. Así pues, las primeras tres explicaciones se fueron mezclando y construyeron el mito de la Revolución Mexicana. Cada una de ellas ha contado con el apoyo de una amplia dotación de intelectuales. La primera, la explicación campesina, tiene su primer defensor en Frank Tannenbaum, pero es llevada a niveles épicos por Lázaro Cárdenas mismo, que convierte la Reforma Agraria en la versión más popular del dicho «la Revolución nos hace justicia». La segunda, la versión obrera, es la preferida de los intelectuales con formación marxista, aunque muchos de ellos deban concluir que la Revolución no lo fue tanto, como Ramón Eduardo Ruiz, o que no logró culminar, como Adolfo Gilly. La tercera versión, la nacionalista, tampoco ha sufrido por apoyo, y en tiempos recientes ha sido John M. Han quien con más amplitud la ha defendido.

Las tres ideas son casos especiales de la lucha más atractiva para los seres humanos: la del débil que derrota al fuerte. Sean los campesinos indígenas que enfrentan al terrateniente, los obreros iletrados que derrotan al capitalista o el pueblo desvalido que triunfa sobre el imperialismo, es David que nuevamente vence a Goliat. Es el material de los sueños. Pero la historia es, como siempre, menos y más de lo que cuentan los mitos. Es menos poesía, menos romanticismo, menos David. Pero es más codicia, más soberbia, más violencia y destrucción, más naturaleza humana. Y también más fortuita, porque esos procesos históricos en los que el pueblo evoluciona, decíamos, son sueños. Las cuatro explicaciones de la Revolución tienen algo de sentido, en tanto que efectivamente ocurrieron las huelgas en Cananea y Río Blanco, que ciertamente los libros de Orozco y Molina Enríquez se publicaron y que también hubo crisis económica en 1907. El problema está en que no existe ninguna conexión entre varios de estos fenómenos y en que la revisión cuidadosa de la información que tenemos acerca del periodo no nos permite sostener con algo de confianza ninguna de las tres primeras explicaciones. Es tan sólo la cuarta, la prosaica, la que parece contar con cierto apoyo de las fuentes. La Revolución no fue el resultado de la lucha de los campesinos ni de los obreros, ni mucho menos fue una reacción nacionalista frente al imperialismo yanqui. La Revolución fue producto de un régimen autoritario personal que no supo terminar y que abrió las puertas a la guerra civil y la anarquía. Fue destrucción, lucha descarnada por el poder, y fue también la instauración de un nuevo régimen que debió para ello construirse una historia fundacional, mítica, para la que usó todas las versiones de David. La historia, decíamos, es diferente. LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN

El Porfiriato propiamente dicho se inicia con la segunda presidencia de Porfirio Díaz, en 1884. Díaz fue el único héroe militar que sobrevivió a la Intervención Francesa (1862-1867) y por ello se consideraba con méritos suficientes para ser presidente de la República. Así que se enfrenta a Benito Juárez en 1871, pero es derrotado tanto en la elección como en el levantamiento posterior. A la muerte del caudillo zapoteca, Díaz se acoge a la amnistía de Lerdo de Tejada, al que se enfrentaría poco tiempo después.1 Como se acostumbraba entonces, la presidencia no se obtenía normalmente por medio de elecciones, sino de levantamientos. Porfirio se levantó en dos ocasiones: en una, al amparo del plan de La Noria; en la otra, bajo el plan de Tuxtepec. El primero de ellos, contra Juárez, esgrimía la gran queja popular: no a la reelección. Tal vez por ello, la primera vez que fue presidente, Díaz no pensó en reelegirse, sino que escogió a su compadre Manuel González para que lo sustituyera. Cuando Porfirio regresa al poder, en 1884, ya no tenía el prurito antirreeleccionista. Y tampoco tenía muchas de las malas costumbres que aún mostraba en su primer periodo, cuando todavía escupía en las alfombras. Mientras González le cuidaba la presidencia, Porfirio había contraído nupcias con Carmelita Romero Rubio, casi una niña, pero de una de las familias más acomodadas del país. Carmelita se encargaría de civilizar al bárbaro mixteca y de convertirlo en don Porfirio.2 Cuando Díaz inicia su largo e ininterrumpido mandato, México está en una situación muy diferente de la que vivió durante el resto del siglo XIX. Por primera vez, las finanzas públicas están razonablemente sanas. México ha logrado resolver el problema de la deuda externa y ha pagado, finalmente, las obligaciones contraídas con bancos ingleses en 1824. Durante sesenta años el país había sido insolvente y por lo mismo no había podido obtener créditos, salvo los relacionados con decisiones geopolíticas (como los bonos Jecker), y ésos en condiciones de usura. En 1884 se inaugura el Ferrocarril Central, el que sigue el viejo camino real que desde la Colonia comunica la ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, pasando por las regiones agrícolas y mineras del

centro y norte del país: el Bajío, Zacatecas, Torreón, Chihuahua, Paso del Norte (Ciudad Juárez).3 Sin enemigos políticos relevantes y con la economía en condiciones aceptables, Porfirio aplica el que será su lema: «poca política, mucha administración» y logra un crecimiento económico significativo. De 1895 a 1910, la economía crece a un ritmo de 3% anual, con un crecimiento poblacional todavía moderado, de cerca de 1% anual. Se trata de una dinámica muy parecida a la de países que, cien años después, ya son desarrollados. Indudablemente, este crecimiento de la economía no fue igual para todos. México no ha podido nunca sacudirse el estigma de la desigualdad. Los extremos que se pueden ver en nuestro país son poco comunes en el mundo civilizado, y así ha sido siempre. Esta desigualdad llamó la atención de Alexander von Humboldt al inicio del siglo XIX, de la marquesa Calderón de la Barca años después, de muchos visitantes en el Porfiriato, pero también de viajeros de tiempos del régimen de la Revolución, desde Eisenstein en los veinte a Oscar Lewis en los cincuenta, y sigue siendo evidente para cualquier visitante de hoy.4 A pesar de que una de las acusaciones más frecuentes al Porfiriato es precisamente un incremento en la desigualdad, no tenemos evidencia de ello. Tampoco de lo contrario: simplemente no hay cómo evaluar adecuadamente el comportamiento de la distribución en esa época. La referencia más citada, un trabajo de José E. Iturriaga, es una simple aproximación sin mayor relevancia.5 De hecho, si acaso hay algo que ocurre en materia de distribución durante el Porfiriato no es un cambio en los extremos de riqueza y pobreza, sino el crecimiento de la clase media.6 Con respecto a la distribución de la riqueza, que podríamos deducir de la propiedad de la tierra y del incipiente capital, tampoco tenemos mucho de donde partir. También en este caso la referencia más común es una estimación sin bases, pero ahora de Frank Tannenhaum, que imaginaba que 90% de la tierra estaba en manos de 10% de la población, afirmación que no podemos probar.

La propiedad de la tierra

Quizá porque la población en México era mayoritariamente rural en 1910, o porque la imagen de los sombrerudos de Zapata y los vaqueros de Villa resulta impresionante, se acostumbra creer que la Revolución fue agraria. Esto, sin embargo, no resulta cierto más allá de la trivialidad de que fueron hombres del campo los que pelearon en todas las facciones, lo que no significa nada cuando más de dos terceras partes de la población podía considerarse del campo. El problema agrario, esencialmente el problema de la tenencia y aprovechamiento de la tierra, es fundamental para los zapatistas, mas no para el resto de quienes intervinieron en la Revolución. Pero los zapatistas eran, siguiendo la maravillosa frase de Womack, «campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución».7 En la leyenda, la Revolución sería una reacción de miles de peones explotados en las haciendas, cotos feudales que los habrían despojado de sus tierras. Como tantas otras cosas, esta visión es demasiado simple y esencialmente falsa. Entre los primeros en ponerlo de manifiesto, Friedrich Katz ha sido insistente: «No hay relación directa entre el grado de explotación en el periodo de Díaz y la participación en el movimiento revolucionario mexicano».8 O, con mayor amplitud: «Serían necesarias unas palabras de advertencia para disipar la idea de que la Revolución Mexicana fue una revolución de peones iniciada por los más pobres y en la cual pelearon los que más sufrían. Los hechos históricos no confirman esta apreciación. La Revolución no fue impulsada principalmente por peones. Los hechos históricos tampoco confirman la idea de que la Revolución se originó allí donde las privaciones espirituales y materiales de los peones eran mayores».9 Los pueblos despojados de sus tierras que acabaron convirtiéndose en peones explotados existieron sin duda, pero en regiones relativamente pequeñas. Hubo también lugares en los que haciendas, ranchos y pueblos convivían en paz. Más aún, como dice Gutelman: «No hay que engañarse: la Revolución Mexicana, lejos de ser un alzamiento general y unánime, fue más bien un asunto de

ejércitos privados y de bandas campesinas, sin coordinación entre ellos y, la mayoría de las veces, contrapuestos entre sí. Todos los dirigentes de alcance nacional se dedicaron a unificarlos bajo la férula de la gran burguesía, a la cual nunca se le arrebató realmente el aparato del Estado».10 Y otro estudioso marxista, Roger Bartra, abunda: «Diferentes estudios descubrieron que ese viejo lugar común según el cual la mayoría de los mexicanos son campesinos simplemente no era cierto, y que es necesario introducir un poco de rigor e imaginación en el análisis de la cuestión agraria».11 Una fuente muy comúnmente utilizada para evidenciar la concentración de la tierra tiene que ver con los deslindes de tierras que se realizaron en el gobierno de Manuel González y en el segundo periodo de Porfirio, es decir, de 1881 a 1889. La base legal de ese proceso es una ley expedida el 31 de mayo de 1875, bajo el gobierno de Lerdo, que facultaba al Ejecutivo para promover la inmigración de extranjeros. Con base en esa ley inician operaciones las llamadas compañías deslindadoras. El 15 de diciembre de 1883 se expide una nueva ley sobre la materia que otorga a dichas compañías la propiedad de una tercera parte de los terrenos nacionales que deslindaran. Entre 1881 y 1889 se deslindaron 32 240 373 hectáreas, por lo que las compañías recibieron 12 693 610 como pago por el deslinde. Además, se vendieron 14 813 980 hectáreas a sólo 29 propietarios. Estas cifras, cuyo origen es el boletín estadístico de 1889, y que Mendieta utiliza citando a Vera Estañol, y que a su vez usa González Roa citando a José L. Cossío, son duramente criticadas por Nickel.12 Lo mismo ocurre con el censo de 1910, que reporta 8 431 haciendas pero sólo 830 hacendados. De acuerdo con Nickel, las cifras resultan de fallas en el levantamiento del censo, puesto que fuentes de la época indican que era muy raro el hacendado con más de cuatro haciendas, por lo que es impensable que cada uno de los censados promediase diez. Este problema de las cifras ha resultado en un conjunto de mitos sobre la propiedad de la tierra que es importante revisar. En una de las primeras obras sobre la Revolución, que enfatiza el carácter agrario, Frank Tannenbaum prácticamente inventa cifras que

corroboren su impresión de que había una estructura prácticamente feudal en México.13 Así como las citas del boletín estadístico mencionadas en el párrafo previo toman vida propia en diferentes caminos, lo mismo ocurre con las estimaciones de Tannenbaum que, de ser sólo eso, estimaciones, se convierten en datos. Se trata del fenómeno que describe Schwartz, precisamente en referencia a la cuestión agraria: «Como los historiadores suelen repetir lo que dicen otros historiadores, aparte de repetirse a sí mismos, las generalizaciones se hacían generacionales. Una observación hecha por un viajero del siglo XVIII y repetida una vez por un historiador moderno era así repetida también por sus sucesores. La imagen de la plantación se osificaba y la repetición remplazaba a la investigación».14 Esta repetición de los viajeros, en el caso del agrarismo, debe atribuírsele a tres estadounidenses que ven la realidad mexicana a través de cristales populistas, a decir de David Brading: «Encabezando esta lista se encuentra la obra México Bárbaro (1911) de John Kenneth Turner [...] Íntimamente relacionado con el Partido Liberal Mexicano, Turner denunció claramente al régimen porfiriano por aliarse con el capital norteamericano y por su complicidad en la explotación de las masas rurales. Esta misma línea fue seguida por John Reed, que entonces ya apoyaba a la Industrial Workers of the World (IWW), confederación radical norteamericana de orientación anarcosindicalista».15 Pero «la figura más influyente en esta tradición populista fue Frank Tannenbaum, que en su juventud fue miembro de la IWW. Siendo profesor de la Universidad de Columbia, escribió varios libros sobre México».16 Los esfuerzos de Tannenbaum y otros investigadores estadounidenses de similar visión por darle un carácter agrario a la Revolución encontraron apoyo en las obras de Wistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez. El primero había escrito una crítica a los procesos de deslinde y la formación de latifundios en 1895, mientras que el segundo, en su conocida obra Los grandes problemas nacionales (1909) «contrastaba los vastos terrenos ociosos de los latifundios con las parcelas intensamente cultivadas de los rancheros y de las aldeas indígenas».17 Para

Molina Enríquez, «las haciendas eran una institución antieconómica que impedía la explotación racional del suelo por la clase enérgica y creciente de los rancheros».18 Y Brading deja claro el tamaño del mito: Tannenbaum y McBride aceptaron este modelo de la hacienda con notable complacencia; sin embargo, sus investigaciones estadísticas descubrieron evidencias que no estaban completamente de acuerdo con sus implicaciones teóricas. Por ejemplo, el censo mostró que en 1910 cerca de la mitad de la población rural vivía en aldeas libres. Aunque Tannenbaum supuso que cerca de un 40% de estas comunidades conservaba algunas tierras, francamente admitió: «no hay estadísticas adecuadas del área de tierra que tienen las aldeas».19

No hay duda de que las haciendas aprovecharon las bases legales que les brindaron la Constitución de 1857 y las leyes de colonización ni de que eso provocó que pueblos enteros perdiesen sus propiedades comunales. Sin embargo, no tenemos bases sólidas para afirmar, como Tannenbaum, que la tierra de las haciendas valía diez veces más que el resto, ni podemos seguir a Luis Cabrera con su estimación de que 90% de las comunidades del altiplano central ya no contaban con tierra en 1910.20 Siguiendo a Nickel, podemos decir que «el manejo de estas cifras requiere reserva. Aparte de que probablemente sean imprecisas también es limitado su valor de conocimiento, dado que las categorías de referencia no se fijaron inequívocamente y los porcentajes evidentemente se relacionan con territorios completos, en lugar de sólo las superficies de cultivo».21 La distribución de la tierra en México sufre una transformación profunda al final del siglo XIX. Y eso es lo que querían los liberales que hicieron la Constitución de 1857: impulsar la propiedad privada y acabar con la corporativa, comunal o social, como quiera llamársele. La expropiación y venta de los bienes de la Iglesia fue el primer resultado, pero no el único, de ese afán individualizante de los liberales. Después de la Iglesia siguieron los pueblos y el mismo Estado.

Esto llevó a tres diferentes situaciones en materia de tierras. En el norte, esa región que en los libros de texto se ha llamado genéricamente Aridoamérica, no habrá disputas significativas por la propiedad de la tierra y existirán haciendas verdaderamente grandes. La razón tiene que ver tanto con la menor densidad poblacional como con las condiciones geográficas y la orientación más moderna de la producción. Los conflictos en la región tienen que ver más con el trabajo agrícola que con la propiedad. En el Sur, que incluye la mitad de Veracruz y del Istmo en adelante, las haciendas existen como plantaciones y presentan los problemas típicos de éstas: el abuso, el peonaje, la esclavitud. Pero en el centro del país la propiedad de la tierra sí es un problema mayor, porque ahí sí había pueblos que llevaban siglos ocupando tierras que ahora una hacienda deseaba y, muchas veces, obtenía. Pero incluso aquí hay distintos problemas. No es lo mismo la grave situación de Morelos, en donde las haciendas son prácticamente plantaciones ávidas de tierra, que lo que ocurre en la región oriental (Tlaxcala, Puebla, Estado de México), en donde tienen una relación muy diferente con los pueblos. Mucho menos es comparable la región occidental, desde el norte de Michoacán hasta Jalisco, Guanajuato y parte de Aguascalientes, que después será el teatro de la Cristiada. El ascenso de los obreros

Si en cuestiones de tierra se nos complica sostener el argumento de la desigualdad creciente, el asunto es peor en materia de la incipiente industria. No porque fuesen los industriales muy caritativos y desprendidos, sino porque en medio de la economía primaria que tenía México entonces, la industria resultaba una alternativa. muy codiciada por la población. Nuevamente, esto no excluye los abusos de los empresarios ni las fuertes respuestas de los obreros, pero nos ayuda a poner en la perspectiva adecuada la situación. En el México de inicios de siglo, los obreros no son un actor fundamental de la política, y ni siquiera de la economía, salvo en

ciudades muy específicas (véase el cuadro 1.1). Por otro lado, con todo y las condiciones de trabajo que a ojos de hoy son pura explotación, el empleo en la industria representa un avance con respecto a las otras formas de ganarse la vida que entonces estaban disponibles. Como se muestra en la figura 1.2, el salario en la agricultura y en el ejército era entre 30 y 50% más bajo de lo que se podía ganar en la industria. En cualquier caso, lo mejor era estar en el sector público.

 

 

  Esto explica por qué los obreros no participan, en absoluto, en la Revolución de Madero, ni en el levantamiento contra Huerta, que es

el primer gobernante en abrirles aunque fuese un poco de espacio (con él crece la Casa del Obrero Mundial y se celebra el primer desfile conmemorativo del primero de mayo, por ejemplo). Sólo en la última etapa del conflicto armado, en la guerra civil, los obreros atinan a incorporarse a una facción, la carrancista, y sólo como responsables de la retaguardia, en los «batallones rojos». Es posible que, durante el Porfiriato, los obreros hayan visto mejorar su situación, aunque el punto de partida haya sido miserable. Lo cierto es que aún «no sabemos suficiente acerca de los salarios reales y estándares de vida como para juzgar cómo cambió el bienestar material de los trabajadores industriales durante el Porfiriato y cómo se compara con otros grupos».22 La Revolución Mexicana no tiene obreros, y por ello es totalmente absurdo que se consideren las huelgas de Cananea y Río Blanco como antecedentes directos del conflicto. Como ya hemos dicho, es un caso claro de una falacia construida mucho después, para poder darle un barniz de legitimidad al grupo ganador. Aunque hablaremos más adelante con detalle de la cuestión obrera durante esta etapa de la historia de México, desde ahora podemos aclarar esta confusión interesada.23 La huelga de junio de 1906 en Cananea, que tenía como objetivo que se pagase igual a mexicanos y estadounidenses por trabajos iguales, derivó en un motín popular gracias a la participación del Partido Liberal Mexicano, el grupo anarquista de los Flores Magón. Aunque este grupo no tenía el control de los obreros de Cananea, su intervención durante la huelga resultó decisiva, y no para bien de los obreros, por cierto. El esfuerzo de agitación no se dirigió a la mina de propiedad estadounidense, sino a una maderería de unos hermanos de apellido Metcalf, los primeros muertos en el motín que incluyó el incendio de su establecimiento. Frente a los hechos, el gobernador del estado, Rafael Izábal, decide pedir el apoyo de fuerzas estadounidenses, lo que complica más la situación. Sin embargo, un par de días después, Cananea regresa a la normalidad.24 La ubicación geográfica de Cananea explica el llamado a las fuerzas estadounidenses con toda claridad. Cananea era, entonces

y muchos años después, una economía de enclave.25 Una mina ubicada lejos de cualquier parte y comunicada sólo con Arizona. En cuanto al problema laboral, la información que envía el presidente municipal de Cananea a Izábal es que los huelguistas piden cinco pesos por ocho horas de trabajo y la expulsión de dos capataces. Posteriormente incluirían la exigencia de que 75% de los trabajadores fuera de origen mexicano. Para 1910, poco más de 90% de los mineros de Cananea serán mexicanos y los salarios promediarán cuatro pesos con cincuenta centavos al día.26 Por cierto, los mineros de Cananea nunca participarán en la Revolución Mexicana.27 Y es que la presencia del anarquismo magonista hacía espectaculares los problemas obreros, pero no ayudaba a obtener mejores resultados. Cito directamente a una fuente mucho más cercana a los hechos, Marjorie Ruth Clark, en referencia a la discriminación de los obreros mexicanos: [E]sto era sólo parte de la historia. En Cananea había un círculo liberal que estaba afiliado al partido encabezado por Ricardo Flores Magón. Este círculo era muy activo en la preparación y distribución de propaganda huelguística. Los manifiestos emitidos para agitar a los obreros también incluían demandas de un gobierno representativo y pedían el retiro de Díaz de la presidencia. La Federación Occidental de Mineros incitaba también muy activamente a los mexicanos. En esta huelga, la primera importante en la historia laboral mexicana, hubo derramamiento de sangre y violencia. Se quemaron edificios, se saquearon almacenes y las luchas entre los huelguistas y los hombres de la compañía arrojaron un saldo de más de veinte muertos y otros tantos heridos. El gobierno envió tropas federales para restaurar el orden y algunos mineros norteamericanos se apresuraron a cruzar la frontera para ayudar a calmar el «disturbio» en el que se pretendía que las mujeres y los niños norteamericanos estaban a merced de los mineros mexicanos.28

En el canon histórico del laborismo mexicano, Cananea es la primera huelga relevante,29 a la que le sigue Río Blanco en el camino a la Revolución. Pero tampoco Río Blanco es un antecedente del conflicto armado, puesto que los obreros de la zona

no participarán sino hasta diciembre de 1914, cuando Obregón los convence a ellos y a Carranza de formar batallones para cubrir la retaguardia en las ciudades que esta facción vaya recuperando para su causa. Un mes después del conflicto en Cananea, se funda en Río Blanco30 el Gran Círculo de Obreros Libres31 que adoptará poco después los principios del manifiesto de los Flores Magón (San Luis Missouri, 1 de julio 1906).32 A fines de ese año, los empresarios textiles de Puebla y Tlaxcala dictaron nuevos reglamentos, provocando una huelga que poco después se extendió a Veracruz. Se solicitó a Díaz su intervención como árbitro, por lo que éste concedió audiencia a representantes obreros para que expusieran sus quejas: [D]os horas y media duró la conversación que con ambos (Díaz y Corral) sostuvieron, y en el curso de ella manifestaron su deseo de que se les aumentara el salario; que no se les hicieran descuentos para fiestas religiosas; que se derogara la prohibición de no admitir en sus habitaciones a parientes y amigos, previo acuerdo de los administradores, y que se les quitara la gabela de reponer ciertos instrumentos que se deterioraban con el trabajo. En respuesta a tales pretensiones, los industriales declararon estar dispuestos a igualar los salarios de los obreros poblanos con los más elevados de la industria textil; a permitir que recibieran visitas en sus casas, a conceder un plazo de diez días para abandonar la vivienda a los obreros despedidos. Para entonces, el número de huelguistas ascendía a 30 000.33

El arbitraje de Díaz, anunciado el 4 de enero, daba la razón a los trabajadores, pero los mantenía sujetos al control político de las autoridades. Adicionalmente, se ordenaba la apertura de las fábricas para el día 7 de enero.34 Sin embargo, hubo observadores que percibieron las cosas de manera diferente: El 5 de enero de 1907 [sic], el presidente tomó decisiones después de conceder audiencias, tanto a los delegados de los obreros como a los de los patronos. Esto no tenía precedentes: era sin duda alguna la primera vez en México que se había permitido expresar sus demandas a los trabajadores. No obstante, el juicio emitido por Díaz era en casi todas sus cláusulas

desfavorables a los obreros. Los salarios seguían sometidos a multas, aunque éstas se destinarían a instituciones de fondos para viudas y huérfanos mientras que antes revertían a los patronos; se exigía que cada trabajador tuviera un libro en el que los patronos anotaran todos sus defectos y buenas cualidades, y sin la presentación de este libro no se podía emplear a ningún obrero; a los niños menores de siete años les estaba prohibido trabajar en las fábricas textiles sin permiso de los padres y, en caso de que lo tuvieran, sólo podían trabajar medio tiempo; cualquier publicación que quisieran distribuir los obreros debía ser supervisada por las personas nombradas por el jefe político del distrito, y se prohibían las huelgas. Se establecía la jornada de doce horas y se instaba a los patronos, aunque no se les obligaba, a que igualaran sus salarios en base a los salarios más altos que se pagaran en cada distrito industrial.35

El 6 de enero de 1907 el presidente del Gran Círculo de Obreros Libres, José Morales, informó a los obreros reunidos en el Teatro Gorostiza, de la ciudad de Orizaba, de la resolución presidencial que ponía fin a la huelga: «La mayoría se manifestó conforme con el laudo presidencial, pero también fue importante el número de los que protestaron contra él».36 Marjorie Ruth Clark sostiene que, en un intento de obtener alimentos, los obreros atacaron los almacenes de la compañía y al encontrar resistencia les prendieron fuego: Las tropas federales que se habían instalado en el lugar, bajo el mando de Rosalino Martínez, procedieron inmediatamente a la represión de las manifestaciones obreras. Gran parte de la verdadera lucha tuvo lugar en la fábrica de Río Blanco, con un saldo considerable de vidas humanas. Nunca se ha determinado el número real de obreros que perdieron sus vidas en estos encuentros, pero los cálculos oscilan entre veinte o veinticinco y varios cientos. En la historia laboral mexicana, el 7 de enero de 1907 se ha convertido en el símbolo del martirio por la causa obrera.37

Sin embargo, González Navarro presenta una historia diferente. A la salida del Teatro Gorostiza, Rafael Moreno y Manuel Juárez, presidente y vicepresidente de la sucursal del Círculo en Santa Rosa, se enfrentan a José Morales. Al día siguiente, mientras los

trabajadores de Río Blanco vuelven a trabajar, los descontentos los apedrearán. Un grupo de diez rurales los enfrenta sin éxito. Simultáneamente, Margarita Martínez encabeza el asalto a la tienda de Víctor Garcín38 (de origen francés). A partir de ahí ocurre el tumulto. Mientras unos obreros intentaban prenderle fuego a la fábrica, otros se llevaban la caja de caudales de Garcín y unos más liberaban presos de la cárcel y cortaban los cables de energía eléctrica. A las nueve de la mañana, los militares dispararon contra la multitud y mataron a 17 e hirieron a 80. Los obreros se dirigieron a Santa Rosa y Nogales y saquearon tiendas. Por la tarde, de regreso a Río Blanco, incendiaron y saquearon la manzana en donde vivían Morales y algunos de sus partidarios. Al día siguiente, los obreros de El Yute saquearon una casa de préstamos mientras los de Cerritos amenazaban Orizaba. Algunos obreros se apoderaron de armas y llegaron a controlar estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. El 9 de enero, 800 infantes, 60 rurales y 150 policías restauraron el orden. Rafael Moreno y Manuel Juárez murieron en Santa Rosa, según en un nuevo tumulto, posiblemente detenidos y asesinados. Un día después, diez personas fueron detenidas con bienes de la tienda de Garcín y fueron fusiladas, con lo que se sumaron a los 140 muertos de los días anteriores. Al día siguiente, diez rurales fueron fusilados, acusados de haberse unido a los obreros.39 En los siguientes días, posiblemente otras 50 personas habrían muerto y cerca de 400 habrían sido encarceladas.40 Como queda claro, las huelgas existieron, pero su elevación épica es resultado de los motines ocurridos a su alrededor, y no de su importancia en la obtención de mejores condiciones laborales o de la existencia de represión relacionada directamente con el conflicto laboral. De hecho, como hemos visto, los obreros de Cananea habían logrado, antes de la Revolución, mejorar significativamente su situación, y lo mismo es cierto de los textileros de la zona de Orizaba que, mucho antes de que se acordasen las ampliaciones al Plan de Guadalupe en diciembre de 1914 o el artículo 123 de la Constitución de 1917, ya habían logrado jornadas

de ocho horas, salarios más elevados y la eliminación de las humillaciones que todavía en 1907 existían.41 Una vez más: los obreros no participan en la Revolución porque no tiene sentido para ellos. Su proceso de mejoramiento es paralelo al conflicto armado y su situación no los coloca en la necesidad de rebelarse violentamente. Sobre ese proceso paralelo nos extenderemos más adelante, pero tocaremos un último punto que se ha usado también como causa de la Revolución y que tiene que ver asimismo con los obreros: los salarios. La crisis económica

Cuenta la leyenda que la situación económica de los obreros y empleados era muy grave en 1910 y que los obligó a levantarse en armas. Como hemos visto, y como veremos con detalle, en realidad nunca se levantaron, así que no debe de haber sido tan grave la situación económica. De hecho no lo fue. Aunque los salarios reales son menores en 1910 de lo que llegaron a ser en 1900, su caída es apenas de 10%, en el peor de los casos, lo que difícilmente parece una causa de guerra civil.42 La peor caída al final del Porfiriato ocurre con los salarios del sector público, que no fue precisamente un actor de la Revolución, como puede verse en la figura 1.3.

  Y así como existen diferencias en los salarios dependiendo de la actividad económica, también las hay de una a otra región. En la figura 1.4 se puede observar esta diferenciación geográfica que puede ser de utilidad para entender el distinto comportamiento regional durante la Revolución.

  Es muy importante no olvidar que la economía mexicana de inicios del siglo XX es esencialmente rural y, por lo mismo, sujeta a grandes variaciones en los precios. Un año de mala cosecha puede elevarlos fácilmente en 10% y una serie de tres malos años es una catástrofe. Sin embargo, eso no ocurre en México antes de 1910. Hay, efectivamente, presiones inflacionarias durante el periodo, pero muy pocas veces son de gran magnitud (figura 1.5). Los momentos de mayor inflación en esos años (1892, 1902 y 1910) alcanzan niveles de dos dígitos (12, 14, y 16.5%, respectivamente), pero el promedio quinquenal de la inflación apenas supera 5 por ciento. Aunque ese crecimiento en precios debe de haber sido molesto, no parece causa suficiente para levantarse en armas. De hecho, la economía mexicana crece de manera muy sólida durante el periodo 1895-1910, del que tenemos estimaciones razonables. El PIB nacional pasó de 31 millones de pesos a 47 millones en esos quince años, lo que equivale a una tasa anual promedio de 2.9 por ciento. Se trata de pesos constantes, es decir, eliminando el efecto de la inflación, que en esos años llegó a ser

importante, pero no como para desestabilizar el funcionamiento de la economía.

  El crecimiento de la economía mexicana no es menor, como se puede observar en una comparación internacional (figura 1.6). El desempeño de México es superior al de Japón o España, por mencionar dos países entonces no muy desarrollados, y muy parecido al de Estados Unidos, la potencia más dinámica de ese periodo.43

  No hay tampoco, en los momentos previos a la Revolución, ese nacionalismo económico que tan importante hace parecer el mito posterior. No existen preocupaciones de este tipo en la burguesía nacional, dice Knight, y eso muestra el mismo Francisco I. Madero en su libro, que concentra sus quejas en la política nacional, pero habla favorablemente del desempeño económico.44 Por cierto: en contra de la idea común, los mayores inversionistas en la industria mexicana no eran los estadounidenses, sino franceses, que sumaban 55% de la inversión en ese sector de la economía. Los estadounidenses se concentraban en la minería y los ferrocarriles, mientras que los ingleses habían invertido más en servicios públicos.45 Más aún, este proceso de desarrollo seguido en el Porfiriato, también según Alan Knight, se hubiera sostenido, con todo y sus contradicciones, si no fuese por la crisis política «evitable» de 19091910.46 Sin embargo, como veremos más adelante, es cierto que el modelo de desarrollo porfirista habría seguido sin la crisis política.

Tan es así, que el modelo efectivamente continuó, bajo una estructura política muy similar, durante el periodo sonorense. Pero es totalmente cierto que la Revolución Mexicana tiene únicamente causas políticas. Se trata de un mal manejo de cambio de régimen que destruye la estabilidad política, genera una crisis económica, replantea las lealtades y produce una guerra civil. En esa guerra se cobran viejos agravios económicos y sociales que por sí mismos no hubiesen provocado el conflicto, pero que, una vez aparecido éste, se pueden facturar. LA ÚNICA CAUSA: LA VEJEZ DE DÍAZ Al inicio de 1908, Porfirio Díaz, con 77 años cumplidos, otorga una entrevista a Pearson’s Magazine. En ella, Porfirio no sólo describe los avances logrados en su largo mandato, sino que opina sobre el papel de Estados Unidos en América y documenta su visión sobre México y los mexicanos. También habla sobre las próximas elecciones presidenciales, en las que espera enfrentar oposición porque México, considera Díaz, forma parte ya de los países desarrollados, en los cuales la democracia es el «único principio verdadero y justo de gobierno». La entrevista fue publicada en México los días 3 y 4 de marzo de 1908, en El Imparcial.47 Como resultado de esa entrevista se desatan ambiciones desconocidas. Nadie, en veinticinco años, había pensado en suceder al caudillo, que ahora de propia voz pedía relevo. De los dos grupos formados al amparo de Díaz, los «científicos»48 no tenían suficiente poder político como para competir, y sólo los «políticos» tenían alguna posibilidad, fuese con Bernardo Reyes o con Teodoro Dehesa. Sin embargo, de la elite económica, también construida al amparo de Díaz, surgirá una opción distinta que cosechará tanto el desprecio que los científicos causan a la mayoría como la indecisión de los políticos. Francisco I. Madero encabezará esta opción y logrará derrotar a Díaz, si bien no exactamente como éste lo había planteado a Pearson’s.

La entrevista de Díaz con el reportero James Creelman le provocará serias dificultades. En ella, Porfirio habla con amplitud sobre la democracia, a la que considera sólo posible en países desarrollados: «Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha peligrado por la larga continuidad en el cargo de un presidente», dijo calladamente. «Puedo decir sinceramente que este cargo no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único principio verdadero y justo de gobierno, aunque en la práctica es posible sólo en pueblos altamente desarrollados».49

Sin embargo, para 1910, Porfirio cree que México estará ya en ese selecto grupo de naciones en las que la democracia es posible: Sí, aunque obtuve el poder primero por las armas, una elección se llevó a cabo tan pronto como fue posible y entonces mi autoridad viene del pueblo. He tratado de dejar la presidencia en varias ocasiones, pero he recibido presiones y me he mantenido en el cargo por la nación que confía en mí [...] He esperado pacientemente al día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para elegir y cambiar su gobierno en cada elección sin peligro de una revolución armada y sin daño al crédito nacional o interferencia con el progreso nacional. Creo que ese día ha llegado.50

La razón es que, en sus treinta años de poder, la clase media ha aparecido, y es ella la que puede sostener a la democracia: Es sobre la clase media, que surge en mayor medida de los pobres, pero también algo de los ricos, la clase media activa, de duro trabajo, selfimproving, de donde debe depender la democracia para su desarrollo. Es la clase media la que se preocupa por la política y el progreso general. En tiempos anteriores no teníamos clase media en México porque las mentes de la gente y sus energías se absorbían por completo en la política y la guerra. La tiranía española y el mal gobierno habían desorganizado a la sociedad. Las actividades productivas de la nación fueron abandonadas en luchas sucesivas. Había confusión general. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo. No podía aparecer la clase media en esas condiciones.51

Es muy diferente su opinión sobre los indios: «Los indios, que son más de la mitad de nuestra población, se interesan poco por la política. Están acostumbrados a buscar en las autoridades liderazgo, en lugar de pensar por sí mismos. Es una tendencia heredada de los españoles, que les enseñaron a no acercarse a los asuntos públicos y depender del gobierno para guiarse».52 Aunque, de manera contradictoria, Porfirio duda de la capacidad de los mexicanos para convivir en paz, puesto que piensan más en sus propios derechos que en los de otros: El futuro de México está asegurado», dijo con voz clara. «Los principios de la democracia no se han plantado muy profundo en nuestro pueblo, temo. Pero la nación ha crecido y ama la libertad. Nuestra dificultad ha sido que la gente no se preocupa suficiente acerca de las cuestiones públicas para la democracia. El mexicano individual por costumbre piensa mucho acerca de sus derechos y está siempre listo para hacerlos valer. Pero no piensa tanto en los derechos de los demás. Piensa en sus privilegios, pero no en sus obligaciones. La capacidad para autoregularse es la base de un gobierno democrático, y esto es sólo posible a quienes reconocen los derechos de sus vecinos.53

Con base en esta interpretación de la realidad nacional, Porfirio está dispuesto a retirarse: «Daré la bienvenida a un partido de oposición en la República Mexicana», dijo. «Si aparece, lo consideraré una bendición, no un mal. Y si puede alcanzar el poder, no para explotar sino para gobernar, yo lo apoyaré, aconsejaré y me olvidaré en la exitosa inauguración de un gobierno completamente democrático en el país».54 Finalmente, hay un párrafo en la entrevista que resulta valioso para recalcar el pensamiento de Díaz: Todo se reduce al estudio del individuo. Es lo mismo en todos los países. El individuo que apoya a su gobierno en la paz o en la guerra tiene un motivo personal. La ambición puede ser buena o mala, pero es, en el fondo, ambición personal. El principio de un buen gobierno es el descubrimiento de ese motivo, y el estadista debe buscar, no extinguir, sino regular la ambición personal. He tratado de seguir esta regla con mis compatriotas, que son naturalmente

gentiles, afectuosos, y siguen a su corazón más frecuentemente que a su cabeza. He tratado de entender lo que los individuos quieren. Aun en su adoración a Dios, los individuos esperan algo a cambio, y ¿cómo podría un gobierno humano esperar algo superior en sus unidades?55

Lo inoportuno de la entrevista ha sido muy comentado. Knight incluye entre las posibles explicaciones de este hecho una muy simple: Porfirio estaba ya viejo.56

2. LA REVOLUCIÓN, UNA GUERRA CIVIL

La primera respuesta política a la entrevista, y la más poderosa durante varios meses, fue el reyismo. El general Bernardo Reyes, jalisciense de origen pero con una fuerte base política en Nuevo León, adonde Díaz lo había enviado como gobernador (para debilitar a Treviño y Naranjo, anteriores caciques de la región), parecía el mejor candidato alternativo a Díaz. Reyes era considerado el líder de los políticos, enfrentados a los científicos, cuyo candidato era José Yves Limantour, quienes a pesar del poder económico construido desde el gobierno, realmente no contaban con apoyos políticos suficientes, aunque sí sumaban enemigos. Por otro lado, Reyes, con cincuenta y tantos años, era relativamente joven comparado con otros posibles candidatos. Alrededor de Reyes se fue armando una gran fuerza política. Más grande de lo que Díaz había imaginado, sin duda. Los clubes reyistas aparecían por todo el país, a pesar de que el mismo general Reyes no se pronunciaba en ningún sentido.1 En ellos convergían muy diferentes grupos, desde anarquistas hasta antirreeleccionistas. La fuerza reyista provocó que Díaz acabara con la competencia y enviara a Reyes a estudiar a Alemania. Bernardo Reyes no tuvo el valor ni la capacidad de enfrentar a don Porfirio, a fin de cuentas su creador, y abandonó el país. Más importante: abandonó el movimiento. Los clubes reyistas, descabezados, encontraron en Madero al líder sustituto y decidieron lanzarlo como candidato a la presidencia, acompañado por Francisco Vázquez Gómez, postulado para vicepresidente.

Las fechas pueden ayudar a imaginar mejor la dinámica de esos momentos. La entrevista de Porfirio Díaz con James Creelman, que desata las aspiraciones a suceder al caudillo, se publica en marzo de 1908. Para noviembre de ese mismo año, Díaz era nuevamente candidato a la presidencia, pero no se definía al posible vicepresidente. En enero de 1909 se funda el Partido Democrático, eje del reyismo. En ese mismo mes aparece el libro de Madero y en mayo se funda el Centro Anti-Reeleccionista. Al mes siguiente aparece el semanario El Antirreeleccionista, dirigido por José Vasconcelos, y Madero inicia una gira por los estados del Golfo. El 18 de julio ocurre una gran manifestación en favor de Reyes en la capital del país. A fines de ese mes, don Porfirio envía a Gerónimo Treviño a tomar control de Nuevo León y humilla a Bernardo Reyes, quien se somete al caudillo. Los reyistas, desamparados, se encuentran con Francisco I. Madero. Miembro de una prominente familia coahuilense, Madero había recibido una educación propia de las elites mexicanas de principios del siglo XX, incluyendo estudios de técnica agrícola en Berkeley. A su regreso a México, la aplicación de sus conocimientos y la ya nutrida fortuna familiar le permitieron hacerse de un nada despreciable capital propio.2 Madero publica en 1908 La sucesión presidencial de 1910, en una edición privada (que como decíamos, realmente circula en enero de 1909). El libro plantea lo que, a ojos de Madero, son los principales problemas del país, incluyendo, como podía esperarse dados sus estudios, la ignorancia técnica para la adecuada explotación de la tierra. En todo el texto, Madero se cuida de criticar a Díaz, con quien no quería tener mayor problema: «Mi llamamiento se dirigirá igualmente al hombre que por más de 30 años ha sido el árbitro de los destinos de nuestra patria. Le hablaré con el acento sincero y rudo de la verdad, y espero que un hombre que se encuentra a su altura sabrá apreciar en lo que vale la sinceridad de uno de sus conciudadanos, que no persigue otro fin que el bien de la patria».3 El reyismo empieza a seguir a Madero, quien de pronto obtiene mucho más apoyo del que creía tener. Así se enfrenta a Díaz, quien

lo encarcela poco tiempo antes de las elecciones. Madero escapa y redacta el Plan de San Luis, en donde se convoca la Revolución para el 20 de noviembre. Madero llama a sus seguidores, precisamente los reyistas, a levantarse contra Díaz; pero no fueron ellos los que finalmente iniciaron la rebelión ni tuvieron nada que ver en las batallas importantes. Más todavía: ninguno de los clubes reyistas inicia un levantamiento en los meses de abril y mayo de 1911, cuando el desorden se generaliza.4 Es importante notar que en 1908, esto es, después de Cananea y Río Blanco y dos años antes del inicio del conflicto armado, nadie planteaba seriamente una crítica a Porfirio Díaz. Todos: políticos, científicos y la nueva generación de la elite económica (como los Madero) buscaban una salida pacífica, que contase con la aquiescencia del dictador y que posiblemente debiese esperar a la muerte de éste. En pocas palabras, hubiese bastado con que Díaz se hiciese acompañar de un miembro de alguno de estos tres grupos como vicepresidente para evitar el conflicto armado. Pudo haber sido Reyes el vicepresidente, o Limantour, o Madero mismo, pero Díaz optó por Ramón Corral, a quien nadie quería. Si la entrevista con Creelman puede considerarse un error, producto del exceso de confianza, del mal cálculo o de la vejez, ¿cómo debemos considerar la decisión de Porfirio de ignorar a los dos grupos que existían gracias a él en su gobierno o al grupo económico que también le debía buena parte de su riqueza? Tal vez sea cierto que, en política, sólo se comete un error: lo demás son consecuencias. LA PRIMERA REVOLUCIÓN (1911) Conmemoramos la Revolución Mexicana cada 20 de noviembre, porque en ese día convocó Madero a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. El 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, para ser precisos. Sin embargo, como es imaginable, ese día no pasó nada. Un par de días antes, en Puebla, los hermanos Serdán fueron atacados por la policía estatal, en previsión

de que se adhirieran al llamamiento de Madero. Los Serdán esperaban el apoyo de los obreros de Orizaba que se suponía se sumarían al levantamiento. Los obreros no llegaron ese día ni ningún otro y sólo participarían en la Revolución como propagandistas sindicales varios años después.6 Así empezó la Revolución: el día de la cita pocos intentaron hacer algo y ninguno logró nada. Era un movimiento desarticulado que enfrentaba a una policía política razonablemente efectiva para responder a este tipo de problemas. El mismo Madero, que se encontraba en San Antonio, Texas, no pudo llegar a Coahuila a tiempo para encontrarse con sus fuerzas leales. Cuando finalmente las localiza, eran apenas diez hombres.7 Así que mejor se regresó al otro lado, a esperar un mejor momento para enfrentarse a don Porfirio. Pero en diciembre las cosas mejoraron. En Chihuahua, se levantan en armas Pascual Orozco y Pancho Villa. En ambos casos, se trata de líderes naturales que tienen conflictos personales con individuos respaldados por Luis Terrazas, el «dueño» del estado.8 En menor medida ocurren levantamientos pequeños en diversas partes del territorio, pero sobre todo en el norte: Tepic, Zacatecas, Durango.9 Para inicios de 1911, la revolución maderista existe, aunque sólo sea en las montañas de Chihuahua, específicamente entre la capital del estado y Ciudad Juárez. A mediados de marzo, la región de La Laguna es también ya un foco guerrillero. Aunque esos levantamientos son los más importantes que ha enfrentado el Porfiriato prácticamente desde su inicio, tampoco eran un gran riesgo. Casi no ocurren enfrentamientos abiertos y los pocos que hay, como en febrero en Ciudad Juárez, son ganados por el ejército porfirista. Madero sigue sin poder regresar triunfalmente, pero en Estados Unidos lo amenazan con ser detenido por violar las leyes de neutralidad, así que ingresa a México el 14 de febrero, cerca de El Paso, y se dirige a San Buenaventura. Decide atacar Casas Grandes para mostrar su presencia el 6 de marzo, con la mala fortuna de que sus hombres se encuentran con un batallón de caballería que los hace trizas. Madero se salva por poco.10

Casas Grandes fue la primera batalla importante de la Revolución, y es buena muestra de la debilidad de los rebeldes frente a un ejército bien equipado que cada día se hará más evidente. Las derrotas de los revolucionarios en Agua Prieta y Navojoa el 12 de marzo y en Sonora diez días después lo confirman. Pero si en pertrechos militares los rebeldes estaban en clara desventaja, en ánimo y voluntad superaban por mucho al ejército porfirista que no tiene la capacidad de dar seguimiento a sus victorias y barrer a los rebeldes. Ese éxito relativo de los rebeldes en el norte, que perdían batallas pero que con mucho ánimo las volvían a presentar, tuvo dos efectos que llevaron a la expansión del conflicto. Por un lado, Díaz tuvo que desplazar la mayor parte del ejército al norte, reduciendo significativamente las guarniciones en el sur del país, destacadamente en el Istmo, Guerrero y Veracruz.11 Por el otro, las noticias de la rebelión «exitosa» provocaron que otros grupos descontentos intentaran también levantarse en armas. El levantamiento más importante que ocurre en el sur se da en Morelos. Aquí también hay causas diversas: conflictos personales, problemas políticos, pero también hay un fondo social: la agricultura de plantación en el estado ha provocado que las haciendas invadan las tierras de los pueblos a un extremo poco común en el resto del país. En la feria anual de Cuautla, en marzo de 1911, algunos líderes naturales de la región deciden alzarse.12 No es el único caso: hay levantamientos en varias partes de los estados de Tlaxcala y Puebla, y en la Huasteca. En resumen, la revolución maderista, hacia fines de marzo de 1911, consiste en una amplia variedad de rebeliones locales, mal armadas, que no tienen la capacidad de derrotar al ejército porfirista en campo abierto, pero que pueden desarrollar una efectiva guerra de guerrillas, si bien en un territorio muy limitado. Estos movimientos son esencialmente rurales, en contra de lo que Madero esperaba cuando lanzó el plan de San Luis, dirigido más bien a los clubes políticos urbanos que lo habían apoyado en su campaña electoral contra Porfirio. Los levantamientos rurales no son sólo inusitados para Madero, sino incomprensibles e incontrolables.

El gobierno de Díaz ya había intentado resolver políticamente el conflicto. Miguel Ahumada es nombrado gobernador de Chihuahua y sustituye a Alberto Terrazas en enero, pero el cambio no tiene efecto en los rebeldes. En marzo hay cambios de gobernador en varios estados e incluso el gabinete presidencial es sacudido: se separa a varios científicos y hasta al vicepresidente Corral. En esos mismos días, Limantour inicia negociaciones con la familia Madero y con Vázquez Gómez. A fines de abril empieza el diálogo formal en El Paso, que pronto se orienta a solicitar la renuncia de Díaz; éste la rechaza el 7 de mayo. Las negociaciones se suspenden y Madero ordena a sus levantados dejar Juárez y desplazarse hacia Chihuahua. Como una señal de lo que vendría en los siguientes meses, los alzados ignoran las órdenes de Madero y atacan Ciudad Juárez, que cae el 10 de mayo. Madero instala en Juárez su gobierno y reanuda las negociaciones con el gobierno de Díaz. Incapaz de resistir la presión política y enfermo, don Porfirio acepta renunciar. El 21 de mayo de 1911, a las 10 de la noche, en el edificio de aduanas de Ciudad Juárez, iluminados por los faros de los automóviles, los representantes de ambas partes firman el tratado que da fin al Porfiriato.13 En abril y mayo de ese año aparecen decenas de movimientos rebeldes en el país. Hay levantamientos en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, etcétera, todos ellos de carácter local, rurales, sin conexión con el maderismo. Más aún: sin conexión entre sí, anunciando lo que será años después la guerra civil, la «bola». Por ejemplo, el levantamiento de Zapata en el centro de Morelos resulta limítrofe al de los hermanos Figueroa en el este de Guerrero. El primero controla el triángulo Cuautla-Atlixco-Taxco, mientras los segundos dominan Huitzuco. Y son, propiamente hablando, enemigos entre sí. De la misma manera, las batallas en el territorio nacional ocurren con mayor frecuencia en esos meses, a pesar del armisticio maderista; ya se dijo que a Madero no le hacían caso. El 19 de mayo cae Cuautla en manos de los zapatistas. El 15 de mayo, Torreón es abandonada por las fuerzas federales y los rebeldes

toman la ciudad en total desorden. El odio de la población no se dirige a los hacendados ni a los estadounidenses: la turba asesina a doscientos cincuenta chinos. En toda la Revolución, en tres décadas, no morirá esa cantidad de estadounidenses.14 De hecho, los ataques a ciudadanos extranjeros durante la Revolución no se dirigen a estadounidenses, que normalmente resultan mejor tratados que los mexicanos. Los españoles, en cambio, reciben todo el peso de la Revolución, tal vez porque estaban más involucrados con las comunidades por su notoria presencia como administradores.15 Aunque la matanza de chinos en Torreón es el más grave, no se trata del único motín urbano. La caída de la autoridad provocó desórdenes en todas partes del país, notoriamente en el Bajío y especialmente en la ciudad de México, en donde el 24 de mayo los amotinados pedían la renuncia inmediata de Porfirio, que ocurrió al día siguiente, a las cuatro de la tarde. A las cinco, Díaz abordó el tren que lo llevaría a Veracruz para abandonar definitivamente el país.16 Las circunstancias de la derrota de Porfirio Díaz son muy particulares y serán determinantes en lo que ocurrió en los meses siguientes. Los responsables de su caída son los rebeldes chihuahuenses y, en mucho menor medida, los levantados en abril y mayo en todo el país. Pero el líder nominal de esta rebelión, Francisco I. Madero, no los conoce ni los entiende y ellos tampoco hacen caso de su líder. La revolución que Madero buscaba en realidad nunca ocurrió. Su llamado era a las ciudades, a los obreros, pero quienes se levantaron en armas fueron serranos, como los llama Knight. El Tratado de Juárez refleja esta perspectiva de Madero, que decide mantener buena parte del régimen porfirista funcionando y desplazar sólo a Díaz y a los científicos. Tanto el gobierno de transición, presidido por De la Barra, como el gobierno electo de Madero, mantuvieron todas las estructuras existentes en el Porfiriato, e incluso a las personas. Con De la Barra, no hubo maderistas en el gobierno. El único que podría considerarse como tal, Vázquez Gómez, ya había iniciado su distanciamiento del líder. Además de él, estaban dos familiares de don Francisco, Ernesto Madero y Rafael Hernández; pero no eran

maderistas. Ya en el gabinete de Madero, sólo él y Abraham González habían participado en la rebelión. No hubo espacio en el gobierno para los rebeldes. Lo más que pudieron lograr fue un lugar en la policía rural, que fue el espacio al que se destinaron los levantados que lograron mantener sus armas. Los demás fueron licenciados. El Tratado de Juárez ha sido muy criticado y se culpa a Madero de haber cavado con él su tumba. Pero no había muchas opciones, como hemos visto. Madero había pasado, prácticamente sin darse cuenta, de autor de un libro mediano a líder del reyismo y de ahí a responsable de una rebelión nacional, fundamentalmente sustentada en vaqueros chihuahuenses a los que don Panchito apenas conocía. Así, en el triunfo, Madero se rodea de los grupos reyistas, y deja colgados a los rebeldes «verdaderos». No es de extrañar, entonces, que los mismos que ayudaron a Madero a expulsar a Díaz fueran los que se levantan contra él. Apenas llevaba dos semanas de presidente cuando Zapata lanza el Plan de Ayala, el de «Tierra y Libertad». No es contra Porfirio Díaz que se lanza el grito de guerra, sino contra don Francisco I. Madero. Pocos meses después, el 3 de marzo de 1912, Pascual Orozco, el héroe de la revuelta contra Díaz, se rebela en Chihuahua. Todos los líderes del estado, con la excepción de Pancho Villa, se unen a Orozco quien lanza su plan el 25 de marzo. Se trata de un plan más amplio, tanto en extensión como en intención, que el maderista. Pero Pascual Orozco ha pasado a la historia, en el mejor de los casos, ignorado, y en el peor, como traidor a la Revolución. Bernardo Reyes había regresado a México e intentado recuperar su lugar desde antes de la elección, pero su fracaso fue estrepitoso y acabó recluido en la cárcel de Belén. Otro mensajero del antiguo régimen, Félix Díaz, sobrino de Porfirio, también se levanta en armas, pero con la misma suerte de Reyes. A los levantamientos que van creciendo hay que sumar el «destape» de la prensa mexicana que nunca había criticado tanto al presidente como en la época de Madero. Madero enfrenta ahora a todos. Al régimen porfirista al que no destruyó, a los rebeldes que lo apoyaron, a la prensa, a todos. Sin

embargo, además de estos levantamientos de alguna importancia, se identifican decenas, tal vez cientos, de pequeños focos de conflicto a lo largo del país.17 Es tan grande el desorden prevaleciente que Madero opta por una solución militar para las revueltas y levantamientos. Y una solución militar la controlan los militares, como es obvio, de manera que la represión se extendió tanto como lo habían hecho los conflictos locales. Cada día se hacía más común la muerte de rebeldes y la exposición de sus cadáveres colgantes, para aprendizaje del populacho. Y regresó la odiada leva, necesaria para tener un ejército capaz de enfrentar tantas revueltas en tantas partes. Para 1913, el ejército tenía cuatro veces más efectivos que ala salida de Díaz, y su parte en el presupuesto federal pasó de apenas veinte a más de 30 por ciento.18 La solución militar resultó útil en el caso de Pascual Orozco quien fue derrotado por Victoriano Huerta en agosto de 1912. Huerta se había hecho cargo, durante 1911, de la represión en Morelos, aunque nunca logró acabar con el movimiento de Zapata. Con Orozco tuvo mejor suerte: para septiembre de 1912 el orozquismo había sido extirpado de Chihuahua, aunque quedaban rescoldos en Sonora y en Coahuila. Especialmente en la región de La Laguna las cosas se descomponían.19 En octubre, como decíamos, Félix Díaz se pronuncia en Veracruz. Sin poder salir del puerto, es derrotado el 23 de ese mes. Juzgado en esa misma ciudad, es condenado a muerte, pero apela la sentencia y es trasladado a la ciudad de México a fines de enero de 1913. Por esos mismos días crecen los rumores de otro pronunciamiento, que ahora vendría del norte: Venustiano Carranza estaba a punto de levantarse contra Madero. Carranza había convocado a los cinco gobernadores del norte a una reunión en su rancho; ellos tenían quejas de Madero y se acercaban más a la postura de su hermano Gustavo, menos conciliatoria.20 Este levantamiento posiblemente nunca existió, pero es una buena señal de cuán grande era la incertidumbre. El golpe que finalmente ocurrió se venía planeando desde octubre de 1912, aun antes del pronunciamiento de Félix Díaz. Su núcleo fue Manuel Mondragón, seguidor de Díaz; contaba con el apoyo de Rodolfo

Reyes, hijo del general. La conspiración pronto incluyó a las dos grandes figuras del viejo régimen, ambas en prisión. Bernardo Reyes llevaba ya año y medio en Santiago Tlatelolco y Díaz llegaría a fines de enero a la penitenciaría del Distrito Federal. Por recomendación de Reyes, los conspiradores invitan a Victoriano Huerta a sumarse. Para su sorpresa, Huerta rechaza la invitación, pero tampoco los denuncia.21 La situación es tan difícil que en enero de 1913 el Bloque Renovador en el Congreso, formado por los diputados maderistas, entregó a don Francisco un documento en que se le pedía tomar el control del gobierno y desplazar a los representantes del viejo régimen.22 Pero don Panchito, como Villa gustaba de llamarle, dejó pasar el tiempo, su peor enemigo. El 9 de febrero de 1913 ocurrió el golpe. La columna principal se dirigió a Tlatelolco a liberar a Reyes y después a la penitenciaría, por Félix Díaz. De ahí se dirigieron a Palacio Nacional, adonde habían sido enviados desde temprano 200 cadetes para tomar la plaza. A las siete de la mañana llegaron Reyes, Díaz y sus seguidores frente a Palacio y, pensando en que ya estaría bajo control de sus fuerzas, marcharon hacia la entrada. Sin embargo, los cadetes habían sido derrotados por la guarnición del Palacio, al mando del general Lauro Villar, quien resultó seriamente herido en la refriega. Los levantados, que marchaban triunfalmente, fueron recibidos a balazos; ahí falleció Bernardo Reyes.23 Félix Díaz se replegó y se hizo fuerte en la Ciudadela, a unos dos kilómetros del Palacio. Madero, que residía en el Castillo de Chapultepec, se dirigió de inmediato a Palacio para encontrarse con escaramuzas desde Avenida Juárez. Ahí llegó Victoriano Huerta para ponerse a las órdenes de Madero. Al llegar a Palacio, y a la vista de las heridas de Lauro Villar, se hizo evidente la necesidad de designar a otra persona a cargo de la defensa del Palacio. Victoriano Huerta fue nombrado en ese instante.24 Los siguientes días fueron dramáticos para la capital. Las fuerzas maderistas lograron expulsar a los rebeldes de varios edificios tomados, pero no de la Ciudadela. La artillería de ambos lados

destrozó el centro de la ciudad, sin mayores daños para el Palacio ni para la Ciudadela. Así sería por diez días: la Decena Trágica. Y sería así porque así lo quería Huerta, quien desde el 11 de febrero mantenía comunicación con Félix Díaz. El 15 de febrero, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson reúne en su casa a los embajadores de Gran Bretaña, España y Alemania y, después de amplias discusiones, los convence de sugerir a Madero su renuncia, para evitar mayores desgracias. La historia llama «Pacto de la Embajada» a esta intervención flagrante de Wilson en los asuntos de México. Sería el embajador español el conducto con el presidente. Pedro Lascuráin de los Monteros, ministro mexicano de Relaciones Exteriores, organizó una comisión de senadores que también fueron a ver a Madero para pedirle su renuncia.25 El 16 de febrero, Huerta decidió finalmente a qué lado arrimarse y envió un mensaje a Wilson en el que ofrecía la entrega de Madero, quien nunca percibió la traición, aunque sí lo hizo su hermano Gustavo, que insistía en la remoción de Huerta. El 17 de febrero, Gustavo detuvo a Huerta a punta de pistola, pero el Presidente ordenó su liberación y reprendió a su hermano por su comportamiento impulsivo.26 El 18 de febrero compartieron la comida Gustavo Adolfo Madero y Victoriano Huerta en el restaurante Gambrinus. Mientras lo hacían, en Palacio Nacional las fuerzas de Aureliano Blanquet detenían a Francisco I. Madero. Minutos después, Huerta llamó a palacio para confirmar el éxito del golpe y detuvo a Gustavo. A las dos de la tarde, el golpe se había consumado. Dos horas antes, Henry Lane Wilson había cablegrafiado a su gobierno para comunicar las nuevas.27 Al día siguiente se cumplieron las formalidades. Las renuncias de Madero y Pino Suárez fueron obtenidas a cambio de la promesa de que podrían salir del país junto con sus familias, y fueron enviadas de inmediato al Congreso. A falta de ambos, la presidencia recayó en Pedro Lascuráin de los Monteros, quien asumió el poder a las 10:24 de la noche del 19 de febrero, sólo para nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación e inmediatamente renunciar, a las 11:20, para dejar a Huerta la presidencia. El 22 de febrero, Gustavo

Adolfo había ya muerto a manos de los seguidores de Félix Díaz y, por la noche, Francisco y el vicepresidente Pino Suárez fueron igualmente asesinados a las puertas de la penitenciaría. Así acaba la Revolución que conmemoramos, que sólo logra sacar a Díaz de la presidencia y abrir un amplio periodo de violencia. No es fácil imaginar la vorágine vivida por don Francisco. En enero de 1909 publicó un libro que apenas sugería una pequeña liberalización política del Porfiriato. Un año después, al inicio de 1910, había heredado el movimiento reyista y, sin comprender muy bien lo que pasaba, era el líder de la oposición de todo el país. Al inicio del año siguiente, don Panchito estaba refugiado en Texas como testigo de un levantamiento iniciado por él pero que no parecía ir a ningún lado. Al tercer año, es presidente de la República, sin la experiencia, las relaciones o el equipo de Porfirio Díaz, pero enfrentado a los mismos problemas, incluyendo levantamientos por todo el país. Al inicio de 1913, cuatro años después de la publicación de su libro, Madero está cercado. Un mes después, ha muerto. Son 1 500 días desde la publicación de La sucesión presidencial... hasta su asesinato. Mil quinientos días que deben de haber pasado demasiado rápido, que no deben de haberle dado a Madero una mínima posibilidad de entender el tamaño de su aventura, de su fortuna y su desgracia. EL TIGRE Es necesario hacer aquí un paréntesis para analizar adecuadamente la situación de México a la salida de Díaz. Don Porfirio se mantuvo en el poder desde 1876 hasta 1910, con el breve interludio de cuatro años de Manuel González a partir de 1880. Nadie había logrado algo parecido en México. Su competidor más cercano en materia de longevidad en el poder es, sin duda, Benito Juárez, «presidente» desde 1857 hasta su muerte en 1872. Quince años, de los cuales la mitad fue presidente sólo de una parte del país, mientras que la otra la controlaban conservadores (1857-

1860) o extranjeros (1862-1867). Antes de Juárez, Anastasio Bustamante suma poco más de seis años en tres periodos distintos; supera a Santa Anna, que con once periodos presidenciales no logra sumar un sexenio. Mantener el poder en un país del tamaño de México en el siglo XIX no es cosa sencilla. Sin la legitimidad de la Nueva España no hubo manera de mantener el país unido. Y todavía con Porfirio no hay un mito fundacional que permita una estabilidad a toda prueba. La construcción de la historia liberal se realizó precisamente hacia el cierre del Porfiriato con ese fin. Así que Díaz enfrentó las mismas tendencias disgregadoras que tanto dañaron al país durante el siglo XIX. Su manera de resolverlas nos ayudará a entender los problemas de Madero y las razones por las que la Revolución terminará en 1938. Uno de los problemas más importantes que enfrenta un Estado para mantenerse en el tiempo es la centralización geográfica del poder. No es el único, pero suele ser muy importante en países grandes y, para la tecnología del siglo XIX, México era inmenso.28 El dilema centro-periferia es sencillo de describir. Consiste en el necesario conflicto entre las fuentes de poder locales y las nacionales. Hoy nos puede costar trabajo imaginarlo, pero a mediados del siglo XIX se requerían dos semanas para viajar de la ciudad de México a Ures, entonces capital de Sonora, y un tiempo similar para llegar a Mérida, incluyendo el viaje por mar.29 Mover un ejército requería mucho más tiempo, así que si un líder local decidía levantarse en armas, tenía semanas enteras para controlar su territorio antes de tener que enfrentar a un enemigo llegado del centro. Por otra parte, para los habitantes de cualquier región, la ciudad de México no era más que un lugar imaginado. No lo conocerían nunca, ni podían esperar nada de ese lejano sitio. El poder que enfrentaban era siempre local. Durante la Colonia, el imperio español había resuelto esta situación dando a las regiones una muy amplia autonomía que, si bien no era formal, sí existía en la realidad. De hecho, el intento de centralizar el poder durante la segunda mitad del siglo XVIII (con las reformas borbónicas) es el punto de partida de las revoluciones de

independencia. La nuestra no trajo consigo un mecanismo que sustituyera el control de las regiones del país; y durante el siglo XIX cada una desarrolla su propia dinámica. Algunas partes intentan incluso separarse, como Yucatán, y otras van y vienen, como Chiapas. La resolución del conflicto centro-periferia es, a mi forma de ver, la esencia del régimen porfirista, puesto que dará al país la estabilidad política que redundará tanto en la recuperación del financiamiento del Estado como en la capacidad productiva social. No hay que olvidar que el Porfiriato logra tasas de crecimiento económico que México no había visto en un siglo o, con mucha seguridad, nunca. Para el último tercio del siglo XIX el país es una suma de caudillos que controlan regiones del país. En alianza con algunos de ellos ocurren los levantamientos contra Juárez o Lerdo de Tejada, incluso el que llevó a Díaz al poder en 1876. Porfirio va a contar con tres elementos para reducir el poder regional e incrementar el del centro: el jefe político, los rurales y el ferrocarril.30 La institución del jefe político es aprovechada por Díaz para mantener una doble línea de poder en las regiones: por un lado, los gobernadores, por el otro, los jefes políticos, nombrados a veces por el mismo gobernador, pero también por Díaz mismo en muchas ocasiones.31 Esto le permite a Porfirio mantener en cada región un conflicto latente que puede resolverse para uno u otro lado, pero siempre bajo el control central. Los rurales son un cuerpo creado por Juárez en 1861 y reorganizado en 1880. Aunque su trabajo principal consiste en enfrentar a los bandidos, también resultaron útiles para reforzar el control porfirista sobre las regiones.32 Así, aunque no contaban entre sus filas a lo mejor de la sociedad ni destacaban por su disciplina o capacidad, hicieron su aportación al proceso de centralización.33 Finalmente, el ferrocarril y el telégrafo acortan significativamente las distancias y hacen mucho más manejable el país: se puede conocer de manera inmediata una noticia y se pueden enviar tropas en cuestión de horas o de días a cualquier parte.

Estos tres mecanismos le permiten a Díaz centralizar el poder y, con ello, mantener la estabilidad política. Sin embargo, los primeros dos, construcción humana, tenderán a enmohecerse con el tiempo. Los jefes políticos van creando sus propios enclaves de poder y corrupción, mientras que los rurales engordan y se hacen viejos.34 A la caída de Díaz, el anquilosamiento de esas estructuras de control se hace evidente y los conflictos locales, nuevos o viejos, aparecen todos de manera simultánea, enfrentando a Madero con un reto que no esperaba y que no podía vencer. Y de hecho nadie pudo hasta Cárdenas: el tigre que soltó Madero no fue fácil de volver a amarrar. TODOS CONTRA HUERTA: LA SEGUNDAREVOLUCIÓN (1913-1914) La llegada de Huerta a la presidencia no provoca una reacción inmediata en su contra. Después de los quince deplorables meses de la gestión de Madero hay muchos que no ven tan mal al nuevo mandatario, en particular el ejército, que nunca aceptó a Madero, y buena parte de los remanentes del viejo régimen, que don Panchito no quiso rematar. Incluso en el Congreso no hay mucha oposición a Huerta. Hasta los gobernadores impulsados por Madero en Tabasco, Campeche, Veracruz, Morelos, Michoacán, Sinaloa se olvidan de él.35 Sólo tres gobernadores reaccionan, los tres del norte, si bien de manera muy diferente. Abraham González, de Chihuahua, el único que combatió en 1911, se enfrenta a Huerta desde el principio, por lo que es detenido por el comandante militar del estado y enviado a México, pero nunca llega: lo asesinan en el camino. En Sonora, José María Maytorena tampoco quiere aceptar a Huerta, pero teme a las fuerzas huertistas en su estado, así que mejor pide licencia y abandona el país.36 Algo parecido ocurre con el gobernador de Coahuila, que primero se inconforma con el procedimiento por el que Huerta llega al poder (la renuncia de Madero y el nombramiento de Lascuráin) y envía un telegrama a sus colegas gobernadores promoviendo el rechazo a

Huerta. Sin embargo, tres días después envía a dos personas a la ciudad de México para negociar, admitiendo que ha cambiado su actitud y reconociendo que la sucesión había sido constitucional. Finalmente, al enterarse de la muerte de Madero, vuelve a cambiar de parecer y el 23 de febrero anuncia públicamente, desde el balcón del palacio de gobierno, que se enfrentará a Huerta. El gobernador Venustiano Carranza tarda en decidir, como es su costumbre.37 Los que esperan «mano dura» de Huerta desde el gobierno no tendrán motivo de queja. Pero el general jalisciense no se limita a los rebeldes del sur sino que barre parejo con toda la oposición, es decir, contra los pocos maderistas que no alcanzaron a cambiar de barco. Los gobernadores indecisos son defenestrados (San Luis, Sinaloa) y los funcionarios menores, perseguidos (como en Chihuahua, donde a la muerte de González sigue una purga masiva).38 La rebelión contra Huerta, en la primavera de 1913, es parecida a la de 1911. Se trata de cientos, tal vez miles de pequeñas venganzas, disputas locales, conflictos entre políticos menores que van plagando el territorio nacional. Como dos años antes, y como ocurrirá en los siguientes, la primavera es la época de más violencia, porque al llegar las lluvias los ejércitos se deshacen. La tierra reclama a los campesinos devenidos en combatientes. Pero en 1913 hay una diferencia. La legitimidad que todavía gozó Díaz no la tiene Huerta y a la cabeza de la rebelión no está Madero el diletante sino Carranza, un político más hecho, necio y duro que se asume como líder de la rebelión y establece un argumento de fondo: la llegada al poder de Huerta violentó la Constitución de 1857 y es necesario restablecer el orden constitucional, del que Carranza se califica como garante. El 26 de marzo de 1913, don Venustiano publica el Plan de Guadalupe, que consiste en oponerse a Huerta, nombrarse primer jefe del Ejército Constitucionalista y prometer el regreso al orden constitucional tras la deposición de Huerta. No hay ninguna oferta de reformas sociales, a pesar de la opinión de los más cercanos seguidores de Carranza, todos ellos jóvenes coahuilenses: es un plan más parecido al de Félix Díaz que a los de Madero u Orozco.39

Pero Carranza es primer jefe de algo que no existe: como no tiene fuerza en Coahuila, publicado el Plan, corre a Sonora, en donde sí hay una rebelión en proceso. La fuga del gobernador Maytorena abrió el espacio para que un grupo de líderes naturales de la región se hicieran cargo de la revuelta. Ignacio Pesqueira fue nombrado gobernador interino del estado y un agricultor que se había destacado en los enfrentamientos de 1912 contra Pascual Orozco encabeza las fuerzas revolucionarias sonorenses: Álvaro Obregón. El liderazgo de Obregón, sin embargo, no es absoluto al principio. Colegas suyos, algunos con más experiencia, le disputan el mando, especialmente Salvador Alvarado y Benjamín Hill. Precisamente gracias al vacío de poder en Sonora y Chihuahua, Carranza puede establecerse como primer jefe. Y le resulta fácil administrar los conflictos entre Obregón y Alvarado, y entre ellos y los líderes que van surgiendo en otros estados. Se pone a emitir decretos y, peor aún, dinero. En julio decreta la constitución de nueve cuerpos de ejército, de los que, en realidad, apenas existían tres. Nombra a Obregón divisionario del noroeste, en donde incluye a Chihuahua, es decir, a Pancho Villa. Para mayor humillación de éste, Carranza nombra como gobernador de ese estado a Manuel Chao, un civil sin mayores prendas.40 La revolución de 1913 se concentra, pues, en Sonora, Chihuahua y Coahuila, aunque Zapata continúa su pleito aparte. El Plan de Ayala ahora se reforma para tener a Zapata como jefe. Gertrudis Sánchez, oriundo de Coahuila y revolucionario en 1911 en ese estado, levanta ahora a los guerrerenses en Coyuca en marzo y le siguen pronto otros jefes. En la primavera y verano de 1913 ocurren decenas de pequeñas revueltas por todo el país, tantas que «no pueden ser tratadas con algún detalle», como dice Alan Knight.41 Movimientos más importantes ocurrirían en Tamaulipas, encabezados por Lucio Blanco, y en San Luis Potosí, por los hermanos Cedillo.42 Más al sur el verano no era bueno para la rebelión, porque la temporada de lluvias es también la de atender el campo. En Orinaba, en cambio, la revuelta no se consolida porque la actividad industrial continúa en auge, a diferencia de lo que pasa en el norte.

Más aún, en las zonas de plantación, la rebelión no va a prender, en 1913 ni nunca. «Donde la plantocracia mandaba, la rebelión no ocurría», dice Knight. Pero que no hubiese un gran movimiento, como el norteño o el agrarista de Morelos, no implica que no existiesen pequeños focos rebeldes en Veracruz.43 Quedan así configurados los participantes de la Revolución de 1913. Por un lado, los sonorenses como brazo armado del constitucionalismo de Carranza, que también cuenta con aliados en el otro extremo norte del país, mal guiados por Pablo González. Junto a ellos, pero más peleado que aliado, Pancho Villa en Chihuahua, y poco después en todo el norte del país. En tercer lugar, la Revolución de Emiliano Zapata, que siempre irá sola. El cuarto actor de este proceso es el gobierno federal, que cada día es más dictatorial, y del que Victoriano Huerta va desplazando a sus rivales, empezando por Félix Díaz. Para el verano, Obregón es ya la figura militar indiscutible del grupo constitucionalista (habida cuenta de que su único competidor serio, Villa, no es del agrado de Carranza) y muestra ya las virtudes que después le permitirán resultar ganador de la Revolución. No sólo tiene grandes dotes naturales de estratega militar, sino también habilidades de administrador que, en las guerras largas, marcan la diferencia. Obregón se sostiene en el apoyo logístico de un estado que no cae en el desorden. El gobernador Pesqueira sigue a cargo (salvo en Guaymas, que seguirá en manos de los huertistas hasta la caída del usurpador) y se ha rodeado de personajes con amplia capacidad para mantener funcionando la administración.44 Mientras tanto, Pancho Villa se erige poco a poco como líder en Chihuahua. Para junio de 1913 es dueño del estado, a excepción de las dos ciudades principales, Chihuahua y Juárez. La familia Terrazas a duras penas puede sobrevivir en la capital. Al mismo tiempo, Tomas Urbina toma Durango, en donde ocurre un saqueo similar al de Torreón en 1911, pero sin la matanza de extranjeros. El 1 de octubre, las fuerzas de Villa y Urbina toman Torreón, ya sin saqueos ni desórdenes.45 En la capital del país, desde abril de 1913 empiezan los problemas entre Díaz y Huerta. Los seguidores del primero exigen el

cumplimiento del Pacto de la Embajada y quieren elecciones. Huerta acepta y las convoca para octubre, pero de inmediato empieza la expulsión de los felicistas del gobierno. En el verano, el Congreso endurece su posición frente a Huerta. Belisario Domínguez, médico chiapaneco que acaba de ocupar una posición en el Senado como suplente, escribe y circula un documento muy crítico contra el dictador. Dos semanas después es secuestrado por cuatro policías (entre ellos un hijo y un yerno de Huerta), llevado a Coyoacán y asesinado. Un destino similar habían ya tenido varios diputados, entre ellos Serapio Rendón.46 El 10 de octubre, mientras los diputados discutían la creación de una comisión que investigara la desaparición de Domínguez, las tropas huertistas, al mando de Aureliano Blanquet, tomaron la Cámara y exigieron que se rescindiera la decisión. Ante la negativa de los diputados, el Congreso es disuelto y son detenidos 110 legisladores que son llevados a la penitenciaría, en donde 74 quedarán presos.47 Las prometidas elecciones ocurren el 26 de octubre, pero ahora incluyen la elección del Congreso, puesto que el anterior fue disuelto. Para sorpresa de nadie, la dupla ganadora la forman Huerta y Aureliano Blanquet. Los nuevos diputados son todos huertistas, no pocos de ellos militares. En los siguientes meses, también el gabinete se militariza. El mismo día de la elección, Félix Díaz abandona su hotel en Veracruz, por la azotea, y corre a refugiarse a un buque estadounidense.48 En otoño de 1913 Carranza se establece en Sonora con su gobierno, lleno de civiles y coahuilenses, en el que sólo un militar tiene cabida: Felipe Ángeles, secretario de Guerra que, si bien fue leal a Madero, no formaba parte ni de la Revolución de 1911, ni de la de ahora. La vida en la corte carrancista es muy diferente de lo que ocurre en los campos de batalla y se alimenta en ella el desprecio por los revolucionarios de 1911. En parte por ello, Villa no es aceptado, y el gran crimen de Felipe Ángeles será abandonar Sonora e irse a acompañar al Centauro del Norte.49 En octubre Villa ataca Chihuahua pero es derrotado, reagrupa sus fuerzas y toma el tren a Ciudad Juárez. Amaga al telegrafista y envía la señal a Juárez de que todo va en calma. Así logran entrar

en la ciudad sin que se diera cuenta el ejército federal. La ciudad es tomada prácticamente sin combate.50 Las fuerzas federales se dirigen a Ciudad Juárez para recuperarla y Villa sale a su encuentro para no quedar encerrado contra la frontera. La batalla ocurre en Tierra Blanca y, a pesar de que Villa es inferior en efectivos, armamento y estrategia, logra derrotar a los federales que no tienen la decisión y el ánimo necesarios.51 La noticia de la derrota en Tierra Blanca provoca que Mercado, el general huertista, abandone la ciudad de Chihuahua y se dirija a Ojinaga, en la frontera. Es una mala decisión, puesto que el camino debe hacerse a pie, ya que el ferrocarril está inservible. Sufre serias pérdidas por deserción y mucho material de guerra es abandonado en el camino. Pancho Villa tiene el control total del estado de Chihuahua.52

  La administración villista de Chihuahua ha sido motivo de mucha especulación y algunos ven en ella experimentos socialistas, destacadamente John Reed. Sin embargo, la evidencia que analiza cuidadosamente Alan Knight le permite decir que «el socialismo Villista es una imaginación del Brooklyn Eagle».53 Lo que sí hace la administración villista de Chihuahua, pese a no ser mala en lo general, es abrir grandes espacios a la corrupción, aprovechados por decenas de pequeños jefes, incluyendo a los hermanos de Pancho Villa.54 Para fines de 1913, el norte del país está dividido. Sonora y Chihuahua ya son parte del espacio constitucionalista, en el resto de

la región el campo es de los rebeldes y las grandes ciudades de Huerta.55 De nuevo, la primavera de 1914 es de grandes batallas. En junio, Ambrosio Figueroa, gran rival de Zapata, muere en enfrentamiento con los federales, lo que permite que, con la única excepción de Silvestre Mariscal, el resto de los líderes guerrerenses se sume a Zapata a fines de 1913.56 Se suma a esta nueva escalada militar la debilidad del gobierno de Huerta. En lo económico, ha perdido la recaudación en el norte del país y ha debido incrementar su gasto significativamente para repeler a los rebeldes, lo que lo obliga a endeudarse; pero esta opción es muy limitada, dada su débil posición y la grave situación del sistema financiero (que viene desde finales del Porfiriato).57 Las clases altas, que tanto alababan la mano dura de Huerta, no fueron capaces de apoyarlo en su enfrentamiento con los rebeldes, ya fuese con recursos financieros o de manera directa. Esa actitud sorprenderá a los observadores extranjeros.58 En la arena internacional Huerta también sufre: el gobierno estadounidense, presidido por Woodrow Wilson desde marzo de 1913, no lo reconoce. El embajador del Pacto, Henry Lane Wilson, ya ha sido retirado y Estados Unidos establece una pequeña red de informantes. De entre ellos, John Lind ha tenido gran influencia en las decisiones de su gobierno que, en buena medida por ello, ha detenido el reconocimiento de Huerta. Para inicios de 1914, se ha sumado a la presión el cabildeo carrancista en manos de Luis Cabrera que logra que Wilson termine con su política de observador y relaje el embargo de armas al ejército constitucionalista en febrero de 1914.59 En marzo de 1914 da inicio el proceso definitivo de esta segunda revolución. Las fuerzas de Villa, ahora bien armadas gracias al levantamiento del embargo, atacan Lerdo y Gómez Palacio a fines del mes. La batalla, que duró casi una semana, es ganada sobre todo por el ánimo superior de los rebeldes, la gran aportación de Villa a la Revolución —sin menospreciar la presencia de Felipe Ángeles y su manejo de la artillería.60 El 3 de abril las fuerzas federales abandonan Torreón, puesto que la defensa era imposible. Villa toma la ciudad, pero de

inmediato sale en persecución del enemigo. El enfrentamiento ocurre en San Pedro el 12 de abril y el ejército huertista, desmoralizado, no es capaz de soportar el ataque y es absolutamente derrotado.61 La secuela en el norte del país es inmediata: pronto caen Monterrey, Nuevo Laredo y Piedras Negras en manos de la división del noreste, que tan poco había logrado hasta entonces.62 Sin embargo, la batalla final del norte ocurrirá en Saltillo, donde todavía los federales tenían control. Aunque Villa insistía que eso le tocaba a Pablo González, Carranza le ordenó hacerse cargo. Un agravio más para Villa, pero de suma importancia: Carranza no quería verlo llegar a la ciudad de México.63 Por el noroeste, Obregón avanzaba lentamente. Había tomado Culiacán en noviembre y le dejó encargado Guaymas a Salvador Alvarado y Mazatlán a Iturbe, para dirigirse hacia Tepic, adonde llegó a mediados de mayo de 1914. Al mismo tiempo, Zapata se moviliza desde el sur. En marzo toma Chilpancingo, pero hasta ahí llega.64 Para complicar más las cosas, el 9 de abril ocurre un incidente en Tampico. Los federales detienen a la tripulación de un bote estadounidense al confundirlos con rebeldes. Aunque los liberan poco tiempo después y se disculpan verbalmente, el comandante del barco, Henry Mayo, exige una disculpa oficial y una salva de 21 cañonazos en desagravio de su bandera. La guarnición de Tampico se opone bajo las órdenes de Huerta, que espera utilizar el incidente para su propia causa, como lo ha hecho en varias ocasiones previas, inventando conflictos con Estados Unidos para allegarse la opinión pública. Sin embargo, en Washington, John Lind insiste en que sólo una acción directa de su país podría deponer a Huerta y abrir paso a los revolucionarios.65 El 22 de abril de 1914 la flota estadounidense toma el puerto de Veracruz con bajas de ambos lados, pero considerablemente mayores en la parte mexicana. La respuesta popular a la invasión fue extensa, pero más bien tibia y de muy corta duración, según lo documenta Alan Knight ampliamente. Más aún, los efectos de la invasión en el derrotero de la Revolución pueden considerarse nulos. Incluso la conferencia en Niágara, donde la mediación del

grupo ABC (Argentina, Brasil y Chile) intentaba más buscar una salida pacífica para Huerta que resolver el conflicto de Tampico, resultó un fracaso.66 En mayo, una vez enviado Villa a Saltillo, Carranza se dirigió a Torreón. Pánfilo Natera y los hermanos Arrieta lo convencieron de que serían capaces de tomar Zacatecas, a lo que él accedió gustoso, para dejar a Villa en la retaguardia. Después de dos días de batalla se hizo evidente que no lo lograrían, por lo que Carranza ordenó a Villa enviar refuerzos. Éste se rehusó y renunció, junto con sus 15 generales. Días después se celebran en Torreón conversaciones entre los villistas y la gente de Pablo González, la división del noreste. El acuerdo es que Villa reconozca nuevamente a Carranza como primer jefe y que éste reinstale al primero a la cabeza de la División del Norte. Más todavía, se acuerda que, una vez tomada la capital, se convocará a una convención revolucionaria con representantes de todas las fuerzas para definir un programa de reformas. Carranza aceptó en lo general el acuerdo, pero indicó que no aceptaría la convención, puesto que eso superaba el ámbito de las conversaciones de Torreón.67 El 1 de julio, firmado el arreglo entre Estados Unidos y el México de Carranza, Huerta quedaba condenado a la derrota absoluta. El 9 de julio, Francisco Carbajal es nombrado ministro de Relaciones Exteriores y seis días después Huerta renuncia y es sucedido por Carbajal, como indica la ley. Huerta y Blanquet se dirigen a Puerto México y abordan un buque alemán que los llevará a Jamaica. De ahí, Huerta se irá a vivir a Barcelona con su familia, al menos por un tiempo.68 La revolución del norte, más allá de expulsar a las fuerzas huertistas, no cambia nada. Sin embargo, Alan Knight percibe en estos movimientos un cambio de mentalidad que es un tema recurrente en su análisis de la Revolución. Knight considera que permite romper con la visión estamental y da a los mexicanos sentimientos de igualdad que antes no existían o estaban muy reprimidos.69 Mientras Carranza ponía peros a los acuerdos, Villa dirigía sus fuerzas contra Zacatecas. En dos días las defensas de la ciudad se

doblaron y el 23 de junio el Centauro toma la ciudad. Se trata de una masacre: más de 6 mil federales son muertos.70

  En la primera semana de julio Obregón toma Guadalajara. Gertrudis Sánchez, al mando de ejércitos de Michoacán y Guerrero, se dirige a Huetamo; Cándido Aguilar, en Veracruz, hacia Jalapa, capital del estado. Jesús Carranza y Pablo González van a San Luis. Villa, sin embargo, en lugar de dirigirse a la ciudad de México, decide regresar a Torreón, probablemente preocupado por no perder sus líneas de abastecimiento desde Chihuahua. Obregón puede entonces moverse a la capital del país, a cuyas puertas llega a principios de agosto.71

El 12 de agosto Carbajal se rinde ante Obregón en Teoloyucan. Es una rendición incondicional que establece prácticamente la desaparición del ejército mexicano pero que incluye, a petición de Obregón, que las fuerzas federales que impiden el paso de los zapatistas a la ciudad de México desde el sur se mantengan hasta ser relevadas por fuerzas constitucionalistas.72 Viene entonces la tercera guerra. TODOS CONTRA TODOS: LA TERCERA REVOLUCIÓN (1914-1916) Una vez derrotado Huerta, la paz no llega a México. El pleito entre Carranza y Villa estalla a la vista del poder, que el primero quiere para sí y el segundo no sabe para qué. Un par de semanas después de llegar a la capital, Carranza convoca a la convención que había acordado con Villa en julio y que parecía la mejor forma de construir un acuerdo entre las dos facciones mencionadas y la de Emiliano Zapata. La primera sesión de la convención sería el 1 de octubre de 1914.73 Sin embargo, ninguno de los tres jefes parecía estar realmente interesado en esto. Sólo Obregón buscaba amarrar acuerdos, en particular con Villa. Desde hacía algún tiempo había conflicto entre las facciones carrancista y villista en Sonora, la primera encabezada por Plutarco Elías Calles, cercano a Obregón; la segunda, por José María Maytorena, el gobernador maderista ahora arrimado a Villa. A principios de septiembre, Obregón logra un acuerdo con Villa para nombrar a Juan Cabral gobernador del estado y superior de los dos enemistados. Sin embargo, pocos días después, en un nuevo acercamiento, Villa decide fusilar a Obregón pero, como años antes había hecho con Manuel Chao, finalmente lo abraza y lo deja libre.74 Carranza, preocupado porque Obregón hubiese caído en una trampa, decide cortar la vía de ferrocarril entre Torreón y Aguascalientes, causando el enojo de Villa y poniendo nuevamente en riesgo la vida de Obregón. Una nueva reunión de éste con la gente de Villa acuerda la creación de un comité permanente de

pacificación y convoca a una convención ampliada que debía realizarse en Aguascalientes el 10 de octubre.75 En consecuencia, al reunirse en la ciudad de México la convención original el día primero, las discusiones se concentraron en la legitimidad de la segunda convención y en determinar quiénes deberían asistir. Esta convención capitalina constaba prácticamente de puros constitucionalistas, puesto que los villistas y zapatistas no asistieron: acusaban a la convención, aunque sin mucho fundamento, de ser un arma de Carranza. Como sea, la convención decidió moverse a Aguascalientes, pero con un cambio: sólo los militares participarían en ella; ningún civil podría hacerlo, a menos que fuese delegado de un militar. A diferencia de lo que pasó en 1911, ahora los que ganaron la guerra acordarían la paz.76 La convención se inició el día pactado en Aguascalientes. Asistieron 150 delegados, de los cuales 37 eran villistas y 26 zapatistas. El resto era independiente, puesto que los denodados carrancistas eran todos civiles. Pero a pesar de la intención de desplazar a los civiles, dos terceras partes de los asistentes eran delegados de militares, civiles convertidos en coroneles para la ocasión, y fueron los más vocales en las reuniones. Además de ellos, apenas algunos generales con facilidad de palabra y visión amplia participaron, destacadamente Obregón. Carranza, poco atraído por esta convención que no era obra suya, impidió la asistencia de otros generales igualmente capaces para el debate como Gabriel Gavira, Francisco Múgica o Heriberto Jara.77 La convención se declaró soberana en contra de la voluntad de Carranza, que insistía en que eso quedaba fuera de los términos originales de la convocatoria. Sin hacer caso al Primer Jefe, la convención aceptó parcialmente el Plan de Ayala, desconoció a Carranza y nombró presidente provisional de la República a Eulalio Gutiérrez, minero de luces moderadas. También se le quitó autoridad militar a Villa, lo que éste aceptó gustoso. Tanto la asistencia de los zapatistas a Aguascalientes como el proceso que acabamos de comentar son obra de Felipe Ángeles, que seguía a cargo de la artillería villista. Esta artillería, junto con miles de

hombres, entró en la ciudad de Aguascalientes a fines de octubre para, según ellos, evitar un ataque carrancista.78 Para el 7 de noviembre eran treinta mil los villistas acantonados en Aguascalientes y sus alrededores. Carranza, temiendo un ataque a la capital, la abandona para dirigirse a Veracruz. Desde Tlaxcala telegrafía a la convención anunciando que no se retirará a menos que Villa y Zapata también lo hagan. El 10 de noviembre la convención declara a Carranza en rebeldía,79 quien el 13 de diciembre se dirige a San Luis, mientras Villa avanza hacia la ciudad de México: se inicia la guerra civil. Convencionalistas y constitucionalistas forman dos grandes agrupaciones que no tienen mayor coherencia ideológica o de clase. Se trata de grupos definidos más por las rivalidades locales que por cualquier otra cosa.80 Sin embargo, esta tercera revolución ya no tiene mayor preocupación por lo que piense «el pueblo»: estamos ya en la lucha descarnada por el poder, en la etapa menos democrática de la violencia.81 En noviembre los villistas se dirigen a la capital del país, que Carranza desaloja llevándose consigo los archivos y todo el dinero que puede conseguir. Se dirige a Veracruz, apenas abandonada por los invasores estadounidenses. El último día de noviembre Villa se encuentra con Zapata en Xochimilco, en donde acuerdan la campaña contra Carranza. El 6 de diciembre cincuenta mil tropas convencionalistas entran triunfales a la ciudad de México.82 A diferencia de lo que esperaban los capitalinos, los zapatistas no causaron destrozos ni ocuparon mansiones. Apenas destruyeron una máquina contra incendios que confundieron con algún equipo de guerra. Los villistas, al principio, tampoco causaron problemas. Los habitantes de la ciudad comparaban a los convencionalistas favorablemente, después de la rapiña carrancista.83 Pero las fuerzas villistas son una suma de todo y, por lo mismo, imposibles de controlar y administrar. La ocupación de la ciudad de México resulta en asesinatos, violaciones y desorden, lo que no se veía desde hacía tiempo. Lo mismo ocurre en Guadalajara y San Luis, en donde la promesa de gobernar ordenadamente se rompe

abruptamente. En la ciudad de México, cerca de 200 personas son asesinadas durante diciembre de 1914.84 En enero de 1915 la convención se reúne y se intenta crear una tercera fuerza. Al enterarse Villa, ordena la ejecución del presidente Gutiérrez y de cualquier otro miembro de la convención que intente salir de la capital. Gutiérrez logra escapar y vaga durante meses rumbo a San Luis y después a Doctor Arroyo, Nuevo León, desde donde intenta, sin éxito, gobernar. A fines de mayo acepta su desgracia, se rinde frente a Carranza y salva la vida, cosa que no logran muchos otros convencionalistas. La asamblea descabezada es controlada por Roque González Garza que asume el control del ejecutivo pero no se nombra presidente provisional. Se discuten todo tipo de temas en la asamblea que van marcando con claridad la separación entre villistas y zapatistas y enfrentando a González Garza con Manuel Palafox, líder de los zapatistas. Del caos verbal va emergiendo un proyecto de reformas político-sociales de la Revolución que se debate a fines de febrero y es muy similar a lo que los carrancistas han ido construyendo desde diciembre.85 La convención tiene que abandonar la capital a mediados de enero, cuando Obregón la recupera momentáneamente, y dirigirse a Cuernavaca, donde estará hasta fines de marzo, cuando puede regresar a la ciudad de México. Tres meses después deberá nuevamente moverse, ahora hacia Toluca, donde languidecerá hasta el verano, cuando la convención dejará de existir.86 Los movimientos de la convención reflejan lo que ocurre en el terreno de batalla, lo importante en esos momentos. En diciembre los zapatistas toman Puebla pero la abandonan pronto. Villa no se decide a perseguir en ese momento a Carranza hasta Veracruz: espera que Zapata sea el que ataque y, sólo en caso de que no pueda, habrá de sumarse a la ofensiva. Mientras tanto se concentra en defender Torreón y atacar las rebeliones carrancistas en el noreste. La falta de interés de Zapata en moverse de su pequeño territorio, y la distracción de Villa en el norte permiten que Obregón tome la capital un par de meses. Pero los carrancistas la abandonan, no para regresar a Veracruz, sino para avanzar hacia Querétaro. Obregón no tiene mayor interés en Zapata, a quien no

considera una amenaza militar, sino que se concentra en Villa, evitando el error que Huerta cometiera dos años antes.87 Aunque en Sonora continúa el conflicto entre Maytorena y Calles, el teatro principal tiene tres pistas: el noreste, la Huasteca y el centro-occidente del país. Felipe Ángeles se hace cargo de las fuerzas villistas en el noreste, buscando evitar ataques al núcleo villista de Chihuahua. En poco tiempo derrota a los carrancistas y toma Monterrey en enero, Piedras Negras en marzo y Nuevo Laredo para mediados de abril.88 En la Huasteca, los villistas tomaron con facilidad Tampico, y el conflicto se centró en El Ébano, defendido por Jacinto Treviño, carrancista, frente a las fuerzas villistas de Chao y Urbina. El sitio inició el 21 de marzo y terminó infructuosamente a fines de mayo, cuando los villistas debieron retirarse hacia San Luis. En el occidente del país las grandes batallas se dieron por la ciudad de Guadalajara. Manuel Diéguez, veterano de Cananea y carrancista, fue expulsado de la ciudad para beneplácito de sus habitantes, a los que había esquilmado. Pero la nueva toma de la ciudad por los villistas reflejó la naturaleza oculta de esas fuerzas. Cuando a fines de abril Diéguez recupera la ciudad y expulsa a Rodolfo Fierro, los habitantes lo celebran de corazón.89 Aunque la guerra es un asunto militar, los aliados civiles no son de menospreciar. Hay una lucha también entre villistas y carrancistas por el apoyo de dos grupos sociales cada día más relevantes: obreros y campesinos. El 12 de diciembre de 1914, Carranza publica las adiciones al Plan de Guadalupe, resultado de las negociaciones de Obregón con obreros en Orizaba. El 6 de enero promulga la Ley Agraria, que pone en blanco y negro promesas de reparto agrario que hasta entonces no habían sido parte de las ofertas políticas carrancistas. Estos dos hechos no son, por sí mismos, puntos de corte en el conflicto armado: no es por haber promulgado estos dos documentos que Carranza derrota a Villa meses después. Sí son una muestra clara de que la guerra civil también se lucha políticamente.90 Y son también evidencia del trabajo político de Álvaro Obregón, que entiende mucho mejor que Carranza lo que está en juego. Desde agosto de 1914 Obregón

había reabierto la Casa del Obrero Mundial y empezado a repartir iglesias a los sindicatos. En febrero, en la segunda ocupación carrancista de la capital, logra un pacto con la Casa del Obrero, en buena medida ayudado por las condiciones miserables en las que se encuentra la ciudad.91 De este pacto surgen los batallones rojos que no tienen un impacto significativo en las batallas, pero sí van a servirle a los obreros para diseminar el sindicalismo por todo el país.92 Mientras los convencionalistas eran retóricos frente a los obreros, porque ni Zapata ni Villa los atendían, los carrancistas tenían en Obregón a alguien que actuaba. En el terreno agrario ocurría al revés: mientras los carrancistas sólo promulgaban leyes, los zapatistas ya habían repartido tierras y a manos llenas.93 Pero el núcleo del enfrentamiento está en el centro. La guerra del centro del país va a extenderse por tres meses y costará veinte mil hombres.94 Son cuatro las batallas principales: en Celaya, el 6 y 7 y del 13 al 15 de abril; la batalla de Trinidad (León) durante mayo, y finalmente la toma de Aguascalientes en julio. En esta región se determina el futuro de la Revolución. Obregón llega a Celaya el 4 de abril y Villa de inmediato se mueve a Irapuato para enfrentarlo, a pesar del sabio consejo de Felipe Ángeles en contra.95

  Aunque la primera batalla de Celaya empezó mal para los carrancistas el 6 de abril, al día siguiente la caballería villista se agotó intentando entrar a la ciudad sin lograrlo. Las habilidades militares de Villa eran muy reducidas y en muchas batallas había sido la moral y el ánimo que infundía a sus tropas lo que le brindaba la victoria. Pero frente a la mayor capacidad militar de Obregón no tuvo éxito.96 Una semana después ocurre la segunda batalla de Celaya, idéntica a la primera. Villa intenta que su caballería tome la ciudad a sangre y fuego pero Obregón, reforzado por batallones rojos y por las fuerzas michoacanas de Joaquín Amaro, no se lo permite. Después de varias cargas de caballería, en la madrugada del 15 de abril Obregón lanza un ataque inesperado para Villa, con seis mil hombres a caballo que se habían apostado cerca de Apaseo.97 El centro de la batalla se mueve a Trinidad, en donde habrá enfrentamientos desde el 29 de abril hasta el 5 de junio. Obregón deja Celaya y se dirige a León, bastión villista. Poco antes de llegar,

acompañado por 500 hombres, se encuentra con seis mil villistas. El enfrentamiento lo lleva a hacerse fuerte en la estación del tren de Trinidad, en donde consigue refuerzos y un tren de municiones que llega justo a tiempo.98 Nuevamente, Ángeles aconseja a Villa retirarse estratégicamente a Aguascalientes para hacerse fuerte y desgastar a Obregón. Y otra vez Villa no le hace caso, argumentando que él lo que sabe hacer es atacar y que atacando ganará, si no hoy, mañana. Las fuerzas carrancistas se mantienen en Trinidad, a pesar de los serios ataques de la caballería villista. Es esencial para el éxito de Obregón el mantenimiento de las líneas logísticas que le permiten recibir trenes de municiones, alimentos y refuerzos desde Veracruz. El 3 de junio, al inspeccionar la torre de la Hacienda de Santa Ana, bastión defensivo de Trinidad, Obregón y su estado mayor reciben una andanada de la artillería villista. Ahí pierde Obregón el brazo, e intenta suicidarse, pero su pistola estaba descargada. Dos días después, al mando de Benjamín Hill, las fuerzas obregonistas derrotan a las de Villa, abriendo el camino a León.99 Un mes después, el enfrentamiento final ocurre en Aguascalientes. El 8 de julio se encuentran las fuerzas frente a la ciudad y, al igual que en Trinidad, Obregón, ya recuperado, se concentra en una unidad defensiva y espera a Villa, que se desgasta atacando. Dos días después, el contraataque es definitivo: la División del Norte queda destruida y Obregón es dueño del país.100 O, mejor dicho, de un país en el que quedan muchos descontentos: Villa regresa a su origen guerrillero y seguirá presionando hasta 1920, cuando negocia la paz que precede por unos meses a su asesinato. Con Zapata ocurre lo mismo: seguirá alzado en armas hasta su muerte en 1919. Como ellos, muchos caudillos menores vivirán levantados por un tiempo hasta que los alcance la negociación o la muerte. En febrero de 1916 Félix Díaz intenta nuevamente encabezar una facción revolucionaria. Entra al país de manera azarosa y se dirige a Oaxaca, donde el apellido todavía funciona. Sin embargo, no logra mucho y se dirige al Istmo, en una travesía también muy

desafortunada. Como quiera que sea, el felicismo se convierte pronto en una etiqueta que utilizan muchos grupos rebeldes por todo el territorio: Peláez en la Huasteca, Meixueiro en Oaxaca, entre otros. El Plan de Tierra Colorada, bajo el que Díaz impulsa su movimiento, no presenta grandes diferencias con los planteamientos carrancistas, pero acusa a Carranza y sus seguidores de sólo buscar enriquecerse. Alrededor de Félix Díaz se agruparon los porfiristas exiliados con lo que éste llegó a creer que en verdad podía ser una alternativa a los carrancistas. Sin embargo, los aliados con alguna capacidad militar lo eran muy ligeramente: apenas les interesaba la etiqueta felicista como paraguas nacional para sus intereses locales que finalmente serían los relevantes. De hecho, muchos de estos movimientos son propiamente defensivos frente a las ambiciones nacionales carrancistas. El felicismo llega a ser la bandera de movimientos en Oaxaca, el centro de Veracruz, la Huasteca y Chiapas. Pero, de nuevo, para 1920 los que quedan activos negociarán un arreglo con Obregón.101 La población ya está cansada del conflicto y eso da margen al gobierno de Carranza. Incluso empiezan a aparecer fuerzas de autodefensa en las comunidades que limitan el avance de los que permanecen en rebeldía.102 Dice Alan Knight que esta tercera parte de la Revolución es, en realidad, un retroceso social frente a lo logrado antes.103 Pero no queda claro qué se había logrado antes.

3. LA REVOLUCIÓN SIN RESULTADOS

CARRANZA: CONSTITUCIÓN Y CAÍDA En 1916 la tercera revolución ha terminado. O casi. Uno nunca sabe si en verdad debemos fechar el término de la etapa armada con la promulgación de la nueva Constitución o si debemos esperar al último levantamiento exitoso, el Plan de Agua Prieta. El gobierno de Venustiano Carranza, de 1916 a 1920, constituye este periodo borroso. Sin duda la facción constitucionalista ha derrotado a los convencionalistas y no hay ningún elemento que pueda enfrentar al nuevo gobierno. Pero tampoco se ve la unidad interna que permita dar por terminado el proceso de deterioro que siguió a la renuncia de Díaz. Las fuerzas villistas quedan destruidas como el ejército que sólo funcionó de mediados de 1914 a mediados de 1915, pero siguieron existiendo como la guerrilla que se había mantenido desde 1911, y que se pudo recuperar para mantener bajo presión al gobierno carrancista hasta 1919. Durante 1916, por ejemplo, ocurre el famoso incidente en Columbus (9 de marzo) que dará origen a la expedición punitiva de Pershing. Pero no fue sólo eso: en julio los villistas toman Jiménez, en septiembre atacan la ciudad de Chihuahua y acaban tomándola a inicios de 1917, lo mismo que Torreón, en donde reaparecen las matanzas de chinos y ahora también de sirios. Parral es tomada en julio de 1917 y otra vez en junio de 1918; Jiménez, un par de veces a fines de 1918. En 1919, Parraly Juárez. Una guerra de desgaste que acabaría primero con Villa, pero que buen trabajo le costaba al gobierno carrancista.1

Pero si Villa, derrotado, era capaz de causar problemas en su versión guerrillera (o bandolera), caso peor era el de Zapata, a quien no se había derrotado aún. Para mayo de 1916, los zapatistas son expulsados de las grandes ciudades de Morelos y tienen que sufrir su propio proceso hacia la guerrilla. Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos e incluso las cercanías de la ciudad de México son el teatro de operaciones del zapatismo. Para 1917, la guerrilla zapatista recupera el control del estado, pero no tienen la capacidad de sostenerlo. El proceso zapatista no excluye los conflictos internos, que van minando el círculo cercano a Zapata. En la búsqueda de nuevos aliados, Zapata se acerca a Jesús Guajardo, coahuilense cercano a Pablo González que finge desertar de las filas carrancistas. Para darle más credibilidad a su farsa, Guajardo fusila a 59 carrancistas el 9 de abril de 1919, lo que convence a Zapata de reunirse con él al día siguiente en la hacienda de Chinameca, donde es asesinado.2 Un elemento en la derrota de las guerrillas que no debe menospreciarse es la miseria en que cayeron, durante 1917 y 1918, muchas regiones del país. En parte debido a una economía muy debilitada, en parte por la crisis económica que ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, en parte por la influenza española y el tifo, y en parte por la política de tierra quemada de los carrancistas, Morelos y La Laguna eran páramos en esos años. Y no hay guerrilla que sobreviva en un páramo. En 1918, Morelos perdió una cuarta parte de su población; en los diez años de revolución, cerca de 40 por ciento.3 Hay un proceso de reinserción de villistas y zapatistas en el nuevo régimen que les permitirá cumplir algunas de sus metas y terminar la rebelión. Los que no mueren antes de 1920 pueden, después, incorporarse al régimen. Los Cedillo son casi acabados en 1917, con la muerte de Cleofas, Homobono y Magdaleno, pero Saturnino logrará sobrevivir e incorporarse al obregonismo en 1920.4 Zapata intentó este acercamiento en 1918, pero Carranza no respondió. Gildardo Magaña, sucesor de Zapata, sí logró un acuerdo, con Obregón, que después de 1920 permitiría incorporar los restos del zapatismo en el nuevo régimen.5

Carranza no puede acabar con las decenas de pequeños focos de conflicto en el país por la misma razón que no pudo nunca conciliar diferencias con Villa, que es también la misma causa de su enfrentamiento creciente con Obregón: Venustiano Carranza no forma parte de la Revolución. No comparte con los revolucionarios la edad ni el origen, no tiene una historia personal que pudiese tener algún contacto con la de otros jefes, militares o civiles. Por lo mismo, no tiene tampoco la misma forma de entender la realidad. O más bien, no puede entender la realidad.6 Las pocas concesiones que Carranza hace a los nuevos actores políticos, sean éstos obreros, campesinos o incluso la clase media, son resultado de los esfuerzos de Obregón, negociador infatigable, y terminan siempre aceptadas por el Rey Viejo a regañadientes. Incluso el proyecto que envía al Congreso Constituyente refleja su incapacidad de entender el proceso en el que estaba inmerso, como veremos en un momento. Venustiano Carranza fue útil, sin embargo, para que la facción sonorense alcanzara notoriedad nacional. Y cuando eso ocurrió, se convirtió en prescindible. Los sonorenses, el sostén de Carranza desde marzo de 1913, los que combatieron y derrotaron a Huerta y luego a Villa y a Zapata, no estuvieron dispuestos a soportar que el Rey Viejo los desplazara. Así que cuando éste intentó poner como candidato a un desconocido, se levantaron en armas y lo derrotaron con mucha facilidad. El 21 de marzo de 1920, Ignacio Bonillas es propuesto como candidato a la presidencia por el Partido Civilista, con el apoyo de Carranza. Obregón no estaba dispuesto a perder así, fácilmente, el poder que había construido y que le había prestado a don Venustiano. El 23 de abril, se promulga el Plan de Agua Prieta, con Adolfo de la Huerta como líder nominal.7 En muy pocos días, todos los militares revolucionarios, con la única excepción de Pablo González, se suman al plan, de manera que a Carranza no le queda más que huir de la capital. El 7 de mayo carga con todo lo que puede en el tren presidencial y sale rumbo a Veracruz. Para el 14, todavía en el estado de Puebla, Carranza abandona el tren para avanzar más rápidamente, pero con poco éxito. Una semana

después, en la madrugada del 21 de mayo, mientras descansaba en el poblado de Tlaxcalantongo, es asesinado. El Congreso Constituyente

La victoria de la facción constitucionalista, aunque fue principalmente militar, se sostuvo también en la incorporación de los dos grandes actores sociales, uno nuevo y el otro antiguo que, si bien no están en el origen de la Revolución, sí son determinantes en la construcción del nuevo régimen: obreros y campesinos. En ambos casos, Carranza es muy renuente a la incorporación de estos actores sociales, y es Álvaro Obregón quien abre el espacio a las alianzas. Éstas, ya lo comentamos, se formalizan con la ampliación al Plan de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1914, y la promulgación de la Ley Agraria, el 6 de enero de 1915. En ambos casos, se trata de meros gestos de acercamiento de una facción armada hacia actores muy desdibujados. Sería un error considerar estos dos hechos como una alianza en forma, y por lo mismo como determinantes del rumbo de la lucha armada, pero son gestos que modifican la imagen de los constitucionalistas y les permiten un control más eficiente de los territorios que van ganando a los convencionalistas, que no tienen un discurso obrero y que pierden el monopolio de los temas agrarios. La convocatoria a una modificación profunda de la Constitución de 1857 tendrá que considerar estas promesas a obreros y campesinos, muy en contra de la voluntad de Carranza. El 14 de septiembre de 1916, éste expide un decreto que convoca a elecciones para un Congreso Constituyente, para celebrarse el 22 de octubre. El Congreso tendría sesiones preliminares del 20 al 30 de noviembre y normales del 1 de diciembre al 31 de enero de 1917.8 El Congreso Constituyente inicia sesiones el día 21, con 140 de los 240 constituyentes presentes. Las discusiones acerca de la validez de las credenciales de los parlamentarios llegan a ser muy agrias y son preludio de lo que ocurrirá durante todo el Congreso. El

enfrentamiento entre Obregón y Carranza es el telón de fondo de la nueva Constitución. El primero impulsa las reformas que puedan concretar las promesas realizadas a sus aliados durante la lucha armada; el segundo trata de mantener en la ley un país que no existía en la realidad.9 Obregonistas y carrancistas, también llamados militaristas y civilistas, son los bloques en que se distribuye el Congreso. Y si en la confusión propia de un constituyente hubiese que buscar a los líderes de ambos grupos, Francisco J. Múgica sería el mejor candidato entre los obregonistas, mientras que de los carrancistas no parece que nadie hiciese sombra a Félix F. Palavicini.10 Y puesto que las asambleas se ganan con votos, el primer paso para ser vencedor es evitar a los asambleístas del equipo contrario. Así que la discusión sobre las credenciales se vuelve, como decíamos, acerba. Por poco se queda Palavicini fuera del Congreso, después de haber intentado impedir la aceptación de Carlos Esquerro, sinaloense que había participado en el gobierno de Eulalio Gutiérrez por poco menos de un mes, circunstancia que lo hacía inelegible.11 Pero en las asambleas las mayorías se imponen y Esquerro fue constituyente, como también logró serlo Palavicini, después de defender su caso con una alocución de más de dos horas. El proyecto constitucional de Venustiano Carranza se presenta el 1 de diciembre, aunque las versiones impresas le son entregadas a los constituyentes cinco días después. Entretanto se definen las comisiones. Para la de Constitución, la encargada de presentar un proyecto para cada artículo propuesto por el Primer Jefe, y por lo tanto la más importante, se propone a José Natividad Macías, Guillermo Ondorica, Gerzayn Ugarte, Enrique Colunga y Enrique Recio. Los dos últimos, jóvenes obregonistas; los tres primeros, carrancistas de mucho tiempo. No sólo eso, sino que Macías había colaborado estrechamente con Carranza para el proyecto constitucional presentado por éste.12 De hecho, inmediatamente ocurre un debate acerca de la pertinencia de que Macías formase parte de esta comisión. Para los obregonistas, no debía hacerlo puesto que defendería el proyecto del Ejecutivo; para los carrancistas, era precisamente por ello que debería estar. Esteban

Baca Calderón rechazó a Macías diciendo que éste era «muy honorable, muy respetable, muy ilustrado y muy sabio, pero esta desconfianza es muy nuestra».13 El 6 de diciembre, justo en el límite, se recupera la discusión acerca de la comisión. Después de un breve debate entre Gerzayn Ugarte —quien defendía la propuesta original— y Esteban Baca Calderón, éste propuso que la comisión se integrase por Alberto Román, Luis Monzón, Francisco Múgica y los ya mencionados Enrique Colunga y Enrique Recio. Los cinco, del bloque obregonista. Al poner a votación la propuesta, estos cinco resultan los elegidos, tres de ellos con más de 90% de los votos.14 Este hecho es de singular importancia, porque confirma que, aunque hay dos bloques en el Constituyente, uno es mayoritario: el de obregonistas. Así, aunque Carranza se hubiese autonombrado Primer Jefe en la defensa de la Constitución de 1857, y aunque fuese él el convocante, la nueva Constitución no resultaría a su modo. Más todavía, aun cuando el proyecto base de la Constitución lo envía Carranza, lo que aprobará el Congreso será muy diferente, gracias al bloque obregonista. O si se quiere más precisión: la Constitución será resultado de la Revolución, aunque Carranza no sea parte de ésta.15 El proyecto de reformas propuesto por Venustiano Carranza consiste básicamente en reducir las facultades del Poder Legislativo y ampliar las del Ejecutivo. En parte, porque ese desequilibrio en favor del Congreso había causado serios problemas a Juárez y había abonado el camino a la dictadura, como lo vio en su momento Emilio Rabasa.16 Pero también porque Carranza era, efectivamente, un monarca de vocación; el Rey Viejo, como bien lo definió Fernando Benítez. La discusión del proyecto de reformas constitucionales se realizó siguiendo el orden de los artículos, por lo que el primer punto importante de discusión ocurrió respecto al artículo tercero, el 13 de diciembre de 1916. La propuesta de Carranza decía: «Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental que se imparta en los mismos

establecimientos».17 Pero esta propuesta fue desechada por la comisión de Constitución, que propuso a cambio lo siguiente: Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la educación primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.18

A este dictamen le siguió el voto particular de Monzón, al que no le bastaba la idea de educación laica, sino que proponía sustituir el término por racional. Y para no dejar dudas, Múgica tomó la palabra para iniciar la discusión, expresando con toda claridad: «soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria», a lo que la asamblea respondió con aplausos que debieron ser detenidos por la presidencia del Congreso.19 El anticlericalismo de los revolucionarios es muy diferente del que hacían gala los liberales del XIX. Pocos entre aquéllos alcanzaban la virulencia de Múgica, Calles o Adalberto Tejeda, por no hablar de Garrido Canabal, que se llevó varias vidas sacramentadas antes de tiempo. El debate sobre el artículo duró más de 20 horas y la propuesta de la comisión, con cambios de estilo, se aprobó con 99 votos a favor y 58 en contra, el 16 de diciembre, es decir, tres días después.20 Pero si esta discusión fue prolongada, al menos terminó el artículo en el mismo lugar en el que estaba. En cambio, el artículo quinto, que contenía la única mención al trabajo en la Constitución de 1857 y que Carranza prácticamente no modificaba, no sólo motivó discusiones, sino que acabó convertido en el artículo 123. El dictamen original de la comisión de Constitución, que se presentó el 19 de diciembre, no fue discutido en la asamblea, puesto que se

presentó una moción suspensiva para que dicha comisión pudiese recibir más opiniones al respecto. Se volvió a presentar el 26 de diciembre por la tarde y motivó una discusión muy amplia que obligó a la comisión a retirar este nuevo dictamen el día 28, ya por la noche. Cuando vuelve a aparecer, ya es un capítulo dedicado al trabajo que se presenta a la asamblea el 23 de enero por la tarde. El artículo quinto se reduce a establecer el derecho al trabajo, que se reglamenta ahora en el artículo 123. Aunque el nuevo texto es mucho mayor, prácticamente no hay discusión al respecto y poco antes de las 10 de la noche del mismo día son aprobados ambos artículos. El 123, retirado de la discusión en la asamblea, fue elaborado por un grupo dirigido por Pastor Rouaix, que organizaba reuniones más bien informales pero que logró recoger opiniones de todas las fracciones, de manera que, una vez propuesto a la asamblea, no exigía mayor discusión. Dice Cumberland que se trata del «conjunto de principios de protección al trabajo más avanzado del mundo en ese momento».21 Más recientemente, Bortz coincide con esta idea: «En 1910 no había un cuerpo legal que fuese específicamente un código laboral. No había salario mínimo o regulaciones de máxima jornada. No había contratos colectivos. Los sindicatos existían sólo al margen de la ley y el poder. No había oficina gubernamental de trabajo o juzgados laborales. Para 1927, el país había inventado el conjunto más amplio de leyes laborales, regulaciones y oficinas gubernamentales del hemisferio occidental».22 Sin embargo, Marjorie Clark ve las cosas de manera diferente: Finalmente, cobró forma la idea de un artículo laboral, pero el proyecto del artículo 123 no se introdujo hasta el 23 de enero de 1917, una semana antes de la clausura del congreso. Entonces, en sólo dos sesiones, una después del mediodía y otra en la tarde de este día, se discutió y aprobó el artículo. Así pues, apresuradamente, se prepararon las bases para la futura legislación laboral en México. El trabajo y el capital sufren todavía las consecuencias de la premura y falta de preparación en teoría social del congreso de Querétaro.23

Esto lo escribía Clark en 1934 (aunque, para lo que dice, pudo haberlo escrito en cualquier otro momento del siglo). Y, en el mismo tenor: Con la promulgación de la Constitución no se ganó la batalla; se entró simplemente en otra fase, la lucha de los trabajadores por conquistar en alguna medida y en realidad los derechos que ya poseían legalmente. Ésta es la razón de que, con uno de los códigos más avanzados del mundo, los trabajadores mexicanos tengan que luchar duramente, incluso hoy, contra algunos de los abusos más comunes al obrero y a favor de algunos de los derechos más elementales que los obreros en otros países han ganado. Sus logros reales en relación a su antigua posición semifeudal no han sido ni muy notables ni muy grandes. No existe probablemente en ninguna parte del mundo una diferencia mayor entre la ley escrita y la práctica que en México. Un estudio de las leyes y decretos emitidos por el gobierno en relación al trabajo da como resultado una imagen tan alejada de los hechos y la práctica reales que parece que entre los dos conjuntos de condiciones no haya relación alguna, como, en efecto, no la hay en muchos casos. La legislación ha sido tan prolífica que un autor sostenía que es tan fácil decretar el progreso, la justicia y la felicidad que es necesario ser verdaderamente perverso para no hacerlo.24

A fin de cuentas, dice Clark, ni «en este artículo ni en el 27 había ningún reconocimiento de la lucha de clases ni se pretendía de modo alguno la organización socialista de la sociedad. Por el contrario, en lo que respecta al trabajo, la nueva Constitución trataba de establecer un equilibrio entre la capacidad de negociación del trabajo y la del capital. En cuanto al peón, trataba de dividir las grandes propiedades de tierras a fin de crear un país de pequeños propietarios organizados cooperativamente».25 Pero si el artículo 123 fue discutido, al menos en parte, y fue propuesto por un grupo que trabajó durante semanas, el 27, de igual o mayor importancia, apenas si mereció atención del Constituyente. La propuesta fue presentada al inicio de la última sesión permanente, que corrió del 29 al 31 de enero de 1917. Dicha propuesta fue también elaborada por Rouaix, mientras todavía

trabajaba en el 123. Se creó un grupo en el que Andrés Molina Enríquez colaboró como secretario y que el 25 de enero la entregó para que se turnara de inmediato a la comisión de Constitución. Ésta, sin embargo, sólo tomó como base el trabajo de Rouaix y Molina, y presentó al pleno algo diferente. Dada la urgencia de terminar la nueva Constitución, el artículo 27 se discutió sin que los constituyentes tuviesen copia impresa de la nueva propuesta. Diez horas después, medio dormidos, los diputados aprobaron por unanimidad el artículo 27, base jurídica de la Reforma Agraria y punto de partida de conflictos internacionales.26 En suma, el Congreso Constituyente de 1917 fue una lucha de dos facciones con visiones diferentes del país que querían construir. Los carrancistas, por un lado, intentaban recuperar la Constitución de 1857, con las modificaciones necesarias para fortalecer al Ejecutivo, aceptando las menos reformas sociales posibles. Por el otro, los obregonistas impulsaban precisamente estas reformas, que Obregón entendía como indispensables para la instauración de un nuevo régimen. Ambas facciones compartían, aunque con diferente grado, dos características que atraviesan todo el documento: el nacionalismo, que se traduce en un Estado rector de buena parte de las actividades sociales, especialmente las económicas, y el anticlericalismo, mucho más virulento que el desplegado por los liberales del 57. Córdova piensa que este gran poder del Estado como rector de las reformas sociales no fue nunca comprendido cabalmente por Carranza.27 Es muy posible que así haya sido. El resultado de esa lucha es una constitución que efectivamente reduce el poder del Congreso, pero no amplía de manera suficiente el del Ejecutivo, con lo que se abren huecos muy amplios que unas décadas después se convertirán en las «facultades metaconstitucionales» del presidente de la República, como veremos en el capítulo 9, y que al final del siglo darán pie a centenares de controversias constitucionales. Es también una constitución que no sólo establece garantías individuales y forma de gobierno, sino que eleva las reformas sociales (aún por hacer) al máximo nivel jurídico posible.La falta de claridad en los equilibrios entre los poderes federales, y entre éstos y los poderes locales, se suma entonces a

un exceso de detalle en cuestiones sociales, para dar como resultado una constitución que no funciona. Pero esto no será muy importante durante el resto del siglo, porque se apelará poco a la ley. Durante el tiempo de los sonorenses, el hombre fuerte seguirá siendo el centro del sistema político y, con el advenimiento del régimen de la Revolución, el hombre fuerte se institucionalizará en el puesto de presidente de la República. Así pues, el sistema autoritario no necesita mucho de la Constitución y las fallas de ésta no trascienden. Sólo cuando ese sistema autoritario deje de funcionar las limitaciones de la Ley suprema se harán evidentes, pero ése es tema de otro capítulo. LOS SONORENSES: CONTINUIDAD DEL PORFIRIATO La victoria del plan de Agua Prieta termina definitivamente la etapa armada de la Revolución. No se acaban las batallas, pero ya nadie podrá disputar a los ganadores el poder nacional. Habrá levantamientos en cada elección presidencial e incluso algunos en otros momentos. Habrá una revuelta campesino-religiosa en el Occidente por varios años. Habrá atentados, alguno exitoso. Pero los ganadores de la Revolución ya no perderán el poder por la vía armada. El triunfo del plan de Agua Prieta inicia un periodo diferente de la larga etapa que llamamos Revolución. De todos los participantes en la etapa armada resultan vencedores los sonorenses, más específicamente, Álvaro Obregón. En el camino se quedan las otras posibilidades del proceso armado: la reforma liberal de Madero, la restauración conservadora de Carranza, la propuesta comunitaria de Zapata y la populista de Villa; las dos primeras con visión nacional, las dos segundas más bien utópicas y regionales. Y si hubiese que forzar a los sonorenses entre ellas, sería posible ubicarlos entre las dos primeras. El periodo que va de mayo de 1920 —cuando Carranza es derrotado y muerto— a junio de 1935 —cuando Calles es expulsado del país, también derrotado, pero vivo— puede verse de muy

diferentes formas. Es, primero, un tiempo en el que el poder está en manos de un grupo muy particular de individuos: sonorenses todos, constituidos como grupo en la Revolución de 1913, clasemedieros, pequeños empresarios o funcionarios en su inicio, emprendedores, creadores de instituciones. Es, también, un tiempo de conflictos, de revueltas y levantamientos, pero en el que nunca se pone en riesgo el control sonorense. Pero es, asimismo, un momento de suma importancia en la interpretación del siglo XX mexicano, porque los ganadores no construyen un régimen esencialmente diferente del porfirista. Más allá de la lucha por el poder en el interior del grupo victorioso en la Revolución, lucha que no alcanzaba esos niveles en el Porfiriato, es difícil encontrar diferencias significativas entre el antes y el después de la lucha armada. Sin duda, el discurso de los revolucionarios es diferente del acostumbrado por los porfiristas, pero las acciones no lo son tanto. Al igual que en el Porfiriato, la política nacional gira alrededor del hombre fuerte, mientras la política local ocurre bajo control del caudillo correspondiente. No hay elección digna de ese nombre en estos años. La fundación de instituciones, que es normalmente lo que se recuerda de este periodo, tampoco tiene grandes diferencias con lo que se hacía en el Porfiriato. En materia financiera y fiscal, no sólo se crea el Banco de México, diversos bancos orientados al crédito agrícola y Nacional Financiera; también se modifica la estructura fiscal con la implantación del impuesto sobre la renta y la paulatina desaparición del impuesto al timbre; hablaremos con más detalle de esto en los próximos capítulos. Sin embargo, todas estas instituciones forman parte de la misma lógica con la que se administraban las finanzas públicas y privadas en el Porfiriato. En este sentido Arnaldo Córdova ve que «[e]l porfirismo y la Revolución son etapas del mismo proceso que consiste, por lo menos a partir de la Reforma, en un esfuerzo nacional que tiende a la consolidación y al desarrollo del sistema capitalista».28 En la misma línea que Córdova, Alan Knight califica la Revolución Mexicana como la última de las grandes revoluciones que «se mantuvieron esencialmente nacionales, no produjeron un

patrón ideológico o partido de vanguardia y sirvieron, sobre todo, para reforzar —más que subvertir— muchas de las características del viejo régimen que desplazaron».29 Por su parte, Jean Meyer ve en el periodo sonorense la culminación de un fenómeno de larga duración que se habría iniciado desde las Reformas Borbónicas.30 Y para citar a una autoridad más, Hans Werner Tobler reconoce que «también en el Estado posrevolucionario pueden percibirse claras continuidades con respecto al Estado prerrevolucionario bajo Porfirio Díaz, sobre todo en lo que se refiere a su estructura autoritaria».31 Los sonorenses tienen una visión del país que resulta de su propia historia. Se trata de líderes revolucionarios que se formaron como pequeños agricultores, funcionarios menores, maestros de escuela, en una región muy alejada de la capital del país y más vinculada con Estados Unidos que con el resto de México. Hombres de frontera, no ven bien la forma de ser de los campesinos del centro del país y les choca su sometimiento, su religiosidad, su proclividad a la bebida.32 Llamar a este periodo de los sonorenses no obedece únicamente a que Obregón y Calles provengan de ese estado: durante el gobierno del primero, uno de cada tres políticos relevantes en el país es de Sonora y otro es originario de algún otro estado del norte.33 De 1917 a 1940, 44% de los puestos principales es ocupado por norteños que representan apenas 25% de la población del país.34 Pero no sólo comparten un origen regional específico, sino que también corresponden sólo a una facción revolucionaria. Apenas 10% de los políticos relevantes de la época son de origen villista o zapatista y prácticamente no hay nadie que venga de los grupos de Flores Magón o Pascual Orozco.35 Aunque la Revolución reduce significativamente la proporción de políticos de «clase alta», fuera de ello no implica mayores cambios. Los nuevos líderes siguen siendo personas con alto nivel educativo, muchos de ellos de la clase media. Smith nos recuerda que México «jamás pasó por un periodo de preeminencia proletaria o campesina»,36 y concluye que es «evidente que la Revolución no

condujo a ningún cambio fundamental en el origen de clase del liderazgo político».37 Es interesante notar que pocos renglones después Smith comenta que esto no le resta significación a la Revolución, y busca entonces una nueva división que le permita encontrar ese significado. Algo similar hace Tobler: al analizar estos datos de Smith, califica a la proporción constante de clase media como problemática y la atribuye a la amplitud del concepto.38 Este fenómeno, en el que los estudiosos concluyen algo de sus investigaciones pero después lo minimizan en busca de otras explicaciones, es extremadamente común cuando se trata de la Revolución Mexicana. El mito es tan fuerte que incluso sus estudiosos se rinden ante él con frecuencia. Los tiempos sonorenses han sido calificados como del caudillismo revolucionario, y efectivamente los actores políticos más relevantes durante estos años son los caudillos, no los partidos políticos en formación ni los clubes, ya pasados de moda.39 Y, más importante aún, prácticamente no hay cambios en la situación social: ni reforma agraria significativa ni una política laboral muy diferente de la seguida en tiempos del Porfiriato. La Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el artículo 123 constitucional, se promulga en 1931, a fines de este periodo. Tal vez la diferencia más significativa sea el mayor papel de los líderes obreros en la política, pero esto parece corresponder más al avance del tiempo que a una diferencia de fondo entre la concepción política de los sonorenses y la de don Porfirio. Durante los quince años de gobierno sonorense ocurren cuatro dinámicas que cristalizarán con Cárdenas para dar origen al régimen de la Revolución. Primero, la centralización del poder que durante la etapa armada se había disgregado. Segundo, la construcción de instituciones, detenida por esa misma época de violencia. En tercer lugar, la construcción del discurso legitimador: el nacionalismo revolucionario. Finalmente, el ascenso de los actores políticos (obreros y campesinos) y su inclusión en la construcción del régimen.

La centralización del poder implicó tres secuencias relevantes. Primero, la institucionalización del ejército revolucionario. Los alzados que habían derrotado y desaparecido al Ejército Mexicano debían ser controlados, lo que ocurre precisamente en estos años. En segundo lugar, la subordinación de las regiones al centro, en un proceso similar al que vivieron Juárez y Díaz; es decir, la contemporización con los hombres fuertes de cada región, pero también —y éste es el tercer proceso— el sometimiento de los levantamientos armados. Una última característica general del periodo es la corrupción como actividad normal. Si bien los revolucionarios villistas ya habían señalado el camino, los sonorenses se convierten en maestros de esta práctica. El general revolucionario convertido en hacendado, dice Tobler, es el ejemplo típico de la carrera de líderes revolucionarios mayores o menores. Y recuerda que Abelardo L. Rodríguez explicaba en su autobiografía cómo «se había formado en mí un complejo de temor de llegar a la senectud sin asegurar mi bienestar [...] De allí que me preocupé siempre por asegurar el futuro bienestar de mi familia».40 Y así fue: Rodríguez logró pasar sus casi dos años como presidente asegurando ese bienestar futuro, por varias generaciones, mediante negocios relacionados con el espectáculo y el entretenimiento. Obregón

Álvaro Obregón es posiblemente el personaje más fascinante de la Revolución Mexicana.41 No es sólo el mayor genio militar de la lucha armada, sino uno de los políticos más hábiles. De gran simpatía personal, le era fácil mantener buenas relaciones con los demás, incluso con Villa, que amenazó con fusilarlo pero acabó cediendo a las habilidades de Obregón. Por otra parte, Obregón es quien mejor leyó el proceso de cambio social que se vivía en el México de inicios del siglo XX. Gracias a él la facción constitucionalista logra entablar relaciones con obreros y campesinos, hecho que será de gran importancia para alcanzar la victoria definitiva. Él convence a Carranza de aceptar la visita de los líderes obreros en Orizaba, a

fines de 1914, y de publicar las «adiciones al plan de Guadalupe», precisamente el 12 de diciembre de ese año. Y también convence a Carranza de promulgar la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. El coqueteo de Obregón con los obreros no se quedó en las «adiciones». En cuanto llegó a la ciudad de México reinstauró la Casa del Obrero Mundial y les entregó el templo de Santa Brígida para que se instalaran. En febrero de 1915, los obreros se decidieron a apoyar a los constitucionalistas mediante los batallones rojos, que pocas veces entrarían en batalla pero que serían importantes para el control de la retaguardia obregonista.42 Cuando en julio de 1916 los trabajadores del Distrito Federal hacen estallar una huelga general (para que no se les pague con dinero constitucionalista, sino en metálico), Carranza los manda llamar para regañarlos, en contra de la posición de Obregón. Lo mismo había hecho en Orizaba en 1914.Y mientras que Carranza no entendía ni aceptaba a los obreros, Obregón no tenía ningún problema con ellos. El pragmatismo de Obregón le permitía aceptar los planes de las masas, hacerlos suyos y aprovecharlos políticamente.43 Precisamente el apoyo de los trabajadores, en particular los ferrocarrileros, permite a Obregón enfrentar a Carranza. En 1919, Obregón firma un «acuerdo secreto» con la CROM de Morones, que pocos meses después funda el Partido Laborista Mexicano (PLM).44 Al respecto dice Clark: A pesar de todo, la adhesión de la Confederación Regional Obrera Mexicana a la causa del único héroe armado de la Revolución no era incondicional. Un acuerdo verbal no le bastaba a la CROM. [...] Celebraron un pacto escrito en el que prometían a Obregón el apoyo del partido que se iba a formar a cambio de que la CROM tuviese un lugar de preferencia si él lograba llegar a la presidencia. [...] El acuerdo se firmó el 9 de agosto de 1919, más de ocho meses antes de que comenzara la verdadera rebelión contra Carranza y, en diciembre del mismo año, se organizó formalmente el Partido Laborista Mexicano. Once miembros del Grupo Acción firmaron el acuerdo con Obregón por parte de la CROM. Este acuerdo, lo mismo que muchos otros firmados en los años siguientes entre el Partido Laborista y los políticos, no fue dado a conocer a la masa de los obreros.45

Cuando Obregón decide ser candidato a la presidencia en contra de la voluntad del Rey Viejo, su popularidad se hace evidente y Carranza intenta detenerlo. Disfrazado de ferrocarrilero y amparado por ellos, Obregón escapa de la ciudad de México poco antes de que sus seguidores lancen el Plan de Agua Prieta que terminará con la muerte de Carranza. El resultado inmediato del plan lleva a Adolfo de la Huerta a la presidencia para la segunda mitad de 1920. Además de ocuparse en que la campaña electoral de Obregón no sufriese contratiempos, De la Huerta, buen administrador, va poniendo orden en el gobierno. Incluso logra el 28 de julio de 1920 la rendición de Villa, que acepta retirarse a la hacienda de Canutillo. Si bien Obregón había logrado el apoyo de los obreros, también contaba con la fuerza de los agraristas, tanto de las Ligas Agrarias como del Partido Nacional Agrarista, comandado por Soto y Gama, antiguo zapatista.46 La elección será ganada fácilmente por Obregón, que será presidente hasta noviembre de 1924. La presidencia de Obregón enfrenta, a decir de Jean Meyer, tres problemas principales: el reconocimiento por parte de Estados Unidos, la recuperación del poder central por encima de las regiones y el manejo de la sucesión.47 El gobierno estadounidense, usando como excusa la muerte de Carranza, intentó que Obregón revirtiera el artículo 27 constitucional que otorgaba la propiedad del subsuelo a la Nación. Hay que recordar que México producía la cuarta parte del petróleo mundial a inicio de los veinte,48 aunque esta proporción se redujo muy rápidamente, sobre todo con los descubrimientos en Venezuela en esa misma década. Para 1930, México aportaba apenas 3% de la producción mundial.49 Las peticiones de Washington incluían la asunción de la deuda externa del Porfiriato y la indemnización de los estadounidenses perjudicados por la Revolución que, como vimos en los dos capítulos previos, no fueron muchos. Las negociaciones no avanzaron sino hasta 1923, por falta de voluntad de ambas partes. Sin embargo, el último año de gobierno de Obregón fue muy complicado, porque lo cubría el fantasma de la sucesión. Tanto Adolfo de la Huerta como Plutarco Elías Calles se consideraban

sucesores legítimos de Obregón. En cualquier dirección que éste volteara se anunciaba una revuelta importante. En estos meses desaparecieron varios líderes importantes: Benjamín Hill murió envenenado, Lucio Blanco fue asesinado en Estados Unidos y Francisco Villa fue rociado de plomo en Parral.50 La decisión de Obregón en favor de Calles dio origen a la rebelión delahuertista, una amenaza seria al régimen en ciernes, de manera que se arregló rápidamente el pendiente con Estados Unidos para impedir cualquier apoyo de ese país a los levantados. El 31 de agosto de 1923 se firman los llamados Tratados de Bucareli, que sin embargo tuvieron que esperar a diciembre para ser aprobados por el Senado (previo asesinato del senador Field Jurado, el mayor opositor a Obregón, y la compra de algunos legisladores más).51 Una vez hecho esto, el gobierno estadounidense bloqueó la venta de armas a los rebeldes, con lo que permitió a Obregón enfrentarlos con éxito. No se trató de una revuelta menor: dos terceras partes del ejército se levantaron contra el gobierno.52 Al final, fueron fusilados 54 generales exobregonistas.53 Calles

El ascenso de Plutarco Elías Calles a la presidencia, para suceder a Obregón, marca entonces una nueva ruptura en la dirigencia de la Revolución. Ahora también una parte significativa del grupo sonorense ha sido excluida y quedan sólo el caudillo por excelencia, Obregón, y el presidente Calles. Detrás de ellos, personajes menores de la etapa armada: Amaro, Portes Gil y los jóvenes Cárdenas, Cedillo, Santos, Almazán, Garrido, Tejeda, Carrillo Puerto. Súmese a Luis Morones, líder de la CROM, y tenemos el panorama de la época. Así pues, aunque cada vez había menos líderes capaces de poner en riesgo al Estado, éste no podía considerarse una institución cuajada. Jean Meyer ve en esta época dinámicas centralistas y tendencias regionales que se enfrentaban con frecuencia.54 Desde su perspectiva, las fuerzas en conflicto durante

el gobierno callista son tres: Obregón, el ejército y la CROM. Esto es, el caudillo, los militares que se creen con derecho al poder y el nuevo actor, el sindicalismo, con las mismas pretensiones. Y Calles administra este conflicto como va pudiendo.55 El gobierno de Calles es de gran dificultad pues, aunque Obregón se retira a sus negocios privados, su figura es demasiado grande. La base política del nuevo presidente, además, no es independiente de Obregón. Calles había sido apoyado en la elección por los gobernadores del golfo (Portes Gil, Tejeda, Garrido, Carrillo Puerto, Cedillo) y por el Partido Nacional Agrarista y el Partido Laborista Mexicano. Así que cuando el Manco de Celaya decide regresar a la presidencia, Calles no tiene con qué enfrentarlo.56 Para complicar más las cosas, a mediados de 1926 se inicia el conflicto cristero. Aunque los pleitos con la Iglesia católica vienen desde el Constituyente, sólo con Calles alcanzan el nivel de enfrentamiento armado. Carranza no era anticlerical y Obregón no era tonto: tenía un conflicto con Estados Unidos y no necesitaba otro con la Iglesia. Calles, en cambio, comecuras de vocación, no tenía un problema serio en otra parte. Por si fuera poco, su aliado político más importante, Luis Morones, sí quería un conflicto y lo logró. El 21 de febrero de 1925 los Caballeros de Guadalupe, organización creada por la CROM de Morones para enfrentar a los caballeros de Colón, orden católica seglar, expulsaron al párroco de la iglesia de la Soledad e impusieron en su lugar al padre Joaquín Pérez, creando la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, de la cual Pérez sería el «patriarca».57 Como si fuese coincidencia, con el inicio de la Cristiada el manco de Celaya crece frente a Calles. La capacidad de conciliación del Manco sobrepasa por mucho la del Turco y para fines de año se habla ya de la diarquía.58 Con esa nueva distribución del poder, Obregón se arriesga a reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial (ampliando el periodo a seis años, de una vez), y da inicio a una batalla en el Congreso, fundamentalmente entre el PNA obregonista y el PLM, brazo político de Morones, quien también tiene aspiraciones presidenciales.

Sin embargo, no sólo enfrenta Obregón respuestas parlamentarias. En junio de 1927 se apresura el levantamiento de Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano. En noviembre, aquél es muerto en Coatepec, mientras Serrano, compañero cercano de Obregón, es asesinado en Hutizilac, en su traslado a la capital.59 Aprovechando el viaje, son fusilados otros 25 generales y 150 civiles, y son expulsados del Congreso 23 diputados antirreeleccionistas. Todo esto ayuda a que Morones lo piense mejor, reconsidere sus posibilidades y no se presente como candidato presidencial. Sin mayor oposición, Obregón hace campaña y gana la elección con tranquilidad, pero pocos días después, el 17 de julio de 1928, en un desayuno convocado en su honor, es asesinado por José León Toral, un fanático católico que se hizo pasar por caricaturista para acercarse al presidente electo. El magnicidio pone al gobierno de Calles en una crisis profunda, puesto que el ejército completo es obregonista y no se puede descartar un levantamiento general. Entonces Calles alcanza un nivel político que no se hubiese sospechado: no sólo es capaz de sortear la crisis, sino que logrará mantener el poder detrás de los siguientes tres presidentes que, sumados, completarán el sexenio para el que Obregón había sido elegido. La forma en que Calles administra la crisis es interesante. Logra que el Congreso elija como presidente interino a Emilio Portes Gil, el más obregonista de los callistas, o viceversa. Además, deja prácticamente a su suerte a Morones y la CROM, que son señalados por los obregonistas como culpables de la muerte de su líder. Finalmente, en su último informe de gobierno, el 1 de septiembre, anuncia que se debe «orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, pasando, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y de leyes».60 El Maximato

Durante los siguientes seis años, Plutarco Elías Calles será el Jefe Máximo de la Revolución: a ese periodo se le llama entonces el Maximato. Durante ese tiempo, Calles entró y salió del gabinete presidencial, ya como secretario de Guerra, ya como secretario de Hacienda, pero siempre fue el poder detrás del presidente en funciones. Inmediatamente después de su último informe de gobierno, Calles logra que desaparezca el Bloque Revolucionario Obregonista en el Congreso y que se conforme el Bloque Nacional Revolucionario, el 28 de septiembre de 1928.61 De manera simultánea, consigue el nombramiento de Emilio Portes Gil como presidente interino. Como hemos dicho, es un nombramiento de conciliación con los obregonistas, pero también con los radicales. De todos los gobernadores proclives a las reformas sociales, Portes Gil era el más moderado, pero sin duda formaba parte de los radicales. De hecho, es con él que por primera vez la reforma agraria tiene alguna importancia. Portes Gil reparte, en los 14 meses de su presidencia, más de un millón de hectáreas, prácticamente la mitad de lo que se había repartido en los doce años anteriores, desde la promulgación de la Constitución.62 A partir de la propuesta de Calles en su último informe de gobierno, los principales líderes políticos del país empezaron a discutir la conformación de un frente o partido político que pudiese apoyar la consolidación del Estado Revolucionario. El anuncio público de este proceso ocurrió mucho después, el 22 de noviembre de 1928, cuando se hizo pública una reunión en casa de Luis L. León a la que asistieron veinte de los más importantes callistas.63 Alrededor de la fundación del partido ocurren dos asuntos de la mayor importancia. El primero es que justo el día en que debía instalarse el nuevo partido, el 3 de marzo de 1929, ocurre una nueva rebelión, al mando del general Escobar. Calles es nombrado secretario de Guerra y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se funda al día siguiente, lo que da lugar al segundo hecho: el nombramiento de Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia de la República, por encima de Aarón Sáenz, obregonista.

El tamaño de los conflictos políticos del momento no es fácil de imaginar. Por un lado, el conflicto cristero que no terminará sino hasta mediados de 1929; por otro, el levantamiento escobarista; los frentes políticos, además, no son menores: Aarón Sáenz, muy cercano colaborador de Obregón, estaba seguro de ser elegido candidato por el PNR, y lo hubiese sido, salvo porque los callistas impidieron la entrada de sus seguidores a la asamblea; y desde fuera del nuevo partido, José Vasconcelos se lanzaba como candidato opositor. Cuatro frentes, dos armados y dos políticos, a pocos meses del asesinato del último gran caudillo revolucionario. Y Calles logra acabar con todos. Sáenz retira sus aspiraciones de manera inmediata, tal vez a la vista del resultado de la rebelión escobarista: en muy pocas semanas, los alzados habían sido totalmente derrotados y había ocurrido una nueva purga: 47 generales fusilados, 51 diputados expulsados del Congreso y cuatro gobernadores removidos.64 Dos meses después, en buena medida por la intermediación del embajador estadounidense Morrow, termina la Cristiada en un empate que a nadie deja contento. Y Vasconcelos será derrotado en la elección presidencial con los métodos que ya dominaban la maquinaria electoral del régimen. La capacidad de Calles para salir airoso de una situación tan compleja no es independiente de su don de mando. Al respecto, Meyer dice: Interesa escuchar el testimonio del general Roberto Cruz sobre Calles. «No era sanguinario, en el sentido de que le gustase matar...; pero tampoco le inquietaba ese acto postrero y en cierto modo supremo de la existencia... tranquilo como si acabara de tomar un baño de agua tibia, podía disponer, hasta con indiferencia, de la vida de los demás.» Y escúchenle: «no ha habido en el gobierno callista quien se atreviera, ya no digamos a negarse a obedecerlo, o a disputar con él por una cuestión de principio, sino a hacerle frente y a oponer resistencia a cualquiera de sus decisiones. Era omnímodo y absoluto. Si por dictador debe entenderse a un hombre que nada vislumbra, que nada concibe más allá de su voluntad, Calles ha sido estampa viva del dictador de México». Calles decidió ser «el amo de su propia casa».65

De acuerdo con Luis Javier Garrido, había en 1929 probablemente más de mil partidos políticos en México. Desde grandes partidos nacionales creados para apoyar a los caudillos, como el Partido Nacional Agrarista, de Obregón, o el Partido Laboral Mexicano, de Morones; pasando por partidos regionales, como el Partido Socialista del Sureste, de Carrillo Puerto, o el Partido Socialista de la Frontera, de Portes Gil; hasta llegar a membretes hechos a la medida del cacique local. De hecho, para julio se anunciaba que más de 1 800 partidos regionales se habían sumado ya al PNR.66 Estos partidos no eran más que emblemas usados por políticos menores para alcanzar puestos igualmente de segunda, salvo escasas excepciones.67 El PNR no tiene comparación con estos millares de excusas políticas. Se trata de una organización que deriva del Estado, del grupo que lo controla, con el fin de ordenar los procesos de acceso al poder. Es, en consecuencia, un instrumento de orden y centralización del poder, que si bien inicia como una gran federación de grupos, no pretende permanecer en esa situación.68 El partido se convertirá muy rápidamente en el espacio de lucha política en México. De hecho, se vuelve difícil distinguir entre partido y Estado desde la fundación del PNR.69 Éste resulta una canasta en la que cabe todo: obreros, campesinos y capitalistas, todos los revolucionarios, con tal de que aceptaran la disciplina, eran bienvenidos.70 Esta condensación de la Revolución la ve Arnaldo Córdova como el resultado de tres enseñanzas del proceso: primera, que el Estado debía ser un poder político autónomo, colocado por encima del organismo social; segunda, que no podía ser una entidad ausente de la vida social, especialmente de las masas populares movilizadas; y tercera, que este poder máximo resultaba incompatible con el poder personal.71 De hecho, la preeminencia del PNR no implica que Calles se convirtiese en el gran elector. Es, sin duda, primero entre iguales en el interior del partido, pero éste es un espacio de negociación que no siempre se inclina hacia donde el líder máximo buscaba.72 Mientras Calles resolvía este entramado de conflictos y Portes Gil repartía tierras, Pascual Ortiz Rubio hacía campaña por la

presidencia. Aunque había sido general y gobernador de Michoacán, Ortiz Rubio llevaba tiempo alejado de la política nacional. Poco antes de su designación como candidato era embajador de México en Brasil, y esta falta de contacto con la política nacional era, presumiblemente, su principal atributo frente a Calles. El día de su toma de posesión es víctima de un atentado que le lastima la mandíbula. Mal indicio y señal clara de lo que sería su gobierno. La presidencia de Ortiz Rubio no fue nada fácil. La creación del PNR, y su casi hegemonía para 1930, había dado lugar a una lucha interna en dos bloques: blancos y rojos. Los primeros eran más cercanos a «las tesis de los terratenientes y de los dirigentes de la incipiente burguesía industrial», mientras los rojos se consideraban «vinculados a los dirigentes campesinos y obreros», según Garrido. Estos grupos se enfrentaron de manera violenta de marzo a mayo de 1930, en vísperas de la elección legislativa, provocando la salida del presidente del partido, Basilio Vadillo, y su sustitución por Emilio Portes Gil, quien orientó la balanza en favor de los rojos. Pero los blancos eran el grupo de Ortiz Rubio, quien a partir de ese momento perdió el poco poder político que tenía. La disputa entre los rojos y los blancos ocurrirá sobre todo alrededor de la propuesta callista de no reelección de legisladores.73 Frente a la elección intermedia, en 1932, Ortiz Rubio decide renunciar y es sustituido por Abelardo L. Rodríguez, quien no tiene empacho en recibir órdenes de Calles y prefiere concentrarse en el crecimiento de su peculio. Con gran éxito, por cierto. La institucionalización

El ordenamiento de los levantados durante la etapa armada no fue una cuestión menor. Por un lado, había que construir un ejército moderno que remplazara el que la Revolución había barrido, pero que se mantuviese en los cuarteles y no fuese ya soporte de ambiciones políticas. Por otra parte, había que encontrar un mecanismo que permitiese administrar estas ambiciones. La

combinación de estos dos instrumentos permitiría garantizar una nueva etapa de paz. Al término de la etapa armada de la Revolución, es decir, hacia 1920, una gran cantidad de políticos son considerados militares, aunque lo sean sólo por encimita. En el tiempo de los sonorenses, la mitad de los puestos relevantes son controlados por este tipo de personaje especial: el militar revolucionario.74 Sin embargo, esta abundancia de militares no se convirtió en un «militarismo» moderno, como dice Tobler, porque buena parte de ellos, aunque debió optar por las armas durante la Revolución, no tenía ninguna formación castrense ni ganas de dedicarse a ello.75 Por otra parte, la sobrepoblación de generales revolucionarios se resuelve con las rebeliones de 1923, 1927 y 1929. En ellas son fusilados 54, 25 y 37 generales, respectivamente, muchos de ellos, sobre todo en los dos primeros conflictos, muy cercanos a los sonorenses. Así que para 1930 ya no quedan caudillos que puedan considerarse herederos obligados y los generales que han logrado sobrevivir son mucho más cautelosos. La tercera dinámica que permite la institucionalización del ejército es la política expresa de Joaquín Amaro, secretario de Guerra con Calles, Portes Gil y Ortiz Rubio, que incluyó tanto la capacitación de las fuerzas armadas como el rompimiento de las relaciones personales entre jefes y soldados, que todavía a inicios de 1920 eran evidentes.76 Estos tres hechos: la falta de tradición militar en los generales revolucionarios, las purgas asociadas a los levantamientos y la política de Amaro, hacen que el ejército de los años treinta no sea ya una fuente de conflictos. En esa década quedan sólo cuatro generales con fuerza, además de Calles: Amaro, Cárdenas, Almazán y Cedillo, los cuatro claramente subordinados al Jefe Máximo y al nuevo partido.77

 

 

  El proceso de centralización del poder, fundamental para el buen funcionamiento de una nación, sobre todo del tamaño de México, se reinicia bajo el gobierno de Calles. Esto no significa que los caciques regionales desaparezcan, ni mucho menos, pero se emprende el proceso de subordinación al poder central.78 Finalmente, con toda la importancia que pueda tener la institucionalización del Ejército y la creación del PNR, se trata, como todo el Maximato, de una etapa más en el camino hacia el nuevo régimen.79 Régimen que construiría el nuevo hombre fuerte de México, que tendría la capacidad de institucionalizar toda la vida nacional en un gran armazón que soportaría durante cincuenta años el desarrollo de México. Pero analizar la llegada de Cárdenas al poder y la construcción del régimen requiere, antes, tener más clara la situación económica y social del país, que es a lo que dedicaremos los siguientes capítulos.

4. LA EXPANSIÓN ECONÓMICA

La

etapa armada de la Revolución no cubre todo el territorio nacional, pero en donde aparece, causa severa destrucción. Ya veremos, más adelante, que la economía nunca se colapsa, pero sí se altera; en algunas regiones, mucho. El Estado liberal, que se había mantenido desde la derrota de Maximiliano en 1867 hasta la primavera de 1911 casi sin levantamientos, desaparece en este año y durante los siguientes veinticinco no conocerá la tranquilidad. En el primer capítulo veíamos que las causas de la Revolución que tradicionalmente se esgrimen no tienen mayor sustento, pero eso no significa que en el México de inicios del siglo XX no pasara nada. El país vivía su ingreso al capitalismo y, como en todas partes del mundo, se trataba de un periodo disruptivo. El viejo orden, las costumbres y tradiciones no pueden mantenerse iguales cuando los procesos productivos, y las relaciones sociales que van con ellos, se modifican profundamente. Por eso es necesario detener por unos capítulos la narración que venimos siguiendo para comprender adecuadamente los procesos económicos y sociales que vive México en esos años. Para ello, dedicaremos este capítulo al análisis de la economía mexicana durante el Porfiriato, lo que nos permitirá, en el siguiente, pasar revista a los cambios sociales que la nueva economía provocó. La etapa económica previa a la Revolución no se inicia con el Porfiriato, sino con la República Restaurada. Tanto los principios de política como las bases jurídicas de la vida económica son las mismas desde el triunfo de Juárez. De hecho, podemos encontrar una continuidad en la construcción de instituciones que inicia en la

República Restaurada, se desarrolla en el Porfiriato y culmina en el periodo sonorense. Esto es evidente en el ámbito de las finanzas públicas lo mismo que en el sistema financiero privado, en el crecimiento de la industria nacional lo mismo que en la orientación de la producción agrícola. Lo más interesante es que el proceso continúa después de la etapa armada de la Revolución, de manera que los sonorenses construyen sobre las bases establecidas por los oaxaqueños. Así, aunque el marco jurídico es diferente a partir de la Constitución de 1917, en los hechos no hay cambios significativos. No hay reforma agraria relevante antes del gobierno de Emilio Portes Gil (1929), ni hay Ley Federal del Trabajo sino hasta 1931. Sin embargo, la situación de los trabajadores va cambiando paulatinamente desde los tiempos de Maximiliano, mejora bajo el Porfiriato e incluso durante la etapa armada vive avances en las relaciones obreropatronales, como se acostumbra llamarles en México. La República Restaurada, el Porfiriato y el periodo sonorense son, propiamente hablando, tres etapas de un solo proceso que corresponde al segundo intento de modernizar el país y al primer esfuerzo por incorporar a México en el capitalismo. Las Reformas Borbónicas, el primer intento modernizador, acabaron, como sabemos, en la desintegración del imperio español y en diversos experimentos y conflictos en toda América Latina. La revolución liberal de México, lo que llamamos Guerra de Reforma (e Intervención), abrió el camino para la aplicación de medidas que favorecían un nuevo sistema económico. Como ocurrió en otros países, el tránsito de las estructuras económicas y sociales hacia este nuevo sistema no fue fácil. Como en todas partes, los productores asociados a la tierra, ya fuesen dueños o campesinos, se vieron amenazados. Como en todas partes, las nuevas fábricas crearon a su alrededor un nuevo grupo social. Como en todas partes, el tránsito de una economía atrasada, colonial, al capitalismo fue un asunto traumático. Pudo haber ocurrido bajo la férula de Juárez, pero éste murió con admirable puntualidad, así que tocó a Díaz administrar la intranquilidad del cambio.

AMÉRICA LATINA Y EL INICIO TARDÍO DEL CAPITALISMO Más allá de los datos, que analizaremos con detalle, es importante establecer algunos puntos básicos para cualquier estudio de la economía mexicana en grandes periodos. Lo primero que debernos reconocer es que hay etapas separables. La Nueva España vive dos eras diferentes, tanto en lo político como en lo económico. La primera, durante el gobierno de la casa de Habsburgo, desde la conquista y hasta inicios del siglo XVIII, y la segunda, bajo la casa de Borbón, que lleva a cabo reformas profundas en el imperio español desde mediados de ese siglo y hasta la invasión napoleónica, las independencias latinoamericanas y las Cortes de Cádiz (18081812). Las Reformas Borbónicas son, en esencia, la aplicación, en España y sus colonias, de la visión de gobierno que Luis XIV, el Rey Sol, había utilizado en Francia durante el siglo XVII. Podríamos resumirlas en dos palabras, ambas feas, pero útiles: centralización y eficiencia. La Corona decide, bajo la casa de Borbón, tomar el control de reinos y virreinatos como nunca antes. La reestructuración de la administración; el enfrentamiento con el poder paralelo, la Iglesia; y la anulación de privilegios a las corporaciones de comerciantes, atacan directamente a los grupos que se habían beneficiado del régimen anterior. «Después de 1760 los inmigrantes españoles invadieron el espacio tanto político como económico de los criollos. La política de los últimos Borbones era incrementar el poder del Estado y ejercer sobre América un control imperial más riguroso. Se presionó a la Iglesia, se expulsó a los jesuitas, los impuestos aumentaron y los criollos bajaron de categoría».1 Por ello, la burocracia criolla, la Iglesia y los comerciantes aprovecharán la primera oportunidad para separarse de España, que llega con la invasión de Napoleón en 1808. El primer intento independentista en México que logra algo ocurre precisamente en ese momento, aunque su duración pueda medirse en horas. En los cuatro años siguientes, desde la invasión hasta las Cortes de Cádiz —que elaboran la primera Constitución de corte liberal en España—, el Imperio se irá desmoronando, fundamentalmente por

levantamientos de corte conservador en las colonias. Porque así lo manda la tradición los latinoamericanos preferimos pensar que nos independizamos para ser liberales, pero no fue el caso. Aunque algunos de los libertadores tuviesen preferencia por esta forma de pensar, el resultado final de los movimientos independentistas no fue el tránsito al liberalismo: «no parece correcto interpretar que la Independencia se convirtió en un movimiento de modernización, ya que las propias elites lucharon por conservar el principio de colonialismo interno que había caracterizado la estructuración social y política de los tiempos anteriores [...] de lo que no cabe la menor duda es de que la independencia política no significó un proceso de descolonización interna».2 México en particular prefiere seguir festejando a los liberales que iniciaron la Independencia, todos muertos para 1815, que al conservador que la consiguió, Iturbide. La digresión acerca de las luchas de independencia es relevante para el análisis de la economía, porque el resultado de la separación fue precisamente un intento por recuperar el estado previo a las Reformas Borbónicas, al menos en la esfera social y, en parte, la económica: «La continuidad del orden colonial en el Estado nacional se advierte, muy clara y significativa, en la continuidad del orden jurídico-social de la estructura de poder interna de la sociedad. Nada hubo de casual en la mora acumulada por las sociedades republicanas en este aspecto, no superada por varias de ellas sino hacia finales del siglo XIX».3 Las estructuras sociales, políticas y económicas de los tiempos propiamente coloniales, es decir, de los tiempos de la casa de Habsburgo, corresponden a la visión de la Alta Edad Media, y eso es lo que América Latina intenta recuperar a inicios del siglo XIX, con medio milenio de rezago. «Como lo ha demostrado Menéndez Pidal, el imperio de Carlos V representa la última gran tentativa de espíritu medieval para fundar una universitas christiana; un Dios, una fe, un reino.»4 Así, aunque la situación política de las naciones latinoamericanas presenta un cambio de fondo frente a la Independencia, las estructuras sociales y económicas más bien muestran una regresión a los tiempos coloniales que se enfrentará con las propuestas modernizadoras impulsadas por elementos de las elites de cada

país. La historia de México está marcada por la lucha entre la visión comunitarista y medieval contra la perspectiva liberal. La República Restaurada y el Porfiriato permiten extender esta última, pero los intentos regresivos reaparecerán en el siglo XX. El comportamiento de la economía mexicana no es fácil de analizar para los años anteriores a 1900. La información con que contarnos es escasa, y esto no permite análisis muy detallados. Existen estimaciones del ingreso nacional para un par de años en el siglo XIX,5 o de la dinámica de la economía para los tiempos coloniales,6 pero se trata de cálculos muy gruesos que requieren suponer muchas cosas. A partir de 1895, en cambio, ya contamos con datos que permiten análisis más adecuados, aunque todavía es necesario suponer el comportamiento de algunos sectores. Durante la primera República, en el gobierno de Guadalupe Victoria, México pudo contratar un par de créditos internacionales que, sin embargo, no pudo honrar, conforme la situación política empezó a deteriorarse a partir del gobierno de Vicente Guerrero.7 De hecho, a partir de 1828 entramos en un círculo vicioso en el que la mala situación de las finanzas públicas hacía imposible tener un gobierno estable y la inestabilidad del gobierno hacía imposible tener finanzas sanas. No es coincidencia que México haya tenido 50 diferentes gobiernos en los 38 años que transcurren entre la salida de Victoria y el fusilamiento de Maximiliano. México volvió a ser sujeto de crédito exactamente sesenta años después, en 1884. Este paso es fundamental para el éxito económico del Porfiriato, porque el acceso a los créditos internacionales implica (pero también fortalece) la estabilidad interna. La capacidad de pago de estos créditos refleja un mejor manejo de las finanzas públicas y un avance significativo del sistema financiero en su conjunto. Como lo ha mostrado Marichal, el acceso de México al circuito internacional ocurre antes de que exista un superávit en las finanzas públicas que garantice el pago.8 La creación del sistema financiero mexicano, y específicamente la creación del Banco Nacional de México, convence a los banqueros europeos de que México es seguro.

Así, la construcción del sistema financiero resulta un fenómeno complementario al esfuerzo de sanear las finanzas, lo que crea un círculo virtuoso que dará flexibilidad a la política económica. Esto, a su vez, implica un segundo proceso relevante en la economía del Porfiriato. En esa época, el ingreso principal del gobierno es la recaudación en aduanas, es decir, los impuestos al comercio exterior. De esta manera, la presión por sanear las finanzas hace imposible cualquier política económica de peso, puesto que no es posible utilizar los aranceles como herramienta de desarrollo si al mismo tiempo están sirviendo como mecanismo de recaudación. En consecuencia, la mejor situación de la hacienda pública, resultado del saneamiento de las finanzas y el desarrollo del sistema financiero, abre el espacio para la política económica. El proceso inicia en los años noventa del siglo XIX, cuando los aranceles empiezan a ser utilizados de manera coherente como instrumentos de política económica. Durante los siguientes veinte años, México vive una reducción significativa del arancel promedio, es decir, una apertura comercial amplia, pero que al mismo tiempo mantiene protegidos ciertos sectores. El mercado también crece de manera significativa a partir del gobierno de Juárez. El primer ferrocarril, el Mexicano, se inaugura poco después de la muerte del oaxaqueño. Para fines del Porfiriato, todo pueblo con más de 25 mil habitantes estaba integrado a la red ferroviaria. Esto significa que México logra construir un mercado de cinco o seis millones de habitantes ubicados a un paso de alguna estación de ferrocarril. Nada despreciable para la época. La combinación de esta política comercial con el mejoramiento de las comunicaciones internas dará lugar al desarrollo de un mercado interno incipiente. El resultado es que, a pesar de la apertura comercial, hay un incremento en la inversión, específicamente en industrias orientadas al consumo, como los textiles, cerveza, jabón, etcétera. Este proceso, que es propiamente una industrialización mediante sustitución de importaciones, como se le llamará a mediados del siglo XX, da lugar a nuevas relaciones de producción. Especialmente, aparece un grupo social que no existía antes de

1890 en México, al menos de manera importante: los obreros fabriles. Por una razón obvia: sin fábricas no hay obreros y, aunque éstas aparecen por primera vez en la década de 1830, no pueden desarrollarse sino hasta los tiempos de la República Restaurada, en parte por la inestabilidad política y en parte por el tamaño del mercado. Así, los mecanismos que permiten el crecimiento económico del Porfiriato van también produciendo alteraciones significativas en las relaciones sociales. Tanto la presión agraria como el surgimiento de la clase obrera son resultado de ese crecimiento. Sin embargo, hay que reiterar que estos dos fenómenos no son causa de la Revolución, sino fenómenos simultáneos a la crisis política pero que corren por vías diferentes.9 EL SISTEMA FINANCIERO, BASE DEL DESARROLLO Hemos calificado las finanzas públicas como uno de los problemas fundamentales del Estado. Esto es así de manera general, pero en el caso de las repúblicas latinoamericanas, y específicamente el de México, los primeros cincuenta años de vida independiente resultan extremadamente complicados. Aunque las cifras que tenemos son poco confiables, aun con ellas el déficit promedio de los gobiernos mexicanos alcanzó 20% de sus ingresos.10 Si consideramos, además, que no hubo posibilidades de endeudamiento externo a partir de 1824 ni había tampoco emisión de papel moneda, resulta claro que el país vivía en una crisis permanente. Frente a esta difícil situación fiscal, que incluso dio la excusa para dos guerras internacionales (ambas con Francia, en 1838 y de 1862 a 1867), la República Restaurada hará grandes esfuerzos por obtener finanzas sanas.11 El mago que logrará esto, y que sentará las bases sobre las que no sólo trabajará el Porfiriato, sino sobre las que los sonorenses establecerán las finanzas públicas del siglo XX, es Matías Romero. La propuesta de reforma fiscal de Romero se presenta al Congreso el 1 de abril de 1869, en forma de nueve iniciativas de Ley:

[E]xportación libre y gratuita de oro y plata en pasta, pero creando un impuesto de 5% sobre las utilidades líquidas de todas las minas; establecimiento del impuesto del timbre; abolición de las alcabalas en los estados que las conservaban y de la contribución federal en la República; creación de un impuesto sobre herencias; libertad de exportación de todos los productos nacionales sin pago alguno de derechos; aplicación de un impuesto sobre la propiedad raíz que facilitara la explotación y subdivisión de ésta; simplificación y abaratamiento de las situaciones y cambio de dinero; emisión de 18 millones de pesos en billetes del tesoro, con objeto de hacer con regularidad los pagos a cargo del erario federal; amortización de títulos de la deuda pública llamada interior, en operaciones de nacionalización.12

La novedad de estas propuestas impidió que pudieran aceptarse en una primera instancia, y Romero debió reiterarlas al año siguiente, si bien eliminando la emisión de billetes, que había causado alarma.13 Ahora bien, Romero buscaba con esta emisión adelantarse cincuenta años en la historia financiera de México: Éste sería, además, el primer paso que se diera para el establecimiento de un banco nacional o de un sistema de bancos particulares en la República, que tanto se necesita para facilitar las operaciones mercantiles y para movilizar una gran parte de la riqueza nacional, que ahora se encuentra estancada, y que seguirá así probablemente mientras no pueda convertirse en numerario, sin necesidad de venderla [...] Pero si el sistema que ahora se propone produjese buen éxito, habrá ya una base sólida de que partir para el establecimiento de un banco, al que podrían destinarse los bienes nacionalizados de que aún no ha dispuesto el gobierno.14

El Congreso no atiende las peticiones de Romero, quien renuncia a fines de 1871, aunque ocupará el puesto hasta junio de 1872. El último día de ese año, el Congreso acepta el impuesto del timbre.15 El 12 de junio de 1872, Romero es sustituido por Francisco Mejía, que se mantendrá en el puesto hasta la salida de Lerdo en 1876.16 La deuda mantiene al gobierno mexicano sin poder corregir el tradicional déficit. Las garantías sobre aquella representan, en 1884, 87.87% de los ingresos de la aduana de Veracruz, y casi 95% de las de Tampico y Matamoros. Prácticamente no hay aduana que tenga

menos de 75% de sus ingresos hipotecados de esta manera.17 Por eso es interesante que México recupere el crédito externo en esas condiciones. Para Marichal, la razón no es un superávit fiscal inexistente, sino la fundación del Banco Nacional de México, ya que «los accionistas de Banamex incluían un gran número de financieros e inversionistas norteamericanos y europeos. Esto contribuyó al notable incremento en la confianza en las políticas de deuda aplicadas subsecuentemente por las autoridades mexicanas [...] también contribuyó a una mayor eficiencia en recaudación y desembolsos públicos, y a la modernización de las finanzas mexicanas. Así, en una esfera crítica, una agencia privada resultó crucial para la transición de un estado débil a uno fuerte».18 Ciertamente, el superávit del gobierno no aparece en esta época, sino a fines del siglo, al menos diez años después de haber entrado México otra vez en los círculos del crédito externo (véase figura 4.1).

  Siendo México un muy importante productor de plata, no es extraño que se mantuviese, desde el siglo XVI, un patrón bimetálico (oroplata) como base del sistema monetario. Sin embargo, la tradicional

relación 16 a 1 entre la plata y el oro se modificó significativamente hacia fines del siglo XIX. Esto llevó a que el peso cayera a 0.837 por dólar en 1891, 0.539 hacia 1894 y 0.398 en 1901.19 En la forma que acostumbramos usar, es una devaluación de 1.20 a 2.50 pesos por dólar. En 1905, México tuvo que aplicar una reforma monetaria y adherirse al patrón oro, que ya todo el mundo aceptaba. Hasta antes de eso, la ley vigente era la expedida por Juárez, que establecía el peso en 27.073 gramos de plata.20 El peso mexicano, que llegó a ser moneda de referencia en Oriente, sufrió también la caída en el valor de ese metal, de manera que las exportaciones de plata acuñada se redujeron de 87% del total de la plata exportada en 1878 a 63% en 1890 y a 19% en 1900. Para 1910, ya no se exportaba.21 Como ocurre con los patrones metálicos, la producción resulta una fuente permanente de circulante, lo que implica un desajuste entre los precios internos y externos. Es equivalente a mantener una moneda moderna subvaluada, de forma que actúa como un arancel general, una barrera a las importaciones, y al mismo tiempo implica una mayor extracción de plusvalía a los trabajadores, bajo la forma de un salario siempre depreciado. La caída en el valor de la plata llevó a que el gobierno nombrase una comisión, en 1886, para analizar las causas de la crisis mercantil y las medidas que deberían dictarse.22 La comisión, sin embargo, más que ocuparse del tema monetario o financiero, acabó con sugerencias acerca de la competitividad de la economía mexicana y sugiriendo una mayor orientación a la exportación, tanto de la agricultura como de la minería.23 Hubiera sido bueno hacerle caso a la comisión desde entonces. El primer banco creado en México fue el Banco de Londres, México y Sudamérica (BLM), establecido el 22 de junio de 1864, mediante simple autorización administrativa, durante el imperio de Maximiliano. Antes de ello, los bancos fundados por Alamán (Banco de Avío, 1830, y Banco de Amortización de la Moneda de Cobre, 1837) tuvieron vida efímera.24 El siguiente banco de emisión creado en el país no fue de carácter federal, sino que apareció en la ciudad de Chihuahua, con base en un decreto de la legislatura local, de

noviembre de 1875. Se trata del Banco de Santa Eulalia, de Frank McManus. En 1883, la legislatura aprobó concesiones similares a otras personas relacionadas con la minería: el Banco de Chihuahua, de Henry Müller; el Banco Minero de Chihuahua, de Inocencio Ochoa, y el Banco Mexicano de Chihuahua que contaba, entre otros socios, con Luis Terrazas. Sólo en ese estado se aprobaron concesiones de este tipo.25 El 23 de agosto de 1881 el gobierno de Manuel González autorizó el establecimiento del Banco Nacional Mexicano (BNM), de Eduardo Noetzlin, que podría emitir billetes con la obligación para el gobierno de no recibir en sus oficinas papel moneda de ningún otro banco. El 18 de febrero de 1882 se aprobó el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario (BMAH), de Eduardo L’Enfer, y el 15 de junio de 1883, un tercer convenio bancario para formar otro pequeño banco de emisión, el Banco de Empleados, que poco después se llamaría Banco Comercial.26 Por el lado del crédito, sólo la gran agricultura latifundista se adaptó al sistema bancario. Sin embargo, por las características propias del negocio agrícola, esto implicó una cartera extremadamente riesgosa para los bancos.27 En 1884 la situación financiera crítica del gobierno, que puso al borde de la quiebra al Monte de Piedad, motivó la fusión del BNM con el BMAH para dar lugar, el 6 de abril de 1884, al Banco Nacional de México que se constituyó en banquero del gobierno y le abrió un crédito por ocho millones de pesos.28 El 20 de abril de 1884 se decretó el Código de Comercio con preceptos relativos a las Instituciones de Crédito, que prácticamente borraban el Banco de Londres y México, el cual logra sobrevivir comprando al Banco de Empleados su concesión.29 Doce años después se publicó una nueva ley que tenía el defecto de permitir que los dos grandes bancos federales (BNM y BLM) pudieran establecer sucursales en todo el país, algo negado a los bancos estatales.30 Esto llevó a que los billetes emitidos por éstos fueran aceptados con descuento en otros lados. Para resolver el problema, se constituyó el Banco Central Mexicano, el 12 de octubre de 1898, como banco refaccionario. El objetivo era que canjeara los billetes de bancos locales sin descuento, pero no logró hacerlo.31 Los

privilegios de que gozó el Banco Nacional de México resultaron excesivos, a decir de Noel Maurer, sobre todo porque nunca cumplió adecuadamente con las funciones de banca central, como se esperaba.32 Lo normal, después de la ley de 1897, fue que los banqueros defraudaran. Se exhibía capital y, como los socios controlaban el consejo de administración, se lo prestaban a sí mismos de inmediato. En realidad, el artículo 111 de la ley prohibía esto, pero los banqueros daban créditos a sus familiares, amigos o prestanombres. El 10 de febrero de 1908, Hacienda emite una circular en donde muestra la corrupción de los bancos. El 9 de mayo se decreta una ley reformatoria de la de 1897. Las reformas de 1908 precipitaron la crisis, que estaba por ocurrir cuando se desplomó el gobierno de Díaz, de forma que será el gobierno de Huerta el que la sufra, como veremos más adelante.

 

EL FERROCARRIL, LA PALANCA

La construcción del ferrocarril en México es el cambio más significativo en materia económica durante la década de 1880, junto con el desarrollo del sistema financiero que hemos comentado. Aunque hubo planes para construir un ferrocarril entre México y Veracruz desde poco después de la Independencia (1837), el primer tramo se construyó hasta 1857, en el gobierno de Comonfort, e iba de la capital a la Villa de Guadalupe. El proyecto se concesionó a Antonio Escandón, que después de muchas peripecias acabaría construyendo otro trecho entre Veracruz y Paso del Macho, pero ya en tiempos de la intervención (1863). La concesión se traspasó, con el apoyo de Maximiliano, a la empresa inglesa Smith Knight, que logró ampliar el primer tramo desde la ciudad de México hasta Apizaco, inaugurado por el emperador pocos meses antes de que perdiera la vida y la empresa se viera privada de concesión e inversión. Cuando Juárez indultó la compañía para que reiniciase la construcción, se levantó tal debate entre don Benito y el Congreso que por poco nos quedamos sin camino de fierro. Afortunadamente, la empresa retomó el trabajo y en 1869 se inauguró el tramo de Apizaco a Puebla; al año siguiente el de Paso del Macho a Atoyac, y un año después hasta Fortín. El puente de Metlac (entre Fortín y Orizaba) pudo terminarse tres meses después de la muerte de Juárez, en septiembre de 1872; únicamente faltaba el tramo de Orizaba a Maltrata para completar la ruta desde la ciudad de México hasta Veracruz.33 El 1 de enero de 1873, desde las tres de la mañana, se reunió la multitud en la estación de Buenavista, para saludar el primer viaje del ferrocarril, que salió a las cinco, con el presidente Lerdo y su comitiva. Una hora después salió el segundo tren, dice Calderón, «casi totalmente ocupado por señoras de las más distinguidas familias de México». El viaje es apenas imaginable: se bajaban a admirar los puentes, gritaban durante el trayecto en las cumbres de Maltrata, se detenían en los límites estatales a recibir y despedir gobernadores y jefes políticos, y todo acompañado de bandas musicales y a veces de salvas. A las cinco y media de la tarde llegó el tren a Orizaba, en donde lo esperaba incluso la tripulación de un barco de guerra español llegado ex profeso a la inauguración del

Ferrocarril Mexicano. Finalmente, a las ocho de la noche, llegó el tren a Veracruz, a tiempo para el baile. Doce mil personas lo recibieron, con salvas de artillería y música por todas partes. Sin embargo, más allá de la fiesta, el ferrocarril resultó menos útil de lo que pensaban las autoridades. Lo que hoy llamaríamos problemas de logística provocaban que fuese mayor el tiempo necesario para recibir mercancías por ferrocarril que siguiendo el más tradicional mecanismo de las recuas. Peor aún, aunque el gobierno esperaba que el ferrocarril ayudase a la exportación, resultaba que no había nada que exportar. Prácticamente no había industria y la ruta no cruzaba regiones de gran producción minera ni agrícola. En realidad, el mayor efecto del ferrocarril fue en la industria del pulque, que pudo literalmente inundar la capital, con el consiguiente desplome en su precio, pero también abrir mercado hacia Orizaba y Veracruz, en donde no se conocía.34 A fines del Porfiriato, el pulque seguía siendo de gran importancia para el Ferrocarril Mexicano, pues representaba 20% de la carga.35 En 1876, cuando Díaz llega a la presidencia por primera vez hay 640 kilómetros de ferrocarril en México: 424 en la ruta MéxicoVeracruz, 114 en la ruta Jalapa-Veracruz, 47 del ramal PueblaApizaco (para conectar con El Mexicano), y tres tramitos: uno de Veracruz a Medellín, otro de Mérida a Progreso y el último de Toluca a Cuautitlán. Aunque el gobierno había dado infinidad de concesiones (desde 1837, como vimos), prácticamente no se construye nada más allá de El Mexicano. Durante ese primer gobierno de Díaz se añaden 433 kilómetros a la red ferroviaria en 13 tramos, más la expansión del Mérida-Progreso y Toluca-Cuautitlán: 30 kilómetros promedio por tramo que no sirven para nada. Buena parte de estos tramitos se construían por concesiones que otorgaban los gobiernos estatales.36 Esta opción para el desarrollo del ferrocarril, como es evidente, no tenía ningún futuro. Otra posibilidad era que el gobierno fuese el constructor y operador del ferrocarril pero, dada la situación financiera y administrativa, no parecía tampoco muy buena. La tercera alternativa fue la más exitosa: la concesión a empresas extranjeras constituidas para el

efecto. Es claro que éste había sido el camino seguido durante cuarenta años sin mucha suerte, pero en esta ocasión las cosas cambiaron. Durante ese gobierno se aprobaron, desde 1878, algunos tramos pequeños. Sin embargo, las dos grandes rutas al norte, hacia San Antonio, Texas, y hacia Santa Fe, Nuevo México, sufrieron reveses en el Congreso, que veía en ellas riesgos para la soberanía. Sólo como ejemplo, permítaseme citar al diputado Rivera Cambas: «Tratándose de una nación que nos ha arrebatado la mitad de nuestro territorio, una nación cuya bandera ha ondeado en Palacio Nacional [...] ¿es cuerdo, es procedente, es patriótico, ir a hacer contratos con ciudadanos extranjeros con quienes puede haber consecuencias de gran trascendencia?».37 Para evitar este tipo de discusiones, Díaz intentó asignar al Ferrocarril Central, que iría de México a Paso del Norte (Ciudad Juárez), una concesión caduca de 1874 que sólo iba de México a León y que también debería autorizar el Congreso. Sin embargo, en junio de 1880 el Congreso autorizó al Ejecutivo, por decreto, terminar el proceso de asignación bajo ciertas restricciones. A partir de ese decreto, la intervención del Congreso en materia de ferrocarriles se redujo significativamente. El Ferrocarril Central se construyó entonces sobre un tramado de concesiones, algunas estatales, otras ya caducas, de manera que se debió crear un contrato en abril de 1883 que refundiera todas en una. El primer tren que recorrió estas vías salió de la ciudad de México el 22 de marzo de 1884, con dirección a Chicago. El Ferrocarril Nacional tiene una historia similar, aunque menos espectacular. También tienen que tomarse varias concesiones disímbolas que se consolidaron mediante un decreto en 1883. El Nacional tendió 1 164 kilómetros de vías durante el gobierno de Manuel González, en siete tramos desconectados, mientras el Central había logrado alcanzar los 1 970 kilómetros, ya unidos.38 Sumando una veintena de pequeños proyectos más, durante la gestión de González el ferrocarril pasó de 1 073 kilómetros a 5 731, de los que el Central resulta lo más significativo: aporta casi la mitad del incremento en lo recorrido, es una conexión entre la ciudad de

México y Estados Unidos y es, ya desde 1884, la «mayor empresa privada del Porfiriato», como la calificó Sandra Kuntz. Para 1898, las vías sumarán 12 801 kilómetros;39 a fines del Porfiriato, el ferrocarril alcanzará poco menos de 20 mil kilómetros de vías, un poco menos del máximo recorrido de 27 mil kilómetros que alcanzó a fines del siglo XX y que tiene todavía hoy.40 La importancia del ferrocarril para la economía mexicana no puede menospreciarse. Aunque, a partir del trabajo de Robert Fogel en 1964, se empezó a dudar de cuánto realmente había aportado al desarrollo durante el siglo XIX, para el caso de México esta duda no tiene sentido. En países en los que la geografía conspira contra la economía, como ha dicho Coatsworth,41 el ferrocarril resulta fundamental. Aunque su construcción misma tiene un efecto muy reducido, puesto que los insumos y la tecnología vienen de fuera, la operación logra más que compensarla. De acuerdo con Coatsworth, «se puede concluir que más de la mitad del crecimiento económico de México en el Porfiriato fue producido directamente por los ferrocarriles».42 Si el ferrocarril tuvo esa importancia, la pregunta entonces es ¿Por qué ese impulso a la economía mexicana no fue sostenido? La respuesta que el mismo Coatsworth proporciona tiene mucho que ver con la visión económica de los años setenta: el dependentismo. Dice: «la mayor parte de los ingresos brutos de los ferrocarriles fueron transferidos al exterior en forma de pago de insumos, ganancias, intereses y conceptos similares». Por otro lado, después de analizar las tarifas, concluye que «más de la mitad de los ahorros sociales directos atribuibles a ferrocarriles en 1910 estaban concentrados en el sector de la exportación».43 Sin embargo, esas explicaciones no parecen tener sustento. Aunque a la publicación del estudio de Coatsworth siguieron dos décadas en que se abandonó el tema, desde mediados de los noventa las cosas cambiaron. Así, hoy sabemos que, aunque los ferrocarriles se introdujeron a México desde arriba (es decir, desde el gobierno), desde el centro (la ciudad de México) y desde fuera (las empresas extranjeras), esto no dio como resultado un sistema «colonial», orientado exclusivamente a enlazar enclaves productivos

con puertos y fronteras.44 Es decir, el ferrocarril no estuvo orientado a la exportación ni mucho menos. Como bien lo ha mostrado Sandra Kuntz, favoreció la construcción de un espacio económico interno que antes era inexistente. La estructura de tarifas favorecía los tramos medios (entre 300 y 700 km) y el envío de «carro entero», lo que provocó la creación de polos controlados por 45 comercializadores. Tal vez los mejores ejemplos de nuevos centros de desarrollo creados por el ferrocarril sean Torreón y Gómez Palacio, pero hubo también diversificación de actividades económicas en Chihuahua, Jiménez y Parral como producto del nuevo medio de transporte.46 Entre las principales rutas, la mayor parte de la carga tenía destino nacional: en El Mexicano (a Veracruz), 80%; en los dos que iban a Estados Unidos, el Nacional registra que 87% de sus ingresos son por carga nacional, mientras que en el Central (que movía más minerales) representaban 70 por ciento.47 Más, el volumen de carga enviado a Estados Unidos entre 1898 y 1905 sólo representó 2.5% del total de carga manejada.48 La orientación de las vías al norte ha permitido la conclusión simplista de que México construía una economía orientada a la exportación, pero vemos que hay evidencia suficiente para desechar esta concepción. Por otra parte, no olvidemos que los caminos que sigue el ferrocarril no son producto de la imaginación porfirista, sino resultado de 300 años de economía colonial. Los ferrocarriles recorrían 17 entidades antes de llegar a la frontera norte, cubriendo prácticamente todas las poblaciones con más de 25 mil habitantes.49 Respecto de la extracción de recursos por parte de las empresas de origen extranjero, las estimaciones recientes reducen significativamente los cálculos de Coatsworth.50 Sin embargo, es claro que los ferrocarriles acaban costeándole al gobierno mexicano. Marichal piensa que los pagamos dos veces, una por los subsidios con los que se construyeron, otra al asumir el gobierno la propiedad, con la nacionalización iniciada en 1907.51 ESTADO Y MERCADO

Como veíamos, la introducción del ferrocarril crea mercados que antes no existían. En un país con las condiciones geográficas de México, el desarrollo natural ocurre por regiones, prácticamente cerradas por barreras orográficas. Así avanza México durante la época colonial, con un norte prácticamente despoblado, un sureste autónomo pero aislado y dos regiones que tienen un tamaño suficiente para crecer. No es coincidencia que hayan sido arzobispados separados: el centro, con la ciudad de México como eje, y el occidente, con Guadalajara como capital. En estas condiciones, mal preparado estaba el país para exportar si apenas podía mantener el comercio entre las regiones. El ferrocarril cambia esto, acercando en tiempo y costo las regiones, pero también modificando su patrón de producción y consumo. Antes, la única minería que tenía sentido era la de metales preciosos. Sacar hierro o cobre de la tierra para luego transportarlo por mula era absurdo. Evidentemente, el ferrocarril modifica la producción minera nacional al permitir la explotación de estos minerales, lo que a su vez ayudará a tener una industria básica. La Fundidora Monterrey se establece en 1900, por Vicente Ferrara, León Signoret, Eugenio Nelly y Antonio Basagoiti, y el horno empieza a funcionar en febrero de 1903.52 Algo similar ocurre con la agricultura. El ferrocarril permite una especialización regional mayor que la conocida en la Colonia. Así, la «forma de producción» colonial, la hacienda, vive una transformación profunda. Ya no se trata de un lugar autosuficiente con alguna producción mercantil, sino que se transforma en un centro productivo que puede servir a un mercado muy remoto. Finalmente, el ferrocarril también permite la aparición de un mercado de bienes de consumo. Antes de 1890, «los bienes que consumían los mexicanos provenían de importaciones, pequeños talleres o la misma casa. Sólo cigarros y tela provenían de fábricas. Para el inicio del siglo XX, había producción fabril de papel, cerveza, jabón, vidrio, zapatos, azulejos, ladrillos, cemento, cuero, diversos productos metálicos y de fibra natural, entre otros».53 Este crecimiento implica financiamiento, y aquí ocurre un primer problema: el sistema financiero no logra una conexión adecuada con

el sistema productivo. Por un lado, como veíamos antes, sólo la gran agricultura latifundista se adaptó al sistema bancario. Pero este proceso requirió modificaciones legales que permitieran mayor certidumbre para las hipotecas. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes, puesto que no se logró convertir las hipotecas en instrumentos comerciables, lo que impidió un financiamiento menos riesgoso y por lo mismo más barato y abundante.54 Pero este problema fue todavía peor en el caso de la industria manufacturera que sólo recibió financiamiento cuando las empresas eran propiedad de los dueños de los bancos. Dicen Noel Maurer y Stephen Haber: «Debido a los altos costos de obtener información, estos bancos otorgaban crédito sólo a las empresas manufactureras que eran propiedad de los directores del banco [...] Si México hubiese tenido leyes bancarias que hicieran más fácil crear un banco, se habría industrializado más rápido».55 Esto provocó que la industria se fuese concentrando conforme el sistema bancario se desarrollaba.56 Pero si la industria sufrió por la falta de financiamiento, a cambio contó con el apoyo de una política comercial activa que Edward Beatty considera propiamente un esfuerzo de «industrialización por sustitución de importaciones» que siguió un doble camino: la protección mediante aranceles y los subsidios indirectos. Beatty piensa que no existe una explicación adecuada para el crecimiento de la industria en México antes de 1910, porque las tres hipótesis disponibles no son razonables: 1) México se habría convertido en una plataforma de exportación para las economías del Atlántico Norte; 2) este boom exportador habría generado una demanda de consumidores para el mercado interno, y 3) la depreciación de la plata en la última década del siglo XIX habría estimulado la producción nacional, al elevar el costo de los bienes importados.57 Estas explicaciones niegan la posibilidad de que hubiese una política dirigida a impulsar la industria. Esta cita de Katz es para Beatty un ejemplo extremo de esto: «El gobierno de Díaz no tenía planes para desarrollar industrias particulares, o programas para estimular la importación de tecnología, o políticas para proteger industrias infantiles».58 Y estas explicaciones son las más comunes,

desde el primer estudio sobre la economía del Porfiriato de Rosenzweig hasta los trabajos de Carmagnani a inicios de los noventa.59 Nuevamente, estamos frente a la fuerza del mito revolucionario y su influencia en los estudiosos: La negación de estas políticas y su implicación para la sociedad mexicana ha perdurado en gran medida porque los historiadores suelen juzgar las intenciones del régimen de Díaz por sus resultados: la desigualdad social y dictadura política que llevaron a la Revolución Mexicana de 1910 [...] Pero ver el desarrollo Porfiriano teleológicamente a través de los lentes de la Revolución arriesga el descontar el papel de la política económica y malinterpretar el intento de los hacedores de política y la naturaleza del desarrollo político y económico de México.60

Beatty muestra que efectivamente hay producción para sustituir importaciones durante el Porfiriato. Los bienes de consumo pasaron de representar tres cuartas partes de las importaciones en 1876 a ser sólo la mitad en 1911. Más aún, entre 1895 y 1910 la producción manufacturera más que se duplicó, mientras la economía creció sólo 50 por ciento.61 Pero no es tan fácil mostrar que la política económica llevó a esto. El programa de «industrias nuevas» del Porfiriato, por ejemplo, aprobó apenas 30 de las 300 solicitudes que recibió, y sólo una docena llegó a funcionar.62 Sin embargo, no parece razonable que hubiese existido inversión sin contar con apoyo oficial: «El patrón particular de crecimiento económico antes de 1911 no puede explicarse mediante un presunto abandono federal de la industria nacional. De hecho, es muy poco probable que muchos hubiesen invertido en empresas manufactureras sin una sustancial protección oficial frente a la competencia externa».63 Un buen ejemplo de por qué se requería apoyo oficial tiene que ver con los mayores costos de producir en México. De acuerdo con Beatty, éstos se debían a que era necesario importar maquinaria, a que los insumos nacionales no eran de la misma calidad y a que el costo laboral era más elevado, aunque los salarios fuesen más

bajos. Un operario textil mexicano podía manejar 2.5 telares, mientras uno británico llegaba a 3.8 y uno estadounidense manejaba ocho. De acuerdo con Beatty, no es correcta la referencia común a que la subvaluación de la plata frente al patrón oro permitía compensar esta diferencia de productividad.64 Ahora bien, esa protección oficial debería ejercerse mediante aranceles, pero durante el Porfiriato lo que prevalece es la apertura comercial. Sandra Kuntz sostiene que el primer periodo de crecimiento industrial, que es el Porfiriato, coincide con la liberalización comercial. Antes de eso, como hemos visto, la dependencia de la hacienda pública de los aranceles impedía cualquier intento de apertura comercial. De hecho, el primer intento de liberalizar data de 1856, con la nueva ley de aranceles, a la que sigue otra en 1872. No hubo más apertura porque se caería la recaudación.65 Kuntz rechaza que esta apertura fuese parte de un «liberalismo económico compulsivo» impuesto en la periferia por los países desarrollados; más bien «reflejaba los logros del Estado mexicano de un mayor grado de autonomía y fortaleza financiera que le permitían, por primera vez en la historia de México, diseñar e implementar una política comercial desarrollista coherente».66 En la misma línea, y partiendo de su amplia investigación sobre política arancelaria desde la República Restaurada hasta el fin del Porfiriato, Graciela Márquez sostiene: «La protección, como un instrumento promotor del crecimiento económico, fue la base del impulso hacia la industrialización que ocurrió en las últimas dos décadas del Porfiriato. De una manera deliberada, el gobierno promovió la producción de bienes industriales, marcando la estructura industrial y el patrón de crecimiento de largo plazo con características distintivas».67 El resultado de esta política es, sin lugar a dudas, una acelerada industrialización del país: «Había otros países latinoamericanos que se habían industrializado antes de 1911 (Brasil, Chile y Argentina), pero no tenían el mismo rango de industrias de consumo y construcción como México. Ninguno, por ejemplo, tenía industrias cementeras o de acero antes de 1920. Hacia 1911, México estaba bastante delante de otros países latinoamericanos en términos del

desarrollo de sus industrias de papel, cigarrillos, botellas de vidrio e industrias químicas básicas».68 LA ECONOMÍA DEL PORFIRIATO La figura 4.3 muestra, de manera esquemática como todas las figuras, lo que ocurrió con la economía mexicana durante el Porfiriato. Los esfuerzos de los liberales, desde la República Restaurada, pero también durante el primer periodo presidencial de Díaz, fueron cuajando en dos dinámicas diferentes de gran importancia. Por un lado, el círculo virtuoso del sistema financiero y las finanzas públicas que permitió al gobierno depender menos de los aranceles para financiar la hacienda y, por lo mismo, impulsó la apertura comercial que se vivió desde fines del siglo XIX. Por el otro, la construcción del ferrocarril, que redujo costos y tiempos y abrió un mercado significativo también a fines del siglo. Así pues, al regreso de Díaz a la presidencia, la situación es ya diferente, y lo seguirá siendo hasta su salida en 1911. Para esta etapa, el ferrocarril ha logrado impulsar, sobre todo, los mercados de la minería y de los bienes de consumo, aunque también el de los productos del campo. Sin embargo, para comprender el ritmo del mercado de bienes de consumo es necesario considerar la política arancelaria que, si bien muestra una apertura en lo general, también presenta ya aranceles selectivos que ayudan al crecimiento del mercado interno. Por otra parte, esta figura también nos permite identificar los problemas del esquema de desarrollo. No hay una conexión entre el sistema financiero y el mercado de bienes de consumo, salvo cuando se trata de empresas propiedad de los dueños de los bancos. De hecho, el crédito de la banca se concentra en las haciendas, lo que implica un mayor nivel de riesgo por las condiciones normales de operación de este tipo de empresas. Adicionalmente, el crecimiento del mercado de productos del campo da lugar a una mayor presión por incrementar los espacios de las haciendas, lo que en algunas regiones del país implicó la invasión y

despojo de las tierras de los pueblos, con los efectos que ya conocemos. Sin embargo, es de mayor importancia el crecimiento de un nuevo grupo social a partir del crecimiento tanto de la minería como de la industria en general: la clase obrera. La aparición de este grupo se tradujo en serias dificultades en todos los países que entraron en la época industrial, como ocurrió en México. Veremos más acerca de estos dos fenómenos en el siguiente capítulo. Vale la pena analizar un último tema relativo a la economía del Porfiriato, que ha sido fuente, como tantas cosas, de leyendas. Me refiero a la propiedad de las empresas que, al considerarse junto con la aparición de la clase obrera, implica analizar el problema de la distribución, pero también el de los derechos de propiedad. El estudio de los derechos de propiedad es relativamente reciente.69 Por costumbre, tratamos la propiedad como algo dado y sólo nos preocupamos por discutir quién es propietario de qué, pero no ahondamos en el asunto. Un buen ejemplo de esta simplificación es la economía de orientación marxista, que se concentra en el problema de propiedad de los bienes de producción como una disputa entre capitalistas y proletarios únicamente. Esto es así porque el Estado, siguiendo la misma concepción, es una construcción de los capitalistas que sólo existe para «institucionalizar» esta situación de la propiedad.

  Sin embargo, esta simplificación oscurece demasiado el análisis, porque pensar que el Estado es simplemente una excreción de los capitalistas no sólo es absurdo, sino que además no ayuda a entender procesos como el que estamos estudiando. Si el Estado es una construcción de los capitalistas, ¿quién creó entonces a Porfirio Díaz? ¿Quién a Álvaro Obregón? Es claro que los capitalistas supieron negociar tanto con uno como con otro, pero su ascenso al poder, y su estilo personal de ejercerlo, no podemos atribuirlo a ningún grupo de empresarios, hacendados o potentados.

Si el Estado no es esa excreción capitalista, sino un centro de poder autónomo, entonces el problema es muy diferente. Puesto que la propiedad es algo que se define y mantiene desde el Estado, esto significa que para ser propietario de algo se requiere la aquiescencia del Estado. Y cuando éste no es democrático o, más genéricamente, sujeto a contrapesos legales (gobierno limitado), entonces la propiedad depende del compromiso del Estado.70 Dicho de otra manera, frente a un gobierno autoritario y sin contrapesos, la propiedad no es un derecho claro. Una solución a esto es comprar este derecho, pagando un rescate a cambio. Los académicos lo llaman el caso despótico: el déspota se apropia de parte de la renta de la propiedad a cambio de permitirla. Y esto lleva a dos problemas. Uno es el tiempo finito de vida de un déspota, lo que implica que, conforme el personaje ve más cercano el fin de su vida, incrementará la proporción de la renta que se apropia (pues ya no tiene sentido esperar el futuro). Las monarquías hereditarias son una solución, aunque no son tan eficientes como uno podría pensar (pues tarde o temprano nace un hijo tonto). El otro problema es que el déspota no tiene manera de evaluar el efecto de su apropiación de la renta en el desempeño de la organización, es decir, acabará tomando más renta de la que hubiese sido razonable y llevará la organización a la quiebra.71 ¿Por qué alguien decidiría entonces invertir si no puede tener garantías sobre su propiedad? La mejor respuesta que tenemos hasta ahora, especialmente para el caso mexicano, la ofrecen Haber, Razo y Maurer. Estos autores proponen una solución que llaman integración vertical política (IVP), en la que los capitalistas se asocian con miembros del Estado, de manera que éstos puedan apropiarse de una parte de las rentas; a través de la asociación se reducen los dos problemas que veíamos en la solución despótica: la «miopía» acerca de la proporción de la renta que es apropiable sin dañar irreversiblemente a la organización y el tiempo finito que fuerza a una mayor apropiación conforme pasan los años. Esta integración vertical tiene varios defectos, como reconocen los autores: «es económicamente ineficiente, tiene consecuencias negativas para la distribución del ingreso, implica autoritarismo

político y requiere que el gobierno sea un proveedor ineficiente de bienes públicos».72 La garantía más aceptable que puede dar un Estado autoritario acerca de la propiedad es la asociación. De poco ayudan las leyes o las costumbres cuando se trata con un autócrata. Son más seguros los intereses comunes: si un inversionista tiene como socio al autócrata, estará más seguro. Si el lector se está imaginando ya al México que siempre ha conocido, en donde políticos y empresarios llegan a ser difíciles de distinguir, es buena muestra de lo atinado del análisis de Haber, Razo y Maurer. Este tipo de capitalismo, en que el poder político y el económico se mezclan de esta forma oscura, se ha dado en llamar crony capitalism, término de difícil traducción al español. Se trata de un capitalismo de compadres, compinches, cómplices. Esta forma de asociación resuelve el problema de garantizar los derechos de propiedad, en tanto que los políticos prefieren la obtención de una renta segura a la exacción total de la inversión. Sin embargo, Haber insiste en que no son, para nada, perfectos: «Los sistemas crony tienen dos grandes desventajas. La primera es que tienden a producir una distribución de ingreso y riqueza muy sesgada [...] La segunda es que provocan desafecto entre otros miembros de la elite económica que no está tan cercanamente asociada a la elite política que distribuye favores».73 Ciertamente este segundo problema es fácil de relacionar con el enfrentamiento en el interior de las elites mexicanas hacia 1910, en donde Madero, hacendado coahuilense, es apoyado por miles de seguidores de Bernardo Reyes, hombre fuerte de Nuevo León, en contra de Díaz y los científicos. Acerca de la extrema desigualdad del ingreso y la riqueza habrá que hablar después, puesto que es uno de los problemas que la Revolución no resolvió y que, a inicios del siglo XXI, sigue con nosotros. Sin embargo, pospondré el análisis de la construcción de las coaliciones político-económicas para no distraer la atención del lector con un tema que, si bien es muy atractivo, nos impediría analizar adecuadamente la secuencia de causas y efectos entre el cambio tecnológico y económico y los procesos sociales. Regresaremos a este asunto cuando veamos el desarrollo del

régimen de la Revolución, lo que nos permitirá encontrar, además, una continuidad que ha asombrado a más de un investigador: las elites económicas que sobrevivieron la Revolución, su régimen y hasta sus mitos.

5. LOS CONFLICTOS DEL CAMBIO

El ingreso en el capitalismo, en México como en todas partes, significa un cambio fundamental en las relaciones sociales de producción, como las llamó Marx. Las formas tradicionales, íntimamente asociadas a la tierra y esencialmente paternalistas, van desapareciendo para dar lugar a nuevas formas que dependen de nuevos instrumentos de producción y de una relación monetaria entre patrones y subordinados. Esta transformación es muy dolorosa, porque no sólo hay un problema de ingresos para muchas actividades que van perdiendo importancia, sino que hay cambios profundos en la forma de relacionarse con otros seres humanos. En todo el mundo, este proceso ha sido siempre difícil. México ingresa en estas nuevas formas de producción a partir de la década de 1880, como hemos visto, gracias a los avances tecnológicos, como el ferrocarril, y a mejoras socioeconómicas asociadas con un sistema financiero relativamente moderno. En consecuencia, México vive, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, los conflictos propios del cambio de sistema económico que otros países vivieron antes, y distribuidos en un periodo más largo. En palabras de John Tutino: «El análisis de México sugiere que, sin ser la irrupción del capitalismo causa exclusiva de insurrecciones agrarias en masa y de enfrentamientos revolucionarios en potencia, tales irrupciones han sido frecuente causa de esos fenómenos en los últimos dos siglos».1 Por otra parte, México enfrenta, simultáneamente, un cambio de mentalidad que muchos países habían iniciado tres siglos antes. Como ya hemos comentado, el imperio español es el último reducto

de la Edad Media y las Reformas Borbónicas, el gran intento por modernizarlo, resultaron en su desaparición. Más aún, América Latina es producto de la reacción frente a ese intento modernizador. Nuestro continente, nuestros países, no aparecen como resultado de la modernidad, sino contra ella. En el caso de México, el segundo intento modernizador es impulsado por los liberales. Se trata de una generación de políticos e intelectuales que buscan mover a México hacia delante, sacarlo del esquema colonial. La lucha ocupa el tercer cuarto del siglo XIX: se inicia poco después de la derrota de México frente a Estados Unidos y la pérdida de la mitad del territorio, en 1848, y termina con el fusilamiento de Maximiliano en 1867. En el camino se modificarán leyes y costumbres que sólo empezarán a dar frutos hacia el final de la vida de Benito Juárez y, sobre todo, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. El Porfiriato es, esencialmente, el tiempo en el que México se moderniza, así sea parcialmente. Esa modernización provoca serios conflictos sociales. Por un lado, las formas de producción que fueron exitosas antes ya no lo son; por otro, nacen nuevas maneras de producir, y no todas son saludables. Así, México concentra en el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX todo el proceso de cambio que en otros países llevó siglos. Los cambios en la tenencia de la tierra en Inglaterra, que comenzaron a fines del siglo XVII y se desplegaron por un siglo entero, en México habrían de ocurrir en pocos años; la aparición de grandes monopolios, de relaciones inadecuadas entre banca e industria, que en Estados Unidos dieron como resultado las más grandes fortunas del mundo, ocurren también en México, y en los mismos tiempos. Es decir que el Porfiriato es, más que la dictadura sangrienta de la leyenda, una etapa histórica de cambio. Y un cambio que, a pesar de generar dificultades sociales, no tenía como dirección obligada la revolución. Al cambio de orientación de la producción agropecuaria, que implicó la modificación de sus relaciones internas, no siguió una gran revolución agraria. A la aparición de las fábricas, y con ellas del proletariado, no siguió la gran revolución obrera y socialista.

Es así que el envejecimiento de Díaz se convierte en un problema mayor, puesto que no basta con encontrarle un sucesor, sino que el tema de fondo es administrar los conflictos propios del cambio de sistema económico.2 O, en palabras de Gutelman: En sus comienzos, la Revolución era un problema de una parte de la burguesía, cansada de la arbitrariedad porfiriana. Intervinieron luego la pequeña burguesía urbana y el campesinado pobre que en lo sucesivo tendría un peso decisivo en su desarrollo. El proletariado agrícola propiamente dicho, es decir los peones acasillados de las haciendas, prácticamente no se movió hasta 1934. El proletariado urbano se organizó para la defensa de intereses estrictamente gremiales y hasta desempeñó el papel de fuerza contrarrevolucionaria al servicio de la gran burguesía en lucha contra el campesinado [...] La historia política de la Revolución Mexicana después de Madero no es más que la historia de las concesiones de una clase social a otras clases en sublevación, y no, como se ha creído con demasiada frecuencia, la de la transferencia de las palancas de mando políticas y sociales de una fracción de la burguesía al pequeño campesinado.3

Pero debido a que la leyenda de la Revolución insiste tanto en la emancipación de los obreros y la liberación de los peones, es necesario que dediquemos un espacio a analizar con cuidado la evidencia que tenemos al respecto. LA TIERRA, LENTA Y DOLOROSA CAÍDA Para evitar caer en anacronismos, es bueno recordar que México es conquistado por los españoles a inicios del siglo XVI, es convertido en la principal colonia americana bajo la denominación de virreinato de Nueva España, y así se mantiene hasta comienzos del siglo XIX. Lo relevante de las fechas es que durante esos siglos ocurre en Europa Occidental un proceso de modernización que se inicia casi de manera simultánea con la conquistade México a través de la Reforma de Lutero y que termina, al mismo tiempo que nuestra Independencia, con el imperio de Napoleón, que resulta ser el gran

distribuidor de la Revolución Francesa en la parte más atrasada de Europa. En esos tres siglos el mundo occidental no ha dejado atrás todavía las formas de producción que llamaré, para mayor facilidad, medievales. La mayor parte del valor agregado que se produce en este mundo proviene del sector primario y apenas alrededor de estos siglos empieza la industria a tener una participación más relevante. En consecuencia, debemos tener claro que el proceso de cambio hacia el capitalismo se define, al menos en parte, por una reducción de la importancia de la producción agropecuaria que es sustituida, y avasallada, por la producción industrial. Este proceso, que llevó tres siglos en la parte más avanzada de Europa y que empezó a dar frutos hacia la mitad del siglo XIX,4 prácticamente no ocurre en el imperio español. Las formas medievales de producción y sus correspondientes interpretaciones del mundo se mantienen en América Latina por muchos años más que en otras partes, de manera que el choque cultural es mucho más evidente. Dicho de otra manera, cuando el proceso de cambio económico durante el Porfiriato empobrece relativamente al campo, está muy fresca en la mente de los campesinos una época anterior en la que la vida era más fácil. Eso no ocurrió en el norte de Europa, por ejemplo. Durante la Colonia, la propiedad de la tierra era de la Corona, que podía cederla a particulares para su explotación. Muy al inicio, esto ocurrió a través de las encomiendas, que consistían en la asignación a un particular de cierta extensión de tierra que incluía a los naturales que ahí vivían. El objetivo de este instrumento era, precisamente, encomendarle a dicho particular tanto la explotación de la tierra como la conversión de los naturales a la fe católica.5 Sin embargo, la encomienda vino pronto a menos, y hacia mediados del siglo XVII la forma de propiedad más común fue la merced. En ésta, la Corona hacía la merced, el favor, de otorgarle a un particular la explotación de la tierra, pero a diferencia de la encomienda, sin incluir derechos sobre las personas que ahí vivían.
Con el tiempo, estas propiedades dieron en llamarse haciendas, posiblemente por incluirse en ellas no sólo la tierra, sino las herramientas y el capital

de los dueños.6 La hacienda es el eje productivo de la Colonia, ya fuese de corte minero o de producción agropecuaria destinada a alimentar a las ciudades. En consecuencia, se trata de una organización de la producción que tiene contacto mercantil con el exterior, pero que mantiene en su interior relaciones de producción precapitalistas. Los trabajadores de una hacienda no reciben un pago monetario, sino en especie, además de vivir en ella y, en ocasiones, tener un pedazo de tierra para su propia siembra (en ocasiones llamado pegujal). Hacia fines del siglo XVI, cuando la población indígena había decrecido notoriamente, la encomienda dejó de tener sentido. Por otro lado, la política de congregar a los indios en pueblos liberó espacios para otorgar su propiedad a españoles.7 En particular, Chevalier ha mostrado que el origen de las grandes propiedades del Bajío se remonta a fines del siglo XVI e inicios del XVII.8 En esencia, la hacienda puede definirse como «la institución social y económica cuya actividad productora se desarrolla en el sector agrario» que tiene como características fundamentales el dominio de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los mercados locales (o incluso regionales). La hacienda se legitima a través de una utilización colonialista de estos elementos que domina.9 Es importante insistir en el dominio de la fuerza de trabajo, puesto que la hacienda «puede existir con pocos peones eventuales, y con pocos o ningunos medieros y arrendatarios; casi por definición, una hacienda reúne a un grupo más o menos permanente de familias que gozan allí de ciertos derechos tradicionales».10 Derechos de corte precapitalista, que se irán modificando hacia finales del siglo XIX y cuya comprensión es fundamental para entender la naturaleza de los conflictos en el campo mexicano. El desarrollo de esta forma de producción suele dividirse en diferentes fases, generalmente coincidentes con el entorno económico del imperio español: una primera fase desde el inicio de las encomiendas hasta 1630; una segunda desde entonces y hasta 1730, cuando el cambio de casa gobernante en España provoca un ordenamiento legal nuevo, y desde esa fecha hasta las guerras de

independencia. Posiblemente esta última fase debería incluir un corte hacia 1780, cuando las reformas borbónicas trastornan de lleno la Nueva España «y la administración virreinal intentó proteger con más intensidad los intereses de los peones y de los vecinos de los pueblos frente a los hacendados».11 Hay que recordar que en 1786 se promulga la Real Ordenanza de Intendentes que sustituye las estructuras político-administrativas medievales de la Casa de Habsburgo por el modelo centralizado que los Borbones utilizaron con éxito en Francia. Ahí se acabaron las provincias, las alcaldías mayores y corregimientos, y empezaron los intendentes.12 Ahí se acabó una estructura política (y social) medieval y se inició la administración centralizada. La falta de mercados financieros y la natural incertidumbre de la producción agropecuaria va poniendo a los hacendados en manos de la Iglesia, que es el único organismo que puede dar los servicios financieros mínimos. Por otra parte, la costumbre de hipotecar parte de la propiedad en capellanías y otros mecanismos eclesiásticos lleva a que, al final, comprar o vender una hacienda sea un asunto de muy poco dinero en efectivo. Los compradores tenían que desembolsar una pequeña suma en efectivo, mientras asumían las obligaciones que la propiedad tenía con la Iglesia.13 El mayor ejemplo de latifundio de la época corresponde a la familia de los marqueses de San Miguel de Aguayo, con tierras tanto en la ciudad de México como en Coahuila. Poco después de la Independencia hubo un grupo de inversionistas británicos que intentó administrar las propiedades, pero sin éxito. Para 1840, las tierras fueron compradas por la familia Sánchez Navarro, que poco después llegó a tener 7 millones de hectáreas, el mayor latifundio registrado en México, desde que era Nueva España.14 Aunque es el caso más espectacular, no es para nada único. Como ocurría en España, los mineros y comerciantes que se enriquecían casaban con familias terratenientes, manteniendo una elite, literalmente, con los pies en la tierra. Esto termina con la Independencia, puesto que muchos comerciantes huyen del país, la minería se arruina y cambian los patrones de comercio internacional. Los nuevos comerciantes no tenían la misma

inclinación a casar con los terratenientes: «Era mucho menos seguro que fueran a invertir en haciendas mexicanas y a entrar por matrimonio en familias de la elite mexicana que sus predecesores hispánicos de la época colonial».15 Después de la Independencia, los cincuenta años de desorden general en el país provocaron un gran movimiento inmobiliario. «En el Bajío, casi todas las haciendas circundantes a Valle de Santiago cuyo dueño no fuese una institución eclesiástica cambiaron de manos por lo menos una vez entre 1830 y 1850».16 Sin embargo, en ese tiempo también creció la producción de familias campesinas subordinadas a las haciendas tanto en el centro como en el norte de México, y lo mismo ocurrió con la producción ranchera. Durante la Colonia, los rancheros eran una fracción marginal de la producción agropecuaria, pero después de la Independencia creció su importancia. Las dificultades de las haciendas, que las obligaron a desplazar su producción a arrendatarios, permitieron el establecimiento de muchas familias en ranchos pequeños. Con el tiempo, estas familias fueron adquiriendo las tierras. Un número sorprendente de haciendas fue subdividido en las décadas centrales del siglo XIX. Los rancheros llegan a predominar en la Huasteca potosina (en donde 70% de la población podía considerarse como tal en 1854), pero también en Jalisco y Michoacán.17 El surgimiento de estas regiones periféricas se refleja en el conflicto político de la época. A decir de Tutino: «No es de sorprender que las elites del viejo núcleo colonial se aferraran en general resueltamente al centralismo y al conservadurismo: centralismo en defensa de su supuesto derecho a gobernar la nación y conservadurismo en defensa de la Iglesia y del privilegio tradicional». Como es natural, «las líneas de los frentes políticos, por supuesto, nunca estuvieron claramente marcadas». El núcleo colonial impulsaba una visión centralista y conservadora mientras que los liberales eran comúnmente profesionistas y políticos de la periferia, pero el conflicto entre ambos grupos no se logra resolver durante los primeros cincuenta años de independencia: «El resultado fue un persistente conflicto y la inestabilidad política».18

La Guerra de Reforma y la Intervención terminan con esa etapa. Los cambios legales promovidos por los liberales, sin embargo, no acaban con los latifundios. La intención era que las propiedades en poder de la Iglesia o de los pueblos fuesen vendidas a quienes las arrendaban u ocupaban, a pagarse en veinte años, mientras que el Estado recaudaría un impuesto por cada transacción.19 Sin embargo, esto no ocurrió tal y como lo pensaban los legisladores. En lo relativo a la individualización de la propiedad comunal, no fue fácil el proceso. En Jalisco la resistencia fue muy fuerte, tanto alrededor de Chapala como en el norte del estado, en el territorio de Tepic. Allí creció Manuel Lozada, cacique «conservador» que mantiene a raya a los liberales por más de veinte años.20 Sin embargo, el problema no se limita a esa región. Nuevamente cito a Tutino: «Para fines del decenio de 1860 la expansión de la aparcería y de relaciones agrarias de inseguridad [... ] contribuyó también a agudizar los resentimientos en todo el altiplano central. Además, en 1868 el primer periodo de sequía y hambruna generalizada desde la Independencia llevó esos resentimientos a su punto álgido. El resultado fue otra andanada de extensas insurrecciones locales».21 Las propiedades eclesiásticas, por su parte, pasaron indivisas a grupos muy pequeños de individuos, Bazant lo dice en estas palabras: «El sueño de los liberales de crear una clase media rural mediante la división y venta en parcelas de las haciendas eclesiásticas no se realizó».22 No se trataba del primer intento de acabar con las propiedades de la Iglesia: ya durante las Reformas Borbónicas se había hecho un esfuerzo, sin éxito, y por poco tiempo lo había vuelto a intentar Gómez Farías. Incluso hubo, hacia fines del siglo XVIII, intentos de peones por adquirir tierras, que contaron con la simpatía de las autoridades pero no llegaron a buen fin.23 Durante el siglo XIX las revueltas campesinas son muy comunes, e incluso hay algunas verdaderamente serias. Sin duda, la más importante es la guerra de castas en Yucatán, resultado de los abusos que la elite regional ejerce contra los campesinos en su intento por recuperarse de las dificultades económicas resultantes de la Independencia: «Al principio de los años 1840 los liberales yucatecos que a la sazón estaban en el poder culminaron el asalto a

los recursos de los mayas ordenando la congregación de muchos campesinos diseminados y parcialmente nómadas en pueblos, y limitando después las tierras disponibles para esas comunidades [...] En 1847, cuando la guerra de México con los Estados Unidos coincidió con otro conflicto político en Yucatán, cerca de cien mil mayas aprovecharon la oportunidad para devolver el golpe a los que se jactaban de gobernarlos».24 Pero, decíamos, no es el único caso. En el mismo año de la invasión estadounidense y del inicio de la guerra de castas, en el Istmo de Tehuantepec hay una revuelta por el control de las salinas. Benito Juárez, a la sazón gobernador de Oaxaca, enfrenta violentamente a los istmeños. Un par de años después, la rebelión es en la Sierra Gorda, territorio siempre complicado. En el centro del país, en la década de los años cuarenta hay rebeliones en Chalco, Morelos y Valle de Mezquital, y ya desde entonces «los gobiernos estatales empiezan a dictar leyes que acaban con la propiedad comunal».25 Después de las guerras de Reforma e Intervención, la revuelta más importante ocurre en Chiapas, donde los chamulas y otras comunidades hacen un esfuerzo por retirarse de la economía comercial naciente: «La elite chiapaneca, no dispuesta a tolerar ese retiro, empleó las fuerzas del Estado para impedir el separatismo maya, y provocó una sangrienta confrontación que sólo se aplacó cuando el Estado surgió victorioso en 1870».26 Y ya habíamos mencionado a Lozada, en Tepic, quien nuevamente se levanta contra Juárez en 1868 y es finalmente derrotado en 1873. Un elemento final que merece atención es que estas revueltas, que buscan recuperar los valores campesinos tradicionales, tuvieron reflejo en algunos intelectuales que reaccionan en defensa de esos valores, pero que además son bien recibidos por muchos aldeanos. Al respecto, John Tutino se pregunta: «¿Cómo fue que los aldeanos mexicanos, inmersos durante siglos tan por completo en su restringido mundo local, se mostraron a fines de los años 1860 súbitamente dispuestos a tratar con forasteros que proclamaban una ideología general de derechos campesinos?».27 No encuentra una respuesta clara, pero es un elemento que debemos considerar,

porque se acostumbra pensar que el fenómeno de los intelectuales cercanos a Emiliano Zapata sería algo novedoso, cuando en realidad tenía cincuenta años de existir. El cambio de fondo que promueven los liberales implica la pérdida, para los indios, de mecanismos de defensa, del estatus especial de que habían gozado durante la Colonia y que la Independencia había empezado a desaparecer: «Haciendo abstracción de los breves y fútiles esfuerzos realizados por Maximiliano para fijar los derechos de libertad de los indios, éstos habían perdido con la Independencia una instancia no muy segura de amparo y un patronato contradictorio. El hecho de que se anulara el estatus legal inferior de los indios, concediéndoles igualdad jurídica, importaba poco en vista de las relaciones de poder y los resentimientos raciales y culturales de los liberales burgueses. Dentro de su ideología del progreso, los indígenas representaban, sobre todo, un obstáculo para el desarrollo del país según el modelo europeo y más tarde el norteamericano».28 Durante buena parte del siglo XX la hacienda fue víctima de la historia mitificada, y se le atribuyeron características mucho más feudales que las que tenía durante el Porfiriato, y que incluso no llegó a tener ni en el siglo XVIII. Según Tannenbaum, la hacienda fue «un sistema social y económico que aspiraba al autoabastecimiento y a la autarquía dentro de un nivel regional [...] Y si bien no todas las empresas fueron capaces de alcanzar de manera completa dicho ideal, no obstante, éste era el objetivo de su organización: no comprar nada y producirlo todo dentro de sus límites territoriales». Aun en el caso de que el supuesto intento por lograr la autarquía [... ] se hubiese alcanzado parcialmente, en mi opinión esto no caracteriza de ningún modo correctamente las relaciones de las haciendas en su entorno. A pesar de que esto pueda muy bien haber correspondido a la situación de algunas haciendas periféricas que tenían buena parte de sus tierras arrendadas y en aparcería, no tiene valor ciertamente para la mayoría de las explotaciones alrededor de 1910 así como tampoco para la tendencia evolutiva desde 1880.29

La evidencia apunta en sentido contrario a lo que imaginaba Tannenbaum. Como anotaba Mörner en 1975, «desde hace más de veinte años Jan Bazant presentó una interpretación opuesta de la hacienda. A diferencia de la encomienda, con su modo “feudal” de producción, la hacienda se caracterizaba por su modo capitalista de producción, asevera Bazant».30 En la misma dirección, Leal hace notar que, aun cuando la hacienda cuenta con una producción para su propio abasto que no es pequeña, ésta se encuentra supeditada a la producción de mercancías (es decir, del mercado externo). Así, «aunque la producción comercial de las haciendas no es la única que en ellas se genera, sí es la que determina la dinámica entera de su economía».31 Nickel sostiene que esta visión de la hacienda como una unidad autárquica, es decir, cerrada en sí misma, está asociada a la percepción de los hacendados como personas con «un reducido interés en la producción y cierto desafecto a sacar el provecho máximo». Sin embargo, esto le parece que proviene de «una historiografía fijada en personas, la cual se ha dejado impresionar demasiado por el estilo de vida de algunos hacendados ostentosos». Pero, concluye, «las monografías de haciendas existentes hasta la fecha no confirman estas tesis».32 No olvidemos que la hacienda logra adaptarse y cubrir las necesidades de la sociedad mexicana durante casi cuatro siglos, bajo diferentes patrones crediticios y tecnológicos. «A la vez, tenemos conocimiento fundado de que los hacendados no fueron de un solo tipo, ni ociosos y ausentistas por añadidura. Éstos integraron un grupo social muy heterogéneo, vinculado en distintos grados y formas con el comercio, la minería, el agio, las manufacturas, los servicios y la banca; que por lo regular se empeñaron en lograr una buena explotación y administración de sus fundos, para establecerlos como negocios rentables.»33 Nickel argumenta en favor de definir una etapa diferente para el análisis de la hacienda en el periodo que va de 1880 a 1930 sosteniendo que la fecha inicial corresponde a un cambio notorio en la situación política y económica del país, aunque sin tener la misma certeza en la fecha final, que él podría colocar más bien en la

segunda mitad de la década de los treinta, por la misma razón: un nuevo cambio de fondo en el entorno político y económico de México.34 En esta fase «tardía» de la hacienda la característica principal que encuentra Nickel es la gran variación en los diferentes tipos de hacienda, la cual «se extiende desde las fincas de producción marginal hasta las grandes propiedades modernas». En consecuencia, no se debe hablar de una hacienda, sino de una serie de variantes, «como por ejemplo las fincas tradicionalistas de los estados de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, [...] las empresas agrícolas industriales de Morelos, Yucatán, Veracruz y la región del Soconusco en Chiapas o las fincas “modernizadas” productoras de cereales del altiplano central (México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro), y [...] las haciendas ganaderas y de algodón del norte de México (Coahuila, Chihuahua, Sonora, Nuevo León)».35 Como hemos visto, el marco jurídico de la propiedad de la tierra se modifica en 1856, pero difícilmente puede aplicarse antes del fusilamiento de Maximiliano. De esta manera, es mucho más lógico establecer un punto claro de inicio de la fase tardía de la hacienda hacia los años setenta del siglo XIX. Por otra parte, es importante considerar que el levantamiento de Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada fue apoyado por muchas comunidades que creían que actuaría en contra de las privatizaciones de tierras que éste impulsaba. Sin embargo: «Díaz no se oponía a la privatización, sino sólo a los abusos que la tomaban de pretexto para las expropiaciones. Díaz mantuvo las leyes que ordenaban privatizar los terrenos de los pueblos, y después de 1885 vigiló el avance de su puesta en vigor. Actuó para impedir algunos abusos [...] y se confesó incapaz de impedir o reparar muchos más».36 Para 1900, Díaz incluso empezó a tomar medidas para frenar el ataque a las tierras de los pueblos. Al año siguiente reformó el artículo 27 de la Constitución para permitir que corporaciones no ligadas a la Iglesia pudiesen poseer tierras. Por ello, muchas propiedades comunales sobrevivieron hasta 1910, e incluso después, aunque para 1900 la combinación del crecimiento de la población y las privatizaciones previas ya hubiesen avanzado mucho en el despojo a los campesinos de su autonomía.37

Se trata de un Díaz muy lejano del que el mito ha construido, más bien interesado en el desarrollo de una economía moderna (para su momento), pero sin necesariamente gustar de los abusos cometidos en el camino. A ojos de un historiador marxista, el objetivo de la política agraria de Díaz era «crear en México las condiciones sociales, y también “técnicas”, necesarias para el desarrollo capitalista, obligando a los latifundios a convertirse en explotaciones capitalistas y al campesinado comunitario a transformarse en semiproletariado o proletariado desarraigado».38 Por lo mismo, no puede considerarse una política feudal: «En muchos aspectos el proceso de expropiación de las tierras de los pueblos, fundamento de esta política, puede compararse con el movimiento de enclosures of commons (cercado de bienes comunales) que marcó el inicio del capitalismo en Inglaterra, a fines del siglo XVII».39 Le toca a Porfirio Díaz la aplicación definitiva de las Leyes de Reforma, en particular el proceso de individualización de la propiedad. Este proceso incluye no sólo las tierras en manos de la Iglesia o los pueblos, sino también las tierras del Estado, muchas de ellas prácticamente desconocidas en el último tercio del siglo XIX. Este proceso incluye el deslinde de las tierras (es decir, la delimitación y registro), que realizarán grandes empresas que reciben como pago un tercio del terreno que logren deslindar. No hay que olvidar que la venta de terrenos nacionales significaba una fuente de financiamiento para el gobierno.40 El proceso no es simple. Puesto que la apropiación de los terrenos baldíos y del Estado no implicaba su explotación, y debido a que los bloques en que se enajenaba el terreno eran de 2 500 hectáreas, se formaron grandes latifundios que no siempre resultaron negocio para los compradores.41 Estos latifundios no tienen una relación directa con las haciendas, en tanto muchos de ellos eran de muy difícil explotación. Más aún, estas mismas leyes permitieron a buen número de pequeños rancheros denunciar terrenos colindantes a sus propias explotaciones, con lo que agrandaron sus propiedades.42 Tampoco es correcta la aseveración que relaciona directamente a propietarios extranjeros con

latifundios, puesto que las superficies entregadas a ellos variaban mucho en extensión. Muchos de estos latifundios creados por las empresas deslindadoras estaban en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Tepic y Tamaulipas en el norte, y en Chiapas, Veracruz y Tabasco en el sur, regiones con población muy escasa. Por el contrario, en Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro y Tlaxcala prácticamente no hubo terrenos baldíos declarados.43 En consecuencia, no es correcta la interpretación de que gracias al proceso de deslinde o de denuncia de baldíos hayan perdido sus tierras los pueblos del altiplano. Es más, Moisés González Navarro calcula que 40% de los pueblos indígenas del centro sobrevivieron intactos al robo de tierras en este periodo.44 Finalmente, no podemos menospreciar que el mayor crecimiento durante estos años no ocurre en las haciendas, sino en los ranchos.45 De las cifras ya hablamos al inicio del libro, y comentamos la observación de Nickel, que insiste en que su manejo requiere reserva, tanto por su muy posible imprecisión como por la deficiencia en la definición de los criterios de referencia. Así, no es posible saber el porcentaje de los terrenos que le quedaba «a los indios, la determinación de la tierra comunal y [...] la diferencia entre ésta y las propiedades pequeñas. Algunas comunidades contaban con ranchos; es posible que otros se hayan sustraído a la privatización de su tierra comunal con la ayuda de sus prestanombres».46 Como vemos, la política agraria de Díaz no se centra sólo en los pueblos, sino también en la ampliación del espacio susceptible de explotación, modificando la situación de las elites terratenientes. Este proceso de rotación en dichas elites también tuvo dividendos políticos para Díaz, puesto que le permitió consolidar su poder con mayor facilidad y administrar su apoyo a unos u otros. Así, hacia 1880 desplaza a los Madero en Coahuila, a los Terrazas en Chihuahua y a los Maytorena en Sonora, aunque las tres familias mantendrán parte de su poder e incluso regresarán con fuerza hacia el final del Porfiriato. Lo mismo ocurre con Mariano Riva Palacio en

Morelos, desde antes, y con la familia Sánchez Navarro que pierde sus tierras por haber apoyado al Imperio.47 Diferentes formas de producción se desarrollaron durante el Porfiriato, como respuesta a las variedades geográficas y climáticas del país, así como a las estructuras sociales de las regiones. Las plantaciones del sur no sólo continuaron funcionando, sino que pudieron desarrollarse a mayor ritmo, aprovechando los avances tecnológicos en materia de transportes: «De 1877 a 1910 la producción de caucho, café, tabaco, henequén y azúcar aumentó notablemente. A excepción del azúcar, que también se cultivaba en la región del centro, casi todos estos productos procedían de las tierras llanas del trópico».48 En todas estas regiones, los principales beneficiarios eran extranjeros: alemanes en las fincas cafetaleras de Chiapas, españoles y cubanos en los sembrados de tabaco en Valle Nacional, estadounidenses en las plantaciones de caucho del Istmo de Tehuantepec. En Yucatán, si bien los hacendados eran mexicanos, la gran beneficiaria fue la International Harvester.49 La estructura social resultante de estas plantaciones fue, sin duda, la más desigual de la época, y puede calificarse sin rubor como algo muy cercano a la esclavitud pura. Es precisamente esa realidad la que refleja México bárbaro de John Kenneth Turner.50 Esta situación social le resulta extraña a Katz, quien se pregunta las razones por las que México transita por este modo de producción prácticamente esclavista cuando tanto Estados Unidos como América Latina en general están abandonándolo.51 Incluso dentro de cada región hay diferencias importantes. Las condiciones de trabajo no eran las mismas en todo el sureste de México, según indica el mismo Katz: «En algunas predominaban los peones acasillados sin tierras, en otras los trabajadores contratados. Unas se apoyaban en el peonaje tradicional, donde los acasillados tenían su pegujal [...] En las fincas cafetaleras de Chiapas, las de cacao de Tabasco y algunas de las tabaqueras, la mayor parte de los trabajadores eran temporales».52 En cualquier caso, esta forma de producción, o los factores que la propiciaron, tienen efectos de largo plazo que hacen a García de León sostener que «las culturas

regionales de hoy no pueden explicarse sin estas acumulaciones históricas particulares».53 En el resto del país, la situación social era diferente. En todos los casos, el cambio tecnológico y el incremento poblacional, que implicaban el desarrollo de nuevos mercados, llevaron a situaciones complicadas, pero muy distintas del esclavismo de las plantaciones. El ferrocarril provocó que La Laguna cambiase notoriamente su orientación productiva y la cantidad de personas que ahí vivían. Las haciendas algodoneras crecieron, acaparando en lo posible las tierras de regadío, lo que provocó protestas de rancheros y aldeanos desde la década de 1880, que después disminuyeron para regresar después de 1905.54 Desde su aparición, el ferrocarril altera significativamente los mercados. En 1883, José Encarnación Ipiña, hacendado potosino, se queja amargamente de la caída del precio de la lana, que había bajado de ocho a cinco pesos por arroba en un año, y que para 1886 ya estaba en tres pesos. Pero en esos mismos años, el chile colorado pasó de cuatro a siete pesos por arroba, dada su demanda en Texas para preparar «chili con carne».55 En general, en el norte del país el ferrocarril permite un crecimiento sobresaliente, aunque esto ocurre con una modificación importante de la producción.56 En el norte, los hacendados tienen que ofrecer incentivos para mantener su mano de obra, que puede fácilmente moverse a otras partes, incluyendo Estados Unidos. Incluso los medieros en el norte sólo entregaban un tercio, o cuando mucho la mitad de su cosecha al arrendador, mientras que en el sur esto podía llegar a dos tercios. Hacia el final del Porfiriato aparecen algunas medidas adicionales al sueldo para atraer mano de obra. El caso más conocido es precisamente el de Francisco I. Madero, que establece escuelas y servicio médico para sus trabajadores, pero no es el único. Así, en el norte surge un «nuevo tipo de trabajador semiindustrial, semiagrícola, completamente desconocido en el centro y el sur de México».57 Los cambios en los mercados provocaron que las haciendas se movieran más hacia una economía monetaria, es decir, una en la que la mayoría de las transacciones se realiza con dinero, y

abandonaran las relaciones precapitalistas, incluso en su interior. Esto implicó que cada vez más peones recibieran salario en moneda, y cada vez menos en especie. Por las mismas razones, cada vez había más peones libres (semaneros, estacionales) y menos permanentes (acasillados).58 Finalmente, los trabajadores de explotación indirecta de las haciendas (arrendatarios, medieros, aparceros) empezaron a ser expulsados, mientras que las haciendas incrementaban su fundo de explotación, incluso a costa de ranchos y minifundios colindantes.59 Este proceso de disminución de los medieros puede encontrarse desde fines del siglo XIX en las cercanías de Celaya.60 Sin embargo, la condición de arrendatario no dice nada sobre la posición social ni sobre el papel de la persona en la economía de la hacienda.61 Esta misma monetarización está en el origen del mercado interno nacional. Al convertirse en peones asalariados, los campesinos se convierten en consumidores y, «por miserables que fuesen, estos consumidores no dejaban de constituir una base de ampliación del mercado».62 Por cierto, cabe aquí aclarar el tema de las tiendas de las haciendas, que en la leyenda se han transformado en mecanismos del hacendado para expoliar aún más a sus peones. Al respecto, Nickel sostiene que la función de esta tienda variaba mucho de acuerdo con el tipo de hacienda; en particular, «en las haciendas del altiplano central investigadas por Couturier, Bazant y por mí, los vales no desempeñaban ningún papel ni la tienda tenía la función explotadora que se le atribuye».63 Vale la pena mencionar que la tlapixquera, el calabozo de las haciendas, estaba en desuso a fines del Porfiriato, al menos en el centro del país, aunque no en las zonas de plantación.64 Un último comentario acerca del salario monetario: éste fecha la antigüedad de una tradición mexicana, puesto que desde entonces se define la relación entre el nivel de los salarios y la productividad del trabajo con una frase que hoy sigue siendo común: «El peón pretende trabajar y el amo pretende pagar».65 Una economía monetaria implica mayores posibilidades de acumular riqueza, pero también significa el abandono de las relaciones paternalistas propias de la hacienda de viejo cuño, en

donde los peones están protegidos de la miseria absoluta: «Los modelos tradicionales de paternalismo no eran nada comunes en el Norte».66 Por otra parte, en el altiplano central se hizo cada vez más difícil mantener la economía del sustento. «Esa pérdida fue causada en gran parte por el crecimiento demográfico. Pero un estado empeñado en movilizar las propiedades comunales, unido a una elite que ni tarda ni perezosa ampliaba sus tenencias de tierra, contribuyó directamente a la mengua de la autonomía de muchos aldeanos.»67 Hay que recordar que también en esta región hay una zona de plantaciones que tienen muchos puntos similares a lo que comentamos acerca del sur del país.68 El Bajío tiene una historia diferente: «Los pueblos indígenas eran pocos y, aparentemente, les faltaba la suficiente coherencia comunal para protegerse de la asimilación final. No se puede aplicar al Bajío la familiar dicotomía entre los peones de hacienda, ligados por deudas, y los indígenas de los pueblos, privados de tierra y, por tanto, obligados a trabajar temporalmente las haciendas». En esta región, el grupo social más importante es el de los rancheros, de los que, dice Brading, a pesar de su importancia, pocos estudios serios se han hecho: «Su mejor caracterización es el estudio clásico de Luis González, Pueblo en vilo. Habla de un México ciertamente familiar al novelista mexicano del siglo XIX pero, cosa extraña, completamente desconocido para los estudiosos extranjeros atraídos sin duda por las brillantes imágenes de Eisenstein y por la idiosincrasia de Morelos y su revolución épica».69 Y es que la visión maniquea del Porfiriato se construyó borrando todo aquello que no coincidiera con sus presupuestos: Por insistir en la dicotomía básica de las grandes propiedades y las aldeas, Tannenbaum deliberadamente se abstuvo de discutir el rancho: la pequeña propiedad. Sin embargo, G. M. McBride ya había hecho hincapié en la continua expansión de este sector [...] Basándose en lo dicho por Molina Enríquez, McBride vio en este estrato una embrionaria clase media rural, que se había beneficiado con la implantación de las Leyes de Reforma liberales. Sin embargo, todavía no resulta claro cuál era la situación de los rancheros, pero investigaciones recientes han confirmado plenamente su importancia.70

Más grave aún, «Tannenbaum descubrió que muchos campesinos se ganaban la vida como arrendatarios y medieros»,71 pero se olvidó de ellos al insistir en la división entre peones y hacendados, más coincidente con su prejuicio. Respecto a estas dicotomías arbitrarias, Raymond Buvé ha hecho un esfuerzo por identificar cómo la construcción de conceptos abstractos encontrados, como hacienda y pueblo, es utilizada desde antes de la Revolución, pero es rescatada posteriormente y utilizada como mecanismo legitimador de los ganadores de la contienda.72 En lo que se refiere al centro del país, no es fácil precisar si hubo más o menos peonaje por endeudamiento durante el Porfiriato. Y esto porque cada vez era menos necesario usar las deudas para mantener sujetos a los peones: «El despojo generalizado de las tierras comunales creó un proletariado desposeído que la incipiente industria del centro de México no podía absorber».73 Más específicamente, usando como referencia las haciendas de la familia Cusi, Nickel recuerda que «las tiendas fueron instaladas en las haciendas de su familia primeramente para evitar que los vendedores ambulantes perjudicaran a los peones, e indirectamente al hacendado, mediante los precios abusivos y la venta inexcusable de alcohol a los peones».74 No está de más recordar que Lombardía y Nueva Italia, las haciendas de los Cusi en Michoacán, son ejemplos excepcionales de haciendas bien administradas y modernas. La modernización de las haciendas, en cuanto a la tecnificación de la producción, es también muy variable. De acuerdo con Nickel, cerca de 30% de las haciendas se encontraba involucrado en un proceso de modernización hacia 1910, pero muy pocas de ellas eran comparables con el grado de avance común en Estados Unidos. Este proceso, como veíamos, provoca que «las haciendas modernizadas por regla general se interesaban en extender su producción, las reprimía la autonomía de las comunidades y la propiedad de la tierra de éstas».75 ¿Revolución agraria?

En su análisis sobre las rebeliones campesinas, John Tutino establece un marco de referencia que le permite explicar por qué hay diferentes comportamientos en la población rural de México frente al desorden generalizado a partir de 1910. Para Tutino, no hay una relación lineal entre una vida difícil en el campo y una rebelión, y me parece que hay suficiente evidencia de ello. Sin duda las condiciones de vida de las personas pueden convertirse en una fuente de descontento, pero que ese descontento se convierta en una revuelta o, peor aún, en una revolución, no es nada común. Tutino propone tres características adicionales a las condiciones materiales de vida de la población rural que explicarían el inicio de una insurrección. Estas tres condiciones «son la autonomía, la seguridad y la movilidad relativa de las familias agrarias».76 La autonomía es la capacidad de la gente de producir en forma independiente lo que necesita para subsistir. Un campesino es autónomo en la medida en que produce para su propio consumo; un granjero lo es menos, porque depende de los mercados para convertir su producción en los bienes que consume, y un jornalero no lo es en absoluto, puesto que no controla la producción y vive de comprar en el mercado.77 La seguridad es «la capacidad de alcanzar la subsistencia de modo uniforme: de confiar en un mínimo aceptable en el nivel de vida a lo largo de un futuro predecible».78 Así definida, no tiene una relación directa con el modo de vida de una persona. Es decir que no necesariamente un campesino tiene mayor seguridad que un jornalero o un aparcero. De hecho, el campo tiene la particularidad de ser muy inseguro para cualquiera, sea campesino o hacendado. La diferencia entre ellos tiene que ver con la posibilidad de tener otros activos o fuentes de ingreso que ayuden a compensar los malos años que el campo siempre tiene. Por ello es importante la tercera característica, la movilidad, que Tutino define como «la capacidad de elegir entre diversos medios de obtener la subsistencia» y que, como vemos, está estrechamente relacionada con la seguridad. A menor seguridad, mayor necesidad de movilidad.

La combinación de estas cuatro características ayuda a explicar los levantamientos violentos en el campo. Una persona que tiene un nivel de vida superior a la subsistencia y que cuenta con autonomía, seguridad y movilidad no tiene ningún incentivo para participar en un movimiento violento. Una persona que apenas sobrevive, que no tiene autonomía, seguridad ni movilidad será participante seguro de la primera rebelión que se le aparezca. Es evidente que una persona pobre no tendrá niveles altos en las cuatro características al mismo tiempo, y será la combinación de ellas lo que determine su proclividad a la rebelión. De acuerdo con Tutino, las tres condiciones sociales no tienen la misma importancia. Puesto que la situación general del campo ha reducido significativamente la autonomía desde el siglo XVI en adelante, no es ésta una condición tan relevante como la seguridad. Y cuando ésta se reduce, como decíamos, la movilidad se torna importante. En consecuencia, deberíamos esperar que aun en condiciones materiales cercanas a la subsistencia los pobladores rurales que tienen un nivel razonable de seguridad no tengan interés en rebelarse. Aun cuando su autonomía sea muy reducida, si tienen esperanza de mantener su nivel de vida en el futuro previsible, no van a arriesgarlo en una lucha armada. Asimismo, si este nivel de seguridad se reduce, pero existe la posibilidad de moverse a una forma diferente de producción, tampoco habrá interés en una rebelión.79 Con respecto a lo ocurrido en México durante la Revolución, Tutino sostiene: «Los labradores campesinos que son considerablemente autónomos, por mucha pobreza, inseguridad e inmovilidad que sufran, raras veces se han adherido a insurrecciones amplias. Los subordinados de haciendas que gozan de una seguridad fundamental, por mucha pobreza e inmovilidad que sufran, raras veces se han rebelado. En cambio, las repentinas y rápidas pérdidas de autonomía o de seguridad, especialmente cuando se aúnan a una profundización de la pobreza, han generado una y otra vez agravios entre los pobres del campo».80 La gran disparidad entre la situación de los trabajadores de la tierra a través del país explica las muy diferentes respuestas al

proceso de deterioro político que llamamos Revolución. Lo que es totalmente claro es que la Revolución no fue agraria.81 Aun quien más importancia le atribuye a la cuestión agraria, John Tutino, no parece muy convencido de que ésta sea la esencia de la Revolución.82 Y es que diferentes grupos de habitantes del campo buscaban cosas distintas: Podemos decir que existieron dos grandes proyectos agrarios en torno a los cuales se aglutinaron los campesinos. El primero exigía el respeto a las formas tradicionales de producción, a la autarquía característica del campesino típico. Quería una coexistencia pacífica con los terratenientes y con sus nacientes agroindustrias. Por otra parte, existieron también grupos campesinos que, insertos ya en la dinámica capitalista que había transformado la tierra en mercancía, proponían formas de desarrollo modernas semejantes a las de países capitalistas más desarrollados. Ambos se oponían al latifundio que les afectaba y les impedía crecer y, en algunos casos, incluso existir. Los campesinos tradicionales llegaron en algunos casos a defender proyectos conservadores y se sumaron a movimientos de ese corte, como la Cristiada; pero en otros formaron parte de luchas socialistas.83

Pero lo más importante es que hubo grandes grupos de campesinos que nunca participaron en la Revolución: La realidad, sin embargo, desmiente esta afirmación [la participación campesina en la Revolución], pues grandes sectores de la población rural mexicana, particularmente los denominados pueblos libres alejados de las ciudades y de los centros de comunicación, particularmente del ferrocarril, permanecieron al margen de todas esas circunstancias capitalistas. Pero, a pesar de ello, como lo afirman los autores citados, la actitud de muchos campesinos fue en la práctica totalmente contraria a las conclusiones mecanicistas de muchos que se han enfrentado a la explicación del movimiento revolucionario de 1910. Quizás, en parte, la Cristiada sea un ejemplo muy claro de esa paradoja en la historia de las protestas rurales. En este caso, los campesinos se pronunciaron precisamente en contra de la Revolución hecha gobierno, y lo hicieron, sin duda, para conservar sus

patrones de relación tradicionales, ajenos por completo a la propuesta de una nueva sociedad.84

La diferente forma de reaccionar ante la violencia no es sólo cuestión de región geográfica, sino también de la situación de cada campesino, algo que ha sido constante en los últimos tres siglos: Este hecho podría explicar en parte la diferencia de actitudes entre arrendatarios y medieros por un lado, y peones acasillados por el otro, durante las luchas sociales en México. La mayoría de los levantamientos que tuvieron lugar en México durante los siglos XVIII, XIX y XX se iniciaron en las aldeas de indios libres que defendían o trataban de recuperar sus tierras o se suscitaron como protesta por los impuestos elevados. Hubo, sin embargo, algunos levantamientos en las haciendas, pero en los pocos casos en que ha sido posible encontrar el origen social de los involucrados, se ha visto que no eran peones acasillados sino arrendatarios principalmente.85

En el Bajío, por ejemplo, las condiciones que Tutino llama de inseguridad subordinada, que llevaban más de un siglo de existir, reducen la respuesta al conflicto: «El resultado fue que el Bajío jugó un papel secundario en las insurrecciones agrarias que se produjeron en todo México después de 1910. Si bien el descontento fue suficiente para sostener varias gavillas locales de insurrectos rurales, la región no se convirtió en un sustancial foco de insurrección».86 Y esto también ocurre en otras partes del centro del país: «En Puebla y Tlaxcala, los subordinados de las haciendas en raros casos se adhirieron a la revolución que se desarrolló en torno a ellos después de 1910. Sólo a fines del decenio de 1920, cuando las demandas de aldeanos que aspiraban a tierras amenazaron con socavar las operaciones de las haciendas y con ello los ingresos y la seguridad de los trabajadores, fue cuando grupos de residentes de las haciendas empezaron a pedir tierras por los conductos legales».87 Y esto es así porque los préstamos a los trabajadores no sólo podían utilizarse para impedir que los peones se fueran, ya que se les podía buscar y obligar a pagar, sino que también fueron usados, en otras regiones, para incrementar los salarios de manera discrecional: «Los préstamos servían tanto para asegurar la mano

de obra como para compensar por los bajos salarios; representaban gratificaciones para los peones merecedores y un instrumento de la arbitrariedad paternalista, tanto en el caso de la asignación de deudas como en el de su redención. Las ventajas se cargaban de parte del hacendado, quien podía hacer trabajar a su mano de obra por el salario real más bajo así como hacer valer sus derechos a la permanencia de ésta mediante un “suplemento” revocable del salario».88 Y si en el centro del país tenemos respuestas tan dispares como las de Zapata, por un lado, y el Bajío o incluso Puebla y Tlaxcala, en el sur del país no hay ninguna revolución en esos años: «A fin de cuentas, parece que en Yucatán no se produjo después de 1910 ninguna movilización revolucionaria porque los trabajadores henequeneros de la región, por muy coaccionados y explotados que estuvieran, conservaban una fundamental seguridad de sustento».89 Y lo mismo puede encontrarse en Chiapas: «También hubo poca movilización de mayas después de 1910 en Chiapas, otra región en que las exportaciones agrícolas condujeron a la coacción sobre los trabajadores, compensada por un mínimo de seguridad».90 Estas diferencias, regionales, por tipo de contratación, por forma de pago, por condiciones de trabajo, implican que la respuesta a la Revolución fue cualquier cosa, menos homogénea. Es por ello que hablar de una revolución agraria no tiene sentido. Es una suma de revueltas, algunas impulsadas por injusticias muy específicas, que sólo pueden llamarse revolución desde una historiografía interesada. Y esto lo reconoce el mismo Tutino: [M]ientras [que] los rebeldes zapatistas eran en su abrumadora mayoría aldeanos en demanda de que se les devolvieran las tierras de las haciendas, Villa había movilizado no sólo a desposeídos rancheros norteños sino también a subordinados de las haciendas que buscaban remedio a las inseguridades de la aparcería y del trabajo temporal. Además, Villa abarcaba en su movimiento a numerosos miembros de la elite que no estaban dispuestos a aceptar ninguna reforma agraria [...] Carranza empezó a darse cuenta de la importancia que tenían los asuntos y los insurrectos del agro en las luchas revolucionarias que parecían estar a punto de perder. Desde fines de 1914, y

culminando en enero de 1915, su gobierno expidió una serie de decretos que por fin reconocían los derechos del campesino mexicano a la tierra de sustento y a la organización comunal [...] La estrategia de Carranza funcionó. Villa y Zapata no lograron conciliar las diferencias fundamentales de sus movimientos; diferencias, a fin de cuentas, entre el norte y el centro que seguían dividiendo a las sociedades en el agro mexicano. A principios de 1915 se fueron volviendo aliados cada vez más distanciados.91

Y es que no había una situación generalizada que permitiera pensar en una revolución agraria. En unas regiones, como bien dice Tutino, la población vive insegura, pero subordinada; en otras, no es autónoma, pero tiene la seguridad del ingreso. Más todavía, no hay siquiera señales de que hubiese una crisis generalizada en la producción agrícola que pudiese explicar un amplio descontento: «Continúa sin respuesta la pregunta de si hubo una grave crisis en la estructura de producción agrícola en todo México. El problema consiste en investigar el equilibrio regional [...] Pero en general sabemos extraordinariamente poco acerca de los cambios en la tenencia de la tierra durante el Porfiriato».92 De la tenencia de la tierra y de mucho más, nuestro conocimiento del Porfiriato es, todavía hoy, muy pequeño. Y es así porque el mito revolucionario se vuelve cada vez más frágil con cada dato que logramos obtener de esos años de modernización que llegaron a su fin por una mala transición política.93 NUESTRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA APARICIÓN DE LOS OBREROS Mientras la base de la producción precapitalista en México, la hacienda, se transformaba, también aparecían los primeros esfuerzos por una producción industrial relativamente moderna. No está de más recordar que durante la Colonia el imperio español no sólo fue muy refractario a estos avances, sino que prohibió a sus propiedades de ultramar cualquier intento de contar con industria propia. Esta actitud es resultado de la mentalidad medieval del imperio, pero también del riesgo que implicaba el que alguna de las colonias iniciara una producción propia que le permitiese no sólo

algún grado de autonomía, sino también comerciar con las otras potencias europeas, ya para entonces mucho más fuertes que España. Es decir que había un riesgo de que el imperio se desplomase que no se quería correr. Así, la industria en México es muy tardía. Para mediados del siglo XIX, Jesús Hermosa, en su Manual de geografía y estadística de la República Mejicana, dice: Los principales productos consisten, en la actualidad, en el aguardiente y azúcar de caña; en el mezcal; en el jabón, en los aceites de olivo, linaza, ajonjolí, nabo, colza, chía, higuerilla, almendras, etc., para cuya fabricación hay 14 molinos, sólo en la capital. Para la fabricación de toda clase de vasijas de barro, se tienen en la República muchas alfarerías [...] Para la fabricación de vidrio hay establecidas algunas fábricas en la capital y los Estados [...I Ocho son las fábricas de papel [...] Para los hilados y tejidos de algodón existen 46 grandes fábricas, movidas por maquinaria [...] sin contar con la multitud de tornos y telares movidos a mano.94

Y párele de contar. En su estudio sobre la industria mexicana, Stephen Haber sostiene: «No cubro el periodo previo a 1890 porque la manufactura mexicana se restringía a pocas industrias que funcionaban a escala regional. Antes de 1890, la única industria que utilizaba el sistema de fábricas a gran escala era la textil de algodón, y aun en esta línea de producción había algunas empresas que parecían más talleres artesanales que fábricas modernas».95 Sin industria no hay obreros, así que la cuestión laboral en México, hasta la República Restaurada, no es muy relevante. De hecho, las primeras normas jurídicas en defensa de los trabajadores son establecidas durante el Segundo Imperio. Maximiliano establece una Junta Protectora de Clases Menesterosas y promulga un decreto (1 de noviembre de 1865) que establecía «un horario fijo de labores; prohibía el trabajo de los menores sin el consentimiento de los padres; obligaba lo mismo a los hacendados que a los industriales a tener escuelas gratuitas para sus obreros e imponía a los comisarios políticos la obligación de vigilar la “ejecución y cumplimiento de estas disposiciones”».96

La derrota del imperio se llevó también estas primeras ganancias de los trabajadores, aunque el Código Civil de 1870 establecía algunas disposiciones para la protección de quienes laboraban en fábricas. Como bien narra Luis González, aunque no son pocos los que tienen este lugar fijo de trabajo, una gran cantidad de trabajadores no estaban cubiertos por dichas leyes: pregoneros, panaderos, domésticos, y demás.97 Caso especial son los mineros, que no sólo enfrentan las dificultades de todos los trabajadores, sino una muy evidente discriminación frente a operarios extranjeros que recibían mayores salarios. En 1872, los barreteros de Real del Monte no aceptan trabajar en esas condiciones y hacen estallar una huelga que dura seis semanas,98 sin mayor resultado para los trabajadores mexicanos. Regresarán los conflictos en 1874 y 1875. La República Restaurada verá entonces crecer las disputas obrero-patronales, aderezadas en un principio por las doctrinas socialistas (Fourier, Owen, Saint-Simon), que también producirán conflictos dentro de los grupos obreros. La función «evangelizadora» de Plotino C. Rhodakanaty, así como la publicación de su Cartilla socialista, serán de gran importancia en este proceso.99 Durante la segunda mitad del siglo XIX, las organizaciones obreras en México tienen que optar entre el mutualismo y el cooperativismo. Marjorie Ruth Clark menciona la Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, fundada por Nicasio Idar en 1888,100 que será después la base de la Gran Liga de Ferrocarrileros. Más significativo es el Gran Círculo de Obreros de la República Mexicana, fundado en 1871 y que tendrá gran importancia en la difusión de nuevas ideas,101 a través de la publicación de El Socialista. Este periódico tiene un éxito inesperado y es seguido por una gran cantidad de publicaciones locales y nacionales que difunden diversas doctrinas obreras. El Socialista «se distingue por su moderación», mientras que el más importante de sus descendientes, El hijo del trabajo, es «desde sus primeros números mucho más radical».102

La organización obrera alcanzará un punto culminante el 16 de septiembre de 1872, con la fundación del Gran Círculo de Obreros Mexicanos, que el 6 de enero de 1876 convoca al primer congreso Nacional Obrero, con el objetivo de crear una gran central única de trabajadores. El 5 de marzo de ese año se instala el Congreso en el antiguo colegio de San Ildefonso, con la presencia de 35 diputados (delegados).103 El 17 de abril la comisión encargada de redactar un «Manifiesto a las clases trabajadoras de la nación» termina sus labores. El manifiesto cubre asuntos relacionados con el trabajo, pero también con derechos y libertades políticas («el aseguramiento de la plena libertad en la elección de funcionarios públicos; la absoluta autonomía en su conciencia y en su culto, etcétera»), e incluso de género.

 

Sin embargo, el agradecimiento que siente la mayoría de los delegados hacia Lerdo de Tejada, que desde la presidencia los había apoyado, los impulsa a proclamar su reelección, lo que provoca la salida de una parte de ellos, dirigidos por Francisco de Paula González, para formar una nueva agrupación, el «Círculo de Obreros de la Unión», el 11 de junio de 1876. El grupo proclama que se abstendrá de hacer «trabajos electorales a favor de tal o cual candidato».104 Unos días después, se pronunciarán por Porfirio

Díaz. Durante el resto del siglo XIX, las sociedades mutualistas mantendrán una buena relación con Díaz, al extremo de que varias de ellas serán dirigidas por personas cercanas al caudillo, e incluso «era común utilizar a los obreros para formar manifestaciones de apoyo a las reelecciones de Díaz».105 Los sindicatos propiamente dichos aparecerán en los años noventa del siglo XIX. El Círculo de Obreros de Jalapa, entre los primeros, provocará gran temor entre los empresarios. Cinco años después aparecerá en Nuevo Laredo la Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos a la que seguirá poco después la Suprema Orden de Empleados del Ferrocarril Mexicano, antes mencionada. Para 1898 aparece la Hermandad de Ferrocarrileros en Monterrey y la Unión de Mecánicos en Puebla. En 1900 la Unión de Caldereros en Aguascalientes. Al inicio del siglo XX había tres grupos importantes de obreros: el de José Zaldívar en Mérida, el de José María Pino Suárez y el de los hermanos Flores Magón, en la ciudad de México.106 En 1901 éstos, con Ponciano Arriaga y otros intelectuales, fundan el Partido Liberal Mexicano, que poco después se orientará hacia el anarquismo.107 Aunque esta relativa lentitud en la organización obrera en México tiene que ver con la escasa industrialización del país, también hay que achacarle una parte a las restricciones jurídicas contra la organización obrera originadas en la Constitución de 1857.108 En dicho ordenamiento hay sólo tres artículos que pueden relacionarse con el tema: el 4, el 5 y el 9. El 4 dice: «Cada hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad».109 El artículo 5 se refiere a la libertad de trabajo y el 9 a la de asociación: «A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito». No existen más referencias en dicha Constitución que pudieran utilizarse como base de represión, pero tampoco de organización.

Por otro lado, el código penal de 1871 del Distrito Federal, y los que le siguieron en Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, prohibían a los dueños de fábricas y talleres pagar salarios en cualquier cosa que no fuese moneda corriente, pero no eran acatados.110 Y ese mismo código (y los de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Oaxaca, Yucatán y Chiapas) penaban con cárcel y multa a quienes pretendieran el alza o baja de los sueldos o impidieran el libre ejercicio de la industria o el trabajo por medio de la violencia física o moral, y así podía interpretarse un movimiento de huelga.111 El 30 de abril de 1904, José Vicente Villada, gobernador del Estado de México, impulsó la modificación al artículo 1787 del código civil para obligar a las empresas a pagar accidentes de trabajo. El 2 de noviembre de 1906, Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, promovió una iniciativa de ley sobre accidentes de trabajo, bajo el mismo tenor, aunque con mayor detalle.112 El problema es que tanto las leyes penales en contra de empresas que pagaban en especie como las que prohibían las huelgas corrieron con la misma suerte: fueron violadas varios centenares de veces. Trejo sostiene que en esos años habrían ocurrido cerca de 250 huelgas, la mayoría en la industria textil, los ferrocarriles y la industria tabacalera.113 Los años más agitados son 1881, 1884, 1889, 1890, 1891 y sobre todo 1895. Después, el muy complicado periodo que va de 1905 a 1907, cuando la prensa reporta 25 grandes huelgas.114 De las 250 huelgas del Porfiriato, cerca de la mitad ocurrieron en el Distrito Federal. Veracruz ocupa el segundo lugar, seguido por Puebla. Más lejos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca también tuvieron buen número de movimientos, la mayoría en los ferrocarriles. Por sector económico, la industria textil representa más de una cuarta parte de los conflictos (75), poco más que los ferrocarriles (60) y la industria cigarrera (35) . En buena medida, porque éstas son las principales industrias de la época (hay que sumar una docena en la minería, en los tranvías y en las panaderías). Ya hemos hablado acerca de las dos huelgas más famosas del Porfiriato, que son comúnmente pensadas como prolegómeno de la

Revolución. Hay una tercera que se utiliza con menor frecuencia para los mismos fines, la ferrocarrilera de 1908. A muy grandes rasgos, su proceso es el siguiente: en 1901, la Unión de Mecánicos sostiene una huelga de cuatro días; al año siguiente le seguirán la Unión de Fogoneros del Ferrocarril Nacional de Laredo y el Ferrocarril Mexicano en Orizaba. En 1903 tocará a los maquinistas del Ferrocarril de Coahuila; en 1905, a los fogoneros del Ferrocarril Central Mexicano; en 1906, a la Unión de Mecánicos Mexicanos. Al año siguiente, aproximadamente 21 mil personas trabajan en los ferrocarriles: cinco mil afiliados a la Gran Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril; tres mil a la Unión de Mecánicos Mexicanos; dos mil a la Unión de Hermanos Caldereros Mexicanos y mil quinientos a la Unión de Forjadores Mexicanos.115 En 1908 se celebra un congreso en Monterrey, a resultas del cual ocurre la fallida huelga que llevará a su fin a la Gran Liga. ¿Revolución de obreros? Así como hemos visto que no hay una revolución agraria, menos aún hay una revolución de obreros.116 Desde el capítulo 1 comentábamos que la interpretación de las huelgas de 1906 y 1907 como antecedentes de la Revolución de 1910 es totalmente absurda. Los obreros prácticamente no participaron en la Revolución y, cuando lo hicieron, hacia el final del conflicto armado, fue sólo como apoyo de una de las facciones que les ofrecía garantizar las ganancias laborales que ya habían obtenido para entonces. Las huelgas de referencia, si bien no son antecedentes de la Revolución, sí tienen consecuencias para el proceso de lucha de los obreros: «Después de enero de 1907, las empresas cambiaron su forma de operar. La comisión de las fábricas a las tiendas sobre las compras de obreros se eliminó. Para 1908, las deudas ya no se descontaban directamente de los salarios. Más aún, poco después de la huelga, hubo un aumento salarial de 10% y las multas se acabaron».117 También cambió rápidamente la jornada laboral. Para el 17 de junio de 1907, los trabajadores de CIDOSA redujeron su jornada de 12 a 11 horas. En enero 22 de 1912, bajó a 10 horas. El

19 de agosto de 1915 ya era de 9 horas, y llegó a ocho el 1 de mayo de 1917. Los trabajadores de CIVSA, empresa textil vecina, reducen su jornada con pocos meses de diferencia.118 Por cierto, en materia de salarios no parece haber razones para levantarse en armas. En Santa Rosa (en donde estaba CIVSA), los salarios reales crecieron 17% de 1900 a 1907, mientras que decayeron 14% entre 1907 y 1911. Es decir que eran, al inicio de la Revolución, ligeramente mayores a los que se tenían en 1900. Con el desorden revolucionario, crecieron 20% para 1913 y luego se hundieron: en 1916 llegaron a ser sólo una séptima parte de lo que habían sido en 1912.119 La Revolución no se inició porque los salarios fueran bajos: los salarios fueron bajos por causa de ella. La Revolución empobreció a los obreros. Así, mientras la revuelta armada ocurría, los trabajadores de la industria textil enfrentaron a los dueños y lograron modificaciones institucionales significativas que de hecho serán la base del artículo 123. Dice Aurora Gómez Galvarriato: «El 123 Constitucional, para los textileros de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, ciudad y Estado de México, sólo cristaliza lo que ya habían ganado en la década previa».120 La misma autora sostiene que «la transformación del régimen laboral es resultado de la combinación de 1) gobiernos débiles que abrieron el espacio a los movimientos laborales para organizarse y actuar, y 2) la necesidad de los grupos que buscaban establecerse como gobiernos de cooptar al movimiento laboral, cuyo apoyo se había vuelto necesario para restablecer la paz».121 En 1911 los textileros llevan a cabo «la primera huelga general exitosa de México» y fuerzan a los dueños y al gobierno recién estrenado de Madero a establecer el primer contrato de industria.122 Previamente, se había ya establecido una oficina del Trabajo dentro de la secretaría de Fomento para, entre otras cosas, «establecer una regulación justa en casos de conflicto entre dueños y trabajadores, y servir como árbitro en sus diferencias, cuando ellos soliciten sus servicios».123 En 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial (COM). La COM no era un sindicato, sino un centro de reunión que fungió como núcleo coordinador del movimiento obrero en México durante el periodo de

la lucha armada, aunque Ramón Eduardo Ruiz cree que había en ella una fuerte presencia anarcosindicalista.124 La COM celebrará por primera vez el día del trabajo en México el 1 de mayo de 1913: «Entre los grupos que tomaron parte se contaban albañiles, carpinteros, sastres, zapateros, obreros textiles, mecánicos y pintores, y sus demandas consistían en la jornada laboral de ocho horas y un día de descanso a la semana».125 Aunque esa manifestación se desarrolló en calma, la COM citó a una reunión unas semanas después que fue prohibida por Huerta. A pesar de ello, el mitin se llevó a cabo en la Alameda y fue reprimido por el gobierno, con lo que se inició un periodo de enfrentamiento que culminaría con el cierre de la Casa el 27 de marzo de 1914. Sin embargo, dice Ramón Eduardo Ruiz que con Huerta no todo fue malo: Es evidente que Huerta no tomó el poder por la fuerza para defender la causa de los trabajadores, y sus partidarios ciertamente no tenían ningún deseo de ayudar a los radicales. Para poderlos vigilar, Huerta ordenó clausurar la Casa del Obrero Mundial, pero al mismo tiempo designó para la jefatura del Departamento del Trabajo a Andrés Molina Enríquez y a Rafael Sierra, que eran reformadores muy capaces. Según reconocieron los mismos constitucionalistas, bajo el régimen de Huerta el gobierno aceptó por primera vez en la historia de México la importancia del Departamento del Trabajo, el cual no sólo creció en tamaño, sino que también contó con un presupuesto de 111 000 pesos, suma dos veces mayor que la asignada por el gobierno de Madero y mayor que la que más tarde le dieron los constitucionalistas.126

En febrero de 1915, el gobierno de Carranza (es decir, Obregón) entrega 15 mil pesos a los representantes de la COM. Como resultado de este apoyo, se discute en la Casa la posición frente a las facciones revolucionarias. Esta discusión se enmarca, dice González Casanova, en una polémica de más largo aliento: «El problema a decidir era si se apoyaba o rechazaba a gobiernos y fuerzas que no surgían directamente del proletariado, sino de la burguesía o la pequeña burguesía y que, oponiéndose a un cierto tipo de dictadura y de política, eran incapaces de acometer una

revolución social tal y como la entendían los anarquistas, esto es, que al acabar con la dictadura porfirista, o huertista, liquidara la dictadura de la burguesía sin permitir que surgiera ningún otro Estado y ninguna otra dictadura, ni siquiera de los trabajadores».127 Aunque no hay un acuerdo total en el interior de la Casa, el 13 de febrero de 1915 viajan representantes de la COM a Veracruz para entrevistarse con Carranza. Sirve de intermediario el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Doctor Atl. La entrevista es tensa, Carranza incluso se mantiene de pie durante toda la reunión y debe ser tranquilizado en varias ocasiones por sus colaboradores.128 Finalmente, la decisión de la COM de apoyar a Carranza, y de éste de aceptar dicho apoyo, quedan plasmados en el acuerdo del 17 de febrero y aparecen los batallones rojos, que funcionarán como unidades de apoyo en la retaguardia del ejército Constitucionalista. Ramón Eduardo Ruiz considera que este acercamiento de la COM a la facción carrancista será el punto de partida de la derrota del movimiento obrero revolucionario, al separarse de los campesinos: Esa decisión modificó las relaciones de la Casa con Carranza y al mismo tiempo el papel del movimiento obrero en la Revolución. Hasta entonces, los representantes de la clase trabajadora no habían participado de manera significativa en el conflicto, aunque indudablemente muchos obreros de las ciudades, desocupados por la turbulencia derivada de la caída de Madero, habían abrazado la causa constitucionalista. Sin embargo, se trataba de individuos, no de decisiones de algún grupo u organización [...] En ese momento, una parte de la clase obrera del corredor México-Veracruz tomó las armas contra Villa y Zapata. La moción del Dr. Atl, apoyada por los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial, lanzó a los obreros contra los campesinos.129

No cabe duda de que este acuerdo será de fundamental importancia para los siguientes años. El apoyo de los obreros a Carranza, sin representar un elemento militar relevante, sí tendrá efectos propagandísticos y de organización que le ayudarán en la derrota definitiva de Villa y Zapata. Por otro lado, gracias a esta relación con el ejército Constitucionalista la organización obrera en México

crecerá de manera significativa durante el periodo. Por cierto, precisamente en 1915 se establece la primera base legal para crear sindicatos en México, y eso ocurre en el estado de Veracruz, controlado por los constitucionalistas.130 En 1916, un memorándum del departamento del trabajo indica que los agentes de la COM controlaban «todas las sociedades, clubes y sindicatos obreros de cualquier género establecidos en la capital y aun de muchos de los establecidos en el resto del país».131 En septiembre de 1915, la Casa reabre sus puertas (poco después se instala en la Casa de los Azulejos). Para enero de 1916 viene una oleada de huelgas y los sindicatos de la COM se afilian a la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF). Carranza ordena disolver los batallones rojos. El 19 de enero, Pablo González publica un texto contra la COM, que a fin de mes es expulsada de la Casa de los Azulejos. El primero de febrero, Carranza ordena detener mensajeros de la COM enviados a provincia. El aumento de precios durante este periodo, producto del desorden monetario, lleva a la Confederación de Sindicatos de la República Mexicana, afiliada a la Casa, a amenazar con una huelga general en Veracruz, que nunca se materializa, pero que pone en guardia a los carrancistas. En abril, los sindicatos tampiqueños sí declaran huelga general, que es dispersada por el ejército.132 El 1 de mayo de 1916, los manifestantes obreros son ametrallados desde un automóvil con soldados. En julio, la FSODF llama a huelga para que los salarios sean pagados en oro, y no en los billetes «infalsicables» de Carranza (mejor conocidos como bilimbiques). La huelga enfureció a Carranza, quien acusó a Atl de no cumplir su promesa de mantener en paz a los trabajadores. Llamaron a cuentas a los líderes del movimiento, que acabaron detenidos, lo mismo que Atl, y por poco los fusilan.133 La huelga estalla el 31 de julio a las cuatro de la mañana; Carranza ordena detener y hacer consejo de guerra a los dirigentes. El 2 de agosto a las 3 de la mañana se rompe la huelga. Ese mismo día desaparece la COM.134 Mientras Carranza no quería nada con los obreros, varios de sus colaboradores, como Obregón, entendían la importancia de este

nuevo actor político y establecían alianzas con ellos. El 12 de abril de 1915 Rafael Zubarán Capmany, secretario de Gobernación de Carranza, publica el proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo, que Bortz considera una versión ampliada de lo que después será el artículo 123.135 La convocatoria al Congreso Constituyente se publica el 1 de septiembre de 1916, apenas un mes después del enfrentamiento con la COM. Habría elecciones de congresistas el 22 de octubre, e iniciarían sus trabajos el primero de diciembre del mismo año, con el plazo perentorio de promulgar la nueva Constitución el 5 de febrero del año siguiente. Entre los Constituyentes «sólo estaban presentes dos representantes directos de la clase obrera, Nicolás Cano y Carlos L. Gracida, ninguno de los cuales tomó parte activa en la convención».136 El artículo 123, del que ya hemos hablado antes, dejó a los estados la concreción de las medidas en códigos laborales. Nuevamente, el primer estado en tener un código laboral fue Veracruz, bajo Cándido Aguilar, el 14 de enero de 1918. En ese código aparece por primera vez el pago de aguinaldo.137 Como hemos podido ver, los obreros no participan en la Revolución sino de manera muy marginal, y sólo como parte de la facción constitucionalista. Sin embargo, mientras que una parte del país se encuentra inmersa en la violencia, los obreros continúan su propio proceso, tal vez con mayor rapidez gracias a la Revolución, tal vez no. Para 1917 las cosas habían cambiado mucho, como lo ilustra una anécdota que narra Aurora Gómez Galvarriato: en junio de 1917, M. Mauré, director general de CIVSA, fue golpeado en la cara por un tornillo lanzado por un trabajador mientras visitaba la fábrica. La empresa amenazó con cerrar si no aparecía el agresor. Finalmente, la empresa cerró durante doce días, pero nunca apareció el culpable.138 Diez años después de la matanza de Río Blanco, ahora era el director general de la empresa quien estaba indefenso frente a una agresión de sus propios trabajadores. Las cosas habían cambiado.

6. REVOLUCIÓN Y ECONOMÍA

Hemos dicho que los fenómenos que normalmente se consideran causas de la Revolución no son tales. Y en los capítulos previos hemos visto las presiones que generaba el ingreso de México en el capitalismo, que, aunque son importantes, no pueden interpretarse como suficientes para producir un conflicto de la magnitud de la Revolución. Ahora bien, así como las causas de la Revolución no son las comúnmente aceptadas, algo similar ocurre con las consecuencias. Tal vez la referencia más común a la Revolución sea el «millón de muertos» que provocó. La cifra posiblemente resulte de la caída registrada entre el censo de 1910, que reportaba poco más de 15 millones de habitantes, y el de 1921, que arrojó un total de poco más de 14 300 000 mexicanos. Sin embargo, esta diferencia de población se concentra en los menores de diez años, que se reducen en un millón en esa década. Por otra parte, es necesario considerar el incremento en migración a Estados Unidos durante el decenio y, en mayor medida, el efecto de la epidemia de influenza española que en 1918 provocó medio millón de muertos en el país.1 Pero si bien la Revolución no produjo el millón de cadáveres de la leyenda, sino tal vez un tercio de esa cantidad, lo que sí hizo fue alterar la vida de los mexicanos, a los que don Luis González y González califica como revolucionados. Porque si bien la revolución de 1911 provocó esperanzas, y la de 1913 parecía tener sentido, a partir de 1914 la Revolución sólo causó sufrimiento a la mayoría de la población.2

Hasta mediados de los años ochenta (del siglo XX), había la impresión generalizada de que la Revolución había sido una época de grave crisis económica. Y enfatizo la palabra impresión, porque no era mucho más que eso. Basten algunos ejemplos: «De la evidencia disponible, parece que los diez años de 1910 a 1920 se perdieron para México, al menos en términos de crecimiento. Nadie sabe realmente qué paso al detalle, pero todos sospechan lo peor»;3 «los largos años de lucha trastornaron seriamente a la economía mexicana»;4 «salvo en enclaves protegidos por ejércitos privados [...] el temor y la incertidumbre fueron el estado normal de la época»;5 «las escasas y poco confiables estadísticas y datos existentes para la época armada de la Revolución indican una vertiginosa caída de la vida económica de 1910 a 1915, en todos sus aspectos».6 La visión oficial reflejada en México. 50 años de Revolución, si bien reconoce que no hubo una destrucción total de la economía en el tiempo del conflicto armado, le otorga un espacio tan reducido, frente al detallado análisis de 1939 en adelante, que a fin de cuentas mantiene la misma imagen tradicional.7 Sin embargo, todos los autores (incluyendo a Pérez López, cuyas estimaciones de PNB se convertirán en la base de prácticamente todas las discusiones posteriores)8 utilizan como referencia fundamental lo ocurrido en la minería (en donde sí hay un verdadero desplome), ignoran el comportamiento del petróleo y hablan de manera muy general de la agricultura. La economía mexicana no se colapsó durante la Revolución, aunque hubo años verdaderamente complicados. La industria del metal, por ejemplo, dejó de funcionar en 1915, pero la textil, aunque redujo su producción, nunca se detuvo. La utilización del ferrocarril para transporte de tropas provocó una dislocación general de la producción, ya dependiente de este medio de transporte, pero reaparecieron las recuas, al menos por un tiempo, para cubrir parte de las necesidades. La crisis más profunda tiene que ver con el sistema financiero, por razón obvia. El valor de la moneda, en particular del papel moneda, depende de la estabilidad política, que desaparece entre 1914 y 1916. En esos años, los precios y el tipo de cambio se

disparan, pero el restablecimiento del Estado permite una relativamente rápida recuperación de la economía. Sin embargo, el fin de la Primera Guerra Mundial provoca una caída en el precio de los bienes primarios (incluyendo el henequén y el algodón, por ejemplo), lo que impide un mejor desempeño en esos años, y para fines de la década de los veinte, la Gran Depresión vuelve a hundir la economía mexicana. De hecho, México apenas recupera el nivel que tenía en 1910 para mediados de la década de los treinta. Puesto que existe información más completa hoy de la que se tenía en los años sesenta y setenta, tiempo en que se escribieron los textos a que hemos hecho referencia, es conveniente dedicar un poco de espacio a revisar, aunque sea de manera general, lo que ocurrió en la economía nacional durante la lucha armada y los años de recuperación. LA CRISIS FINANCIERA Es necesario comenzar por la cuestión financiera porque es siempre el sector más dañado ante el derrumbe del Estado. La Revolución convirtió a los billetes en papeles sin ningún valor. Pero la situación del sistema financiero mexicano a fines del Porfiriato era ya verdaderamente difícil, aun sin conflicto armado. A las fallas institucionales mencionadas en el capítulo 4 hay que sumar el cambio al patrón oro en 1905 y la crisis financiera mundial de 1907 (sin olvidar la nacionalización de los ferrocarriles de ese año, que implicó una deuda pública importante). El resultado es un sistema prácticamente quebrado. El papel moneda en circulación por parte de los bancos duplicaba las existencias en metálico en 1911.9 Para evitar un problema mayor, desde fines de 1910 el gobierno mexicano busca colocar un crédito por 20 millones de pesos en Europa. De hecho, la caída de Ciudad Juárez sorprende en Francia a José Yves Limantour, quien desde ahí intentará negociar ya no sólo el crédito, sino el relevo de don Porfirio. El crédito no se concreta ni siquiera durante el gobierno de Madero.

En 1913 la situación financiera es crítica. Se expiden decretos el 1 de mayo y el 26 de agosto para impedir fugas de moneda. El primero gravó con 10% la exportación de oro y el segundo definitivamente la suspendió. El 1 de octubre se prohibió la desmonetización de piezas. El 5 de noviembre se acuerda una moratoria de un año para la redención en metálico de los billetes de bancos. Durante 1913 hay tumultos en el Banco Central Mexicano para exigir el canje de sus billetes por los del Banco Nacional y del de Londres y México. En diciembre de 1913 hay violencia en este último por pagos de cheques y billetes. Se declara asueto hasta el 2 de enero de 1914, que después se extiende al 15 de enero. El 7 de enero de 1914 se permite a los bancos emitir con menores reservas. El 20 de enero se establece la circulación forzosa de billetes de 18 bancos regionales. Huerta exige a los bancos tomar cinco millones de libras del famoso crédito de veinte millones que no pudo colocar en Europa (sólo el Banco de París y Países Bajos, Paribas, tomó 6 millones). Poco antes de caer, obligará a los bancos a tomar el resto del crédito, con un descuento de 10 por ciento. En pocas palabras, Manero describe la situación a fines de 1914: Cuando el general Huerta abandonó el poder, puede decirse que el estado general de los bancos era totalmente insolvente y que sólo algunos de los más grandes bancos de emisión estaban en condiciones de continuar operando precariamente. La Revolución no fue la causa principal de la situación, pues aunque naturalmente la destrucción ocasionada en propiedades y bienes contribuyó a producirla, fue la propia administración anterior de los bancos y la intervención del régimen del general Huerta, obligándolos a financiarlo para combatir a la Revolución, lo que ocasionó su ruinosa situación.10

Por el lado de los revolucionarios, las cosas eran todavía peores. El primer decreto de Carranza, el 26 de abril de 1913, abre el espacio a la emisión de 5 millones de pesos en billetes, que se redimirían tras el triunfo de acuerdo con las leyes que entonces se promulgarían. Pero esta emisión fue sólo el inicio de una espiral ascendente: el 28 de diciembre de 1913 se incrementa la emisión a 20 millones de

pesos. El 12 de febrero de 1914, a 30 millones. Para el 19 de septiembre de 1914, ya llegan a 130 millones de pesos. El 18 de junio de 1915, 70 millones más, y el 21 julio, 50 más, para un total de 250 millones. El 3 de abril de 1916 se duplica a 500 millones, pero en billetes infalsificables. Como podrá imaginarse, estos millones de billetes no tenían ningún valor fuera de los territorios controlados por el general correspondiente. Hasta principios de 1914, los billetes de la Revolución tenían la misma aceptación que los de los bancos. A partir de enero de ese año, los billetes de banco empezaron a tener un premio de 5 a 10% que para marzo era de 40 a 50 por ciento. Cuando la ciudad de México es ocupada, los billetes de banco habían desaparecido. Me imagino que fueron usados como combustible. Dos decretos de Carranza, ya como presidente, del 9 y 13 de diciembre de 1916, terminan con el circulante que hubiese y regresan al patrón metálico. El primero ordena pagar sueldos en oro, y el segundo, que los impuestos locales y federales se paguen en oro, salvo el adicional federal sobre impuestos locales, mitad en oro y mitad en billetes. En noviembre de 1917, el papel moneda se había liquidado y el país regresó a la circulación oro de la ley monetaria de 1905. Al inicio de la Revolución, el tipo de cambio respecto del dólar era de 2.08; en 1914, de 3.31. Durante el periodo crítico, el peso llega a cambiarse en más de 100 por un dólar, como puede verse en la figura 6.1. La sustitución del papel moneda regresa las cosas a la normalidad. En 1917 se cambian 1.91 pesos por un dólar, 1.81 en 1918 y 1.99 en 1919.

  El desorden financiero no sólo disparó el tipo de cambio, sino obviamente los precios, que crecieron en promedio 15% anual desde 1913 hasta 1917, y 20% en 1918. Los años siguientes fueron de deflación (es decir, de reducción en el índice general de precios), conforme se estabilizó el gobierno, y con él el valor del dinero.

  El desorden financiero, sumado a los problemas naturales de un conflicto armado, provoca una caída en la producción nacional. Sin

embargo, no debemos cometer el error de imaginar que la economía mexicana de entonces se parecía a la actual. La época a la que nos referimos tiene fluctuaciones mucho más frecuentes que las que hoy conocemos. Por ejemplo, de los tiempos de Juárez al Maximato, prácticamente la mitad del tiempo hay recesión en Estados Unidos, y las etapas de crecimiento promedian apenas dos años, con expansiones máximas de tres años, en un par de ocasiones. En cambio, durante la segunda mitad del siglo XX los periodos de expansión en ese país rondan los siete años, mientras que hay sólo nueve recesiones, es decir, una cada cinco años, en promedio.11 De cualquier manera, aun con una economía mucho más volátil que la actual, el periodo armado de la Revolución significó una crisis económica muy seria, a la que siguieron otras dos muy cercanas: una para fines de la Primera Guerra Mundial, y la otra con la Gran Depresión. El comportamiento de la economía mexicana durante ese periodo lo he analizado con detalle en otro lugar, por lo que sólo presento a continuación los puntos más importantes.12 LA ECONOMÍA DE LA REVOLUCIÓN Como es sabido, durante el periodo de referencia México es esencialmente un país rural, agrícola. En 1895, 62.5% de la población ocupada se encuentra en el sector primario, cifra que incluso crece para 1910, cuando llega a 67.1 por ciento. En 1921 alcanza 71.4% y en 1930 se reduce un poco, a 70.2 por ciento. Para 1940 se inicia la reducción definitiva a 65.4 por ciento.13 La producción agrícola de esos años se orienta tanto al mercado interno (maíz, trigo, frijol) como al externo (algodón, henequén). Es interesante notar las diferentes dinámicas de estos mercados, puesto que durante el periodo armado el comportamiento de los mercados externos resulta favorable, en buena medida por la Primera Guerra Mundial, que incrementa la demanda del henequén y, menos, del algodón.14 Por ello, en contra de la creencia general, en el periodo de 1910 a 1920 la agricultura no tiene un desempeño catastrófico, salvo en el

momento más duro de la confrontación, de 1913 a 1915: «La Revolución no produjo escasez de alimentos, ni extendida ni duradera».15 En esos años, la producción de los cultivos más importantes (maíz, frijol, trigo) cae a la mitad de la del final del Porfiriato, aunque para fines de la década la caída es de poco más de 20% en maíz y trigo, y de casi 30% en frijol. En la década de 1910, los cultivos de exportación no sólo no caen, sino que logran buenos años. En la siguiente se da el fenómeno contrario: el mercado interno empieza a crecer, mientras el fin de la Primera Guerra hunde los mercados de exportación. Diez años después, la Gran Depresión provocará una nueva crisis de origen externo. En el cuadro 6.1 aparece la producción agrícola para diferentes periodos. Es muy claro que el único producto con una caída significativa previa a la Revolución es el algodón, mientras que los años de 1913 a 1915 son los verdaderamente graves.

  Puesto que el maíz es la cosecha básica en México, el comportamiento de ese cultivo es fundamental para comprender la economía. Es interesante notar que el promedio de producción de 1895 a 1910 alcanza casi 178 kilogramos anuales por persona, promedio que sólo se volverá a alcanzar hacia fines del siglo XX. Coatsworth calcula, revisando la información de producción de maíz,

que la cantidad disponible de este grano por habitante prácticamente se mantiene, si no es que crece, durante el Porfiriato.16 Aunque la caída durante la Revolución es de gran importancia (de 178 kilos a 100 entre 1911 y 1920), no hay una diferencia sustancial con la dotación disponible en los siguientes años. En la década de los veinte, hay apenas 118 kilos por habitante al año, y en los treinta la dotación alcanza poco más de 131 kilos. Hasta la década de los cuarenta la producción se incrementa más rápido que la población y regresa a los niveles del Porfiriato, con 180 kilos al año por habitante. Sólo como referencia, al inicio del siglo XXI los mexicanos consumíamos 126 kilos de maíz al año.17 Esto se confirma con las importaciones de maíz de Estados Unidos: «La evidencia, en suma, apoya la hipótesis de que los años de guerra civil se acompañaron de una disrupción en la producción de maíz. De qué tamaño fue, es otro asunto. En su máximo nivel durante la Revolución (1918), las importaciones de maíz fueron de tres millones de bushels por año. Se trata de una muy pequeña cantidad comparada con lo que consume la población de México. Sugiere que, en el peor de los casos, México tenía que importar un quinto de bushel por habitante al año [...] Esto difícilmente sugiere un colapso dramático de la producción interna de maíz».18 A pesar de la variación de las fuentes, es claro que la caída en la producción de maíz ocurre después de la salida de Díaz, muy probablemente como resultado del deterioro político y no como su causa. Y no es un fenómeno de corto plazo, sino que subsiste al menos dos décadas, como puede verse en la figura 6.3.

  Aunque el trigo es mucho menos importante que el maíz en el México de entonces, su comportamiento tampoco puede menospreciarse. De acuerdo con Womack, que utiliza información de los anuarios de Roma, la producción de este cereal alcanzaba 320 mil toneladas al cierre del Porfiriato, y llegó a su menor nivel en 1915, con 207 mil toneladas, una contracción de 35 por ciento. Por otra parte, según los diarios del doctor Pimentel, el promedio de producción de trigo entre 1897 y 1907 asciende a 295 177 toneladas, mientras que entre 1908 y 1910 la producción promedio alcanza 265 452 toneladas. Estos últimos datos se atribuyen también a Pimentel, aunque ello no es seguro. Para los años siguientes, INEGI utiliza estimaciones diversas, más conservadoras que las de Womack, pero que de cualquier forma muestran que la producción cae, como en el caso del maíz, después de 1911, toca fondo hacia 1915 y requiere de otros diez años para recuperar el nivel que tenía en el Porfiriato (figura 6.4).

  En lo que se refiere a los productos de exportación, el comportamiento es diferente. Nuevamente, por los diarios del doctor Pimentel se sabe que la producción de algodón entre 1897 y 1907 promedió 45 792 toneladas anuales, aunque si exceptuamos 1905 (una producción de 148 574 toneladas, poco creíble), el promedio se reduce a 35 514 toneladas anuales. A diferencia de lo que ocurre con los cultivos para el mercado interno, en el caso del algodón sí hay una caída en los años finales del Porfiriato. En 1908, apenas se alcanzan 24 712 toneladas, frente a las más de 50 mil toneladas producidas entre 1904 y 1906. Para 1909 hay una leve recuperación, que continúa en 1910 para llegar a poco más de 30 mil toneladas. Como se puede imaginar, el comportamiento de la producción de algodón responde al mercado externo más que a consideraciones internas. Sin embargo, en el periodo 1913-1915 hay una caída mayor a la que se estimaría con base en los dos más grandes jugadores de ese mercado, Estados Unidos y Gran Bretaña (figura 6.5).

  Los datos de producción de henequén son más parecidos en las dos fuentes utilizadas. Durante el conflicto armado se alcanza la mayor producción de esta fibra, resultado de su gran demanda durante la Guerra Mundial. Al término de ella, en cambio, la producción cae y, aunque queda en un nivel más alto que durante el Porfiriato, para las expectativas de entonces esto es una catástrofe (figura 6.6).

 

Nacional Financiera publicó un índice de volumen físico de la producción agrícola para el periodo 1900-1962 que para buena parte del periodo que nos interesa (1900-1925) proviene de Angulo, de quien también Pérez López obtiene su información sobre este sector.19 Sin embargo, no parece correcto el índice de acuerdo con la información con que contamos para la producción de los más importantes cultivos. Recalculamos el índice incluyendo maíz, trigo, algodón, henequén, frijol y caña. Éstos son los principales productos de la época, e incluir tabaco o arroz no provoca cambios significativos en el índice calculado.20 Nótese en la figura 6.7 la gran diferencia entre ambas estimaciones. Por ejemplo, de 1907 a 1911 la caída de los precios de estos bienes compensa en gran medida el incremento de la producción, de forma que no se tiene, en realidad, un crecimiento como el estimado por Angulo (y después utilizado por todos). Esto es de gran importancia al comparar con el periodo armado, que no resiente una caída tan importante como la que resultaría de los datos mencionados.

 

Hay varias cosas interesantes: primero, como ya se ha dicho, no hay una crisis agrícola previa a la salida de Porfirio Díaz; segundo, aunque la caída es más profunda de 1911 a 1913, es de mayor duración la crisis de 1917 hasta los primeros veinte. La breve recuperación de los siguientes años es borrada por la Gran Depresión, y hasta mediados de los treinta México no vivirá otro momento de crecimiento. Con base en el índice agrícola mencionado, realizamos también la estimación del Producto Nacional Bruto de la agricultura, que aparece en la figura 6.8, comparado con el calculado por Pérez López, que ha servido de base para todas las publicaciones posteriores. Nuestro cálculo corrige la sobreestimación de los últimos años del Porfiriato, pero además nos permite observar el comportamiento durante la etapa armada, que Pérez López no publicó.

  Durante el conflicto armado, la minería sí sufre una grave caída. La información de volumen producido es más confiable que en el caso de la agricultura y, utilizando los escasos datos de valor, también publicados por Nacional Financiera, podemos obtener un índice razonable de producción similar al publicado por Pérez López, pero

que incluya el tiempo del conflicto armado. La figura 6.9 presenta la información de los metales preciosos, mientras la 6.10 incluye datos sobre hierro y cobre.

 

 

Con base en esta información podemos estimar el producto bruto de la industria minera, como aparece en la figura 6.11. Igualmente, incluimos la estimación de Pérez López, que en este caso es muy coincidente para los años en que existen ambos indicadores.

  La producción de petróleo, a diferencia de otras actividades económicas en México, tiene un crecimiento muy importante durante el periodo que estudiamos (figura 6.12). En esos años, México llega a ser uno de los productores más importantes de petróleo del mundo, pero el petróleo fácil se acaba en 1921, aunque las compañías siguen invirtiendo hasta 1924 en la búsqueda de nuevos pozos.21

  Para el cálculo de la industria manufacturera, hemos utilizado la información publicada por Haber que permite identificar el comportamiento de industrias muy importantes, como la textil (de algodón), el cemento, el acero, la electricidad y la producción de cerveza.22 Hemos calculado el índice para cada una de estas industrias, que aparecen en la figura 6.13. Es importante mencionar que el fenómeno de contracción en la industria no es exclusivo de México, sino que también ocurrió en Sudamérica, como resultado de la Primera Guerra Mundial.23

  Con base en estos índices y la información que Nacional Financiera publicó en 1960, podemos construir el índice de producción de la industria manufacturera, que aparece en la figura 6.14, nuevamente junto con el índice ya conocido, en este caso de la propia Nacional Financiera.

 

La parte que no es posible calcular, y que debe resultar de estimaciones muy crudas, es la que corresponde a los servicios. Realizando las estimaciones, la figura 6.15 muestra el índice de actividad económica que puede asumirse como estimación del Producto Nacional Bruto de México en el periodo 1895-1930. Aparece en la gráfica el calculado por Pérez López, que ha sido la referencia tradicional, y que presenta, de acuerdo con nuestros cálculos, una pequeña sobreestimación para fines del Porfiriato, y una igualmente pequeña subestimación para el periodo de Calles.24 La posibilidad que tenemos hoy de calcular el comportamiento durante la etapa armada, así sea a través de estimaciones, nos permite confirmar las intuiciones de varios investigadores serios que desde los años ochenta han externado sus dudas acerca del tamaño de la crisis económica durante la Revolución a la que se referían los autores citados al inicio de este capítulo.25 De hecho, de acuerdo con los datos que estamos analizando, el comportamiento de la economía mexicana es igualmente malo durante la administración sonorense que durante la etapa armada de la Revolución. La única excusa razonable para esta circunstancia es la Gran Depresión, y es una buena excusa. En la figura 6.16 podemos observar el comportamiento del ingreso por habitante en México y Estados Unidos para el periodo 1900-1935, que incluye la caída que significó la Depresión.

 

 

Estados Unidos tuvo una contracción de casi 29% en su ingreso por habitante entre 1929 y 1932. En México, esta caída se inició tres años antes, y el descenso de 1926 a 1932 es de 45% del ingreso nacional. La razón, claro, es la gran dependencia que el financiamiento del desarrollo tiene del sector externo.26 Es también de notar que el ingreso por habitante en México en 1935 es igual al que se tenía en los últimos años del Porfiriato. La combinación de Revolución y «recuperación» significó 25 años perdidos. Como es evidente en la figura, algo similar le ocurre a Estados Unidos, porque la Depresión fue una caída verdaderamente grave. Sin embargo, durante la década de los treinta, el país vecino logró recuperar lo perdido, mientras nosotros continuamos estancados. En 1940, Estados Unidos tenía un ingreso por habitante 41% superior al que tuvo en 1910, mientras que el nuestro sólo había crecido 8 por ciento. En promedio, de 1910 a 1940 Estados Unidos creció poco más de 1% anual, mientras nosotros libramos por poco el cero (0.3 por ciento). Una comparación que puede ser ilustrativa del costo que representó la Revolución es con Japón, que inicia su «reforma liberal» en 1868, es decir, más o menos al mismo tiempo que México. Al inicio del siglo XX, México tiene un ingreso por habitante ligeramente más grande que el de Japón, pero el ritmo de crecimiento bajo el Porfiriato es mayor que en ese país, de manera que para 1910 un mexicano, en promedio, supera el ingreso de un japonés por cerca de 15 por ciento. La Revolución frena esta tendencia y la Gran Depresión la complementa para que, en 1935, México tenga el mismo ingreso por habitante de 1910, mientras que Japón casi lo ha ya duplicado, de manera que un habitante de ese país tenga ahora 50% más ingreso que un mexicano (véase la figura 6.17). Esta diferencia en el tiempo será decisiva, pero hablaremos más de ello en el capítulo 11.

  LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA El proceso de institucionalización en el periodo sonorense implica no sólo reconstruir lo dañado por la etapa armada (el Estado, nada menos), sino reducir la importancia de las armas y crear un nuevo tramado legal coincidente con la nueva Constitución. Propiamente hablando, la reconstrucción de la economía debe esperar a los sonorenses. En la gestión de Carranza, el problema político es todavía demasiado serio, y a él se suma el fin de la Primera Guerra Mundial, que implicó una caída significativa en el comercio exterior.27 Más todavía, desde la promulgación de la Constitución y hasta los Tratados de Bucareli, la relación con el principal socio de México, Estados Unidos, no es particularmente buena, lo que limita de manera importante el margen de maniobra para la reconstrucción económica. Krauze considera que la utopía de los sonorenses era «la de un México agrícola», lo que se refleja en el crecimiento de la producción del norte y noroeste del país, en buena medida impulsada por la inversión en obras hidráulicas.28 Por otro lado, la

Nueva Política Económica impulsada por Calles fue un moderado fracaso, aunque los políticos de la época la veían como la cumbre de la Revolución Mexicana.29 La idea de reconstrucción durante la etapa sonorense es exacta. Lo que hacen los gobiernos, desde Adolfo de la Huerta en adelante, es continuar los procesos que se habían iniciado en el Porfiriato. No hay cambios significativos en materia de política económica, de administración pública, de política industrial. La mayor diferencia que encuentra Tobler entre la política económica del Porfiriato y la de los sonorenses es el mayor peso que éstos adjudicaron al Estado como impulsor del desarrollo.30 Pero, como vimos en capítulos previos, «es insostenible dibujar un marcado contraste entre la era porfiriana de políticas orientadas a la exportación, más o menos del tipo laissez faire, diseñadas para atraer inversión extranjera a cualquier costo, y un régimen posviolencia de políticas industriales agresivas, intervencionistas y centradas en el Estado».31 Knight también cree que esto tiene bases en el Porfiriato y sostiene: «Aunque el régimen carrancista/sonorense usualmente sonaba muy diferente del de Díaz [...] sus metas amplias eran neoporfiristas —desarrollo económico capitalista y construcción del Estado [...] más específicamente, yo sugiero, ambos regímenes perseguían una “revolución desde arriba” en los términos de Barrington Moore».32 Enrique Krauze también percibe esta revolución desde arriba o, como él lo llama, despotismo ilustrado, en particular en el gobierno de Calles, que moderniza muy aceleradamente el marco jurídico y la administración pública, precisamente por el carácter autoritario del régimen sonorense.33 Esta modernización del marco jurídico incluye tanto las leyes bancarias y fiscales en 1924 y 1925 hasta la promulgación de leyes de bancos ejidales, sociedades cooperativas, migración, reparticiones y dotaciones, e incluso cambios importantes en materia política, como la conversión del Distrito Federal en departamento administrativo con jefe designado por el presidente o la aceptación de la reelección presidencial, para darle paso a la segunda vuelta de Álvaro Obregón.34

Y si la administración se reconstruye y se convierte en una continuidad del Porfiriato, lo mismo ocurre con el poder económico. Algo que resulta sorprendente para muchos investigadores es «cómo la vieja oligarquía pudo sobrevivir económicamente la Revolución», problema poco estudiado, a decir de Tobler.35 En un estudio más moderno, Haber indica: «La Revolución Mexicana no llevó a la completa destrucción del sistema “de compadrazgo” del Porfiriato. Primero, la elite económica y las empresas de su propiedad sobrevivieron prácticamente todas a la Revolución [...] Segundo, todos los gobiernos que llegaron al poder después de 1910 enfrentaron el mismo problema de compromiso, y todos aplicaron la misma solución que Díaz».36 Jean Meyer coincide con esta apreciación, a la que suma una obsesión voluntarista por el desarrollo: Se trata, pues, de una revolución preocupada, obsesionada; no de liberación, sino de transformación voluntaria del Estado y de la nación. Revolución económica y social de carácter modernizador y capitalista, pensada y ejecutada por la más alta institución estatal, para modificar ¡por fin! el aparato del Estado mismo [...] A este Estado deben las oligarquías haber prosperado desde entonces hasta hoy, con cargo a las finanzas públicas y en perjuicio de la nación. La mayoría de las fortunas y de las carreras se han hecho gracias al Estado, proveedor de buenas voluntades, contratos y adjudicaciones (de Limantour a Almazán, y de Cárdenas a nuestros días), proveedor de carreras políticas, militares, diplomáticas.37

Más aún, y regresaremos a esto en la segunda parte del libro: «De hecho, los banqueros y manufactureros que habían sido parte de la coalición de Díaz fueron parte de todas las coaliciones posrevolucionarias hasta los años ochenta», con el único cambio de que «se debió incorporar a las coaliciones a los obreros que fuesen capaces de organizarse».38 Aunque esto pudiese parecer bueno, en términos de una mejor distribución de la riqueza, no fue así: «El resultado, como muestra Gómez Galvarriato, es un equilibrio en que el resto de la sociedad mexicana sirvió como fuente de rentas a un subconjunto de manufactureros y un subconjunto de su fuerza

laboral. En suma, la Revolución cambió el cálculo de la división de las rentas, pero no eliminó los mecanismos básicos de búsqueda de rentas que sostenían la economía mexicana».39 Abundaremos en este tema, como decíamos, en la segunda parte del libro. Por el momento, sólo mencionaremos algunos detalles acerca de la manera en que este grupo de «obreros organizados» se incorporan a las coaliciones políticas, es decir, a la elite gobernante. Los elementos corporativistas del nuevo sistema fueron producto de la estrategia de desarrollo (de la nueva elite revolucionaria) y se desarrollaron plenamente con Cárdenas.40 La orientación corporativista del país era aceptada incluso por Manuel Gómez Morin, quien años después acabaría construyendo un partido político en contra de ese mismo corporativismo. Pero en los años veinte Gómez Morin veía en las corporaciones el «sentido general de la época» que permitiría lograr una simplificación de los problemas sociales: «Puede pensarse ahora en una organización social no voluntaria en cuanto no lo son en su mayoría los factores que determinan la existencia misma de la sociedad, pero sí en cuanto a que, conocidos estos factores, vueltos conscientes al suceder de los fenómenos sociales, se puede introducir en ellos un carácter de inteligencia y de voluntariedad».41 La recuperación de la economía en los años veinte se realiza de manera parecida a como lo hizo Díaz en la década de 1880. Por un lado, hay que ordenar la cuestión financiera, lo que implica tanto el área privada como la gubernamental; por otro, impulsar nuevamente la industria, con las pocas herramientas de política pública disponibles entonces. El saneamiento del sistema financiero incluye, otra vez, renegociar la deuda externa,42 pero ahora el crédito nacional no dependerá (como en el Porfiriato) de un banco privado de emisión, sino de la creación del Banco de México, un banco central que será el único emisor de moneda. Este cambio, sin embargo, refleja lo que ha ocurrido en el resto del mundo en esos años. Estados Unidos, por ejemplo, construye el sistema de la Reserva Federal en 1913, doce años antes de la creación del Banco de México. Más todavía, el mismo Matías Romero, antes de que Díaz llegara a la

presidencia, había propuesto controlar la emisión de dinero desde el gobierno. Asimismo se busca construir una red de bancos de fomento: La banca pertenece al sistema político y su función económica es un ejercicio del poder político. Pani, Gómez Morin, De Lima, etcétera, conciben la banca como el agente del desarrollo, lo cual hace de ella en rigor un poder político activo [...] La política bancaria es parte del proyecto de desarrollo sobre el cual están todos de acuerdo, Obregón y Calles, los banqueros y la CROM, los políticos y los empresarios nacionales y extranjeros, el comercio de exportación e importación y los banqueros norteamericanos [...] Después del saneamiento financiero perseguido con austeridad ortodoxa, tras la restauración del crédito internacional del país, la creación del Banco de México responde a la necesidad modernizadora; se plasma una tradición muy antigua que se inicia desde la colonia hasta el fracaso del proyecto porfirista de banco central, pasando por el banco de desarrollo (banco de avío) de Lucas Alamán.43

Y, como en el caso del Banco de Avío de Alamán, o como ocurrió con la banca porfiriana, la de los sonorenses acaba también en malversaciones, autopréstamos, corrupción e ineficiencia. Botón de muestra, nuevamente Gómez Morin, que debe renunciar a la presidencia del Consejo de Administración del Banco de México, en vista del «excesivo nivel a que habían llegado los préstamos al gobierno, y en especial a la Compañía Azucarera El Mante, propiedad del general Calles».44 No florecen en México, por ejemplo, la banca popular ni las Cajas de Ahorro, tan extendidas en Europa.45 Acá todo viene desde arriba o no existe. Pero tal vez la mejor descripción de la situación económica de México a fines de la década de los veinte sea también de Gómez Morin, del que tenemos que hacer una cita extensa: En los últimos años, casi la única fuente de capital ha sido el gobierno [...] Los bancos extranjeros, así como las empresas extranjeras, sólo desarrollan los negocios que les interesa desarrollar, cuando les interesa hacer ese desarrollo y como conviene a sus planes que no siempre coinciden con los planes mexicanos, con los mejores deseos de México [...] Se piensa en la

colonización y en el desarrollo de la riqueza agraria del país, y pronto se advierte que esa obra no podrá llevarse más allá de lo que permiten los escasos recursos del Estado. Cuando los empresarios desean organizar algún trabajo, no pueden encontrar el auxilio financiero requerido para los estudios previos, para la prospección y el lanzamiento del negocio y, menos aún, para el desarrollo de ese mismo negocio. México no tiene una sola compañía mexicana que seriamente pueda trabajar nuestros recursos mineros; no tenemos una sola compañía mexicana que pueda desarrollar la explotación técnica de nuestros recursos forestales; no tenemos, en suma, empresas mexicanas capaces de aprovechar nuestros recursos naturales [...] Y a pesar del nacionalismo que nuestras leyes proclaman, día a día vamos perdiendo el control de nuestra economía y la esperanza de poder adquirirlo alguna vez. Si México desea hacer una economía nacional, su primer paso en ese camino debe ser el procurarse los instrumentos necesarios para realizar su propósito, es decir, el obtener el capital que exija el desarrollo de esa economía propia. Pero es menester no incurrir en el grave error de la generación pasada. No se trata de poner a México en el mercado; no se trata de pedir indiscriminadamente que venga capital a México. Es necesario obtener ese capital, pero obtenerlo de acuerdo con un plan previamente estudiado; obtenerlo para nuestro desarrollo y no para ser desposeídos por él; obtenerlo, en suma, sujeto a nuestro control y aplicado a nuestras necesidades. En vez de que vengan empresas extranjeras a México a trabajar cuando, donde y como les acomode, sin más sujeción que la que procede de leyes políticas o administrativas y que es siempre débil, ineficaz o perjudicial, debemos tratar de fundar nosotros mismos nuestras empresas sobre bases razonables y seguras, de conformidad con nuestros planes y nuestros propósitos, y procurar capitalizarlos después en el extranjero o en el interior [...] No puede hablarse de reconquista del mercado interior, porque ese mercado no ha existido. Ni la educación ni la situación económica de los mexicanos han permitido la formación de un mercado interior [...] Pero las posibilidades del mercado interior existen, a pesar de que nunca hayan sido desarrolladas.46

Es decir, México no cuenta con capital para crecer y desarrollarse, pero ese capital debe atraerse sin que implique perder el control, la rectoría de la economía, como se diría unas décadas después. Un texto fuertemente nacionalista, reflejo del pensamiento del

momento, que no puede llegar a una solución. La obtención de capital sin pérdida de control es sólo posible a través del endeudamiento, que en esos años era imposible, en parte por un mercado internacional de capitales más bien limitado y en parte porque México no era un sujeto de crédito muy confiable. Es así que la idea del mercado interno parece ser una solución, aunque Gómez Morin exagera al decir que ese mercado nunca había existido. En realidad, el mercado interno se desarrolló algo durante el Porfiriato, como vimos antes, y ciertamente había potencial de desarrollo. El problema del mercado interno, en las condiciones del México de fines de los veinte, tiene que ver con su tamaño escaso, que facilita la concentración, y ésta la ineficiencia. Un mercado pequeño no permite la aparición de un gran número de empresas, dado que no tienen a quién venderle. Puesto que son pocas las empresas que se instalan, les es fácil controlar el mercado y vender a precios elevados para obtener ganancias igualmente altas. Pero, como hemos visto, si los derechos de propiedad sobre las empresas son difíciles de garantizar, habrá incentivos para que políticos y empresarios se asocien. De esta manera, los empresarios obtienen apoyo político para garantizar sus derechos, mientras que los políticos obtienen un ingreso nada despreciable. Si sumamos la necesidad de los sonorenses de reactivar la economía lo más rápido posible, es mucho más fácil entender cómo se recomponen las coaliciones político-empresariales del Porfiriato, ahora con nuevos socios en el área política. Un último elemento, pero no menor, es que el apoyo político puede transformarse en una renta adicional si se logra impedir el ingreso de nuevas empresas o de importaciones. El hombre clave en la política industrial durante el gobierno de Calles es Luis N. Morones, a quien Krauze asigna un papel equivalente al de Gómez Morin o Pani en la parte financiera.47 Y, siguiendo nuestro argumento, no debe sorprender que «la política industrial de la secretaría de Industria en tiempos moronistas fue abiertamente proteccionista».48 Ni tampoco sorprende la muy conocida inclinación de Morones por los anillos de brillantes, sin duda también producto de la política industrial proteccionista, que

por aquellos años acuñó una frase que nos acompañaría el resto del siglo: «Consuma lo que el país produce». El mercado mexicano, pequeño pero seguramente creciente, que se mantendría cerrado gracias a la voluntad «nacionalista» de los políticos, resultaba interesante para empresarios extranjeros orientados al mercado de consumo, que empiezan a llegar en los años veinte: «Por lo que hace a las industrias extractivas, y desde luego, principalmente, a la petrolera, la política de atracción a la inversión fracasó debido a la fama de radical de la legislación mexicana, que el mismo Morones había contribuido a difundir; las industrias manufactureras, en cambio, sí comenzaron a ver con buenos ojos la política proteccionista, y prueba de ello es la llegada a México, entre 1924 y 1928, de las grandes empresas transnacionales —que llegaron para quedarse— Ford Motor, Simmons, Colgate Palmolive, British American Tobacco, International Match».49 La inversión extranjera, mientras pudiese ser controlada por el Estado, no causaba mayor problema a los ganadores de la Revolución.50 Hemos dicho que la política económica de los sonorenses no varía de manera significativa respecto de la que se tuvo en el Porfiriato. Como veremos posteriormente, tampoco es muy distinta de la que vivimos en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. En los tres casos hay una política respecto al comercio exterior que busca proteger el mercado interno, con la esperanza de que eso lleve a la industrialización del país. En los tres casos, algo de eso ocurrió, pero también hubo efectos negativos. El más importante: la concentración del mercado, facilitada por la política comercial que limitaba las importaciones y propiciaba ganancias extraordinarias para los empresarios, que no son otra cosa que una transferencia de recursos de consumidores que deben pagar precios elevados. Pero hay otro fenómeno que acompañó estos tres momentos: una caída en las exportaciones que obliga a una reducción de las importaciones. Aunque en los dos primeros periodos hay un superávit comercial, la tendencia decreciente de las exportaciones es muy clara. Esto significa que, además de limitar las

importaciones para fomentar la industria nacional, la política comercial tiene que responder a un problema de financiamiento externo. Al reducirse las exportaciones, el ingreso de divisas no alcanza para mantener un alto nivel de importaciones, a menos que exista un flujo de crédito o de inversión extranjera que compense la diferencia. En ninguna de las tres ocasiones hay mucha posibilidad de conseguir financiamiento externo, y la inversión extranjera es relativamente pequeña, lo que obliga a reducir las importaciones. En consecuencia, el proceso llamado industrialización por sustitución de importaciones no es propiamente una política así pensada e intentada, sino una respuesta a la escasez de divisas. Los mercados se cierran, primero, para impulsar la industria, pero muy pronto deben cerrarse aún más por que ya no hay moneda extranjera para pagar las importaciones. Es un círculo vicioso que termina, en los tres casos, en situaciones críticas. En la figura 6.18 se presenta este fenómeno. Ahí colocamos las series de importaciones y exportaciones para los tres momentos a que nos hemos referido, medidas como porcentaje del PIB para simplificar la comparación. Nótese cómo la caída de las exportaciones ocurre en los tres casos, seguida muy de cerca por las importaciones, que no pueden mantenerse. Ciertamente hay diferencias. Los dos primeros momentos presentan un superávit comercial, mientras que en el tercero, ya después de la Segunda Guerra Mundial, es posible tener un pequeño déficit, que se cubre en parte con ingresos por turismo y en parte con créditos externos.

  En cualquier caso, en las tres ocasiones hay una política explícita de cierre de las fronteras a las importaciones, que siempre tiene como excusa el apoyo al desarrollo de la industria nacional, pero siempre termina en un mercado muy concentrado. El primer proceso se interrumpe con la Revolución, mientras el segundo termina con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El tercer caso concluye en la locura de la década de los setenta, pero eso lo comentaremos después.

7. EL NUEVO MAPA POLÍTICO

En los capítulos previos hemos visto cómo la expansión porfirista, que es propiamente el ingreso de México en el capitalismo, produjo un crecimiento económico muy importante, pero estuvo acompañada de los conflictos propios del decaimiento de una forma de producción y el nacimiento de otra. Pudimos analizar lo ocurrido en materia económica durante la Revolución, en donde nos detuvimos debido al desconocimiento relativo de este proceso, así como la llamada reconstrucción del periodo sonorense, que es, efectivamente, la recuperación, en lo general, de la manera en que funcionaba la economía durante el Porfiriato. Esto quiere decir que el proceso de integración de México en el capitalismo no se interrumpió con la Revolución, y ahí donde hubo alguna ruptura, los sonorenses recuperaron el terreno perdido. En consecuencia, los conflictos que naturalmente habían surgido durante el Porfiriato debieron haber reaparecido en los años veinte y treinta. Tal vez sea por ello que, en la historiografía oficial, al periodo sonorense se le achaca la institucionalización que de manera confusa culmina en el cardenismo. Se recuerdan, casi únicamente, fundaciones en tiempos sonorenses: el Banco de México, el Partido Nacional Revolucionario, como si el país hubiese sido un mar en calma donde, cada cierto trecho, aparecía una isla exuberante, una nueva institución por fundar. En realidad, los años veinte y treinta son extremadamente agitados, porque los conflictos sociales propios del tránsito de México al capitalismo, que aparecieron apenas en el Porfiriato, llegan a su madurez con los sonorenses —como veremos en este

capítulo— y de ellos cosechará Lázaro Cárdenas —como veremos en el siguiente. EL AGRARISMO La Revolución no fue esencialmente agraria, hemos visto, aunque la mayoría de quienes participaron en ella hayan tenido como ocupación principal algo relacionado con el campo. Sin embargo, no había una demanda generalizada relacionada con la propiedad de la tierra, salvo en el caso de los zapatistas, que no lograron nunca incorporar otras fuerzas en su misma dirección. Sin embargo, las condiciones de vida en el campo sí eran malas para una gran cantidad de personas. No tanto como para que iniciaran levantamientos, y en muchos casos tampoco para incorporarse a ellos cuando ya el país entero vivía en el desorden, pero la posibilidad de mejorar era muy grande. Es por ello que, desde el inicio, hay líderes que utilizan como anzuelo, para atraer seguidores, la posibilidad de obtener tierras. La manera en que se daría la propiedad de estas tierras no es homogénea, sin embargo. Para los zapatistas, por ejemplo, la forma de propiedad ansiada es comunitaria, mientras para muchos seguidores de Villa lo esperado es la pequeña propiedad. La oferta de tierras se va convirtiendo en una de las maneras de disputar el apoyo durante la guerra civil, y el escalamiento lleva a Carranza a plantear en 1915 su Ley Agraria que tendrá que reflejarse, como se pueda, en el artículo 27 de la nueva Constitución. En parte por ello, y en parte por la tradición colonial en la que toda la propiedad descansaba en la Corona, «junto con la Unión Soviética, México es el único país del mundo en que la tierra está nacionalizada jurídicamente».1 El Estado se convierte entonces en el dueño y dador de tierras, con lo que garantiza la dependencia de la población agraria que ahora deberá recurrir a él para recibir cumplimiento de las promesas de los líderes menores.2 Se trata de un mecanismo centralizador de

poder muy importante, que será enfrentado de alguna manera a través de las Ligas Agrarias. Roger Bartra percibe entonces que «el verdadero final de la Revolución Mexicana está ubicado en 1920; hasta ese año se crearon condiciones para el afianzamiento de un gobierno burgués que comenzase a absorber en su seno los nuevos mecanismos políticos que diez años de revolución habían puesto a la orden del día».3 Lo que obliga a entender que el grupo vencedor, los sonorenses, no sólo representa intereses pequeñoburgueses, como decían los historiadores marxistas, sino también los de los rancheros y agricultores capitalistas del norte del país. Bartra atribuye al apoyo militar la victoria sonorense, pero también al juego político que permite la colaboración de proletarios y campesinos. Siguiendo con su terminología marxista: «Esto es logrado gracias a la forma bonapartista pequeñoburguesa de la política obregonista: es decir, una posición política que combina hábilmente el carisma del genio militar de Obregón, los intereses particulares de la burguesía ranchera norteña, las aspiraciones de la pequeña burguesía rural y urbana, y ciertas formas de lograr el apoyo, pero también el control, del campesinado y el proletariado».4 La rebelión Delahuertista, en 1923, llevó a un mayor acercamiento entre el gobierno de Obregón y el campesinado, lo que fortaleció al Estado, pero también al movimiento campesino, que logró organizarse: «El fruto más importante de las intensas luchas agrarias fue la creación, en 1926, de la poderosa Liga Nacional Campesina, bajo la dirección del Partido Comunista y encabezada por Úrsulo Galván, Luis G. Monzón, Diego Rivera, Rodríguez Triana y J. Guadalupe Rodríguez».5 La Liga se convierte en el mecanismo de mediación entre los múltiples grupos que buscan el cumplimiento de las promesas de otorgamiento de tierras y el Estado. Úrsulo Galván fue un líder natural, nacido en Veracruz, anarquista desde muy joven y después comunista. En 1915, trabajando en los campos petroleros de la Huasteca, se incorpora al ejército constitucionalista, pero es derrotado y huye a Estados Unidos. Regresa en 1917 y para 1920 forma parte del Partido

Comunista en Veracruz. En 1923 apoya la huelga inquilinaria y crea la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz. Con el apoyo de Adalberto Tejeda, gobernador del estado, impulsa la creación de la Liga Nacional Campesina. Frente a la rebelión escobarista, en 1929, los agentes soviéticos en el Partido Comunista intentan movilizar la Liga contra el gobierno federal mientras que Galván decide apoyar a Tejeda y a Portes Gil.6 Galván fue un líder exitoso por sus habilidades en asambleas, pero estuvo siempre acompañado, y guiado, por Manuel Almanza. Y los logros de esta pareja son inseparables de Adalberto Tejeda gobernador de Veracruz en 1920 y nuevamente en 1928. Tejeda es oriundo de Chicontepec y participa en la Revolución apoyando a Obregón. A la muerte de Carranza, su yerno Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz, sale del país, y en las nuevas elecciones Tejeda logra vencer a Gabriel Gavira, revolucionario maderista, gracias al apoyo de Obregón. En 1924 es sucedido por Heriberto Jara, quien sufrirá durante su gobierno del poder paralelo de Tejeda, sustentado en el movimiento agrarista dirigido por Galván y Almanza. En 1928, Tejeda logra reelegirse para el gobierno de Veracruz, y en los siguientes cuatro años el agrarismo alcanzará su clímax e iniciará su caída. Al inicio de este segundo gobierno de Tejeda, las fuerzas armadas agraristas, propiamente hablando guerrilleros, alcanzan 30 mil personas. Veracruz se convierte en el estado más radical del país, no sólo con una reforma agraria más agresiva que la vivida en el Maximato, sino también en contra de la Iglesia (Tejeda no aceptaba el fin de la Cristiada, y desde 1931 sólo podía haber 13 sacerdotes en el estado), y presionando a las empresas (como el caso de la famosa Ley 76, que permitía expropiar cualquier empresa en el estado).7 Nos hemos detenido un rato en esta vista a Veracruz porque el movimiento agrario en México no puede entenderse sin este trío: Tejeda, Galván y Almanza. Sobre todo los dos primeros, de los que dice el tercero: «Sería difícil fijar con claridad si fue el coronel Adalberto Tejeda quien acudió a reforzar al grupo galvanista, o fue Úrsulo Galván quien al frente de su grupo secundó con valor y entusiasmo las decisiones del gobernador Tejeda para imponer la

legislación agraria en Veracruz».8 Por ejemplo, es durante los gobiernos de Tejeda cuando se reparten más tierras en el estado, varios años antes de que la repartición nacional llegue a su máximo en el gobierno de Cárdenas. De hecho, el único caso comparable al Veracruz de Tejeda en cuestión agraria es el Michoacán cardenista. El movimiento agrario en Michoacán se inicia en el breve gobierno de Francisco J. Múgica (1920-1922) bajo el liderazgo de Primo Tapia, que tiene ciertos parecidos con el de Úrsulo Galván. Sin embargo, Tapia es asesinado en 1926. Cuando Cárdenas llega a la gubernatura, dos años después, forma la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, CRMT, que se convertirá en la mayor fuerza política del estado. El sucesor de Cárdenas, Benigno Serrato, eliminó a los dirigentes cardenistas de la CRMT, que pronto se dividió, de manera que Cárdenas no volvió a tener el control de su estado ni siquiera cuando fue nombrado candidato presidencial.9 De hecho, Fowler Salamini sostiene que «dos poderosos caudillos regionales compañeros de Cárdenas, Portes Gil y Cedillo, con sus respectivas ligas campesinas estatales de Tamaulipas y San Luis Potosí, fueron los instrumentos de la creación de la CCM».10 Instrumentos de Cárdenas, por cierto. Los movimientos agrarios en el México de 1920, de los que Veracruz y Michoacán son los casos más importantes, responden todos a la dirección de gobernadores interesados, por una parte, en incrementar su capital político y, por otra, en llevar a cabo medidas radicales que mejoraran rápidamente las condiciones de vida de sus gobernados. Al igual que en estos dos estados, aunque en menor medida, el agrarismo es la moda en Tamaulipas y San Luis Potosí, con los hombres fuertes mencionados, y en Guanajuato, con Agustín Arroyo Ch. La división en la Liga Nacional Campesina ocurre el 15 de febrero de 1930, cuando desde el gobierno se opera la sustitución de Galván por Wenceslao Labra, acusando a aquél de ser comunista. Sin embargo los comunistas, que seguían molestos con Galván por su actitud frente a la rebelión escobarista, lo acusan de traidor. Así, la Liga se separa en tres facciones: una oficialista

liderada por Labra; otra, comunista, bajo el control de Manuel Díaz Ramírez, y la tercera que se mantuvo con Úrsulo Galván.11 En julio de ese año, Galván que además de ser líder de la facción más grande de la Liga, era presidente municipal de Veracruz y senador, viajó a Estados Unidos para tratarse un tumor en una pierna. Ahí murió, aunque su muerte sigue siendo misteriosa.12 A la muerte del líder, la facción por él comandada cambió su nombre a Liga Nacional Campesina «Úrsulo Galván», dirigida por Celso Cepeda. En diciembre de ese mismo año, ya con Cárdenas al frente del PNR, Cepeda y Almanza consultaron al general acerca de la creación de una sola organización campesina, pero Cárdenas rechazó la idea. Dos meses después, el enfrentamiento entre los cardenistas y los tejedistas estalló. Al congreso de la Liga de Puebla asistió la plana mayor de la política nacional, entre otros: el secretario de Agricultura Manuel Pérez Treviño, los gobernadores Leónides A. Almazán, Agustín Arroyo Ch. y Adalberto Tejeda, y varios más. Cuando se debía elegir al sucesor de Cepeda, se produjo una división entre las ligas de Veracruz y Tamaulipas. Los veracruzanos se retiraron a Jalapa y ahí eligieron a su nuevo líder, mientras que los cardenistas eligieron a Enrique Flores Magón y a Graciano Sánchez y llamaron a un congreso nacional campesino. Los tejedistas advirtieron a Cárdenas que usar el PNR para minar esfuerzos de unificación campesina sería perjudicial, pero no les sirvió de mucho: los cardenistas obtuvieron el apoyo de la Confederación Campesina de Puebla y la CRMT. El 3 de mayo de 1933 la facción cardenista de la Liga publicó una declaración en que se erigía como única representante del movimiento campesino y declaraba su apoyo a Cárdenas como candidato del PNR a la presidncia.13 El 31 de mayo de 1933 la liga cardenista crea la Confederación Campesina Mexicana, con el apoyo de Cedillo, Portes Gil y Marte R. Gómez. La CCM inmediatamente apoyó a Cárdenas en su camino a la presidencia. En 1934, ya con Cárdenas en el poder, la ECM tuvo acceso a fondos y personal que le permitieron controlar a casi todas las ligas estatales. Mientras tanto, la liga tejedista sobrevivía a duras

penas. En 1933 apoyó a Tejeda como candidato presidencial, pero no logró nada.14 El agrarismo resulta entonces de un intento de los ganadores de la Revolución por modificar las estructuras productivas del país, siempre mediado por la acumulación de poder político. Dicho de otra manera: los hombres fuertes locales van a movilizar a los campesinos, en parte para reducir el poder de los hacendados y construir una clase media rural, pero también en buena parte para obtener una fuente de poder político propio, de gran utilidad en la lucha política nacional. Así, los hacendados enfrentan una doble presión: por un lado los vencedores que buscan modernizar, y por otro los campesinos que quieren tierra.15 Pero durante el periodo de los sonorenses no existe todavía la idea de que los hacendados deban desaparecer.16 Calles mismo, en su campaña electoral, señalaba: «Los latifundistas de mi país no quieren darse cuenta, no quieren comprender, que luchamos por ellos mismos y por sus intereses. Sin embargo, quiero declarar que la Revolución está decidida, si ellos no entran en razón tendrá que desarrollarse este programa en México por la fuerza».17 La modernización que buscan los sonorenses y sus aliados tiene resultados importantes en el sur del país, en donde, a decir de Knight, «los procónsules norteños van acabando con el peonaje de las plantaciones».18 Lo que en el caso de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, es totalmente cierto. El proceso al que se refiere Calles en su campaña, y que se menciona mucho en los discursos de la época, es la reforma agraria que, sin embargo, es muy pálida durante el periodo sonorense. El ejido es, en su versión original, una tierra común que se encuentra a la salida del pueblo; de ahí su nombre, que deriva del latín exitus, «lo que está a la salida». Su uso fue común en la Colonia, pero «la Constitución de 1917 no los menciona como tales. Son los campesinos, que tienen mucho apego a ese simbólico nombre, quienes lo aplicaron indebidamente a las tierras entregadas a una comunidad para su uso individual por los miembros de ella. En realidad, fue necesario esperar a 1928 y la presidencia de Abelardo Rodríguez para que en una adición al artículo 27 de la Constitución

se dispusiera la entrega de terrenos comunales (el ejido tradicional) a los campesinos».19 Sin embargo, además del ejido clásico, el fundo común al que nos hemos referido, a partir de 1936 existe también el ejido colectivo, que se empezó a discutir desde 1922. «En aquel tiempo expidió la Comisión Nacional Agraria la famosa circular número 51. Por primera vez se hablaba, en ella, de explotación colectiva en el sentido moderno de la palabra [...] Se planteaba por objeto la abolición de la pequeña explotación agrícola que impide la mecanización y afirmaba que el ejido debe estar organizado de un modo cooperativo, porque la acción social debe triunfar sobre el egoísmo y la conveniencia personal».20 El ejidatario es un productor individual, su condición de ejidatario es «en ese sentido, la negación de todas las relaciones de producción y de propiedad feudales, eliminadas por la Revolución de 1910».21 Pero el ejido colectivo, «como cualquier otra unidad de producción agrícola, debe ser afectado por las leyes de transformación capitalista de la agricultura y en particular sufrir de un modo u otro los efectos del proceso de diferenciación social». Lo que lleva a que, al término de este proceso, algunos ejidatarios se conviertan en pequeños productores mercantiles individuales, aunque no sean propietarios de la tierra, «mientras que otros se convierten en semiproletarios, y aun en proletarios».22 Por eso es interesante que menos de una década después de que Calles insistiera en que el proceso de reforma agraria ocurriría incluso en contra de la voluntad de los latifundistas, en entrevista a El Universal, en 1930, dijera lo siguiente: Si queremos ser sinceros tendremos que confesar, como hijos de la Revolución, que el agrarismo, tal como lo hemos comprendido y practicado hasta el momento presente, es un fracaso. La felicidad de los campesinos no puede asegurárseles dándoles una parcela de tierra si carecen de la preparación y los elementos necesarios para cultivarla... Por el contrario, este camino nos llevará al desastre, porque estamos creando pretensiones y fomentando la holgazanería [...] Lo que tenemos que hacer es poner un hasta aquí y no seguir adelante en nuestros fracasos... Lo que se hizo durante la

lucha [revolucionaria] en nombre de la suprema necesidad de vivir, debe dejarse tal como está. El paria que se apoderó de un pedazo de tierra debe conservarla. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer algo sobre la situación presente... Cada uno de los gobiernos de los estados debe fijar un periodo relativamente corto en el cual las comunidades que todavía tienen derecho a pedir tierras puedan ejercitarlo; y, una vez que haya expirado este plazo, ni una palabra más sobre el asunto. Después debemos dar garantías a todo el mundo, tanto a los agricultores pequeños como a los grandes, para que resuciten la iniciativa y el crédito público y privado.23

Y Calles no estaba equivocado. Según Tobler, «la reforma agraria precardenista no logró mejorar sustancialmente el nivel de vida en el campo» que, de acuerdo con Simpson, «a menudo se acercaba peligrosamente a la mera subsistencia». El ingreso promedio de un ejidatario en 1929 y 1930 rondaba los 44 centavos diarios, frente a los 80 centavos que ganaba un peón.24 La explicación de este fracaso se asocia, desde entonces, a una reforma agraria que, en realidad, no quería dotar de tierras a los campesinos, sino simplemente mantenerlos controlados. Así, «las tierras de riego seguían casi siempre en manos de los grandes propietarios privados. Es pues necesario sacar la conclusión de que el fin principal de la creación masiva de ejidos no era el alumbramiento de una supuesta “clase media campesina”, en detrimento de las grandes explotaciones, sino más bien el de aplacar la cólera popular y dar a los campesinos las migajas necesarias para mantener la paz social».25 Esta queja se fortalece cuando se revisa la asignación de tierras a pequeños propietarios y ejidatarios, en la que los primeros obtienen, en promedio, parcelas mayores.26 Porque lo precario del ingreso de los ejidatarios no tiene tanto que ver con la forma de propiedad, sino con el tamaño de las parcelas, como veremos más adelante. La Cristiada

Tal vez parte del cambio de opinión de Calles acerca de la Reforma Agraria tenga que ver con la Cristiada. Se trata de un conflicto muy complejo, que ha sido muy poco estudiado. Seguimos dependiendo,

esencialmente, de la magna obra de Jean Meyer, a la que hay que sumar la investigación de Moisés González Navarro del año 2000, concentrada en Jalisco.27 El conflicto tiene una dimensión religiosa, pero también agraria. Es, además, una revuelta que no fue derrotada por el gobierno mexicano, sino que terminó en un empate provocado por la muerte de Obregón y auxiliado por el embajador estadounidense Dwight Morrow. El hecho que desencadena la crisis religiosa lo comentamos antes: se trata de la creación de la Iglesia Apostólica Mexicana del patriarca Pérez, una gran provocación montada por Luis N. Morones que inició una serie de acontecimientos que terminaron en un conflicto abierto gracias a la posición anticlerical de los ganadores de la Revolución. Como botón de muestra, recordemos la frase con que termina Francisco J. Múgica su alocución en la defensa de un artículo tercero constitucional más duro que el enviado por Carranza al Constituyente: «Soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria». Aunque la guerra cristera se inicia propiamente en febrero de 1926, las raíces del conflicto son muy anteriores. El movimiento constitucionalista en la Revolución fue, desde el principio, extremadamente anticlerical. A diferencia de Zapata, e incluso de Villa, los carrancistas eran comecuras.28 Pero si la Iglesia y el Estado no tenían buenas relaciones desde el triunfo de los constitucionalistas, tampoco había enfrentamientos abiertos hasta la llegada de Calles al gobierno. Los conflictos locales entre los caudillos revolucionarios y los sacerdotes escalaron entonces a nivel nacional. En Jalisco, desde noviembre de 1916, el gobernador Manuel M. Diéguez (veterano de Cananea) decretó la reducción del número de sacerdotes e intentó encarcelar al arzobispo Orozco, lo que provocó un enfrentamiento que sólo terminó en febrero de 1919, cuando el mismo Diéguez tuvo que echar abajo su decreto.29 A esta victoria de la Iglesia se le puede oponer la persecución rabiosa de curas que efectuaba Tomás Garrido Canabal en Tabasco en los años veinte. Pero la Cristiada no fue sólo un movimiento religioso, sino también agrario. Así la describe Tutino:

Los rebeldes de finales de los años veinte no eran aldeanos con profundas raíces en el sistema comunal del pasado indígena y colonial de México, como lo fueron quienes lucharon al lado de Zapata. Al contrario, esta segunda oleada de insurrección en el agro se produjo entre los rancheros del México centro-occidental. Los rancheros constituían una clase media rural. Poseían la tierra en propiedad privada. Eran de cultura más hispanizada y tenían estrechas ligas con la Iglesia Católica institucional. Sin embargo seguían siendo granjeros campesinos pobres. Pocos vivían siquiera con comodidades. Cultivaban la mayor parte de sus propios alimentos, a la vez que vendían en los mercados locales o regionales los pequeños excedentes de sus cosechas o de su ganado.30

Bartra, desde una perspectiva marxista, coincide a grandes rasgos: «Uno de los episodios más dramáticos de este periodo fue, indudablemente, la cristiada. Entre 1926 y 1929 el campesinado mexicano ve crecer y fortalecerse a un gobierno que le ha arrebatado su Revolución, que cada vez que gana una batalla con la ayuda de las masas rurales le paga el servicio con la represión y el asesinato, que le arrebata las mismas consignas que ha creado y que, por último, profana el último reducto espiritual en el que se han refugiado sus sectores más atrasados: la religión».31 Exceptuando la facción zapatista, tal vez el movimiento más popular haya sido la Cristiada: «La revuelta cristera no fue encabezada ni por la elite terrateniente ni por los altos jerarcas eclesiásticos. Fue un movimiento de rancheros y sus aparceros y jornaleros subordinados, al que se adhirieron otros muchos que formaban parte de sus comunidades rancheras».32 La Cristiada es, como el zapatismo, un movimiento reaccionario: «Peleaban por no ser molestados en la posesión de sus tierras y en la práctica de su religión». Y logró ser mucho más grande de lo que el zapatismo había alcanzado diez años antes, tanto en extensión geográfica (como puede verse en la figura 7.1) como en tropas: «En momentos en que el gobierno no tenía que atender el desafío de otros adversarios armados. Se calcula que murieron treinta mil cristeros en defensa de su religión y de su modo de vivir. Nunca llegó a derrotarlos el gobierno».33

  EL SINDICALISMO Mientras que los movimientos agrarios son promovidos por políticos en busca de poder, los movimientos laborales tienen una dinámica más propia. Los sindicatos, federaciones, congresos, son promovidos por líderes obreros que no le hacen ascos al poder político, pero que nunca se alejan mucho de sus bases proletarias.34 El primer congreso nacional obrero fue convocado por la COM (FSODF) en Veracruz, en marzo de 1916, y culminará con la creación de la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, con Herón Proal como líder. Sin embargo, en parte por el enfrentamiento que en ese momento vivía la COM con Carranza y en parte por las dificultades en el interior del movimiento obrero, la Confederación no tendrá ningún futuro. Durante el congreso, el dirigente de la FSODF Luis N. Morones será electo secretario general, pero rechazará el

cargo, que se otorgará entonces a Proal, dirigente veracruzano conocido sobre todo por los movimientos de inquilinos.35 El segundo congreso fue convocado por los sindicatos de Tampico, a través de la Casa del Obrero Mundial de esa ciudad. Se inaugura el 13 de octubre de 1917, con delegados de doce estados, incluyendo el Distrito Federal.36 La disputa por el control del movimiento obrero, entre anarquistas y «negociadores», se mantiene permanentemente detrás de estos hechos: «Ese congreso lejos de constituir, sin embargo, un nuevo proceso por el cual los anarquistas hegemonizaran al movimiento obrero, sería el principio de la consolidación de los líderes laboristas que, unidos a los caudillos, tendían ya desde entonces a apoderarse de la situación». El congreso se realizó en medio de la presión del gobierno constitucionalista.37 El 22 de marzo de 1918, el gobernador de Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles, convocó a una convención del trabajo, el tercer congreso nacional obrero. No es claro si detrás de la convocatoria de Espinosa Mireles se encontraba Carranza, en un intento de recuperar el apoyo obrero, aunque Clark sostiene que sí. Ramón Eduardo Ruiz coincide en que Carranza estaría buscando recuperar a los obreros, porque de otra manera no se podría explicar la elección de Saltillo como sede. Sin embargo, este tercer congreso se celebra en medio de un nuevo enfrentamiento de los obreros con el gobierno carrancista: «La tercera oleada de huelgas ocurrió en la primavera de 1918. Los obreros textiles de Puebla ocuparon la vanguardia. Tras un mes de inútiles gestiones para obtener un aumento de salarios de 150% sobre las tarifas acordadas por Madero en 1912, emplazaron a una huelga que debía estallar 72 horas después, esto es, el 6 de marzo de 1918».38 Así, «el mismo día de la represión de Puebla, el 1 de mayo de 1918, se inauguró en Saltillo, Coahuila, el Congreso Nacional Obrero. Dos días después de que los obreros derrotados de Puebla decidieran volver al trabajo, los congresistas de Saltillo fundaron la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM)».39

A diferencia de los primeros dos congresos, el tercero dará como resultado una organización que sí logrará mantenerse y controlar buena parte del movimiento obrero por algunos años: la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM.

  La CROM se funda como resultado del tercer congreso nacional obrero, en Saltillo, Coahuila, en mayo de 1918. Es elegido como secretario general Luis N. Morones, por 85 votos contra seis. Aunque los planteamientos originales de la CROM son fundamentalmente anarquistas y en consecuencia rechazaban la participación en política electoral, la constitución del «Grupo Acción» dentro de la CROM y su posterior definición como partido político (Partido Laborista) determinaron en los hechos las acciones de la central. Marjorie Ruth Clark, observadora casi contemporánea, considera el Grupo uno de los organismos más notables que se hubiesen creado en un movimiento laboral.

Sin embargo, más que la participación en elecciones, que en esos años no tenían mucho que ver con el acceso al poder, el grupo Acción llevará a la CROM a la negociación directa con los caudillos.40 La firma del «pacto secreto» con Obregón formaliza la relación que el movimiento obrero (o sus líderes) habían mantenido con el sonorense desde que éste promovió el acercamiento con Carranza. Pero Morones y la CROM no son los únicos actores del movimiento obrero de esa década: en 1921 se crea la Confederación General de Trabajadores, CGT, que habría de tener alguna importancia en ese tiempo. También se formará una Confederación Nacional Católica del Trabajo, en abril de 1922, como resultado del Congreso Católico Obrero, efectuado en Guadalajara. El primer dirigente de esta central será Manuel de la Peza. Sin embargo, durante la Cristiada la represión prácticamente la hará desaparecer.41 Los años veinte no serán de tranquilidad. En Atlixco, Puebla, la industria textil continuaba sufriendo los mismos problemas de las épocas de Díaz: bajos salarios, jornadas demasiado largas, abusos de los empresarios (muchos de ellos extranjeros). En 1921, las huelgas prácticamente paralizaron la industria. Obregón intervino en el caso de Atlixco el 17 de marzo de 1922, cuando los propietarios de la fábrica La Carolina despidieron a cinco miembros de la mesa directiva del sindicato. En represalia, sus compañeros abandonaron el trabajo y cerraron la fábrica. El conflicto se agravó a pesar de la mediación de Froylán C. Manjarrez, el joven y reformista gobernador del estado de Puebla. La gerencia, obstinada en no hacer ninguna concesión, decidió, según Manjarrez, contratar «trabajadores libres», o sea esquiroles, para reanudar las operaciones de la fábrica. Esta táctica fue contraproducente, porque la huelga se extendió a la vecina fábrica de Los Molinos. Manjarrez, en una carta dirigida al secretario de Gobernación que no tardó en llegar al escritorio del mismo Obregón, solicitó permiso para ocupar militarmente las dos fábricas, precedente ya establecido, según señaló, en Guanajuato y el Distrito Federal. Advirtió que al saberse que la gerencia trataba de destruir a los sindicatos, habría repercusiones en toda la República. Si la empresa seguía inflexible en su decisión de no hacer concesiones, invocaría el artículo 33 constitucional,

que daba facultades al gobierno para expulsar del territorio nacional a los extranjeros perniciosos.42

En los años veinte, el movimiento laboral en México ha alcanzado tanta fuerza que ya es perceptible su impacto en la generación de rentas para sus afiliados. Se le llama renta a un ingreso que no se explica por la productividad, sino por alguna distorsión del mercado. En el caso de los trabajadores, lo más común es que existan rentas cuando hay restricciones para su contratación o despido, o cuando de alguna manera la organización obrera no permite que el mercado laboral actúe libremente.43 Aurora Gómez Galvarriato encuentra que la dispersión salarial en los años veinte tiene más relación con la fuerza relativa del movimiento laboral en las entidades federativas que con la productividad de los trabajadores.44 Es tan importante el alza salarial promovida por los sindicatos, que después de 1925 hay una caída en el número de trabajadores empleados. Esto no afecta sólo al empleo, sino también las ganancias empresariales y la inversión, que se reducen. Y los efectos fueron duraderos: «El resultado fue que la industria textil se volvió cada vez más anacrónica. En 1957, 34.4% de los husos y 33% de los telares en uso se habían fabricado antes de 1910. La situación era peor en estados como Veracruz, en donde las regulaciones laborales se implementaron más estrictamente debido a la fuerza de los movimientos obreros. En este estado, eran 67% de los husos y 73% de los telares los producidos antes de 1910. En el largo plazo, los trabajadores fueron víctimas de su propio éxito».45 La lucha por el control del movimiento obrero se refleja en los niveles más altos de la política nacional. En los primeros años veinte, el alineamiento se da, de un lado, entre Obregón y la CROM, y del otro, en la CGT con De la Huerta. La huelga de tranviarios de 1923 en la ciudad de México ocurre bajo esta confrontación y perfila el uso futuro del movimiento obrero en los conflictos políticos: Celestino Gasca, gobernador del Distrito Federal, pero también miembro del Grupo Acción de la CROM, apoya la creación de un nuevo sindicato que, apoyado por soldados, toma los puestos de trabajo de los huelguistas. Todo esto, en los albores de la rebelión

delahuertista. De hecho, gracias al Grupo Acción la CROM se inclina finalmente en favor de Obregón, puesto que De la Huerta tenía mucho apoyo popular. Según Marjorie Clark, sin el apoyo obrero Obregón y Calles difícilmente hubieran podido derrotar a Adolfo de la Huerta. El apoyo de la CROM a Calles lleva a Morones a la secretaría de Industria, Comercio y Trabajo durante su gobierno. Su cercanía con el presidente y el retiro parcial de Obregón al campo provocarán un nuevo conflicto político asociado con los obreros, pero ahora enfrentados con los campesinos. Obregón se apoya en ellos, y en su brazo político, el Partido Nacional Agrarista (PNA) mientras que Calles se respalda con los obreros y la CROM.46 El conflicto llegó a ser grave frente a la decisión de Obregón de reelegirse. El PLM intentó evitar la reforma constitucional que el PNA promovía. En 1925 efectivamente la evitaron, pero al año siguiente las cosas eran distintas: «No obstante, en 1926, tanto los senadores como los diputados obreros la apoyaron al menos pasivamente, no por simpatía ni porque quisieran ver a Obregón como presidente sino porque no se atrevían, de momento, a arriesgar su posición ya precaria mediante una franca hostilidad hacia Obregón».47 Una vez eliminada la restricción para una nueva presidencia, Obregón se postula como candidato para un nuevo periodo presidencial y gana las elecciones. Poco después es asesinado. Así, el intento de Morones y la CROM de no enfrentarse a Obregón fracasa, puesto que los enfrentamientos públicos de los partidos Laborista y Agrarista de los años previos inducen a suponer la participación de Morones en el asesinato. Cuatro días después del crimen, los cromistas más destacados en posiciones de gobierno, incluido Morones, deben renunciar a sus puestos. El asesinato de Obregón provoca una etapa de mucha turbulencia política en el país. Plutarco Elías Calles es también sospechoso para la opinión pública, siendo como era una creación de Obregón a quien no podía enfrentar fácilmente. Para salvar la situación, Calles debe apoyarse en los obregonistas, de donde surge «la figura de un astuto abogado de provincia que hasta entonces había ocupado un lugar muy secundario en la política

nacional; el gobernador de Tamaulipas, antiguo acérrimo enemigo de Morones, Emilio Portes Gil, que se convertiría, menos de cinco meses después, en presidente de la República».48 Así, al asesinato de Obregón, del que se le culpa, Morones tendrá que sumar el ascenso de Portes Gil, quien de inmediato exige a Calles sacrificar «su ligazón política con los laboristas, excluyéndolos del gobierno y rompiendo públicamente con ellos».49 Pero la batalla también se daría en el movimiento obrero: se crea entonces la Confederación Sindical Unitaria de México, comunista, pero que recibe apoyo de Portes Gil en tanto sirve para golpear a Morones.50 Era demasiado para Morones y la CROM. Si el poder político le había permitido a Morones controlar al movimiento obrero, la falta de éste lo dejaba desarmado. Así empezó el desmoronamiento: «La prisa por salirse de la CROM fue tan grande como, cuatro o cinco años antes, había sido por entrar en ella», dice Marjorie Clark, «eran tantos los sindicatos que habían abandonado la CROM que formaron una nueva federación: la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal».51 Pero el golpe fue mucho más duro, porque el control ejercido por Morones había sido igualmente excesivo: «Por muy superficialmente que se lean los periódicos a partir de agosto de 1928, es palpable que la CROM había cambiado completamente de categoría», afirma nuevamente Marjorie Clark. Y la referencia a los periódicos no es ociosa, puesto que la CROM había llegado a controlar a los impresores, linotipistas, reporteros y empleados de la prensa escrita, de manera que era dueña de la información que se publicaba. Pero a partir de 1929 las cosas cambiaron. Primero los reporteros, luego los impresores comerciales, y al final todos abandonaron la central, con lo que la información dejó de estar en manos de Morones.52 El abandono que sufrió Morones sucedió en cuestión de días: En diciembre y enero el éxodo se convirtió en verdadero tropel. La Federación de Artes Gráficas, que había sido un puntal de poderío de Morones, en unos cuantos días saltó en pedazos; el 11 de diciembre se separaba el Sindicato de Redactores de Prensa del Distrito Federal; el 13 le seguían el Sindicato de

Empleados de Prensa del Distrito Federal, el Sindicato Nacional de Dibujantes y la Unión de Obreros de los Periódicos; el 16 tomaba el mismo camino la antigua Unión Linotipográfica de la República Mexicana, y el 20 lo hacía también la Unión de Fotograbadores y Rotograbadores Mexicanos; el 24 abandonaba la CROM la Unión de Obreros de Artes Gráficas de los Talleres Oficiales. Todas estas organizaciones formarían el 6 de marzo de 1929 la Alianza de Uniones y Sindicato de Artes Gráficas con la casi totalidad de los trabajadores del ramo en sus filas. El 16 de diciembre de 1928, un grupo de laboristas constituían el Partido Laborista Independiente y lo sumaban al movimiento de constitución del PNR. El mismo día se separaba de la CROM el Sindicato de Limpia y Transportes del Distrito Federal. El Sindicato «La Hermandad» de la fábrica textil La Providencia hacía lo mismo el día 20. El 24 emprendía la huida el Sindicato de Oficios Varios de la ciudad de México. En el mes de enero el proceso se acentuó aún más. El 5 salía el Sindicato de Trabajadores de La Tabacalera Mexicana y el Sindicato de Tranviarios. El 30 la estampida era de las siguientes organizaciones: Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, Unión Sindical de Empleados de Comercio y Oficinas Particulares, Unión de Trabajadores de la Industria Lechera, Alianza de Comerciantes en Pequeño del Errado de Tacubaya, Sindicato de Médicos Homeópatas, Unión Sindical de Obreros y Empleados de las fábricas de Aguas Gaseosas del Distrito Federal y Sindicato de Campesinos y Vaqueros de la hacienda El Rosario. En febrero, la Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos del estado de Puebla padeció la sangría de fuertes contingentes que se separaron de ella. El 20 del mismo mes, salía la Federación de Trabajadores de El Hule, Oaxaca. Y en los meses siguientes la pérdida de numerosos organismos siguió ininterrumpida para la CROM. El «desmoronamiento» era tal, que para el 18 de diciembre de 1928, una publicación aseguraba que la gran central obrera había perdido la mitad de sus organizaciones, dato sin duda alguna exagerado, pero no tanto que no fuera un índice de lo que estaba pasando a la CROM.53

Esta caída de la CROM fue sin duda una tragedia para los dirigentes, pero también lo fue para los obreros, que perdieron el mecanismo de intermediación que tenían con el gobierno.54 Más allá de la corrupción legendaria de Morones, su figura permitía esa labor de pivote entre el movimiento obrero y los gobiernos revolucionarios

que ya hemos comentado. A la caída de la CROM seguirá un proceso de regionalización y dispersión de las organizaciones obreras. La Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal se fundó el 23 de febrero de 1929, por cinco dirigentes que después serían llamados los «cinco lobitos»: Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero.55 La inclusión de un artículo constitucional dedicado al trabajo, el 123, no había tenido en los hechos mayor repercusión, en parte por la inexistencia de una ley reglamentaria. No parece ser coincidencia el que la Ley Federal del Trabajo (LFT) pudiera discutirse a partir de la presidencia de Portes Gil y aprobarse durante el periodo de Ortiz Rubio. Poco después de la promulgación de la Constitución, la CROM y Luis N. Morones toman el control del movimiento obrero, haciendo innecesaria la existencia de la ley. Es después del desmoronamiento que, nuevamente, se requieren reglas escritas. El primer intento de reglamentar el 123 Constitucional corre por cuenta de Portes Gil, pero no tiene éxito. Dos años después, el presidente Ortiz Rubio ordena a su secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Aarón Sáenz, un nuevo proyecto, que corre con mejor suerte. El 27 de agosto de 1931, el presidente Ortiz Rubio promulga la nueva Ley Federal del Trabajo.56 Pero precisamente la falta de una central obrera poderosa provoca un monólogo gubernamental, según lo ve Arnaldo Córdova.57 De esta manera, la ley hará norma la tradición de Morones: es el gobierno el que arbitra, es el Estado el que decide la lucha entre factores de producción (o clases, como se quiera), lo que los comunistas consideran fascista: «Al darse a conocer el proyecto de Sáenz, el PCM, lo consideró “todavía más reaccionario y fachista que el famoso Código de Portes Gil”, y poco después “algo así como la Carta del Trabajo de Mussolini”. La nueva legislación era “fachista”, de acuerdo con los comunistas, porque se fundaba en el arbitraje del Estado y en la colaboración obligatoria de las clases sociales».58 Pero la verdadera subordinación de los obreros al régimen revolucionario aún no había llegado. Porque la dominación absoluta ocurre cuando ni siquiera se percibe. Como dice Córdova,

el cardenismo hará olvidar la maniobra y consolidará la subordinación. La LFT se promulgará el 27 de agosto de 1931. Ese mismo día, el general Lázaro Cárdenas, hasta ese momento presidente del PNR, toma posesión como secretario de Gobernación del gabinete de Pascual Ortiz Rubio, puesto que ocupará un par de meses. Renunciará el 15 de octubre para regresar a la gubernatura de Michoacán. La renuncia de Cárdenas coincide con el ingreso de Plutarco Elías Calles como secretario de Guerra y Marina al gabinete de Ortiz Rubio. Pero hablaremos más de las coincidencias y la subordinación del movimiento obrero en el capítulo siguiente.

8. CÁRDENAS: LA VERDADERA REVOLUCIÓN

En

1933 regresa el problema periódico de cualquier régimen autoritario: la sucesión. A través del PNR, el reciente instrumento electoral del Estado revolucionario, se tiene que decidir al nuevo presidente, porque las elecciones del año siguiente, como las anteriores, serán de trámite. Dos candidatos luchan por la aceptación de Plutarco Elías Calles, como requisito indispensable para llegar a la presidencia: Manuel Pérez Treviño y Lázaro Cárdenas. El primero no sólo es cercano al Jefe Máximo, sino presidente del PNR. El segundo ha pasado por varios puestos de alto nivel, además de ser, con Cedillo, Amaro y Almazán, uno de los cuatro generales importantes del momento. La decisión de Calles está seriamente influida por la situación general del país. Hay varios gobernadores radicales que jalan fuerte hacia medidas más populistas. Por otro lado, aunque no hay revueltas a la vista, no cabe duda de que Cárdenas tiene muchas más posibilidades de inconformarse a través de un levantamiento de las que podría tener Pérez Treviño. Finalmente, no hay tampoco señales, en el momento de decidir, de que Cárdenas pudiera salir, como fue, respondón. Para los caricaturistas de la época, Cárdenas no es más que un segundo nopal, en referencia al apodo de Pascual Ortiz Rubio, el Nopalito. Sin embargo, para sorpresa de todos, Lázaro Cárdenas no sólo logra sacudirse la tutela del Jefe Máximo, sino que es capaz de sumar todas las dinámicas sociopolíticas y adaptarlas a una estructura en boga por esos años, el corporativismo, para dar lugar a un nuevo régimen político. Aunque Cárdenas cosecha lo

sembrado por muchos, en particular por Calles, es él quien tiene la visión y capacidad de construir una estructura política nueva, un tramado de reglas y valores que lo sobrevivirán y que marcarán el resto del siglo XX. En pocas palabras, lo que Lázaro Cárdenas logra es encarrilar la dinámica obrera, forzar la agraria y combinar ambas dentro de una estructura estatal: el partido. En este sentido, el Partido de la Revolución Mexicana es por completo diferente de su antecesor, el Nacional Revolucionario de Calles. Para lograr este resultado, Cárdenas no sólo eleva al máximo la presión nacionalista (también iniciada en tiempos sonorenses), sino que le da un momento de gloria con la nacionalización de la industria petrolera. Momento que es también de clausura, puesto que de manera simultánea se recrea el partido y, casi de inmediato, se inicia el proceso sucesorio. LA LLEGADA DE CÁRDENAS La selección de Lázaro Cárdenas como candidato presidencial del PNR contó, sin duda, con el beneplácito del Jefe Máximo. No hubiese sido posible de otra manera, pero hubiera sido muy difícil escoger a otro. Por un lado, Cárdenas era uno de los cuatro generales verdaderamente importantes de la época. Ya no había sonorenses a la mano, después de las matanzas ocurridas en cada levantamiento infructuoso durante los años veinte. Amaro, el único de los cuatro que tenía mayor trayectoria de gobierno que Cárdenas, había cometido el terrible error de enfrentar a Calles en 1932, en defensa de Ortiz Rubio. El verdadero rival de Cárdenas en el ánimo de Calles era Manuel Pérez Treviño. Éste, aunque había sido gobernador de Coahuila (1925-1929) y en un par de ocasiones secretario de Estado, se había desempeñado en los años recientes como hombre de partido. Fue presidente del PNR en tres ocasiones, la segunda de ellas precisamente en los albores de la decisión. La poca base política de Pérez Treviño debe de haber sido considerada por Calles como una prenda a favor, pues así había escogido a Ortiz Rubio cuatro años

antes. Sin embargo, también en esto Cárdenas tenía sus virtudes, puesto que para 1933 ya ni en Michoacán tenía control. El gobernador Benigno Serrato había eliminado a los cardenistas de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo. Más aún, Cárdenas se había cuidado mucho de no mostrar poder propio. Recordemos que cuando la Liga Nacional Campesina «Úrsulo Galván» se acerca a él, en diciembre de 1930, para conformar un grupo campesino en el PNR, Cárdenas los rechaza, aunque después opera a trasmano, aliado a Portes Gil y Cedillo.1 Por otro lado, Cárdenas ha sabido también mostrar toda la disciplina exigida por Calles. Después de ser presidente del PNR fue llamado al gabinete de Ortiz Rubio como secretario de Gobernación, en donde estuvo menos de dos meses intentando reconciliar al presidente con el Jefe Máximo, pero al fin se sumó a la renuncia en masa de octubre de ese año, como lo quería Calles. Precisamente esta crisis de octubre deja fuera de la jugada a Joaquín Amaro, que en ese momento luchaba por respaldar a Ortiz Rubio y quitarse de encima a Calles. La mayor habilidad de éste dejó a Amaro como director del Colegio Militar, a Cárdenas de regreso como gobernador de Michoacán, a Almazán como jefe militar en Nuevo León y a Cedillo en San Luis Potosí cuidando sus tierritas.2 Al año siguiente, al término de su periodo como gobernador de Michoacán, Cárdenas fue enviado como jefe militar a Puebla, cargo que aceptó sin discutir. En enero de 1933, sin embargo, lo llaman como secretario de Guerra del gabinete de Abelardo L. Rodríguez y con ello entra de lleno en la carrera presidencial.3 Y entonces las alianzas con los agraristas y los trabajadores empiezan a funcionar. Poco a poco van surgiendo señales de apoyo que para mayo ya son avalancha. A fines de ese mes, Abelardo Rodríguez respalda a Cárdenas en una comunicación con Calles, que éste respondió afirmativamente el 3 de junio. El 5 de junio de 1933, Cárdenas acepta su precandidatura a la presidencia.4 Sin embargo, la formalización de la candidatura ocurrirá hasta diciembre de ese año; las elecciones serán en julio del siguiente y Cárdenas llegará a la presidencia en diciembre de 1934. Esos dieciocho meses los ocupará Calles en mostrar que quien sigue

mandando es él, y no Cárdenas ni Rodríguez. Diez días después de que Cárdenas hace público su interés en la presidencia, Calles anuncia la creación de un plan para el próximo gobierno. Después de experimentar con la nueva política económica, que no tuvo mayor impacto, el Jefe Máximo decidió tener un plan sexenal, seguramente a imagen y semejanza de los planes quinquenales que la Unión Soviética aplicaba con éxito aparente: «Los autores del Plan se inspiraron en los planes soviéticos; lo vistieron con frases tomadas del socialismo ruso. Marcó, en términos muy generales, el camino a seguir e hizo una mezcla de principios liberales y antiliberales. Su punto de partida no fue, como se dijo que iba a ser, la lección de las estadísticas y la experiencia [...] Pese a todo [...] fue hasta entonces la expresión más nítida de las actitudes, las creencias y las ideas del sector político de la gente de 1915».5 La construcción de este plan refleja, a decir de Lorenzo Meyer, la lucha entre los cardenistas y sus rivales políticos: «En cuanto Calles expresó el 15 de junio de 1933 la conveniencia de elaborar [el plan] se planteó el problema de quién se iba a hacer cargo del proyecto. Los grupos cardenistas del Congreso consideraron que a ellos debía corresponderles [...] pero los dirigentes del Comité Ejecutivo del PNR no pensaron de la misma manera e insistieron en que debía ser el partido [...] quien diera forma al proyecto. Al final se impuso este último criterio y el 4 de julio se integró la comisión elaboradora del proyecto».6 Sin embargo, la realidad es que el plan resulta bastante a la medida de Cárdenas. En su elaboración, el conflicto llega a ser tan grande que Alberto Pani, secretario de Hacienda, y Narciso Bassols, de Educación, acaban enfrentados no por su labor en el gabinete de Rodríguez, sino por su participación en el Plan Sexenal. Para septiembre de 1933, los seguidores de Pérez Treviño se retiran de la comisión redactora.7 Al presentarse el plan en la convención del PNR, en diciembre, Graciano Sánchez, líder de la Confederación Campesina Mexicana, y cardenista por más señas, logra todavía modificar la redacción final, evidentemente para hacerlo aún más radical.

Así pues, el plan «no tenía un carácter técnico. Planteaba los fundamentos ideológicos de las medidas a tomar para lograr el desarrollo armónico de México tanto en el plano político como en el económico y social».8 Se trata más bien de un manifiesto: «Mientras exista un partido revolucionario que garantice al pueblo el ejercicio del gobierno, la Revolución se realizará en la forma pacífica y creadora de la acción política. Cuando no exista ese Partido, la Revolución volverá a manifestarse, por medio de la violencia, en la guerra civil».9 El manifiesto de la Revolución desde el gobierno, la Revolución cardenista. Para terminar con el plan y dejar bien claro su carácter, una amplia cita de Arnaldo Córdova que resulta por demás pertinente: El Plan Sexenal no era un verdadero programa de gobierno, y esto se reconoció más de una vez por los propios gobernantes, sino un programa reivindicativo de la Constitución de 1917, un programa ideológico. En ningún otro documento como en éste se ha afirmado con tanta energía la doctrina del intervencionismo estatal en la economía y, en general, en la regulación de la vida de la sociedad. Pero lo más importante era, sin duda, la política de masas que en el Plan Sexenal se preconizaba [...] Éste era el principio general de la nueva política; el verdadero propósito era convertir a las masas trabajadoras en el elemento nuclear de la misma, haciendo de ellas una fuerza activa al servicio de la Revolución, de la mejor manera que esa nueva política postulaba, organizándolas, por algo que las tocaba íntimamente: sus demandas.10

La campaña de Cárdenas es bien conocida tanto por su extensión como porque en ella el general mostró su famosa capacidad de escuchar. También hay que recordar que las campañas no eran cosa común en ese entonces. Algo hizo Madero en 1910, y luego Obregón en su reelección, pero fuera de ellas prácticamente no hay más, de manera que el amplio recorrido de Cárdenas resultó inusual, y por ello más atractivo. Más importante que la campaña es lo que ocurre entre 1933 y 1934 con la movilización social, que después será tan útil a Cárdenas. Como hemos visto, el 1 de enero de 1933 el general es

convocado al gabinete de Rodríguez como secretario de Guerra y Marina. Las coincidencias son sorprendentes. Durante el tiempo en que Cárdenas toma el control del país como secretario de Guerra, el movimiento obrero se reactiva. En marzo de 1933, Lombardo crea una nueva central, la «CROM depurada» que tres meses después inicia negociaciones con otras organizaciones y, en octubre, se convierte en la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM, con Vicente Lombardo Toledano como secretario general.11 Lombardo Toledano, dirigente magisterial, es una figura que no puede separarse de la CROM: «En 1920 funda la Liga de Profesores del Distrito Federal. Al año siguiente, asiste a la Tercera Convención de la CROM, ya como miembro de esta central. En los primeros años de la década, funge como dirigente del Partido Laborista, oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, gobernador del estado de Puebla durante algunos meses, diputado al Congreso de la Unión, etcétera. En 1923 es elegido secretario de Educación de la CROM y, por lo tanto, miembro del comité central de esta organización».12 Debido a las características del movimiento obrero, esa posición «gobiernista» le permite a Lombardo recoger las migajas del desmoronamiento: «Ya para septiembre de 1932 una buena parte de las principales organizaciones de la CROM seguía a Lombardo [...] [éstas] convocaron, de esta manera, a una Convención “extraordinaria” [...] [de la que] surgió la CROM “depurada”, la “verdadera”, sin Morones y su pandilla, y Lombardo, oportunamente “llamado” del retiro a que se había visto confinado luego de su renuncia, fue su secretario general».13 El 10 de abril de 1933, la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, dirigida por Fidel Velázquez, junto con la CGT, abandona la Cámara del Trabajo. Pocos días después, la Confederación Nacional de Electricistas y similares hace lo mismo. En octubre toca su turno a la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, con lo que la Cámara prácticamente deja de existir. En esos mismos días ocurre un acontecimiento que Córdova califica como «de la mayor importancia». Se trata de la unificación de los ferrocarrileros en un sindicato único de industria: «El evento tuvo

lugar durante la realización del IV Congreso Ferrocarrilero, a partir del primero de septiembre de 1932 y que se prolongó por varios meses [...] El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana quedó constituido el 13 de enero de 1933».14 Esta nueva corriente del movimiento obrero convoca a un nuevo congreso nacional, cuyo comité organizador se constituye el 28 de junio de 1933. A este comité se adhirieron «la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del estado de Puebla, la Federación de Campesinos del Distrito Federal, la Federación Sindical del Estado de Querétaro, la Liga Nacional Campesina “Úrsulo Galván”, la Federación Local de Trabajadores de la CROM “depurada”, la CGT, la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal y la Confederación Nacional de Electricistas y Similares de la República Mexicana».15 El congreso se realizará en octubre de 1933 y dará lugar a la creación de una nueva central obrera, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM. Siguen las coincidencias: apenas un mes después de la creación de la CGOCM, Lázaro Cárdenas obtiene la candidatura del PNR a la presidencia de la República.16 En qué medida hay una alianza entre Lázaro Cárdenas y el movimiento obrero entre 1933 y 1935 no es fácil de discernir. Lombardo insistía en que «Cárdenas había triunfado precisamente gracias al apoyo de las organizaciones sindicales y campesinas».17 Pero Hans Werner Tobler no lo cree así: «El hecho de que el movimiento obrero se convertiría en uno de los pilares más importantes de su régimen no era previsible en absoluto cuando Cárdenas asumió el cargo».18 Córdova dice al respecto: «Pero ésta fue una alianza que jamás cobró la forma de un pacto escrito en el que se estipulara con exactitud las obligaciones y los derechos de los aliados y, sobre todo, el alcance mismo que la alianza tendría en el porvenir».19 Mientras eso ocurre con los obreros, los campesinos o, mejor dicho, los agraristas, también están en ascenso. Para mediados de los años treinta, la revolución agraria, que no había existido veinte años antes, ya estaba por todas partes. Las muchas acciones de los

gobernadores radicales y las pocas del gobierno federal habían creado en millones de campesinos la expectativa de hacerse de tierras. Así, dice Gutelman que «el primer cuidado del PNR era el de devolver la paz al agro. Para ello no había más remedio que distribuir tierras a los campesinos pobres. El candidato del partido debía comprometerse a obrar en ese sentido en cuanto saliera electo».20 Y eso hizo Cárdenas, como es sabido. Páginas más arriba, cuando hablamos de la conformación del movimiento agrario, notábamos que Cárdenas había tenido el buen cuidado de no comprometerse con el campesinado sino hasta después de asegurar su candidatura. Cuando, a fines de 1930, los dirigentes de la Liga «Úrsulo Galván», la más importante del país, buscan el apoyo del general para evitar una ruptura en la organización, Cárdenas se hace el desentendido. Poco después, las fuerzas cardenistas se hacen del control de la Liga, que para mayo de 1933 hace público su apoyo al general; luego, con el apoyo de Cedillo y Portes Gil, crean la Confederación Campesina Mexicana, que recibirá recursos desde la presidencia de Cárdenas para convertirse en el eje alrededor del cual se construirá la Confederación Nacional Campesina. El sexenio de Lázaro Cárdenas se inicia de manera muy tormentosa. Durante el mes de diciembre, los conflictos entre comecuras y la Iglesia crecen a niveles no vistos desde la Cristiada. En la última semana de 1934, los camisas rojas de Garrido Canabal protagonizan un par de enfrentamientos en Coyoacán que resultarán en varios muertos. El 26 de diciembre, en La Conchita, los garridistas intentan incendiar la iglesia, aunque son detenidos y multados. Sin embargo, el día 30, en la plaza central del pueblo, la trifulca entre camisas rojas y católicos deja muertos a una docena de éstos, y linchado a un garridista. El día primero fueron enterrados, por un lado los mártires de Coyoacán y por otro el linchado, que recibió una corona presidencial. No sólo esto, sino que Cárdenas declaró ese mismo primero de enero que el país debía sustraerse de la ciega opresión clerical.21 Pero ya en 1935 el conflicto más relevante ocurre entre trabajadores y empresarios. Para tener una idea del nivel de este

enfrentamiento, nadie mejor que don Luis González y González: La [huelga] más sonada se inició el 4 de febrero del 35 porque exigió a la empresa pagos por horas extraordinarias de trabajos hechos entre 1906 y 1933. En seguida vino la huelga general en la Angelópolis. Luego la de los choferes en la capital. Acto seguido la holganza en Veracruz. El 7 de marzo deciden no trabajar los trabajadores del ferrocarril. Casi simultáneamente acuerdan lo mismo los conductores de tranvías de la ciudad de México. En abril de 1935 una huelga general en el estado de Puebla por conflicto entre grupos laborales fue secundada por electricistas y petroleros de Tampico [...] En la primera mitad de 1935 estallaron más de dos huelgas por día. Lo acostumbrado era el estallido de una huelga por mes, de once a quince por año.22

Si la reactivación del movimiento obrero, en su interior, coincide con el ascenso de Cárdenas y su candidatura, su campaña y llegada a la presidencia son simultáneas a una explosión de huelgas: «En 1934 tienen lugar 202 huelgas, en comparación con las 13 realizadas el año anterior. Cárdenas toma posesión en diciembre de 1934. Para 1935, las huelgas suman 642, en un gran movimiento pro aumento de salarios [...] Los patrones y los sectores más reaccionarios de la burocracia política no tardan en expresar su preocupación por la gran flexibilidad de Cárdenas con los trabajadores. Le exigen que los reprima, pero él se niega».23 De acuerdo con los datos de Basurto,24 que complementan los recién mencionados, el clímax ocurre en 1936, con 674 huelgas, pero en 1935 es mayor el número de trabajadores en paro, poco más de 149 mil, de un total de 284 mil obreros en el país: un sorprendente 52.5% de los obreros estuvo en huelga en algún momento del año. Nuevamente, las coincidencias sorprenden, los movimientos de huelga crecen continuamente y alcanzan su cenit cuando Cárdenas enfrenta al Jefe Máximo. Cuando éste es definitivamente expulsado del país, el movimiento obrero empieza a calmarse, como es evidente en la figura 8.1.

  El incremento en las huelgas se convierte en el punto de choque con Calles.25 Durante esa primera mitad del año, el Jefe Máximo de la Revolución no había estado en el país. El 28 de diciembre de 1934 partió a Los Ángeles a atenderse de sus males en el hospital San Vicente, dejando claro que el gobierno quedaba en manos de un revolucionario limpio. Calles regresó al país que ahora estaba plagado de conflictos obreros y el 11 de junio mantuvo una reunión con seis senadores en su finca de Cuernavaca, en donde criticó duramente la situación que vivía el país, culpando de ello sobre todo a los líderes obreros. Lo comentado en la reunión fue escrito como entrevista por uno de los senadores, Ezequiel Padilla, y apareció al día siguiente en los periódicos de mayor circulación: Excélsior y El Universal. El Nacional no la publicó por órdenes de Cárdenas. Entre críticas muy duras, Calles sostenía que estaba «ocurriendo exactamente lo que sucedió en el periodo de Ortiz Rubio. Un grupo se dice ortizrrubista y otro callista».26 Al día siguiente llovieron los beneplácitos al Jefe Máximo. Dice don Luis González que «ni el día de su debut presidencial había recibido tantos telegramas de felicitaciones».

En los días siguientes, Cárdenas respondió a Calles. El 14 de junio solicitó al gabinete sus renuncias, pero dio sin embargo libertad a quien quisiera de consultar con Calles al respecto. Ese mismo día, El Universal publicó una entrevista con Cárdenas en la que éste culpaba a «elementos del mismo grupo revolucionario (dolidos, seguramente, porque no obtuvieron las posiciones que deseaban en el nuevo gobierno)» de dedicarse con saña a poner obstáculos a su administración. Por si fuese poco, envió representantes personales a los gobernadores y jefes de zona militar, para verificar la lealtad de éstos.27 Con la renuncia del gabinete, Cárdenas afianza los tres puestos más importantes en el ejército: secretario, subsecretario e inspector general del ejército. Ejército que es apenas la mitad de lo que era en tiempos de Obregón.28 Pero el control militar del país lo había empezado a tomar Cárdenas desde antes. De diciembre de 1934 a junio de 1935 se cambiaron 15 jefes de operaciones en los estados y se centralizó la compra del material militar, con lo que desapareció una posible fuente de financiamiento para jefes rebeldes.29 El 16 de junio, Calles anunció su retiro definitivo de la política y, lamentando que sus declaraciones «de buena fe» hubiesen tenido una «interpretación torcida», tomó un avión el día 19 rumbo a Mazatlán. Como por encanto, el callismo se derrumbó y la clase política que había felicitado al Jefe Máximo por sus declaraciones, que había buscado un voto de agradecimiento para él en el Congreso, que había peregrinado a Cuernavaca a rendirle respetos, ahora se transformaba en cardenista de hueso colorado. Lo más interesante de este affaire es que tres días antes de que Calles despotricara contra el movimiento obrero, se había reunido a comer con Cárdenas y éste había comentado que haría una declaración para frenar la actitud de los obreros, a lo que Calles respondió: «Señor Presidente: durante su campaña electoral la bandera que enarboló fue obrerista y no conviene que haga usted esas declaraciones. Permita usted que yo las haga haciendo un llamado a todos para cancelar la agitación y la división en el Congreso».30 Lo dejó hacer, para luego aplastarlo. Algo había aprendido Cárdenas del Jefe Máximo, sin duda.

El enfrentamiento entre los dos hombres fuertes del país, con el movimiento obrero como excusa, lleva a una escaramuza entre Cárdenas y los empresarios regiomontanos que también se convertirá en parte del imaginario de la Revolución. En febrero de 1936, los obreros de la vidriera de Monterrey emplazan a huelga, que es declarada inexistente por la junta de conciliación. Los patrones organizan una protesta secundada por todos los establecimientos comerciales de la ciudad, que el 6 de febrero cerraron sus puertas e izaron la bandera nacional. Al día siguiente, Cárdenas llega a Monterrey y rechaza la huelga patronal. El 9 preside una manifestación de la CGOCM y el 11 hace pública su postura en el documento conocido como los Catorce puntos, en donde no sólo defiende los movimientos laborales, sino que advierte a los patrones: «Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso sería patriótico: el paro no».31 De acuerdo con Trejo Delarbre, este enfrentamiento del gobierno con los empresarios impulsó al movimiento obrero a cerrar filas. Precisamente, el segundo congreso de la CGOCM se celebra en febrero de 1936, y en él la confederación se disuelve para dar origen a una nueva central, que nacería el 24 de febrero: la Confederación de Trabajadores de México, CTM. La conformación de la dirigencia de esta confederación es del mayor interés, puesto que si bien Lombardo no tenía rival para la secretaría general, al momento de designarse el secretario de Organización y Propaganda, se suscitó un conflicto que estuvo a punto de arruinar la armonía que había distinguido el nacimiento de la nueva gran central. El comunista Miguel Ángel Velasco fue propuesto por la CSUM para ese cargo, con el apoyo de la mayor parte de las organizaciones que habían pertenecido al CNDP. Sin embargo, la CGOCM se empeñó en sostener la candidatura de Fidel Velázquez. La votación tuvo que posponerse hasta que, en un esfuerzo unitario, la candidatura de Velasco fue retirada ante la posibilidad de que la CGOCM regateara su apoyo a la nueva central. De esta manera, Fidel Velázquez fue encumbrado a uno de los principales cargos de la CTM. A Miguel Ángel Velasco le tocó la secretaría de Educación.32

  El movimiento obrero queda entonces uncido al carro del gobierno, puesto que los sindicatos, dentro de la CTM, no lograban superar sus diferencias y tensiones tradicionales, «permaneciendo así débiles en su posición frente al gobierno, sin embargo fue decisivo el hecho de que también el régimen cardenista cuidara siempre de conservar el predominio del Estado en las relaciones con el movimiento obrero». De hecho, a la CTM no se le concede ni el monopolio de la representación sindical ni la posibilidad de organizar al proletariado campesino, que habría de esperar una nueva dirección.33 Así, cuando el Jefe Máximo regresa al país su posición es mucho más débil. No sólo por la mayor organización de los trabajadores y su subordinación a Cárdenas, sino también porque éste destruye al callismo en ausencia de su líder. Entre 1935 y 1936 fueron relevados 14 gobernadores por desaparición de poderes, anulación de elecciones o licencia. Entre ellos, los de Coahuila (el estado de Manuel Pérez Treviño), Nuevo León (en donde el candidato era Plutarco hijo), y Guanajuato (el centro de poder de Melchor Ortega, el militar más cercano a Calles en ese momento). Y justo en el contexto del conflicto patronal en Monterrey, el 8 de febrero, indulta a todos los procesados políticos, es decir, a todos los expulsados y encerrados por el Maximato.34 El 6 de abril de 1936 hay un atentado dinamitero al tren correo a Veracruz cuya responsabilidad se

atribuye al grupo de Calles. Cuatro días después, Calles, Morones, Luis León y Melchor Ortega son expulsados del país.35 LA REFORMA AGRARIA Una vez que pudo deshacerse de Calles, Cárdenas aceleró la Reforma Agraria; dice Tobler que no sólo en cantidad, sino en calidad, puesto que se empezaron a repartir haciendas orientadas a la agricultura comercial.36 Sin embargo, estas haciendas no fueron parceladas, sino que se inició la creación de ejidos colectivos, cooperativas de producción agrícola que, en parte, resultaban de «la preferencia personal de Cárdenas de una autogestión de los trabajadores, ya fuera en el sector industrial o agrícola».37 Clark Reynolds considera que estas expropiaciones pudieron realizarse debido a la precaria situación de dichas haciendas, después de la depresión económica. Aunque, más recientemente, Haber, Razo y Maurer tienen una opinión más crítica al respecto: «En la segunda mitad de los treinta, México atravesó una dramática reforma agraria que tuvo consecuencias fuertemente negativas para la productividad agrícola en el largo plazo. Los repartos de tierra bajo el presidente Lázaro Cárdenas se dirigieron precisamente a aquellas regiones que producían ingresos por exportación, particularmente la región algodonera de La Laguna y la península de Yucatán».38 Además de la personalidad de Cárdenas y la situación económica, un tercer elemento que favorece estas expropiaciones es el marco legal, que en los años previos había abierto la posibilidad de efectuarlas. Hasta 1931, la Ley de Amparo permitía a los hacendados actuar jurídicamente para anular decisiones oficiales, y tuvo un éxito tal que para 1930 se acusaba a la Suprema Corte de Justicia de estar saboteando la reforma agraria.39 En 1934, en cambio, una vez publicado el Código Agrario, Cárdenas tuvo mucha más libertad de maniobra, de manera que fue capaz de convertir a los ejidatarios y los numerosos solicitantes de tierra ejidal en la base de su legitimación política. Éste fue el principal motivo, con excepción de una serie de impulsos como los movimientos nacionalistas e

indigenistas de los años treinta, para que lograra corresponder en gran medida a los deseos de los agraristas en cuanto a los repartos de tierra. Esta realización parcial del mito agrario revolucionario —la idea de resolver todos los problemas de México mediante la destrucción de la hacienda, una reforma agraria en beneficio de los campesinos y una «indigenización» de la sociedad — condujo a su institucionalización, que ha perdurado hasta la actualidad.40

Pero la aceleración de la reforma agraria parte de la Ley de Expropiación de 1936, que coincide con la creación de la Confederación Nacional Campesina, que podía ejercer mayor presión política, «tanto más cuanto que el gobierno no vacilara en formar una defensa rural bien armada de 60 mil hombres tomados de las filas campesinas para defender los logros de la reforma agraria».41 El primer ejido colectivo se crea en La Laguna; le seguirían «las fértiles tierras del valle del Yaqui en Sonora, las zonas arroceras de la parte sur de Michoacán, en Sinaloa y también, de manera algo diferente, en las plantaciones de henequén en Yucatán».42 En el esfuerzo de lograr que estos ejidos fuesen exitosos, hay también un incremento en la dotación de créditos, aprovechando la creación del Banco de Crédito Ejidal en 1935. Sin embargo, Tobler percibe que «el fuerte aumento del volumen del crédito ejidal en estos años se debió principalmente a la creación de un nuevo tipo de ejido, el ejido colectivo».43 De hecho, lo más relevante de la Reforma Agraria es, precisamente, la capacidad de movilización, primero, y desmovilización después que le permitió a Cárdenas. No debe quedar duda de que gracias a estas promesas de repartir tierra el presidente logra construir una base política muy significativa. La movilización que la Reforma Agraria permite es una base de poder político insuperable. Cárdenas reparte casi 19 millones de hectáreas, 10% del territorio nacional, más de dos veces y media lo que se había repartido en todos los gobiernos previos. De 1916 a 1934 se repartieron, en promedio, poco más de 400 mil hectáreas por año. En el gobierno de Cárdenas, en el año en que menos reparto hubo, 1935, se superó fácilmente el millón de hectáreas. El

clímax ocurre en 1937, con algo más de cinco millones de hectáreas (figura 8.3).

  Es, entonces, un asunto esencialmente político, y no necesariamente económico. Al respecto, Nickel sostiene que el ejido «tuvo gran éxito social y sobre todo político, pero definitivamente no económico. Éste puede atribuírseles más bien a los ranchos altamente productivos que se han conservado como restos o partes de antiguas haciendas, que se crearon con base en la acumulación de minifundios particulares e (ilícitamente) parcelas ejidales o en el curso de las inversiones realizadas a partir de Calles en instalaciones de regadío e infraestructura al norte de México».44 Tutino lo ve de forma similar: «Pero la reforma de Cárdenas fue una reforma de compromiso. Quería socavar a la elite terrateniente, pero no quería debilitar el poder del naciente Estado mexicano. Tampoco quería renunciar a la meta de acelerar el desarrollo comercial. La victoria de los pobres del agro bajo Cárdenas no fue sino un triunfo parcial [...] En la siguiente generación, la tierra repartida en los años 1930 ya no bastaría para el sustento de familias que se agrandaban [...] Las metas de autonomía y

seguridad, por las que tantos hombres combatieron, se han alejado más en los últimos años».45 Desde una perspectiva marxista, Gutelman percibe en la Reforma Agraria un intento de desmantelar «fuerzas feudales» que frenaban el desarrollo del capitalismo, de manera que Cárdenas «consideraba la reforma agraria un instrumento indispensable para llevar a buen fin tal proyecto, cualesquiera que fueran las formas de apropiación de la tierra que de ahí resultaran. Esto se advierte claramente cuando uno examina con atención sus ideas acerca del ejido y la pequeña propiedad privada».46 Y Hans Werner Tobler afirma: Por último, la Reforma Agraria tuvo consecuencias políticas directas, por la organización de los campesinos en asociaciones fieles al gobierno, que se llevó a cabo en forma paralela al reparto de tierras. Mucho más marcadamente que en el caso de la simultánea sindicalización de los obreros, aquí los impulsos para la organización partieron «desde arriba», es decir, del gobierno. De acuerdo con un informe del Departamento Agrario, la «unificación campesina» fue iniciada de este modo en 1935-1936, con la ayuda de empleados de gobierno [...] También la investigación de Buvé sobre la historia agraria en Tlaxcala durante los años treinta muestra claramente que las nuevas iniciativas de movilización campesina bajo Cárdenas sólo en parte provinieron «de abajo», y en alto grado de los políticos locales que veían en la Reforma Agraria oportunidades prometedoras para sus carreras políticas.47

El mismo Tobler insiste en que la integración de los campesinos en el PRM tiene resultados ambivalentes para ellos: ganan presencia política, pero al costo de quedar bajo el control estatal.48 O, en palabras de Tutino, los campesinos en México «habían combatido por tierra y libertad, y les dieron tierra y el Estado. Con el pretexto de que era preciso proteger a los que recibían tierras ejidales, el Estado de Cárdenas conservó sobre ellos un poder sin precedentes».49 Esta victoria parcial de los campesinos ocurre junto con «una victoria igualmente parcial para unas elites que tenían la visión de un México más nacionalista pero completamente capitalista».50

JUNTO A LOS DIOSES A pesar de que fechamos la Revolución en 1910, el régimen que surge de ésta se inicia hasta 1938. En ese año, Cárdenas culmina el proceso de organización social y construcción política y aprovecha para fijar una fecha climática: el 18 de marzo con la nacionalización de la industria petrolera. Casi de inmediato, Cárdenas se concentra en consolidar los logros y decide cuidar la sucesión. Termina, de golpe, un proceso que parecía llevar al totalitarismo, para dar como resultado un régimen autoritario muy especial. Es muy útil ver el comportamiento de los movimientos sociales en el tiempo. La movilización obrera, que de tanta utilidad resultó para acabar con Calles, llega a su máximo entre 1935 y 1936, cuando prácticamente la mitad de los obreros participa en movimientos de huelga, mientras que la Reforma Agraria alcanza su tope en 1937, con el reparto de cinco millones de hectáreas, que se irán reduciendo paulatinamente. En la figura 8.4 se puede ver una medida de la conflictividad social en comparación con el gobierno de Abelardo Rodríguez. Resulta varias veces mayor en el sexenio de Cárdenas, como es evidente. Las huelgas, desde el inicio, son seis veces más numerosas y, aunque se reducen hacia 1938, siguen triplicando el número de conflictos similares en el sexenio de Rodríguez. La distribución de tierra en un inicio duplicó lo que se repartía antes de Cárdenas, pero llegó a ser seis veces mayor en 1937.

  En 1938, el movimiento obrero está ya bajo control de la CTM y el reparto agrario inicia su descenso, cuando los agraristas se agrupan bajo la bandera de la Confederación Nacional Campesina, CNC. Por si fuese poco, desde 1936 se corporativiza también a los empresarios mediante la Ley de Cámaras de Comercio e Industria que obliga a las empresas a afiliarse a la Concamin o la Concanaco, dependiendo de su giro.51 Ya está todo mundo encarrilado. Pero falta el acto supremo, el que elevará a Lázaro Cárdenas a la categoría mítica en vida, con escasos 43 años de edad: la nacionalización de la industria petrolera. Como es sabido, la propiedad del petróleo había pasado a manos del Estado (la Nación, en realidad) desde la Constitución de 1917, pero la industria que lo extraía era de capital extranjero. Las dos empresas que iniciaron la extracción de petróleo en México fueron El Águila, fundada por Weetman Pearson y luego vendida a la Royal Shell (británica), y la Mexicana, fundada en 1900 por Edward Doheny (quien también fundó en 1906 la Huasteca). Estas dos fueron vendidas a la Standard Oil, con lo que la competencia entre Shell y Standard Oil

ocurrió en México de forma similar a como pasaba en el resto del mundo.52 Como sucedió con toda la industria de extracción, a los petroleros no les gustó la idea de que México se declarase dueño de los recursos del subsuelo, por lo que exigieron que el artículo 27 no se aplicase de manera retroactiva y se respetaran las concesiones previas. Hubo dos arreglos temporales: el primero, alrededor de los Tratados de Bucareli, y el segundo, entre el embajador Morrow y Plutarco Elías Calles.53 Sin embargo, en el gobierno de Cárdenas las cosas se descompusieron nuevamente. En principio, el Plan Sexenal sonaba preocupante para los industriales petroleros, pero la Ley de Expropiación de 1936 era francamente amenazadora. El problema, sin embargo, vino por el lado obrero. Al igual que ocurrió con otros sindicatos, el petrolero logró conformarse como sindicato de industria en 1935 y se sumó a la CTM en 1936. Hasta antes de eso, los trabajadores petroleros no habían contado con el apoyo gubernamental, puesto que jamás tuvieron buena relación con la CROM y Morones. Pero en la nueva conformación sindical, las cosas cambiaron. El 20 de julio de 1936 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, se reunió en asamblea para crear su primer contrato colectivo de trabajo. Aunque al principio las empresas no lo vieron con malos ojos, las cláusulas del contrato les parecieron excesivas, puesto que, en sus cuentas, la carga laboral ascendía a 65 millones de pesos. El conflicto fue largo. Para mediados de 1937, las empresas pusieron como límite a las peticiones obreras el monto de 14 millones de pesos, que la CTM estuvo a punto de aceptar pero finalmente rechazó. Para impedir que la huelga causara serias complicaciones económicas, la CTM pidió que se considerara el caso como un «conflicto económico», lo que fue aceptado por la Junta de Conciliación y se creó una comisión que analizaría la situación. Esta comisión establecía que las compañías estaban en posibilidad de pagar 26 millones de pesos, lo que Cárdenas validó. Las empresas no aceptaban el reporte de la comisión, aunque habían incrementado ya su oferta a la CTM hasta 20 millones de pesos.54

El 18 de diciembre de 1937, la Junta de Conciliación emitió su fallo, en el que ordenaba a las compañías petroleras pagar poco más de 26 millones de pesos. Las empresas no aceptaron el fallo y solicitaron un amparo el 29 de diciembre. Los primeros meses de 1938 fueron bastante difíciles, puesto que ya había presiones muy serias sobre las reservas internacionales del Banco de México, y las empresas petroleras aprovecharon la situación para sacar sus depósitos del país, lo que colocó el tipo de cambio en una situación muy precaria. Cárdenas respondió incrementando aranceles, para reducir las importaciones.55 El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte rechazó amparar a las empresas y reiteró que deberían pagar 26 millones de pesos. La Junta de Conciliación puso como fecha límite para el cumplimiento de esa obligación el 7 de marzo. El día 8 se otorgó una suspensión judicial hasta el 12. Pero ese mismo día, las empresas comunicaron al embajador estadounidense Josephus Daniels que preferían perder sus intereses en México que aceptar las demandas del gobierno.56 También el 8 de marzo, Cárdenas mantuvo una reunión con los representantes de las empresas y, posteriormente, con su gabinete. Ante la disparidad de criterios entre sus colaboradores, Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria si las circunstancias así lo requerían.57 Dos días después le pidió a Francisco Múgica que preparara un proyecto de manifiesto a la Nación en ese sentido. El 15 de marzo, la Junta de Conciliación notificó a las empresas que debían cumplir sus obligaciones antes de las cinco de la tarde de ese día. Se negaron. Al día siguiente, según el embajador Daniels, las empresas habían aceptado pagar los 26 millones, pero no se ponían de acuerdo en las cláusulas administrativas. El 18, Cárdenas intentó nuevamente negociar con las empresas, pero una vez más no se pudo llegar a un acuerdo en materia administrativa. A las diez de la noche de ese día, Lázaro Cárdenas anunciaba por radio a toda la nación que se procedía a expropiar a la industria petrolera.58 En ese mismo discurso Cárdenas devaluó el peso, aunque nadie parece haberse dado cuenta: «El 18 de marzo de 1938, al anunciar

la expropiación petrolera, el presidente Cárdenas mencionó en la parte final de su mensaje que el Banco de México se había retirado del mercado cambiario para permitir la flotación del peso. De hecho, el retiro del Banco de México había ocurrido unos días antes del anuncio de la expropiación».59 Tal vez sea el único caso de una devaluación que la población no notó, tan importante era el anuncio de la nacionalización de una industria en contra de los intereses extranjeros. LA SOLUCIÓN CARDENISTA Unos días después de la nacionalización de la industria petrolera el PNR se transforma en un nuevo partido, el de la Revolución Mexicana, con una estructura totalmente diferente que, en mi opinión, es lo que dará al régimen político mexicano su especificidad y su éxito por las siguientes cinco décadas. Lázaro Cárdenas construye en tres escasos años un régimen político nuevo, parecido a los que están surgiendo en esas épocas en otras partes del mundo, con diferencias que harán al mexicano muy superior a los otros, al menos en términos de longevidad. A partir de abril de 1938 se acaba la movilización, se reduce el reparto agrario, se van serenando los ánimos y se encarrila a Manuel Ávila Camacho hacia la candidatura presidencial. Para ello es necesario acabar con uno de los cuatro generales importantes, Saturnino Cedillo, que se levanta en armas en esos días pero es fácilmente derrotado y muerto en combate en julio.60 El último de los cuatro generales, Juan Andrew Almazán, es quien decide enfrentar a Cárdenas, pero apenas logra sumar votos frente a los procedimientos del régimen, que incluyen desde el robo de urnas hasta el uso de ametralladoras.61 Por si alguien tuviese dudas de lo que Lázaro Cárdenas entendía por democracia. El berrinche de Almazán no es muy significativo, y ni éste ni la fundación de un partido político de oposición en 1939, más bien testimonial, hacen mella en la nueva construcción política. Ya

prácticamente no habrá nadie que se enfrente al Estado revolucionario desde entonces. La solución construida por Cárdenas responde a los mismos problemas que había enfrentado Porfirio Díaz y que analizamos en capítulos previos. Nuevamente utilizo un esquema para analizarlo (figura 8.5). Como en los años ochenta del siglo XIX, en la década de 1920 se buscó recuperar el crédito nacional, reestablecer el sistema financiero y lograr alguna estabilidad sobre la cual pudiera construirse una política económica en la década siguiente. Así, a partir de 1890 en el Porfiriato, y de mediados de los veinte bajo los sonorenses, se toman decisiones en materia de inversión y producción. No debe sorprender que las decisiones hayan sido similares: usar los aranceles para fomentar la creación de industria nacional, sobre todo en productos de consumo final, lo que hacia mediados del siglo XX se llamará industrialización por sustitución de importaciones. En ambos momentos, este tránsito hacia una economía industrial, monetaria o capitalista, como gustemos llamarla, generó tensiones en el campo, que se rezagaba, y entre los obreros, que buscaban mejores condiciones laborales. A Díaz no le dio tiempo de resolver estos

  asuntos, pues ya estaba demasiado viejo. Los sonorenses nunca encontraron una manera de administrar estos conflictos sin depender de las veleidades de los líderes. Cárdenas, en cambio, construye una solución institucional, sin duda aprovechando lo que habían avanzado sus predecesores. La presión agraria la va conduciendo Cárdenas hacia la conformación de la Confederación Campesina Mexicana, que poco después será la CNC. La presión laboral, sin liderazgo claro después de la caída de Morones, la guía hacia la conformación de la CTM, que nunca alcanzará a controlar todo el movimiento obrero pero sí será suficientemente fuerte como para resultar determinante en él. Además, se agrupan los «sectores populares» en una organización

muy dispersa, que incluye desde trabajadores al servicio del Estado hasta pequeños comerciantes, taxistas, transportistas, etcétera.62 Con estos pilares y la estructura muy deficiente del PNR (ya modificada en 1933), Cárdenas construye un partido hegemónico, prácticamente único, subordinado a un presidente todopoderoso.63 Cárdenas destituyó a la mitad de los gobernadores durante su mandato y modificó la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia para eliminar la inamovilidad de los ministros y subordinarlos al presidente, haciendo su periodo de seis años y coincidente con el presidencial. Pero también incrementó su control sobre la política económica obligando al Banco de México a financiar los gastos excesivos del gobierno hasta 1938, y subordinando explícitamente al banco central en diciembre de 1938. Lo único que no hizo, porque ya se había hecho desde 1932, fue prohibir la reelección de los congresistas. En 1938, para decirlo pronto, el presidente de México se convierte en todopoderoso, líder de un partido prácticamente único, de carácter corporativo, que incluye como afiliados a todos los campesinos y obreros del país, que subordina a los empresarios, que tiene el control de toda la política económica nacional, del poder Legislativo y Judicial y de los gobernadores, que tiene la facultad de designar a su sucesor. Que lo tiene todo, pero sólo por seis años. Todo esto construyó Lázaro Cárdenas y tuvo además la capacidad de mantenerse como contrapeso de ese presidente todopoderoso por treinta años más, evitando las tentaciones que existieron de prolongar esos seis años de poder absoluto. Pero ya estamos hablando del régimen de la Revolución, que es el tema de la segunda parte de este libro.

  II EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN









Lázaro

Cárdenas crea un nuevo régimen político en México. Propiamente hablando, el segundo en la historia independiente del país, después del liberalismo autoritario fundado por Juárez, continuado por Díaz y renovado por Obregón y Calles. El régimen de Cárdenas utiliza, sin lugar a dudas, elementos que existen ya en el anterior, pero los modifica de una manera sustancial, tanto en el interior como en sus relaciones. Por eso es nuevo. El régimen tiene tres características fundamentales: el presidencialismo, el partido corporativo y la ideología del nacionalismo revolucionario. Y aunque estos tres elementos pueden parecer iguales o muy similares a lo que existía antes de 1935, no lo son. El sistema presidencial en México viene de 1824, pero el presidencialismo es una creación cardenista. El partido de la familia revolucionaria fue fundado por Calles en 1929, pero no tiene nada que ver con el PRM, y su sucesor el PRI. Y si bien el nacionalismo revolucionario se va construyendo desde 1921, su conversión en una ideología rectora, que moviliza o apacigua según se requiera, es también un logro de Cárdenas. El régimen de la Revolución Mexicana logró consolidarse gracias a su presencia como contrapeso, como «conciencia de la Revolución», durante los siguientes treinta años. Si hubiese que elegir a una persona que definiese la política del siglo XX en México, sería sin duda el general Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas creó un régimen autoritario que significa un retroceso frente al liberalismo autoritario previo. Su gran éxito es, a fin de cuentas, un régimen que detiene el tiempo. Así, junto con la gobernabilidad y la estabilidad política, que son sin duda logros relevantes, el país cosecha un estancamiento tanto en la economía

como en la cultura política. La paz social del siglo XX en México es la paz del páramo. En ese páramo, el régimen mantiene un discurso «revolucionario», orientado a los más pobres, a quienes, sin embargo, nunca dedica recursos ni atención. A pesar de los magníficos años de la posguerra, en los que todo el mundo occidental logró crecer y se desarrolló el Estado de bienestar, en México la desigualdad creció, lo que provocó una disminución de la pobreza a un ritmo menor que en otras partes del planeta. Pero es que el régimen necesitaba distribuir prebendas y privilegios para mantenerse funcionando porque, más allá del discurso, su eje de operación era la estructura corporativa. Cada grupo vivía en la esperanza de que «la Revolución les hiciera justicia», y esta esperanza sólo podía mantenerse con ejemplos. Hacia fines de los sesenta, los excluidos empiezan a enfrentarse con el régimen, pacífica y violentamente. Campesinos alejados de las centrales oficiales, trabajadores afiliados a sindicatos independientes, estudiantes, maestros, médicos, unos en manifestaciones, otros con las armas en la mano, ponen el régimen a prueba. Y éste reacciona con la combinación de siempre: represión y cooptación, hasta que no le alcanzan los recursos y entra en un proceso de descomposición que en 1986 se convierte en agonía. El régimen de la Revolución deja de existir el 1 de septiembre de 1997. Desde esa fecha, México no logra decidir cuál será su camino en el siglo XXI.

9. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El

inmenso poder concentrado en la figura presidencial se considera el rasgo más distintivo del régimen de la Revolución. El presidente mexicano tenía en sus manos todo el poder del Estado, fuese de manera legal o extralegal. Sin embargo, esta impresión no es totalmente acertada. Efectivamente, el presidente es una pieza clave del régimen, la piedra angular cuya función es recibir y distribuir todas las presiones de la estructura. Sin esa pieza, la estructura se derrumba, pero no tiene poder propio, sino el derivado de administrar esas presiones. El régimen de la Revolución Mexicana está formado por tres piezas, como decíamos: el presidencialismo, el partido corporativo y el nacionalismo revolucionario. Las tres se necesitan para funcionar adecuadamente. El presidencialismo mexicano no podría existir sin los instrumentos corporativos agrupados en el partido, y éstos no habrían sido eficientes sin el nacionalismo revolucionario. Quien construye estas tres piezas es Lázaro Cárdenas. El da a la institución presidencial características que anteriormente estaban compartidas con el «hombre fuerte» y renuncia además a convertirse en ello. Él crea al partido corporativo, sobre la base de la federación partidista de Calles, el PNR. Y es él también quien le da sentido al nacionalismo revolucionario organizando trabajadores, repartiendo tierras, enfrentando al imperialismo, convirtiendo su gobierno en el mural primario en el que los de Rivera, Orozco y Siqueiros se ven reflejados. Sin duda, la construcción cardenista se realiza con los materiales existentes: el caudillismo de larga data, el populismo tan socorrido

en todo tiempo, la mitología liberal de la historia patria. Y lo hace en un momento en que, en todo el mundo, el corporativismo es la construcción política alternativa frente al capitalismo salvaje y el comunismo soviético. Cárdenas entiende su tiempo, comprende la cultura nacional y tiene la habilidad política necesaria para institucionalizar su visión. Sin embargo, el régimen construido por él resulta un serio retroceso. Los mitos que conforman el nacionalismo revolucionario, el control corporativo y el presidencialismo, es decir, la institucionalización del caudillo paternalista, darán como resultado una sociedad permanentemente subordinada, dependiente del Estado, incapaz de ciudadanizarse. El régimen de la Revolución Mexicana no es un régimen autoritario cualquiera, sino uno que logra perpetuarse debido a su carácter simbólico. Es una construcción cultural que mantiene y fortalece las características premodernas de la sociedad mexicana. Por ello la modernización de México, en todo sentido, resulta tan difícil. La cultura creada por el régimen es fuertemente antidemocrática, es propicia al capitalismo monopólico y sostiene, en lo social, tentaciones machistas y discriminatorias. Para entender las dificultades que México ha enfrentado a fines del siglo XX e inicios del actual es indispensable comprender adecuadamente el impacto del régimen de la Revolución, a lo que se dedican este capítulo y el próximo. Aquí analizaremos los dos elementos, por decirlo de alguna manera, estructurales (presidencialismo y partido corporativo), mientras que en el siguiente nos dedicaremos de lleno a la construcción cultural, el nacionalismo revolucionario. EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO No cabe duda de que esta concentración unipersonal de un poder prácticamente absoluto tenía una buena base cultural en México.1 En el último imperio anterior a la llegada de los españoles, que llegó a ser hegemónico en el altiplano y parte del sur del país y que llamamos azteca, el tlatoani tenía características similares, bordadas

de divinidad. Durante la Colonia, lo mismo ocurría con el emperador: daba igual si el tlatoani vivía en Tenochtitlan y el emperador en Madrid, de cualquier forma su carácter semidivino e imperial los volvía inaccesibles a ambos. En el siglo XIX, México elige ser una república presidencial. Para todos los países latinoamericanos recién independizados, la brújula era Estados Unidos, el exitoso y nuevo país, creador de fórmulas como el federalismo y el sistema presidencial. Sin embargo, el carácter unitario del poder presidencial, simultáneamente jefe de Estado y de gobierno, en nuestras naciones se transforma rápidamente en el poder omnímodo del caudillo. Nada de extraño debería tener este fenómeno, pues se trata del resultado de sobreponer una estructura política a una cultura. La misma estructura, el poder ejecutivo unipersonal, es un presidente en la cultura moderna anglosajona y un caudillo en la cultura colonial iberoamericana. Octavio Paz insiste en las raíces árabes del caudillo latinoamericano. Durante varias décadas después de la Independencia no es posible encontrar un régimen en los países latinoamericanos. No existe una definición clara del nuevo juego político, en tanto las elites se decantan por esquemas antagónicos en cuanto a la distribución del poder entre el centro y las regiones y al origen de la legitimidad del Estado. Mientras que unos creen posible importar, también de Estados Unidos, el federalismo, otros consideran mejor mantener un orden central, en la línea de los gobiernos coloniales. En lo relativo a la legitimidad, para unos es necesario contar con un monarca y para otros la monarquía es parte del pasado que se debe rechazar; pero entre quienes rechazan el viejo orden tampoco hay consenso: para unos, la soberanía nacional debe residir en la asamblea popular, para otros se debe compartir entre ésta y el jefe del Estado.2 Nuestro tiempo de indefinición se inicia con la misma Independencia y termina con el fusilamiento de Maximiliano, poco menos de cincuenta años después. Ese periodo puede dividirse en dos partes. Desde 1821 hasta 1855, no hay en México siquiera claridad respecto de las opciones: hay federalistas y centralistas,

monárquicos y republicanos, liberales y conservadores. Y las divisiones entre ellos no son claras. En esta etapa, el caudillo mexicano es Antonio López de Santa Anna, liberal o conservador según fuese necesario.3 Después de 1855, las opciones se reducen a dos: liberales republicanos y conservadores monárquicos. El fusilamiento del monarca importado (que resultó liberal, por cierto), deja sólo una opción viva y a partir de 1867 los liberales mantendrán el poder. La Constitución de 1857 concentra el poder político en un Congreso de una sola Cámara. En los diez años siguientes, casi todos de guerra civil, Benito Juárez gobierna por decreto. Pero tras el fin de los conflictos, intenta equilibrar el poder dividiendo al Congreso con la creación de la cámara de Senadores. Los métodos que utiliza para lograrlo no son ni muy recomendables ni muy exitosos.4 Juárez se ve obligado a seguir gobernando de manera irregular, debido a la idea del Constituyente de quitarle poder al presidente. Aun con un Congreso bicameral desde 1872, gobernar resulta muy difícil, de manera que Díaz tampoco hace mucho caso de la letra de la Ley. En 1912 Emilio Rabasa sostiene que es precisamente esa falla constitucional la que da pie a la dictadura.5 La Constitución de 1917 corrige el defecto pero, a pesar de lo que Rabasa había pensado, el ánimo dictatorial no requería de excusas legales. Carranza intenta perpetuarse a través de un candidato manipulable, Obregón de plano opta por reelegirse y Calles tiene éxito en donde Carranza había perdido la vida y extiende su poder seis años más a través de tres presidentes débiles. Es decir que el poder, durante el liberalismo autoritario, no está en el presidente, sino en el caudillo, que puede ser un civil que dirija militares, como Juárez y Carranza; un militar sobresaliente, como Díaz y Obregón, o un político astuto con ropaje militar, como Calles. Pero cuando llega a ocurrir que el caudillo no sea el presidente, el poderoso es el caudillo. Lo fueron Porfirio Díaz cuando dejó la presidencia un periodo a Manuel González, Obregón cuando la cedió a Calles, y Calles como Jefe Máximo.

Esta figura que concentra el poder no se encuentra sólo en lo más alto de la pirámide: es ubicua. En lo más recóndito del territorio nacional habrá siempre un cacique, a veces investido de alguna legitimidad tradicional, a veces encumbrado por la fuerza bruta, a veces receptor de un poder derivado del patrón de la hacienda o del jefe político de la región, y en ocasiones producto de su carisma personal. La estructura de poder no tenía huecos. Cuando Lázaro Cárdenas deja la presidencia evita convertirse en caudillo, con lo que promueve la institucionalización del presidente como caudillo temporalmente limitado; «del autoritarismo derivado del carisma del caudillo revolucionario, se pasó con el tiempo al autoritarismo del cargo institucional de la Presidencia de la República».6 Esto es perfectamente claro a partir de la presidencia de Miguel Alemán porque, aunque Cárdenas se mantuvo al margen durante la gestión de Manuel Ávila Camacho e incluso actuó bajo sus órdenes como secretario de Guerra, y aunque Ávila Camacho haya moderado muchas de las directrices políticas de Cárdenas, era tan poco el tiempo transcurrido y tan especial el periodo (la Segunda Guerra Mundial) que nadie podía estar absolutamente seguro de las intenciones del divisionario de Jiquilpan. Cuando Miguel Alemán llega a la presidencia y modifica de manera significativa varias de las políticas cardenistas sin que el general reaccione como caudillo, queda claro para todos que, en México, el que manda es el presidente. Y también en ese gobierno queda claro que el presidente tiene todo el poder, pero por un tiempo limitado. Los intentos de Alemán por perpetuarse, a través de la reelección o de un presidente débil, sí provocan una reacción de Cárdenas.7 El presidencialismo mexicano se construye y consolida en la década de los cuarenta. Se suele confundir un régimen presidencial con presidencialista, como se ha dado en denominar el caso mexicano. El régimen presidencial es un caso especial de un régimen plural en el que el poder Ejecutivo es unipersonal, de manera que el presidente es, a la vez, jefe de Estado y de gobierno. Queda así separado del poder Legislativo, a diferencia de lo que sucede en los regímenes parlamentarios, en donde el jefe de gobierno emana de este poder y

el jefe de Estado es otra persona. El parlamentarismo «puro» tenía a un monarca como jefe de Estado. En el siglo XX se ha utilizado un híbrido llamado semipresidencial o semiparlamentario en donde el jefe de Estado es un presidente. En cambio, el presidencialismo no es el régimen democrático inventado en el siglo XVIII en el que se sustituye al monarca por un presidente acotado por el parlamento, sino un régimen autoritario que dio en llamar presidente al gran caudillo, temporalmente limitado. Los regímenes presidenciales no han tenido, por cierto, mucha suerte. Sus creadores, los estadounidenses, son los únicos que han podido utilizarlo con éxito durante largo tiempo. Fuera de ellos, los regímenes presidenciales han fracasado: unos se han convertido en semipresidenciales, otros han derivado fácilmente en autoritarios, sea por la acumulación excesiva del poder en el presidente, sea por su debilidad.8 En el caso de México el régimen presidencial fue, entonces, una pantalla para el ejercicio del caudillaje hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, y con él se convirtió en presidencialismo. Esta nueva forma consistía en la concentración del poder en la institución presidencial, independientemente de la persona que la ocupara. El poder del presidente de México durante el régimen de la Revolución era significativamente mayor que el que tiene un presidente en un sistema democrático normal, por razones tanto legales como extralegales. Por un lado, tanto la Constitución de 1917 como las reformas acumuladas hasta 1938 crearon una presidencia muy fuerte. En particular, es importante mencionar la reforma de 1934 del Poder Judicial, que redujo el periodo de los magistrados y lo volvió contemporáneo al presidencial, lo que redujo significativamente su independencia.9 Menos importante, pero no despreciable, fue la subordinación del Banco de México al presidente en 1938, que amplió la capacidad de maniobra de éste en la conducción de la política económica.10 Sin embargo, en adición a estas facultades legales, el presidente de México contaba con una muy amplia dotación de facultades de origen político, es decir, extralegales. En primer lugar, el presidente era también el «jefe nato» del partido.11 Y el partido mantuvo, hasta

1988, la totalidad de los senadores y gobernadores, la casi totalidad de los diputados federales y locales y más de 90% de los ayuntamientos. De 1946 a 1970, en más de 27 mil elecciones municipales, la oposición obtuvo 40 triunfos.12 Para que no quede duda, las elecciones eran controladas por el poder Ejecutivo de manera directa, de acuerdo con la ley. En segundo lugar, el presidente de México designaba a su sucesor.13 De ahí la opinión de Daniel Cosío Villegas de que el régimen mexicano era una «monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal».14 El procedimiento por el cual se elegía al candidato, sin embargo, no es claro. Para algunos, el proceso incluía el intercambio de opiniones con algunas personalidades; para otros, la elección sucedía en la más absoluta soledad. De lo que no tenemos duda es de que esta atribución formaba parte de la panoplia del presidente de México. Tampoco hay duda de que el presidente seleccionaba a los gobernadores y los removía a su antojo.15 Cárdenas mismo destituyó a 14 gobernadores como parte del proceso de eliminación del callismo.16 Carlos Salinas es el único presidente comparable en el número de gobernadores retirados: doce.17 De manera legal, el presidente de México designaba al regente de la ciudad de México, que representaba a 10% de la población del país. Visto de esta manera, el poder presidencial mexicano durante el régimen de la Revolución parece absoluto. En buena medida, así es. Carpizo veía como únicos límites al poder presidencial: «a) el tiempo, ya que su periodo dura seis años [...] b) el poder judicial federal que conserva alguna independencia [...] c) los grupos de presión, siendo difícil poder precisar hasta dónde sus presiones han sido efectivas [...] d) los de carácter internacional [...] e) la organización no controlada, como el nacimiento del “sindicalismo independiente” [...] f) la prensa».18 Aunque desde 1938 hasta mediados de los años setenta ni la prensa ni las organizaciones no controladas tuvieron mella alguna en el poder presidencial. Respecto de los grupos de poder, González Casanova enlista a los caciques locales, el ejército, el clero, los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros.19

Sin embargo este poder aparentemente inmenso resulta inexistente en condiciones de crisis, según lo percibe Rogelio Hernández Rodríguez: Algo que parece haberse perdido de vista fue que los juicios sobre el poder presidencial se elaboraron en condiciones de estabilidad política, es decir, cuando el sistema en su conjunto no fue presionado por demandas de los diversos sectores de la sociedad. En estas circunstancias, cuando todo parecía marchar bien, era fácil suponer un centro director, capaz de decidir qué hacer y cuándo [...] el presidencialismo mostró su capacidad real y sus límites sólo cuando tuvo que enfrentar cambios. Planteado así, la conclusión no necesariamente es la de un Poder Ejecutivo omnipotente sino de un presidencialismo que se había colocado a la cabeza de una extensa red de instituciones que conseguían contener el conflicto social.20

En esa misma dirección, Soledad Loaeza considera que la estabilidad de la posguerra es producto, en la esfera institucional, de cuatro instrumentos: «un nacionalismo asociado con la simbología de la Revolución Mexicana, una presidencia plebiscitaria, un partido hegemónico que pretendía incorporar una diversidad política relativa y, por último, aunque no menos importante, un aparato administrativo».21 Por su parte, Jeffrey Weldon identifica como condiciones necesarias para la existencia del presidencialismo mexicano las siguientes: «1) un sistema presidencial constitucional; 2) [un] gobierno unificado, donde el partido gobernante controla la presidencia y las dos cámaras del Congreso; 3) disciplina en el partido gobernante y 4) un presidente que es líder reconocido del partido gobernante».22 En buena medida, el texto de Weldon es una actualización del trabajo de Carpizo que se beneficia del tiempo transcurrido entre ambos. Para 1997, las elecciones ya no están bajo el control del gobierno, el Banco de México es autónomo, se ha hecho ya la reforma que recupera la independencia de la Suprema Corte y el gobierno está al borde de dejar de ser unificado. Más importante aún, en marzo de 1995 por primera vez un gobernador se resiste exitosamente a una remoción presidencial. Se trata de

Roberto Madrazo, gobernador de Tabasco.23 Las características mencionadas pueden interpretarse como las condiciones mínimas de supervivencia del presidencialismo, pero no como descripción del mismo, puesto que las atribuciones constitucionales y legales del presidente en el régimen de la Revolución no son las de cualquier «sistema presidencial constitucional» y el partido gobernante no es simplemente uno que controla ambas Cámaras, sino que ocupa prácticamente todo el espacio político. Estas perspectivas sobre el poder presidencial, sin embargo, no son contrarias. Las inmensas atribuciones del presidente que encuentra Carpizo son resultado de la ubicación de la presidencia como la piedra angular, decíamos, de un edificio político que confluye en él.24 Se trata de un edificio que, visto desde una perspectiva de ciencia política, tiene el perfil que Weldon nos propone, pero visto desde la historia, se parece más al panorama planteado por Soledad Loaeza. Así pues, para entender adecuadamente el funcionamiento del régimen no basta con analizar el poder presidencial, sino que es necesario comprender la estructura política en que se desarrolla. Es evidente que, más allá de las atribuciones legales, son las atribuciones políticas las que dan al presidencialismo mexicano su carácter absoluto. Y éstas resultan del papel del presidente como jefe del partido y de la posición de éste como espacio prácticamente único para el ejercicio de la política en México. EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN Se acostumbra fechar el origen del PRI en 1929, cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, ésta es una idea errónea. Lázaro Cárdenas lleva a cabo una reforma en el PNR pocos días después de nacionalizar la industria petrolera, en 1938. El cambio promovido por Cárdenas no es una cuestión cosmética o una reforma estructural simple, como la que ocurrió en 1946 con el cambio del PRM al PRI. El Partido de la Revolución Mexicana creado por Cárdenas es totalmente diferente de su predecesor, y esas

diferencias son fundamentales para el funcionamiento del régimen de la Revolución. El PNR fue creado por Calles para facilitar la negociación con los múltiples grupos políticos del país. Sin embargo, durante los primeros cuatro años del Maximato, el partido actúa dividido, con un bloque callista y otro más proclive al presidente. Es precisamente la lucha entre los bloques lo que debilita a Ortiz Rubio lo suficiente para que éste decida renunciar a la presidencia. Todavía con la nominación de Cárdenas, el PNR se mantiene dividido. Es decir, el partido es un instrumento de Calles, no una institución del régimen; es más una colección de grupos con fuertes liderazgos locales (caciques) que una organización política moderna. Aunque suene extraño, se trata de un partido de cuadros, en donde los cuadros son los que tienen a las masas. El PRM es creado por Cárdenas sumando a la estructura territorial del PNR la estructura sectorial que el general había construido como arma política. De esta manera, el partido tiene una doble correa de transmisión entre el presidente y las bases. Además, gracias a esta incorporación de los sectores el partido se convierte verdaderamente en uno de masas. Ahora el presidente puede garantizar la disciplina partidista, porque a partir de ese momento aparece una doble estructura de poder en todo el país. En cada espacio hay, además del presidente municipal, un líder campesino u obrero o un miembro del sector popular. Existe entonces un contrapeso al poder a través de todo el territorio, aunque todos los contrapesos acaben en la misma persona: el presidente. Esto significa que, en cada punto del país, el partido tiene dos estructuras diferentes que pueden neutralizarse entre sí. Precisamente de eso se trata: de neutralizar el poder local para eliminarlo. Recordemos que, en un país de la extensión del nuestro, uno de los problemas más serios para el Estado es concentrar el poder. La solución de este problema permitió a Díaz mantenerse en funciones durante treinta años. Por el contrario, los sonorenses nunca lograron resolverlo y enfrentaron rebeliones de importancia en 1923, 1927, 1929; fueron finalmente derrotados en 1935 por Cárdenas, que sí tenía una solución. La subordinación de las bases

a través de la organización acaba con el problema de los centros de poder alternativos a la presidencia.25 Un resultado de esta nueva forma de hacer política es que, a partir de Cárdenas, el núcleo de las redes políticas en México son los senadores, mientras que durante el gobierno de los sonorenses, esta posición la tenían los directores de las paraestatales.26 Cualquier abuso de poder, a partir de ese momento, será del conocimiento del presidente a través de los sectores o de la estructura territorial del partido, en muchas ocasiones indistinguible de la administración pública. El presidente podrá tomar decisiones y llevarlas a la práctica haciendo uso de una o la otra; y esto genera incentivos muy fuertes para que ambas partes busquen la preferencia presidencial. La disciplina queda garantizada. Sin embargo, esta modificación del PNR no fue una cuestión simple. Al utilizar a los sectores como contrapeso de la burocracia partidista y como contrapeso entre ellos mismos, Cárdenas estaba creando un régimen corporativo. No se trataba de una idea novedosa, sino de una muy vigente en los tiempos de Lázaro Cárdenas.27 Así había construido su poder, diez años antes, Benito Mussolini. Y de manera casi simultánea a Cárdenas, Francisco Franco en España y Getulio Vargas en Brasil. Años después, algo parecido haría Juan Domingo Perón en Argentina. De hecho, la política mexicana entre 1935 y 1938 es perfectamente coincidente con la definición que da Linz de un régimen totalitario: un régimen que cuenta con un centro monístico de poder, que depende de la movilización permanente de sus bases y que cuenta con una ideología que todo lo permea.28 Eso era México en esos años, cuando todo el poder estaba en manos de Lázaro Cárdenas y todo era la Revolución, representada en cada aspecto de la vida y reflejada en la movilización de obreros y campesinos que culminará en marzo de 1938, con la nacionalización de la industria petrolera y la creación del PRM. A partir de ese momento la movilización se detiene, la ideología se atempera y el poder se institucionaliza. El régimen deja de seguir el camino al totalitarismo para convertirse, simplemente, en autoritario.29

El corporativismo como régimen político

El concepto de corporativismo proviene del latín corpus, cuerpo, y su origen tiene que ver precisamente con las agrupaciones de personas que se dedicaban a una cierta actividad. De ahí proviene el uso de corporación como sinónimo de empresa. La utilización del vocablo para referirse a un régimen político es mucho más moderna, una respuesta a los cambios que a partir del siglo XVIII se hicieron prácticamente inevitables y que describimos genéricamente como liberalismo, capitalismo y revolución industrial, entre otros términos. Hacia mediados del siglo XIX hubo pensadores que intentaron construir una alternativa al liberalismo, partiendo del comunitarismo utópico de la época, las nociones de orden y progreso de Comte, y los análisis de grupos ocupacionales y corporativos de Hegel y Durkheim.30 Para el último cuarto del siglo, el corporativismo ya era una ideología más o menos sólida, que se reflejaba en los círculos obreros y disputaba con el liberalismo y el marxismo. En 1881, el papa León XIII encargó a una comisión de teólogos y pensadores sociales el análisis de esta ideología y su relación con el catolicismo. Esta comisión trabajó en Friburgo a partir de 1884 y dio al corporativismo su primera definición oficial: «un sistema de organización social que tiene su base en la agrupación de los hombres de acuerdo a la comunidad de sus intereses naturales y funciones sociales, y como propios y verdaderos órganos del Estado dirigen y coordinan el capital y el trabajo en asuntos de interés común».31 Una nueva reunión se llevó a cabo en Berlín en 1890, y en 1891 el Papa promulgó la encíclica Rerum Novarum, la base de la llamada teoría social cristiana. La transformación del corporativismo de un sistema social a un régimen político ocurrió entre las dos guerras mundiales. La caída de los imperios durante la Gran Guerra abrió el espacio para la búsqueda de opciones políticas en toda la región central y sur de Europa, frente a las dos del momento: el comunismo soviético y el capitalismo imperialista. Los primeros intentos de régimen corporativo ocurren en Portugal (1917), Grecia (1917) y España (1920), pero el primer gran éxito corporativo es el construido por Mussolini que lo utiliza como medio para concentrar todo el poder en

sus manos: «El experimento corporativo italiano de 1922 a 1939 fue una forma de corporativismo estatal (realmente dictatorial) que sólo vagamente recordaba las formas pluralistas, societales y participatorias sobre las que muchos filósofos corporativistas habían escrito».32 Gracias al éxito de Mussolini se crean muchos regímenes con rasgos del corporativismo italiano de esa época como Salazar en Portugal (1928) y Franco en España (1939), al extremo de que sus estatutos laborales son casi una copia textual de la Carta del lavoro del Duce. Otros surgen en Bulgaria (1926), Lituania (1926), Polonia (1926), Albania (1928), Yugoslavia (1929), Turquía (1934), Estonia y Letonia (1934), Austria (1934), Grecia (1936), Rumania (1936) e Irlanda (1937). También pueden considerarse así, parcialmente, el régimen de Vichy en la Francia ocupada y la Alemania nazi en sus inicios.33 Cabe aquí mencionar un problema de los regímenes corporativos como los mencionados, también llamados de corporativismo de Estado o autoritario. Puesto que las corporaciones son creadas desde arriba y subordinadas al poder supremo, que debe fungir como árbitro entre ellas, tienen una fuerte tendencia a convertirse en dictaduras personales. El proceso por medio del cual esto ocurre puede llevar al totalitarismo (como ocurrió en Italia y Alemania) o a un autoritarismo de Estado, burocrático u orgánico. De los casos que hemos mencionado, sólo sobreviven a la Segunda Guerra los de España y Portugal, autoritarismos con una fuerte carga personal. Es también notorio que todos corresponden a la parte católica u ortodoxa de Europa. Fuera de Europa es América Latina el otro espacio privilegiado del corporativismo: Getulio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Trujillo en República Dominicana, Ubico en Guatemala, Velasco Ibarra en Ecuador, Arnulfo Arias en Panamá, Benavides en Chile, Sroessner en Paraguay, Maximiliano Hernández en El Salvador y, con formas partidistas, el APRA en Perú, el MNR en Bolivia y el PRM en México. Es interesante notar que muchos de estos regímenes eran esencialmente «de derecha», mientras que los tres últimos pueden ser considerados «de izquierda».34 Wiarda también hace notar que

«combinaron, o trataron de combinar, el viejo corporativismo casi medieval que existía en América Latina con la nueva orientación de justicia social de la Rerum Novarum y Quadragessimo Anno».35 Nuevamente, es interesante notar cómo la gran mayoría de los regímenes mencionados se transforman en dictaduras personales o en sistemas autoritarios militaristas. El único caso de un régimen corporativo que no sufre esta transformación es el de México, gracias a la construcción cardenista que efectivamente concentra todo el poder en una institución, que ocupa una persona durante seis años, pero sólo por este tiempo. El corporativismo como teoría

Sin embargo, el concepto de corporativismo ha sido problemático en la ciencia política, incluso por su nombre que, en inglés, el idioma de las discusiones académicas, se confunde fácilmente con las corporaciones de negocios. Sin embargo, no es sólo un problema de términos, sino que el mismo concepto resulta difícil de aceptar para quienes construyen sus explicaciones partiendo de la visión pluralista propia de los anglosajones. El problema del concepto es histórico y tiene que ver además con la religión, lo que es hoy muy complicado de discutir en un mundo académico plagado de corrección política. Sin embargo, me parece que la perspectiva que planteo es la mejor para entender no sólo el tipo de regímenes políticos construidos en América Latina durante el siglo XX, sino también el deficiente desempeño económico en ese mismo siglo y las circunstancias en que se encuentran estos países al inicio del siglo XXI. En consecuencia, continuaré con mi propuesta de análisis que ya habrá tiempo de evaluar críticamente. En los años setenta se intentaron las primeras explicaciones de los diferentes tipos de regímenes autoritarios; entre ellas, hubo algunas que incluyeron el caso de los regímenes corporativos. El más famoso es el de Phillip Schmitter, quien en 1974 publicó un artículo llamado «¿Sigue siendo el siglo del corporativismo?».36 Es muy posible que las ideas de Schmitter acerca del corporativismo provengan de América Latina, puesto que en 1972, en un libro

colectivo acerca del cambio en este continente, encontraba un «tercer camino», el corporativo-autoritario, cuyas primeras explicaciones atribuía a Linz y Barrigton Moore.37 La descripción que da entonces Schmitter de estos regímenes autoritario-corporativos consiste en un proceso dominado por una elite heterogénea, compuesta de «órdenes» funcionalmente diferenciadas y burocráticamente estructuradas. A pesar de que en ese artículo Schmitter parece poco convencido de las explicaciones de la política latinoamericana basadas en lo que él llama el «ethos iberomediterráneo», precisamente de ellas deriva su definición. Así, para el artículo de 1974, estas órdenes se convierten en «categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas» y forman parte de una definición de corporativismo que resultó popular por un tiempo, probablemente por su cariz científico, reforzado por aparecer junto con una definición de pluralismo con características similares.38 De manera menos pretenciosa que Schmitter, pero más efectiva, Guillermo O’Donnell publica en 1977 un texto en el que analiza los regímenes latinoamericanos en la perspectiva del autoritarismo burocrático. En dicho artículo define como corporativistas «aquellas estructuras a través de las cuales organizaciones funcionales, no basadas en un territorio, oficialmente representan intereses “privados” frente al Estado, están formalmente sujetas a la autorización o aceptación de éste para su existencia y derecho de representación, y reservan ese derecho a los líderes formales de la organización».39 Es decir, el corporativismo es un régimen autoritario que incluye ciertas estructuras formadas por organizaciones verticales, de manera tal que la relación entre el Estado y estas organizaciones se realiza a través de los líderes, que encarnan los intereses de toda su organización. Por otra parte, en referencia a la distinción entre clientelismo y corporativismo, el primero es una relación de corte personal, el principal patrón de articulación entre las clases y el Estado que fue desplazado por el corporativismo que, en contraste, «no tiene una base territorial, no es necesariamente multifuncional, puede incluir multitudes, tiene un alto grado de burocratización y formalización de

las relaciones sociales y corresponde a una penetración activa del Estado en diversos sectores de la sociedad civil».40 De esta manera el clientelismo tradicional, basado en la relación personal entre el cliente y el patrón, se transforma en una institución en la que éste es sustituido por una pirámide de jefes en cuya cúspide está el presidente.41 Este cambio tiene también un reflejo en la sociedad en su conjunto. El mismo O’Donnell encuentra dos diferencias significativas entre las democracias constitucionales y este tipo de régimen. Por un lado, los sectores corporativizados pierden autonomía; por el otro, el estado autoritario cierra el sistema electoral y limita las formas de protesta social. De esta manera, las capas superiores de las pirámides corporativas van siendo ocupadas por «funcionarios» o por líderes que actúan como tales: «esto no significa que los “representantes” de los sindicatos corporativizados no puedan tener la satisfacción de algunas demandas, o que las áreas privatizadas del Estado no puedan utilizarse para otorgar beneficios diferenciales a algunas capas u organizaciones del sector popular».42 Por ello, la opinión de Jean François Revel: «En México no hay sindicalismo, sino corporativismo dirigido» no es una exageración a pesar de lo que piensa Krauze.43 Las diferentes propuestas para entender el corporativismo como régimen político impulsadas en los años setenta recibieron críticas importantes. Por una parte, no había una definición clara del término, puesto que la propuesta por Schmitter, a pesar de sonar científica, no lo era. Más aún, el uso del término oscilaba entre la descripción de un mecanismo de intermediación y el de un régimen político. Duncan y Douglass, por ejemplo, criticaron el enfoque por considerarlo «hecho a la medida» de América Latina, por enfatizar características de los años setenta que no necesariamente existieron antes ni permanecieron por mucho tiempo, además de centrarse en cuestiones culturales que podrían utilizarse como excusas para sostener que América Latina estaría condenada a no ser democrática.44 Algo similar, muchos años después, seguían pensando Diamond, Linz y Lipset.45

Una segunda preocupación con el corporativismo tiene que ver con la confusión entre régimen, mecanismo de control (y de representación) e ideología.46 A Chalmers también le inquieta que el término se utilice como elemento de diferenciación latinoamericano (a la manera de la teoría de la dependencia, por ejemplo, contemporánea del corporativismo como teoría), pero su principal molestia tiene que ver con la indefinición acerca de si el corporativismo se refiere a un régimen en el que hay control gubernamental de los grupos sociales, o si lo que existe es una relativa autonomía de éstos.47 Sin embargo, este tipo de críticas pueden dirigirse, prácticamente sin cambios, a cualquier otra definición de régimen del tipo utilizado en la misma década. La definición de Linz de un régimen autoritario, a la que ya hemos hecho referencia, es suficientemente ambigua como para cubrir prácticamente cualquier gobierno, desde el líder de un régimen patrimonial hasta el más inseguro líder de un Estado limitado. El pluralismo limitado propio del autoritarismo puede igualmente referirse a cualquier tipo de dependencia vertical en una estructura política fluida.48 Parte del problema con la definición proviene de que el punto de atracción del análisis no era propiamente el régimen autoritario, sino la transición de éste hacia la democracia. Y en la década de los setenta, eso significó principalmente la caída de los regímenes militares.49 El corporativismo, como se empezó a definir en los setenta, derivó en dos corrientes de pensamiento. Por un lado, el llamado corporativismo liberal que se refiere a la existencia de grupos de interés funcionales incrustados en democracias liberales, y en los que el corporativismo se refiere a mecanismos de intermediación. Por el otro, el corporativismo de Estado, éste sí un régimen autoritario conformado por corporaciones. Esto ha dado origen a dos grupos diferentes de análisis que en buena medida responden a las críticas de los años setenta, de manera que, al inicio del siglo XXI, el corporativismo como teoría parece gozar de buena salud. 50 Con base en las definiciones propuestas desde los años setenta, el corporativismo de Estado es un régimen político autoritario, constituido fundamentalmente a través de corporaciones. Las

corporaciones son organizaciones verticales, también autoritarias, organizadas desde el Estado mismo o bien aceptadas por éste. Las corporaciones no tienen una distribución regional determinada y su función principal es la intermediación entre la sociedad (específicamente las bases sociales de la corporación) y el Estado. La intermediación se realiza a través de los líderes de las corporaciones.

  En la figura 9.1 aparece un esquema de cómo funciona un régimen corporativo. En él, toda relación posible entre la sociedad y el Estado ocurre a través de estas pirámides corporativas definidas de acuerdo con su función en la sociedad: obreros, campesinos, empresarios, etcétera. Utilizo en la imagen el sector popular como la corporación que incluye a un gran abanico de actividades que no se incorporaron a otro sector como se hizo en México. Como ejemplo de la estructura interna de una corporación, en el caso del sector obrero los sindicatos se agrupaban en federaciones y éstas en organismos mayores como la CTM. Además, había también sindicatos de industria que podían llegar hasta el vértice, o casi, de

la corporación en que habían sido incluidos. Todas las corporaciones fueron creadas o aceptadas por el Estado en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es importante notar la existencia, en la parte superior de las pirámides, de un grupo formado por la burocracia del régimen y otro integrado por los liderazgos de las corporaciones. Conforme el tiempo fue pasando, la diferencia entre estos dos grupos se fue diluyendo. La diferencia entre un régimen corporativo de Estado como el que analizamos y uno liberal o democrático es la ausencia, en el primero, de cualquier otro camino entre la sociedad y el Estado. En un régimen democrático, la sociedad se comunica con el Estado, además de a través de corporaciones, haciendo uso de partidos políticos o incluso de organizaciones no gubernamentales, no necesariamente funcionales. Es el caso de países como Suecia o Austria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero no el de América Latina. Durante el régimen de la Revolución no había otra forma de hacer llegar al Estado demandas, o de recibir respuestas, más que a través de las corporaciones. El corporativismo mexicano

Posiblemente la mejor interpretación del régimen de la Revolución sea la propuesta por Arnaldo Córdova en los setenta. Se trata de un régimen populista que subordina a las clases sociales.51 El carácter populista implica otorgar ciertos beneficios a determinados grupos sociales, siempre con una orientación política, y es eso lo que lleva al autor a «calificar la Revolución Mexicana como una revolución populista y al régimen político de ella surgido como un régimen populista».52 El estilo populista se habría inaugurado con la ley agraria del 6 de abril de 1915, en la interpretación de Córdova,53 aunque Carranza no entendiera bien los alcances de este estilo.54 El populismo corporativo no fue exclusivo de México en esos años, sino un fenómeno que también ocurría en el resto de América Latina.55 Los procesos de industrialización de los años treinta

llevaron consigo este tipo de sistema que, en principio, sostenía luchar por la independencia económica y la justicia social.56 El proceso seguido en la construcción del régimen, de acuerdo con Córdova, se inicia manipulando las clases populares con la satisfacción de demandas limitadas para después insertarlas en un sistema corporativo. A continuación, el régimen se funda en un sistema de gobierno «paternalista y autoritario» que, sin embargo, opta por «un modelo de desarrollo capitalista».57 Hans Werner Tobler coincide en lo general con las apreciaciones de Córdova, aunque ve el PRM como «semicorporativo».58 El carácter corporativo del régimen fundado por Cárdenas no escapaba a sus contemporáneos. El mismo Lombardo lo califica inicialmente como fascismo, aunque después se sumara a él.59 Las preocupaciones de Lombardo no estaban descaminadas, puesto que «desde su discurso inaugural al asumir el cargo presidencial, Cárdenas expresó categóricamente su concepto acerca del papel del Estado: “Sólo el Estado tiene un interés general, y por eso, sólo él tiene una visión de conjunto. La intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más a fondo”».60 En una línea similar, Roger Bartra observa que los primeros años de gobierno son «aprovechados con gran destreza por Lázaro Cárdenas para dotar de una base económica y social firme a la estructura política de mediación no democrática que había comenzado a desarrollarse desde la época de Obregón». La estructura le permite al Estado impulsar la Reforma Agraria, o incluso nacionalizar la industria petrolera, «con un grado elevado de seguridad para su propia hegemonía y sin modificar la estructura no democrática del Estado».61 Por su parte, Alan Knight coincide en que a la derrota del experimento liberal de Madero sucedió una restauración del Porfiriato, a la que llama social-democracia artificial. Sin embargo, también reconoce una orientación populista que permite al régimen cumplir con fines antitéticos: el desarrollo capitalista y la construcción del Estado.62

La manera como funciona el régimen de la Revolución fue descrita por Arnaldo Córdova a través de una lista de características principales que podemos sintetizar así: la rectoría del Estado, tanto frente a una economía débil como frente a la incapacidad de la sociedad para establecer sus propias instituciones; el orden social a través del arbitraje del Estado frente a los grupos sociales, que en el régimen de la Revolución incluye a todos, a través de corporaciones; la aceptación de la propiedad privada y del imperialismo extranjero, subordinados ambos a la rectoría del Estado, y una concepción muy especial del nacionalismo como interés común a todos los mexicanos, que se expresa como ideología y como práctica política y que se desarrolla a través de los grupos subordinados, no directamente desde el Estado. Córdova enfatiza que «los intelectuales al servicio de la clase dominante o de los grupos que ejercen el poder no se han significado, como sucedía en el porfirismo, como verdaderos productores de ideología, sino que se han limitado a la tarea de dar forma a la ideología dominante o de sugerir medidas de orden técnico que hagan viable la política del Estado».63 La caracterización del régimen de la Revolución como corporativo no es del agrado de todos.64 En parte tiene esto que ver con las discusiones teóricas que hemos comentado; sin embargo, tal vez haya sido más importante la fuerza mítica de la Revolución, continuación de lo que Córdova veía en los intelectuales en los setenta. Ha sido tan grande el poder del discurso revolucionario que todas las deficiencias que la realidad muestra son calificadas como desviaciones o traiciones a la Revolución, pero nunca como parte de ella. En consecuencia, hasta la matanza de 1968, los académicos no calificaban negativamente el régimen mexicano, ni siquiera los extranjeros.65 La activa política de Luis Echeverría, y la aparente riqueza petrolera posterior, permitieron que el mito de la Revolución se recuperara, de manera que las críticas a la desastrosa situación de México se han construido, nuevamente, alrededor de la traición a la Revolución. Todavía a inicios del siglo XXI, la interpretación más socorrida era que no fue el régimen de la Revolución el culpable de

que México haya sufrido tantos descalabros durante el siglo XX, sino las desviaciones que sufrió. Desviaciones que cambian según la época en que se interpretan. Lo que yo propongo es muy diferente. El régimen de la Revolución, desde su construcción, es autoritario y corporativo, lo que implica que organiza la sociedad en grupos verticales que establecen una relación clientelar con el Estado, una relación de intercambio en donde los grupos ofrecen sumisión y reciben a cambio prebendas, privilegios. Pero esta relación es premoderna, si entendemos por modernidad el proceso europeo del siglo XVI en adelante. Es una forma de relación más propia de la colonia que del siglo XX, y por ello los procesos de construcción del Estado y del capitalismo en México son muy particulares. Son fósiles vivientes que guardan gran parecido con los estados capitalistas contemporáneos pero que, al verlos de cerca, mantienen características de una historia muy remota.66

10. EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

Como hemos visto, el régimen de la Revolución Mexicana está formado por tres piezas: el presidencialismo, el partido corporativo y la construcción cultural que los sostiene: el nacionalismo revolucionario. En el capítulo anterior analizamos las dos piezas estructurales del régimen que, por cierto, desaparecieron hacia fines del siglo XX, como veremos en el resto del libro. El nacionalismo revolucionario, precisamente por ser una construcción cultural, es más persistente. A diferencia de otros regímenes autoritarios, compuestos sólo por elementos estructurales, el de la Revolución Mexicana tenía este soporte cultural. Esto le permitió mayor eficiencia y duración, y ha hecho más difícil su sustitución. En esto, el mexicano es más parecido a algunos de los regímenes de Europa del Este que a las dictaduras militares latinoamericanas.1 La medida del éxito de un régimen político es su longevidad. Para eso se establecen los regímenes, para establecer un juego político lo más duradero posible. Pero un régimen es una estructura de poder que implica imponer a la sociedad ciertos patrones de conducta. Hay tres maneras de lograrlo: por la fuerza, a través de los recursos o porque la sociedad lo acepta, porque reconoce en el régimen una cierta autoridad.2 Las primeras dos fuentes de poder son muy costosas, y no hay régimen que se haya mantenido mucho tiempo sólo con base en el poder coercitivo y económico. Así, es la tercera fuente la que da longevidad a un régimen. Esta aceptación de la sociedad es lo que se acostumbra llamar legitimidad, el reconocimiento de que hay una cierta autoridad en el

régimen para imponer a la sociedad determinados patrones de conducta. La legitimidad es específica para una sociedad determinada y resulta de la manera en que ésta se entiende a sí misma. Dicho de otra forma, un régimen tendrá mayor legitimidad conforme más cercano esté a la cultura política de la sociedad. Veámoslo de este modo: el régimen de la Revolución logró mantenerse funcionando durante más de cincuenta años, esto es, superó por más de dos décadas al Porfiriato.3 El tiempo de los Borbones es similar a él. Es decir que el régimen de la Revolución sólo es superado, aunque muy ampliamente, por la Colonia con los Habsburgo, cuyo poder dura dos siglos y medio. Me parece que precisamente en esta comparación está la clave del éxito del régimen de la Revolución.4 La coincidencia entre los valores y reglas de éste y lo que la sociedad mexicana tenía como propios resulta, precisamente, de la manera como Cárdenas logra recuperar una estructura colonial razonablemente compatible con una economía industrial, no muy moderna, pero industrial a fin de cuentas. En ello, el régimen de la Revolución es, propiamente hablando, un retroceso político respecto del liberalismo autoritario de Juárez, Díaz, Obregón y Calles.5 Pero es un retroceso muy fácil de aceptar para los mexicanos, porque coincide con su forma de ver el mundo. LEGITIMIDAD Y NACIONALISMO «Parte de ser una nación es tener una historia incorrecta» dice Renan.6 O dicho de otra manera, el nacionalismo requiere una construcción histórica, una suma de incorrecciones, mitos, errores que permitan contar con una legitimidad que no podría surgir de otra manera. Pero esto, por otra parte, también significa que el nacionalismo es una elección: se elige la historia como se elige el futuro y, de hecho, se la elige al mismo tiempo. Hobsbawm define el nacionalismo como el establecimiento, en grupos humanos grandes, de elementos comunes como el idioma, el origen étnico, la religión o incluso la historia común, para dar origen a estados autónomos. Por

cierto, se cuida mucho de no incluir en su análisis a América Latina, probablemente porque ésta no cae en ninguna de sus definiciones: las naciones latinoamericanas se crearon siguiendo la división administrativa del imperio, no por las razones que Hobsbawm esgrime.7 Sin embargo, hay visiones nacionalistas previas a la Independencia que no debemos pasar por alto. En 1771, el cabildo de la ciudad de México proclamó que los mexicanos debían tener derecho exclusivo para ocupar cargos públicos en el país,8 posible antecedente de una característica de nuestro nacionalismo: su proclividad a la exclusión. Es también un elemento fundamental en el estudio del nacionalismo en América Latina, y específicamente en México, la Historia de Méjico de Clavijero, publicada originalmente en 1780. Especialmente, la idea de la nación mestiza, que debe lo mismo a los indígenas que a los colonizadores.9 Todos estos esfuerzos de nacionalismo incipiente no podían funcionar, puesto que el terreno en el que se sembraban no era propicio. Si, como hemos dicho anteriormente, la nación es la forma de Estado propia de la era moderna, era necesario entonces que ese espacio geográfico llamado México estuviese ya en ese momento histórico: la modernidad. Y no lo estaba. El país sufre durante el siglo XIX de este proceso de construcción del Estado como revolución cultural, pero sobre una cultura que no podía sostener dicha revolución. La construcción del nacionalismo se convierte entonces en un proceso forzado desde el poder. Esto es muy diferente de lo que ocurre en otras partes del mundo, en donde, a pesar de que siempre el nacionalismo será construido desde arriba, había mucha más aceptación del proceso, en tanto que coincidía con el cambio social.10 De acuerdo con estas premisas, debemos entender al nacionalismo mexicano como una creación propia del liberalismo triunfante, esto es, del Porfiriato. Antes es imposible, puesto que no se ha logrado debilitar lo suficiente a la legitimidad divina ni se ha conectado adecuadamente el territorio nacional ni existe la identificación individual necesaria. La derrota de los conservadores, y luego la desaparición de adversarios liberales, permite a Díaz no

sólo mantenerse en el poder durante tres décadas, sino dar paso a la construcción de esa comunidad imaginaria que alcanzará su forma canónica en México a través de los siglos.11 Es esta versión liberal de la historia la que se convierte en el mito. En ella, se hace imposible derivar el nacionalismo mexicano de la Colonia, así que las fábulas de Fray Servando y de Carlos María de Bustamante (entre otros, menos creativos) se convierten en la historia nacional.12 Los esfuerzos de Díaz por llevar a cabo esta construcción cultural que es la nación mexicana tenían, sin embargo, un defecto: se centraban en su persona. México a través de los siglos prácticamente termina con el «noble y modesto comportamiento del general Díaz», el héroe del 2 de abril.13 Así, la legitimidad del Estado era propiamente la del caudillo, pero no la de nadie más. El problema de Estado que enfrentan Obregón y Calles, pero cuya solución debió esperar a Cárdenas, es el de la legitimidad. Si la única razón para sustituir a Díaz era su edad, ¿valía la pena la destrucción que la guerra trajo consigo? Después de treinta años de paz, los treinta de desórdenes revolucionarios fueron traumáticos. Explicar a la población que esos desórdenes habían servido únicamente para sustituir a Porfirio no parecía una buena idea. El carácter mítico del proceso se hacía necesario no sólo para darle excusa a la violencia, sino sobre todo para dar legitimidad al nuevo orden. Este nuevo mito será el nacionalismo revolucionario, que retorna el canon liberal y lo adereza de pueblo. Porque ésa será la gran excusa: Porfirio traicionó al liberalismo al abandonar al pueblo a la miseria y entregar los bienes nacionales al extranjero. Por eso, Díaz no sólo debía haber sido defenestrado, sino borrado de la historia, execrado como un tirano miserable. Sin esa calificación del Porfiriato, se hacía muy complicado dotar a los gobiernos revolucionarios de alguna legitimidad. Pero esa solución, según la veía O’Gorman, contiene una falla de lógica fundamental. «La Revolución fue un alzamiento armado dirigido contra el Porfiriato, pero dicho eso, se impone un distingo que será decisivo»: o fue un movimiento «contra del Porfiriato en cuanto dictadura,» o uno «en contra del Porfiriato en cuanto régimen

tenido por históricamente retrógrado». La diferencia es importante porque, en el primer caso, hay una «necesidad fáctica» de la Revolución, mientras que en el segundo se trata de una «necesidad histórica». Y ambas cosas no son iguales, y ni siquiera se puede derivar la segunda de la primera: «Aquí está el gran engaño que desviará con lamentables consecuencias la manera en que la Revolución acabará por comprenderse a sí misma».14 Es decir, hubo que «considerar [el Porfiriato] como un régimen retrógrado, porque sólo así se justificaba el propósito de destruirlo para ser sustituido por otro».15 Con más detalle: Los grupos que tomaron el poder durante la Revolución de 1910 a 1917 sostuvieron, naturalmente, y aún siguen sosteniendo, que el periodo nacido con la Revolución constituye una edad histórica en sí misma, que ha transformado radicalmente al país y que ha realizado, cumplidamente, las aspiraciones que el pueblo mexicano manifestó, primero, con la Guerra de Independencia, después, con la Reforma, y por último, con la propia Revolución; mientras que el porfirismo es juzgado no sólo como una verdadera Edad Media que niega nuestra historia, sino como la más grande traición a su sentido y a su significado, a sus héroes y a sus tradiciones, principalmente a aquellos que hicieron posible la gesta liberal de mediados del siglo XIX.16

Pero esto llevó a «la convicción de que la lucha revolucionaria no era sino reanudación de la vieja pugna entre conservadores y liberales, cuando, en realidad, se había extinguido, precisamente, en aquel régimen».17 Este error, a decir de O’Gorman, lleva a tres consecuencias: la necesidad de crear un enemigo interno (la reacción), la percepción del conflicto como algo permanente y un nacionalismo agresivo.18 LA CONSTRUCCIÓN DEL NACIONALISMO La construcción de esta nueva forma de nacionalismo se lleva a cabo de 1920 a 1938. Como todo proceso de este tipo, no es conscientemente dirigido, pero sí aprovechado. Por ejemplo, la muy

notable dotación de artistas originales que tiene México en esos momentos, muchos de ellos con inclinación socialista, es fácilmente cooptada por el nuevo poder. Para esos creadores, nacidos en los últimos 15 años del siglo XIX (y por lo mismo educados bajo el canon liberal), la mexicanidad sólo puede entenderse partiendo de un pasado indígena claramente positivo que es invadido y dominado por un imperio colonial deforme. Para ellos, el siglo XIX puede entenderse como la lucha popular frente a la dominación heredada de la Colonia y representada por la Iglesia. Por ello, la imagen de Benito Juárez, enemigo de aquélla y además indígena, no tiene problemas, pero la de Porfirio Díaz, mestizo promotor de inversiones extranjeras, es inaceptable. Las figuras de Zapata y Villa, caudillos indudablemente populares, fueron fácilmente incorporadas al panteón cívico, sobre todo después de muertos. Algo similar le ocurrió a Flores Magón, quien recibió homenaje del Congreso a fines de 1922, pocos días después de su muerte.19 Esto simplificó el dotar de carácter heroico a los tumultos de Cananea y Río Blanco, que ya no fueron simples asuntos obreros sino de enfrentamiento a la invasión (económica) extranjera, el primero, y al abuso y la pobreza, el segundo. El caso de Carranza es un poco más complicado, no sólo por su muerte siendo todavía presidente, sino también porque muchos de sus seguidores se reagruparon en torno a la rebelión de De la Huerta. Pero, una vez derrotados militarmente, convertirlos en héroes del pasado los terminará de desactivar en 1923, aunque la rehabilitación total de Carranza habrá de esperar a la muerte de Obregón, en 1929.20 Por lo que se refiere a la celebración del inicio de la Revolución, desde principios de los veinte habrá seguidores de Madero que festejen el 20 de noviembre, pero sólo hasta 1926 que se habrá de convertir en un acto oficial.21 Es alrededor de los cuatro héroes Madero, Carranza, Zapata y Villa que Ilene O’Mailley ve la construcción del mito revolucionario: «La propaganda de estos cuatro héroes tenía varias cosas en común: la afirmación de que el gobierno era revolucionario; la promoción del nacionalismo; la ofuscación de la historia; la

denigración de la política; la promoción de valores católicos e imágenes cristianas, y los valores patriarcales y la “masculinización” de las imágenes de los héroes. Estas características forman la ideología interna y la psicología del mito de la Revolución Mexicana».22 Sin embargo, al hacer depender el mito revolucionario del carácter machista, no todos los héroes salen bien librados: «La mayor identificación con el macho fortaleció los cultos heroicos de Villa y Zapata, y debilitó los de Madero y Carranza. Esto no presentó mayor problema a los propagandistas del régimen, porque coincidía con la menor necesidad del uso de la propaganda para vender la Revolución a las clases medias y a los conservadores».23 La historia para ser vista

En un país analfabeto como el México de entonces, sería el muralismo el gran constructor del nacionalismo revolucionario, acompañado en menor medida por la arquitectura monumental. José Vasconcelos, desde la recién inaugurada Secretaría de Educación (1921), fomenta la creación de murales.24 Siqueiros, Orozco y Rivera pintan en 1922 los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, con lo que empieza la narración pictórica del mito del nacionalismo revolucionario.25 La propaganda muralista es, sin duda, fundamental para el mito revolucionario: «Regresando a la terminología de Barthes, los murales eran un lenguaje primario que transmitiría una visión revolucionaria de la sociedad. Pero como parte del metalenguaje del mito de la Revolución, fortalecían la imagen del nuevo gobierno como no racista, igualitario y tolerante de las visiones comunistas, lo que no era en la práctica. Dentro de México, los murales de Rivera sirvieron de excelente propaganda “revolucionaria” para el gobierno», lo que le provocó serias críticas de sus colegas comunistas, entre ellos, de Tina Modotti, quien lo consideraba un soborno.26 A fines de ese año los muralistas fundan el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, bajo una declaración de principios muy singular: «a) una definición antiimperialista y revolucionaria; b)

adhesión a la III Internacional y a sus principios: abolición del capitalismo y dictadura del proletariado».27 El sindicato, por cierto, no lograría sobrevivir a la salida de la secretaría de Vasconcelos, el gran empleador de los artistas. Él será el animador, tanto del nacionalismo revolucionario, como de su antítesis, los Contemporáneos.28 Bartra considera que esta dualidad servirá, sin embargo, para fortalecer la mitología: «Durante los años treinta surge una reacción contra el nacionalismo revolucionario que, paradójicamente, va a convertirse en la principal responsable de la codificación e institucionalización del mito del carácter mexicano. En efecto, el grupo de escritores que tiene en su origen la revista Contemporáneos (1928-1931), por boca de su filósofo —Samuel Ramos— es el que curiosamente contribuye más a inventar el perfil del homo mexicanus».29 Diego Rivera pinta de 1923 a 1928 los muros de Chapingo y, de 1929 a 1935, el Palacio Nacional. En 1933, bajo el liderazgo de Leopoldo Méndez, se crea la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, que Méndez abandona en 1937 para fundar el Taller de Gráfica Popular. En 1938 la LEAR desaparece, mientras que el Taller se fue marginando, aunque sobrevivió hasta los años setenta.30 Además de en los murales, la historia se aprende viendo calendarios, afiches y cromos que reflejan una imagen mítica del pasado, pero también de un presente bucólico, plagado de charros e indias bonitas. Tal vez sea Jesús Helguera quien mejor transmite esta visión que muchos aún llegamos a ver de niños: La leyenda de los volcanes, Cuauhtémoc, La Patria.31 Y es que, al librar la Revolución de su característica política, ésta «se convirtió en la fuente del nuevo folklore y los estereotipos que llegarían a ser símbolos nacionales: la “Adelita” —la dura y sacrificada mujer soldada—, el “Juan” —el humilde, anónimo soldado indio en uniforme holgado—, el bandido/guerrillero —ojos de acero, hombre sin miedo con cananas al pecho—. Las guerras revolucionarias, como muchas guerras, generaron innumerables cuentos de heroísmo, de lealtad del soldado hacia sus compañeros, de historias de amor desafortunadas, y más. Esas imágenes y cuentos, sin

embargo, no pertenecían simplemente a la guerra pasada, pertenecían también al régimen Revolucionario y eran tratadas como parte de la identidad nacional, como un tributo a lo mexicano».32 En esta misma dirección el papel del suplemento periodístico El Universal Ilustrado no ha sido estudiado todavía. Finalmente, el cine acompaña la construcción del mito revolucionario, aunque la imagen que de ésta presenta va cambiando en el tiempo. Los documentales de Eisenstein e incluso las filmaciones de Villa para D. W. Griffith y Harry Aitken no tuvieron un impacto relevante en la población, como sí lo tuvieron películas posteriores, como Redes (1934), Vámonos con Pancho Villa (1935) y El compadre Mendoza (1936), las tres diferentes entre sí, la primera muy en el sentido propagandístico muralista, las otras dos más populares, graciosas, en la línea de crítica jocosa que los mexicanos tanto aprecian.33 En donde el cine resulta más útil es en la construcción mental del México charro, más ranchero que campesino y más preocupado por el festejo que por el conflicto, empezando con Allá en el rancho grande (1936), la película que más hace por fijar el estereotipo del charro, pero bien acompañada en el esfuerzo por muchas otras, sin olvidar Los Tres Caballeros (1945), producción de dibujos animados de Walt Disney, promotora de la unidad latinoamericana al lado de Estados Unidos, pero reconocida también por Manuel Ávila Camacho, que otorgó a Disney el Águila Azteca por haber desarrollado una visión más positiva de México ante el mundo.34 Nada sorprendente, si se considera que «los educadores y líderes políticos apuntaron la necesidad de usar el cine como propaganda para el mejoramiento de la sociedad mexicana. En los años treinta la naciente industria fílmica mexicana intentó enfrentar la dominación estadounidense del mercado latinoamericano y proveer imágenes positivas de México como antídoto a las películas de Estados Unidos que decían que transformaban a los mexicanos en gringos, “con graves pérdidas para el espíritu nacional”».35 En lo que se refiere a los monumentos, la carrera inicia en 1932 con la construcción de Zapata en Cuautla, pero logra su primer gran avance con la utilización de los restos del palacio legislativo

porfirista para la construcción del monumento a la Revolución, a partir de 1933. Significativamente, al concluirse en octubre de 1938, no será inaugurado.36 El periodo de construcción del mito «nacional revolucionario» es entonces nítido. Se inicia con la muerte de Carranza (o el ascenso de Obregón o el nombramiento de Vasconcelos en la SEP), y termina en 1938, poco después de la nacionalización del petróleo y al alba de la Segunda Guerra Mundial. David Alfaro Siqueiros regresa a México poco después y participa en el atentado contra Trotsky. Diego Rivera forma un partido político y acaba apoyando a Juan Andrew Almazán. Sólo Orozco continúa pintando murales. Como es normal, la reflexión sobre el nacionalismo que surge de la Revolución es más lenta. Tal vez El perfil del hombre y la cultura en México sea el primer esfuerzo, y aparece cuando ya va terminando el proceso visual. Dice Ramos: «Quitando a la tendencia “nacionalista” todo lo que tiene de resentimiento contra lo extranjero [...] queda, sin duda, un contenido moral de indudable valor para México. Es la voz de nuestra más verdadera entraña que quiere hacerse oír por primera vez después de una larga era en que el mexicano ha sido sordo a su destino».37 Algo similar dirá Paz algunos años después: «La Revolución Mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la Historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestro futuro y nuestras instituciones». Aunque, continúa diciendo, «la Revolución ha muerto sin resolver nuestras contradicciones».38 Pero se trataba de la primera aproximación de Paz al tema, que se iría modificando en el tiempo. Para fines de los setenta, «México sigue siendo, en materia política, a pesar de la Constitución y de la retórica oficial, un régimen patrimonialista como los del siglo XVII».39 Y hacia mediados de los ochenta: «En realidad el PRM de Cárdenas fue un partido compuesto por sindicatos y otras agrupaciones, no por individuos. Fue un partido corporatista —y lo sigue siendo».40 A inicios de los noventa, incluso la cuestión económica es puesta en duda por Paz, por las mismas razones: «no es gratuito ver en esa política, además de la influencia de las doctrinas del intervencionismo estatal [...] un

eco del patrimonialismo que hemos heredado del absolutismo europeo».41 SOCIEDAD Y CULTURA En su libro acerca de los presidentes del régimen de la Revolución, Krauze observa que «la verdadera esencia del sistema estaba en la cultura política tradicional, premoderna, de la mayoría de los mexicanos según la cual los políticos son los dueños legítimos no sólo del poder, sino del país [... ] En suma, el sistema político mexicano era una edición funcional y moderna de un modo muy antiguo de coordinar el poder».42 La cultura política en México fue estudiada por primera vez a inicios de los sesenta. En 1963, Gabriel Almond y Sidney Verba realizaron una investigación acerca de la cultura política en cinco países, tres de ellos claramente desarrollados: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y dos en vías de desarrollo en ese entonces: Italia y México. En Italia los autores veían una cultura premoderna en el sur y en las islas.43 Los resultados de su estudio, para el caso de México, confirman sustancialmente la existencia de una cultura política premoderna y autoritaria en la que, sin embargo, los mexicanos se sienten orgullosos de su régimen político: «el orgullo de los mexicanos por su nación, entonces, parece depender hasta cierto punto de la continua identificación simbólica con la Revolución Mexicana».44 La cultura política de la sociedad mexicana fue moldeada, sin lugar a dudas, durante los dos siglos y medio del imperio Habsburgo.45 En ese tiempo, la estructura social imperial se impone en América Latina, en donde se encuentra con una sociedad que tiene mucha coincidencia con ella. La sociedad mesoamericana, en sus diversas tribus, pueblos o «culturas» es, como la española de entonces, fuertemente religiosa, con una estructura política muy vertical en la que el cacique local es muy poderoso —y en el caso del Huey Tlatoani lo es por completo— y en la que también existe una diferenciación funcional: sacerdotes, guerreros, comerciantes,

artesanos, campesinos. Todos tienen su lugar en la sociedad mesoamericana, como lo tienen en la hispánica medieval. Ambas son, pues, orgánicas y patriarcales, aunque entre ellas haya otras diferencias.46 De hecho, mientras que en España las cosas van cambiando durante los siglos XVI y XVII, la estructura social y política de América hereda más de la situación del siglo XV. Así ocurre incluso con el lenguaje, que en América es el castellano de ese siglo, y que mantiene incluso pronunciaciones que en España se van perdiendo.47 La sociedad del imperio español es entonces católica, con un solo rey, dueño de todo y que otorga mercedes (favores) a ciertos grupos, pero que también reconoce fueros de otros.48 Richard Morse sostiene que la sociedad hispánica, como parte de la Contrarreforma, retoma principios de construcción política de Santo Tomás, y al respecto dice: los dos principios centrales del pensamiento sociopolítico tomista son el organicismo y el patriarcalismo. Primero, la sociedad es un sistema jerárquico en el que cada persona o grupo sirve un propósito mayor de lo que cualquiera de ellos podría abarcar. La unidad social es arquitectónica, pues deriva de la fe en el mayor cuerpo místico y no de definiciones racionalistas [...] A la jerarquía social corresponde una escala de desigualdades e imperfecciones que debe ser corregida sólo cuando la justicia cristiana está en riesgo. Así, la casuística llega a ser más importante que la ley humana, porque se adjudica el determinar cuándo un dado caso afecta a toda la sociedad y cuándo puede despacharse con una decisión ad hoc. Segundo, las desigualdades inherentes en la sociedad implican la aquiescencia de cada persona en su lugar, a sus obligaciones. Esa aquiescencia es naturalmente contingente respecto de la aceptación pública del poder supremo —rey, príncipe o papa— quien debe gozar plena legitimidad para servir como la fuente última, paternalista, de las decisiones casuísticas que resuelven los constantes conflictos de función y jurisdicción en todo el sistema.49

Es esta estructura la que los borbones buscan modificar en el siglo XVIII, cuando logran desplazar a los Habsburgo del trono español.50 Las reformas impulsadas por esta nueva casa gobernante tienen

algún éxito en España, menos en Nueva España, y aún menos en el resto de América Latina. Se trata de un cambio de reglas y valores desde el poder que provoca reacciones en la sociedad: respuestas desiguales, de las cuales las más exitosas serán las de los poderosos en las principales ciudades latinoamericanas, que aprovecharán para separarse del imperio y tratar de mantener las reglas que más les favorecían. A eso le llamamos Independencia.51 La falta de legitimidad de los nuevos gobiernos independientes da origen a la época de los caudillos, hombres carismáticos que, con el apoyo de la fuerza militar y la intuición política, gobiernan de manera personal, casi siempre manteniendo esas reglas y valores que la sociedad tiene como propias. Los gobiernos caudillistas son personalistas y, por lo mismo, predadores. El caudillo busca el poder por el poder mismo, pero también por las riquezas que éste puede aportar.52 Hacia fines del siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos logra constituir gobiernos relativamente estables, en buena medida porque la situación económica externa permite a estos gobiernos financiarse adecuadamente. Y esto significa tener recursos para mantener al ejército, que es lo único que hace estable a un gobierno personalista. Varios de estos gobiernos estables se constituyen con base en un conjunto de reglas y valores que no es totalmente compatible con la sociedad, al menos en la intención, de manera que se van adaptando en los hechos a la sociedad en que se encuentran, para reducir el costo de la supervivencia del régimen. Es el caso del Porfiriato, que intenta equilibrar entre la sociedad cerrada y conservadora, orgánica, que tiene México entonces, y el necesario esquema de desarrollo económico, como ya hemos visto. Así, a pesar del breve tránsito por el liberalismo autoritario y su orientación positivista, la sociedad mexicana mantiene características derivadas de los más de dos siglos de Colonia. Se trata de una sociedad que acepta de manera muy natural la existencia de un muy poderoso hombre fuerte, no limitado por el Legislativo ni por los jueces; que apenas ha dejado de estar estructurada a través de cuerpos, gremios o cofradías (todos

eliminados con las Leyes de Reforma); que está acostumbrada a una burocracia patrimonialista que sirve para el enriquecimiento personal, entre otras formas a través de sobornos, y para el trámite eterno de asuntos diversos; una sociedad naturalmente piramidal, en la que los hombres fuertes locales sólo se subordinan a los regionales y éstos al nacional.53 Esa sociedad podría aceptar más fácilmente un régimen conformado por un centro de poder personal, con una estructura corporativa y una burocracia bien desarrollada, que alguna versión de la democracia pluralista, con centros de poder diversos y una orientación individualista. La sociedad mexicana de fines del Porfiriato, a pesar de la muy famosa frase de Díaz, no estaba madura para la democracia porque no le era natural en ese momento. El fracaso de Madero, el único líder demócrata de la Revolución, era inevitable. La sociedad mexicana no quiere, en los años treinta, un sistema que resuelva conflictos, sino uno que los impida, que controle y administre los diferentes intereses de la sociedad para evitar la confrontación. Y esto es así porque la sociedad es unitaria, comunitaria, orgánica, con un objetivo místico, superior, que es el bien común.54 O’Gorman lo dice así: «La Revolución, ya con mayúscula, reclama así, además de la infalibilidad en la dirección del destino nacional, la inmortalidad, y la historia de México, sin que importen las mudanzas que traigan los siglos por venir, marchará por la senda de una serie de gobiernos “emanados de la Revolución”, sucediéndose eternamente, y eternamente en pie de guerra contra unos enemigos internos perpetuamente engendrados por ella».55 El concepto que guía la Revolución es la justicia social, que no es otra cosa que «el restablecimiento del bien común sobre el bien privado [...] Una visión de justicia social invariablemente consiste en una declaración teleológica del bien común terrenal». Pero el bien común no puede alcanzarse a través de la competencia, de acuerdo con la visión católica,56 puesto que la competencia niega la unidad esencial de la sociedad y es contraria al bien común, y por ello no hay manera de que «América Latina acepte al capitalismo como un

modo económico legítimo. El capitalismo local y privado se percibe como dañino para lo común y benéfico para lo privado».57 No es posible continuar con este análisis sin aclarar algo acerca de lo que hemos llamado sociedad mexicana. Por razones obvias, no hay manera de que toda la sociedad tuviese un esquema de valores y reglas idéntico. En particular, es muy evidente que la «Revolución que vino del Norte» era totalmente diferente de lo que resultó ser el régimen de la Revolución. El esfuerzo norteño fue derrotado por Cárdenas, aunque posiblemente con mucha ayuda de los mismos norteños, que se destruyeron a sí mismos. Y en buena medida los sonorenses no pueden construir un régimen político estable porque sus valores y reglas no son aceptados por la mayoría de los mexicanos, en particular por quienes más posibilidades tenían de rechazarlos, por quienes viven en el altiplano, que son producto de un proceso histórico diferente: la Colonia. Lo que Cárdenas logra es guiar las fuerzas sociales hacia una construcción política de corte colonial, por ello fácilmente aceptable por los mexicanos, pero que además resulta coincidente con otras construcciones que ocurren en ese mismo tiempo. No debe sorprendernos que esos regímenes similares se estuviesen poniendo en práctica en sociedades parecidas a la mexicana: Italia, España, Brasil, Argentina. A lo mejor suena curioso que una revolución que fue ganada por un grupo fieramente anticlerical haya terminado en una estructura social esencialmente católica, pero Richard Morse no lo ve así: «la misma revolución anticlerical tiene como su héroe mártir al espiritualista (y literalmente espiritista) Madero. Los profesores revolucionarios fueron enviados entre los pobres e indios como “misioneros”, algunas veces como mártires. Los pintores revolucionarios revivieron la tradición del arte público monumental, llenando las paredes de los edificios gubernamentales con murales que describían la explotación de los indios a través de los siglos como muchas estaciones de caballería dirigidas a la redención quiliástica».58 El mismo Morse enlista algunas características que él considera de origen medieval en el Estado revolucionario: toda la propiedad

queda en manos del Estado, especialmente el subsuelo; se crean los fundos comunes, luego llamados ejidos, precisamente el nombre español del medievo; se recupera el interés en lo indio y se lo regresa a su posición tutelada; los grupos sociales se organizan a través de instituciones paternalistas y se incorporan al Estado. Y concluye: La Magna Carta de la Revolución, la Constitución de 1917, no sirve básicamente como un conjunto compacto de reglas básicas para la administración de la vida pública. Esta larga codificación que, como las viejas Leyes de Indias, mezcla preceptos generales y regulaciones específicas, es vista característicamente como un documento que hay que llevar a la práctica. A nadie preocupó que muchas de las provisiones de la Constitución estuvieran en desuso durante años después de su promulgación. En la tradición hispanotomista, no hay urgencia por hacer cumplir la ley si esto no es, por buenas razones, factible, y si la comunidad no muestra mucha preocupación. Una vez obtenida la legitimidad, la Revolución se consideró algo que debería institucionalizarse permanentemente, no como punto de partida, sino como un proceso siempre abierto.59

Así pues, el régimen de la Revolución es una construcción política que puede entenderse mejor en la lógica tradicional, en la que hay una narración teleológica que explica y justifica un orden social vertical, piramidal, que culmina en ese poder supremo con «plena legitimidad para servir como la fuente última, paternalista, de las decisiones casuísticas que resuelven los constantes conflictos de función y jurisdicción a través del sistema», como lo describía Morse. Precisamente por su condición premoderna, la sociedad (orgánica, vertical) es más fácil de organizar a través de corporaciones. Entre ellas, la burocracia, como elemento esencial de un gobierno patrimonialista.60 Permítaseme una cita de Octavio Paz: «En México [...] la perpetuación del patrimonialismo, es decir, de la corrupción, se debe sobre todo a la ausencia de crítica social y política. En esto la responsabilidad del sistema es innegable».61 Éstas son las características fundamentales del régimen mexicano: el inmenso poder del presidente, resultado de su posición

de árbitro o piedra angular del edificio político; el carácter mixto corporativo-burocrático del partido, que distribuye las tensiones y aísla los conflictos, y la solidez de la narración teleológica-religiosa del nacionalismo revolucionario.62 En este sentido, resulta al menos paradójico que en el discurso de este nacionalismo, tal vez como herencia del liberalismo decimonónico, se culpe a los españoles de las desgracias mexicanas y se exalte a un indígena inexistente, utópico. Es paradójico porque el régimen de la Revolución resulta ser heredero legítimo de esa Colonia que dice despreciar, y no del liberalismo que destruyó.63 Pero es así, el régimen de la Revolución es un retroceso: «El nacionalismo, sin duda, ha contribuido a la legitimación del sistema político, pero se estableció como una forma mítica poco coherente con el desarrollo del capitalismo occidental típico del siglo XX [...] es preciso señalar que esta “disfuncionalidad” proviene también, en gran medida, de su origen “popular” y “anticapitalista”: el mito nacionalista contiene una buena porción de disgusto, de rencor, de rechazo, de resistencia».64 El alto vacío

Es importante notar una razón por la que es posible construir un mito de ese tamaño: la vacuidad ideológica de la Revolución. De acuerdo con Bartra: El México contemporáneo [...] es un país que ofrece una situación especialmente interesante para estudiar las redes imaginarias del poder político, precisamente por el hecho de que su Estado se ha extendido a pesar del inmenso vacío ideológico que genera la Revolución de 1910. Aunque de una manera vaga y general se puede aceptar que la ideología de los gobiernos posrevolucionarios es una continuación del liberalismo mexicano, es evidente que no es en torno a un programa coherente o un modelo de desarrollo como se estructura el Estado moderno.65

Por otro lado, Jean Meyer: El presidente Calles representa un momento muy interesante de la ideología en México porque en su gobierno confluyen, además del laborismo inglés, de

la social-democracia alemana y del radicalismo francés (es contemporáneo del cartel de las izquierdas de Herriot), cierto americanismo representado por Gompers, Morrow y Lindbergh, y la influencia discreta, pero evidente, de la Italia de Mussolini. En este momento se coloca la grandeza de la nación y el poder del Estado por encima de todo.66

Una amplia confluencia de ideas que claramente no construyen una ideología, sino que evidencian su ausencia, que debe ser rellenada con esa «grandeza de la nación». O’Malley, en su análisis del mito revolucionario, lo ve así: «La falta de claridad ideológica en la Revolución ayudó al gobierno a mantener la contradicción entre su imagen y su práctica. Esa falta de claridad se evidencia en el término revolucionario, que funcionaba más como adjetivo histórico que como ideológico y que frecuentemente contradecía sus connotaciones tradicionales».67 Regreso a Bartra: En ausencia de una ideología vertebrada y dada la extrema precariedad de los proyectos o modelos de desarrollo [...] la legitimidad del sistema político adquiere acentuadas connotaciones culturales: es preciso establecer una relación de necesaria correspondencia entre las peculiaridades de los habitantes de la nación y las formas que adquiere su gobierno. Así, la definición del carácter nacional no es un mero problema de psicología descriptiva: es una necesidad política de primer orden, que contribuye a sentar las bases de una unidad nacional a la que debe corresponder la soberanía monolítica del Estado mexicano.68

Y nuevamente a Meyer: La nación existe más como la voluntad de un grupo que como la de un pueblo, y esta voluntad tiene por meta primera la creación de un Estado. La etapa callista no es, pues, totalmente original, pero apresura la edificación de la obra, y la violencia es proporcional a la energía gastada. Dicho nacionalismo concuerda con una sociedad urbana, industrial, alfabetizada, homogénea, que debe descansar sobre una amplia clase media.69

O’Malley: «Las críticas a las inconsistencias ideológicas del gobierno podían ignorarse con la afirmación de que la Revolución “únicamente mexicana” no necesitaba adherirse a “doctrinas exóticas”», y cita a Guillermo Palacios: «Así, mientras que el nacionalismo olvida su complejo de inferioridad en cuestiones económicas [...] en cuestiones políticas tiembla [...] frente a la idea de contaminación. Y ese miedo es tal que la idea de la Revolución se aísla, en los textos, del resto del universo, por medio de una premisa obviamente ridícula y falsa de autogeneración, unicidad y originalidad [...] Un nacionalismo rayano en la histeria que insiste en esterilizar la idea de la Revolución».70 Y termino con Bartra: La Revolución fue un estallido de mitos, el más importante de los cuales es precisamente el de la propia Revolución. Los mitos revolucionarios no fueron, como en otras naciones, levantados sobre biografías de héroes y tiranos, sino más bien sobre la idea de una fusión entre la masa y el Estado, entre el pueblo mexicano y el gobierno revolucionario. El mito de la Revolución es un inmenso espacio unificado, repleto de símbolos que entrechocan y que aparentemente se contradicen; pero a fin de cuentas son identificados por la uniformidad de la cultura nacional.71

Las razones que llevan a la construcción del régimen casi treinta años después del inicio de la violencia tienen mucho que ver con su aspecto cultural. Por un lado, es necesario organizar fuerzas sociales: «Debían crearse, definitivamente, los organismos que permitieran a los diferentes sectores sociales promover sus particulares intereses, como el único modo posible de colocar el poderío del Estado, no sólo sobre los intereses particulares, sino sobre los gobernantes mismos».72 Por otro, era necesario contar con un conjunto común de valores y objetivos: «El nacionalismo de masas, como el ejemplificado en 1938 [...] requería de un largo proceso de educación y propaganda, que vino después más que durante la revolución armada».73 La construcción del régimen desde arriba, a través de la movilización acelerada de obreros y campesinos guiados por un

discurso ideológico verdaderamente fuerte (el 18 de enero de 1935, por ejemplo, Ignacio García Téllez, secretario de Educación, anuncia que México se encamina a la dictadura del proletariado),74 y que culmina con la nacionalización de la industria petrolera y la conformación del partido único, hacía pensar que México efectivamente se orientaba hacia un régimen totalitario. Por la forma del proceso, era muy fácilmente comparable con la construcción del régimen de Mussolini, aunque por su orientación parecía más cercano al que entonces dirigía Stalin. En cualquier caso, no guardaba mayor cercanía con los regímenes occidentales de entonces. De hecho, resulta muy interesante leer lo que Lázaro Cárdenas entendía por democracia en ese tiempo, de acuerdo con sus apuntes. En ningún caso refiere el concepto a la elección de gobernantes o al pluralismo y flujo libre de información, como hoy se entiende normalmente el término. Para Cárdenas, la democracia es más bien un sinónimo del desarrollo económico, con una base comunitaria, no individual.75 PERPETUANDO LA CULTURA: EL DRAMA EDUCATIVO La educación, sobre todo la que ocurre en las escuelas, tiene un doble fin. Por un lado, dotar a los niños y jóvenes de herramientas que les permitan desempeñar mejor sus actividades de adultos. Por el otro, se trata de un proceso de formación cultural que tiene como objetivo principal imbuir en los niños y jóvenes las creencias, costumbres y normas sociales. Así ha sido en todos los sistemas escolares, y así sigue siendo hoy. A partir del inicio del nacionalismo como construcción cultural, parte del esfuerzo educativo se destina a la creación de la comunidad imaginaria: «En todos los países de los que hemos tenido información, la enseñanza de la historia, espontánea o intencionadamente, ha constituido el instrumento del cual se ha servido el Estado para estimular el sentimiento nacional que le asegura la lealtad de sus ciudadanos».76 La Revolución decide tomar el control de la educación con ese mismo fin: asegurarse la lealtad de los mexicanos; «habría de ser

Calles quien el 20 de julio [de 1934], con su famoso “Grito de Guadalajara”, diera verdaderamente la tónica. En aquella ocasión dijo el “jefe máximo”: La Revolución no ha terminado [...] Es necesario que entremos en un nuevo periodo, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico: debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución [...] porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad [...] [y la Revolución debe] desterrar los prejuicios y formar la nueva alma nacional».77 El grito de Calles respondía a la situación política del momento. En la construcción del Plan Sexenal se había acordado impulsar la «educación socialista» como resultado de las propuestas de la delegación veracruzana que proponía implantar la educación «antirreligiosa».78 Al igual que la organización de obreros y campesinos muestra sorprendentes coincidencias con el ascenso de Cárdenas, ocurre con la educación socialista, que no sabemos si atribuirla a él o a Calles.79 En cualquier caso, es durante el sexenio de Cárdenas que la educación socialista existe en la Constitución y, con muchas dificultades, en los hechos.80 El proceso de cambio de orientación de la educación es, sin embargo, paulatino. Hasta 1925, la enseñanza de la historia no varía significativamente de la visión conciliadora del Porfiriato.81 A partir de 1926, el enfrentamiento con la Iglesia y el proceso de consolidación de los revolucionarios triunfantes van radicalizando la educación. De acuerdo con Josefina Zoraida Vázquez, en ese periodo hay dos nacionalismos en pugna: «uno, tradicionalista, defensivo, conservador, yankófobo, hispanista y pesimista; otro, el oficial, revolucionario, xenófobo, indigenista, optimista y populista».82 Compare usted con una visión antropológica de fines de los ochenta: «El nacionalismo revolucionario se define, mínimamente, por cuatro grandes series de actitudes y postulados: 1. Una desconfianza hacia las grandes potencias (especialmente Estados Unidos), acompañada de dosis variables de xenofobia y de antiimperialismo. 2. Una afirmación de las nacionalizaciones como forma de limitación de la propiedad de la tierra, del control de los recursos naturales y de la concentración de capital [...] 3. Un amplio

Estado fuerte interventor, cuya fuerza excepcional es legitimada por su origen revolucionario [...] 4. Una supervaloración de la identidad mexicana como fuente inagotable de energía política».83 En el Programa de Educación de 1935, ya con la educación socialista en marcha, se establece como meta explícita la conformación de la unidad nacional (hoy diríamos la comunidad imaginaria), que borra las diferencias en «la composición étnica, la división de idiomas, los prejuicios irracionales y sobre todo, la desigualdad de posiciones económicas que se oponen a la integración de un verdadero pueblo, con afinidad lingüística, homogeneidad racial, bienestar material y comunidad de ideales».84 En un país rural, como era México entonces, buena parte del esfuerzo se orienta al campo.85 Sin embargo, la educación socialista no era algo muy fácil de aceptar en la sociedad. Entre la demagogia gubernamental y el fanatismo popular (en muchas partes impulsado por la Iglesia), hubo cerca de «300 maestros asesinados y muchos desorejados» entre 1935 y 1939. Los libros de texto que empiezan a aparecer en 1934, ya con la reforma socialista en mente, son de particular importancia, porque son la correspondencia de la «historia visual» del muralismo.86 El esfuerzo de conciliación de la historia liberal del Porfiriato cede su lugar a la visión que tendremos durante el siglo XX. Cortés regresa a su papel de villano (sifilítico en el mural de Rivera) y Cuauhtémoc es el símbolo del patriota (el «joven abuelo» de López Velarde); Hidalgo es un cura viejecito; Morelos, un proletario; Juárez, el indito de raza zapoteca, y Zapata, el causante de que los campesinos tengan tierra propia. Es también notorio el lenguaje de los libros, un materialismo histórico muy vulgarizado que va regando «instrumentos de producción», «capitalistas» y «proletarios» por todas partes, además de ser agresivo: «la guerra es el asesinato colectivo que los capitalistas fraguaron para ahogar en sangre los justos anhelos de los oprimidos, que en la tierra luchan para conseguir un poco de pan, alguna libertad y garantía para sus exigencias [...] la lucha armada solamente es justificada cuando persigue objetivos de liberación y justicia para los oprimidos».87

No está de más recordar el conflicto universitario iniciado en 1933, también por la intención de que la educación superior se guiase por el «materialismo».88 La muy reciente autonomía de la Universidad fue entonces interpretada por Cárdenas como independencia incluso de recursos, y redujo la subvención federal a la mitad. El rector entonces era Manuel Gómez Morin, quien logró mantener funcionando la Universidad. Para 1935, sin embargo, «una fracción izquierdista integrada por profesores y estudiantes protagonizó un golpe interno y alineó la Universidad Nacional con la política oficial de signo “socialista”».89 A partir de 1940, la educación, como todo en el país, se va moderando. Es tiempo de unidad nacional. Con ese fin se llevan a cabo congresos y seminarios, concursos para nuevos libros de texto que, sin embargo, no llegan a los niños sino hasta los años cincuenta. Entretanto, se descubren los restos de Cortés al remodelar el Hospital de Jesús, en 1947, lo que provocó que en 1949 Eulalia Guzmán anunciara haber descubierto los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, Guerrero. La comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia que los analizó informó que eran falsos, pero el indigenismo podía más que un análisis forense: una nueva comisión fue designada e inició sus trabajos rindiendo homenaje a Cuauhtémoc, para después certificar la autenticidad de los huesos [...] con la desgracia de que no pudieron hacerlo.90 La disputa de los huesos ayudó a que en los años cincuenta hubiese una «actitud más histórica» y se empezara a entender la historia como un proceso de integración nacional, aunque los libros estuvieran al servicio del nacionalismo y los oficiales, al igual que en los años treinta, mantuvieran la preocupación de crear en el alumno la «conciencia de clase».91 En 1960 aparecen los libros de texto gratuitos, que producirán una importante controversia.92 El «lamentable» libro de cuarto año perpetúa la visión simple y anecdótica que ya aparecía en los libros de los años treinta, lo mismo que el de sexto, que sostiene que México debió atravesar por tres grandes luchas nacionales que forman parte de un proceso para alcanzar «instituciones cada vez más propicias para su desarrollo y el bienestar de los mexicanos»,

de manera que el Porfiriato se describe de manera que se justifique «la necesidad de hacer uso de las armas».93 La Revolución se queda hasta con el lenguaje: Debido a la ignorancia ideológica del público y a la represión gubernamental de la crítica que pudiese revelar su carácter no revolucionario, el gobierno pudo definir la terminología política, y conceptos casi sin consideración por sus significados comunes. De hecho, el gobierno usurpó el léxico de la revolución socialista. Bajo esas condiciones discursivas, la tautología impedía el análisis de la afirmación gubernamental de que era la Revolución, y por lo tanto sus acciones eran revolucionarias y la oposición a ellas era contrarrevolucionaria.94

El sistema educativo mexicano, desde los años treinta, se enfoca a la construcción cultural que dote de legitimidad al régimen, en perjuicio del otro objetivo educativo, la dotación de herramientas para niños y jóvenes. Este fenómeno va a perpetuar la cultura autoritaria, por lo que se aprende, pero también por cómo se aprende.95 Debido a que no existen evaluaciones del aprendizaje sino hasta hace muy poco tiempo, no es fácil saber en qué momento la escuela en México se convierte en productora de jóvenes con poca preparación pero bien adoctrinados en la versión histórica del régimen: «El uso del nacionalismo tal como históricamente se ha implantado en el México posrevolucionario entra en flagrante contradicción con la idea de una democracia política representativa».96 Más adelante regresaremos al tema. Lo que sí podemos evaluar, al menos parcialmente, es el proceso de cambio de la cultura política. Para inicios de los sesenta, de acuerdo con el estudio de Almond y Verba, la inmensa mayoría de los mexicanos no tenía mayor interés en la política ni percibía que el gobierno tuviese algún impacto en su vida cotidiana. Almond y Verba describen la cultura política mexicana como «alienada y aspiracional», es decir limitada en lo político, alejada de la toma de decisiones, pero con la esperanza de que la Revolución cumpla sus promesas.97 Todavía en 1982, más de la mitad de los encuestados no tenía ningún interés en la política, proporción que crecía a 70%

en las zonas rurales.98 En 1984, otra encuesta localizaba ya un apoyo significativo a las libertades democráticas, pero concentrado en la población urbana y, dentro de ella, en la que tenía estudios profesionales.99 Para 1994, un panel de encuestas del Instituto Federal Electoral concluía que «podemos afirmar que existe una elevada simpatía por los valores y las prácticas democráticas, lo que significa un potencial favorable para consolidar la cultura política democrática».100 No debe sorprender que el cambio en la cultura política se pueda ubicar en algún momento hacia inicios de los ochenta. La cultura política que existía en México, y que el régimen de la Revolución fortaleció, era una cultura de subordinación que no exige al régimen, sino que pide, y sus demandas son fácilmente cubiertas, al menos por un tiempo, mientras alcancen los recursos para ello.101 Pero si a esta cultura le sumamos la estructura corporativa, resulta claro que no es necesario atender las demandas de toda la población: basta con cuidar los liderazgos. El régimen está construido de forma tal que las demandas de la población, y en particular las de los líderes corporativos, son contradictorias. Así, mientras que se quiere crear un Estado de bienestar que otorgue educación, salud y seguridad a los mexicanos, por otro lado no se quiere incrementar la carga impositiva en la clase media y los empresarios. Mientras se busca favorecer a los trabajadores con mejores condiciones laborales, se quiere apoyar a los empresarios con mayores ganancias. Mientras se busca que la población de las ciudades tenga acceso a alimentos baratos, se quiere impulsar la producción en el campo. Las contradicciones de estas demandas son consustanciales al régimen, y por ello no es de extrañar que, cuando tuvo que cumplir todas al mismo tiempo, se hubiese derrumbado.102 Pero esto no es producto de una «traición» a la Revolución; es el resultado esperable de un régimen corporativo, autoritario, premoderno, que enfrenta las demandas de la modernidad. El derrumbe de los elementos estructurales del régimen, y la difícil desaparición de la cultura autoritaria, a diferentes ritmos por cuestiones geográficas, económicas, educativas, da como resultado «que en México nos

encontramos con una cultura fragmentada típicamente posmoderna, alojada en un contexto socioeconómico relativamente atrasado en el que se antoja a veces reconocer elementos premodernos».103

11. MUCHA ADMINISTRACIÓN, POCA POLÍTICA

Aunque se atribuye a Porfirio Díaz la frase según la cual había que gobernar a México con «mucha administración y poca política», se puede aplicar mejor al régimen de la Revolución. Después de 1940, se trataba de administrar la gran creación política de Lázaro Cárdenas; no había que hacer mucho más que eso. El régimen corporativo no requería demasiada política, si por ello entendemos la conciliación de los muy diversos intereses de la sociedad. En la estructura piramidal del régimen mexicano, con una inmensa cantidad de poder en manos del presidente, de lo que se trataba era de administrar las pequeñas diferencias entre los liderazgos. Si a esto le sumamos que las circunstancias de la posguerra permitían un importante crecimiento económico sin hacer nada más que administrar, será fácil entender lo ocurrido en México de 1946 a 1970. Pero esto no es simplemente una visión con la ventaja del tiempo. Raymond Vernon, hacia fines del gobierno de López Mateos, identificaba cuatro objetivos que todos los gobiernos posteriores a Cárdenas habían tenido: crecimiento económico; mejoramiento de la educación, salud y bienestar general de los ciudadanos; provisión de infraestructura básica, y sustitución de importaciones.1 Y, concluye, todos han tratado de cuidar que el sistema no se venga abajo: A pesar de todas sus diferencias de estilo, los objetivos explícitos y las prioridades de los cuatro presidentes han sido sorprendentemente similares. Cada uno ha tomado el crecimiento económico como objetivo prioritario. Cada

uno ha buscado, de una manera u otra, identificarse como revolucionario agrario. Cada uno ha tratado de registrar su preocupación por la difícil situación de los pobres urbanos. Cada uno ha mantenido un flujo de inversión a las industrias nacionalizadas del país. Y cada uno, dentro de los límites de las necesidades de México en cuanto a recursos externos y mercados, ha hecho un gesto u otro para probar su independencia frente al inversionista extranjero. Pero todos ellos han mostrado ciertos límites en sus acciones y refleja un respeto por el sistema y un deseo de no perturbar demasiado alguna de sus características básicas.2

Entre 1946 y 1970, el régimen de la Revolución alcanza sus mayores triunfos, tanto en crecimiento económico como en control político. Sin embargo, nunca se cumplen las «promesas de la Revolución» y el país mantiene niveles de desigualdad y miseria que sorprenden, porque no reducen el apoyo político al régimen. En este capítulo analizaremos la política económica durante esos años, mientras que en el siguiente veremos los impactos sociales. LA ÉPOCA DE ORO DEL CAPITALISMO No existe una etapa comparable al periodo 1946-1971 en la historia de la humanidad. Se trata de los mejores 25 años en materia económica en todo el registro que tenemos, para el mayor número de seres humanos distribuidos en el mayor territorio.3 Asimismo, se trata de la etapa en que se crean más naciones, como resultado de las guerras de liberación nacional. La posguerra puede definirse por tres procesos. Por un lado, la construcción de un marco financiero institucional que busca evitar los errores del periodo de entreguerras; por otro, la bipolaridad que, a partir de la guerra de Corea, se llamará Guerra Fría; finalmente, se trata de un periodo en el que una gran cantidad de naciones se independizan de los poderes coloniales que las gobernaban desde el siglo XIX. Con respecto al primer punto, al término de la Segunda Guerra Mundial se decide la creación de instituciones que impidan un deterioro económico parecido al ocurrido al final de la Primera

Guerra y que, al menos en parte, abrió el espacio a la construcción de regímenes totalitarios en el centro de Europa que llevarían poco después a una nueva conflagración mundial. El nuevo marco financiero es mejor conocido como el acuerdo de Bretton Woods, un balneario de montaña en New Hampshire, Estados Unidos. Ahí se reunieron, en julio de 1944, representantes de 44 naciones aliadas. El acuerdo fue construir tres organizaciones diferentes. Una buscaría evitar la ocurrencia de crisis inflacionarias, pero sobre todo su diseminación: el Fondo Monetario Internacional (FMI). La segunda institución se concentraría en impulsar proyectos de desarrollo; su nombre original fue Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), aunque ahora lo conocemos como Banco Mundial (BM). La tercera sería la Organización Internacional de Comercio, que finalmente no llegó a funcionar. Las otras dos entraron en funciones en 1946.4 El acuerdo internacional no sólo construyó estas instituciones, sino que estableció un nuevo patrón monetario. Antes de la Primera Guerra, el patrón monetario mundial era el oro (patrón al que México se resistió hasta 1905, como vimos), de manera que cada moneda tenía un tipo de cambio fijo con respecto al metal, y por lo tanto las reservas que guardaban los bancos de emisión (cada vez más, los bancos centrales) eran también en oro. Después de la Primera Guerra, este patrón ya no pudo funcionar adecuadamente, en parte porque el principal impulsor, la Gran Bretaña, ya no era la potencia incontestable. Al final de la Segunda Guerra, la gran potencia mundial es ya Estados Unidos y por ello el patrón monetario que se establece depende fundamentalmente de su moneda. No se trata de un patrón oro, sino de algo ligeramente diferente. La única moneda que tendría un tipo de cambio fijo con el oro sería el dólar, mientras que las demás lo tendrían con respecto al dólar. La diferencia no parece muy importante, pero lo es, porque a partir de ese momento las reservas en los bancos centrales tendrán tanto oro como dólares, y cada vez más de estos últimos. Eso implica una ventaja importante para la economía estadounidense que, al poder distribuir su oferta

monetaria por el mundo, tiene la capacidad de financiarse, siempre, en moneda propia, y no requiere prácticamente de deuda externa.5 Finalmente, además de las nuevas instituciones y el arreglo monetario, hay una tercera medida que resulta importante: el Plan Marshall, que consiste en prestar dólares a las economías europeas para facilitar su reconstrucción. No sólo a los países aliados, sino también a los derrotados, una gran diferencia con la manera en que terminó la Primera Guerra.6 La combinación de un sistema cambiario estable, recursos frescos y organismos vigilantes dio como resultado, decíamos, los mejores 25 años de la historia económica mundial. Durante un cuarto de siglo, el crecimiento promedio en el mundo fue de 3%, por habitante, con una inflación prácticamente inexistente.7 La cifra resulta conocida, porque es la misma que durante muchos años se ha considerado un «milagro económico mexicano». Es decir, resulta un milagro que México haya crecido, durante treinta años, al mismo ritmo que el mundo entero. De hecho, crece en ese tiempo más o menos a la misma velocidad que Brasil y un poco más rápido que Perú. Como quiera que sea, en los años treinta el país tiene un ingreso por habitante menor a Argentina, Chile o Venezuela, y para 1970, también.8 La figura 11.1 permite ver el comportamiento de los países latinoamericanos más grandes, mientras que en los cuadros 11.1 y 11.2 se puede comparar el crecimiento per cápita en distintos países para las dos etapas en que normalmente se divide el periodo 1946-1970, alrededor del año de 1958, cuando el sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods entró en pleno funcionamiento.

 

 

  No es muy fácil explicar por qué, si toda la economía mundial crecía a ritmos importantes en esos tiempos, se dio en llamar «milagro» al comportamiento de la economía mexicana. Aventuro algunas hipótesis: por un lado, México efectivamente parecía milagroso por no repetir el fracaso de la primera mitad del siglo XX, cuando dejamos de crecer, primero por la Revolución y después por la Depresión estadounidense. Por otro, los investigadores de Estados Unidos, en busca de algún tema que les permitiera sobrevivir en su vida académica, encontraron el entonces llamado tercer mundo, con el atractivo adicional de que México tenía cifras que otros países no publicaban entonces. No parece existir ninguna otra razón para que se calificase al desempeño de la economía mexicana de milagroso, pues no hay nada en qué apoyarse para ello. En la figura 11.2 puede verse el comportamiento de la economía mexicana comparado con el del «mundo» según Maddison, una muestra de 56 países que incluye 28 europeos (Estados Unidos, Canadá y Australia también están en ese grupo), 7 latinoamericanos, 11 asiáticos y 10 africanos. El único momento en que México realmente crece más que el mundo es entre 1913 y

1948, es decir, de justo antes de la Primera Guerra Mundial a poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo no crecimos mucho, pero el resto del mundo sufrió más que nosotros.9

 

México no crece más que el resto del mundo y nuestro ingreso por habitante tampoco es muy diferente del promedio mundial, salvo en los tiempos de la administración de la abundancia, que veremos posteriormente. Por eso suenan absurdas oraciones escritas hace algún tiempo, como la siguiente: «En los treinta años siguientes a la administración Cárdenas, México se caracterizó por una de las tasas de crecimiento sostenido más elevadas del mundo, junto con niveles crecientemente elevados de desempleo y subempleo y el empobrecimiento de la mayoría de la población».10

  Al menos la primera mitad de la oración es falsa. En los treinta años siguientes a Cárdenas no nos fue mal, pero nunca tuvimos «una de las tasas de crecimiento sostenido más elevadas del mundo». El caso mexicano no es un milagro, pero sí lo es el de Japón. Ambos países ingresan en el capitalismo, liberalismo, o como queramos llamar a la modernidad, prácticamente al mismo tiempo. En México, el fusilamiento de Maximiliano en 1867 da paso a la República Restaurada, que pone en práctica las primeras medidas propiamente liberales (excluyendo las que tomó el mismo Maximiliano); en Japón, la Restauración Meiji, en 1868, puede considerarse de manera similar. En esa época, 80% de la población de Japón se dedica a la agricultura, y el ingreso por habitante era parecido al que tenía México. Aunque se habían desarrollado obras de infraestructura en el periodo anterior (Tokugawa), a partir de la Restauración se anulan las reglas feudales sobre control de cosechas, uso de la propiedad y movilidad de la mano de obra. También se fortalece la inversión en educación, especialmente en cuestiones técnicas. «El resultado fue un aumento importante de la producción agrícola con un pequeño incremento de insumos de capital».11

  Por otra parte, durante la Restauración Meiji se aplicó un fuerte impuesto al sector agrícola, de manera que «el excedente agrícola se transfirió de manera forzosa mediante el impuesto».12 Esta transferencia permitió la industrialización de Japón de una manera mucho más efectiva que la que México logró años después.13 Al leer a Akamatsu se queda uno con la idea de que la Restauración y el Porfiriato no tuvieron grandes diferencias, y que habría sido la Revolución la que cambió el destino de México.14 Sin embargo, todavía en la segunda mitad del siglo, es decir ya durante el régimen de la Revolución, hay ejemplos de milagros económicos, también de Oriente, que resultan ilustrativos, en particular porque sus gobiernos fueron capaces de adecuar la política económica a la situación mundial, a diferencia de América Latina. Posiblemente el caso más espectacular sea Corea del Sur, que a mediados de los cincuenta apenas tenía un ingreso por habitante de la mitad del de México y para fines del siglo triplicaba el de nuestro país. LAS EXCUSAS TEÓRICAS DEL SUBDESARROLLO

Al término de la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto, se llega a un acuerdo internacional, Bretton Woods, en el que los ganadores del conflicto, Estados Unidos y en menor medida la Gran Bretaña, proponen una solución muy centrada en el problema europeo: reducción de aranceles, eliminación de subvaluación de monedas y restricciones financieras, entre otras medidas que, a ojos de los latinoamericanos, no son aceptables: «el énfasis etnocéntrico de estas propuestas sólo podía interpretarse como una forma de neocolonialismo, un esfuerzo por mantener a América Latina en su papel de preguerra como proveedor de materias primas e importador de bienes manufacturados, con todas las incertidumbres y el estatus de segunda clase que eso implicaba».15 Estados Unidos convoca a la Carta Económica de las Américas, en Chapultepec, en 1945, y ahí se encuentra con un mar de objeciones de América Latina que, a final de cuentas, impiden la creación de la Organización Internacional de Comercio. A partir de las revisiones que realizaron los países latinoamericanos, el organismo dedicado al comercio internacional que se creó en 1948 fue el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, GATT. En él se incorporaba buena parte de lo que los latinoamericanos habían buscado: el reconocimiento del control de precios y del apoyo a la industria infantil, entre otras cosas.16 La posguerra, además de lo que hemos comentado, es también la época en que América Latina construye una explicación económica de su atraso. Esta explicación, que en algún momento llegó a llamarse teoría, partía del hecho de que todos los países latinoamericanos dependían en gran medida de la exportación de bienes primarios; algunos, de uno solo. Los bienes primarios tienden a ser cada vez más baratos, aunque por momentos parezca lo contrario, como ocurre con el petróleo por temporadas. Mientras que el precio de lo que exportaban estos países iba cayendo, el de lo que importaban (manufacturas) crecía consistentemente. A esto le llamaron los teóricos el deterioro de los términos de intercambio o, más técnicamente, la hipótesis Prebisch-Singer, por los economistas que la propusieron de manera independiente: Raúl Prebisch,

argentino, y Hans Singer, académico alemán avecindado en Inglaterra. Raúl Prebisch es el alma de la visión latinoamericana del subdesarrollo desde 1950 y hasta fines de la década de los setenta. Aunque la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas fue creada en 1947, fue en su segundo periodo de sesiones, en mayo de 1949, cuando Prebisch se convirtió en el gran ideólogo de las economías latinoamericanas. En esa ocasión se presentó a la CEPAL un estudio coordinado por él, a la sazón consultor y antes gerente del Banco Central de Argentina. En ese estudio se presenta la tesis de Prebisch que da origen al «pesimismo sobre las exportaciones» que provocará que los países latinoamericanos decidan promover un «crecimiento desde dentro», en lugar de la idea que el FMI impulsaba, de un crecimiento guiado por exportaciones.17 La propuesta de Prebisch fue bien aceptada por los gobiernos de Latinoamérica debido a las complicaciones que habían tenido desde la Gran Depresión de 1929. Con la caída de la demanda de sus productos, es decir, al caer sus exportaciones, los países latinoamericanos habían tenido que reducir sus importaciones, puesto que en esos años no era nada sencillo financiar un déficit externo. Pero no sólo eso, sino que buena parte de los impuestos se obtenían a través del comercio exterior, lo que acarreó problemas en las finanzas públicas. Más aún, con los sistemas financieros rudimentarios de entonces, la escasez de divisas provocó una contracción de los créditos. El resultado final fue que, al caer las exportaciones, toda la economía se hundía.18 Así, cuando el consultor argentino dice a la Comisión que el problema es estructural y que no hay manera de evitarlo sino con la industrialización y la reducción de importaciones, está confirmando ideas que los gobiernos ya tienen.19 Al año siguiente, Prebisch fue nombrado Secretario Ejecutivo de la CEPAL. La propuesta de la CEPAL populariza en América Latina los conceptos de centro y periferia, referidos, respectivamente, a los países industrializados y a los que no lo están. Puesto que los primeros producen bienes manufacturados que incrementan su valor

comparado con el de los bienes primarios, producidos por la periferia, hay siempre una relación de desigualdad que impide el desarrollo. Para evitarlo, se requiere una política explícita que guíe el desarrollo, que la CEPAL primero llamó planificación y después, para evitar confusiones con las economías dirigidas de la órbita soviética, programación.20 De ahí siguió la idea de que era necesario industrializar a estos países para evitar que el comportamiento de los precios los hiciera cada vez más dependientes de las naciones desarrolladas. Pero dicha industrialización no podría realizarse en condiciones de competencia con la producción de éstas, debido a la diferencia en costos. Un país desarrollado tenía una ventaja de décadas en infraestructura, experiencia y capital humano que no permitiría a los latinoamericanos competir en igualdad de oportunidades. El tercer paso en esta secuencia es entonces la idea de sustituir importaciones mediante el cierre de las fronteras, precisamente para evitar esta competencia desigual. De ahí el nombre de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) con el que también se conoce la visión cepalina. Sin embargo esta explicación, como quiera que se llame, no es nada novedosa. En esencia, se trata de la teoría de la industria infantil, o incipiente, que sostiene que para impulsar una industria es necesario aislarla de la competencia con el exterior mientras se logra que crezca lo suficiente para poder competir en igualdad de condiciones.21 Estas ideas fueron popularizadas a inicios del siglo XIX por Georg Friedrich List, principal propagandista del nacionalismo económico.22 Aun antes, podemos encontrar la raíz del nacionalismo económico y la necesaria intervención del Estado en lo que genéricamente se llama mercantilismo, un conjunto de explicaciones sobre la economía y de acciones de política económica que se impulsaron entre 1600 y 1750. El mercantilismo incluye muchos autores que no necesariamente coinciden, pero de manera general podemos resumir sus ideas en la necesidad de impulsar la industria nacional para mantener una balanza comercial positiva que permita la acumulación de reservas como base de la riqueza nacional. Sin embargo, esto sólo es posible si el Estado

coordina, o de plano dirige, los procesos de crecimiento de la industria, porque de otra manera el interés particular de los industriales no ayudará al cumplimiento del interés nacional. Las naciones latinoamericanas, como hemos visto, tenían en los años treinta una proclividad a aceptar este tipo de ideas según las cuales el Estado debe guiar a la sociedad en la persecución de un fin último. Si sumamos a esto los problemas económicos derivados de la caída de exportaciones con la Gran Depresión, y lo ponemos en términos de periferia contra centro, no resulta nada extraño que los gobiernos aceptaran gustosos las ideas de la CEPAL. No se trataba de un modelo económico, sino de una revelación, la confirmación de sus prejuicios y creencias.23 El resultado de estas políticas de industrialización por sustitución de importaciones fue malo, como ya hemos visto. América Latina no creció significativamente más que otras regiones del mundo durante los años cincuenta y sesenta, y en cambio sí se provocaron problemas muy serios, sobre todo de inflación, que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay ocurrieron durante la posguerra, mientras que en México y Colombia se hicieron presentes en los setenta. Es muy difícil defender el modelo de ISI. Algunos intentan hacerlo culpando a otros del fracaso, manteniendo la dualidad centroperiferia como núcleo de algo más bien parecido a una teoría de la conspiración, pero eso no tiene ninguna lógica. Entre las discusiones con algún sentido, la defensa más sólida tiene que ver con los excesos en la aplicación del modelo, que los hubo sin duda. Sin embargo, en una visión más amplia, es imposible aplicar un modelo de sustitución de importaciones sin caer en el exceso, porque las presiones que ejercerán sus beneficiarios para extenderlo serán cada vez mayores. En los países latinoamericanos, los más desiguales del mundo en esa época, con elites empresariales muy sólidas, el exceso estaba garantizado. Víctor Bulmer-Thomas, uno de los historiadores económicos de América Latina más reconocidos, no cree que haya defensa posible para el modelo: «En países semiindustrializados, la supresión de las importaciones no tenía sentido [...] La naturaleza semicerrada de las economías acentuó las presiones inflacionarias a que habían estado

sujetas desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Más aún, el modelo se adoptó de forma explícita justo cuando la economía mundial y el comercio internacional se embarcaban en su periodo más rápido y largo de expansión secular. El momento en que se aplicó el modelo no podía haber sido peor».24 Sin embargo, el tremendo error que significó desperdiciar esos 25 años de crecimiento como nunca antes se habían visto en el mundo no sólo no fue aceptado por los gobiernos latinoamericanos, sino que durante los años setenta se elevó a niveles absurdos. Los gobiernos autoritarios de la época se escudarían en las propuestas estructuralistas para defender un incremento muy acelerado en su gasto, financiado con deuda externa. Para entonces, las ideas de la CEPAL ya no se quedaban en la simple sustitución de importaciones, sino que la relación centroperiferia ya se había aderezado de una buena dosis de marxismo, lo que dio lugar a la llamada teoría de la dependencia. Aunque esta nueva versión ya prácticamente no tuvo eco en los gobiernos, invadió el ámbito académico. El daño que provocó esta teoría en la interpretación de los problemas latinoamericanos fue no sólo grande sino duradero.25 Sin embargo, en la época que estarnos analizando, las propuestas estructuralistas todavía no se habían contaminado de marxismo vulgar. A pesar del reconocimiento que tenían entonces, y que mantienen en algunos círculos, no tenían posibilidad de éxito. Cuando se piensa en industrializar, muy comúnmente se olvida que ese proceso exige recursos. Si el país quiere tener una industria, es porque no la tiene, o al menos no al nivel deseado. Así que lo que hay es el sector primario, y de él tienen que salir los recursos para industrializar. Dicho de otra manera, cualquier proceso de industrialización es, a la vez, un proceso de deterioro del sector primario, específicamente del campo, pues exige extraer de éste recursos, tanto de mano de obra como de capital, para poder construir la industria. Más aún, cuando esto requiere importar maquinaria, parte de los recursos del campo tiene que transformarse en divisas para pagar la importación. Por otra parte hay que notar que, para que los empresarios inviertan en la industria, es necesario que ésta produzca ganancias,

de preferencia mayores que las que genera el campo. Así, la forma de atraer capital a la industria es garantizar esas mayores ganancias. Pero para atraer la mano de obra hay que asegurar mejores salarios que en el campo. El problema es que no se pueden garantizar las dos cosas al mismo tiempo, a menos que se permita entrar en un proceso inflacionario desatado. En el caso de México, las ganancias empresariales se aseguraron cerrando las fronteras para evitar competencia y dando créditos blandos y exenciones fiscales.26 Para atraer a la mano de obra a las ciudades, los salarios eran más elevados sólo para la mano de obra calificada. Sin embargo, una política de subsidios a los alimentos permitía que, a pesar de tener salarios relativamente bajos en la ciudad, se pudiesen adquirir más alimentos, de manera que el salario real efectivo resultaba satisfactorio.27 Para evitar que las mayores ganancias en la industria descapitalizaran el campo, el gobierno hizo uso de los precios de garantía, un precio mínimo al que los productores podrían vender sus cosechas, que en muchos casos provocó excesos de oferta.28 Estos procesos se muestran esquemáticamente en la figura 11.5. Las políticas económicas llevadas a cabo, con cierto éxito, entre 1946 y 1958, provocarán grandes dificultades en la segunda mitad del periodo, 1958-1970, precisamente el tiempo en que Antonio Ortiz Mena estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. Pero no se toman medidas para corregir. Así, la mano de obra que se mueve a las ciudades, para la década de los sesenta es ya una avalancha, porque a las medidas de atracción se suma el crecimiento poblacional y la cada vez menor productividad del campo. Esa gran cantidad de personas que llegan a las ciudades no encuentra empleo ni en dónde establecerse, lo que provoca la aparición de cinturones de miseria que para inicios de los setenta son ya un asunto serio.

  Por otro lado, las exportaciones del país son cada vez menores, por lo que la sustitución de importaciones tiene que ser mucho más rápida de lo esperado. Precisamente como habíamos comentado, no es que el modelo se aplicara en exceso, sino que llevaba a los excesos. La figura 11.6 muestra el problema que enfrentaba la economía mexicana. Mientras que en los sexenios de Cárdenas y Ávila Camacho las exportaciones alcanzaban para cubrir todo el gasto en importaciones y dejar un superávit, en el sexenio de Alemán esto ya no ocurre: por primera vez en el siglo hay un pequeño déficit.

  Sin embargo, se trataba de una clara tendencia a la caída de las exportaciones, en parte por la misma política económica que, al buscar industrializar, provoca una menor inversión en el campo, que cada vez tiene menos excedente exportable, dado el incremento en la población y en sus ingresos, lo que aumenta significativamente el consumo interno. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) las importaciones ya no sólo tienen que frenarse, sino que deben contraerse para evitar mayores problemas. Así, las compras al exterior, que eran de 8% del PIB en tiempos de Cárdenas, llegan a un máximo de 12% con Ruiz Cortines y de ahí se contraerán hasta cerca de 7% en el sexenio de Díaz Ordaz. Todo esto, para poder pagarlas, porque en los años de posguerra no había un mercado internacional de capitales que permitiese a México mantener un gran déficit comercial. El déficit en el gobierno de Ruiz Cortines superaba ligeramente 3% del PIB, y se redujo en los dos gobiernos siguientes a poco menos de 2.5%, para evitar una situación grave con las divisas. Pero, puesto que las exportaciones caían, las importaciones debieron reducirse haciendo uso de todas las herramientas disponibles, desde aranceles, pasando por cuotas, hasta llegar a las licencias o permisos de importación.29 LOS AÑOS DORADOS DEL RÉGIMEN

El comportamiento de la economía mexicana desde los tiempos de Cárdenas es muy parecido al del resto de América Latina. El camino elegido por el general para controlar la situación política y establecer un régimen requirió la movilización de obreros y campesinos que no podía sino resultar en desequilibrios económicos relativamente serios. Aunque la economía crecía (después de la recesión de 19291932 era difícil no crecer), la inflación empieza a ascender a gran velocidad y supera 20% en 1937, mientras el crecimiento es menor a 5% tanto en ese año como en el siguiente. Puede verse en la figura 11.7 el comportamiento dispar de la inflación y el crecimiento durante el sexenio cardenista: mientras que la primera crece hasta 1937, el crecimiento se desploma y alcanza su mínimo en 1938. Ya durante la Segunda Guerra, México puede aprovechar un poco del crecimiento de la economía estadounidense, pero nuevamente hay presiones inflacionarias serias que llegan a superar 30% en 1944, aunque en esta ocasión van acompañados de crecimiento.

  Durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, el crecimiento promedio de la economía fue de 6.5% anual, pero la inflación promedió casi 11%, lo que llevó a una caída

importante en el poder de compra de los mexicanos. El salario real cayó 32% en esos años, y el manufacturero, 47 por ciento.30 En esos años, por cierto, Alberto Pani, el principal responsable de la política económica de los sonorenses, mantuvo una fuerte polémica con Eduardo Suárez, quien tuvo el mismo papel en los sexenios de Cárdenas y Ávila Camacho.31 Pani sostenía que las decisiones de corte social de Cárdenas provocaban un déficit elevado del gobierno que se financió con emisión de dinero lo que provocó la inflación de esos años.32 El crecimiento inflacionario continuó durante el sexenio de Miguel Alemán, que según Ortiz Mena mantuvo una demostración del duradero poder de los símbolos de la Revolución, «pero también proveyó de una dramática ilustración de la magnitud en la que los problemas de equilibrio externo limitan la libertad de acción de los presidentes de México. Porque la reducción de los controles que caracterizaron los últimos meses de Ávila Camacho, sumados a las políticas expansivas de Alemán en su primera parte, provocaron una de esas crisis en las finanzas externas que han puntuado el crecimiento de México desde los años treinta».33 Y así fue: para mediados de 1948 ya no hubo manera de seguir sosteniendo artificialmente el peso, como lo había hecho Alemán apoyado en créditos del FMI y del Tesoro estadounidense. Casi sin reservas internacionales, hubo que devaluar.34 A la devaluación siguió una etapa de crecimiento, que para 1950 alcanzó su máximo con casi 10%, y nuevamente se vino abajo. Al cierre del sexenio de Alemán, el crecimiento económico nuevamente está debajo de 5%, mientras que la inflación alcanza 20% en 1951 y cerca de 8% para 1952. Ese año ocurre una nueva prueba para el régimen de la Revolución, puesto que hay una oposición importante desde la izquierda. Por un lado, Vicente Lombardo Toledano decide enfrentarse al régimen. En 1948 sale de la CTM e inicia la creación del Partido Popular, PP. Al año siguiente crea la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM, con el apoyo de los trabajadores petroleros, mineros y electricistas. En 1952 será candidato del PP a la presidencia.35

Más importante aún, Miguel Henríquez Guzmán también se lanza a la presidencia, por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Henríquez Guzmán había sido uno de los cadetes que defendieron a Madero en la Decena Trágica, pero fuera de ello no tenía mucho que ofrecer. Su candidatura resulta relevante porque la familia del general Cárdenas, así como varios de sus colaboradores, aparecen en la campaña henriquista. Para muchos observadores, tanto la candidatura de Lombardo como el apoyo cardenista a Henríquez sirvieron para evitar que Miguel Alemán buscara mantener el poder a través de alguno de sus muy cercanos colaboradores que, se rumoraba, serían candidatos del PRI. El candidato fue Adolfo Ruiz Cortines y el régimen siguió funcionando.36 Al llegar al poder Ruiz Cortines prevé mayores problemas y decide devaluar antes de que se agotaran las reservas internacionales. La devaluación del Sábado de Gloria de 1954, que puso al peso en 12.50 por dólar, ha sido la única en el siglo XX que se decidió como medida de política económica y no por la fuerza de las circunstancias.37 Igual que con la devaluación de 1948, la economía reaccionó creciendo más.38 Pero el pico de crecimiento de 1954, superior a 10%, fue nuevamente seguido por una tasa descendente, lo que mostró que la economía mexicana tenía problemas serios de competitividad que sólo se resolvían devaluando. Pero esto no era una buena idea, porque mantener la moneda subvaluada significa transferir riqueza de los factores productivos nacionales al consumidor extranjero. En otras palabras, cada vez que se devaluaba, el trabajador mexicano ganaba menos, lo que permitía vender más barato en el exterior, pero sin duda a costa del bienestar del trabajador. El texto de Pani que comentamos unos párrafos antes se publicó poco después de la devaluación de 1954, y es interesante escuchar su opinión al respecto: Ni bajo el supuesto —es mucho suponer— de que el progreso económico logrado hubiera sido tan estupendo como lo grita la demagogia, no podría, ni por pienso, comparar los males que ha causado y seguirá causando, mientras subsista, la política financiera imperante. Se han mencionado y repetido estos

daños hasta el cansancio: los derivados de la continua depreciación interna del peso y una desvalorización internacional a cada insolvencia de la balanza de pagos.39

Para fortuna del país, y tranquilidad de Pani, lo que ocurrió durante los siguientes quince años, es decir, desde 1955 hasta 1970, fue un crecimiento tan elevado como el de los veinte años anteriores, pero sin las presiones inflacionarias que aquél había traído consigo, como puede verse en el cuadro 11.3.

  En buena medida, la personalidad cauta de Ruiz Cortines ayudó a evitar que México entrara nuevamente en una etapa de crecimiento inflacionario, como había ocurrido en los tres sexenios previos. Pero Ruiz Cortines se pasó de cauto en varias cosas, entre ellas con los impuestos, que se mantuvieron muy bajos, cuando ya había necesidad de recaudar más.40 Durante su sexenio también se empezaron a agotar las opciones fáciles de industrialización mediante sustitución de importaciones conforme las industrias de consumo crecían, lo que dejaba entonces sólo bienes intermedios y bienes de capital cuya sustitución resultaba mucho más compleja.41 El cambio de gobierno en 1958 ya no estuvo marcado por escisiones importantes en el régimen, como había sido el caso con Almazán en 1940 y con Henríquez en 1952; ahora los conflictos serían de otro tipo. Ya habíamos mencionado que, además de los acuerdos de Bretton Woods, hay dos procesos geopolíticos relevantes en la época que estamos estudiando: la Guerra Fría y las guerras de liberación nacional. El impacto de estos procesos en México significó una limitación para mover demasiado hacia la izquierda las políticas públicas.

El mejor ejemplo de estas limitaciones, que además sirvió de enseñanza al gobierno mexicano, tiene que ver con la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959. En esos años, México había vivido una presión laboral inusual, en buena medida resultado del cambio de gobierno de 1958. Como ocurría en todos los cambios sexenales, los diferentes grupos aprovechaban el vacío de poder que resultaba de la sucesión presidencial. En 1958, las presiones en cuestión laboral fueron las más relevantes: a inicios del año, los telegrafistas; para abril, el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) dirigido por Othón Salazar, y para mediados de año, justo al borde de las elecciones presidenciales, electricistas, maestros del MRM e incluso secciones del sindicato petrolero apoyan a los ferrocarrileros, que en julio paralizan por completo los trenes de México.42 El gobierno reacciona otorgando el aumento salarial que buscaban los ferrocarrileros y también aprobando el cambio del comité ejecutivo nacional del sindicato, que queda en manos de Demetrio Vallejo. El movimiento ferrocarrilero se radicaliza y, frente al último informe de gobierno de Ruiz Cortines, el conflicto vuelve a crecer. Ahora el MRM disputa con el SNTE el control de la sección 9 del Distrito Federal y las secciones petroleras desconocen la dirección nacional. En enero de 1959, los telefonistas entran en paro solidario. En febrero, la huelga ferrocarrilera es declarada inexistente, los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa son encarcelados junto con centenares de compañeros y miles pierden su empleo. Pero el gobierno veía, detrás de estos movimientos, la mano de Moscú: «Durante 1958 México fue objeto de un importante intento de desestabilización encabezado por el Partido Comunista Mexicano. Durante ese año ocurrieron 740 huelgas, número muy superior a las 150 que en promedio habían estallado durante los cinco años anteriores. Los principales movimientos desestabilizadores tuvieron una fuerte injerencia de dicho partido, como fueron los casos de telegrafistas, maestros, ferrocarrileros y petroleros».43 Y en febrero, «dos miembros de la embajada de la URSS fueron expulsados del

país por haber participado en la organización de los movimientos de agitación».44 Para el gobierno mexicano, buena parte de lo que ocurría en el interior del país se leía en esta clave de la Guerra Fría, lo que opacaba serias deficiencias del desempeño económico, y sobre todo social, de México. Sin embargo, tampoco estaban totalmente equivocados en su lectura, similar a la que tenían el sector privado y el gobierno estadounidense, como veremos en capítulos posteriores. Al respecto, Ortiz Mena sostiene que «en el contexto de la Guerra Fría, varias de las acciones importantes que en materia de política económica se llevaron a cabo durante los años del desarrollo estabilizador tuvieron que tratarse con extremo cuidado para evitar dar señales a la comunidad internacional que pudieran interpretarse como un giro de corte socialista por parte del gobierno mexicano».45 Así, en los primeros años sesenta, el gobierno mexicano aprende a interpretar en esta clave. En junio de 1960, el presidente cubano Oswaldo Dorticós visita México. Con motivo de la visita, el presidente del Senado, Manuel Moreno Sánchez, sostuvo que México era de izquierda, posición que recibió el respaldo del líder de los diputados, Emilio Sánchez Piedras. Un poco para corregir, Alfonso Corona del Rosal calificó al gobierno mexicano como de «atinada izquierda». El presidente López Mateos, en su más célebre frase, sostuvo que su gobierno era de «extrema izquierda dentro de la Constitución».46 En noviembre, los empresarios mexicanos (Concamin, Concanaco y Coparmex) publicaron un desplegado en el que preguntaban: «¿Por cuál camino, señor Presidente?».47 Para terminar de arreglar esto, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba en enero de 1961 y en febrero ocurre la invasión de Bahía de Cochinos, con el resultado conocido. Estos hechos «provocaron una importante pérdida de confianza en el país que ocasionó fuertes fugas de capital y una drástica reducción de la inversión privada. El saldo de la cuenta de capital de la balanza de pagos se redujo 21% entre 1960 y 1961 y, para hacer frente a la situación inmediata,

tuvimos que acudir ese último año al FMI para un financiamiento compensatorio por 45 millones de dólares».48 En marzo de 1961 se llevó a cabo la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que derivó en agosto en la creación del Movimiento de Liberación Nacional, MLN, un grupo con marcada presencia cardenista que aunque posteriormente desaparecerá, es un nuevo momento de confluencia entre la izquierda no partidista y el grupo de Lázaro Cárdenas.49 En el MLN participarán personajes muy relevantes de la izquierda durante las siguientes décadas, desde Rubén Jaramillo o Genaro Vázquez hasta Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. El general, aunque no buscaba desestabilizar el régimen que él mismo había creado, sí intentaba influir en su dirección e impedir que el nacionalismo revolucionario se diluyese frente a la retórica desarrollista de la época. El gobierno mexicano quedó curado de espanto después de esto, y de ahí en adelante no haría declaraciones de este tipo, al menos durante la década de los sesenta. Más todavía, la nacionalización de la industria eléctrica la realizaría el gobierno de López Mateos de manera muy diferente a como Cárdenas había hecho con el petróleo. Mejor la compraron, para no causar un nuevo desaguisado. La política económica seguida en los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz se acostumbra llamar desarrollo estabilizador, nombre que acuñó precisamente Ortiz Mena, secretario de Hacienda en esos dos sexenios.50 En esencia, se trata del modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones que ya hemos comentado, aunque con una mayor atención a evitar el crecimiento de la inflación. Sin embargo, la estabilidad de la época está muy relacionada con la capacidad que aún tenía el campo mexicano para crecer en esos años, que fue lo que evitó que nos ocurriera lo que a los países sudamericanos.51 En defensa de su tiempo en Hacienda, Ortiz Mena menciona que el proceso exigía que después de 1970 se iniciara un proceso de apertura gradual, lo que no llegó a tiempo.52 Claro que eso es absurdo, como lo comentamos anteriormente. Una vez iniciado un

proceso de cierre de fronteras es muy difícil revertirlo, porque quienes ganan con el mercado controlado no van a permitir su apertura fácilmente. Si no le fue posible a Ortiz Mena llevar a cabo una reforma fiscal a inicios de los sesenta, ni a su sucesor a inicios de los setenta, mucho menos era posible abrir los mercados.53 Más aún, la protección que tenían los empresarios en México era muy superior a lo necesario, conforme a estudios de la época, de manera que era muy evidente, en 1970, que el camino seguido no había sido el correcto.54 De hecho, en un ejercicio realizado por el profesor Chenery, se concluía que México, en realidad, no se había industrializado, sino «desindustrializado» en esos años.55 La defensa que esgrime contra esto Ortiz Mena es retórica pura: «Un comentario común respecto al desarrollo estabilizador ha sido que si bien logró resultados positivos, para principios de los setenta había quedado agotado. Esta es una apreciación errónea. El modelo del desarrollo estabilizador no es un recetario de medidas económicas detalladas. El desarrollo estabilizador es la concepción de que es deseable y posible conciliar el crecimiento y la estabilidad».56 Es retórica porque el problema no es creer en la combinación de crecimiento y estabilidad, sino actuar para ello, y en realidad lo que pasó durante los años sesenta fue que México empezó a entrar en problemas. De 1940 a 1958, el endeudamiento promedio anual era de 0.4% del PIB, mientras que de 1959 a 1970, es decir, mientras Ortiz Mena estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda, fue de 3.4% del PIB. Comparado con lo ocurrido después, parece una cuestión menor, pero no lo es. La convención internacional es que cuando el déficit del gobierno (es decir, lo que se tiene que financiar con deuda) supera 3% del PIB, se está poniendo en riesgo la estabilidad. Más grave aún, la diferencia entre el gasto y los impuestos, que en 1958 era de 3%, llegó a más de 10% del PIB en 1970. Dicho de otra manera, era claro que durante el sexenio de Díaz Ordaz había un serio problema de recaudación y que las obligaciones del gobierno no se estaban financiando sanamente. Es decir, la estabilidad se había puesto en riesgo. Pero nada se hizo

para corregir el problema porque el régimen estaba enfrentando otro tipo de complicaciones, mucho más graves. El crecimiento de la economía mexicana, la industrialización y la urbanización, por muy deficientes que fuesen, habían ampliado grupos sociales que no formaban parte del esquema corporativo. Por un lado, pequeños grupos de campesinos y obreros que querían salir de la camisa de fuerza que era el régimen; por otro, grupos no tan pequeños de clase media que no era nada fácil incluir en un esquema corporativo. Estos grupos se empiezan a enfrentar al régimen para abrirse un espacio político, pero esto ocurre cuando el entorno internacional es más complicado. Como hemos visto, la Guerra Fría y las guerras de liberación nacional provocan que el régimen interprete la oposición sobre todo en la clave de la «conjura comunista». Desde 1958, el régimen tiene que enfrentar oposición desde la izquierda de manera constante. Aunque la candidatura de Henríquez en 1952 pueda también ubicarse en ese lado del espectro político, acabó siendo una oposición leal, y muchos de quienes apoyaron a Henríquez regresaron al régimen: Francisco J. Múgica, Francisco Martínez de la Vega, Marcelino García Barragán, Wenceslao Labra, Raúl Castellanos, entre otros. Varios de ellos, por cierto, estarán del lado del régimen frente a la oposición de izquierda iniciada en 1958. Los movimientos ferrocarrilero y magisterial de ese año, como vimos, fueron aplastados con cierta rapidez. De igual manera se acabó con el grupo de Rubén Jaramillo, con su asesinato en 1962. Pero después los movimientos fueron cada vez más de clase media, más públicos, más difíciles de enfrentar con pura y simple violencia. Y el régimen no encontraba otra manera de responder, tal vez porque Díaz Ordaz no podía entender adecuadamente lo que estaba ocurriendo. La matanza del 2 de octubre de 1968 marca el punto más alto de esta violencia del régimen contra la sociedad desarmada. Después de ello, vendrá lo que se acostumbra llamar guerra sucia. Pero, para comprender adecuadamente este fenómeno, lo veremos con detalle en el capítulo 13.

En 1965, el Fondo de Cultura Económica publica el libro Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Este antropólogo estadounidense ya había publicado Antropología de la pobreza, la narración de cinco familias mexicanas de diferente nivel socioeconómico, una de las cuales era precisamente la de Manuel Sánchez. Sin embargo, fue la segunda obra la que hizo enojar al presidente Díaz Ordaz (tal vez porque cuando se publicó la primera no era todavía presidente). «A su juicio, la obra exageraba y distorsionaba la realidad mexicana».57 La publicación de Los hijos de Sánchez provocó el despido de Arnaldo Orfila de la dirección del FCE, pero lo único que hacían los libros de Lewis era reflejar la realidad del régimen: los mexicanos no vivían mejor cincuenta años después de la expulsión de Porfirio Díaz. Pero éste es ya material del siguiente capítulo.

12. LAS CONTRADICCIONES DE LA REVOLUCIÓN

Hemos visto ya que el crecimiento económico de la posguerra, a pesar de ser elevado comparado con otras épocas, no tiene nada de especial frente a lo ocurrido en otras partes del mundo, incluso en otros países latinoamericanos. En consecuencia, el muchas veces llamado «milagro mexicano» no es más que una referencia vacía, un mito más en la gran cantidad que acumulamos los mexicanos. Sin embargo, los años de crecimiento sí tuvieron un efecto en el bienestar de la población: hay una pequeña mejoría general en el nivel de vida, pero la desigualdad no se reduce en ningún momento, sino que crece: lo poco que llegaba a cada mexicano se sumaba a la miseria de los años revolucionarios y a las promesas del régimen para crear una sensación de mejoría muy superior a la realidad. Es así que en la cuestión social sí puede hablarse de un milagro: sin que la población mejorara en sus niveles de bienestar, lo hacía en sus expectativas. LOS FRUTOS DE LA REFORMA AGRARIA La Reforma Agraria, al distribuir tierras, debería haber tenido un efecto importante en la distribución del ingreso. Sin embargo, no fue así.1 No tanto por el tipo de propiedad, sino por las condiciones productivas de la tierra que reciben los campesinos. La productividad de la tierra depende mucho de la infraestructura, en particular hidráulica, pero también de la extensión que se cultiva. De esta manera, los terrenos de menos de cinco hectáreas son hasta

cinco veces menos productivos que las grandes unidades, sin importar mucho que su tenencia sea privada o comunal.2 Sin embargo, esto no significa que la tenencia no tenga relevancia en los rendimientos, sino sólo que ésta es menor que la del tamaño del predio. Entre 1930 y 1960, los ejidos perdieron productividad con respecto a los predios privados en algunos de los cultivos más importantes: 16% en maíz, otro tanto en café y 32% en caña de azúcar.3 Por otro lado, los ejidos colectivos, que sí contaban con extensiones importantes de tierra, acaban funcionando de la misma manera que las empresas privadas, es decir, en las palabras de uso común en los años setenta, proletarizando a los campesinos.4 En parte, esto lo atribuyen los estudiosos a los años de destrucción de las comunidades indígenas y a la imposición del Estado.5 El caso es que la Reforma Agraria no frenó la construcción del capitalismo en México, ni mucho menos.6 Ese proceso de alteración del campesinado, precisamente iniciado con la Reforma Agraria que se suponía serviría para hacerlo más autónomo, lleva a Bartra a concluir que el campesinado de los años setenta no es más que «una invención de la burguesía».7 Un subproducto del capitalismo, aunque se trata de un capitalismo muy especial, subdesarrollado.8 El resultado de la Reforma Agraria es que una gran cantidad de campesinos decide quedarse en las que ahora son sus tierras, aunque sea sólo posesión y no propiedad lo que tengan, en la esperanza de incrementar sus ingresos. Pero eso no ocurrió, y especialmente no ocurrió en los años inmediatos a las mayores reparticiones.9 La Reforma Agraria se parece mucho a la perla del relato de John Steinbeck, es un regalo maldito, una riqueza aparente que se convierte en la perpetuación de la miseria. La esperanza es lo último que muere.10 Cuánto de esto debemos atribuir a la idea y cuánto a su aplicación puede ser un tema de discusión. Si se parte de la premisa de que la Reforma Agraria tenía como objetivo fundamental soportar el régimen político, entonces su aplicación no tiene falla. Tanto el Departamento Agrario como el Banco Ejidal se consagraron a la

organización campesina con fines políticos.11 Desde el gobierno de Carranza hasta que finalizó la repartición con el gobierno de Carlos Salinas, se repartieron poco más de 103 millones de hectáreas de los 196 millones que tiene el territorio nacional. A inicios del siglo XXI, apenas 20 millones de hectáreas se cultivan (porque son las únicas susceptibles de cultivarse), y no todas son ejidales.12 Pero si el punto de partida es la preocupación legendaria por el campesinado y el indígena, entonces se entiende la creencia en que la Reforma Agraria fue traicionada en su aplicación.13 Pero es precisamente ésta la confusión interesada del régimen de la Revolución, mantener siempre vigente la visión premoderna del bien común, del interés de una sociedad orgánica que podrá cumplirse en el final de los tiempos. Esta creencia no tiene sustento alguno, salvo, tal vez, la bondad personal del general Cárdenas. Pero esto es paternalismo puro, es decir, lo que queríamos mostrar. LA MOVILIDAD SOCIAL Muy asociada con la Reforma Agraria está la idea de la movilidad social que permitió el régimen de la Revolución. Es un poco contradictorio que así sea, porque si la Reforma Agraria buscaba algo era precisamente reducir la movilidad, a cambio de seguridad y autonomía. Pero parece que si el siglo XX mexicano es algo, es precisamente contradictorio. La movilidad social no es fácil de medir. La mejor forma de hacerlo, con estudios de seguimiento, no ha sido común. Además, la movilidad existe en todas las sociedades. Con base en registros, por ejemplo, Jan Bazant narra las historias de dos familias de peones en San Luis Potosí, en la segunda mitad del siglo XVIII, que siguen diferentes caminos con resultados también muy diferentes en términos sociales.14 También en la Nueva España había movilidad social. En cuanto a la llamada clase media, el concepto es también muy elusivo. Puede entenderse como una clasificación simplemente económica, ampliarse con características sociales o de plano ser

definida en términos aspiracionales. No hay razón, de entrada, para menospreciar ninguna de las definiciones. Con cualquiera de las tres, la clase media aparece en el Porfiriato, como el mismo Díaz lo reconocía en su entrevista a Creelman que hemos citado al inicio del libro. Sin embargo, no hay duda de que la clase media crece durante el siglo XX, en México igual que en cualquier otra parte del mundo. Con base en su ocupación principal, la clase media se habría duplicado entre 1940 y 1970, como se muestra en el cuadro 12.1.15 Sin embargo, ocurre lo mismo en otros países de América Latina. En la figura 12.1 puede verse que el crecimiento de la clase media en México es similar al que ocurre en los demás países, mientras que el de la clase alta, o puestos superiores, es bastante mayor en el caso de México.

 

  Sin embargo, si la ocupación es nuestro punto de partida para entender la movilidad, entonces el proceso de industrialización y urbanización, por sí solo, estará produciendo movilidad, aunque los ingresos de las personas puedan ser incluso más bajos al moverse a las ciudades. Esto implicaría que vivir en una zona miserable de la ciudad es un avance social frente a vivir en el campo, y eso no es nada claro. En particular, en las décadas de 1960 y 1970 la migración a las ciudades no parece haber significado mejoría en el bienestar de las familias. Por ejemplo, Hansen observaba a inicios de los setenta que la movilidad social en México no era mejor que la de otros países latinoamericanos.16 Por ello, parece mejor analizar la pobreza y la distribución del ingreso como referencias del bienestar de la sociedad. Aunque se trata también de conceptos difíciles, lo son menos que la movilidad social. Desde los años setenta era muy claro que México no había mejorado significativamente en cuestiones de distribución y pobreza. Sin embargo, los primeros datos con que contamos provienen de

1950, y construir datos comparables desde entonces no ha sido un asunto sencillo. La interpretación que se tenía al inicio de los setenta era que el crecimiento económico de la posguerra había provocado, al menos en parte, el deterioro en la distribución.17 La crítica enfatizaba que ningún otro gobierno latinoamericano había hecho tan poco por su pueblo, aunque sí había mantenido los salarios de sus sindicatos al ritmo de la inflación.18 Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de 1958 a 1970, se defendía de las acusaciones sosteniendo que el deterioro había ocurrido durante el crecimiento inflacionario previo, no en el desarrollo estabilizador que él impulsó.19 Hay datos que favorecen a Ortiz Mena. En la figura 12.2 aparece el comportamiento de los índices de pobreza desde 1950 en adelante, de acuerdo con cálculos de Miguel Székely.20 Los datos de distribución no son fácilmente comparables, en particular los que ahora estamos viendo, por lo que las series nos son útiles como referencia, aunque no podamos estar absolutamente seguros de cada punto en particular.21 Los tres índices presentados en la figura corresponden a la clasificación que ha utilizado el gobierno mexicano desde 2000. La pobreza alimentaria se refiere al porcentaje de personas que no tienen un ingreso suficiente para poder alimentarse adecuadamente y es el caso más extremo de pobreza. La pobreza de capacidades corresponde a la definición que Amartya Sen ha propuesto: se es pobre cuando no se pueden desarrollar adecuadamente las capacidades personales por cuestiones externas. Esta es la mejor definición de pobreza con que contamos. Finalmente, la llamada pobreza patrimonial tiene que ver con personas que están en condiciones de alimentarse y desarrollar sus capacidades, pero no tienen una vivienda adecuada, por diversas razones. Como puede observarse, Ortiz Mena tiene razón cuando afirma que, mientras él estuvo a cargo de la política económica del país, la pobreza se redujo. En particular, la pobreza alimentaria se reduce significativamente en ese tiempo, aunque las otras dos no lo hacen al mismo ritmo. La razón de esta reducción es el crecimiento

económico con baja inflación, que ya hemos visto que compartimos con muchos países. Pero hay que reconocer a Ortiz Mena el que no se haya descarrilado en su periodo.

  En materia de distribución, la figura 12.3 presenta la relación entre el ingreso corriente del 10% más rico de la población con respecto al 10% más pobre. Como referencia, a inicios del siglo XXI esta misma medición en México se encuentra alrededor de 22 puntos. En los veinte países menos desiguales del mundo, la cifra está entre 5 y 7 puntos. En la figura puede verse que en 1950 el ingreso de los mexicanos más ricos equivalía a veinte veces el de los más pobres, diferencia que incluso se reduce ligeramente hacia 1958. Sin embargo, de ahí en adelante las cosas cambian y nuevamente los más ricos incrementan su ingreso más rápido que los más pobres, de manera que, para mediados de los sesenta, los primeros tienen un ingreso 25 veces mayor que los segundos, diferencia que se eleva hasta 35 veces poco antes de terminar la década. En conjunto, las series de pobreza y de distribución del ingreso muestran que hacia 1970 efectivamente se había reducido el

porcentaje de mexicanos que no tenía para comer, pero al mismo tiempo se había incrementado la diferencia entre ellos y los más ricos. Mientras que en 1958, 60% de los mexicanos no alcanzaba a alimentarse bien, la diferencia entre el ingreso de los más pobres y los más ricos era de 15 veces. En 1970, el porcentaje que no tenía buena alimentación se había reducido a la mitad, pero la diferencia entre su ingreso y el de los más ricos se había duplicado.

  En otras palabras, el crecimiento económico estable de esas décadas benefició a todos, pero más que nada a los más ricos. Así, es el puro impulso de la economía el que va reduciendo la pobreza extrema, pero no parece existir evidencia de que, además del crecimiento, hubiese algún esfuerzo serio del gobierno orientado a reducir la pobreza. «De acuerdo con esas comparaciones, no es exagerado decir que en cuanto al empleo de las políticas fiscales y de gastos para lograr una más equitativa distribución del ingreso, en las últimas décadas México ha hecho menos, aplicando menos recursos, que las otras grandes naciones de América Latina».22

De hecho, el porcentaje del gasto público destinado a cuestiones sociales no es importante durante los gobiernos de 1940 a 1970. En los primeros cuatro de esos cinco sexenios el gasto social promedia menos de 16% del gasto total. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, este rubro prácticamente se duplica (llega a 32%), pero no parece tener un impacto muy grande en los resultados, como hemos visto. En la figura 12.4 aparece la distribución del gasto público según la propuesta de James Wilkie para evaluar la Revolución.

  En materia educativa, por ejemplo, México no tiene un desempeño relevante durante la posguerra. Hacia 1960, el analfabetismo en México ronda 35% de la población total, similar al que tienen Brasil, Perú y Venezuela en la misma fecha, y notoriamente mayor al de Colombia, Chile o Argentina.23 Para 1970, cada mexicano tenía en promedio 3.3 años de educación, menos que el promedio de América Latina, de casi cuatro años, y sólo más que países como Venezuela, Colombia y Brasil. En ese mismo año, Estados Unidos tenía un promedio superior a 10 años de educación.24 Como hemos visto, esto responde en parte a un gasto público muy bajo en materia social. Específicamente en educación, en los

años cincuenta México gastaba 1.4% del PIB, frente a un gasto superior a 2% en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. Para 1965, México había incrementado el gasto para superar los dos puntos del PIB, mientras que Argentina, Brasil, Chile y Colombia ya gastaban más de 3% y Bolivia y Venezuela superaban el 4 por ciento.25 El esfuerzo educativo es continuo desde los tiempos de la República Restaurada, pero es interesante notar que todavía en 1970 no se ha logrado la cobertura total de los niños en edad de asistir a este nivel educativo. No es nada despreciable el incremento, pero como vemos en la figura 12.5, en 1960 apenas 70% de los niños de entre 6 y 12 años asistían a la escuela en México. La situación en otros niveles educativos era francamente grave. En 1960 apenas 10% de los niños con edad entre 13 y 15 años asistía a la secundaria, cobertura que sólo alcanzó la educación media superior diez años después.

 

Algo similar a lo que ocurre en educación podemos encontrarlo en servicios de salud y en alimentación. Hacia fines de los sesenta, apenas 6% de la población tenía seguro social, nivel similar al de Brasil, Perú y Venezuela, pero muy inferior al de Argentina y Chile.26 En cuanto a alimentación, sin duda hay un incremento puesto que, como hemos visto, se reduce la proporción de la población en pobreza alimentaria, pero de manera similar a lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, en México y Brasil, durante la década de los sesenta, el consumo de calorías diarias y el de proteínas aumentan en la misma proporción, entre 7 y 8 por ciento. Venezuela también logra un incremento análogo en esos años (cuadro 12.2).

  UN ESTADO CREADOR DE EMPRESARIOS Mientras que los beneficios del crecimiento llegan de manera muy paulatina a las grandes mayorías, el Estado invierte directamente en la industrialización del país, como veíamos en el capítulo anterior, pero también lo hace desarrollando empresarios. Esto no es una novedad en México, sino otra herencia de los tiempos de Porfirio Díaz.27 En el Porfiriato era muy normal encontrar a los políticos en los consejos de administración de las empresas más importantes del país. Julio Limantour, hermano del secretario de Hacienda, José Yves Limantour, era accionista del Banco de Londres y México y del Banco Nacional Hipotecario, además de miembro del consejo de

directores del Banco Nacional de México.28 Pablo Macedo, senador, era compañero de Limantour en este consejo y dirigía el consejo del Banco Mexicano de Comercio e Industria. El presidente del consejo del Banco de Londres y México era Manuel González, el compadre de don Porfirio y presidente de la República en 1880.29 En los estados se reproducía esta relación entre políticos y empresarios. La familia Rabasa, por ejemplo, era principal accionista del Banco de Chiapas, estado del que fue gobernador Emilio Rabasa entre 1891 y 1894. Fue sucedido por Rafael Pimentel, cuya familia también era accionista del banco. El hermano de Rafael, Emilio, fue gobernador de Oaxaca entre 1902 y 1911, por lo que la familia también era accionista del Banco de Oaxaca. El presidente de ese banco era Luis Mier y Terán, gobernador del estado de 1884 a 1887.30 Pero esto no ocurría sólo en el sistema financiero. Julio Limantour, Pablo Macedo y Manuel González eran accionistas de El Buen Tono, la tabacalera más importante del país, en donde eran socios de Porfirio Díaz hijo. Limantour y Porfirito también eran socios en la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, en donde era accionista, asimismo, Enrique Creel.31 Guillermo de Landa y Escandón, además de su labor en el sistema financiero, aparece en el consejo de dirección de El Águila, en Minera de Blanca y Anexas, en Mexican Mines of El Oro y en Minera Dos Estrellas. También está en El Águila y en minera Batopilas Enrique Creel. En El Águila, además de los dos mencionados, aparecen nuevamente Pablo Macedo y Porfirio hijo. Para no quedarse atrás, la otra petrolera, La Huasteca, tiene entre sus accionistas a Joaquín de Casasús, después consuegro de Díaz.32 Si bien Díaz, Limantour, Macedo y otros políticos destacados no lograron sobrevivir la Revolución, las empresas sí pudieron hacerlo, y con ellas muchos de sus accionistas. Por ejemplo, las empresas regiomontanas mantienen a buena parte de los accionistas antes y después de la lucha armada. En la Tabacalera Mexicana, en 1911, aparecen Antonio Basagoiti, Adolfo Prieto y Dionisio Ramón Zaldo, entre otros. Para 1938, son accionistas Zaldo Jr. y J. Antonio

Basagoiti. Basagoiti y Prieto son los creadores de la Fundidora. Del otro lado del país, Olegario Molina es socio de International Harvester y dueño de buena parte de Yucatán.33 En las empresas textiles, las familias francesas que las crearon se mantienen por periodos similares. En 1911, Enrique Tron es presidente del consejo de CIDOSA, en donde aparecen los apellidos Roux, Ebrard, Adrian y Honnorat. En 1920, el presidente es Justino Tron y se suma Signoret a los nombres ya vistos. Todos ellos siguen ahí en 1937. De acuerdo con Haber, Razo y Maurer esta permanencia de los grupos empresariales familiares a través de la Revolución coincide con las investigaciones más reconocidas al respecto.34 Incluso en el sector financiero, que prácticamente quedó destruido en 1915 y 1916 los banqueros porfiristas regresan cuando Alberto Pani convoca a una convención en 1923 para restaurar el sistema bancario nacional. Entre los consejeros de esa convención aparecen Miguel Macedo y Enrique Creel. De esta convención surge el cuerpo de la ley que se publica en 1925 y que, nuevamente, permite la concentración del mercado bancario en México.35 Con los gobiernos revolucionarios se hace necesario restablecer las alianzas que den garantías a los empresarios, como vimos en capítulos anteriores. Así, al igual que ocurrió en el Porfiriato, tanto el sistema financiero como la industria en general se entremezclan con el gobierno. Durante el periodo de los sonorenses, lo más espectacular es el uso del sistema financiero. Incluso el Banco de México, que en un principio tenía un área comercial, se dedica a financiar políticos, entre ellos al mismo Plutarco Elías Calles, a sus yernos los Torreblanca, a Aaron Sáenz, Luis N. Morones, Alberto Pani, Luis Cabrera y Álvaro Obregón, a quien le sufragó una deuda de 1.4 millones de pesos, algo similar a lo que hizo el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que pagó un millón de pesos que Obregón adeudaba. Este banco también prestó a Abundio Gómez (gobernador del Estado de México), a José Gonzalo Escobar (antes de que se levantara en armas), a Joaquín Amaro, a Gilberto Valenzuela y a Luis León.36

Nacional Financiera es creada en 1934, y será utilizada por el gobierno para crear o impulsar empresas privadas. En 1942 fue el soporte de la creación de Altos Hornos; entre 1940 y 1948, de diversas empresas cementeras; en 1943, de Guanos y Fertilizantes, y poco después, Celanese Mexicana.37 Nacional Financiera también sirvió para rescatar empresas con cierta frecuencia, de manera que para mediados de los sesenta financiaba más de 500 empresas. Tenía acciones de 41, de las que 29 eran administradas por la iniciativa privada, y en 12 era mayoritaria: dos ingenios azucareros (Rosales e Independencia), las fábricas de papel de Tuxtepec y Atenquique, Altos Hornos y Siderúrgica Nacional, Ayotla Textil y Operadora Textil, Refrigeradora del Noroeste, Guanos y Fertilizantes, Chiapas y Triplay y Maderas Industrializadas de Quintana Roo.38 El sistema financiero del régimen de la Revolución es menos escandaloso que en los tiempos de los sonorenses, y más parecido al Porfiriato. Los dos grandes bancos de entonces, Banamex y Banco de Londres y México continúan operando. Un tercer gran banco se crea mediante la asociación de pequeños bancos regionales al Banco de Comercio. Bancomer fue fundado por el grupo BUDA (Raúl Bailleres, Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto Amezcua). Entre los socios regionales se incorporó William Jenkins, cuyo operador era Manuel Espinosa Yglesias. «En uno de los aumentos de capital del banco, que ocurrió mientras Jenkins viaja por Europa, Espinosa aprovechó la situación para tomar el control de la institución».39 Inconformes, se separan Bailleres, Domínguez y Amezcua. También sale Carlos Trouyet, que los invita a invertir en Banco Comercial Mexicano (después Comermex), en donde también estaba Eloy Vallina. Bailleres abandonó poco después para crear su propio banco, Crédito Minero y Mercantil. Además de estos bancos, no está de más mencionar el Banco Mexicano, del expresidente Abelardo L. Rodríguez, y el Banco Internacional, de Luis Montes de Oca, anteriormente secretario de Hacienda.40 Por cierto, Montes de Oca y su banco, con apoyo de Nacional Financiera están entre los impulsores de la industria cementera, específicamente de Cementos del Bajío y Cementos de

Guadalajara, cuyo accionista mayoritario era Jorge Henríquez Guzmán, el accionista más importante de Altos Hornos de México, y hermano de Miguel, candidato frustrado en la elección de 1952.41 La opinión de Ortiz Mena sobre Espinosa Yglesias es diferente de la de estos banqueros. Para él, fue una presencia positiva en el sistema bancario.42 Tal vez porque Trouyet y Vallina, junto con Bruno Pagliai, eran muy amigos de Miguel Alemán, expresidente de la República y no muy cercano a Ortiz Mena.43 Pagliai y Alemán fundaron, junto con Jorge Larrea, el Grupo Industrial Minera México.44 El papel del Estado en la formación de los empresarios mexicanos es muy significativo. La extrema discrecionalidad del sistema político permite la formación de las coaliciones empresariopolítico que ya hemos mencionado, siguiendo a Haber, Razo y Maurer. Puesto que los derechos de propiedad no son nunca totalmente claros, es necesario mantener una buena relación con el Estado que se refleja en oportunidades de negocios para los políticos. En sentido opuesto, el otorgamiento de ventajas a ciertos empresarios les permite obtener ganancias extraordinarias, producto de su posición oligopólica e incluso a veces monopólica. Al igual que ocurrió en el Porfiriato, cuando quienes habían logrado ubicarse en la elite durante la República Restaurada tenían una ventaja de arranque, sucede también en el régimen de la Revolución, de manera que es posible seguir algunas familias empresariales durante siglo y medio hasta llegar al presente.45 Es importante mencionar que el marco institucional (es decir, las leyes y las reglas no escritas que promueven las coaliciones mencionadas) opera en favor de ciertas características de los empresarios, y en contra de otras. Durante el régimen de la Revolución, la competitividad no es un elemento relevante para los empresarios. Al igual que en la política, en la economía la ley se aplica conforme se necesita, de manera discrecional, por lo que para hacer negocios es mejor estar aliado con la política, de otra forma el asunto se vuelve muy complicado, y más para un extranjero.46 Sin embargo, resulta que un porcentaje muy importante de los grandes empresarios mexicanos es de origen extranjero. De acuerdo con

Vernon, cerca de la mitad de los líderes empresariales tenía abuelo paterno nacido fuera de México.47 El mismo concluye, a inicios de los sesenta, que los empresarios mexicanos no son, normalmente, hombres hechos por sí mismos, sino un grupo que «ha adquirido su estatus por acrecentamiento —en capital, educación y posición— en más de una generación».48 La cercana relación entre negocios y política que se podía percibir en el México de la posguerra le hacía pensar a Vernon en procesos similares ocurridos en Inglaterra a inicios del siglo XIX o en Estados Unidos al final de ese siglo, perspectiva que comparte Hansen «a pesar de la continua preeminencia de las actividades del sector público, el gobierno mexicano es un “gobierno de los hombres de negocios” en la misma medida que cualquiera de los gobiernos de los Estados Unidos durante la décadas en que predominó el Partido Republicano (1860-1932)».49 Tal vez se debe a ello la preocupación de varios investigadores por comprobar la autonomía del Estado mexicano y la existencia o no de una elite político-económica central, empezando por Peter Smith, siguiendo con Nora Hamilton y, más recientemente, Francisco Valdés Ugalde.50 Lo que Hamilton encuentra es que empresarios y políticos abrevan en diferentes fuentes y que el Estado es suficientemente fuerte como para controlar el capital.51 Pero «el control económico no ha tenido necesariamente como resultado una mayor independencia económica. De hecho, la expansión de la participación económica estatal ha ayudado directa o indirectamente a la expansión del capital privado, fortaleciendo como consecuencia a las facciones dominantes de la burguesía».52 Como ejemplo, están no sólo los subsidios a empresas por parte de CFE y Pemex, sino que, además, «el gobierno se ha hecho cargo de muchos de los anticuados ingenios azucareros del país debido a la incapacidad del sector privado para administrarlos 53 lucrativamente». Por otra parte, a instancias de Pani se crean las confederaciones de cámaras, tanto la de comercio (Concanaco) como la industrial (Concamin).54 Antes de ellas sólo existía la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que fue siempre considerada

de oposición al régimen. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, antes conocida como CNIT y ahora como Canacintra, se funda posteriormente para agrupar a pequeños y medianos empresarios, más proteccionistas que los afiliados a Concamin.55 La orientación proteccionista de los empresarios ya la había registrado Miguel Alemán, que en las mesas redondas que organizó con ellos durante su campaña sólo recibía peticiones de bloquear las fronteras para allanar el camino a las empresas nacionales.56 Lo mismo ocurría con respecto a la inversión extranjera, que los empresarios mexicanos sólo aceptaban cuando no competía con ellos, como le ocurrió a la Concanaco, que acostumbraba defenderla, hasta que llegaron las inversiones comerciales como Sears Roebuck.57 A inicios de los sesenta, frente al gobierno de «extrema izquierda dentro de la Constitución» y al Movimiento de Liberación Nacional, se constituye el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, CMHN, por iniciativa de Bruno Pagliai. El CMHN será desde entonces la organización más influyente, en términos de peso económico. Ya en los años setenta, nuevamente frente a una inclinación «izquierdista» del gobierno, se crea el Consejo Coordinador Empresarial, formado por la Concamin, la Concanaco, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el CMHN.58 A riesgo de cansar, reitero que no era rasgo distintivo del empresario mexicano durante el régimen de la Revolución la vocación competitiva. Sí la capacidad de encontrar oportunidades de negocio en los huecos legales, las relaciones políticas y los mercados protegidos. En buena medida eso ayuda a entender la posición de buena parte del empresariado mexicano frente a los cambios ocurridos con el declive del régimen, incluyendo el ingreso de México al proceso llamado globalización. Pero hablaremos de ello más adelante. EL QUE VENGA ATRÁS, QUE ARREE

Ahora podemos ver la importancia de interpretar adecuadamente el tipo de régimen político que fue el de la Revolución Mexicana. Al tratarse de un régimen corporativo, su legitimidad descansa precisamente en estos grupos organizados funcionalmente. Obreros, campesinos y empresarios elevan sus demandas al árbitro, que debe decidir entre ellas, pero debe siempre otorgar algo a cada corporación. Al mismo tiempo, el discurso legitimador del régimen, la justicia social como gran meta de la Revolución Mexicana, le obliga a dar al menos algunos resultados que lo sigan haciendo creíble. El régimen corporativo permite administrar las demandas para mantenerlas dentro de la capacidad del gobierno, mientras que el discurso hace posible posponer el resto, como parte de ese proceso permanente que es la Revolución.59 Pero nada puede posponerse eternamente. En los años treinta, México tiene menos de 20 millones de habitantes, y poco menos de la mitad de ellos son menores de 20 años. Sin embargo, la cobertura educativa es muy pequeña: apenas la mitad de los niños en edad de estar en primaria, que son tres millones, efectivamente asiste a la escuela, y del millón de jóvenes en edad de estar en secundaria, apenas 20 mil tienen escuela. No existe ninguna institución de salud y seguridad social ni hay programas de asistencia social relevantes. Para 1970, la población supera los 48 millones de personas, y casi 60% es menor de 20 años. Casi todos los niños en edad de primaria asisten a la escuela, más de nueve millones, y hay un millón en secundaria (de los tres millones que deberían asistir, por su edad). Ya existen el IMSS y el ISSSTE, además de servicios coordinados con los estados, y existen algunos programas sociales, aunque todavía sin mucha dirección. Es decir que en esos cuarenta años las obligaciones sociales del Estado se multiplicaron. La educación primaria sextuplicó el número de alumnos atendidos y la secundaria lo aumentó más de 60 veces. Los servicios de salud y seguridad social, por el número que usted guste, puesto que ni siquiera existían en los años treinta. Este crecimiento, sin embargo, queda muy corto de las promesas de la Revolución, puesto que es similar a lo que ocurre en cualquier parte

del mundo en las mismas fechas: la posguerra es el tiempo en que los gobiernos occidentales se vuelcan a favor del Estado de bienestar.60 Después de la Segunda Guerra Mundial, y frente a la competencia soviética, los países occidentales reconocen que será imposible hacer funcionar democracias capitalistas sin tener un gran soporte social. Esto implica reconocer que debe haber un nivel mínimo de salud, educación y seguridad social para todos los habitantes de un país, que es precisamente lo que se nombra como Estado de bienestar. En consecuencia, se multiplican las escuelas, las clínicas y hospitales, se regulan los sistemas de pensiones y, con ellos, se incrementa el gasto del gobierno. Este proceso es todavía más fuerte a partir de la década de los sesenta, conforme crece la población y se amplían los derechos. El resultado en las finanzas públicas es un aumento muy significativo del gasto, en todo el mundo, que pasa de estar en niveles de 20 a 25% del PIB al final de la guerra a cerca de 30% para 1960 y a más de 40% en los años ochenta. Aunque ha habido cambios desde entonces, el gasto no se ha reducido, incluso se ha ampliado un poco. No es posible saber con certeza cuál debería ser el gasto público óptimo. Aunque hay la costumbre de hablar de un gasto de 8% del PIB en educación, por poner un ejemplo, la cifra no tiene ningún sustento. Países con una amplia proporción de niños y jóvenes deben invertir más en educación, mientras que los que tienen una elevada proporción de ancianos requieren mayores gastos en salud y seguridad social. Lo que parece claro, por la evidencia que tenernos, es que no existe la posibilidad de tener un Estado de bienestar razonable con un gasto público inferior a 40% del PIB. En el cuadro 12.3 aparece el comportamiento del gasto público en algunos países que llamamos desarrollados, y el de México para poder comparar. Hay que notar que los años de 1920 y 1937 están muy influidos por las guerras mundiales.

 

La Primera terminó en 1918 y para 1920 había esfuerzos importantes de reconstrucción; la Segunda inició en 1939, pero ya en 1937 había países que invertían más de la mitad de su gasto público en sus fuerzas armadas. En cualquier caso, el gasto de 1960 supera a los dos anteriores, aunque el gasto en defensa fuese ya muy menor. Para ilustrar la tendencia, aparecen los datos para 1980 y 1996, aunque hablaremos más sobre ese periodo en capítulos posteriores. La figura 12.6 ilustra gráficamente el comportamiento que hemos analizado, para unos pocos países. Nótese cómo en 1920 el gasto de México, España, Estados Unidos y Suecia no era tan diferente. El promedio aparece arriba por países que no están en la gráfica, pero sí en el cuadro, como Francia, Italia, etcétera. Suecia, que no participa en la Segunda Guerra y que además se convierte en el país con el Estado de bienestar más desarrollado, muestra claramente el impacto de esa decisión en el gasto público. Pasa de poco más de 10% en 1920 a más de 30% en 1960 y de ahí a los niveles de 60% en que se encuentra actualmente.

  España llega muy tarde al Estado de bienestar en pleno, de ahí el comportamiento exponencial a partir de 1960, cuando pasa de 20 a 45 por ciento. Estados Unidos, que tiene un Estado de bienestar muy limitado en comparación con los países europeos, se encuentra ligeramente arriba de 30% del PIB. México, como puede verse, realiza a partir de 1960 un gran esfuerzo para desarrollar su Estado de bienestar, pero a partir de 1980 el gasto del gobierno se viene abajo. La razón de la caída la podremos ver con más detalle en próximos capítulos, cuando analicemos lo que ocurrió durante los años setenta. Sin embargo, el origen del problema ya era claro desde los años sesenta, por más que se quisiera ignorar. El incremento del gasto público, para dar amplia cobertura, si no universal, en salud, educación y seguridad social, no estuvo acompañado de un crecimiento similar en los ingresos del gobierno. La gran diferencia entre los países desarrollados y México es precisamente ésta. Mientras que aquéllos subían simultáneamente el gasto y los impuestos, México sólo incrementaba el gasto, pero no la recaudación (véase el cuadro 12.4).

Fuente: US Agency for Internacional Development, A Review of Alliance for Progress Goals, Washington, 61 1969 (incluye seguro social).

A inicios de los años sesenta era evidente que se requería incrementar la recaudación, y fue por ello que el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, contrató los servicios de un economista muy famoso en la época, Nicholas Kaldor. Las recomendaciones de Kaldor ni siquiera fueron publicadas, mucho menos atendidas. A decir de Ortiz Mena, su intención era utilizar esa propuesta como herramienta de negociación en el interior del gabinete.62 A lo mejor así fue, pero tampoco le sirvió de mucho, puesto que el presidente López Mateos no respaldó las propuestas originales del secretario, que debió conformarse con algunos cambios más bien cosméticos en materia fiscal. Las razones de López Mateos, según Ortiz Mena, tenían que ver con la renuencia de los empresarios y la preocupación por el desaguisado que ocasionó la frase aquélla de «extrema izquierda dentro de la

Constitución». Dicho de otro modo, López Mateos no quería que la reforma se interpretara como un viraje efectivo hacia un gobierno estatista, por lo que mejor optó por impulsar una reforma laboral que daba más lustre y menos riesgo.63 Desde entonces, era muy claro que la estructura fiscal de México hacía imposible una recaudación que pudiera financiar un Estado de bienestar. Vernon lo veía claramente: «aunque el gobierno mexicano sigue teniendo espacio para hacer revisiones modestas de su estructura fiscal del tipo iniciado en 1961, el gobierno parece incapaz de recaudar más de 10 u 11% de su PNB en forma de impuestos».64 Cuarenta años después de la publicación del libro de Vernon, efectivamente México no ha podido recaudar más de 10 u 11% del PIB en impuestos, a pesar de varios intentos de reforma que acabaron, como él lo decía, en revisiones modestas. Pero veremos esto con la profundidad que se requiere en capítulos posteriores. En el periodo que ahora estamos analizando se crearon las instituciones de salud y seguridad social. Sin lugar a dudas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es uno de los organismos que más aplausos le han cosechado al régimen de la Revolución. Es incluso una de las respuestas más comunes a la pregunta de qué le dio a México ese régimen. El IMSS se fundó en 1943 con el apoyo de técnicos de la Organización Internacional del Trabajo que calcularon las tasas de los tres diferentes seguros que el Instituto daría a sus beneficiarios. Los tres seguros son el de enfermedades no profesionales y maternidad (ENPM); el de invalidez, vejez, cesantía y muerte (IVCM), y el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP). Desafortunadamente, los cálculos de las tasas se realizaron considerando que los beneficiarios serían exclusivamente los trabajadores, pero la ley estableció que lo sería toda su familia.65 En consecuencia, lo que se cobraba por ENPM era muy inferior a lo que se requería, de manera que, desde la fundación del IMSS, el seguro de IVCM financiaba los otros.66 Este seguro es la parte que comúnmente llamamos pensiones, de forma que, desde el mismo inicio de operaciones del IMSS, teníamos un boquete en las pensiones que tarde o temprano tendría

que llenar el gobierno. Cuando Antonio Ortiz Mena fue nombrado director del IMSS, en el gobierno de Ruiz Cortines, y se percató de esta situación, informó al presidente quien, según Ortiz Mena, «dijo que el esquema de reparto le recordaba aquel dicho mexicano de “el que venga atrás, que arree”».67 La solución al problema de financiamiento del IMSS es muy ilustrativa de la forma en que actuaba el régimen de la Revolución. En lugar de corregir las tasas que se cobraban a patrones y obreros, se redujo el pago a los médicos, con la amenaza de que si no lo aceptaban los sustituirían. Ortiz Mena veía en este problema el origen de las malas prácticas en el IMSS. En su opinión, la introducción del «médico familiar» permitió resolver el asunto.68 Para fines de los cincuenta, se buscó incorporar a los empleados del gobierno a un esquema de seguridad social, pero no a través del IMSS, puesto que la Ley de Pensiones Civiles de Retiro de 1925 establecía una contribución muy diferente a la que se había establecido en el instituto (precisamente ésa que estaba financiando la operación del IMSS, por el error que comentamos). También ocurría que los trabajadores del gobierno tenían acceso a créditos blandos y se jubilaban a una menor edad.69 La solución fue crear otro sistema de seguridad social, el ISSSTE. Que el gobierno no aprendió lo muestran los conflictos laborales de los médicos de esta institución a mediados de los sesenta. Sin embargo, el problema más importante en ambos sistemas de seguridad social es financiero. Como veíamos, desde el inicio hubo errores de cálculo que provocaron problemas que, aun siendo evidentes, no se corrigieron. Conforme la población fue creciendo y la esperanza de vida se fue ampliando, estos sistemas quedaron a expensas del gasto público, y a inicios del siglo XXI eran absolutamente deficitarios. Pero el problema, como vemos, ya era claro para Ruiz Cortines. Tanto en seguridad social como en recaudación fiscal, «el que venga atrás que arree».

13. LA RESPUESTA VIOLENTA

Debemos dedicar algo de tiempo a entender los procesos sociales iniciados en la década de los sesenta y que terminaron, propiamente, hasta mediados de los años ochenta. Es importante hacerlo porque no es un tema que haya recibido suficiente atención por parte de los académicos (a diferencia de la transición o la economía).1 Pero es también importante porque va a ser determinante en las decisiones de los gobiernos, de Echeverría en adelante. En especial, la matanza de 1968 ha pesado en las políticas populistas de los años setenta lo mismo que en la dificultad que han tenido los gobiernos, desde los ochenta, para resolver problemas que incluyan un componente de movilización social. El régimen de la Revolución Mexicana fue, sobre todo, comprador de voluntades, más que represor. Sin embargo, cuando el esquema corporativo no alcanzaba a resolver los conflictos, sí se recurría a la represión.2 Así ocurrió en 1959 para terminar con el movimiento ferrocarrilero, y así fue asesinado Rubén Jaramillo, con su familia, en 1962. Sin embargo, el gran enfrentamiento de la sociedad con el Estado ocurre a partir de mediados de los sesenta y sólo termina gracias a un proceso de liberalización del régimen que, en realidad, abre el proceso de democratización, aunque no fuese ésa su intención inicial. Me parece que pueden identificarse dos procesos, no totalmente independientes, pero sí suficientemente separados. Por un lado, los conflictos urbanos, que corresponden al dilema del régimen corporativo que no tiene manera de abrirle un espacio razonable a un grupo social que ha ido creciendo desde mediados de los años

treinta: la clase media. Por el otro, un proceso mucho más antiguo: la resistencia campesina que da origen a movimientos armados muy diferentes de los urbanos.3 Sin embargo, en lo que se refiere a los movimientos urbanos, hay tres diferentes dinámicas que es necesario separar para comprender bien lo que ocurrió. Por un lado, los movimientos estudiantiles locales, que condujeron a una guerrilla urbana muy particular; por otro, el proceso de la Juventud Comunista que llevó a la conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el movimiento armado más importante, que alcanza a captar varios de los movimientos estudiantiles locales; finalmente, el movimiento estudiantil de 1968 que, aunque tiene contactos con los otros dos, es un fenómeno diferente. LA GUERRILLA RURAL La oposición rural al régimen de la Revolución existió siempre. Ya veíamos que la Cristiada tiene también una vertiente campesina, además de las cuestiones estrictamente religiosas. La Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas reduce parte de la violencia en el campo, pero no la elimina. Después de 1946, con la atemperación (o retroceso, como se quiera ver) de Miguel Alemán, vuelven a existir zonas de conflicto más o menos relevantes. En algunos casos, como cuando hay problemas de límites entre pueblos o ejidos, los conflictos tardan décadas en resolverse, si acaso lo hacen. Sin embargo, además de este tipo de conflictos, hay otros que se concentran en el sur del país, en Morelos y Guerrero, fundamentalmente. Los conflictos rurales de esta zona no son únicamente un asunto de tenencia de la tierra: se trata de una región que ha sido tradicionalmente violenta. Al menos desde la época de Vicente Guerrero, ha proveído al país con líderes y movimientos profundos. Juan Álvarez, que por unos días fue presidente de México, fue el alma del Plan de Ayutla, que llevó a los liberales al poder en 1855 y que los sostuvo en la Guerra de

Reforma. Y ningún líder de la etapa armada de la Revolución se pudo comparar con Emiliano Zapata. Rubén Jaramillo fue miembro del Ejército Liberador del Sur, de Zapata, cuando era prácticamente un niño. En tiempos de Lázaro Cárdenas organizó el Ingenio de Zacatepec y fue el primer presidente de su consejo de administración. En 1945 creó el Partido Agrario Obrero Morelense y participó en las elecciones para gobernador en 1946, sin suerte. En 1952 formó parte de la campaña henriquista. Después inició una guerra de guerrillas, apoyado por el Partido Comunista (que no era gran apoyo, por cierto). En 1959 fue amnistiado por López Mateos, quien le aseguró que su vida no corría peligro. El 23 de mayo de 1962 fue asesinado junto con su familia, incluyendo a su esposa embarazada.4 Maestro rural, pero de familia campesina, Genaro Vázquez Rojas también estuvo en la campaña henriquista y luego formó parte del Movimiento Revolucionario del Magisterio en 1958. Cercano al general Cárdenas, se incorporó al Movimiento de Liberación Nacional que éste dirigió a inicios de los sesenta. En la campaña de Henríquez fue compañero de Raúl Caballero Aburto, quien fue elegido gobernador de Guerrero en 1957, cuando Vázquez buscó infructuosamente una diputación local. Sin embargo, para inicios de los sesenta, las difíciles condiciones de los cultivadores de copra y café y los abusos de Caballero Aburto provocaron el enfrentamiento. Entre mayo y junio de 1960 se crea la Alianza Cívica Guerrerense, una agrupación de priístas descontentos, estudiantes, y algunos miembros de partidos de izquierda. Este grupo tenía, al parecer, buena relación con Donato Miranda Fonseca, quien había disputado la candidatura a Caballero Aburto y era en ese momento secretario de la Presidencia (y, según algunos, el candidato preferido de López Mateos para sucederlo).5 Los cívicos iniciaron una campaña en contra de Caballero Aburto que Bellingeri considera «una experiencia política nueva». A partir del 20 de octubre se instalaron en plantón permanente frente al palacio de gobierno de Chilpancigo. Cuando fueron expulsados, unos días después, se refugiaron en la universidad. El 10 de noviembre de 1960, exigían la desaparición de poderes, el respeto a

la autonomía municipal, la derogación de los aumentos a las contribuciones de los predios urbanos, el reparto de los latifundios de Caballero Aburto, la depuración sindical de la Unión Regional de Productores de Copra y de la organización de cafeticultores, etcétera. El 30 de diciembre, un hombre fue baleado por un militar, ante lo que reaccionó la población que marchó en contra del ejército. Este respondió disparando. Hubo 18 muertos y decenas de heridos. El 4 de enero de 1961, la comisión permanente del Congreso declaró desaparecidos los poderes y nombró como gobernador interino a Arturo Martínez Adame.6 Rumbo a las elecciones locales de 1962, Genaro Vázquez aparecía como la figura de mayor peso en su agrupación. Se reunió con Rubén Jaramillo, pero no llegaron a ningún acuerdo importante. En febrero de 1962 la alianza se transformó en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), con la participación de miembros del PPS. En agosto, la ACG nominó a José María Suárez Téllez como candidato a la gubernatura. Suárez Téllez estaba enfrentado con Miranda Fonseca, el anterior patrono de los cívicos y todavía secretario de la Presidencia. Las elecciones se realizaron el 2 de diciembre de ese año, con el resultado obvio. Ante la protesta de Suárez Téllez y otros candidatos, los encarcelaron. Para conmemorar la matanza de Chilpancingo y protestar por la elección, la ACG organizó una manifestación que terminó con siete muertos y 23 heridos.7 En enero de 1963 se crea la Central Campesina Independiente, CCI, que impulsaría la candidatura de Ramón Danzós Palomino en alianza con el Partido Comunista en la elección presidencial de 1964, a través del llamado Frente Electoral del Pueblo. En esa candidatura convergieron la CCI y el Movimiento Revolucionario Magisterial, MRM, de los que ya hemos hablado. Los cardenistas del MLN no apoyaban la participación electoral. El enfrentamiento entre los comunistas y los cívicos se puede rastrear desde la lucha contra Caballero Aburto, pero no se restringía a Guerrero. En octubre de 1964, la CCI se dividió. Una parte se quedó con Braulio Maldonado (exgobernador de Baja California y promotor de la central), y otra fue controlada por los comunistas. Los cívicos se quedaron con la primera.8

Genaro Vázquez formó parte de la dirección del MLN, y fue detenido justamente afuera de sus oficinas, en la calle de República del Salvador, en la ciudad de México, el 9 de noviembre de 1966. El año de 1967 fue extremadamente violento en Guerrero: el 18 de mayo una manifestación popular en Atoyac termina en matanza; un mes después, la represión ocurre en Chilpancingo; el 20 de agosto, en Acapulco, cuando campesinos guiados por César del Ángel intentan ocupar las instalaciones de la Unión Nacional de Productores de Copra y son acribillados por judiciales. César del Ángel es un dirigente muy polémico. Cuando la matanza de Acapulco era dirigente de la CNC y diputado por el PRI, pero aun así acabó en la cárcel, como culpable por la matanza. En los años setenta y ochenta pasará por varios partidos de izquierda y por varias cárceles.9 Genaro Vázquez es liberado el 22 de abril de 1968 por un comando armado, y de inmediato funda la Alianza Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y llama a levantarse en armas, incluso a los estudiantes en la ciudad de México.10 En el transcurso de ese año la ACNR se traslada a la sierra de Atoyac en busca de apoyo por parte del movimiento de Lucio Cabañas (que veremos en un momento). Sin embargo, no logran nada y sí acaban metidos en una disputa entre dos tíos de Cabañas que buscaban establecer su cacicazgo en la zona. Durante el resto del año y hasta inicios de 1970, la ACNR no será más que un pequeño grupo armado perdido en la Costa Chica de Guerrero. En agosto de 1970 se desplaza a Atoyac nuevamente.11 A fines del año, la ACNR empieza a actuar más bien como una guerrilla urbana y sus acciones más efectivas son los secuestros. El 29 de diciembre de 1970 un comando plagia al empresario Donaciano Luna, por quien obtiene millón y medio de pesos de rescate. En abril de 1971 le toca a Agustín Bautista, hijo de un cacique cafetalero; fue ejecutado. El 20 de noviembre de 1971 Genaro Vázquez secuestra a Jaime Castrejón Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y pide como rescate dos y medio millones de pesos, pero también la liberación de nueve presos políticos, entre ellos Mario Renato Menéndez, director de la

revista Por qué? en la que la ACNR había publicado varios comunicados y en donde había aparecido una entrevista con Genaro Vázquez en el mes de julio anterior. El 27 de noviembre se pagó el rescate a través del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y al día siguiente los presos fueron enviados a Cuba.12 El 2 de febrero de 1972, a la 1: 30 de la madrugada, el auto en donde viajaba Genaro Vázquez, que era conducido por Salvador López Bello, chocó con el alero de un puente. Genaro resultó gravemente herido en la cabeza y murió pocos minutos después de llegar al hospital.13 La ACNR quedó prácticamente destruida con la muerte de su líder. Lucio Cabañas Barrientos también era profesor rural en Guerrero. Aunque mantiene relación con Genaro Vázquez en los primeros años sesenta, forma su propio grupo y actúa de manera independiente.14 En 1959 participó en la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas, en donde también estaban Arturo Gámiz y Salvador Gaytán, los que atacarían el cuartel Madera en 1965.15 Lucio Cabañas fue muy cercano al Partido Comunista, a diferencia de Genaro Vázquez. En 1966, Cabañas participó en un curso en el Partido Comunista en donde conoció a Raúl Ramos Zavala, que fundaría la Liga 23 de Septiembre a inicios de los setenta. Sin embargo, Cabañas no estrecha relaciones con ninguno de ellos, sino que, después de la matanza de Atoyac, el 18 de mayo de 1967, en donde su hermano es asesinado junto con otros maestros rurales, crea su propia organización, el Partido de los Pobres, PDLP, que cuenta con una organización paralela, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, BCA.16 Narra Bellingeri que a los pocos días de que Cabañas decide irse al monte, es visitado por militantes del Partido Comunista que buscan convencerlo de no levantarse en armas, pues las condiciones no estaban dadas, como se decía entonces.17 Cabañas continúa con su grupo, pero de manera muy lenta, de manera que hasta marzo de 1969 se inician las acciones. En ese entonces, la Brigada contaba con nueve militantes. Hubo al menos dos ajusticiamientos en ese año y en junio de 1970 ocurrió el primer secuestro, al que siguieron otros dos a inicios de 1971. A fines de

ese año llegaron militantes urbanos a participar con Lucio, que luego serían parte del núcleo fundador de la Liga 23 de Septiembre. Sin embargo, la relación con Cabañas sólo existía subordinada a éste, por lo que no duró mucho.18 En junio de 1972, Cabañas decide ampliar sus actividades y atacar directamente al ejército. El 25 de ese mes, a las 9:30 de la mañana, el Partido de los Pobres embosca dos transportes militares y causa diez bajas al ejército, incluyendo a un oficial.19 El 23 de agosto repite la acción y logra ahora 18 muertos, uno de ellos oficial. Desde 1971 la guerrilla de Lucio Cabañas recibía militantes urbanos que participaban junto con el PDLP por algún tiempo, para después regresar a la ciudad. La relación entre urbanos y rurales no era siempre buena. En 1972, la comunidad campesina en donde se encontraban las fuerzas de Lucio se acercó a éste para pedir justicia porque unos estudiantes habían violado a una muchacha. No estando el ejército en la zona, era Lucio quien impartía justicia. Los culpables fueron sometidos a juicio sumario y fusilados.20 Entre enero y marzo de 1973, Cabañas viaja a la ciudad de México para atenderse por una enfermedad y la organización queda a cargo de Carmelo Cortés, un dirigente estudiantil que había sido detenido el 3 de diciembre de 1971, acusado de ser lugarteniente de Genaro Vázquez, pero se fugó de la cárcel en agosto de 1972 para integrarse al grupo de Lucio. Durante la ausencia de éste, Carmelo intenta ideologizar el PDLP, de manera que cuando el líder regresa, la lucha por el poder es frontal. Bellingeri cree que el problema no fue tanto ideológico como de práctica política, es decir, el caudillismo de Cabañas. Aprovechando que Carmelo se había juntado con una militante, fue acusado de robarle su mujer a otro dirigente. Se acordó que, de ahí en adelante, el adulterio se pagaría con la muerte, pero para ese caso, bastaba con la expulsión de Carmelo y su compañera por un periodo de seis meses.21 En julio de 1973 fueron expulsados todos los militantes de la Liga que aún estaban con Cabañas. La fuerza de Lucio Cabañas no quedó sin respuesta del gobierno. A inicios de los años setenta, Roger Bartra percibía un cambio significativo en la formación del ejército mexicano, obligado

precisamente por las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y por la actividad, relativamente autónoma, de la CCI: «A raíz de ello, especialmente en los años sesenta, el ejército se modernizó técnica y logísticamente preparó cuerpos de elite para la llamada contrainsurgencia o guerra irregular y para controlar disturbios civiles, y adquirió grandes cantidades de armamento moderno a Bélgica, Israel y Estados Unidos para sustituir sus armas anticuadas (sintomáticamente, las grandes compras de armamento y pertrechos ocurren en 1961 y 1968)».22 Para fines de 1973, Bellingeri estima que la guerrilla de Cabañas contaba con cien hombres permanentes y más de ciento cincuenta eventuales. El ejército tenía en la zona doscientas veces más efectivos.23 Rubén Figueroa, magnate transportista, senador por Guerrero y precandidato a gobernador, había buscado desde un par de años antes utilizar con el PDLP los métodos tan útiles del régimen: la combinación de cooptación y represión. En particular durante 1974 insistió mucho en un acercamiento con Lucio Cabañas para encontrar una forma de que se reintegrara a la vida política. Lucio Cabañas aceptó reunirse con él el 30 de mayo para discutir al respecto. En esa reunión, Figueroa fue secuestrado. Se pidió por él un rescate de 50 millones de pesos, armas y parque, la difusión de comunicados del PDLP y un conjunto de demandas laborales y agrarias.24 Mientras estaba en cautiverio, Rubén Figueroa fue nominado candidato del PRI al gobierno de Guerrero, el 9 de junio. El ejército reforzó entonces la política de racionamiento y tierra quemada que venía aplicando desde fines de 1973 en la región de Atoyac y provocó hambre por toda la región. La guerrilla tuvo que reducir sus efectivos para sobrevivir, así como poner una fecha límite para el pago del rescate, el 2 de agosto. La mitad del rescate debería entregarse a la guerrilla y la otra al obispo de Cuernavaca, monseñor Méndez Arceo, en resguardo hasta que se devolviera a Figueroa. En agosto, las fuerzas de Lucio se dividieron en dos columnas. Una serviría como distracción mientras la otra culminaba las negociaciones. Ésta se desplazó a fines de mes hacia el pueblo de El Quemado, en donde fueron atacados el 8 de septiembre.

Figueroa logró escapar en el enfrentamiento. La otra columna se había dirigido a Tecpan y, aunque tuvo enfrentamientos con el ejército, logró mantenerse hasta octubre. El día 11 este grupo se dividió y dejó a Cabañas con sólo seis hombres. Durante dos meses intentaron escapar del cerco militar, pero el 2 de diciembre fueron localizados en el poblado de Ocotal, en donde fueron muertos.25 Una parte del rescate de Figueroa se convertiría años después en motivo de conflicto entre los restos del PDLP y el Partido Comunista, puesto que se decía que se le había entregado el dinero a Arnoldo Martínez Verdugo en resguardo, aunque con ese dinero el PC compró un edificio. A inicios de los años ochenta, Martínez Verdugo fue secuestrado por el PDLP para recuperar el dinero.26

  En 1965 un tercer grupo guerrillero formado por profesores rurales realiza una acción espectacular, el ataque a un cuartel militar en el

municipio de Madera, en Chihuahua.27 El líder del grupo es el profesor Arturo Gámiz quien, junto con Pablo Gómez Ramírez, forma parte de la UGOCM, la central obrera fundada por Lombardo a su salida de la CTM en 1948. Ambos son también miembros del Partido Popular, para entonces ya Socialista (PPS). Como hemos visto, Gámiz participó con Lucio Cabañas en la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas en 1959, y su actividad en Chihuahua se inició en 1962. En 1964 forman el Grupo Popular Guerrillero (GPG), que atacará el cuartel el 23 de septiembre de 1965. Eran treinta guerrilleros armados, pero dos grupos (uno dirigido por Saúl Ornelas y Pedro Uranga, y el otro por Salvador Gaytán) no llegan al cuartel, gracias a lo cual sobreviven. El tercer grupo, con quince personas, ataca y es derrotado. Ocho guerrilleros mueren; los otros siete, heridos, logran escapar. El ataque al cuartel Madera era, sin duda, un intento de reproducir el ataque al Moncada que dio fama a Fidel Castro en 1953 (aunque también fue derrotado) y será una especie de referencia mítica para toda la guerrilla urbana en los siguientes años. Sin embargo, hay otra cosa que se reproduce en todos los movimientos: la infiltración por parte del Estado. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el GPG estaba infiltrado desde su origen por Lorenzo Cárdenas Barajas, que era en realidad miembro de la Sección Segunda del Estado Mayor.28 Quienes sobrevivieron a Madera, sin embargo, ya no dedicaron sus mayores esfuerzos a la guerrilla rural, sino a la urbana. En un principio se llaman Movimiento 23 de Septiembre (M23) pero son detenidos en marzo de 1966 y el gobierno se entera de su relación con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) de Víctor Rico Galán, quien es detenido por esa razón el 12 de agosto del mismo año.29 En enero de 1967 se detiene a varios miembros del M23, todavía infiltrados por Cárdenas Barajas. Los restantes forman, alrededor de Oscar González, el Grupo Popular Guerrillero «Arturo Gámiz» (GPG-AG), que llevó a cabo algunas acciones, hasta que González murió en 1968, el 8 de septiembre. El 11 de octubre mueren Juan Antonio Gaytán y Guadalupe Scobell, ambos sobrevivientes del ataque a Madera.30

LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Los movimientos estudiantiles siempre han existido. Hay registro de disturbios estudiantiles «normales» desde que se fundaron las universidades en el siglo XIII. Sin embargo, en México se utilizó la proclividad juvenil a la acción para cuestiones políticas durante el régimen de la Revolución, a través de individuos conocidos como porros. Los porros eran los grupos de choque que se formaban en las universidades y reclutaban a sus miembros en las porras de los equipos deportivos, y a través de las cuales disfrazaban sus actos intimidatorios y de control de la población estudiantil. Los porros actuaban en muchas ocasiones también bajo la cobertura de organizaciones estudiantiles. Se trata de grupos organizados para controlar a los estudiantes y utilizarlos para cuestiones políticas, fuese para apoyar a cierto personaje o para atacarlo. Incluso en el ambiente anticomunista de la primera mitad de los años sesenta aparecen movimientos estudiantiles que no son sólo herramientas políticas, sino que tienen una clara orientación ideológica. En 1961 y 1962, los conflictos universitarios tenían presencia de organizaciones de derecha como el Frente Universitario Anticomunista, FUA, y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO. Sobre todo, en Puebla, organizaciones de este tipo actúan de manera violenta, en parte gracias al respaldo que el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz les otorga con su muy beligerante actitud anticomunista.31 Sin embargo, en la segunda mitad de los años sesenta hay grupos estudiantiles que reaccionan en contra del porrismo. Estos movimientos son muy populares y amplios. No es claro por qué ocurre esto en ese momento y no antes; me parece que el hecho responde a dos circunstancias. Por un lado, la toma de conciencia de los estudiantes de ser un grupo marginado del poder, tanto durante sus estudios como al término de ellos. El régimen corporativo no tenía ningún espacio para la clase media y ésta empieza a ser verdaderamente grande en esa década. Por otra

parte, se trata de tiempos complicados, alumbrados por la Revolución Cubana, la Guerra Fría y la disputa por el poder.32 Aunque los movimientos magisterial y ferrocarrilero de fines de los cincuenta son importantes, los primeros que propiamente representan un conflicto entre la clase media y el gobierno son el de los normalistas de 1960 y el de los médicos del ISSSTE de 1964. «En febrero de 1960, los estudiantes salientes de la Escuela Normal de la ciudad de México protestaron porque al recibir su certificado de estudios se enteraron de que debían completar su currículo con un año de trabajo en provincia».33 A la protesta siguió la huelga y la represión. Sin embargo, la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, en la que trabajarían dichos normalistas si lograban quedarse en el Distrito Federal, tenía una presencia importante de participantes en el MRM, que apenas un año antes había causado tantas dificultades al gobierno. Así, aunque los problemas de la normal se habían disuelto en abril, el conflicto sindical continuó creciendo. Hubo manifestaciones durante la primavera e inicio del verano en la ciudad de México. Sin embargo, este conflicto se mezcló con la discusión acerca de los libros de texto gratuitos, que también ocupó la agenda nacional durante la primera mitad de 1960.34 De manera que, aunque este conflicto no produjo mayores problemas, sí formó parte del proceso de polarización de la sociedad que para mediados de la década se convertiría en un franco enfrentamiento. El otro conflicto importante ocurre al final del sexenio. En diciembre de 1964 se crea en el ISSSTE la Asociación Mexicana de Médicos Residentes, AMMR, que busca mejorar las condiciones de sus afiliados frente al gobierno. El 18 de enero de 1965 surge la Alianza de Médicos Mexicanos, AMM, que va a tener una línea de menor confrontación con el gobierno. En febrero, la AMMR llama a un paro nacional y el ejército toma el hospital 20 de Noviembre en agosto.35 Un año después, cuando se detiene a Víctor Rico Galán, dirigente del MRP, son detenidos con él dos exdirigentes de la AMMR, Miguel Cruz y Rolf Meiners. De acuerdo con Loaeza, la inestabilidad social, la respuesta titubeante del gobierno de López Mateos y el crecimiento del

anticomunismo son los factores que precipitan la crisis de conciencia política de las clases medias hacia la mitad de los años sesenta. Pero esta crisis de conciencia va a dar lugar tanto a movimientos urbanos claramente populares como a grupos extremistas de ambos lados del espectro. Y la diferencia no era muy clara en esos años. Los movimientos sindicales de fines de los cincuenta, los laborales clasemedieros de la primera mitad de los sesenta y el movimiento estudiantil de 1968 tuvieron todos presencia de los comunistas, aunque ninguno de ellos estuvo dirigido por el Partido, ni mucho menos. Pero ya antes decíamos que el gobierno veía detrás de todo movimiento opositor la amenaza comunista, y tenía razón en el origen, aunque exageró en la idea de amenaza.36 El movimiento de 1968

El movimiento estudiantil de 1968 fue, sin lugar a dudas, un fenómeno popular, producto de esa crisis de conciencia política de la clase media que Loaeza refiere. Es una reacción estudiantil frente a un régimen político antiliberal y autoritario. Sin embargo, ocurre en un contexto de enfrentamiento que hacía difícil su interpretación en el momento.37 Una muestra de la dificultad que tenía el gobierno para entender las reacciones populares es lo ocurrido en Morelia en 1966. En ese año fueron reprimidas acciones estudiantiles en la ciudad de Morelia en contra de las tarifas del transporte público; el hecho dejó un muerto. Los estudiantes reaccionaron manifestándose y pidiendo la renuncia del gobernador. El ejército tomó entonces las instalaciones de la Universidad Nicolaíta: era la primera ocasión que el ejército entraba en una universidad.38 Pero para comprender la reacción del Estado hay que recordar que en 1961 Elí de Gortari, filósofo marxista, había sido nombrado rector por voluntad de la comunidad universitaria. En 1963, el gobierno del estado de Michoacán impuso una Ley Orgánica para la universidad que no gustó a De Gortari, razón por la que renunció. En mayo de 1963, precisamente en Morelia se funda la Conferencia Nacional de Estudiantes

Democráticos, CNED, con fuerte presencia de la juventud comunista y de los espartaquistas (véase más abajo). Dicho de otra manera, no era difícil para el gobierno ver, detrás de las quejas por tarifas del transporte, la mano del comunismo internacional, fantasma de la época.39 Ese mismo 1966, un movimiento estudiantil en la UNAM, específicamente en la Facultad de Derecho, en contra de su director César Sepúlveda, creció hasta derribar al rector de la Universidad, el doctor Ignacio Chávez.40 El líder del grupo estudiantil de la facultad era Leopoldo Sánchez Duarte, hijo del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis. Sin embargo, el movimiento no se quedó en la Facultad, sino que provocó la creación de un Consejo Estudiantil Universitario, en el que aparecen ya delegados de diferentes facultades y escuelas que en 1968 formarán el Consejo Nacional de Huelga, CNH. El movimiento de 1966 tiene toda la apariencia de ser uno más de los conflictos creados en universidades por cuestiones políticas. Algunos lo ven como parte de la lucha entre Emilio Martínez Manatou, secretario de la Presidencia, y Luis Echeverría, secretario de Gobernación, en el camino a la sucesión presidencial. Otros, como manifestación de la pugna entre los grupos que tradicionalmente se han disputado la UNAM: médicos, abogados e ingenieros.41 Sin embargo, aunque ésa haya sido la intención original, no cabe duda de que provocó una primera movilización general que, como dice Joel Ortega, acabó siendo «el primer ensayo del movimiento de 1968». En 1968 hubo movimientos estudiantiles y populares en muchas partes del mundo. Desde la Primavera de Praga, aplastada por la Unión Soviética, hasta los primeros movimientos estudiantiles en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam que se sumaron a la lucha por los derechos civiles en ese año. Pero tal vez el que más influyó en México fue el movimiento francés. Las huelgas estudiantiles en ese país provocaron enfrentamientos con la policía, pero además lograron incorporar en el movimiento a los trabajadores. La CGT se sumó a los estudiantes y Francia quedó paralizada por una huelga general. La crisis política a que llevó este movimiento fue, sin embargo, sorteada hábilmente por De Gaulle,

quien disolvió el parlamento y llamó a elecciones. El 23 de junio, De Gaulle recibió el respaldo popular.42 En México, el conflicto se inició a fines de julio. El día 23, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 se enfrentaron a los de la preparatoria Isacc Ochoterena, particular, con motivo de un partido de futbol callejero que el día anterior había terminado a golpes. De regreso a sus instalaciones, los estudiantes de las vocacionales fueron atacados por granaderos, incluso en el interior de las escuelas. El 26 de julio, la tradicional manifestación en celebración de la Revolución Cubana no terminó en donde siempre, en la Alameda Central, sino que marchó hacia el Zócalo. Nuevamente, parece ser una acción planeada con motivos políticos tradicionales, puesto que a esa manifestación asistía un amplio contingente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, grupo porril oficial, y porque conforme avanzaban rumbo al Zócalo, los botes de basura estaban llenos de piedras que los estudiantes pudieron utilizar contra los granaderos. El enfrentamiento duró toda la noche y muchos estudiantes corrieron a refugiarse a San Ildefonso, entonces todavía la Preparatoria 1. El 28, el ejército derribó la puerta de San Ildefonso con un disparo de bazuca. El 1 de agosto hubo una manifestación estudiantil muy amplia, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Al día siguiente se constituyó el CNH, que el día 4 estableció el pliego petitorio que se mantendría en esencia durante todo el movimiento: castigo a los represores, desaparición de los granaderos, abolición del delito de «disolución social», libertad a los presos por ese motivo, y ya.43 Se trataba de un movimiento estudiantil, popular y con aspiraciones fundamentalmente de clase media, aunque con fuerte presencia de jóvenes politizados. De acuerdo con Joel Ortega, la Juventud Comunista «contaba con 35 representantes de los 210 que tenía el CNH».44 Sin embargo, no sólo había comunistas, sino provocadores. Entre ellos, quien más ha sido calificado como tal es Sócrates Amado Campos Lemus.45 En cualquier caso, el CNH nunca logró suficiente coherencia como para dirigir políticamente el movimiento. Aunque se constituyó un Comité Central para hacer más eficiente la toma de decisiones, las posiciones en el interior

eran muy dispares. Incluso se discutió, después del 13 de septiembre, la necesidad de levantar la huelga y consolidar el movimiento, pero también se discutió la posibilidad de pasar a la lucha armada.46 Aunque el movimiento estudiantil era visto con simpatía por la población, nunca lograron los estudiantes incorporar a otras fuerzas sociales. El movimiento terminó en la matanza del 2 de octubre, en Tlatelolco. La mejor explicación de la matanza, a la fecha, es la operación de dos grupos diferentes del ejército en la plaza. Uno de ellos provenía del Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo militar que, estrictamente hablando, no forma parte del ejército. El Batallón Olimpia, como se llamó al grupo del EMP que apareció en Tlatelolco, fue el que inició los disparos desde el edificio en donde se encontraban los líderes del CNH, lo que provocó la respuesta del ejército que se encontraba rodeando la plaza. El resultado fue la muerte de varias decenas de personas, el encarcelamiento de la mayoría de los líderes y el exilio de los restantes. Pero el efecto más importante del 2 de octubre fue un trauma en el régimen de la Revolución, que no puede, después de esa matanza, sostener con facilidad el mismo discurso que le había permitido gobernar a México con amplia legitimidad. Loaeza sostiene que este conflicto y su desgraciada conclusión ilustran «en forma dramática cómo las atmósferas cargadas ideológicamente generan situaciones políticas crispadas, y éstas, a su vez, distorsionan las voces, deforman la realidad hasta hacerla irreconocible en las imágenes que se hacen quienes viven en la incertidumbre como la que ese verano se apoderó del gobierno y de los estudiantes».47 Los movimientos estudiantiles locales

El movimiento estudiantil de 1968 es el más amplio y popular de los surgidos en la época, pero no es el único. Por diferentes razones, varias universidades entran en procesos complicados que serán la fuente de las guerrillas urbanas en los primeros años setenta. De

manera paralela a estos movimientos estudiantiles, hay también una dinámica en la Juventud Comunista que merece atención. En 1960, en el XIII Congreso del Partido Comunista, varias células (Carlos Marx, Federico Engels, Juliot Curie) son expulsadas. En la segunda militaba José Revueltas, y a su alrededor se agrupan los expulsados para crear la Liga Leninista Espartaco (LLE).48 En 1966, restos del jaramillismo, del MRM, del Movimiento de Independencia Sindical y del Frente Obrero Comunista de México crean la Unión Reivindicadora Obrero Campesina, que se fusiona con la Liga Comunista para crear el Partido Revolucionario del Proletariado y, en diciembre, con la LLE para crear la Liga Comunista Espartaco (LCE).49 Ese mismo año, la LCE forma el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, MIRE, una especie de juventud espartaquista. En 1967 la LCE crea un frente de izquierda junto con el MLN y una escisión del PVS para apoyar a Demetrio Vallejo. Después participarán en el movimiento estudiantil de 1968.50 Hacia 1970, la LCE y el MIRE se dividen en dos corrientes. Una se incorpora a la guerrilla urbana, la otra se inclina hacia los movimientos maoístas. La línea armada conforma el grupo llamado Los Lacandones, así como el Frente Urbano Zapatista, FUZ. La fracción maoísta creó la Organización de Izquierda RevolucionariaLínea de Masas (OIR-LM).51 Los Lacandones eran dirigidos por David Jiménez Sarmiento, y hacia 1973 se incorporaron a la Liga 23 de Septiembre. El FUZ secuestró, el 27 de septiembre de 1971, a Julio Hirschfield Almada, entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y obtuvo como rescate tres millones de pesos. El 29 de enero de 1972, son detenidos la mayoría de los miembros del FUZ junto con casi dos millones de pesos del rescate.52 En Jalisco, el uso de los universitarios para cuestiones políticas se realizaba a través de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, que en octubre de 1967 quedó en manos de Carlos Ramírez Ladewig, hijo del gobernador Margarito Ramírez Miranda, lo que incrementó la arbitrariedad del grupo. El 28 de septiembre de 1970 se constituyó el Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER, para enfrentar a la FEG. El 23 de noviembre,

en un enfrentamiento entre estos grupos, es asesinado el dirigente principal del FER, Arnulfo Prado Rosas.53 A partir del FER se constituyen diversos grupos armados. David López Valenzuela crea el grupo N, también conocido como Los Guajiros, que pasará un tiempo con Lucio Cabañas y después participará en el proceso de creación de la Liga 23 de Septiembre, pero no se integrará a ella, sino que se mantendrán aparte, ahora con el nombre de Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP. Las FRAP secuestran al cónsul estadounidense en Guadalajara, Terrance Leon Hardy, el 4 de mayo de 1973, y logran con ello la liberación de treinta presos de diferentes grupos armados que fueron enviados a Cuba. El 28 de agosto de 1974 secuestran al exgobernador y suegro del presidente de la República, José Guadalupe Zuno; fue liberado, y los guerrilleros, detenidos. En 1977, todavía detenido en el penal de Oblatos, David López Valenzuela fue asesinado a puñaladas, posiblemente por sus excompañeros del FER.54 En Sinaloa el proceso estudiantil no fue una respuesta al porrismo institucional, sino parte del acercamiento de la universidad a la situación social. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se fue ligando a sectores populares a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa, FEUS, que durante 1967 promovió la creación de colonias populares, y hacia 1969, la del Frente de Defensa Popular. En febrero de 1970, la FEUS entró en huelga para impedir la imposición del rector Armienta Calderón y para pedir más presupuesto. La radicalización de los estudiantes llevó a la creación, el 14 de abril de 1972, del grupo conocido como Los Enfermos, así llamado porque de acuerdo con otras organizaciones estudiantiles, los de Sinaloa tenían la enfermedad del ultraizquierdismo, como Lenin lo había descrito.55 En Guerrero, los movimientos estudiantiles están irremediablemente asociados a la guerrilla rural. En el movimiento de 1966 contra el rector Virgilio Gómez son expulsados varios estudiantes, entre ellos Carmelo Cortés, quien años después intentaría quitar el control del PDLP a Lucio Cabañas, como hemos visto. Carmelo inició sus actividades guerrilleras con el asalto a una

farmacia, el 15 de noviembre de 1973. El 8 de diciembre, su grupo toma el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR. En 1975, los restos del PDLP, la ACNR, el MAR y la Organización de Jóvenes hacia el Socialismo, OJAS, iniciaron un proceso de fusión. Publicaban un periódico llamado El Sentir de los Pobres, que apareció de noviembre de 1978 a marzo de 1980.56 En ese tiempo, hubo algún acercamiento con lo que quedaba de la Liga 23 de septiembre, en febrero de 1977, sin mayor resultado. En 1982, los restos del MAR y la ACNR intentaron una nueva fusión, ahora con las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y el Movimiento 16 de Septiembre, M16s, para conformar la «cuadrilátera». La ACNR se fue desplazando hacia la vida civil, captando en el proceso a parte de las FAL. El MAR se disolvió entre 1987 y 1995, mientras que el M16s acabó en una lucha interna.57

 

En la Universidad Autónoma Chapingo se creó un movimiento que a partir de 1971 se conoció como Unión del Pueblo, UP. Aunque no participó directamente en acciones armadas, el grupo se dividió en dos partes hacia mediados de los setenta. Una de ellas, dirigida por Héctor Heladio, fundó en noviembre de 1978 el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, PROCUP, aunque Heladio murió pocos días después en un enfrentamiento con el ejército. Para mediados de los ochenta, el PROCUP se fusionó con el Partido de Los Pobres y dio lugar al PROCUP-PDLP, con bases en el Estado de México, Oaxaca y Guerrero. El partido mantuvo alguna actividad (incluyendo un ataque al periódico La Jornada) hasta que se fusionó con otras organizaciones para crear el Ejército Popular Revolucionario, EPR.58 LA LIGA Dentro de la Juventud Comunista, la evaluación de lo que ocurría en México no era sencilla. Un joven estudiante de economía originario de Monterrey, Raúl Ramos Zavala, se convirtió en líder de un grupo de la Juventud que fue conocido como los procesos, en referencia a uno de los dos libros de Ramos Zavala, El proceso revolucionario (el otro libro es El tiempo que nos tocó vivir). A fines de 1970, la discusión se fue complicando en el interior del Partido Comunista. Primero en el Encuentro del Pacífico y después, en diciembre, en el III Congreso de la Juventud Comunista, Ramos Zavala atacó la actuación del Partido, lo que provocó la ruptura.59 Raúl Ramos mantenía estrecha relación con el grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey que habían participado en la huelga de esa institución en 1968, un grupo de jóvenes católicos radicalizados en el que destaca Ignacio Salas Obregón, originario de Aguascalientes. Formaban parte del Movimiento Estudiantil Profesional, MEP, proveniente de la Acción Católica Mexicana. La relación entre Ramos y Salas se fortalece en la lucha contra la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que el gobernador Eduardo Elizondo intentaba imponer y que sustituiría el

consejo universitario por un órgano corporativo fundamentalmente compuesto por líderes obreros, campesinos y empresariales. El enfrentamiento llevó a Luis Echeverría a remplazar a Elizondo por Luis M. Farías, lo que después le provocaría serios conflictos con los empresarios regiomontanos.60 Ramos Zavala propone la construcción de una sola organización que coordine las acciones armadas. A principios de los setenta, el GPG-AG se transforma en el Núcleo Guerrillero, dirigido por Diego Lucero, pero éste muere en enero de 1972 después de un asalto bancario en Chihuahua.61 Desde mediados de 1971, los restos del GPG-AG y el M23S se unen al MAR para crear el MAR-23S, aunque posteriormente un grupo se volverá a separar para irse con Lucio Cabañas.62 El 6 de febrero de 1972, Raúl Ramos muere en la ciudad de México, descubierto por la Federal de Seguridad en el Parque México.63 El liderazgo recae en Ignacio Salas, desde entonces conocido en el interior de la Liga como Oseas. El 15 de marzo de 1973 se funda la Liga Comunista 23 de Septiembre, a partir de la confluencia de muchos grupos, entre ellos, los Lacandones, los Guajiros, el FER, el MAR, el M23S y los Enfermos. Algunos miembros del FER se unen a las FRAP y otros pocos a la UP.64 Las acciones más importantes de la Liga en 1973 son fracasos absolutos. El 17 de septiembre de 1973, al intentar secuestrar a Eugenio Garza Sada, son atacados por otro grupo: el industrial regiomontano muere en el acto. El 8 de octubre de 1973, secuestran en Guadalajara a Fernando Aranguren y al cónsul inglés Anthony Duncan Williams. El gobierno se niega a pagar el rescate o liberar presos, como lo solicitaba la Liga. El cónsul es liberado, pero Aranguren es ejecutado.65 Ahí empieza la locura. De acuerdo con el Informe de la Fiscalía, la Liga nació infiltrada.66 Pero en la Liga la paranoia se dirige a Manuel Gámez, conocido como «Julio», quien es ejecutado por sus compañeros en febrero de 1974.67 El 25 de abril de 1974 es detenido Ignacio Salas y la Liga entra en un proceso de descomposición muy acelerado. Bellingeri lo califica como «formas de acción ya estrictamente terroristas».68 A inicios de 1975, la Liga

se divide prácticamente en los mismos grupos que la habían formado. Los pocos militantes que continúan en ella tienen como dirigente a Miguel Ángel García Corral, aunque su líder militar es David Jiménez Sarmiento, que muere el 11 de agosto de 1976 al encabezar el intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del ya presidente electo de la República.69

  UN GRUPO EXTRAÑO Hay un grupo que no podemos clasificar en los movimientos estudiantiles, la guerrilla urbana de la Liga ni la guerrilla rural. Se trata del Frente de Liberación Nacional, FLN, que fundan el 6 de agosto de 1969 los sobrevivientes del Ejército Insurgente Mexicano, EIM, un grupo formado alrededor de Mario Menéndez, el periodista director de la revista Por qué? que mantuvo tanta cercanía con Genaro Vázquez y la ACNR. El EIM había intentado formar un grupo

guerrillero en la región limítrofe de Chiapas y Tabasco, pero sin mayor éxito. La fundación del FLN se realizó en Monterrey, bajo el liderazgo de César Germán Yáñez Muñoz, Compañero Pedro, quien era director del Instituto Mexicano Cubano de Relaciones Culturales en esa ciudad.70 El 13 de febrero de 1974 fueron detenidos en Monterrey varios de los dirigentes más importantes de este grupo. Gracias a ello el gobierno pudo ubicar la casa de seguridad que la organización tenía en Nepantla, Estado de México. Ahí murieron Alfredo Zárate, segundo del frente, Mario Sánchez, Dení Prieto y dos personas más. Fue detenida en la zona Gloria Benavides. También se enteró el gobierno del foco guerrillero en Tabasco y Chiapas, que fue destruido rápidamente, en parte porque no contaba con el apoyo de la población.71 El 5 de noviembre de 1976 un grupo del FLN, aparentemente dirigido por Fernando Yáñez Muñoz, llamado Comandante Germán en honor de su hermano, ejecuta a Napoleón Glockner y Nora Rivera como supuestos traidores que habrían identificado la casa de Nepantla.72 Además de no tener, como los demás casos analizados, un origen común en una universidad o zona campesina, este grupo se diferencia de los demás porque su relación con Cuba es muy significativa. Mario Menéndez recibía financiamiento de ese país para su revista y César Yáñez dirigía el Instituto mencionado. Adicionalmente, Daniel Alarcón, llamado Comandante Benigno, director de las Escuelas Especiales en Cuba, afirma haber entrenado dos grupos de mexicanos, según refiere Bellingeri.73 El FLN logró finalmente tener un pequeño grupo que operaba en la región limítrofe de Chiapas y Tabasco, de donde después pudieron moverse a la zona de San Cristóbal, hacia 1983. El grupo emergió nuevamente a la luz pública el 1 de enero de 1994, con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, dirigido por el Subcomandante Marcos. En febrero de 1995, cuando fue develada la identidad de Marcos, fueron también detenidos el Comandante Germán, Fernando Yáñez y María Gloria Benavides, miembros del FLN original.74

14. MUCHA POLÍTICA, POCA ADMINISTRACIÓN

A diferencia de lo ocurrido en la posguerra, los años setenta son turbulentos en lo internacional y una verdadera locura en México. Las críticas al régimen que veíamos en el capítulo anterior, acerca de cómo los beneficios de la Revolución no habían llegado a las mayorías, sin duda influyen en la voluntad del nuevo presidente, Luis Echeverría, de modificar el esquema del «desarrollo estabilizador» para transformarlo en un «desarrollo compartido». Por otra parte, la matanza de 1968 provoca un sentimiento de culpabilidad en el régimen que lleva a Echeverría a dedicar buena parte de sus esfuerzos a eliminar la sensación de exclusión en la clase media, en particular entre los estudiantes. Estas decisiones, sin embargo, no se acompañan de esfuerzos por financiar mejor el gobierno, de manera que la diferencia entre el gasto público y la recaudación crece notoriamente. Los cambios que están ocurriendo en el mundo en esos años permiten financiar esa diferencia con créditos externos, de manera que la deuda pública externa se multiplica por siete durante el sexenio de Echeverría. Pero ya no importaba tanto administrar como hacer política, es decir, sostener como se pudiese la legitimidad de un régimen autoritario. El descubrimiento de un inmenso manto petrolero en las costas de Campeche permitió al siguiente presidente, José López Portillo, mantener y ampliar el ya muy grande déficit público. La gran riqueza petrolera, en un momento en que los precios del petróleo se disparaban, llevó a López Portillo a decir que el problema que tenía México enfrente era ahora «administrar la abundancia». La creencia de que México era un país en franco proceso de desarrollo no sólo

era del gobierno, también la iniciativa privada se embarcó en proyectos faraónicos a fines de los años setenta. Por otra parte, la reforma política de 1977, que terminó con la guerrilla urbana y legalizó al Partido Comunista, sirvió como un elemento tranquilizador que apoyó la idea del éxito mexicano. Cuando, en su último informe de gobierno, en septiembre de 1982, López Portillo nacionalizó la banca y decretó un control de cambios absoluto, se hizo de pronto evidente que todo había sido un sueño que ahora se transformaba en pesadilla. En el mensaje de su toma de posesión, el siguiente presidente, Miguel de la Madrid, declaraba: «El país se nos escurre entre las manos». Los siguientes tres años serían de esfuerzos por evitar lo peor, administrando la crisis como se pudiera. Sin embargo, los terremotos de septiembre de 1985 y la caída en el precio internacional del petróleo que ocurrió poco después colocaron al país en una situación verdaderamente grave. El año de 1986 representa el fin del régimen de la Revolución y el inicio de un nuevo momento para México. EL CAMBIO MUNDIAL El 15 de agosto de 1971, Estados Unidos decidió abandonar el tipo de cambio fijo que el dólar mantenía con el oro. La razón era el exceso de dólares que habían entrado en circulación y habían provocado presiones inflacionarias importantes. Entre 1952 y 1968, los precios en Estados Unidos habían subido a un ritmo de 1.7% cada año. De 1968 a 1970, la inflación pasó de 2.4 a 6.1%, cifras que, vistas desde lo que ocurrió después, parecen menores, pero que a ojos de los contemporáneos implicaban problemas económicos serios. Frente a esto, el presidente Richard Nixon decidió congelar precios y salarios al tiempo que abandonaba la paridad fija del oro que se había mantenido desde el acuerdo de Bretton Woods, un cuarto de siglo antes, en 35 dólares la onza. Sin embargo, en el arreglo financiero de la posguerra el dólar servía como la moneda de referencia, de forma que los países

europeos y Japón tendrían que corregir también sus tipos de cambio con respecto al dólar. El 18 de diciembre de 1971 se llegó al Acuerdo Smithsoniano, así llamado porque se firmó en el instituto de ese nombre, y según el cual el dólar se devaluaba 10% frente al oro y se forzaba una devaluación similar en otras monedas frente al dólar. El mercado del oro, al quedar libre de la paridad forzada con el dólar, repuntó muy rápidamente, de manera que la onza de oro pasó, en pocos meses, a más de 200 dólares. En febrero y marzo de 1973 hubo pánico en los mercados financieros, lo que provocó una nueva devaluación del dólar, ahora a 42 dólares por onza de oro. A partir de ahí quedó libre la cotización. El desplome de Bretton Woods responde a tres problemas. Por un lado, la presión que tenía Estados Unidos de una crisis seria de convertibilidad. En un mundo que tenía cada vez más movimientos de capital internacional, Estados Unidos no podía garantizar el cambio de todos los dólares en circulación por oro a la tasa establecida en 1946. En segundo lugar, Estados Unidos había mantenido una política expansiva desde mediados de los sesenta (en parte por la política social de Lyndon Jonson, en parte por el costo de la guerra de Vietnam después de 1968). Finalmente, los países europeos y Japón ya no deseaban absorber más dólares.1 La combinación de estos elementos dispara una década de desorden financiero internacional y alta inflación. A la caída de Bretton Woods se suma, en octubre de 1973, la Guerra de Yom Kippur. Una coalición de países árabes, dirigida por Egipto, invade Israel para cobrar venganza de la guerra de los seis días (1967). Israel no sólo logra defenderse, sino que invade Egipto y logra avanzar hasta el canal de Suez. Los países árabes culpan a Occidente de haber apoyado a Israel en la guerra y deciden aplicar un embargo en las exportaciones de petróleo. El 17 de octubre de 1973, los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fundada desde el inicio de los sesenta, dejan de vender petróleo a Europa y Estados Unidos. El precio del barril pasó de 3 a 5 dólares al día siguiente, y llegaría a poco menos de 12 dólares para inicios de 1974.

A comienzos de 1979, el sha de Irán abandonó su país, expulsado por una revolución integrista dirigida desde el exterior por el ayatollah Khomeini. La revolución provocó una seria contracción en la producción de petróleo de Irán, que no pudo ser compensada por incrementos en producción de la OPEP. A principios de 1980, Irak entra en guerra con Irán, lo que da como resultado aún mayor escasez de crudo en el mundo y, en consecuencia, un gran incremento en su precio. El barril de petróleo, que había costado 3 dólares desde 1950, empieza en 1974 a poco menos de 12 dólares, de donde va subiendo hasta llegar a los 15 dólares todavía a inicios de 1979. La revolución Iraní duplica el precio durante ese año; en 1980, prácticamente alcanza los 40 dólares (figura 14.1).

  La década de los setenta resulta entonces una verdadera hecatombe mundial en materia económica.2 Empieza con la crisis estadounidense y la caída de Bretton Woods, y continúa con el embargo petrolero y las primeras crisis inflacionarias de mediados de la década, que provocan una reacción tradicional en los gobiernos. Acostumbrados a reaccionar según el esquema anterior,

frente a la contracción inflacionaria que significa el alza en los precios del crudo su respuesta es incrementar el gasto público y la cantidad de dinero en circulación, para reactivar la demanda. Este tipo de respuesta, que en los años anteriores era perfectamente lógica, en la segunda mitad de los setenta es un craso error: frente a la contracción de la oferta que significa el alza del precio del crudo, se reacciona incrementando la demanda. El resultado sólo puede ser más inflación. Y si a este error de política económica se le suma la nueva alza del petróleo de fines del decenio, es perfectamente entendible que el cambio de década llevara consigo una transformación profunda en las sociedades industrializadas. No sólo se modifica el patrón de consumo, lo que, al menos por un tiempo, hace mucho más conscientes a los consumidores, sino que también hay un cambio de orientación política. En los últimos años de los setenta los países industrializados dan un giro «a la derecha» en materia política. La razón debe ser clara: los gobiernos en el poder entre las dos crisis petroleras cometieron errores monumentales, mientras que los grupos políticos «de derecha» lograron construir propuestas atractivas para el electorado. Posiblemente el texto más relevante en la construcción de estas propuestas sea La crisis de la democracia, escrito por Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, para la Comisión Trilateral, organización no gubernamental de corte neoliberal, como se dice ahora.3

  Los nuevos gobiernos modificaron la política económica de manera significativa. Frente a la nueva crisis inflacionaria, producto tanto de las políticas expansivas como de la nueva alza del precio del petróleo, ya no reaccionaron siguiendo la tradición de la posguerra, es decir, reactivando la demanda, sino contrayéndola, para evitar que la espiral inflacionaria siguiera creciendo. Las nuevas políticas económicas privilegiaban el combate a la inflación por encima de la generación de empleos. El «contrato social» de pleno empleo que mantenían durante la posguerra los países europeos, por ejemplo, fue abandonado. Los planes para reducir la inflación en los países industrializados provocaron un alza extraordinaria en las tasas de interés, que es la causa inmediata de la crisis de la deuda externa de América Latina. Los años setenta en América Latina son años de gobiernos autoritarios, pero también de expansión del gasto público. La inflación de la década, el abandono de Bretton Woods y la gran liquidez de los países exportadores de petróleo permitió a los gobiernos contratar deuda externa como nunca antes. A esa oferta de créditos hay que sumarle la necesidad que tenían los gobiernos

de contratarlos, en parte para comprar con gasto social alguna legitimidad, en parte para poder mantenerse al parejo de la inflación. Sin embargo, no sólo los gobiernos contrataron créditos, también el sector privado, de manera que el endeudamiento externo total de los países latinoamericanos para fines de la década era excesivo. Sólo Argentina y Brasil no incrementaron su gasto público como porcentaje del PIB. Chile gastaba 60% más que en los cincuenta; Colombia, 45; Perú, poco más de 70; Venezuela superaba 90% de incremento, y México multiplicó su gasto, comparado con los cincuenta, por 2.27. Pero estos incrementos no estuvieron acompañados de ingresos fiscales equivalentes, sino que se financiaron contratando créditos externos. Cuando cambia la orientación de la política económica en 1980, empiezan los problemas serios para América Latina, pero no se reacciona rápido, en parte porque se esperaba que las tasas de interés bajaran con la misma rapidez con que habían subido. No ocurrió así, y para 1982 México ya no pudo sostenerse más y se detonó la crisis de la deuda externa de todo el continente. Su golpe fue tan fuerte que la década entera tuvo que dedicarse a la recuperación. ARRIBA Y ADELANTE Cuando Luis Echeverría llega a la presidencia de México, el mundo está iniciando un proceso de cambio muy relevante que destruirá las formas imperantes durante la posguerra y abrirá el camino para que una nueva manera de administrar la política y la economía se desarrolle hacia el final del siglo. Sin embargo, ni Echeverría ni el país parecen darse cuenta de este fenómeno. Muy por el contrario, la reacción de México frente a los cambios mundiales no es avanzar al ritmo de ellos ni detenerse. México, en los años setenta, vuelve a apostar por revivir el pasado. Así lo ve Enrique Krauze: Desde un principio, Echeverría se propuso introducir un cambio radical en el rumbo histórico del país. Nuevo Cárdenas, volvería a los orígenes

nacionalistas, campesinos, justicieros, de la Revolución [...] pero al mismo tiempo les infundiría el nuevo contenido ideológico que desde los años sesenta habían formulado sus coetáneos intelectuales de izquierda, los maestros universitarios que integraban aquella generación de Medio Siglo educada en el marxismo académico francés. Echeverría subrayaba su afiliación al grupo, hablaba de «esa generación en cuyo nombre hemos llegado a la presidencia».4

Así es: Echeverría sería Cárdenas redivivo y actualizado. Si la Revolución había fallado, es porque sus logros no habían llegado a todos los mexicanos, y por ello era necesario recuperar el populismo cardenista. Si la juventud de izquierda se había rebelado, era necesario incorporarla al régimen, ampliando los espacios para esa juventud y para sus mentores. Para los jóvenes, se multiplican las universidades (la UNAM aumenta su presupuesto 15 veces y se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM) y los empleos públicos (hay cuatro veces más burócratas).5 Para los mentores, el liderazgo: Pablo González Casanova es nombrado rector de la UNAM y la generación de Medio Siglo (llamada así por la revista de ese nombre en que se desarrollaron) invade la vida nacional: Porfirio Muñoz Ledo inicia el sexenio como subsecretario de la Presidencia, lo transcurre como secretario del Trabajo y lo termina como presidente del PRI; Víctor Flores Olea lo empieza como director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero lo finaliza como embajador en la URSS desde 1975. En ese mismo año Carlos Fuentes, el más importante defensor de Echeverría, es nombrado embajador en París.6 Enrique González Pedrero es senador. Una vez más, como había ocurrido en el sexenio cardenista, la intelectualidad de izquierda sucumbía a las tentaciones del poder y confirmaba la percepción de Cosío Villegas: «casi todos los intelectuales de izquierda en México han vivido del gobierno y a cambio de esa seguridad personal ceden, así lo admitan o no, buena dosis de independencia».7 Pero no sólo la izquierda es fácil de convencer con empleos y prebendas: todos lo son. Ya don José María Luis Mora había hablado con desprecio de la «empleomanía»

de los mexicanos, allá por 1830,8 y para los observadores extranjeros de comienzos del echeverrismo, los mexicanos con alguna educación pedían empleo en la burocracia como si fuese «un derecho indiscutible».9 Esa empleomanía jamás había tenido tanta fortuna como en los años setenta, con el grave problema de que una vez creadas las plazas, es muy difícil desaparecerlas, porque «la fortuna económica de los burócratas está íntimamente ligada al bienestar del Estado autoritario».10 De hecho, cuando se habla de movilidad social en México, más bien deberíamos referirnos a la movilidad de origen político, puesto que, durante el régimen de la Revolución, los cambios sexenales efectivamente tenían repercusiones relevantes para el estatus social de aquellos a quienes la Revolución hacía justicia.11 Mientras se dirigían estos esfuerzos a capturar a la clase media, corporativizándola a través de las universidades y el empleo público, Echeverría también intenta recuperar el campo. Transforma el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de la Reforma Agraria y expide la Ley Federal de la Reforma Agraria, que burocratiza un reparto ya casi inexistente después de que Díaz Ordaz otorgara millones de hectáreas, y lo convierte en una máquina de producir minifundios improductivos, 12 empobrecedores y destructores del ambiente. Roger Bartra llama a este intento el populismo tecnocrático.13 Aunque también él encuentra en Echeverría un esfuerzo por parecerse a Cárdenas, niega que haya tenido algún éxito: ni aumenta la productividad (como sí ocurrió en los treinta) ni se obtiene el apoyo legitimador, sino que más bien se agudizan los enfrentamientos entre el movimiento campesino y el gobierno. Concluye que lo que logra el esfuerzo de Echeverría es demostrar la incapacidad de una alternativa populista guiada por la tecnocracia.14 Por otra parte, se continúa con la ampliación de los bienes y servicios que presta el gobierno. La cobertura en educación crece continuamente, a pesar del crecimiento poblacional que alcanza en esa década las tasas más elevadas en la historia (figura 14.3). Por cierto, Echeverría rechaza aplicar políticas expresas para controlar la explosión demográfica, como entonces se llamaba, con la idea de

que «gobernar es poblar». Creía que todavía tenía margen el gobierno para atender a la población.15 En 1970 había poco más de nueve millones de niños en primaria, poco más de un millón en secundaria y casi 400 mil en educación media superior. Para 1980 los estudiantes de primaria eran 14 millones y medio, más que la población en edad de asistir a ese nivel escolar, por eso la cobertura superó 100% en esos años. En secundaria ya había tres millones de estudiantes, y en media superior, millón y medio. En total, los niños y jóvenes en estos tres niveles sumaban poco menos de once millones en 1970, pero más de 19 millones en 1980. La década se inició con la incorporación de 600 mil nuevos estudiantes cada año, pero terminó con más de un millón anual.

 

  Pero si en algún nivel el crecimiento es exorbitante, es en educación superior (figura 14.4). En 1960 había menos de 30 mil estudiantes en nivel superior; para 1970, rondaban los 250 mil. Se llegó al medio millón en 1975, y cinco años después superaban los 800 mil. A mediados de siglo, había cosa de 25 mil profesionistas en México, y para los años sesenta, la cifra era todavía inferior a los cien mil. En la década de los setenta, llegan a ser más de cien mil los egresados cada año de las universidades.16 En salud y seguridad social, el crecimiento también es impresionante. En 1970 había poco más de 11 millones de derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, mientras que para 1980, ya eran más de 29 millones. El IMSS había pasado de 9.8 millones de derechohabientes en 1970 a 24.1 millones en 1980, esto es, se multiplicaron por 2.5 veces, aunque el número de asegurados sólo se duplicó. En el caso del ISSSTE, los derechohabientes pasan de 1.3 millones en 1970 a cinco en 1980 (casi se cuadruplican), mientras que el número de asegurados crece de menos de medio millón a millón y medio (se multiplica por tres).17 Como es de imaginarse, la ampliación de la matrícula escolar, el crecimiento de la planta laboral del gobierno y los esfuerzos por

ampliar la política social van sumando obligaciones al gobierno. Sin embargo, los ingresos no crecen en la misma proporción. Nuevamente, la reforma fiscal se queda en el escritorio del presidente.18 Durante el primer año de su gobierno, Echeverría había sido cauto, pues mantuvo el gasto en el nivel que lo había recibido, alrededor de 18.5% del PIB. Para 1973, el gasto ya se había elevado a más de 20%, y ya no había duda de que ése sería el camino que tomaría el presidente. Para más claridad, en agosto de 1973 renuncia Hugo B. Margáin a la Secretaría de Hacienda; para remplazarlo, Echeverría nombra a su amigo de juventud, José López Portillo. Como subsecretario se nombra al verdadero ideólogo económico del sexenio, Francisco Javier Alejo. Luis Echeverría lo dice con claridad: «A partir de este momento, la economía se maneja desde Los Pinos».19 Ya Vernon había observado, a mediados de los sesenta, que México no podía continuar creciendo a menos que obtuviese alguna fuente de energía adicional, como él la llamaba. Vernon esperaba que esta energía proviniese de la política, de un cambio en favor de la apertura y la competencia, algo que exigía un presidente fuerte, como lo habían sido Calles o Cárdenas. No esperaba que un presidente fuerte pudiese ser nominado bajo el esquema priista, que favorecía la neutralidad.20 Se equivocó doblemente, puesto que el sistema sí dejó pasar a un presidente fuerte, pero no a uno que modernizase al país, sino a uno que intentó repetir la historia. En contra de la posición de Vernon, Hansen creía en que la política vencería a la economía, y Leopoldo Solís dudaba del estancamiento.21 El incremento en el gasto se empieza a financiar a través de endeudamiento, sobre todo externo. La deuda externa pública pasa de poco menos de 4 mil millones de dólares al llegar Echeverría a más de 20 mil millones en 1976. Por otra parte, México importaba petróleo a inicios de los setenta, puesto que no alcanzaba con la producción nacional. La suma de este incremento en las importaciones y el costo del servicio de la mayor deuda externa provocan que, en 1976, se tenga que devaluar el peso.

El gobierno de Luis Echeverría terminó en la debacle. En julio, el presidente promovió la invasión de terrenos de la cooperativa del periódico Excélsior, lo que daría lugar a un conflicto interno en el periódico que terminaría con la salida del grupo dirigido por Julio Scherer, que en ese momento hacía el diario más combativo del país.22 En noviembre, Echeverría decretó la expropiación de más de 37 mil hectáreas de riego en los valles del Yaqui y el Mayo y expulsó, además, al joven gobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich. Ya para entonces el rumor de que su sexenio terminaría con un golpe de Estado era general.23 No fue así, pero sin duda Echeverría concluye su gestión enfrentado a todos los sectores de la sociedad, incluso los que tanto trató de favorecer en su gobierno. ADMINISTRAR LA ABUNDANCIA En contraste con el odio que Echeverría concitaba al final de su sexenio, José López Portillo era la admiración de todos. Buen orador y mejor escritor, deportista, mujeriego, parecía encarnar las aspiraciones de la clase media que se sentía tan golpeada por el régimen. El primer año de gobierno de José López Portillo está marcado por dos asuntos. Por un lado, la reforma política; por el otro, los problemas de conducción de la política económica. La reforma política es resultado de la convicción del régimen de que su legitimidad está en crisis. López Portillo llegó solo a la elección, no tuvo contrincante. Y no es lo mismo ganar las elecciones abrumando a los demás, ser un partido hegemónico, que ganarlas por default, convertirse en un partido único. Bajo la conducción de Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, la reforma se concreta en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). En ella se amplía el número de diputados de partido a cien. Los diputados de partido se habían creado en la reforma de 1964, con veinte curules disponibles, número que se amplió a 25 en la reforma de Echeverría.24 Además, se abre la posibilidad de registrar nuevos

partidos, lo que permitió al Partido Comunista, pero también al sinarquismo, con el nombre de Partido Demócrata Mexicano, incorporarse a la lucha electoral. La reforma incluyó una amnistía general a los participantes de la que ahora se llama guerra sucia.25 Al respecto, es importante recordar que, por mucho que el régimen sintiera que su legitimidad estaba en riesgo, la movilización en su contra era bastante limitada. La gran cantidad de grupos guerrilleros puede hacer pensar que el gobierno enfrentaba amenazas serias, pero esto no fue así. El número de guerrilleros activos, desde inicios de los sesenta hasta fines de los setenta, difícilmente alcanzará tres mil personas, que sólo contaron con apoyo activo en zonas rurales.26 Las elites económicas, que llegaron al enfrentamiento abierto con Luis Echeverría al crear el Consejo Coordinador Empresarial en 1975 como instrumento de presión política, no habían decidido aún romper con el régimen. Las clases medias, más preocupadas por el ambiente de incertidumbre y por la inflación, tampoco.27 Sin embargo, en 1977 la economía no respondía bien. Como parte del enfrentamiento que Luis Echeverría había tenido con los técnicos, la Secretaría de Hacienda se había dividido en dos: una encargada de la recaudación, con el mismo nombre, y otra llamada Secretaría de Programación y Presupuesto, que sería responsable del ejercicio del gasto. Se intentaba con esto romper la fuerza de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, que actuaban de manera demasiado autónoma frente al presidente. La autonomía de Hacienda no era un asunto coyuntural. Como veíamos al analizar el sistema financiero en tiempos del Porfiriato, la reorganización que hace Matías Romero de Hacienda en tiempos de la República Restaurada incluye esa autonomía que los científicos, los técnicos y los tecnócratas defenderán celosamente durante más de un siglo. Así como Limantour manejaba las finanzas bajo las órdenes de don Porfirio, pero con muy amplia libertad de maniobra, así lo harán los financieros sonorenses y, después de ellos, los técnicos del régimen de la Revolución. Echeverría consideraba a este grupo un obstáculo en la conducción de su política de desarrollo compartido, y con justa

razón, puesto que, aunque desde el sexenio de Díaz Ordaz es claro que la política económica ya no es tan rígida, era difícil que alguno de los técnicos aceptara el nivel de desorden que Echeverría alcanzaría después de 1973. Por ello, Echeverría desplaza a todos los técnicos que puede al llegar a la presidencia. Ortiz Mena presentó su renuncia entre la elección de Echeverría y su toma de posesión. Rodrigo Gómez, director del Banco de México durante 18 años, murió antes de su asunción. Echeverría nombró en Hacienda a Hugo B. Margáin y en el Banco de México a Ernesto Fernández Hurtado. En cualquier caso, como ya hemos visto, a mediados del sexenio decidió tomar el control absoluto de la economía, relevando a Margáin y colocando a su amigo de juventud, que después será su candidato, en la siempre presente esperanza de los presidentes de México de seguir mandando eternamente. En esta misma línea hay que entender la división de la Secretaría de Hacienda. Se trataba de evitar que una nueva carnada de funcionarios se hiciera del control de la política económica y limitara el poder presidencial. Sin embargo, se trata de una división absurda, que no podía funcionar y que nunca funcionó, salvo cuando uno de los secretarios controlaba al otro. La lucha por obtener este control, en el primer año de gobierno de López Portillo, se reflejó en una economía que mantuvo la caída que traía desde 1972. Es claro que después de una devaluación que requirió apoyo del FMI no se podía esperar mucho crecimiento, pero el de 1977 fue especialmente bajo, para los estándares de aquellos años: 3.4 por ciento. El escaso crecimiento, junto con la disputa interna, llevaron a López Portillo a sustituir a ambos secretarios, Julio Rodolfo Moctezuma, de Hacienda, y Carlos Tello de Programación. En sus lugares entraron David Ibarra y Ricardo García Sáinz, el primero de los cuales lograría llegar hasta el fin del sexenio, mientras que el segundo sería removido en 1979 al no poder construir el Plan de Desarrollo que el presidente le había comisionado.28 Ésta es una característica interesante del gobierno de López Portillo. Por primera vez desde el Plan Sexenal del cardenismo, el gobierno tendría un plan rector del desarrollo del país. Esta idea de la planificación, recordamos, era una de las propuestas de la CEPAL,

y no se trata de una coincidencia. Tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López Portillo, la idea económica rectora no provino de las escuelas de pensamiento tradicionales en economía, sino que se siguieron explícitamente los postulados de los llamados economistas estructuralistas. En el gobierno de Luis Echeverría, este grupo era comandado por Horacio Flores de la Peña, secretario del Patrimonio, y su estrella más brillante era Francisco Javier Alejo. Con López Portillo, el líder era José Andrés de Oteyza. Como hemos analizado anteriormente, las propuestas de esta visión económica se centran en la idea de que el desarrollo nacional ocurre en el contexto de una relación desigual entre el centro, es decir el mundo industrializado, y la periferia, nosotros. Así, es necesario que el Estado sea rector del desarrollo, puesto que éste no se logrará de otra manera. El Estado debe contar con un plan que incorpore y guíe a la iniciativa privada y que limite las acciones del capital extranjero que, por la relación desigual mencionada, está en condiciones de extraer recursos del país y limitar el potencial nacional. Se trata de una versión un poco más sofisticada de la industrialización a través de sustitución de importaciones que se aplicaba durante la posguerra, con dos agravantes. Por un lado, que el tiempo de bonanza mundial había terminado en 1973, y esto era más que evidente en 1977. Por el otro, que los niveles de exceso en el gasto público y el cierre de fronteras superaban cualquier límite razonable. Dicho de otra manera, lo que se hizo en cuestión económica durante los setenta fue profundizar las políticas que se habían aplicado en México, ignorando todas las señales de alerta que la economía enviaba: caída de producción en el campo, inflación, déficit, lo que fuera. Sin embargo, en esos años ocurrió un milagro que permitió al gobierno y a los economistas mencionados aplicar sus ideas durante cuatro años más. Un pescador de camarón de nombre Rudecindo Cantarell avisó a Pemex de burbujas de petróleo que aparecían en la superficie del mar cerca de Ciudad del Carmen. Después de algunos estudios, se anunció que México contaba con

uno de los mantos petroleros más importantes del mundo. En ese entonces, México no llegaba a producir 300 mil barriles diarios de petróleo, y apenas alcanzaba a cubrir su demanda interna de combustibles. Según las primeras estimaciones, el manto petrolero parecía contener 30 mil millones de barriles, que a los precios del inicio del sexenio significaban 450 mil millones de dólares, más o menos cinco veces el PIB del país en ese momento. Dos años después la revolución Iraní duplicaba el precio del petróleo, de manera que México tenía, bajo la plataforma continental de la península de Yucatán, un tesoro equivalente a diez años de ingresos. Y tenía una muy alta probabilidad de seguirse multiplicando, puesto que en aquel entonces se hizo muy popular, no sólo en México, la idea de que las materias primas subirían continuamente de precio, de forma que el petróleo alcanzaría pronto los cien dólares por barril, lo que triplicaría el valor del manto petrolero.29 Esto llevó a López Portillo a decir, en imprevista conferencia de prensa, que el problema que México enfrentaba era «administrar la abundancia». Y era absolutamente cierto, se trataba de un problema. Por un lado, la riqueza del petróleo sólo serviría si se extraía, algo para lo que Pemex no estaba preparado en ese momento; por otro, una vez que se extrajera y vendiera, había que decidir qué hacer con los recursos. La discusión, en el gabinete económico, era acerca del «excedente petrolero», la inmensa renta que había que aprovechar. Se discutían al menos tres concepciones: unos proponían aprovechar los recursos para el futuro, ya fuese extrayendo poco petróleo o creando fondos; otros favorecían la idea de aprovechar para construir una industria petrolera fuerte; unos más, finalmente, sostenían que el petróleo sería la palanca del desarrollo si se utilizaba la renta petrolera para invertir en los proyectos que el país necesitaba. Podrá usted imaginar que fueron estas dos últimas ideas las más exitosas. Era necesario, sin duda, incrementar la capacidad de producción de Pemex, puesto que de otra manera la riqueza sería sólo imaginaria. Y era idea común entre los economistas del gobierno que el Estado rector de la economía

debería impulsar un proyecto nacionalista y autónomo de desarrollo, más si contaba con los recursos para hacerlo. De 1977 a 1982, Pemex triplicó su capacidad de producción: pasó de poco menos de 300 mil barriles diarios a poco más de un millón. Este gran incremento en la plataforma de explotación se financió con créditos externos, por alguna cantidad desconocida, pero que debe rondar los 30 mil millones de dólares. Frente al valor esperado de Cantarell, treinta veces mayor, este endeudamiento tiene mucho sentido. La disputa por la Nación

La otra idea, el proyecto nacionalista de desarrollo, es menos defendible. A inicios de 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello publicaron un pequeño libro que ilustra la percepción que se tenía en el momento de la disyuntiva que enfrentaba el país. Desde su mismo título, La disputa por la Nación, el libro es combativo. La disputa a la que se refieren los autores se libra en México entre dos proyectos, el nacionalista y el neoliberal. Cordera y Tello son quienes popularizan el mote de neoliberal, y se encuentran entre los primeros en utilizarlo. En la visión de lo autores, el proyecto nacionalista parte de la hipótesis general de que, en esta etapa del desarrollo nacional, las necesidades del país pueden ser mejor satisfechas si se recogen y actualizan los planteamientos y demandas populares que dieron origen a la Revolución Mexicana, si puntualmente se aplican los postulados de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y si se aprovecha y desarrolla la rica experiencia de la alianza entre organizaciones de masas y gobierno, como la habida durante la administración del presidente Cárdenas, que hizo posible la realización de las profundas reformas sociales y la formación de un Estado nacional vigoroso y atento a los intereses populares.30

Y con mayor claridad, páginas después sostienen que Con base en el mandato constitucional, el Estado se responsabiliza (de ahí su legitimidad), en tanto rector del proceso de desarrollo del país, de proveer y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías

populares actuando tanto sobre las relaciones de propiedad —imponiéndoles las modalidades que dicte el interés público— como sobre las relaciones entre las clases sociales.31

Como es evidente, el planteamiento nacionalista al que se refieren Cordera y Tello no es otro que el nacionalismo revolucionario que, como hemos ya comentado, es una construcción cultural que tenía el objetivo de dotar de legitimidad al régimen de la Revolución. Y los problemas económicos que México enfrentaba a inicios de 1981 no tenían otro origen que el mismo régimen, cuyas contradicciones son las que llevaron a un Estado cada vez mayor, pero sin financiamiento sano. Por eso, cuando Cordera y Tello detallan el punto de partida del modelo neoliberal, no es sorpresa que éste interprete como origen de la crisis: a) el desbordamiento de la democracia y el deterioro consecuente de la legitimidad de los gobiernos y las instituciones constituidas; b) el gigantismo del aparato estatal que, al tratar de responder a las demandas sin mesura de los grupos sociales mayoritarios [...] ha incurrido en un déficit desmedido y, en consecuencia, inflacionario; c) la conversión de los sindicatos en fuerzas de alcance nacional con una clara injerencia en la política pública [...] y d) el renacimiento del nacionalismo.32

Aunque en el caso de México el tema de la democracia no tenía sentido, los otros tres puntos que veían Cordera y Tello como base de la crítica del modelo neoliberal son puntualmente ciertos. Pero no parece que estos autores tuviesen claro de qué tamaño era el problema del déficit gubernamental, que sin duda era el origen de la inflación. Más aún, ellos veían su origen en la falta de oferta de bienes de consumo, de una política monetaria restrictiva y de la relación de dependencia de México frente al exterior.33 Esta dependencia, según los autores, provocaba el fenómeno de inflación importada. No encuentro cómo es que podría sostenerse este argumento, cuando la inflación mexicana era cuatro veces mayor que la estadounidense, cuando la política monetaria en México era

cualquier cosa menos restrictiva34 y sobre todo cuando la parte del gasto público no financiada por impuestos superaba una cuarta parte del PIB, como veremos en un momento más. Es decir, cuando resultaba evidente que el problema era consustancial al régimen. Años después, Joseph Stiglitz, en su crítica al modelo neoliberal, que fue, con justicia, muy popular, sostenía: La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados por el Consenso de Washington durante los años ochenta y noventa. Las políticas del Consenso de Washington fueron diseñadas para responder a problemas muy reales de América Latina, y tenían mucho sentido. En los años ochenta los gobiernos de dichos países habían tenido a menudo grandes déficit. Las pérdidas en las ineficientes empresas públicas contribuyeron a dichos déficit. Aisladas de la competencia gracias a medidas proteccionistas, las empresas privadas ineficientes forzaron a los consumidores a pagar precios elevados. La política monetaria laxa hizo que la inflación se descontrolara. Los países no pueden mantener déficit abultados y el crecimiento sostenido no es posible con hiperinflación. Se necesita algún grado de disciplina fiscal. La mayoría de los países mejoraría si los gobiernos se concentraran más en proveer servicios públicos esenciales que en administrar empresas que funcionarían mejor en el sector privado, y por eso la privatización a menudo es correcta.35 El despilfarro

El caso es que México cayó en un sueño de bonanza que no se quedó en el interior del gabinete. Los mexicanos, convencidos de la abundancia, se dedicaron a acabársela. Las importaciones se multiplican por cuatro, de 6 mil millones de dólares en 1977 a 27 mil millones en 1981. Nos convertimos en turistas cosmopolitas: pasamos de gastar 900 millones de dólares en el exterior en 1977 a 1 800 en 1979, y de ahí a 8 200 en 1981. El total de egresos por bienes y servicios (lo que se llama cuenta corriente) de 1977 a 1981 sumó 36 500 millones de dólares, equivalente a 14% del PIB de ese último año. En verdad creímos que había abundancia.36 Impulsados por esa creencia y por el gasto del gobierno, que creció a un ritmo superior al de los ingresos petroleros, los

mexicanos vivimos años de gran dinámica económica. El PIB creció, entre 1978 y 1981, a un ritmo de 9.2% anual. Parecía algo increíble. Lo era. Financiar ese crecimiento supuso incrementar la deuda pública externa en 50 mil millones de dólares en esos años, de poco más de 20 mil a 77 mil millones de dólares. Pero no parecía un problema serio, porque el servicio de esa deuda suponía apenas 3 500 millones de dólares al año entre 1977 y 1979. Pero de 1980 a 1982, este pago se multiplicó por cuatro y llegó a ser de 14 mil millones de dólares en el último año. Así, las exportaciones de petróleo, que deberían financiar el desarrollo nacional, apenas alcanzaron para cubrir los intereses en esos años. El origen de la crisis es el mismo de siempre: los excesos de un gobierno que no puede financiarse sanamente. En la figura 14.5 se puede ver cómo creció el gasto público durante el periodo que nos ocupa, junto con los impuestos. Mientras que éstos apenas alcanzaban a llegar a 10% del PIB, el gasto, desde 1973, supera 20%, y llega prácticamente a 40% del PIB en 1982. El gobierno se financia, además de con los impuestos, con muchas otras fuentes: derechos, productos, accesorios, etcétera. Sin embargo, cada una de estas fuentes tiene asociado un costo. Los derechos se cobran a cambio de una concesión que el gobierno otorga, por ejemplo, para extraer petróleo o para utilizar agua o el espectro radioeléctrico. Los productos son cobros por servicios que el gobierno ofrece, como lo hacen los gobiernos locales que rentan a la policía para actos privados. De todas las fuentes que el gobierno tiene, en nuestro caso sólo los derechos y los impuestos son significativos. Y de los primeros, 80% son derechos a hidrocarburos. El petróleo financia nuestro gasto.

  Cuando los impuestos no alcanzan para financiar el gasto, lo que sucede es que empezamos a trasladar el costo hacia el futuro. Eso es lo que ocurre con el petróleo: al ser un bien no renovable, lo que hoy se consume no se podrá consumir mañana. La extracción de petróleo con el objeto de obtener recursos significa reducir la riqueza futura del país para mantener el gasto presente. Lo mismo, aunque más claramente, ocurre con la deuda. En consecuencia, la diferencia entre las dos series que aparecen en la figura 14.5 es la cantidad que se trasladó hacia el futuro, que para mejor ilustración aparece en la figura 14.6. Esta cantidad supera por mucho el déficit del gobierno, puesto que añade a éste los derechos que son, en muy buena parte, también riqueza que se extrae a las siguientes generaciones.

 

  Una parte de este gasto se destinó a cuestiones sociales pero, como ocurrió durante todo el régimen de la Revolución, no fue ése

el destino principal de los recursos públicos, a pesar del discurso. Utilizando la misma forma de cálculo de Wilkie que ya presentamos anteriormente para evaluar el destino del gasto público, en la figura 14.7 es muy claro que los gobiernos neoliberales dedican mayor proporción al gasto social que lo que hicieron los gobiernos de la Revolución. Lo que el gobierno de López Portillo privilegia es, a fin de cuentas, el gasto administrativo, en parte por el gran costo del servicio de deuda en los últimos años del sexenio. El gasto social es mayor que el aplicado en el gobierno de Echeverría, y parecido al de tiempos de Díaz Ordaz, pero no es mayor cosa. Los dos programas sociales más importantes durante el gobierno de López Portillo fueron el Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). El Coplamar es una derivación del programa de solidaridad social ya experimentado por Echeverría; se ubicó dentro del paraguas del IMSS. De hecho, aunque Coplamar desaparece en 1983, la parte de salud originada en el IMSS-Coplamar se mantiene durante el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de 1979 y hasta 1986 se construyeron clínicas rurales en casi todo el territorio nacional. Según Julieta Campos, fueron dos mil clínicas y 32 hospitales los construidos.37 La aportación de Coplamar es su dimensión de investigación, que dio como resultado la primera evaluación razonable de la pobreza en México; sus objetivos de carácter social, sin embargo, no se cumplieron ni siquiera de manera parcial.38 En cuanto al SAM, se trató de un programa que buscaba recuperar la autosuficiencia alimentaria que se había perdido desde mediados de los años sesenta, en buena medida por el gran crecimiento poblacional y el más moderado del ingreso. Se promovió el incremento intensivo de la tierra cultivable (mediante la instalación de sistemas de riego y la ocupación de áreas planas tropicales), las semillas mejoradas y fertilizantes subsidiados y los precios de garantía. Estos últimos son precios que el gobierno se compromete a pagar a los productores, sin importar si al tiempo de la cosecha el precio de mercado es inferior. En 1980, este programa

tuvo un gran éxito al alcanzar su meta de 28 millones de toneladas de granos, que se debieron tanto a los programas de subsidio y apoyo como a un año extraordinario en lluvia. Desafortunadamente, no había infraestructura ni de transporte ni de almacenamiento para tal cantidad de producción, de manera que el éxito se vio empañado por problemas de distribución. Es importante dejar claro que la crisis de 1982 no es resultado de una caída en el precio del petróleo. Si acaso, podría atribuirse a que éste dejó de crecer, contra lo que esperaban quienes creían que llegaría a los cien dólares por barril. El precio máximo alcanzado en esos años ocurrió en 1980, cuando el crudo de referencia West Texas International promedió 37 dólares por barril. Al año siguiente, se vendió en 36.70, y en 1982, en 30.40 dólares por barril. Aunque hay una reducción en el precio, no es una caída brutal. El problema es que las proyecciones se habían hecho pensando en un precio que seguiría creciendo. Y este problema se sumaba a que la deuda se había contratado pensando en una tasa de interés que no subiría. Ocurrió exactamente al revés: el precio del petróleo se estancó (o se redujo ligeramente), mientras que la tasa de interés de referencia se elevó conforme los gobiernos de los países del centro pusieron en marcha planes antiinflacionarios.

  En la figura 14.8 puede verse la diferencia entre el comportamiento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos con lo ocurrido antes y después de ese periodo. La tasa promedio entre 1970 y 1978 fue de 6.6%, mientras que entre 1983 y 1990 el promedio fue de 8.2%, ambos aparecen como referencia en la figura. En cambio, entre 1979 y 1982 la tasa promedia 13.3%, con varios meses por encima de 15 por ciento. Justo en estos años crece la deuda de México y provoca que su servicio se incremente por ambas vías: mayor endeudamiento y mayores tasas. El petróleo se fue comiendo todo: la política económica, las exportaciones, la producción, hasta que al final era lo único que existía. Cuando en 1982 el país se encuentra sin reservas internacionales y hay que devaluar, México no tiene nada más que vender en el exterior que petróleo, y con éste se pueden cubrir los intereses de la deuda, pero poco más que ello, de forma que las importaciones deben contraerse muy seriamente. En esos años, México enfrenta escasez de diversos productos que no se pueden importar, y también de los mismos dólares.39

  En la figura 14.9 se aprecia cómo los ingresos por exportación de petróleo no son un problema en 1982. Desde 1980 y hasta 1985, las exportaciones de petróleo son suficientes para cubrir el servicio de la deuda. Es después cuando la caída en el precio del petróleo se convierte en el problema principal, pero eso ocurre a inicios de 1986, y lo comentaremos más adelante.40 LA CAÍDA En su sexto informe de gobierno, José López Portillo regresó a un tema que era importante para él, una promesa que había hecho al iniciar su gobierno: llevar las ventajas del desarrollo a los más pobres del país. Ahora, en 1982, sólo le quedaba pedir perdón, entre lágrimas, a todos ellos. Momentos después, terminaría su informe de gobierno anunciando dos decretos que había firmado por la mañana. El primero establecía un control de cambios absoluto en el país; el segundo nacionalizaba la banca. Sus últimas palabras en ese informe fueron: «¡Ya nos saquearon! ¡No nos volverán a saquear!».

Terminaba así el sueño del desarrollo nacionalista autónomo, y con él las grandes esperanzas que el país había cifrado en ese gobierno, que tuvo la fortuna de recibir el milagro de Cantarell y la desgracia de no haber sabido administrar esa abundancia. Se trataba de una situación muy difícil. Para nadie era secreto que había presiones muy fuertes sobre el peso, por lo que la defensa que intentó López Portillo el 5 de febrero de 1982, cuando anunció que «defendería al peso como un perro defiende su hueso» sólo sirvió para el escarnio que después harían los mexicanos de él. En enero de 1982, el dólar estaba en 26 pesos, en febrero a 32 y en marzo a 46. Pero el día del informe presidencial, el control de cambios estableció como tipo de cambio oficial 75 pesos por dólar. En el mercado libre, si se conseguían dólares era a 150 pesos. Y ése sería el tipo de cambio que se tendría, oficialmente, durante el año siguiente.41 Sin embargo, al nacionalizar la banca, el gobierno también se hacía responsable de las cuentas en dólares, que fueron pagadas al tipo de cambio del día de la nacionalización, es decir, a 75 pesos. Se llamó mexdólar a la unidad de medida que se creó para el efecto. En otras palabras, el gobierno confiscó la mitad de los ahorros de quienes habían depositado dólares en los bancos. Esta medida no tenía, en el momento, sustento legal alguno. Fue, sin lugar a dudas, uno más de los excesos que podía alcanzar un presidente en México durante el régimen de la Revolución. El gobierno sostenía que los banqueros especulaban en contra del país, lo que muy probablemente era cierto, pero eso no hubiera ocurrido si el gobierno no hubiese querido mantener el valor del peso a toda costa. En 1980, cuando el déficit en cuenta corriente alcanza por primera vez el nivel de 5% del PIB, ya era claro que no había otra salida que devaluar. Posponer esa decisión provocaría, precisamente, especulación. Y costaría una fortuna, porque para cubrir la demanda de dólares el gobierno necesitaría continuar endeudándose. Ése fue el camino que eligió López Portillo, y ése fue el costo. El terrible descrédito en que terminó el gobierno de López Portillo, sin embargo, no se reflejó en las urnas en 1982. Las

elecciones se realizaron tres meses antes de que todo se hundiera en el sexto informe de gobierno, de forma que la gran mayoría de la población no tenía manera de percibir la amenaza. Así, el PRI ganó nuevamente la presidencia, y prácticamente 75% de la cámara de Diputados, dejando que el 25% restante se repartiera en dos mitades entre el PAN y todos los demás partidos. Pero en 1982 las elecciones no reflejaban absolutamente nada, salvo, acaso, el cansancio de la población. Para fines de año, en cambio, cuando López Portillo deja la presidencia, la población ya no sólo esta cansada, sino que empieza a considerar que la participación política puede ser una manera de evitar las crisis que, ahora se ve, ocurren cada sexenio. Así, aunque en 1968 el régimen se haya infligido el primer golpe a su legitimidad, lo que realmente inicia el cambio es el gran fracaso económico de 1982. Para enfrentar la crisis, el gobierno entrante de Miguel de la Madrid impulsa el Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, que en esencia correspondía a lo único que puede hacer un país cuando sufre una crisis en su balanza de pagos: contraerse. Se detenían los proyectos de inversión (manteniendo los que se pudiera), se buscaba aumentar los ingresos fiscales y controlar la ejecución del gasto, todo lo que normalmente se hace cuando no se tiene dinero. Para evitar la bancarrota generalizada, el gobierno mantiene un tipo de cambio dual a partir de diciembre de 1982: uno llamado controlado que era subsidiado por el gobierno, y otro libre o de mercado. A través del Banco de México, el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, Ficorca, ayudará a las empresas a cubrir sus deudas en dólares y a poder importar insumos, algo que no siempre pudo hacerse en esos años.42 Por primera vez en cincuenta años, el crecimiento de la economía mexicana fue negativo. Y así siguió en 1983, cuando la contracción llegó a 4 por ciento. Los dos años siguientes, 1984 y 1985, fueron de crecimiento muy moderado, pero en este último el PIB ya era ligeramente mayor que el de 1981. Cuatro años que promediaban un crecimiento prácticamente nulo. Medido en

términos per cápita, el PIB había perdido cerca de 10% de su valor en esos cuatro años. Pero si la producción estaba estancada, no ocurría lo mismo con los precios. La inflación, que en la posguerra había sido olvidada, durante el gobierno de Luis Echeverría había crecido a niveles de 20%, ya muy superiores a los que sufría Estados Unidos. En esos años en que el tipo de cambio era fijo, mantener tasas de inflación superiores a los principales socios comerciales no era buena idea. Con la devaluación de 1976, la inflación superó 30% en el primer año de gobierno de López Portillo, que logró regresarla a 20% anual por un tiempo, hasta que no se pudo más. Durante 1982, el alza de precios fue incontenible, como se puede ver en la figura 14.10, y al iniciar 1983 ya teníamos una inflación de tres dígitos, casi de 120% anual. El PIRE logró que la inflación fuese bajando paulatinamente, pero en 1985 tocó fondo en un nivel superior a 50%, desde donde volvió a subir, pero ahora con mayor fuerza.

  Junto con los precios, el tipo de cambio, que ya no estaba fijo, empezó a subir. En la figura 14.11 aparece el tipo de cambio

controlado, el utilizado por el gobierno, que mantenía un subsidio considerable al inicio. Éste pasa de 100 pesos por dólar en enero de 1983 a más de 350 pesos al cierre de 1985, pero el incremento en el valor del dólar es mucho mayor durante ese año: 87% entre diciembre de 1984 y diciembre de 1985.

  En otras palabras, aunque se había evitado la destrucción de la planta productiva del país, los problemas no se habían resuelto, y estaban regresando a través de los precios y el tipo de cambio. Los problemas se concentraban en las finanzas públicas, que no se podían poner en equilibrio. El gasto del gobierno, a pesar de los esfuerzos del PIRE, nunca bajó de 35% del PIB en esos años, mientras que los impuestos seguían siendo de 10 por ciento. El resto, una cuarta parte del PIB, se tenía que financiar con petróleo o con deuda. Y entonces llegó la catástrofe. En los días 19 y 20 de septiembre de 1985, la ciudad de México sufrió terremotos muy fuertes que, además de las muertes que provocaron y la respuesta social, de la que hablaremos después, tuvieron costos económicos importantes. Entre ellos, por ejemplo, la red de telecomunicaciones prácticamente estuvo colapsada unos días, además, claro, de la infraestructura urbana, que tardaría lustros en recuperarse.

En noviembre se hundió el mercado petrolero, lo que provocó que la mezcla mexicana de exportación, que se vendía en octubre a 25 dólares por barril, cayera a poco más de 10 dólares en marzo, y un mínimo de nueve dólares en julio. Es decir que el barril cayó a casi una cuarta parte de su precio, cuando el crudo representaba 85% de las exportaciones mexicanas. Cubierta la caída en parte con el crecimiento de la industria maquiladora (que respondía rápido a la devaluación del peso), las exportaciones de México se redujeron de 2 200 millones de dólares mensuales a fines de 1985 a poco más de 1 500 millones mensuales en el año de 1986.

  Como decíamos, el tipo de cambio empezó a captar parte del impacto de la caída del precio del petróleo, y en enero de 1986 el dólar pasó de 350 a 390 pesos. En marzo estaba en 460, y para junio en 550 pesos. Cerraría el año en 890 pesos por dólar.

  Este movimiento, si bien sirvió para que la industria maquiladora creciera, también hizo crecer los precios en general. La inflación, que había empezado a repuntar a mediados de 1985 después de tocar un mínimo de 50% anual, para junio alcanzaba 85% y para fines de 1986, superaba el 100% anual. EL COSTO DE LA CRISIS El costo de la crisis de 1982 no es tan fácil de medir. Lo más común es que se utilice el salario mínimo como ejemplo de la gravísima caída sufrida en el poder adquisitivo de los trabajadores a partir de 1981. Esto, sin embargo, no tiene ningún sentido, porque el número de personas que ganan el salario mínimo no se mantiene constante con el tiempo. Pero esa información normalmente se usa para poder criticar el neoliberalismo y sus graves efectos en el bienestar, y no sirve para otra cosa. Lo que ocurrió en México a partir de la crisis de 1982 es muy diferente. Primero, no hubo una caída significativa en el empleo, a pesar de la magnitud de la devaluación, que puso en riesgo de quiebra a muchas empresas. Es posible que el PIRE y el Ficorca estén entre las razones por las que no hubo más cierre de empresas

y, por lo mismo, pérdida de empleos. El problema es que tampoco hubo creación de nuevos espacios, para una población económicamente activa que estaba creciendo a un ritmo superior a 3% anual. Esto puede observarse, aunque sea de manera indirecta, en la figura 14.14. En ella puede verse el número de asegurados permanentes urbanos en el IMSS (no se incluyen los trabajadores rurales ni los eventuales, que pueden confundir). Nótese que a inicios de 1982 hay cerca de cinco millones y medio de asegurados, y la cifra prácticamente se mantiene, e incluso empieza a crecer en 1984, para llegar a casi seis y medio millones a fines de 1986. El problema lo señala la línea que hemos colocado, que corresponde al crecimiento que había mostrado este índice durante 1980 y 1981. Aunque no puede utilizarse esta línea como un indicador de desempleo, es una buena referencia de que, al ritmo que crecía la economía a inicios de los ochenta, hubiese podido absorber más de ocho millones de empleos para fines de 1986, cuando sólo hubo 6.5 millones. Puede parecer extraño utilizar una simple línea como

  método de estimación, pero no se puede hacer mucho más que eso. Tenemos problemas muy serios en México con la medición del

empleo, que sólo hasta fines de los años noventa se han resuelto a medias. Para años anteriores, los datos son poco confiables y muy confusos. Más grave aún para lo que estamos comentando, el censo de población de 1980 no pudo realizarse adecuadamente, y tenemos un hueco que hay que llenar con estimaciones, sin duda más complejas que la línea de la figura, pero estimaciones a fin de cuentas.

  Mantener el empleo en una economía en contracción implica una caída en los salarios reales. Sin embargo, como decíamos, no se puede utilizar el salario mínimo como indicador de este proceso. Una mejor información es el índice de remuneraciones reales de la industria, que aparece en la figura 14.15. Como puede verse, la caída ocurre, sobre todo, entre 1982 y 1984, cuando las remuneraciones pierden 29% de su valor frente al máximo alcanzado en 1978. En el punto más bajo, en 1987, la caída llegará a 36 por ciento. Aprovechando la descripción que hacemos del empleo y las remuneraciones frente a la crisis de 1982, conviene mencionar un tema que quedó prácticamente abandonado desde el análisis del

cardenismo: el movimiento obrero. Tan sólo nos hemos referido a él en la coyuntura de fines de los cincuenta, cuando ocurre la primera rebelión relevante frente al sindicalismo oficial. Con este mismo motivo regresaremos al tema, brevemente, para comentar la aparición del sindicalismo «independiente» en los años setenta. Pero fuera de ello el tema ha desaparecido, y la razón es la subordinación sindical al régimen, cuyo origen data del cardenismo y que pudo mantenerse gracias a dos elementos: la cláusula de exclusión y la toma de nota. La cláusula de exclusión es el instrumento con que cuenta un sindicato para expulsar a un trabajador. Con esto, un sindicato se convierte en un monopolio, que no sólo puede admitir o no a un miembro más, sino incluso negarle la posibilidad de trabajar en la empresa. La toma de nota, en cambio, genera un monopolio no en el sindicato, sino en la Secretaría del Trabajo, que mediante ella decide la existencia o no de un sindicato. Así, la combinación de estas dos medidas permite al Estado mantener un férreo control de los sindicatos, y a éstos de los trabajadores.43 Sin embargo, este control del movimiento obrero es también una relación premoderna, esencialmente paternalista, como lo deja claro José López Portillo al reconocer que el Estado «debió permitir que la mayoría de las empresas fracasadas cayeran en bancarrota y que se perdieran los empleos», pero «preservar los puestos de trabajo había sido un imperativo político e ideológico en el México posrevolucionario, incluso un dogma y un pacto social que no estaba basado en la preeminencia de la eficiencia».44 Tal vez algo de razón tenía López Portillo, porque la economía en desgracia que deja después de 1982 no tiene un impacto significativo en los niveles de pobreza, que no se incrementan notoriamente. En la figura 14.16 aparece la proporción de mexicanos en cada uno de los niveles de pobreza que ya veíamos en el capítulo 12. En 1984 se inicia una serie de encuestas que ya son razonablemente comparables entre sí, aunque no lo son tanto con los datos previos.45 Sin embargo, es de notarse que la tendencia a reducir la pobreza que aparecía en los años setenta se detiene en los ochenta, pero no se revierte. En 1984, 22% de los mexicanos

tiene problemas para alimentarse, un 8% adicional logra superar la pobreza alimentaria pero no desarrollar sus capacidades adecuadamente, y 23% supera los dos niveles previos, pero se encuentra en pobreza patrimonial. Los datos son más o menos los mismos en 1989 y 1992.

  El que se haya mantenido el empleo, aunque haya sido con remuneraciones reales más bajas, impidió que la crisis fuese mayor. Pero hay otros dos elementos que ayudan a evitar que la mala situación económica se convierta en una crisis social de grandes proporciones. Por un lado, la economía informal, que va dando espacio a todos aquellos que ya no pueden incorporarse al mercado formal. Por el otro, la migración a Estados Unidos, que se incrementa a un promedio de 235 mil personas al año en la década de los ochenta, comparada con 138 mil que en promedio migraban cada año en el decenio anterior.46 La nacionalización de la banca en el último informe de gobierno de José López Portillo tuvo más impacto político que económico. Tres meses después, el nuevo presidente devolvió una tercera parte de las acciones de los bancos a sus dueños previos, y durante su sexenio se abrieron muchas posibilidades a otras instituciones

financieras que no fueron expropiadas, de manera que, a grandes rasgos, no parece que haya habido un daño serio al sistema financiero con motivo de la nacionalización. Más todavía, el sistema financiero mexicano ha funcionado mal siempre, desde su creación en el Porfiriato, en su reconstrucción bajo los sonorenses, en el periodo de la posguerra y los años setenta bajo la relación entre empresarios y Estado que también ya hemos comentado, y bajo la administración gubernamental hasta su privatización en 1991, en los siguientes tres años que llevaron a la gran crisis de 1995. Aunque llevamos poco tiempo con la nueva banca bajo control extranjero, no se ve todavía mucha mejora. Sin embargo, las consecuencias políticas de la nacionalización sí fueron importantes. Muchos pequeños y medianos empresarios se sintieron directamente afectados por este acto, y finalmente decidieron salir del gran acuerdo que implícitamente habían mantenido con el régimen.47 Es así como en 1983 el PAN obtiene triunfos importantes: las capitales de Durango, de Chihuahua y Guanajuato, mientras que el Frente Cívico Potosino (el doctor Salvador Nava) obtuvo la alcaldía de San Luis Potosí. El PAN ganó municipios que sumaban 70% de la población del estado de Chihuahua.48 Aunque la hegemonía priista no parecía estar en riesgo, de cualquier manera se trataba de resultados preocupantes. La combinación de la apertura política iniciada en 1977 con el gran fracaso económico de 1982 abría la puerta a nuevas fuerzas políticas que ya podían disputar espacios de poder significativos. Frente a este riesgo, el régimen optó por recuperar las prácticas fraudulentas que había utilizado ampliamente en sus inicios, como en la elección de 1940, pero que poco a poco se habían reducido frente a la apatía general de la población. No quiero decir que no hubiese fraudes electorales entre 1946 y 1986, pero sin duda su magnitud fue inferior. Pero todo estaba cambiando, y el regreso al autoritarismo, con un régimen cuya legitimidad se había erosionado y en un nuevo entorno internacional, no era posible. 1986 se convertiría en el año cero de la transición de México. Terminaba el régimen de la Revolución, aunque no había nada para sustituirlo.

15. LA TRANSICIÓN

El año del cambio en México es 1986. Como es normal, nadie se dio cuenta del tamaño de los cambios que se vivían en ese momento. En el verano de 1986, el panorama cambió brutalmente. Se perpetró en Chihuahua un fraude electoral fuera de lo normal que provocó una protesta igualmente extraordinaria; se expulsó a Silva Herzog del gabinete, acusado de negociar una moratoria a espaldas del presidente; México ingresó el GATT, al mismo tiempo que entraba en una pendiente inflacionaria producto del mayor déficit público de la historia; se iniciaban las reuniones entre grupos del PRI preocupados por el rumbo de esa organización. En pocas palabras, todo lo conocido terminaba, y México estaba en su crisis política y económica más importante de todo el siglo, apenas parecida a la que enfrentó Calles en 1929, pero en condiciones muy diferentes, en las que ya no había un caudillo capaz de controlarlo todo. Estoy convencido de que la razón principal por la que no hubo una catástrofe social de proporciones notables fue la celebración en México del Mundial de Futbol, que distrajo la atención popular lo suficiente para evitarla. Sin embargo, el proceso de cambio iniciado en ese año se habría de prolongar durante dos décadas. EL CAMBIO GLOBAL

La crisis económica de los años setenta, combinación de los excesos de gasto público en todos los países occidentales y de la nueva geopolítica del petróleo, fue el detonador de un cambio global

significativo en los ochenta. Como hemos visto, la inflación, fenómeno no visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una plaga general que modificó las prioridades en los países industrializados. Ya no se trataba de mantener el pleno empleo a toda costa, sino de reducir el crecimiento de los precios, que amenazaba el bienestar de la clase media. Es de gran importancia comprender que lo que se modifica primero no es la política económica de dichos países, sino la intención de los votantes. Dicho de otra manera, el cambio que ocurrió a fines de los setenta es una transformación de las preocupaciones de los votantes, que es hábilmente aprovechada por algunos políticos. Los votantes en los países industrializados ya no están tan preocupados por el Estado de bienestar, bastante desarrollado en muchos de ellos, sino por una inflación que está erosionando su nivel de vida, y están dispuestos a votar por el partido que les ofrezca detener esa situación. En Inglaterra, la nueva líder del Partido Conservador, Margaret Thatcher, tiene esta propuesta, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, en donde Ronald Reagan, candidato del Partido Republicano, no sólo habla de mejorar la situación económica, sino de devolverle a ese país su liderazgo internacional, puesto en duda con la crisis de los rehenes en Irán en 1979. Poco antes de que Inglaterra y Estados Unidos opten por lo que entonces se conocía como la «Nueva Derecha», la Iglesia Católica toma la delantera, al elegir en octubre de 1978 a un nuevo Papa, polaco de nacimiento, que se convertirá en el líder de la lucha contra el comunismo soviético: Karol Wojtila o Juan Pablo II. El giro a la derecha del entorno internacional ocurrido a fines de los setenta e inicios de los ochenta es muy claro y se refleja en América Latina en un endurecimiento de las dictaduras que habían recuperado terreno durante el primer decenio. En realidad, buena parte de América Latina vivía bajo dictaduras militares desde los sesenta, pero es en esta década cuando ese tipo de regímenes ocupa prácticamente todo el continente. El proceso de endurecimiento en América Latina está influido por muchos factores. En el entorno de la Guerra Fría, la Revolución Cubana provocó un

cambio de expectativas en la juventud latinoamericana, que vio en ella la demostración de que otra forma de vida era posible. Pero la Revolución Cubana también vio en la juventud latinoamericana una posibilidad de exportar su propuesta. En 1967, en uno de esos intentos de exportar la Revolución, Ernesto Che Guevara fue muerto en Bolivia. Pero los grupos que creyeron en la posibilidad de instaurar regímenes socialistas o comunistas en América Latina se incrementaron en esos años.1 Por lo mismo, las respuestas violentas por parte de los gobiernos también crecieron, lo que lleva en los años setenta en algunos países a verdaderas guerras civiles que derivaron muy rápidamente en la llamada guerra sucia en la que el Estado se dedicó a destruir todo intento de rebelión, haciendo uso de cualquier instrumento y sin la menor consideración o piedad por los rebeldes o por la población que fuese sospechosa de serlo. Las dictaduras se multiplican. A Uruguay le toca el turno en 1971; a Chile, en 1973, cuando un golpe militar dirigido por Augusto Pinochet termina con el gobierno de Salvador Allende. En Argentina, a la dictadura de Onganía le había seguido el regreso de Perón, pero a la muerte de éste, un golpe dirigido por Jorge Rafael Videla destituye a la viuda de Perón en 1976.2 Sin embargo, la región latinoamericana que más sufre este cambio en el entorno es Centroamérica. En 1979 los nicaragüenses logran terminar con la dictadura de los Somoza que había ocupado la mayor parte del siglo. El año anterior, los diversos grupos rebeldes salvadoreños habían logrado construir un frente común, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Aunque el nuevo gobierno de Nicaragua, del Frente Sandinista, sea más parecido al mexicano que al cubano, Ronald Reagan decide impedir su consolidación y lanza una ofensiva en su contra. Además, financia al gobierno salvadoreño para impedir que los rebeldes puedan derrotarlo. Como había ocurrido en Sudamérica en los setenta, en los primeros años ochenta hay en Centroamérica guerras civiles despiadadas. Y en ambos casos, con franca intervención estadounidense.

De manera similar a Estados Unidos, la Unión Soviética buscaba fortalecer una posición de liderazgo que estaba muy mermada por la situación económica. Y, como es frecuente, lo hicieron a través de la invasión de un país cercano, en este caso Afganistán. La guerra se inició en 1980 y duraría toda la década. Así como los rebeldes centroamericanos recibían apoyo cubano y soviético para enfrentar a gobiernos apoyados por Estados Unidos, en Afganistán el gobierno contaba con el apoyo soviético, mientras que los rebeldes eran financiados por Estados Unidos. Para completar el panorama, a inicios de los ochenta la crisis económica en América del Sur había colocado a la dictadura militar argentina en una situación muy grave, que buscaron resolver al estilo de las potencias: invadiendo algún lugar cercano, en este caso, las islas Malvinas, en disputa con Inglaterra durante muchos años. La Guerra de las Malvinas fue la respuesta de Inglaterra al desafío y derrumbó aún más la legitimidad de los militares argentinos, que pocos años después tendrían que dejar el poder. Así, el entorno internacional a inicios de los ochenta es muy diferente del que se había conocido en la posguerra. Ya no era una guerra fría que se luchaba en África o el sur de Asia, sino que ahora el tablero de juego estaba en las mismas fronteras de las potencias. Ya no se trataba de economías boyantes, sino que ahora los países industrializados enfrentaban presiones inflacionarias, mientras que los menos desarrollados veían crecer el hambre. Y ya no se trataba de un enfrentamiento defensivo, valga la frase, sino de una lucha definitiva contra el mal, que cada quien definía a su gusto, aunque Occidente contaba para esto con un apoyo invaluable: Juan Pablo II. En ese entorno turbulento, México busca ser el contrapeso de Estados Unidos, en parte porque así debía ser de acuerdo con la tradicional política exterior, en parte porque México tenía ahora una riqueza con la cual respaldar ambiciones globales, y en parte porque los presidentes de México, en aquél régimen, pecaban de soberbia con demasiada facilidad. Nuestro gobierno impulsa, junto con Francia, un reconocimiento internacional del FMLN como fuerza legítima en conflicto.3 Cuando todo se hunde en México en 1982, también estas aspiraciones desaparecen y el gobierno modifica su

posición, acertadamente, para buscar un acuerdo de paz en Centroamérica, que se conoce con el nombre de la isla panameña en la que se celebran las reuniones: Contadora.4 EL PRINCIPIO DEL FIN, 1986 Es posible imaginar que el régimen de la Revolución habría tenido dificultades para sostener su legitimidad en este nuevo entorno, aun sin el fracaso económico. Mientras que durante la posguerra era muy razonable que el Estado interviniese directamente en la economía, y era aceptable valerse de todo tipo de promesas, a partir de los ochenta ya no es así. Sin embargo, la confluencia de ese entorno con el derrumbe económico provoca la caída definitiva del régimen.5 Como hemos visto, la crisis económica no pudo sortearse durante la primera mitad de los ochenta. Todos los intentos fracasaron, en buena medida debido al tamaño de los excesos previos. Para fines de 1985 la economía mexicana seguía sin recuperar el crecimiento, y la inflación empezaba a subir. En ese momento, los terremotos de la ciudad de México y la caída de precios del petróleo llevaron a una crisis verdaderamente seria para mediados de1986. En los primeros días de ese año, frente a las presiones económicas que comentamos, más las presiones sociales que eran producto tanto de la ya muy extendida crisis como de los terremotos en la capital, el gobierno mexicano debió revisar la estrategia del PIRE, que no parecía conducir a ningún lado. Esta revisión ocurrió en medio de una crisis de gabinete, nuevamente entre los responsables de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Perdería el primero, Jesús Silva Herzog, que sería expulsado del gobierno el 11 de junio. El ganador, Carlos Salinas de Gortari, no sólo mantuvo su puesto, sino que posteriormente sería el candidato del PRI a la presidencia de la República.6 En ese mismo verano de 1986 el gobierno mexicano toma la primera medida del proceso que después se llamará

neoliberalismo.7 El 25 de julio de 1986, México se adhiere al GATT.8 Aunque México negoció en ese año un acuerdo con el FMI para obtener recursos frescos y evitar una catástrofe, en realidad lo que se hizo fue soltar la economía, abandonar todo control sobre la inflación. Aunque parezca extraño, esto redujo tanto la presión económica como la social, puesto que el gobierno se financiaba con impuesto inflacionario, lo que redujo un poco el problema económico, mientras que, al abandonar las medidas extremas de control, la economía podía crecer un poco.

  La inflación, que inició 1986 en niveles de 60%, superó 100% al inicio de 1987 y alcanzó su máximo en enero de 1988, ya dentro del programa antiinflacionario, con 180% anual. Mientras tanto, el dólar controlado pasó de 350 pesos en diciembre de 1985 a 900 pesos en diciembre de 1986 y 2 000 un año después, tras una devaluación provocada por la crisis de la bolsa de valores de octubre de ese año. El dólar libre, en ese ajuste, pasó de 1 800 a 2 200 pesos. Por otra parte, habiendo liberado a la economía del control que todavía se tenía hasta mediados de 1986, ésta empezó a recuperarse durante 1987. En la figura 15.2 puede observarse el tamaño del rebote, de una tasa de -4% en el tercer trimestre de 1986 a casi 5% a fin de 1987.

 

Esta forma de resolver la crisis, llevándola hasta un extremo que hiciera más fácil empezar a corregirla, implicó un déficit fiscal monumental, que superó 15% del PIB en 1986 y 1987, pero que se financió prácticamente con recursos del Banco de México, es decir, con dinero nuevo que alimentó la inflación en la manera que hemos visto. El punto más grave de falta de financiamiento del Estado ocurre en 1986, cuando el gasto alcanza 43% del PIB, mientras que los impuestos, como de costumbre, siguen en 10% del PIB.9 El inicio del nuevo modelo económico, llámese neoliberalismo o Consenso de Washington, se puede fechar entonces en julio de 1986, cuando se abandona definitivamente el intento de recuperar la economía a través de pequeños ajustes al modelo previo. Era imposible. Después del ingreso al GATT, se continúa el proceso de ordenamiento del gasto que implicó la fusión o cierre de muchas empresas del gobierno. Pero la privatización en forma tendría que esperar hasta inicios de los noventa, lo mismo que la desregulación (que nunca tuvo el énfasis necesario). Antes, en diciembre de 1987, se inició la aplicación de un plan antiinflacionario, el Pacto de Solidaridad Económica, que logró reducir el crecimiento de precios muy rápidamente sin demasiados costos en producción, en buena

medida porque se apoyó en la apertura de fronteras para ello. Esto fue un muy duro golpe para algunas industrias, que no tenían manera de competir y que prácticamente desaparecieron en esos años.

  En ese contexto es expulsado Jesús Silva Herzog del gabinete, lo que permite la consolidación de un nuevo grupo en el poder, conocido popularmente como los tecnócratas. Este grupo se había formado en el Banco de México alrededor de Leopoldo Solís, en los años setenta, cuando sus antecesores, los técnicos, fueron desplazados por Luis Echeverría. Regresaron al círculo cercano acompañando a Miguel de la Madrid cuando fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto, pero se hicieron del control del gobierno sólo cuando lograron descabezar la Secretaría de Hacienda, en 1986. Esta circunstancia provoca una seria crisis en el PRI, puesto que el gran grupo político construido alrededor de Luis Echeverría percibe que este regreso de los tecnócratas no será breve. Así como ellos habían logrado mantenerse dos sexenios en el poder, era de esperarse que los tecnócratas buscaran algo similar. Pero la juventud de éstos hacía pensar en que, como

después aceptaría uno de ellos, se mantendrían ahí por veinticinco años.10 No se trata de la primera amenaza de ruptura en la elite gobernante. A pesar de que el régimen de la Revolución logró mantener su cohesión durante casi cincuenta años, hubo grupos que pusieron en riesgo esta unidad en la lucha por el poder. Sin lugar a dudas, los dos más importantes en la posguerra se conforman alrededor de los expresidentes Cárdenas y Alemán. La disputa entre ellos, lo veíamos antes, puso en dificultades serias al gobierno de López Mateos, pero las cosas nunca se salieron de control.11 En la sucesión de Díaz Ordaz, los grupos se alinearon a favor y en contra de Luis Echeverría, lo que provocó que una vez que éste fuera elegido como candidato, el grupo alemanista fuese desplazado junto con los técnicos, mientras que los cardenistas se agruparon con el candidato Echeverría, aun con la matanza de 1968 detrás suyo. En los siguientes doce años este grupo mantendría el poder, mientras que los técnicos se replegaban. A la salida de López Portillo, la situación económica impide que alguno de los grupos prevalezca, pero para 1986 los tecnócratas, la nueva generación de técnicos, logra derrotar al grupo de políticos, o echeverrista, como quiera verse.12 Ocurre entonces la salida de un grupo de priistas que no pueden encontrar un espacio en el camino a la siguiente elección. En él se distinguen Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general. La salida debe considerarse con mucho cuidado, porque no sólo es una ruptura dentro de la elite priista, sino también un desgajamiento del grupo cardenista que se había creado alrededor de Luis Echeverría. Esto es relevante porque no se trata de la salida del PRI de todo el grupo echeverrista, sino sólo de la parte más cercana a Cárdenas. Es parte de una disputa por la herencia política del general, que Luis Echeverría se había apropiado durante su gobierno. La salida de este grupo del PRI, que se temía desde fines de 1986 pero que se hizo realidad al año siguiente, es la primera ruptura significativa del régimen. Las salidas previas, de Almazán en

1940, Padilla en 1946 y Henríquez y Lombardo en 1952, no habían tenido mayor impacto político. La de 1987 es muy diferente. No sólo salen algunos destacados priistas que han ocupado puestos del más alto nivel, sino que salen en una condición de debilidad del régimen que no existía en la posguerra.13 La disputa por la Nación que veían Cordera y Tello al inicio de la década tiene sus principales batallas del verano de 1986 al de1988. Al principio, con la toma de control del centro del poder por parte de los tecnócratas; en 1987, con la expulsión de la llamada corriente democratizadora, y para 1988, en la elección más discutida y polémica de la historia de México. LA TRISTE HISTORIA DE LA IZQUIERDA MEXICANA La izquierda mexicana ha tenido muy mala suerte. En cada oportunidad en que ha querido crecer, las cosas no le han salido bien. El grupo anarquista de los hermanos Flores Magón acabó arrollado por una revolución en la que ya no participaron. Los socialistas que construyeron el Partido Comunista acabaron seleccionando como primer secretario general a un agente infiltrado, John Allen, y en los primeros años no les fue fácil luchar con Morones y la CROM por el control de los obreros.14 A inicios de los treinta, con la agitación causada por la contracción económica, los comunistas logran construir una central obrera importante: la Confederación Sindical Unitaria de México, CSUM, que sin embargo acaba engullida en la CTM gracias a la mayor habilidad de Cárdenas. La secretaría de Organización, que le correspondía al ratón Velasco, terminó en manos de Fidel Velázquez, y lo demás es historia. En esos años, el Partido Comunista llegó a tener 30 mil afiliados, pero para 1960 es posible que no llegaran a dos mil.15 La agitación obrera previa a 1960 provocó una recomposición en el Partido Comunista durante su XIII Congreso, que sirve finalmente para quitarle al partido la sombra de la Revolución; pero los comunistas no alcanzan a comprender lo que ocurre en ese

momento en México.16 La lucha de los siguientes años es, sobre todo, de jóvenes, y con ellos tienen dificultades de comunicación. A diferencia de lo ocurrido en tiempos de Lázaro Cárdenas, ahora el Partido Comunista no podía desarrollarse porque desde su misma izquierda crecía la oposición. El ultraizquierdismo de la juventud que se lanza a la lucha armada es el gran obstáculo de los comunistas en esos años. Pero para los setenta, el problema vendrá nuevamente del gobierno. Luis Echeverría logra captar a buena parte de la intelectualidad de izquierda, además de que en ese tiempo empieza la creación de otros partidos menos dogmáticos: el Mexicano de los Trabajadores, el Socialista de los Trabajadores, entre otros que no lograron consolidarse. En la segunda mitad de los años setenta, la ultraizquierda que había optado por las armas estaba en franca retirada. Mientras tanto, los moderados que habían elegido la organización empezaban a cosechar algo. En la década de los setenta hubo dos movimientos sindicales importantes. Uno en el sindicato de electricistas, alrededor de la «Tendencia Democrática» de Rafael Galván, que contó con el apoyo de jóvenes técnicos que habían vivido los años de despertar de los sesenta y que a mediados de 1970 trabajaban en la industria nuclear. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, dirigido por Arturo Whaley, formó parte de esa lucha interna de los electricistas, que sin embargo terminó con la derrota de Galván y la virtual desaparición del SUTIN. El otro movimiento renovador ocurrió en Teléfonos de México, en donde un muy joven Francisco Hernández Juárez logró consolidar su liderazgo en un sindicalismo que, frente al oficial, parecía muy democrático.17 Además de los movimientos mencionados, en la segunda mitad de los setenta surge con fuerza el sindicalismo universitario. Los jóvenes que habían participado en 1968 como estudiantes eran ahora profesores de un sistema que había crecido enormemente. Así, el sindicalismo universitario tiene una fuerte carga ideológica que ocupa prácticamente todo el espectro de la izquierda, desde los liberales hasta los más duros maoístas.18

Sin embargo, además de los movimientos laborales, en la segunda mitad de los setenta nacen los movimientos populares, que durante unos años gustaban de llamarse coordinadoras y durante otros, frentes. Hacia 1979 se crearon la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, Conamup, y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CNPA, de origen campesino. También en este sector aparece entonces la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, que era asesorada por la Línea de Masas de los maoístas, entre los que destacaban Gustavo Gordillo, Hugo Andrés Araujo y Adolfo Orive.19 Aunque los movimientos campesinos y populares mantienen distancia de los partidos de izquierda, a los que consideran entreguistas, los de origen sindical sí van a tener una relación cercana con las estructuras de partido, en particular rumbo al proceso de unidad iniciado a fines de los setenta. En 1981 ocurre el primer resultado de este proceso, con la creación del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, que es la confluencia de cinco organizaciones: el Partido Comunista, dos grupos salidos del mismo PC: en décadas previas y dos grupos producto del nacionalismo revolucionario.20 Los grupos que habían salido años antes del PC eran el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (en donde destacaba el ratón Velasco, aquél que dejó pasar a Fidel Velázquez en la fundación de la CTM en 1936) y el Partido Socialista Revolucionario. Del lado del nacionalismo revolucionario venían el Partido del Pueblo Mexicano, PPM, una escisión del PPS cuyo líder más conocido era Alejandro Gascón Mercado,21 y el Movimiento de Acción Política, MAP, un grupo de intelectuales muy cercano a la Tendencia Democrática de Rafael Galván, entre los que se puede mencionar a Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Carlos Pereyra y José Woldenberg.22 Las negociaciones para la unidad se habían iniciado entre el PC y el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, dirigido por Heberto Castillo. Sin embargo, este partido ya no se incorporó al PSUM, y participó por su cuenta en la elección de 1985. Después de esa elección, el PSUM, el PMT y tres grupos más de izquierda se

fusionaron en el Partido Mexicano Socialista, PMS, fundado en 1987.23 Los terremotos de 1985 en la ciudad de México dieron un impulso adicional a los movimientos populares, ahora agrupados en torno a la reconstrucción, pero también, en el principio, alejados de los partidos políticos. En lo general, los terremotos crearon la visión de una sociedad civil capaz de organizarse frente a un gobierno ya totalmente inútil.24 La izquierda mexicana sufría entonces, hacia mediados de los ochenta, de una dispersión monumental. Aunque los partidos se habían fusionado hasta construir el PMS en 1987, no había una conexión clara ni con el sindicalismo de izquierda ni con el movimiento urbano popular. En consecuencia, el PMS no aspiraba a ganar la elección de 1988, sino a hacer un mejor papel que en las dos anteriores, en que había sumado cerca de 10% del voto entre todos los partidos. Con esta perspectiva, Heberto Castillo, elegido candidato del PMS se negaba a renunciar a su candidatura y a buscar una alianza con Cuauhtémoc Cárdenas.25 En abril de 1986, el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, publicó un documento llamado «Fortaleza y debilidad de la UNAM», en donde hacía una crítica de la manera en que la Universidad funcionaba, en la esfera tanto académica como financiera. Entre otras cuestiones, se sugería la actualización de las cuotas pagadas por los estudiantes y el retiro del pase automático de las preparatorias. En el contexto político del momento, el documento disparó un movimiento estudiantil en contra, muy influido por académicos de izquierda, que paraliza la Universidad hacia fines del año. El liderazgo de la huelga se constituye, a semejanza de 1968, en un consejo, llamado estudiantil universitario, CEU, en el que destacan algunos jóvenes, varios de ellos egresados del Colegio Madrid, descendientes de algunos de los más notorios inmigrantes españoles de tiempos de Lázaro Cárdenas.26 El movimiento estudiantil derrota la propuesta de Carpizo y en abril de 1987 la Universidad regresa a clases, con el compromiso de la celebración de un Consejo Universitario que analizaría las propuestas de toda la comunidad. En los hechos, esto sirvió para

que los estudiantes siguieran movilizados hasta las campañas electorales de 1988, cuando la dirigencia del CEU se transforma en el Movimiento al Socialismo (MAS) y decide apoyar a Cuauthémoc Cárdenas. El MAS organizó un acto de campaña en la UNAM para Cárdenas que fue decisivo en la renuncia de Castillo. No fue el primer acto masivo: ya en La Laguna se había mostrado la gratitud del pueblo hacia el hijo de quien les dio la tierra, pero el acto de la UNAM, a un mes de las elecciones, no le dejaba ninguna salida a Heberto, quien renunció en favor de Cárdenas. De esta manera Cuauhtémoc llegó a la elección apoyado, además de por el PMS, por el PPS, el PARM y el PST que ya entonces había cambiado su nombre a Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, cuyas siglas, PFCRN, le ganaron el mote del Ferrocarril. La suma de todos estos partidos se conocería como Frente Democrático Nacional, FDN. Parece fácil percibir, en este proceso de construcción del FDN, similitudes con la forma en que el general Cárdenas se hizo de poder a inicios de los treinta. Movimientos populares que parecen surgir espontáneamente, pero que después se decantan por el gran caudillo; desplazamiento de las figuras que compiten; subordinación de quienes continúan. De esto acusarían a Cárdenas muchos grupos en los años siguientes.27 En 1989, una gran parte del Frente Democrático Nacional fundaría el Partido de la Revolución Democrática, que utilizaría el registro del PMS. De acuerdo con Barry Carr, el resultado de la elección es prueba de que el «nacionalismo revolucionario» en sus versiones cardenista y lombardista es la única corriente consistente y vital dentro de la tradición socialista mexicana, y ciertamente la única corriente capaz de movilizar generaciones sucesivas de estudiantes, profesionales y trabajadores calificados. Si tal es el caso, por lo menos a corto plazo, el ascenso del neocardenismo implica un repudio a los intentos por establecer una clara separación entre la agenda socialista y la ideología de la Revolución Mexicana.28

Y así ha ocurrido, desde la fundación del PRD, que más que un partido de izquierda ha mostrado ser el espacio desde el cual el nacionalismo revolucionario, y las prácticas políticas cardenistas, han intentado sobrevivir. LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS Aunque en ese momento fue menos impresionante, la derecha también cambiaba. Como ya hemos comentado, la nacionalización de la banca convenció a muchos de que el régimen de la Revolución había sobrepasado los límites razonables, y que era tiempo de empezar a participar activamente en política. Y el espacio para hacerlo no podía ser otro que Acción Nacional. En 1939, bajo el liderazgo de Manuel Gómez Morin, un pequeño grupo de intelectuales crea el Partido Acción Nacional, un partido de «minorías de excelencia».29 Gómez Morin había sido uno de los importantes financieros de los sonorenses y fue rector de la Universidad en 1933 y 1934. En esos años, la autonomía recién ganada de la Universidad sirvió para que el gobierno revolucionario decidiera matarla de hambre, y Gómez Morin debió renunciar frente a ese ataque. Poco antes de que Gómez Morin fuese nombrado rector, la Federación Nacional de Estudiantes Católicos de México se transformó en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, UNEC, que para octubre de 1933 se hizo del control de la Confederación Nacional de Estudiantes. En ese mismo mes Abelardo Rodríguez trasladó todas las decisiones al Consejo Universitario, y empezaron los problemas presupuestarios. De acuerdo con Loaeza, la influencia de los universitarios católicos pudo haber ayudado a Gómez Morin a evitar el golpe de los radicales desde el gobierno, pero también le costó, al complicar el proyecto que éste tenía acerca de la autonomía. A la llegada de Cárdenas a la presidencia, Gómez Morin renuncia a la rectoría.30 En la fundación del PAN, nuevamente Gómez Morin coincide con los católicos, en particular, con quienes unos años antes habían estado en la lucha por la autonomía universitaria. En cambio, desde

el lado empresarial, en el que Gómez Morin tenía puestas sus expectativas, la respuesta no fue nada buena.31 Hacia 1949, el PAN queda bajo control de los católicos, que mantendrán su hegemonía hasta fines de los setenta.32 Desde el inicio de los años sesenta, el PAN sufrió una transformación, de la misma manera que la sufría todo el país. En 1962, Adolfo Christlieb Ibarrola tomó la dirección del partido, en condiciones muy débiles. El año anterior, el PAN había tenido menos candidatos en las elecciones intermedias, aunque ahora había más distritos en disputa. Aunque durante esa década hubo algunos triunfos para el partido, no contaba todavía con la posibilidad de disputar el poder seriamente ni tenía todavía claro si debería hacerlo. De hecho, durante los setenta el conflicto en el interior del partido ocurre precisamente en torno a esta idea, entre los grupos de Efraín González Morfín y de José Ángel Conchello.33 En la XXXII Convención nacional del PAN es elegido como presidente Pablo Emilio Madero, que derrota a Jesús González Schmall. A partir de ese momento, sostiene Loaeza, se inicia el auge del neopanismo.34 Madero representaba a los regiomontanos, frente a los candidatos con apoyo de grupos católicos de orientación social, como la ACJM o la USEM. Visto de otra manera, el PAN se transforma de un partido testimonial con orientación católica en uno que luchará verdaderamente por el poder, con una perspectiva empresarial. El mayor activismo de los neopanistas los hacía creer que su perspectiva era compartida por la mayoría de los mexicanos, y en ese sentido esperaban derrotar al PRI en las elecciones intermedias de 1985, así como en las de gobernador en Nuevo León y Sonora de ese mismo año. Los hechos mostraron que no todo el país veía las cosas de manera similar. Aunque el PAN incrementó su participación en varios estados del país, seguía siendo casi inexistente en otros.35 La elección en Chihuahua en 1986 parece ser el momento definitivo en Acción Nacional. Aunque el PRI seleccionó un candidato con arraigo en el estado y cercanía con los empresarios para reducir el riesgo de perderla, el PAN insistió en que la elección había sido

fraudulenta. Tal vez lo más importante de este proceso fue la participación de la Iglesia católica y el involucramiento de los medios de comunicación estadounidenses que, si bien no llevaron a que se modificara el resultado, sí ejercieron mayor presión sobre la política mexicana.36 En 1987, el PAN elige como su presidente a Luis H. Álvarez, que se convertirá en eje del cambio del partido. Álvarez había participado como candidato presidencial en 1958, y en 1986 había competido con Francisco Barrio para ser el candidato al gobierno de Chihuahua. Álvarez «aceptó de buena gana la derrota frente a Francisco Barrio —entonces un arribista—».37 El grupo de Luis H. Álvarez mantendrá el control del partido durante los siguientes doce años, apoyado sobre todo por los comités de los estados del norte. Así, rumbo a 1988, muchos empresarios, pequeños y medianos, sobre todo en el occidente y norte del país, deciden enfrentarse al PRI y embarcarse del lado del PAN en la contienda. Más cuando el líder es Manuel J. Clouthier, empresario y terrateniente sinaloense de gran arrastre, expresidente de la Coparmex. Menos popular que Cárdenas, Clouthier logra, sin embargo, un avance más sólido para su partido, que sumará votos y apoyos con mayor eficiencia que la izquierda. Clouthier es el mejor ejemplo de lo que en esa época se llamó la invasión de los bárbaros del norte, que tomó el control de Acción Nacional. Nuevos panistas, empresarios, de origen norteño, que no tienen tantas coincidencias con la doctrina del PAN como necesidad de enfrentarse al PRI y participar en una política que, ellos creen, les está saliendo muy costosa en manos de ese partido. Clouthier es más un populista que un doctrinario, pero su carisma no es nada despreciable en la elección presidencial de 1988. Dicha elección resultó una sorpresa para todos. Nadie pensaba que Cárdenas pondría al sistema en riesgo de perder la elección; muy probablemente, ni siquiera él mismo. Pero no había suficiente organización detrás de Cárdenas para enfrentarse al régimen, que hizo lo que pudo para sacar adelante la elección. Todavía entonces las elecciones las controlaba directamente el secretario de Gobernación y las calificaba el Congreso, no había un tribunal al

cual recurrir ni hubo durante la jornada electoral la capacidad de cuidar las casillas. Así, cuando Gobernación anunció que la elección arrojaba 52% a favor de Salinas de Gortari, 30 para Cárdenas y 15 para Clouthier, no había mucho que hacer. Aunque el PRI había sufrido una derrota mayor, mantendría la mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque en la de diputados fuese por apenas cuatro curules. EL SALINATO El gobierno de Carlos Salinas debe considerarse ya parte de la transición política, aunque no se puedan localizar en él muchos avances en materia de democracia. Sin embargo, si definimos como régimen el conjunto de reglas y valores que determinan el poder, no cabe duda de que el gobierno de Salinas no puede considerarse ya por completo parte del régimen de la Revolución en cuanto a los valores que impulsaba. No es, tampoco, un régimen democrático. La práctica política en el Salinato es esencialmente la misma del régimen de la Revolución, pero no lo son sus valores. El cambio económico que se inició de manera muy temerosa con la incorporación de México en el GATT en 1986 se acelera a partir de la crisis de la bolsa de valores en octubre de 1987, que siguió a la nominación de Salinas como candidato del PRI.38 En ese momento comienza la aplicación de las recetas económicas que genéricamente conocemos como neoliberalismo o Consenso de Washington.39 En diciembre de 1987 se inaugura el Pacto de Solidaridad Económica, un plan antiinflacionario similar al utilizado por Israel un par de años antes, que resulta muy exitoso, y para el momento de las elecciones los precios ya crecen «sólo» 30% en el año. En 1989, Salinas actúa con mucha rapidez y descabeza dos de los sindicatos más importantes del país: los de petroleros y maestros. En el primer caso, el golpe es aplaudido por la población, que reconoce en ese sindicato niveles de corrupción obscenos. El segundo es menos llamativo, pero igualmente importante para el

control político que a partir de ese momento tendrá Salinas. En septiembre de ese año, se logra un acuerdo para reducir el pago de la deuda externa que, si bien no es una solución final, sí abre espacio en el presupuesto para hacer política. Y Salinas la hace. Crea un programa de lucha contra la pobreza llamado Solidaridad que consiste en el otorgamiento de apoyos a grupos que se organicen para solicitarlo y administrarlo. Esto permite un uso político del apoyo que será muy importante. La combinación de estos apoyos directos, el control sindical y el entorno económico le permiten a Salinas obtener una victoria aplastante en 1991.40 Aunque ya había reconocido un triunfo en el ámbito estatal, en Baja California en 1989, no se trataba de una política definitiva, sino sólo de abrir pequeñas válvulas para reducir la presión. Con el Congreso bajo control, Salinas acelera la transformación económica, pero trata de ceder lo menos posible en cuestión política. Como se dijo entonces, comparando con lo ocurrido en la Unión Soviética de Gorbachov, se quería una perestroika sin glasnost, pero eso, al parecer, es imposible. Los siguientes años traen una avalancha de cambios: se privatizan las empresas públicas más importantes (salvo los ferrocarriles, que privatizará Zedillo, y el sector energético, que continuará bajo control estatal hasta la reforma energética aprobada a finales de 2013), se modifican artículos constitucionales históricos y se firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que lleva consigo un cambio institucional muy importante. La privatización de empresas públicas es un tema muy polémico en México. Lo era cuando Salinas vendió las empresas y lo es todavía bien entrado el siglo XXI, cuando buena parte de las objeciones a las reformas estructurales se centró en criticar la posible privatización, y cuando no queda claro si la ganancia social de la privatización supera sus costos.41 La primera gran empresa que se privatizó fue Teléfonos de México, Telmex, vendida a un personaje conocido en el sistema financiero pero muy poco fuera de él, Carlos Slim. El ingeniero, como es llamado, logró convertirse, a partir de esta compra, en un muy exitoso empresario que para 2007 ya era ubicado por Forbes como el hombre más rico del mundo.42

Para quienes vivieron con una empresa telefónica estatal, la privatización significó una ganancia, sin duda, puesto que tanto la calidad como la cantidad del servicio mejoraron casi de inmediato. Sin embargo, el momento de la privatización coincidió con una época de muy alto crecimiento en la industria de telecomunicaciones que dio una ventaja muy significativa a los nuevos dueños. Aunque el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, exigía libre competencia en el área, Telmex ha logrado evitarla. Las empresas de telecomunicaciones que han intentado competir en México han externado quejas no sólo en medios de comunicación, sino a través de las instancias internacionales, como el mismo TLCAN y la OMC. Sin mucho éxito, por cierto. Poco después el gobierno inició la privatización de los bancos, que se vendieron entre junio de 1991 y julio de 1992. La venta arrojó un ingreso extraordinario para el gobierno de 10 mil millones de dólares, que en su momento fue muy festejado. Sin embargo, la manera de vender, privilegiando el precio por encima de las capacidades manifiestas de los compradores, fue un error monumental. No fue el único: la venta se realizó sin intentar corregir la estructura del mercado financiero. Es decir que se mantuvo una estructura oligopólica diferenciada, en donde había dos bancos nacionales muy grandes (Banamex y Bancomer), un tercero de buen tamaño (Serfín, antes Londres y México) y cuatro bancos relativamente pequeños. En este tipo de estructura de mercado, la competencia ocurre únicamente entre los dos grandes, con intentos del tercero por ganar mercado, y con un simple seguimiento de los más pequeños. Los incentivos a la libre competencia son muy pequeños, si acaso pueden encontrarse. Lo ocurrido entre 1991 y 1994 es lo siguiente: los compradores de los bancos, experimentados en el negocio de valores, de muy corto plazo, buscan recuperar su inversión lo más pronto posible. Se encuentran con un marco jurídico mucho más flexible, en el que el capital extranjero puede llegar prácticamente sin obstáculos. Puesto que hay capital de sobra, los bancos no se preocupan por incrementar su captación, sino por colocar la mayor cantidad posible de créditos. La escasa vigilancia, los criterios contables

rudimentarios y la codicia hacen el resto. Entre 1989 y 1994 el crédito otorgado al sector privado crece de nueve a 30% del PIB.

  Del otro lado del mercado, los clientes del sistema bancario perciben una economía en crecimiento con inflación a la baja, tasas de interés menores (aunque seguían siendo de dos dígitos, eran muy inferiores a los niveles de los ochenta), dólar barato, fronteras abiertas y una negociación con Estados Unidos que abría un panorama de negocios inmenso. Los mexicanos incrementan su consumo, sobre todo de importaciones, dado el bajo precio del dólar, con lo que se amplía rápidamente el déficit en la cuenta corriente. El fenómeno financiero en el México de principios de los noventa es claramente una burbuja especulativa, una locura de las multitudes. No por nada Carlos Salinas llegó a fines de 1993 con niveles de popularidad inmensos, mucho más sorprendentes dada la manera en que había llegado al poder y el nivel de rechazo que sufría en 1988. La demencia general provocó una crisis muy severa en 1995, que veremos en un momento más. Antes de ello es necesario comentar los cambios constitucionales. Además de lo necesario para privatizar y para sacar adelante el TLCAN, el gobierno de Salinas promovió reformas a dos artículos que se consideraban fundamentales en el régimen de la Revolución; el artículo 27 constitucional, para permitir la enajenación de tierras ejidales y la compra por extranjeros de propiedades en las franjas prohibidas hasta entonces (en fronteras y

playas), y el artículo 130, para reducir la gran hostilidad constitucional hacia las iglesias, aunque sobre todo hacia la católica.43 El tercer punto relevante de la transformación institucional es el TLCAN. Aparentemente, Salinas había intentado atraer capital a México desde Europa y Japón desde su llegada al poder, pero con la mala fortuna de que en octubre de 1989 la caída del muro de Berlín impidió que Europa se preocupara por algo más que por consolidar su nuevo espacio económico. Tampoco hubo éxito con los japoneses, de manera que lo único que quedaba era buscar en Estados Unidos. No es claro cómo surgió la idea de un acuerdo comercial, pero las negociaciones se hicieron públicas en 1991 y formales a partir de 1992. El TLCAN estaba listo para su firma a fines de ese año, pero el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, no logró reelegirse. El nuevo presidente no podía firmar el TLCAN. Buena parte de la campaña presidencial del país vecino giró alrededor del tratado, y William Clinton había logrado el apoyo de los opositores moderados. Los radicales habían apoyado al millonario texano Ross Perot. Así pues, Clinton necesitaba pagar el apoyo de sus electores, y esto requería reflejar sus opiniones en el TLCAN. Esto, sin embargo, no era posible por cuestiones jurídicas, pues Bush había obtenido el fast track para negociar y el documento que había construido no podía modificarse: debía ser aceptado o rechazado por el Congreso, tal cual. En consecuencia, lo que se hace es construir dos acuerdos paralelos al TLCAN: uno acerca de cuestiones laborales y otro sobre el tema ambiental, que representaban a la mayor parte de los grupos que habían apoyado a Clinton. El problema para México fue que esto pospuso un año la aprobación del TLCAN, un año que era el quinto del gobierno de Salinas, en el que debía seleccionar a su sucesor, según las reglas del régimen que ya no existía en lo económico, pero sí en lo político. La apuesta de Salinas por el Tratado había colocado las cuentas nacionales en una situación muy vulnerable, y ese año de posposición fue definitivo. Cuando se firma el TLCAN, finalmente, el 17 de noviembre de 1993, el déficit de cuenta corriente de México

ya estaba fuera de control, y sólo era cuestión de tiempo antes de que todo se hundiera. El TLCAN ha sido atacado fieramente por quienes creen que la política económica de la Revolución es lo mejor que ha ocurrido en México.44 Es algo perfectamente entendible, puesto que el tratado es exactamente lo opuesto de lo que se conocía. En lugar de sustituir importaciones, propone fronteras abiertas. En lugar de la tradicional autarquía, el acuerdo con los extranjeros. El TLCAN no es nacionalista, y esto debería ser obvio. Sin embargo, una evaluación justa no es nada sencilla de hacer. Más allá de un análisis económico, existen algunos puntos de carácter institucional que son relevantes.45 El TLCAN es, como se sabe, un acuerdo entre tres soberanías, es decir, tres países que no pueden aceptar ninguna autoridad superior a ellos. En consecuencia, lo que buscan es encontrar puntos en donde un país gane a cambio de puntos en donde gane otro. Al final, lo que se obtiene es un marco de referencia que debe ser acatado, en lo general, por los países firmantes. Sin embargo, en el momento de las negociaciones, México tiene una estructura legal muy diferente de la que tienen los otros países, por lo que debe modernizar aceleradamente su marco jurídico, de una manera que, en conjunto, es evidentemente favorable. Hasta las negociaciones del TLCAN, México no contaba con una Ley para la Competencia Económica. Canadá y Estados Unidos tenían legislación al respecto desde fines del siglo XIX.46 Fue con base en su ley de competencia como el gobierno estadounidense terminó con la época de los grandes monopolistas a inicios del siglo XX, los llamados robber barons, barones bandidos. México, a pesar de contar durante todo el siglo con distinguidos monopolistas, nunca tuvo una ley para enfrentarlos. No se trataba de eso, como veíamos en capítulos previos. Aunque la Ley de Competencia Económica y la Comisión creada por ella han logrado algunos cambios en México, a inicios del siglo XXI es claro que éste es aún uno de los temas económicos más importantes. Pero no hay que olvidar que es gracias al TLCAN que existe una ley y una comisión de las cuales partir para enfrentarlo.47

Además de la creación de esta ley, hubo reformas profundas a otras, como ocurrió por ejemplo con la de Inversión Extranjera. La ley vigente era la creada en 1973 por Luis Echeverría y destinada a bloquear prácticamente cualquier intento de inversión en México. Era el apogeo del nacionalismo económico. La ley que resulta del TLCAN (de su capítulo once) permite a México competir por recursos desde 1994 con cierto éxito. Por cierto, la ley no es culpable de los excesos ocurridos en el sistema financiero. Ni lo es el TLCAN, que en su capítulo catorce limitaba seriamente la inversión extranjera en México. Todo cambió con la crisis. Carlos Salinas había logrado modernizar la economía sin perder el control autoritario de la política, hasta que Bush perdió su reelección. A partir de ese momento, todo se complicó para el presidente mexicano. La situación en la cuenta corriente era tan grave que no quedó más remedio que frenar la economía en 1993 para tratar de evitar la obligada devaluación, puesto que todavía entonces se tenía un régimen de tipo de cambio más o menos fijo (una banda de flotación). En la figura 15.5 aparece el déficit en cuenta corriente de México, desde 1960 hasta 2006. La cuenta corriente es la suma de todas las transacciones de bienes y servicios que realiza el país con el resto del mundo, incluyendo el comercio, el turismo, el servicio de deuda, las utilidades de la inversión extranjera y las remesas de los migrantes, además de otras cosas más pequeñas. Cuando el déficit en cuenta corriente es elevado, es necesario que haya un ingreso de capitales en el país para financiarlo. Estos capitales pueden llegar como préstamos o como inversión o ahorro, pero implican, de cualquier forma, contraer obligaciones. De manera convencional, se supone que un déficit de hasta 3% del PIB es razonable, porque se trata de una cantidad que puede financiarse sin mucho problema. En el caso de México, los datos nos muestran que esta convención es correcta: mientras el déficit se mantenga por debajo de 5% del PIB, no tenemos problema. Sin embargo, en las ocasiones en que el déficit en cuenta corriente ha superado ese nivel, hemos tenido una devaluación mayor. En la figura 15.5 se puede ver que esto ocurrió en 1976, 1982 y 1994.

  Nótese que tanto en 1982 como en 1994 el problema era claro desde antes, y fue la tozudez de los presidentes lo que impidió corregir adecuadamente los excesos de gasto de los mexicanos. En el caso de 1994, como vemos, la razón tiene que ver con el atraso en la firma del TLCAN, que colocó al país en un nivel de vulnerabilidad demasiado elevado. Sin embargo, no pueden los responsables de la política económica de esos años evitar su responsabilidad. Era tanta su confianza, o mejor dicho, su soberbia, que, pudiendo tomar en 1992 decisiones que redujeran la presión, no lo hicieron. Más todavía, decidieron en sentido opuesto y agravaron las cosas. A inicios de 1992, el economista estadounidense Rudiger Dornbusch, experto en tipo de cambio y alguna vez profesor del secretario de Hacienda Pedro Aspe, sugirió que México modificara su banda de flotación, que se deslizaba diariamente 40 centavos del viejo peso, ampliándola a un peso diario, para evitar el riesgo de una sobrevaluación. El secretario de Hacienda respondió reduciendo ese deslizamiento a 20 centavos.48 Cabe mencionar que, si el doctor Aspe hubiese seguido el consejo de su maestro, en marzo de 1994, cuando el asesinato de Colosio colocó al país en serios problemas

financieros, el techo de la banda de flotación habría estado en 3.94 pesos, en lugar de los 3.35 en que se encontraba. En diciembre de ese año, cuando se intentó mover la banda, el objetivo era precisamente que el techo estuviera en 4 pesos por dólar. En otras palabras, el margen del peso habría sido suficiente, si se hubiese hecho caso del consejo de Dornbusch, para corregir buena parte del problema, sin necesidad de la devaluación de diciembre y la subsecuente crisis. Pero no fue éste el único caso de una decisión en sentido opuesto de lo que la lógica indicaba. A fines del año anterior, 1991, se redujo el IVA general de 15 a 10 por ciento.49 Cabe mencionar que la primera recomendación del famoso Consenso de Washington es precisamente evitar un déficit fiscal y, como hemos visto en varias ocasiones, si tenernos un problema en México es precisamente una recaudación miserable. En lugar de utilizar el inmenso margen que se tenía en 1992 para impulsar una reforma fiscal profunda, se tomó una medida populista que duraría hasta que en marzo de 1995 el IVA debió regresarse al 15% para poder equilibrar a medias las finanzas del gobierno. Ya no habría otra oportunidad para una reforma fiscal en el resto del siglo, de manera que la recaudación fiscal en México se mantendría alrededor de 10% del PIB. Como hemos visto, es un nivel demasiado bajo para poder financiar las necesidades de un Estado de bienestar como el que el régimen decía querer. Esta última oportunidad desperdiciada es, sin embargo, consistente con la actitud del régimen de la Revolución frente a la tributación. Excepciones y privilegios, le ha llamado Luis Aboites a esta política fiscal.50 En la figura 15.6 aparece una serie completa de la recaudación desde 1925 hasta 2005; se muestra el porcentaje del PIB que recaudaba cada impuesto durante este periodo. La serie permite ver los cambios de orientación en la recaudación que, sin embargo, casi no elevan el monto total. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se introduce en 1925, y con el tiempo logra superar fácilmente a los impuestos al comercio exterior. De éstos, la parte de impuestos a la importación se mantiene durante todo el periodo, aunque con mucha

menor importancia después del TLCAN. Los impuestos al comercio e industria, que pueden rastrearse hasta el Porfiriato, se transformaron posteriormente en el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) y el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS). Este se ha mantenido hasta la fecha, mientras que el ISIM fue sustituido por el IVA en la reforma de 1980.

  Las reformas ocurridas entre los años sesenta y ochenta, aunque no fueron profundas, permitieron elevar la recaudación de 7 a 10% del PIB. La modificación de 1992 a que hemos hecho referencia redujo la recaudación del IVA, como puede verse en la figura, de forma que, cuando ocurre la crisis financiera en 1995, es necesario regresar a una tasa general de 15%, para compensar la caída en ISR. De ahí en adelante, nuevamente se instala el país en la recaudación de 10% del PIB que parece ser el tope de nuestro sistema fiscal. Debido al atraso en la concreción del TLCAN, el nombramiento del candidato presidencial se tuvo que posponer hasta diciembre, lo que provocó una reacción inusitada en el sistema mexicano. Por primera vez, un precandidato que no resultaba favorecido hacía público su

disgusto. Manuel Camacho Solís, amigo muy cercano de Carlos Salinas desde la Facultad de Economía de fines de los sesenta, reclamó públicamente al presidente haber elegido a Luis Donaldo Colosio. Esto pudo no haber tenido mucha importancia, salvo porque el 1 de enero de 1994, junto con la entrada en vigor del TLCAN, ocurrió un levantamiento armado en Chiapas por parte de un grupo muy extraño, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, del que ya hablamos anteriormente. El dirigente de este grupo resultó ser un personaje con grandes habilidades comunicativas e histriónicas, y el momento de su aparición, cuando los tecnócratas no sólo habían ganado todo, sino cambiado la esencia misma del régimen, le permitió convertirse en el centro del mundo para buena parte de la izquierda mexicana (e internacional).51 Aunque los primeros días de enero de 1994 fueron de incertidumbre, antes de que pasara una semana fue claro que el EZLN no significaba una amenaza militar relevante, lo que impidió que el levantamiento tuviese un impacto económico o financiero. Más todavía, en febrero de 1994 se alcanzan los mejores números en México: la tasa de los CETES es, por primera vez en su historia, de un solo dígito; la inflación ronda el 7% anual; las reservas internacionales del Banco de México suman 24 mil millones de dólares. Es decir, es el mejor momento financiero del Salinato. Sin embargo Camacho, que con el nombramiento de Colosio como candidato había dejado la jefatura del Distrito Federal y había sido nombrado secretario de Relaciones Exteriores, a lo que también renunció, logró ser nombrado por Carlos Salinas como Comisionado para la Paz en Chiapas, puesto honorífico que le permitía ser, constitucionalmente, candidato presidencial. Con todos los reflectores encima, Camacho logró opacar el inicio de la campaña de Colosio durante enero y febrero. La tensión política creció mucho en marzo, sobre todo después del discurso de Colosio en el aniversario del PRI. Lo más grave ocurrió el 23 de marzo: en un mitin en una colonia popular en Tijuana, Colosio fue asesinado. Ése fue el inicio de una crisis monumental. Si bien el levantamiento del EZLN no había causado mayor impacto en las

finanzas del país, el asesinato del candidato presidencial del PRI provocó salida de reservas y un ajuste en el tipo de cambio, que por fin tocó el techo de la banda de flotación. En esos días se anunció que México entraba en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el grupo de países más desarrollados del mundo. De algo sirvieron este anuncio, el feriado bancario y otras medidas que se tomaron para evitar el derrumbe de la economía, pero ya no se podía hacer mucho. Para el momento en que Colosio es asesinado, la economía mexicana es muy vulnerable y el nerviosismo detona una crisis que todavía se pospuso por nueve meses. En medio de esta crisis, las elecciones presidenciales se celebraron el 21 de agosto de 1994. El candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, ganó con prácticamente la mitad de los votos, pero ahora el segundo lugar correspondió al candidato del PAN, Diego Fernández de Cevallos, mientras que Cuauhtémoc Cárdenas cayó al tercer lugar. El ascenso del PAN parecía más consistente que lo que ocurría con la izquierda. Hay varios factores que pueden ayudar a explicar este fenómeno. Por un lado, el PAN había logrado un modus vivendi con el gobierno de Salinas, aprovechando la necesidad de éste de apoyo en el Congreso y negociando con ello un trato menos fraudulento en las elecciones locales, algo que el PRD no pudo alcanzar. Por el contrario, el PRD recibió todo el peso presidencial en ese sexenio. Sin embargo, no es éste el único factor que interviene en la caída electoral de la izquierda. No debemos olvidar que Carlos Salinas fue inmensamente exitoso como presidente, casi hasta el final. La aparente bonanza económica le quitó al PRD muchas de sus banderas, que no pudo recuperar en 1994. Aunque en ese año la situación económica empezó a complicarse, la aparición del EZLN dejó al PRD en una situación muy débil. Para los más izquierdistas, la opción era la guerrilla chiapaneca, mientras que para los moderados, Salinas no iba mal. Es decir que el espacio de votantes se redujo significativamente para el PRD. Finalmente, la campaña electoral de Cárdenas ya no tuvo el entusiasmo de 1988 (nuevamente, el EZLN y Salinas ayudan a

entender por qué) y, en una situación relativamente débil, la desafortunada participación de Cárdenas en el debate presidencial lo dejó totalmente fuera de la competencia. En ese debate, Diego Fernández de Cevallos, abogado litigante con apariencia de conquistador y retórica efectista, hizo pedazos a sus contrincantes, de manera que parecía posible que derrotara al PRI. Sin embargo, su campaña se vino abajo el mes siguiente, por razones que todavía hoy no son claras.52 Es importante mencionar que en 1994 se llevó a cabo una nueva reforma electoral, que ahora incluía la figura de los consejeros ciudadanos, personalidades con afinidad política pero sin participación activa que se convirtieron en vigilantes del proceso electoral, aunque éste quedaba todavía en manos del gobierno, a través del secretario de Gobernación. El 28 de septiembre ocurrió otro asesinato político. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, exgobernador de Guerrero y excuñado del presidente Salinas, fue asesinado al salir de una reunión con diputados de su partido. Las reservas del Banco de México sufren un nuevo golpe y a partir de ese momento empiezan a decrecer a un ritmo de cientos de millones de dólares por semana. LA CRISIS El 19 de diciembre se realizó una reunión con los principales líderes empresariales, el director del Banco de México y el secretario de Hacienda, en donde se anunció a los primeros que a partir del día siguiente se movería la banda de flotación del peso en 15%, de manera que su techo pasaría de 3.50 a 4 pesos por dólar.53 El anuncio público se hizo el martes 20 de diciembre a las 7 de la mañana. A la una de la tarde, el Banco de México anunció que se retiraba del mercado cambiario. En esas seis horas se perdieron seis mil millones de dólares de reservas internacionales, y el peso no pudo ser defendido. Se trata de un caso muy extraño de una devaluación que se intentó hacer por partes, a sabiendas de que la

probabilidad de éxito era prácticamente nula. Por ello fue conocido como «el error de diciembre». Una semana después, el secretario de Hacienda viajó a Nueva York para intentar explicar a los tenedores de bonos mexicanos dicha medida y las que deberían tomarse a continuación. Los inversionistas no dejaron a Jaime Serra Puche explicar nada, lo insultaron y provocaron que, al día siguiente, presentara su renuncia. Era 28 de diciembre. Tres días después, en el último del año, se anunció un plan de ajuste y una solicitud al Congreso estadounidense para que diera garantías para un préstamo por 40 mil millones de dólares. México estaba en la quiebra, otra vez. Una crisis parecida, no igual, a la de 1982. El mes de enero de 1995 fue extremadamente turbulento. El Congreso estadounidense no quería otorgar las garantías solicitadas, y México no tenía manera de cubrir obligaciones que se vencerían en los meses siguientes. Se conoció entonces que el gobierno mexicano había mantenido funcionando la economía a través de la emisión de unos papeles llamados Tesobonos que, aunque estaban en pesos, se pagaban al tipo de cambio vigente en el momento de la maduración. Prácticamente hablando, se trataba de deuda externa, con tasas muy superiores a las del mercado, que se había emitido sin autorización del Congreso mexicano. Gracias a estos papeles siguieron entrando dólares a México para sostener el déficit en cuenta corriente. Pero el costo era muy elevado. En los primeros meses de 1995, el gobierno mexicano debía pagar 25 mil millones de dólares, y contaba con reservas de menos de 6 mil.54 En febrero, el presidente de Estados Unidos William Clinton anuncia un paquete de apoyo conformado por 20 mil millones de dólares que aportaba la presidencia de Estados Unidos de su fondo de estabilización monetaria, 10 mil millones del Banco Internacional de Pagos y 15 mil millones del FMI. A esto se sumarían 2 500 millones de dólares que ofrecían Argentina, Brasil y Chile, para evitar que la crisis golpeara muy seriamente sus economías.55 El préstamo iba acompañado de la obligación de aplicar un programa de ajuste serio, que fue anunciado el 9 de marzo de 1995, para aplicarse a partir del 1 de abril. Como todos los planes de ajuste, el

anunciado ese día consistía en reducir los gastos del gobierno, incrementar los impuestos y reducir el dinero en circulación. Lo que debería ocurrir es que el déficit en cuenta corriente, que había llegado a superar 7% del PIB, se redujese a cero, para con ello poder acumular divisas y cubrir las obligaciones anteriores y las contratadas para salvar la crisis. Esto suponía una contracción económica de orden similar que, sumada a la reducción de dinero en circulación, provocó un alza en las tasas de interés muy importante: en marzo de 1995, después de estar en niveles de 10 a 15%, se elevaron hasta más de 100% en algunos días (su promedio máximo mensual fue de 70%, precisamente en abril). No fue un incremento de la magnitud del ocurrido a fines de los setenta, pero fue mucho más brusco, como puede verse en la figura 15.7.

  Era de esperarse que, con una economía en contracción y con tasas de interés muy elevadas, resultara imposible para quienes habían contratado créditos en los años anteriores hacer frente a sus obligaciones. Por eso se incluyó en el programa de ajuste la creación de una unidad monetaria que serviría para indexar los

créditos a la inflación y reducir un poco la presión sobre los deudores. Esta unidad monetaria se denominó Unidad de Inversión y ha sido más conocida por su acrónimo, UDI. Hay que hacer notar que el tamaño del problema superaba por mucho lo que el gobierno podía hacer en ese momento. Justo antes de la devaluación, la cartera vencida de la banca comercial había llegado a 8% de sus activos. Esta cifra es importante porque, técnicamente, un banco está en quiebra cuando esto ocurre. Lo normal en los bancos es que el capital de los socios sea precisamente de 8% de los activos, de forma que si los créditos incobrables son iguales al capital, el valor del banco es cero. Sin embargo, las prácticas de contabilidad bancaria de la época subestimaban por mucho el problema, puesto que, cuando un crédito dejaba de pagarse, sólo se registraba como cartera vencida el monto que no se había pagado, no el principal del adeudo. Así, los créditos que estaban en riesgo antes de la devaluación superaban por mucho el capital que los banqueros tenían en sus instituciones.56 Es importante mencionar que desde 1994 hubo problemas con los nuevos dueños de bancos. No es sólo que la contabilidad no fuese la mejor, ni que la vigilancia fuera demasiado laxa, sino que había también banqueros que habían infringido esas leyes tan flexibles que tenían, asignándose préstamos a sí mismos financiando con dinero del banco la compra del mismo, entre otras formas de fraude. En marzo de 1994 se intervino el Banco Unión, que se había fusionado con Cremi poco antes; la propiedad de ambos era de Carlos Cabal. En octubre fue el turno de Banco Internacional, comprado por Ángel Rodríguez, hijo del magnate transportista Isidoro Rodríguez. Cuando se privatiza la banca, se crea un fondo en el Banco de México para evitar que un banco en problemas pudiera complicar todo el sistema financiero. La idea era que este fondo sería financiado por todos los bancos comerciales, y el dinero ahí colocado se utilizaría para cubrir faltantes en caso de una situación difícil para un banco determinado. Este fondo se denominó Fondo

Bancario de Protección al Ahorro, cuyo acrónimo, Fobaproa, se volvería muy conocido a partir de 1995. En abril de 1995, cuando entra en vigor el plan de ajuste, miles de personas se dan cuenta de que no podrán pagar sus adeudos. Los créditos hipotecarios, automotrices y al consumo que con tanta facilidad otorgaban los bancos en los años anteriores, habían sido contratados por muchas personas que apenas si tenían algo de cultura financiera. Era una catástrofe nacional. El gobierno decidió utilizar el Fobaproa para comprar los créditos a los bancos en busca de evitar la quiebra del sistema bancario. Antes de ello, se exigió a los dueños que capitalizaran los bancos, algo que no todos pudieron hacer, lo que provocó una nueva modificación de la estructura del mercado, y obligó a varios bancos a fusionarse. El sistema bancario mexicano estuvo prácticamente quebrado desde 1994 hasta fines del siglo. Gracias al Fobaproa pudo seguir funcionando, aunque esto se convertiría, más adelante, en una de las banderas políticas más exitosas para el PRD.57 El resultado de la crisis de 1995 puede medirse de muchas maneras. Por un lado, el país sufrió una contracción económica de prácticamente 6% del PIB que, sin embargo, se recuperó muy rápidamente. Visto en forma desagregada, el fenómeno es mucho más fuerte, puesto que hubo una gran cantidad de empresas que desaparecieron con la crisis, y sus dueños y quienes en ellas trabajaban no lograron una recuperación tan rápida. Dicho de otra manera, lo que ocurre es que la recuperación de los siguientes años no cubre a todos los que habían sido lastimados por la crisis. El impacto en los niveles de pobreza es muy ilustrativo del tamaño del golpe que significó la crisis de 1995. En la figura 15.8 aparecen los tres niveles de pobreza que habíamos presentado ya en el capítulo 12. Nótese el terrible salto en la pobreza alimentaria, que prácticamente se duplica: pasa de 21 a 37% de la población. Los otros dos niveles no se incrementan mucho, e incluso la pobreza patrimonial se reduce en esos años (por eso se mueven igual que la alimentaria). Pero lo que esto significa es que hubo un desplazamiento hacia abajo de los niveles de vida de toda la población.

  Aunque el resultado en el mediano plazo es prácticamente nulo, puesto que para inicios del siglo XXI se han recuperado los niveles previos a la crisis, el bache fue muy significativo, y sin duda tuvo que ver en los cambios políticos que se vivieron en los siguientes años. Un segundo efecto de la crisis es la decisión de explotar más rápidamente los mantos petroleros o, más concretamente, Cantarell. Puesto que el paquete de apoyo organizado por Clinton tomó como garantía las exportaciones petroleras, y dado que éste era el producto que México podía colocar rápidamente en los mercados para financiar la recuperación, la explotación y exportación de petróleo crecen muy significativamente en esos años. Esto es importante por dos razones: la primera es el eterno retorno de las finanzas públicas al abuso de las generaciones futuras, sea por deuda o por explotación acelerada de recursos no renovables. La segunda tiene que ver con cuestiones técnicas: la explotación más rápida de un manto puede reducir su capacidad total, de manera que es posible que la decisión de incrementar las exportaciones de crudo sea en parte causa de que Cantarell haya llegado a su

máximo de producción en 2004 e iniciado su fase de declinación antes de tiempo, como puede verse en la figura 15.9. Pero esto es, reitero, un asunto técnico que no es fácil de evaluar.

 

El tercer efecto de la crisis de 1995 es político. Si la crisis de 1982 provocó una primera ruptura en las elites que llevó al PAN al poder en varios municipios importantes, la de 1995 colocó al régimen en una situación extrema de ilegitimidad. No sólo no había podido el régimen de la Revolución administrar bien en los años setenta, sino que tampoco podía hacerlo ahora, y el derrumbe de expectativas fue todavía mayor en 1995. En 1996 se lleva a cabo una nueva reforma electoral, pero ahora es profunda. Por primera vez, el control del proceso electoral no estará en manos del gobierno, sino de un grupo de consejeros elegidos por consenso entre las fuerzas políticas. Sólo ellos decidirán, aunque los partidos participan con voz en el Consejo General del nuevo Instituto Federal Electoral, IFE. Antes, justo a su llegada al poder, Ernesto Zedillo había promovido una reforma del Poder Judicial que, con el tiempo, ha

mostrado ser de la mayor importancia. Entre otras cosas, la reforma creó un cuerpo de administración interno del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, que redujo mucho la interferencia de los ejecutivos, federal y locales, en la vida interna del Poder Judicial. Más todavía, se restablece la inamovilidad de los magistrados de la Suprema Corte y su periodo se amplía hasta 15 años.58 También en 1994, el Banco de México se convirtió en una organización autónoma, aunque la ley se aprobó desde fines de 1993. Es importante mencionar estos dos cambios, no sólo porque forman parte del marco institucional actual, sino porque corrigen dos medidas tomadas por Lázaro Cárdenas. Como hemos visto, fue el general quien sujetó al poder presidencial tanto el Banco de México como la Suprema Corte para apoyar el inmenso poder presidencial característico del régimen de la Revolución. En febrero de 1995, Ernesto Zedillo intenta terminar con el EZLN a través de una estrategia mixta de presión militar y publicación de información sobre la relación entre este grupo y las antiguas Fuerzas de Liberación Nacional. Entre la información, se hace público el nombre del Subcomandante Marcos, líder del grupo armado. Se trataba de un profesor de la UAM, originario de Tampico, Rafael Sebastián Guillén Vicente. Más importante que esta ofensiva contra el EZLN que no tuvo mayores resultados, es el también infructuoso intento de remover al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien había sido electo en 1994, en una elección extremadamente discutida, frente a la cual el consejero ciudadano del IFE Santiago Creel Miranda había externado serias dudas, aunque su opinión no tenía efectos legales. El candidato derrotado por Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, organizó una manifestación que partió de Villahermosa y acabó en el Zócalo capitalino en donde se estableció un plantón. A ese plantón llegó una camioneta con cuarenta cajas de recibos, supuestamente de la campaña de Madrazo en Tabasco, que documentaban un gasto superior a 50 millones de dólares por parte del PRI en esa elección local. El escándalo que siguió a esta revelación, y la débil situación de Zedillo por la crisis económica, lo llevaron a remover a Madrazo, que

fue llamado a la capital del país para que renunciara a cambio de una secretaría de Estado. De acuerdo con información aparecida años después, Madrazo habría aceptado su remoción, pero al regresar a Villahermosa para operarla, fue convencido por sus seguidores de presentar pelea. La Cámara de Diputados del estado de Tabasco denunció una intromisión de la federación y su intención de separarse de ella si la injerencia continuaba. Fue así que Roberto Madrazo no fue removido y se convirtió en el primer gobernador que enfrentaba exitosamente al presidente de la República desde los años veinte.59 Debe notarse cómo el régimen de la Revolución había perdido prácticamente todas sus características hacia 1995. Había modificado su orientación económica, el Banco de México era ya autónomo, la Suprema Corte era independiente, había desaparecido la disciplina interna en el PRI (aunque el presidente seguía siendo el jefe del partido) y los pilares corporativos del régimen no eran ni sombra de lo que habían sido. Después de las dificultades de los años ochenta, y de la crisis de 1995, el número de sindicalizados era mínimo comparado con quienes tenían un trabajo y no estaban en un sindicato oficial, y con quienes estaban en la economía informal. En 1997, tal vez porque ya no era necesario, murió Fidel Velázquez, líder de la CTM desde 1940 (salvo por el periodo 19441948 en que Fernando Amilpa dirigió la organización). Y en ese año, por primera vez en la historia, el PRI no logró obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. El régimen de la Revolución termina definitivamente el 1 de septiembre, cuando se logra instalar la sesión del Congreso para recibir el tercer informe de gobierno de Ernesto Zedillo en una Cámara de Diputados que ya no controla el PRI. La instalación de la Cámara no fue un asunto menor, puesto que hubo quienes no podían comprender lo que estaba ocurriendo. Entre ellos, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, que intentó impedir la instalación de la Cámara, manteniendo a los diputados del PRI fuera de las instalaciones de San Lázaro, en espera de que no pudiese constituirse el quórum constitucional. Ya

después se vería qué hacer. Para fortuna de todos, los miembros de la oposición lograron reunir a más de la mitad de los diputados y, con el auxilio del personal de la Cámara, instalaron la LVIII Legislatura. Se mantuvo el orden constitucional y se derrumbó el régimen de la Revolución.

16. MÉXICO EN EL SIGLO XXI

El siglo

empieza en México en 1997. Al perder el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, por primera vez un poder federal queda fuera del ámbito de control del presidente. Si sumamos a ello los cambios ocurridos en los diez años previos, que ya mencionamos, no queda prácticamente nada del régimen de la Revolución. Queda el partido que éste creó, el PRI, pero ya no como apéndice de un régimen autoritario, sino como un partido más, que en 1997 tenía todavía una mayoría clara en el Senado, entre los gobernadores y presidentes municipales, y en la mayoría de los congresos locales. Pero había perdido ya su razón original de existir, y ahora debía convertirse en un partido político normal, algo muy difícil de lograr. Quedaban también muchas de las organizaciones creadas por el régimen: la CTM, la CNC, sindicatos muy poderosos, como el de petroleros, el de maestros, el de electricistas, y muchos más. Pero la herencia más duradera del régimen no era una organización, sino una mentalidad. El régimen se había hundido, pero la mitología que construyó para legitimarse seguía ahí, y no sólo en el PRI, en los sindicatos y organizaciones campesinas creados alrededor de él. El nacionalismo revolucionario seguía en 1997 tan fuerte como siempre, refugiado en ese «pequeño priista que todos tenemos dentro», según frase afortunada de Carlos Castillo Peraza. Es éste el problema principal de una transición política que parte de un régimen con una construcción mental fuerte. Aunque la estructura política sea destruida, la mentalidad se mantiene. Por XXI

ello, la transición política en México ha sido tan larga y compleja, porque no se trataba de sustituir a un gobierno autoritario cualquiera, sino a uno que había construido una explicación completa, total, de la existencia de México, para legitimarse. Por ello, la transición mexicana no puede analizarse en los mismos términos que las ocurridas en el sur europeo en los años setenta o las vividas en Sudamérica en los ochenta. En aquellos países, el autoritarismo de corte militar generó mayorías suficientes en su contra para removerlos y democratizar. Incluso en España, en donde el régimen de Franco había también creado una mentalidad legitimante, ésta nunca llegó a ser hegemónica y pudo ser desplazada, no sin dificultad, pero con cierta rapidez.1 LOS AÑOS DE GOBIERNO DIVIDIDO Desde 1997, ningún partido ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados y el presidente no ha podido impulsar cambios de fondo en el marco institucional. Esto no significa que no se hayan creado y modificado leyes, sino que éstas han sido insuficientes para las necesidades del país.2 En la segunda parte de su gobierno, Ernesto Zedillo intentó llevar a cabo una reforma de la industria eléctrica para corregir una falla que data de 1992. En aquel año, entre las leyes que se modificaron para coincidir con las negociaciones del TLCAN, estuvo la Ley de la Industria Eléctrica, en la que se permite, desde entonces, el autoabastecimiento, la cogeneración y la producción independiente de energía. Sin embargo, la ley está en conflicto con el artículo 28 constitucional. En consecuencia, los llamados Productores Independientes de Energía, PIE, actúan de manera legal, pero no constitucional.3 A pesar de ello, estos productores aportan ya cerca de 20% de la energía eléctrica que se consume en México. La intención de Zedillo de resolver este asunto no tuvo éxito, puesto que el PAN decidió votar en contra de la propuesta. Muy posiblemente, porque siendo un partido de oposición no podía apoyar en exceso al presidente, sobre todo cuando el PRD había ya

encontrado un nicho opositor fuerte en el tema de Fobaproa, en el que el PAN tendría que respaldar al Ejecutivo. Años después, Vicente Fox, presidente panista, intentaría hacer esta misma reforma eléctrica, pero ahora el PRI votaría en su contra, precisamente por la misma razón política: la oposición se opone. Este ejemplo ilustra el problema que ha enfrentado el país desde 1997: un gobierno dividido. El sistema político mexicano nunca había tenido que sufrir esto, salvo en los tiempos de Benito Juárez, que optó por gobernar a fuerza de decretos para no tener que discutir con el Congreso.4 México es una República Federal con un sistema presidencial. Como muchos países latinoamericanos, eligió este sistema desde su primera Constitución, la de 1824. Sin duda, porque en ese momento la estrella ascendente en el universo político eran los Estados Unidos, creadores del sistema presidencial. Como ya hemos comentado anteriormente, no existe ningún país del mundo en donde este tipo de sistema funcione bien, salvo en Estados Unidos. Es una muestra clara de que un régimen político tiene que tener coincidencia con la cultura política de la sociedad en la que se instala. El sistema presidencial fuerza a la existencia de sólo dos grupos políticos: uno que apoya al presidente y otro que se opone. No hay manera de que existan más. El partido que es tercera fuerza puede servir como bisagra para convertirse con ello en segunda fuerza, pero una vez que lo logra, el partido desplazado hará lo mismo, convertirse en bisagra para regresar al segundo lugar. De esta manera, se mantiene un equilibrio inestable por algún tiempo. Pero si el partido en el tercer lugar no juega el papel de bisagra, su presencia en el Congreso resulta irrelevante, y tenderá a desaparecer. Por eso el sistema presidencial tiende al bipartidismo, en condiciones democráticas. En México, el sistema presidencial funcionó durante el régimen autoritario, pero una vez que hubo una estructura suficientemente democrática, dejó de funcionar. En algún momento del futuro, el sistema deberá modificarse para dar eficiencia al gobierno.

Sin embargo, en los años recientes este sistema político ha provocado un estancamiento costoso. No pudo Ernesto Zedillo impulsar reformas económicas relevantes. En la primera mitad de su gobierno, por la crisis económica, y en la segunda, por el gobierno dividido. En la elección de 2000 resultó ganador Vicente Fox, el primer presidente no salido del PRI. Su triunfo generó un alud de expectativas, porque para muchos se trataba de «la transición», palabra que fue perdiendo todo significado con el uso y abuso que sufrió en esos años.5 El problema de las expectativas es que no eran coincidentes. Unos esperaban unas cosas; otros, otras. El gobierno dividido no permitía lograr mucho, y la personalidad del presidente tampoco fue de gran ayuda. Sin embargo, tal vez lo más importante en el estancamiento que caracterizó a ese gobierno haya sido la disputa por la sucesión presidencial, que se inició antes incluso de que Vicente Fox tomara posesión. La selección del candidato presidencial del PRI en 1999, que enfrentaría a Vicente Fox, se hizo a través de una elección interna, pero abierta a simpatizantes. Una especie de primaria como las que se realizan en Estados Unidos. Francisco Labastida fue el elegido, pero tuvo pelea por parte de Roberto Madrazo, que desde su derrota empezó a preparar la elección de 2006, en donde sería candidato del PRI. En la elección de 2000, mientras que Vicente Fox fue elegido presidente, la jefatura de gobierno de la ciudad de México se disputó entre Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y Santiago Creel, del PAN. Ganó el primero, por muy pocos votos de diferencia. A partir de ese momento construyó su candidatura a la presidencia, acabando con el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas al interior del PRD y utilizando herramientas muy efectivas para su posicionamiento político. Por un lado, decidió dar una conferencia de prensa todos los días, muy temprano, de manera que fijaba la agenda política diaria, aprovechando no sólo el horario de su reunión con los reporteros, sino su habilidad personal para establecer lazos afectivos con ellos. Adicionalmente, ofreció una pensión universal para adultos mayores de setenta años que viviesen en la capital, medida que le granjeó gran popularidad.

Santiago Creel, derrotado en la elección de la capital, fue nombrado secretario de Gobernación por Vicente Fox. Creel contaba con el respaldo de la mayor figura política del partido, Diego Fernández de Cevallos, quien, en cambio, no mantenía una buena relación con el presidente. El candidato del panismo para 2006 era, desde antes de que Fox protestara como presidente, Santiago Creel. El gobierno de Vicente Fox, como antes el de Zedillo, no pudo sacar adelante reformas significativas. Como hemos visto, por su condición de gobierno dividido, pero también por la muy temprana lucha por la sucesión. Hubo algunas leyes importantes, sin duda, como la de Transparencia, la Ley de Desarrollo Social y las modificaciones a la legislación de instituciones financieras que han resultado útiles en sus ámbitos. Pero no se pudo llevar adelante la reforma energética ni la fiscal ni, a pesar de las amplias discusiones, una reforma profunda del Estado. El gobierno elegido en 2006 tiene el mismo problema: aunque por primera vez el PAN tiene la primera minoría en ambas cámaras, sigue siendo incapaz de sacar adelante cambios legales por sí solo. El problema del gobierno dividido se mantiene. EL FIN DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Decíamos que, aunque el régimen de la Revolución desapareció en 1997, la mentalidad creada para su legitimación se mantuvo. Por ello, la transición ha sido larga y complicada, a diferencia de lo ocurrido en el sur de Europa y sur de América. El caso de México puede compararse mejor con las transiciones de los países del este Europeo, en los que sí se construyó una explicación histórica completa. Recientemente, Sara Schatz ha propuesto algo parecido: En términos comparativos, el sistema presidencialista mexicano comparte con regímenes socialistas autoritarios modernos como la Italia fascista y la Unión Soviética: 1) la incorporación vertical de sectores en corporaciones; 2) el uso selectivo de represión y negociación; 3) un énfasis en la extensión de los

derechos sociales (salario mínimo, prácticas de trabajo garantizadas por el Estado) sobre los civiles y políticos; 4) la domesticación del movimiento laboral organizado en sectores controlados, y 5) la adherencia a una ideología revolucionaria legitimadora.6

Y es esta ideología legitimadora la que se mantiene a pesar de la caída del régimen. Y se mantiene no sólo en el PRI, como hemos dicho, sino que atraviesa toda la vida política nacional, y no únicamente la política. A imagen y semejanza del régimen se crearon las empresas, que reproducían en su interior la misma estructura vertical, autoritaria, discrecional, plagada de rituales legitimadores. Es por ello que en este trabajo hemos dicho que la construcción del régimen de la Revolución resulta un retroceso frente al liberalismo autoritario previo, porque recupera las relaciones sociales previas a éste, las propias del colonialismo, sin excluir la discriminación ni el sistema de castas. El costo que ha significado para la sociedad el nacionalismo revolucionario es muy elevado. Hace muy poco tiempo se recuperó la preocupación por entender la importancia de las instituciones (es decir, las reglas de la sociedad) sobre el desempeño económico. A inicios del siglo XXI, hay ya varios trabajos serios con respecto a América Latina, que ayudan a entender por qué este continente es el más desigual del mundo y en particular por qué México es, junto con Brasil, el país grande más inequitativo.7 La desigualdad y el relativo estancamiento de América Latina tienen, de acuerdo con estos estudios recientes, un origen histórico. Las condiciones iniciales de las colonias (no quién las colonizaba) determinaron en buena medida su mala fortuna.8 Pero las instituciones construidas alrededor de la primera colonización no sólo se mantuvieron durante el resto de la Colonia, sino que lograron en muchos lugares sobrevivir a la Independencia.9 De acuerdo con lo que hemos visto a través de este libro, el régimen de la Revolución Mexicana es una recuperación del orden colonial, que construye un marco institucional contrario al desarrollo competitivo de la economía. Por un lado, crea o fortalece un empresariado más preocupado por mantener coaliciones con los

políticos que por competir en mercados libres; por otro, subordina y controla el movimiento obrero. Por un lado, da tierras a los campesinos, y por el otro, los deja abandonados a su suerte, impedidos de vender o comerciar su parcela, de obtener créditos sobre ella, en manos de los comercializadores que, además, en muchos casos recibirán subsidios para vender el producto barato en las ciudades. El régimen de la Revolución Mexicana mantuvo la desigualdad económica que México arrastraba desde la Colonia, pero también la desigualdad política. Fue un régimen autoritario que controló, hasta 1988, a todos los gobernadores y senadores del país, y a prácticamente todos los diputados y presidentes municipales. Pero además, construyó el nacionalismo alrededor de sí mismo. En son de broma se acostumbraba decir, hace muy pocos años, que todo mexicano era priista de nacimiento. En buena medida era cierto: el nacionalismo revolucionario definía el ser mexicano. Y ese discurso legitimador del régimen autoritario no desapareció cuando las estructuras de éste se derrumbaron. Persiste en muchos mexicanos la creencia en una revolución permanente, representada en la «propiedad nacional» de los energéticos, en las prebendas sindicales, en las dádivas a los campesinos e indígenas, en la xenofobia, en el patrioterismo más ramplón, producto de esos libros de texto de cuarto de primaria que ya comentamos. Porque la tragedia educativa de México tiene su origen también en el régimen de la Revolución, que privilegió la construcción de mitos por encima del otorgamiento de herramientas a niños y jóvenes. Nunca pudimos saberlo, porque los primeros datos sobre calidad educativa se han conocido después del fin del régimen. Hoy ya no podemos llamarnos a engaño: dos de cada tres jóvenes mexicanos, al terminar la secundaria, no puede hacer más que «seguir instrucciones simples». Sólo uno de cada veinte podría cursar la preparatoria en Europa o Estados Unidos con alguna posibilidad de éxito.10 Y, si bien pocos son capaces de ubicar correctamente las etapas de la historia nacional, está bien sembrada en ellos la imagen del «viejecito» Hidalgo, el «pastorcito zapoteca» Juárez y el «tata» Cárdenas.11

El México del siglo XXI busca entonces construir un nuevo régimen político, pero sin contar con una cultura política común. Se mantienen hasta hoy grandes grupos con la cultura que el régimen de la Revolución aprovechó y fortaleció. Esos grupos siguen interpretando el mundo en los términos que ya veíamos: desde un nacionalismo más religioso que político, desde una visión orgánica de la sociedad, con fines últimos claramente definidos, porque el futuro de la patria «con el dedo de Dios se escribió». Es una visión premoderna del mundo que, si en el siglo XX resultaba costosa, en éste es francamente peligrosa. Pero es la visión de la Revolución Mexicana, y por ello es compartida por millones de personas que no alcanzan a percibir cómo resulta incompatible con el desarrollo económico y la democracia. Más todavía, siguen creyendo que el desarrollo económico sólo es posible en el nacionalismo revolucionario, es decir, en una economía dirigida por el Estado, que privilegie a los nacionales y que limite el comercio exterior. No importa cuánta evidencia se pueda presentar en contra de esta creencia, porque se encuentra en el ámbito de la fe, no de la razón. Y lo mismo ocurre cuando el tema es la democracia, que se interpreta siempre en los términos que tanto gustaban al general Cárdenas: no como una sociedad plural en donde los votos determinan al gobierno y la información fluye abiertamente, sino como un espacio en donde se vuelven realidad los derechos sociales, lo que sea que esto signifique. Sin embargo, el nacionalismo revolucionario dista de ser hegemónico al inicio del siglo XXI. A diferencia de otras épocas, ahora hay una gran cantidad de mexicanos que no voltean subyugados a ver a la Revolución, que no necesitan de ésta para explicarse su lugar en el mundo y que, por lo mismo, no requieren aislarse para entenderse. Por la manera en que el régimen funcionaba, es más difícil encontrar esta perspectiva en la izquierda, a la que la gran influencia del cardenismo le ha impedido desarrollarse. Geográficamente, hay también diferencias importantes. No debe sorprender que en el norte del país el nacionalismo revolucionario

lleve décadas de contracción; tampoco que sea el centro del país la región con una mayor presencia de esta perspectiva. La permanencia de la cultura colonial en el Altiplano se reforzó durante los años del régimen. El centralismo administrativo parece haber sido un mecanismo que auxilió a esta supervivencia.12 A diferencia de lo que se cree, la capital del país no es más liberal que el resto del país, sino menos. DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Este libro es un intento por comprender el siglo XX mexicano. Por lo mismo, he tratado de analizar con el mayor rigor posible los procesos políticos, económicos y sociales que vivió México en esos cien años. Como hemos visto, el concepto que marca el siglo, la Revolución Mexicana, nunca existió. Hubo, sin duda, un hecho histórico que, con el tiempo, llegó a llamarse así, pero que no tiene relación con el concepto que determinó al siglo. La secuencia de conflictos políticos iniciada en 1910 y que continuó hasta 1920, en muchas ocasiones llamada la etapa armada o violenta de la Revolución, fue resultado de una falla en la sucesión de Porfirio Díaz, que no tuvo la capacidad de guiarla. Esos conflictos no tuvieron un trasfondo agrarista ni laboral. Ni siquiera hubo en ellos una orientación nacionalista. Fue una lucha por el poder, descarnada como es siempre el caso. La Revolución Mexicana, como la conocemos los mexicanos, es en realidad una construcción cultural desarrollada desde 1920 de diferentes maneras, que entre 1935 y 1938 se llena de significado con el cardenismo. La gran habilidad de Lázaro Cárdenas le permite construir un nuevo régimen político en México, diferente del liberalismo autoritario de Juárez y Díaz, y de su reconstrucción bajo Obregón y Calles. Ese nuevo régimen tiene, desde su inicio, una mayor legitimidad porque se encuentra más cerca de la cultura política de los mexicanos. En particular, de los mexicanos del Altiplano. Es un régimen que recupera la estructura colonial a través de un esquema corporativo que usa al presidente como la piedra

angular que soporta y reparte tensiones, y que se sostiene en una explicación teleológica de la historia nacional, capaz de conectar el pasado indígena, el liberalismo decimonónico, el socialismo y el populismo cardenistas en una sola línea que tiene como fin una utopía: un país futuro en el que habrá justicia social, en donde a cada mexicano le hará justicia la Revolución. Es el nacionalismo revolucionario. Este régimen necesita, para funcionar, mantener los conflictos aislados y atender las demandas de la sociedad que las corporaciones canalizan. Cuando, en los años sesenta, un grupo social que no se logró corporativizar, la clase media, eleva sus demandas de participación, el régimen no tiene cómo responderle. El 2 de octubre de 1968 es resultado de esta falla sistémica. El régimen intenta capturar a la clase media, dándole educación y empleo en abundancia en los años siguientes. Y entonces traspasa los límites de lo posible: cuando se intenta atender las demandas mayores, de una sociedad que se ha multiplicado, a través de un régimen que necesita darle algo a todos, no hay finanzas que lo puedan cubrir. Se traslada al futuro todo el costo posible, pero aun así, entre 1982 y 1986, el régimen quiebra. En 1986 comienza el fin. El intento del grupo en el poder de abandonar el nacionalismo revolucionario provoca una ruptura definitiva en el régimen; el de cambiar la orientación económica manteniendo las prácticas políticas autoritarias, se derrumba en 1994. Tres años después no queda nada del régimen de la Revolución. A inicios del siglo XXI, México se enfrenta a la necesidad de construir un nuevo régimen. Ya no existe el anterior, pero no hemos sido capaces de sustituirlo por un nuevo arreglo de normas y valores en las que todos coincidamos. La persistencia del nacionalismo revolucionario en las mentes y corazones de millones de mexicanos no permite construir un régimen compatible con la modernidad, es decir, similar a las democracias liberales que son capaces de financiar un Estado de bienestar para todos sus habitantes. Porque, más allá del discurso, el régimen de la Revolución nunca fue capaz de cumplir, ya no digamos con los derechos sociales: ni

siquiera con cuestiones elementales como una educación básica de calidad o una cobertura razonable en salud pública. Y no sólo no fue capaz de cumplir, sino que destruyó parte de la riqueza nacional en el esfuerzo. No sólo hemos llenado de deudas a los mexicanos, sino que hemos agotado nuestros recursos naturales: el petróleo, el agua, los bosques. Y, como se ha mostrado en este libro, sin lograr, en ninguna variable social, alguna diferencia significativa con respecto al resto de América Latina.13 Lo que esto significa es que, a principios de nuestro siglo, México no ha sido capaz de dar a todos sus habitantes un punto de partida equitativo. Y no es capaz de hacerlo, entre otras cosas, porque no es capaz de financiarlo. México sigue recaudando 10% del PIB, lo mismo que a inicios de los años setenta, precisamente cuando se hizo imposible atender las demandas de la sociedad. Ha sido sólo por el petróleo, que ha cubierto parte del costo, y por la evidente reducción de la calidad de los servicios, que no hemos tenido otra crisis en las finanzas públicas. El siglo XX mexicano fue el siglo de la Revolución Mexicana. Y fue un siglo perdido. Lo iniciamos siendo el país más industrializado de América Latina; lo terminamos sin distinguirnos del resto del subcontinente. Lo empezamos con un ingreso por habitante superior al de Japón, lo concluimos con una cuarta parte de él. Durante el siglo XX, México creció lo mismo que Perú y la mitad que Brasil. Sólo hay dos países que tuvieron un peor desempeño: la Gran Bretaña, que inició el siglo como la máxima potencia del mundo y lo terminó como un país importante, pero ya no una potencia, y Argentina, que empezó el siglo con un ingreso por habitante similar al de Francia y Alemania y lo finalizó apenas superando a Brasil y México, y por debajo de Chile.14 No hay otra manera de interpretar el siglo XX mexicano que como un experimento fallido. El régimen de la Revolución Mexicana permitió a nuestro país una cierta paz social, pero a un enorme costo: el costo de no mejorar el nivel de vida de los mexicanos, no reducir los niveles de desigualdad, no cambiar la estructura social y no promover el desarrollo político. Fue un siglo de estancamiento.

Pero el siglo de la Revolución quedó atrás, y es momento de construir un régimen nuevo. Y lo mejor es hacerlo a partir de una evaluación crítica de lo que hicimos. Este libro es una evaluación crítica; reúne muchas visiones especializadas que han podido aclarar diversos momentos del siglo, desde diferentes perspectivas, pero aporta una perspectiva de conjunto hasta ahora inexistente. Y cuando se tiene esta visión de conjunto las dudas desaparecen. El experimento mexicano fracasó. Hay que intentarlo de nuevo.

NOTAS

Parte I. LA REVOLUCIÓN MEXICANA 1 Véanse, por ejemplo, las obras por encargo para la celebración del cincuenta aniversario de la Revolución, en particular, Vanos (1960) y Nacional Financiera (1960). Para el setenta y cinco aniversario, PRI (1987). 2 La crítica más destacada es de Cosío Villegas (1992), pero no es la única; está, por ejemplo, el esfuerzo de Taracena (1991) de construir una historia alternativa. 3 Los casos paradigmáticos son Gilly (1971) y Shulgovsky (1968). Knight (1989): 30 tiene la misma opinión sobre esos textos. 4 Notoriamente, está la compilación de Ross (1978) aparecida originalmente en Estados Unidos en 1966. Una evaluación de la bibliografía hasta ese momento está en Bailey (1978). 5 Knight (1986): 209. 6 Sólo por mencionar algunos: Córdova (1984), Krauze (1985), Aguilar Camín (1985). 7 Ruiz (1984); Hart (1990). 8 Guerra (1988). 9 Tobler (1994). 10 Knight, op.cit. 11 Entre las más relevantes, Friedrich Katz aporta al menos dos: su interpretación de los movimientos campesinos (1990) e internacional (1982). También John Womack ofrece dos contribuciones notables: su investigación sobre Zapata (1984) y una de las primeras evaluaciones serias de la economía revolucionaria (1992a). Un excelente resumen de la bibliografía hasta fines de los ochenta está en Knight (1989), donde se hace justicia a los trabajos específicos de los historiadores mexicanos (regionales, temáticos, etcétera). Asimismo, véase Barrón (2004).

1. LA REVOLUCIÓN DE MADERO Y SUS CAUSAS 1 Sobre Porfirio Díaz hay una amplia bibliografía, que incluso ha crecido en tiempos recientes, tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, como dice Garner: «Entre los muchos dictadores en América Latina, pocos son menos conocidos, o más malinterpretados, que Porfirio Díaz, presidente de México ocho veces durante el periodo 1876-1911, un periodo que le llevó a tener, en su vida, el epíteto de Don Perpetuo. El retrato de la era de Díaz, y especialmente de Díaz mismo, ha sido caracterizado y distorsionado por una mitología poderosa». Garner (1996): 31. De él mismo, su biografía sobre Díaz, Garner (2003a), es la mejor revisión al momento. Véase también Krauze (1987a) y, para una biografía más tradicional, Roeder (1973). 2 Krauze, op. cit. 3 Acerca del camino real de Santa Fe y su importancia para Nuevo México, Boyle (1997): 110: «Con la apertura del camino de Santa Fe, la dependencia de Nuevo México de los

comerciantes de Chihuahua se debilitó lentamente. Para la década de 1830, sus embarques de efectos del país y ovejas al interior de México rivalizaban en monto y frecuencia con los de los extranjeros ricos. Más tarde en la misma década, los mercaderes ricos de Nuevo México habían adquirido suficiente efectivo y crédito para aventurarse al interior de Estados Unidos para comprar bienes manufacturados directamente de proveedores estadounidenses». 4 Humboldt (1991), Calderón de la Barca (2000), Lewis (1965), Lewis (2006). 5 Iturriaga (1987). 6 Knight (1986): 43. 7 Womack (1984): xi. 8 Katz (1980): 53. 9 Katz (1982): 28. 10 Gutelman, (1988): 63. 11 Bartra (1982): 10. 12 Mendieta Núñez (1959): 110; González Roa (1981): 80-81; Nickel (1988): 115 y 142. El decreto de Manuel González, en Fabila (1981): 183SS; la ley de Díaz, ibid.: 181 SS. 13 Tannenbaum (1929): 93SS. Es interesante que en Tannenbaum (1965) ya no repite las cifras, y su visión de la Revolución Mexicana se ha transformado en un «nacionalismo emergente». Tannenbaum llegó a México por primera vez en 1922 y el intelectual que influyó en su Mexican Agrarian Revolution fue Andrés Molina Enríquez, porque a los demás los despreciaba: Hale (1995): 242. 14 Schwartz en Florescano (ed.) (1975): 489-490. 15 Brading (ed.) (1985): 22. Respecto de Turner, Katz afirma que sus críticas a Villa eran por cuenta de Antonio Villareal, Katz (1998): 2, 47. 16 Brading, op. cit.: 23. Knight (2000) critica especialmente la tendencia de Tannenbaum a «ver indios por todas partes» dando a la Revolución Mexicana un cariz indígena que no tenía (pp. 35-37), pero también critica su visión de la hacienda (pp. 48-49). En su excelente biografía intelectual de Tannenbaum, Hale (1995) enfatiza el carácter descriptivo y anecdótico de sus escritos (p. 223) así como el ambiente intelectual corporativo en que se desarrolló en los años veinte (p. 236). 17 Brading, op. cit.: 24. 18 Ibid.: 25. 19 Idem. 20 Como lo hacen Whetten (1948) y Simpson (1937). McBride, con base en el censo de 1910, eleva la proporción a 96.9% de las familias, llegando a 99.3% en Puebla y Tlaxcala. Nickel (1988): 115. 21 Idem. 22 Beatty (2001): 193. 23 Además de Cananea y Río Blanco, se suele incluir con frecuencia la huelga de ferrocarrileros de 1908 entre los prolegómenos de la Revolución. Acerca de las huelgas, sigue siendo muy buena aproximación la de Cosío Villegas (1972): 705-738 y González Navarro (1957). 24 Ibid.: 316-322. 25 Knight (1990): 509. 26 González Navarro (1957): 316-317. 27 Knight (1984): 70. 28 Clark (1979): 17. 29 La primera huelga del Porfiriato ocurrió en abril de 1877, en la fábrica de hilados «San Fernando», en Tlalpan. Para una amplia narración de las huelgas del Porfiriato, véase González Navarro (1957): 300-316.

30 La fábrica de Río Blanco era propiedad de la Compañía Industrial de Orizaba (cidosa), sociedad anónima constituida el 28 de junio de 1889 por un grupo de comerciantes franceses, entre ellos: José Tron (El Palacio de Hierro), Ebrard y compañía (El Puerto de Liverpool), J. Olivier (La Ciudad de Londres), Hipólito Signoret (El Puerto de Veracruz), Lamben (El correo Francés), García, Faudon y Compañía y Tomás Braniff. Se nombró director general a Eduardo Garcín (Pasquel, 1976: 7). cidosa comprará poco después las fábricas de San Lorenzo, Cerritos y Cocolapan. 31 Clark op. cit.: 18 dice que el 1 de julio. Según Musacchio (1989), la fundación es de abril de 1906. No confundir con los círculos ya mencionados del siglo XIX. 32 Clark op. cit.: 18; González Navarro op. cit.: 331 sostiene que el acercamiento al Partido Liberal era secreto. En Montes (1965: 113-114) aparece el pacto secreto, citando a Germán y Armando List Arzubide. 33 González Navarro, op. cit.: 326-327. 34 Ibid.: 328-329. Knight op. cit.: 70: «El arbitraje de Díaz no fue la entrega a la administración que algunas veces se ha dicho». 35 Clark, op. cit.: 18. 36 González Navarro op. cit.: 331. Montes, op. cit.: 78 y Pasquel (1976: 58) sostienen que al término de la lectura del arbitraje por parte de Morales hubo gritos en el público que llevaron a la suspensión de la reunión. 37 Op. cit.: 19. Rosalino Martínez era entonces subsecretario de Guerra (Montes, op. cit.: 83; Pasquel, op. cit.: 72). 38 Según Ezequiel Montes, Margarita Martínez e Isabel Díaz de Pensamiento acudían a solicitar fiado a Garcín, quien se los negó. Indignadas, llamaron en su apoyo a los obreros,(op. cit.: 79). Pasquel (op. cit.: 62) más bien considera que las mujeres (las mencionadas y Lucrecia Toriz) actuaban como grupo de choque para evitar el ingreso de trabajadores a la fábrica. 39 Se trata, dice Montes, de los mismos diez rurales que no actuaron el día 7, a las órdenes de Carlos Herrera (op. cit.,: 87). Herrera era el jefe político en el Cantón de Orizaba (ibid.: 89). 40 González Navarro, op. cit.: 331-333. 41 Bortz (2002): 257; Gómez Galvarriato (2002). 42 En cualquier periodo inflacionario podemos encontrar caídas mucho más bruscas y sólo en pocos casos esto derivó en revoluciones. Para una visión general acerca de la inflación, véase Fischer (1996). 43 Una de las primeras evaluaciones críticas de la economía previa a la Revolución está en Cerda (1991). 44 Knight (1990): 509-510. 45 Hansen, (1971): 27. Para 1911, «el dinero norteamericano representaba más del 47% del capital extranjero dedicado a la construcción ferrocarrilera y el 61% a la minería. En contraste, de las inversiones británicas más del 21% se habían dedicado al sector de servicios públicos y otro 8% a la deuda pública de México. Ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña canalizaron siquiera el 2% de sus inversiones hacia el sector industrial. Fue el capital francés el que fluyó hacia las actividades industriales mexicanas, en donde constituía el 55% de la inversión extranjera total». Su fuente es D’Olwer. Calderón et al. (1965), que presenta la inversión extranjera por sector: ferrocarriles, servicios, minería, bienes raíces, industria y petróleo, y una estimación de la inversión acumulada por país de origen: estadounidense (1,292 millones de pesos en 1911), británica (989 millones) y francesa (908 millones): 1137-1143. 46 Knight, op. cit.: 513. Aunque él mismo, párrafos después, considera dicha crisis menos evitable, puesto que la estructura política no le parece compatible con la modernización

económica (513-514). J. Meyer (1973) sostiene que «la Revolución Mexicana no es social», p. 265. 47 Cosío Villegas, op. cit.: 764. 48 Se llama «científicos» a los funcionarios públicos con orientación marcadamente positivista que fueron tomando control del gobierno a inicios del siglo XX. Originalmente, el grupo era dirigido por el suegro de Porfirio Díaz, Romero Rubio. A su muerte, el liderazgo recayó en José Yves Limantour. secretario de Hacienda. Este grupo es equiparable, con todas las diferencias del caso, a los «técnicos» del desarrollo estabilizador y a los tecnócratas de fines del siglo XX. 49 Creelman (1908): 234. 50 Ibid.: 236-237. 51 Ibid.: 240-241. 52 Ibid.: 241. 53 Ibid.: 241. 54 Ibid.: 242. 55 Ibid.: 249. 56 Knight (1986): 48.

2. LA REVOLUCIÓN, UNA GUERRA CIVIL 1 En enero de 1909 se funda en la ciudad México el Partido Democrático, dirigido por Manuel Calero, que será el principal soporte orgánico del reyismo. Para abril de ese año, de manera descubierta, se fundan clubes reyistas en todo el país. El más importante de estos será el Club de la Soberanía Popular, dirigido por Francisco Vázquez Gómez y José López Portillo y Rojas. Véase Knight (1986): 50-55. 2 Sobre Madero, véase Krauze (1987b). 3 Madero (1985): 29. Cosío Villegas incluso cree que el verdadero destinatario del libro era precisamente Díaz (1972. 881SS). 4 Knight op. cit.: 171-201y passim. 5 Ibid.: 74. La cita de Madero con Díaz sería organizada por Teodoro Dehesa. 6 Ibid.: 138-139, 173. 7 Ibid.: 184. 8 Ibid.: 176. «Los resentimientos de Orozco estaban menos orientados contra Díaz, en la distante ciudad de México, que contra Joaquín Chávez, el duradero cacique de Guerrero, cliente de Terrazas y rival de Orozco en el negocio de transporte (arrieros)». Villa es reclutado por Cástulo Herrera, cerca de Temósachic, lo mismo que Tomás Urbina quien se mueve a Durango. Villa y Urbina eran bandidos en ese momento. 9 Ibid.: 177. 10 Ibid.: 183, 187. 11 Ibid.: 188. El ejército porfirista era más bien pequeño, J. Meyer (1973): 32. 12 Knight, op. cit.: 190. 13 Ibid.: 201-204. 14 Ibid.: 206-208. 15 Ibid.: 43-44, 120-121. 16 Ibid.: 208-218. 17 Ibid.: 351SS, 368SS. 18 Ibid.: 456, 465-466. 19 Ibid.: 319-333, 468. 20 Ibid.: 478-480. 21 Ibid.: 481. 22 Ibid.: 451.

23 Ibid.: 482. 24 Ibid.: 483. 25 Ibid.: 486-487. 26 Ibid.: 487. 27 Idem. 28 Schettino (2007b). 29 Calculado con base en las distancias de los caminos según descripción de Hermosa (1857). 30 Sobre el tema de la centralización del poder, véase Vázquez (1998), Tobler (1994): 5660. Especialmente, véase Hamnett (1996) para la centralización durante la República Restaurada. 31 Tobler, op. cit.: 57; Knight, op. cit.: 24SS; Vázquez op. cit.: 330-332. 32 Tobler, op. cit.: 58; Knight, op. cit.: 32SS. 33 Vanderwood (1986) acerca de la composición de los rurales y su comportamiento, cap. 9; y acerca de su relevancia en el control político, cap. 10. Véase también Vanderwood (1989): 16-18. 34 Knight op. cit.: 28-35. 35 Knight (1990): 1-10. Una biografía de Huerta, la más reconocida, es M. C. Meyer, (1972). 36 Knight op. cit.: 15-16. 37 Ibid.: 14-16. Katz, más contundente, sostiene que «Carranza prevaricó» y durante dos semanas sostuvo una política ambivalente, (1998): 1,237. 38 Knight op. cit.: 18. 39 Ibid.: 104-105. 40 Ibid.: 106-109. 41 Ibid.: 42. En mayo, por ejemplo, se pueden contar 10 diferentes bandas de rebeldes en la Huasteca potosina, que para fin de año ya eran 33 (Ibid. 50). 42 Ibid.: 50-57. También en la sierra de Puebla, el viejo cacique Lucas, ya asociado a Enrique Márquez, ponía en problemas a los federales. 43 Ibid.: 52-54 (la cita en p. 53). 44 Ibid.: 20-26. 45 Katz, op. cit.: 1,253-255. 46 Ibid.: 64-67. 47 Ibid.: 74-75. 48 Ibid.: 77. 49 Ibid.: 111-114. 50 Ibid.: 115-116; Katz, op. cit.: 1,260-262. 51 Knight, op. cit.: 117. Según Katz, Villa abandona Juárez por temor a la artillería federal (1998): 1,264. 52 Knight, op. cit.: 118. 53 Ibid. Reed (1983). Katz, op. cit.: 1, 267-292 hace una excelente descripción del mes en que Villa gobernó Chihuahua y concluye que «logró enormes éxitos a corto plazo», pero que en el largo plazo no tuvo igual resultado. 54 Knight, op. cit.: 127-129. 55 Ibid.: 47,129. 56 Ibid.: 61. 57 Ibid.: 129-137. Más sobre la cuestión económica en el capítulo 4. 58 Ibid.: 84-86. 59 Ibid.: 70-72, 138-139. 60 Ibid.: 143-144.

61 Ibid.: 145. 62 Ibid.: 146. 63 Idem. Knight dice: «Carranza, sea porque dudaba de la capacidad de González o deseoso de impedir el avance de Villa al Sur, insistió en que Villa terminara el trabajo». Más adelante (149) insiste: «En particular, Carranza era reacio a permitir que Villa llegase a la ciudad de México primero». 64 Ibid.: 146-150. 65 Ibid.: 150-152. 66 Ibid.: 153-167. 67 Ibid.: 167-168. 68 Ibid.: 170, 377. En la primavera de 1915, mientras Obregón y Villa deciden la Revolución en el Bajío, Victoriano Huerta viaja de España a Estados Unidos para entrar a México por El Paso y dirigir la contrarrevolución. En junio se encuentra con Pascual Orozco en Nuevo México, pero son arrestados. Orozco escapa, pero dos meses después es localizado en Texas y muere en el enfrentamiento. Huerta estuvo encarcelado hasta enero de 1916 cuando, después de dos operaciones, muere en prisión de cirrosis. 69 Ibid.: 123-124. 70 Ibid.: 168. 71 Ibid.: 169-170. 72 Ibid.: 170-171. 73 Ibid.: 252. 74 Ibid.: 252-253. 75 Ibid.: 254. 76 Ibid.: 254-256. 77 Ibid.: 257-258. 78 Ibid.: 261, Ulloa (1979a): 25. 79 Knight, op. cit.: 262. 80 Ibid.: 265-290. Aunque Katz cree que los constitucionalistas eran más coherentes y homogéneos, op. cit.: 2, 15. 81 Knight, op. cit.: 274. 82 Ibid.: 303; Ulloa, op. cit.: 44-45. 83 Knight, op. cit.: 303-304. 84 Ibid.: 298, 304-306. Katz. op. cit.: 2, 35-39 sostiene que la violencia de los villistas en la ciudad de México dañó «gravemente la imagen de Villa ante las clases altas del país y ante los diplomáticos y observadores extranjeros». Cf. Ulloa. op. cit.: 62-64. 85 Knight, op. cit.: 306-308; Ulloa, op. cit.: 59-69. 86 Ibid.: 308-310. 87 Ibid.: 309-311. 88 Ibid.: 311. 89 Ibid.: 312. 90 Ibid.: 313-314. Aunque Marjorie Ruth Clark opina diferente; para ella, estas alianzas son fundamentales (1979): 29. 91 Knight., op. cit.: 316-318. Obregón retomó la ciudad el 28 de enero de 1915. Cf. Ulloa, op. cit.: 103. 92 Knight, op. cit.: 319-321. 93 Ibid.: 318SS. Villa no lo hizo sino hasta después de su derrota en Celaya; Katz, op. cit.: 2, 55. 94 Knight. op. cit.: 323. Acerca de los enfrentamientos en los otros frentes, véase Ulloa (1979b): 83-92.

95 Knight, op. cit.: 321-332; Katz, op. cit.: 2, 72-75; Ángeles se unió a Villa después de las dos batallas de Celaya e intentó que éste cambiara su estrategia. 96 Knight, op. cit.: 323. Villa tuvo cinco mil bajas, de acuerdo con Ulloa, op. cit.: 96. 97 Knight, op. cit.: 324. 98 Knight op. cit.: 325. 99 Ibid.: 324-327. 100 Ibid.: 327-328. «Las derrotas militares se debieron a crasos errores estratégicos», Katz, op. cit.: 2, 77. 101 Ibid.: 378-392. 102 Ibid.: 435-438. 103 Ibid.: 174-176.

3. UNA REVOLUCIÓN SIN RESULTADOS 1 Knight (1990): 338-358. 2 Ibid.: 365-370. 3 Ibid.: 362, 370-371. 4 Aida 364. 5 Acerca del intento de Zapata, ibid.: 371; de Magaña, 372. 6 Cf. Ulloa (1979a): 33-35. 7 La Constitución prohibía que un levantado en armas pudiera participar en elecciones. 8 Cumberland (1975): 297-298. 9 Córdova (1973): 26. 10 Cf. Ibid.: 220. 11 Cumberland, op. cit.: 305SS. Congreso (1922): 25-xi-16, aprobado Esquerro el 28-xi-16. 12 Cumberland op. cit.: 309. Congreso (1922): 5-xii-1916. 13 Congreso (1922): 5-xii-16. 5 (p. 319). 14 Cumberland, op. cit.: 310. Congreso (1922): 6-xii-16. 3-5 (pp. 339-341). 15 Córdova, op. cit., tiene una apreciación diferente. En su opinión, Carranza no es derrotado, porque impide que la Constitución fuese socialista (pp. 236-237). Pero atribuir a los obregonistas intenciones en esa dirección parece más bien un anacronismo. 16 Rabasa (2002). Córdova, op. cit.: 26, 16. 17 Congreso, op. cit.: 341. 18 Ibid.: 13-xii-16.2 (p. 432). 19 Ibid.: (1922): 434. 20 Cumberland, op. cit.: 311-312. El debate, en Congreso, op. cit.: 434-488, 499-530. 21 Cumberland, op. cit.: 313-314. 22 Bortz (2002): 256. 23 Clark (1979): 47. 24 Ibid.: 50. 25 Ibid.: 49. 26 Cumberland, op. cit.: 317-322; Congreso, op. cit.: 781-813. 27 Córdova (1984): 27. 28 Ibid. (1984) : 16. 29 Knight, op. cit.: 497. 30 J. Meyer (1977): 278-279. 31 Tobler (1994): 483. Sin embargo, casi inmediatamente Tobler sostiene que el Estado prerrevolucionario y el posrevolucionario no son equiparables, porque el segundo logra una institucionalización que le permite sobrevivir cincuenta años. Me parece que, en este punto, Tobler no logra separar adecuadamente el régimen de los sonorenses del que

construye Lázaro Cárdenas, que es al que debemos reconocer dicha institucionalización, como veremos más adelante. 32 J. Meyer, op. cit.: 321. 33 Tobler, op. cit.: 419. 34 Ibid.: 498; Smith (1981): cuadro 3-1, p. 82. El núcleo dirigente del país, dice Tobler, estuvo constituido durante este periodo por Obregón, Calles y sus colaboradores más cercanos (p. 496). 35 Tobler, op. cit.: 498. 36 Smith, op. cit.: 94. Énfasis en el original. 37 Ibid.: 119. 38 Ibid.: 120; Tobler, op. cit.: 500. 39 Ibid.: 424. 40 Ibid.: 545-546. 41 Sobre Obregón: Krauze (19871), Hall (1981). 42 Córdova, op. cit.: 205-206. 43 Ibid.: 218. 44 J. Meyer (1992): 149.

45 Clark, op. cit.: 64-65. Ahí pueden verse los once puntos del plan, que van desde la creación de una secretaria, que se encargará a alguien preocupado por los obreros, hasta el establecimiento de reuniones periódicas (cada tercer día) entre la CROM y el presidente. 46 J. Meyer, op. cit.: 150. 47 Ibid.: 148. 48 Ibid.: 150. 49 L. Meyer (1972): 25. Venezuela empieza a producir en 1917 y alcanza la producción de México en 1927 con 64.4 millones de barriles (México había producido 193 millones en 1921 y venía en declive). Para 1930, Venezuela producía 137 millones y México sólo 39.5. Véase Brown (1985): 364 quien concluye que el movimiento de las empresas petroleras a Venezuela no fue causado por el «nacionalismo revolucionario» sino por la «pérdida de competitividad del petróleo mexicano» (p. 385). 50 J. Meyer, op. cit.: 150-151. 51 Ibid.: 151. 52 Tobler, op. cit.: 429, calcula sólo la mitad del ejército en el levantamiento. 53 Y algunos que no eran generales, pero fueron nombrados para poder ser fusilados, como Ramón Treviño. Ibid.: 433. 54 J. Meyer (1977): 53. 55 Ibid.: 84. 56 Ibid.: 115, 211. 57 J. Meyer (1994): 11-148. 58 Tobler, op. cit.: 445. 59 Ibid.: 447-448. 60 Garrido (1986): 83. 61 Ibid.: 86; Córdova (1995): 113SS. 62 Portes Gil reparte 1.7 millones de hectáreas. De 1917 a 1929 se habían repartido 4.4 millones. El promedio mensual de repartición en esos doce años era de 25 mil hectáreas. Con Portes Gil creció a 121 mil, casi cinco veces. Datos de INEGI (1999). 63 Garrido, op. cit.: 91-93. 64 Tobler, op. cit.: 452. Según Garrido (1986): 120, fueron 52 diputados y 4 senadores. Después de la purga, de 227 diputados, 221 se declararon parte del Bloque Nacional Revolucionario.

65 J. Meyer (1977): 54 66 Garrido, op. cit.:121, 136. 67 Tobler, op. cit.: 517. 68 Ibid.: 520; L. Meyer (1978a): 37. 69 Ibid.: 46. 70 Ibid.: 90. 71 Córdova (1973): 348-349. 72 L. Meyer, op.cit.: 273. 73 Meyer, op.cit.: 185-187; Garrido, op. cit.: 141-155; la cita en p. 146. 74 J. Meyer, op. cit.:76. 75 Tobler, op.cit.: 501. 76 Ibid.: 508. 77 Ibid.: 510. 78 Ibid.: 458-459. 79 Calvert (1969a) : 516.

4. LA EXPANSIÓN ECONÓMICA 1 Lynch (2003): 39. «El prototipo de rebelión colonial se dio en Nueva Granada. Allí la rebelión de los “comuneros” fue una protesta encabezada por los criollos contra la innovación fiscal y la política de nombramientos», Ibid., p.45. 2 Pérez Herrero (2003): 348. 3 Carrera Damas (2003): 47. 4 Chevalier (1976): 71. 5 Coatsworth (1990). 6 R. Garner, (s. a.). 7 Bazant (1981). 8 Marichal (2002). 9 Una excelente bibliografía del Porfiriato es Tenorio Trillo y Gómez Galvarriato (2006). 10 Aguilar (1947). 11 Véase, por ejemplo, Marichal. op. cit.: p 93. 12 Calderón (1955): 376 SS. Las nueve iniciativas corresponden al numeral 3025 de la memoria de Romero (1870), aunque Manuel Yáñez sólo consigna las seis primeras iniciativas (Yáñez [1958]: 151-152). Por otra parte, Romero también establece criterios de contabilidad pública, para la «conservación de la tranquilidad pública», que concentran la vigilancia en la secretaria de Hacienda (numeral 207): «La oficina que concentre la contabilidad fiscal debe ser la secretaría de hacienda, tanto porque a ella corresponde este deber, cuanto porque sólo cumpliéndolo es posible ejercer eficazmente la sobrevigilancia que debe tener sobre las oficinas de hacienda». Y así es desde entonces, la secretaria de Hacienda se cuida de mantenerse lo más autónoma posible. Por cierto, las malas costumbres son difíciles de corregir, las alcabalas (impuestos al comercio interior) que Romero quería desaparecer en 1870 lograron llegar hasta 1971. Al respecto, Aboites (2001). 13 Romero (1870), numeral 3036. 14 Romero (1870), numeral 3037. 15 Calderón, op. cit.: 415. 16 Ibid.: 501-524. Mejía es calificado por Calderón como un ministro demasiado audaz, tal vez rayando en la irresponsabilidad, que a diferencia de Romero acostumbraba sobreestimar los ingresos al enviar los presupuestos al Congreso, de manera que durante todo el gobierno de Lerdo la única manera de evitar la quiebra (o incurrir en endeudamiento excesivo) fue suspender las obras públicas.

17 Peralta Zamora (1965): 898. 18 Marichal, op. cit.: 94. 19 Rosenzweig (1965): 793. 20 Ibid.: 797. La aplicación del sistema decimal, también originaria de 1867, en cambio, no se aplicó con tanta suerte. Durante buena parte de este periodo las piezas menores en circulación seguían el sistema octaval español: peseta (25 centavos), real (media peseta), cuartilla (cuarto de real) y flaco (media cuartilla) pp. 789SS. Sin embargo, durante el Porfiriato habrá normalmente escasez de moneda fraccionaria, que no era del interés de las casas de moneda. 21 Ibid.: 793. 22 Torres Gaytán (1944): 45-46. 23 Rosenzweig, op. cit.: 869-870. 24 Manero (1958). En el gobierno de Comonfort se otorgó concesión a los señores Ligar de Lebessart y socios para establecer un banco de emisión, el Banco de México, S. A. con privilegio de emitir billetes por diez años, con un capital de cinco millones de pesos, también mediante un decreto, expedido el 29 de julio de 1857. Sin embargo, la turbulencia política impidió su realización. 25 Rosenzweig, op. cit.: 801-802. 26 Ibid.: 803-804; Manero, op. cit.: 9. El primer banco que aceptó depósitos a la vista fue el de Nuevo León, en 1893 (40 mil pesos). El primero capitalino fue el BLM, que llegó a ofrecer un pago de 8% de interés sobre saldos diarios en la cuentas de cheques que excedieran de mil pesos. Estos intereses se liquidaban el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Rosenzweig, op. cit.: 830-831. Por parte del gobierno federal, la primera iniciativa fue un decreto que autorizaba al Monte de Piedad a «expedir certificados impresos como justificante de los depósitos confidenciales que aquel establecimiento recibiera, los cuales debían ser reembolsables a la vista y al portador, pudiendo llegar el monto de la emisión hasta el importe total de los fondos del Montepío». Ibid.: 802. 27 Ibid.: 837. 28 Ibid.: 807-808. Con un capital inicial de veinte millones, estaba autorizado a emitir billetes hasta por el triple de sus existencias metálicas. Estos billetes podrían utilizarse para pagar impuestos, facultad negada a otros bancos. 29 Ibid.: 810-812. Casasús, Labastida, Manuel Dublán y Vicente Riva Palacio se negaron a firmar la iniciativa, mientras que el Banco de Londres se amparó. 30 El 20 de abril de 1896, el Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de bases generales para el otorgamiento de concesiones bancarias, y el decreto relativo fue expedido el 3 de julio de 1896. La ley se publicó el 19 de marzo de 1897. Manero, op. cit.: 11. En 1889 se publica un nuevo Código de Comercio, que en su artículo 640 ordenaba que, mientras no se expidiera una ley general de instituciones de crédito, las instituciones bancarias deberían regirse por contratos bilaterales con el Ejecutivo federal y aprobados por el Congreso de la Unión, lo que acababa con los privilegios del BNM. La discrecionalidad de este nuevo código provocó la creación de instituciones de crédito en forma anárquica e incongruente. Antes de la ley de 1897, los bancos que se encontraban operando, además del BNM, el BLM y los dos de Chihuahua, eran el Banco Yucateco y el Banco Mercantil de Yucatán, fundados en 1889; el de Durango, de 1890, y los bancos de Nuevo León y Zacatecas, de 1891. Además, había concesiones para bancos en Jalisco, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Sonora. Era un sistema caótico con concesiones a diversos términos, capitales mínimos no uniformes, plazos de concesión que variaban de 15 a 25 años, capital exhibido entre 40 y 50%, emisiones garantizadas con 33 o 50% en metálico, y denominaciones también sin uniformidad. 31 Rosenzweig, op. cit.: 828-829; Manero, op. cit.

32 Maurer (2002): 51. 33 Calderón, op. cit.: 614-658. 34 Ibid.: 661-664. 35 Kuntz (1992a): 126. 36 Calderón, op. cit.: 492- 516. 37 Apudibid.: 508-509. 38 Ibid.: 518-522. 39 Ibid.: 566-567. El Central aportaba ya 3 151; el Nacional (México-Laredo), 1 737; el Internacional (Durango-Cd. Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras), 1 176; el Monterrey-Golfo (Tampico): 625, y el Mexicano del Sur (Tehuacán-Oaxaca), 367 kilómetros. 40 INEGI (1999), cuadro 15.14. 41 Coatsworth (1976): 1, 17. Véase también la referencia a O’Brien en Kuntz (1992b): 15. 42 Coatsworth, op. cit.: 1, 148. También Kuntz, op. cit.: 26-27. 43 Coatsworth, op. cit.: n, 7, 14. 44 Kuntz, op. cit.: 22. 45 Kuntz (1992a): 121. 46 Ibid.: 118. 47 Ibid.: 128-130. 48 Kuntz (1992b): 30. 49 Ibid.: 29-30; Riguzzi (1995): 173, García Martínez (2004): 88-89. 50 Kuntz, op. cit.: 28-29. Riguzzi, op. cit.: 168. 51 Marichal (1998): 196. 52 Gómez Galvarriato (1997): 201. 53 Beatty (2001): 39. 54 Riguzzi (2002):121, 125-126, 147. 55 Maurer y Haber (2002): 24. 56 Ibid.: 46. Pero si se compara con lo ocurrido durante el siglo XIX, hay sin duda un gran avance. Cf. Bernecker (1992). 57 Beatty, op. cit.: 8-12, 21. 58 Katz (1992): 65. 59 Carmagnani (1994) 263; Rosenzweig (1992). 60 Beatty, op. cit.: 10-11. 61 Ibid.: 78. 62 Ibid.: 191. 63 Ibid.: 11-12. 64 Ibid.: 55-58, 190. 65 Kuntz (2002): 162-166. 66 Ibid.: 172. 67 Márquez (2002): 314. Acerca de las tarifas diferenciadas y el apoyo a la industrialización, véase también Haber, Ramo y Maurer (2003): 124-130. 68 Ibid. (2003): 188. 69 Las referencias clásicas: Coase (1960); Alchian (1965); Demsetz (1967); Grossman y Hart (1986), y Williamson (1996). Además, se puede ver Parisi (1995) y Furubotn y Richter (1991) para un panorama general de los costos de transacción, derechos de propiedad y desempeño económico. 70 En la misma línea teórica, las referencias clásicas son North (1993) y North y Thomas (1973). Un excelente trabajo reciente en esta línea es Greif (2006). 71 Haber, Razoy Maurer, op. cit.: 3-4. Véase también la introducción en Haber (ed.) (2002). 72 Haber, Razoy Maurer, op. cit.: 20; Haber (ed.) (2002): 27. Para el Porfiriato, tal vez el ejemplo más importante sea Lord Cowdray (Pearson); véase el excelente libro de

Connolly (1997). 73 Haber (2002): 331.

5. LOS CONFLICTOS DEL CAMBIO 1 Tutino (1990): 313. 2 Ibid.: 278. «La crisis política de 1910 condujo a un derrumbe del poder del Estado no simplemente a causa de la dificultad de hallarle un sucesor a Díaz, sino por escisiones subyacentes entre miembros de la elite mexicana. Fue la guerra entre facciones de la elite divididas por intereses conflictivos lo que destruyó la cohesión del Estado mexicano y permitió que las insurrecciones revolucionarias empezaran en 1910 y duraran cerca de dos décadas». 3 Gutelman (1980): 72-73. 4 Mokyr (ed.) (2003) bajo «Industrial Revolution». 5 Respecto del origen de la encomienda y su aplicación en América, véase MacLachlan (2001): 697-698. De ahí a la p. 710, acerca de los primeros años de las encomiendas. 6 Chevalier (1976). 7 Leal y Huacuja (1982): 10.

8 Brading (1975): 107. 9 Nickel (1988): 19. 10 Bazant (1975): 307. 11 Nickel, op. cit.: 66-67. 12 LealyHuacuja, op. cit.: 26. 13 Mörner (1975): 30. 14 Tutino, op. cit.: 197. 15 Ibid.: 195. 16 Ibid.: 196. Por cierto, con la Independencia las cosas realmente empeoraron para los indios: «Aunque la Corona Española era muy ineficiente para controlar los abusos del sistema de haciendas, sólo cuando los trabajadores indios se convirtieron en ciudadanos nominales de las repúblicas independientes sufrieron el impacto total de las fuerzas predatorias sociales y económicas liberadas por la conquista, tres siglos antes». Morse (1982): 50. 17 Tutino, op. cit.: 206. 18 Ibid.: 191-192; Mendieta y Núñez (1959): 104-105, también 127SS. Para los intentos agraristas de Maximiliano en 1866, véanse los decretos en Fabila (1981): 149-155. 19 Tutino, op. cit.: 222. En González Roa y Covarrubias (1981), una descripción de las adjudicaciones de 1857 en adelante, 36SS. 20 Tutino, op. cit.: 224. 21 Tutino (1990): 225. 22 Bazant citado en Mörner, op. cit.: 28. Véase también Mendieta (1959): 96SS. 23 Mörner, op. cit.: 28. 24 Tutino, op. cit.: 214-215. 25 Ibid.: 216-220. 26 Ibid.: 227. 27 Ibid.: 226. 28 Nickel, op. cit.: 94. 29 Ibid.: 143-144. 30 Mörner, op. cit.: 41. Continúa: «Es curioso observar que, en un artículo reciente, Robert Keith coincide en una interpretación muy análoga, aunque no formulada en términos marxistas. Según lo estima Keith, la encomienda era “esencialmente una institución

precapitalista”, bien que modificada por rasgos capitalistas; mientras que la hacienda seria en lo fundamental una institución capitalista corrompida por rasgos “feudales”». 31 Leal y Huacuja, op. cit.: 13. Aunque dos páginas antes opinan que la racionalidad de la hacienda «buscaba vender lo máximo y comprar lo mínimo por vía monetaria. Y ello no sólo por la escasez de circulante que caracterizó a los siglos XVII, XVIII y XIX, sino, sobre todo, porque éste era un mecanismo que permitía la valoración de excedentes producidos en condiciones económicas muy distintas». 32 Nickel, op. cit.: 68-69. Cf. Mörner, op. cit.: 23. Parece claro que, para fines del siglo XIX, la hacienda ya no es una institución esencialmente medieval, y lo académicamente relevante es establecer la importancia relativa de la modernidad y la tradición. 33 Leal y Huacuja, op. cit.: 10. 34 Nickel, op. cit.: 104-105. Leal y Huacuja no coinciden con las fechas que propone Nickel y colocan el inicio en tiempos de la República Restaurada y el final hacia 1914. Leal y Huacuja, op. cit.: 14. 35 Nickel, op. cit.: 142. 36 Tutino, op. cit.: 229. 37 Ibid.: 234. 38 Gutelman, op. cit.: 51-52. 39 Ibid.: 48. 40 Carmagnani (1994): 260-262. 41 Nickel, op. cit.: 109-111. 42 Lloyd (1988a): 73. 43 Nickel, op. cit.: 110. 44 Lloyd, op. cit.: 74. Véase también Lloyd (1988b). 45 Tutino, op.

cit.: 241. «Más de 90% de la superficie y 97% de su valor correspondió a esas nacientes zonas de exportación. En los estados fronterizos norteños, el número de haciendas casi se duplicó entre 1877 y 1910, mientras los ranchos más pequeños aumentaban cinco veces. En los estados del litoral meridional también subió casi al doble el número de haciendas, mientras los ranchos se triplicaban».

46 Nickel, op. cit.: 115. 47 Tutino, op. cit.: 238-240. 48 Katz (1980): 25. 49 Ibid.: 32. 50 Tutino, op. cit.: 246. 51 Katz, op. cit.: 33. Frente a ello, Katz identifica algunos factores que podrían explicarlo, aunque ninguno le satisface: el incremento en la demanda de los productos de las plantaciones, la existencia de población desposeída, la falta de alternativas productivas como industria o minería, la voluntad del gobierno para sostener este sistema «neoesclavista» o incluso el aislamiento del sur del país. La fuente clásica acerca de las plantaciones en el Porfiriato, que Katz usa extensivamente, es Kaerger (1986). 52 Katz, op. cit.: 29. 53 García de León (1988): 76-77. 54 Tutino, op. cit.: 256. 55 Bazant (1980): 125. 56 Tutino, op. cit.: 279. 57 Katz, op. cit.: 44-45. 58 Gutelman, op. cit.: 43. En nota al pie, Gutelman nos recuerda el origen medieval del acasillamiento, al compararlo con los achasés merovingios. 59 Leal y Huacuja, op. cit.: 14-15.

60 Katz, op. cit.: 35. 61 Bazant (1975): 307. 62 Gutelman, op. cit.: 51. 63 Nickel, op. cit.: 167. 64 Ibid.: 169-170. 65 Ibid.: 151. 66 Katz, op. cit.: 48. 67 Tutino, op. cit.: 269. 68 Katz, op. cit.: 36. 69 Brading (1975): 131. 70 Brading, op. cit.: 26. 71 Ibid.: 25. 72 Buvé (1998): 121SS. 73 Katz, op. cit.: 37. 74 Nickel, op. cit.: 168. Gómez Galvarriato (2016) sostiene que «la investigación basada en documentos de haciendas y compañías muestra que es muy difícil defender la visión de las tiendas de raya reflejada en la historiografía previa». Su estudio es acerca de las haciendas y textiles de la zona centro de Veracruz, pero abona en la dirección que Nickel apuntaba. Acerca de las haciendas de la familia Cusi, véase CiLsi (1955). 75 Nickel, op. cit.: 140-141. 76 Tutino, op. cit.: 35. 77 Ibid.: 36. 78 Ibid.: 37. 79 Este marco de referencia que propone Tutino no sólo es útil para analizar mejor la situación rural. Nos puede ayudar también para entender el comportamiento urbano, en el que la seguridad es mayor que en el campo por cuestiones naturales, y más homogénea, de manera que la movilidad resulta ser la característica determinante. Una persona que vive en la ciudad tiene una autonomía muy reducida, porque depende por completo del mercado para obtener los bienes que consume; su seguridad está determinada por el comportamiento del mercado laboral en la ciudad, así que es sólo la movilidad en el interior de este mercado o, en caso extremo, fuera de él, lo que fija la probabilidad de que participe en un levantamiento armado. Es por eso mucho más común la aparición de mercados informales y de redes sociales de seguridad que de revueltas urbanas. 80 Ibid.: 310. 81 Betanzos lo ve así: «La opinión de los más reconocidos estudiosos de la Revolución varía, pero en lo general confirma la inexactitud de la visión fundamentalmente agraria» y procede a describir las amplias variantes entre los expertos más reconocidos, para comprobar que la idea de un origen agrario de la Revolución no tiene sustento, Betanzos y Montalvo (1988): 26-27. 82 Tutino, op. cit.: 33. En referencia al trabajo de Walter Goldfrank, dice Tutino, «analiza las oportunidades que permitieron a la violencia agraria en México iniciarse y persistir. El descontento agrario de las masas es postulado como singularmente importante, pero los estudios disponibles sobre las rebeliones rurales sólo le permitieron explicar esas insurrecciones en una mínima parte». 83 Betanzos (1988): 232. 84 Betanzos y Montalvo (1988): 13. No sólo eso: también hubo muchos que recibieron tierra sin pedirlo ni quererlo, Meyer (1973): 226. 85 Katz, op. cit.: 21. 86 Tutino, op. cit.: 264.

87 Ibid.: 271. 88 Nickel, op. cit.: 285. 89 Tutino, op. cit.: 248-250. 90 Ibid.: 250. 91 Ibid.: 287. 92 Brading, op. cit.: 27. En palabras de Jean Meyer: «La revolución mexicana, ¿primera revolución agraria del siglo XX?, solamente se puede considerar como tal retrospectivamente, a la luz del episodio cardenista, y gracia a los juegos ideológicos de la perspectiva», op. cit.: 267. 93 En 1984, Benjamín y Ocasio-Meléndez también se sorprendían de lo poco que se sabía del Porfiriato. Su recuento bibliográfico es interesante, pero hoy también contamos con el de Tenorio Trillo y Gómez Galvarriato (2006). 94 Hermosa (1857): 45-46. 95 Haber (1989): 7. 96 González y González (1956): 411. 97 Ibid.: 412-416. 98 Ibid.: 421. 99 Nacido en Grecia en 1828, llega a México para aprovechar la invitación de Comonfort a la colonización (1860). Junto con estudiantes de San Ildefonso funda la Escuela de Filosofía Trascendental. Su primera comunidad, en Chalco, fracasa. En julio de 1865 participa en la huelga de las fábricas de San Ildefonso y La Colmena. En 1866 intenta fundar en Chalco un falansterio, pero nuevamente fracasa. Impulsa la fundación del Gran Círculo de Obreros de México en 1870. Hacia 1879 promueve la entrada del mormonismo a México, del que será el primer sacerdote. En 1880 intenta por tercera vez instalarse en Chalco; regresa a Europa en 1886. Los datos en Musacchio (1989). Acerca del papel de Rhodakanaty y «La Social», véase Lida e Illades (2001). 100 Clark (1979): 12. Aunque la historia del mutualismo puede rastrearse hasta 1843, tiene auge a partir de la Intervención. Para 1882, cerca de dos docenas de sociedades mutualistas están registradas en la ciudad de México (González Navarro, 1957: 345). 101 Trejo Delarbre (1984): 16-17. 102 González y González, op. cit.: 429. En 1878 se funda el Partido Socialista Mexicano, que publica la Revolución Social, junto con una de los periódicos obreros de mayor circulación, El Socialista; Lida e Illades, op. cit.: 131. 103 González y González, op. cit.: 441. Aunque cabe mencionar que ya antes, en 1875, el Gran Círculo se había reunido con el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada. 104 Ibid.: 445. 105 González Navarro, op. cit.: 351. 106 Ibid.: 355. 107 Trejo Delarbre (1984): 18. 108 Clark (1979): 16. También es importante no menospreciar el impacto de la heterogeneidad de los trabajadores. Al respecto, un interesante análisis de los diferentes «proletariados» en dos empresas del mismo ramo y entidad está en Von Mena (2001). 109 Facsímil del original, en Congreso (1978), tomo u, p. 307. 110 González Navarro op. cit.: 281. 111 Ibid.: 298. 112 Ibid.: 291-294. 113 Trejo Delarbre (1984): 18. En realidad, según González Navarro op. cit.: 298, esa cifra corresponde a las huelgas de todo el Porfiriato. 114 Ibid.: 298.

115 Ibid.: 356. 116 En esto prácticamente no hay discusión. Al hablar de la Revolución, Knight dice «lo que enfáticamente no fue, fue una revolución de trabajadores» (1989): 51. 117 Gómez Galvarriato (2002): 291. 118 Ibid.: Tabla 9.1, 292. 119 Ibid.: 296-297. 120 Ibid.: 290. 121 Idem. 122 El primer contrato de la industria textil es de julio de 1912. Para 1925 se renegocia, y en 1927 hay un segundo contrato, Bora (2002): 273-274. 123 Ibid.: 260-262. 124 «La fundación de la Casa en la ciudad de México en julio de 1912 fue la culminación de una serie de reuniones y discusiones de un pequeño grupo de hombres convencidos de que los cambios sociales y económicos eran de gran y urgente importancia [...] Se contaban entre ellos Antonio Díaz Soto y Gama, más tarde uno de los fundadores del Partido Nacional Agrarista, Celestino Gasca, prominente general revolucionario, Lázaro Gutiérrez de Lara, Manuel Sarabia, Pioquinto Roldán, Rafael Pérez Taylor». (Clark, 1979: 27). En cambio Ruiz (1978): 72: «En julio de 1912, la Casa del Obrero Mundial fue fundada por discípulos de Pedro Kropotkin y de Max Simón Nordau. Sus jefes anarcosindicalistas predicaban la huelga general y el sabotaje como medios de destruir el sistema capitalista. [...] Los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial designaron como su modelo intelectual a la revolución comunista de París del 18 de marzo de 1871, la cual, en su opinión, era un ejemplo para el obrero mexicano de lo que el hombre común era capaz de hacer». 125 Clark, op. cit.: 28. 126 Ruiz, op. cit.: 63. Knight (1984): 75. 127 González Casanova, (1984): 12-13. 128 Clark, op. cit.: 32. «Carranza contrajo este acuerdo de mala gana. Cuando fueron a verlo los representantes de la Casa respondiendo a la insistencia de Obregón de que hicieran saber al primer jefe su intención de tomar parte activa en la Revolución, Carranza les dio una fría bienvenida y expresó sus sospechas sobre la Casa. Pero, más tarde, a medida que se vio más y más presionado, aceptó la ayuda que le ofrecían y que Obregón ya había aceptado ansiosamente». 129 Ruiz, op. cit.: 73. Sin embargo, a pesar de los deseos revolucionarios de Ruiz, en realidad los obreros y los campesinos no se tenían mucha voluntad, ni se imaginaban como socios: Knight (1984): 16-17. 130 Gómez Galvarriato, op. cit.: 295: «En diciembre de 1915, Agustín Millán, gobernador provisional de Veracruz publica una Ley de Asociaciones Profesionales que permite la creación de sindicatos. Al mes siguiente, Cándido Aguilar la vuelve a publicar, habiendo retomado el puesto de gobernador. Para 1916, aun sin ser totalmente legales los sindicatos de Orizaba, se firma un acuerdo entre ellos, los gerentes de las empresas y Cándido Aguilar, dando preferencia a la contratación de sindicalizados, y permitiendo a los sindicatos el despido de trabajadores que no desearan sumarse». 131 Ruiz, op. cit.: 79. 132 Ibid.: 80. 133 Ruiz narra el enfurecimiento de Carranza, la dispersión y encarcelamiento de los huelguistas y el casi fusilamiento del Doctor Atl, ibid.: 81-82. 134 Clark, op. cit.: 41. Knight, op. cit.: 76-77. 135 Bora, op. cit.: 265. 136 Clark, op. cit.: 45-46.

137 Bortz, op. cit.: 268. 138 Gómez Galvarriato, op. cit.: 295-296.

6. REVOLUCIÓN Y ECONOMÍA 1 Cf.

Matute (1995): 226, en donde se estima la mortandad producto de la violencia en 300 mil personas, sin especificar cuántos son producto directo de dicha violencia y cuántos resultado de epidemias que sí pueden asociarse a ella, como el tifo. Para la migración, Gutmann et al. (2000) estiman en poco menos de 380 mil los migrantes en la década (p. 156), lo que, de acuerdo con ellos, representa un exceso de 136 mil personas, producto de la Revolución y, en su opinión, de la situación económica (p. 161SS). Para el cálculo de población de los menores de diez años, hay datos de INEGI (1999) provenientes de los censos de población. Finalmente, la epidemia de influenza española de 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas en el mundo: Knobler et al. (2005): 58: «La pandemia de influenza de 1918-1919 mató más gente en números absolutos que cualquier otro brote de enfermedad en la historia. Un estimado contemporáneo colocó la cifra en 21 millones, dato que se mantiene en los medios pero subestima el número real [...] Frank Macfarlane Burnet, que ganó el Nobel por inmunología pero ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar la influenza, estima las muertes en probablemente 50 millones y posiblemente tantas como 100 millones. Un estudio epidemiológico de 2002 también estima las muertes entre 50 y 100 millones». 2 González y González (1987a): 245SS. (1984): 115SS. 3 Vernon (1963): 79. 4 Hansen (1971):42. 5 Reynolds (1973): 44. 6 Solís (1971): 88. 7 Varios (1960), en particular tomo I. Economía. El libro de James Wilkie La Revolución Mexicana. Gasto federal y cambio social, a pesar del subtítulo, no tiene análisis del periodo armado que valga la pena referir; trata más bien del régimen de la Revolución. Wilkie (1978). 8 Varios (1960): 571 SS.

9 Manero (1958); Rosenzweig (1965). 10 Manero, op. cit.: 36. Sobre la crisis de 1913-1914, véase también Knight (1990): 129137. El sistema bancario porfiriano, por diseño, estaba distribuido geográficamente, pero no todos sobrevivieron la Revolución. Los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Morelos perdieron todos sus bancos. Los del Norte sobrevivieron más. Véase sobre esto en Haber, Razo y Maurer (2003): 113. 11 Cálculos propios con base en información de la National Bureau of Economic Research, NBER (s. a.). 12 El análisis detallado de la actividad económica de México, así como las estimaciones de actividad, en Schettino (2007a). 13 (INEGI, op. cit.): 307. El uso de las estadísticas de INEGI para el periodo que analizamos tiene serios riesgos. Por ello se ha confrontado esta información con trabajos más detallados de historiadores económicos. En cualquier caso, existe una polémica, un tanto falaz, que coloca de un lado a los historiadores de la «nueva historia cultural» y del otro a los de la «nueva historia económica». Los primeros mantienen un rechazo muy marcado a cualquier tipo de estadísticas (véase, por ejemplo, Mallón [1999], Van Young [1999] y Vaughan [1999]), mientras que los segundos las consideran elementos importantes en la explicación de los hechos históricos (Haber [1997] y [1999]). En medio de ellos, aunque con cierta suspicacia por los números, Alan Knight actuó como árbitro en Knight (2002a), sosteniendo que no podemos partir de que la información cuantitativa sea, de entrada,

superior a la cualitativa, con lo que sin duda se puede estar de acuerdo. Sin embargo, en fecha más reciente, San Miguel (2004) lanza una invectiva con forma de artículo a la que Kuntz (2004) responde de manera contundente. En suma, el análisis cuantitativo de este capítulo tiene el objetivo de documentar, de la mejor manera posible, la situación real de la esfera económica mexicana durante la Revolución y los años de los sonorenses. Sin considerar las estadísticas como el elemento explicativo principal, me parece que aportan suficiente evidencia como para interpretar mejor otras fuentes. 14 Haber, Razo y Maurer (2003): 286 sostienen que hay también nuevas cosechas de carácter comercial y de exportación durante el periodo. 15 Idem. 16 Coatsworth (1990): 177. 17 Cálculos propios con datos de las hojas de balance de FAOstat (s. f.). 18 Haber, Razoy Maurer (2003): 317. Un bushel de maíz equivale a 56 libras, 25.5 kilogramos. Los tres millones de bushels de importación representan poco más de 76 mil toneladas, más o menos el 4% de la producción de México en ese momento. 19 Angulo (1946): 19. 20 Más información acerca de otros productos relevantes de exportación, como plátano, café, etc. pueden encontrarse en Haber, Razo y Maurer, op. cit. y en INEGI, op. cit. No modifican significativamente el índice aquí propuesto. 21 Haber, Razo y Maurer, op. cit.: 221. 22 Haber (1989). 23 «Lo que podemos decir con certeza es que la fuerte caída en inversión y producción que ocurrió de 1914 a 1917 en México también ocurrió en Brasil, Argentina y Chile como consecuencia de la Primera Guerra Mundial» Haber, Razo y Maurer, op. cit.: 188.

24 Como curiosidad, Reynolds, op. cit. incluye un apéndice en donde compara las diferentes estimaciones realizadas para el periodo 1895-1930, excluyendo 1910-1921. De cualquier manera, la referencia tradicional ha seguido siendo la estimación de Pérez López. 25 Además de Womack, ya referido, también Hans Werner Tobler insistía en que «no se puede hablar de un derrumbe dramático y general de la economía mexicana en esta década», Tobler (1994): 527. 26 Krauze (1977): 211. 27 La situación económica con véase Knight (1990): 406- 435. 28 Krauze, op. cit.: 182. 29 Ibid.: 29. 30 Tobler, op. cit.: 535. 31 Beatty (2001): 204. 32 Knight (1990): 497. Acerca de las bases en el Porfiriato, 508. Más importante, Knight percibe este proceso de modernización como la aceleración de una transición secular, que hubiese ocurrido independientemente de la Revolución, 512. 33 Krauze, op. cit.: 200. 34 Ibid.: 208-209. Ahí aparece un cuadro con las leyes creadas y modificadas durante el periodo de Calles. 35 Tobler, op. cit.: 530. 36 Haber (2002): 332. 37 J. Meyer (1977): 340-343.

38 Haber, op. cit.: 332. 39 Ibid.: 332-333. Se refiere a Gómez Galvamato (2002). 40 Tobler, op. cit.: 537. 41 Krauze, op. cit.: 153-154.

42 Sobre las renegociaciones de la deuda externa en el periodo de los sonorenses, véase Zebadúa (1994): 223-254 y Anaya Merchant (2002): 252-287. Las evaluaciones de los banqueros sobre la capacidad de pago de México, en Sterret y Davis (1994) y Sherwell (1994). Es también relevante Pani (1926), especialmente para la recuperación fiscal (3563), bancaria (65-92) y del crédito público (93-110). Véase también Iturriaga (1976). 43 J. Meyer, op. cit.: 283-284. Acerca de la reconstrucción bancaria, y en especial el Banco de México, véase Manero (1957), (1958) y (1992). 44 Krauze, op. cit.: 50. 45 Ibid.: 150. 46 Memorándum de Manuel Gómez Morin, 26 de mayo de 1928, citado en J. Meyer, op. cit.: 286-289. 47 Krauze, op. cit.: 183-184. 48 Ibid.: 192-193. 49 Ibid.: 198. 50 Knight, op. cit.: 505-506.

7. EL NUEVO MAPA POLÍTICO 1 Gutelman (1980): 75. 2 Cabe mencionar que esta interpretación aparece, al menos, desde 1930: «El Agrarismo no fue responsable del inicio de las revoluciones del siglo XIX pero, una vez iniciada la Revolución, se convierte en el principal combustible para los líderes revolucionarios», dice Handman en Handman, Sterret y Tannenbaum (1930): 63. 3 Bartra (1982): 16. 4 Ibid.: 18, cursivas de Bartra. En la misma línea de argumentación, ve que «las convulsiones políticas dentro del Estado no fueron un simple reflejo de la lucha de clases, sino la misma lucha de clases instalada —en toda su grandeza y con toda su violencia— dentro del propio Estado», 33-34, y finaliza viendo el periodo 1928-1934 como la etapa termidoriana, que no es simplemente el reacomodo de las facciones políticas, sino el «resultado de las luchas sociales y expresión de la ruptura del pacto bonapartista», 27. 5 Ibid.: 31. 6 Musacchio (1989); Fowler Salamini (1979): 50-54, 63. 7 Meyer (1978b): 260-287, especialmente 274-275. Fowler Salamini, op. cit.: 122; Ginzberg (2000) ofrece un análisis del movimiento político de Tejeda y su soporte municipal. 8 Fowler Salamini, op. cit.: 58; Falcón (1977): 34SS. 9 Fowler Salamini, op. cit.: 141-142. 10 Ibid.: 143. Para una explicación de las organizaciones campesinas en la visión tradicional, véase Reyes Osorio et al. (1974): 579-633. 11 Garrido (1986): 147. 12 Fowler Salamini, op. cit.: 150-151; Falcón, op. cit.: 73. 13 Fowler Salamini, op. cit.: 151-153, Falcón op. cit.: 88-90. 14 Fowler Salamini, op. cit.: 153. De hecho, el gobierno decidió terminar con el ejército paralelo de los agraristas, Falcón, op. cit.: 110SS. 15 Knight (1990):515, (1998): 23. 16 Krauze (1977): 136-137, Cf la periodización de Nickel que comentamos en capítulos previos, que fecha el final de las haciendas hacia la segunda mitad de los años treinta. 17 Ibid.: 120-122. 18 Knight (1990): 515. 19 Gutelman, op. cit.: 125. Efectivamente, el texto constitucional original no menciona los ejidos, sino que, en su fracción VI se refiere a las «corporaciones de población», pero la reforma que incorpora el término ejido en las fracciones X y XI es aprobada por los

senadores el 20 de diciembre de 1933 y publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1934, no en 1928. Congreso (1978): tomo IV y 1996: tomo IV, 1495. Sobre el origen del ejido, véase Mendieta y Núñez (1959): 53. La primera referencia a esta palabra en Nueva España está en el ordenamiento 129 de poblaciones de Felipe II, 1523, en Fabila (1981): 8. En pp. 42SS. queda claro que el ejido no es enajenable desde entonces. Para las características coloniales del ejido, véase Durand (2002): 107SS. 20 Gutelman, op. cit.: 141. 21 Ibid.: 152. 22 Ibid.: 155. 23 Ibid.: 98-99. Cursivas de Gutelman. 24 Tobler (1994): 594. La referencia a Simpson (1937) es a la página 262, pero también en 439SS. Simpson abunda en lo que llama, en ese año, la crisis actual en la reforma agraria. 25 Gutelman, op. cit.: 110; J. Meyer (1973): 231. 26 Gutelman, op. cit.: 79-81. 27 J. Meyer (1994); González Navarro (2000). Una revisión bibliográfica hasta 1985 en Jrade (1985). Es de notar que González Navarro ha escrito más una historia de Jalisco en la primera mitad del siglo XX que un estudio acerca de los cristeros. Y también es llamativa su animadversión por Meyer, a quien sólo menciona en una ocasión (p. 15, tomo 1), no lo cita jamás, y le dedica (p. 12) la siguiente frase: «diez años después los vencidos se desquitan con una apología francesa que los exalta». 28 J. Meyer, op.

cit.: vol. H, 67SS. Especialmente: 84-87, sobre Zapata, y 96-97, sobre

Villa. 29 Ibid.: vol. II 102-108. 30 Tutino (1990): 18. 31 Bartra, op. cit.: 31. Cursivas de Bartra. 32 Tutino, op. cit.: 292-293. 33 Ibid.: 293. Tannenbaum, en cambio, califica a los Cristeros como «maleantes armados que hostigaban al gobierno» (1965): 66n. La crítica de Knight a esta caracterización, en (2000): 42. 34 Nótese, en cambio, el proceder tradicional de los líderes agrarios que reseña Fowler Salamini. 35 Clark (1979): 53. 36 Ibid.: 53-54. 37 González Casanova (coord.) (1984): 38-39, 47. 38 González Casanova, op. cit.: 50. 39 Ibid.: 61. 40 González Casanova, op.

cit.: 104-105.

41 Musacchio, op. cit., bajo «Confederación Nacional Católica del Trabajo». Acerca de los movimientos de origen católico no podemos extendernos demasiado, pero durante el primer cuarto del siglo tienen importancia tanto en cuestiones laborales como agrarias, e incluso a través de algún partido político (Cooperativista). Acerca de movimientos sociales de orientación cristiana (protestante), ver Bastian (1989). 42 Ruiz, op. cit.: 111-112. 43 Una buena descripción de las rentas económicas que genera la organización obrera (y que le cuestan a los consumidores, o en el caso del sistema completo, a todos) Easterly (2002). 44 Gómez Galvarriato (2002): 299-309. 45 Ibid.: 311. 46 Clark, op. cit.: 103.

47 Ibid.: 102. 48 Córdova, 1984: 19. 49 Idem. 50 Clark, op. cit.: 111-112. 51 Ibid.: 112. Para el ascensoy caída de la CROM, véase Middlebrook (1995): 77-83. 52 «En los años que había tenido poder, mantuvo —mediante el control de impresores, linotipistas, reporteros y otros empleados en los periódicos— una censura tan total que en ningún periódico, especialmente de la capital, podía publicarse nada que criticase de algún modo a los dirigentes o la política de la CROM [...] La CROM habíautilizado arrogantemente su poder y los grandes diarios estaban encantados de poder evadir la tiranía de esta censura obrera. Los reporteros fueron los primeros en abandonar los sindicatos de la CROM. A éstos les siguieron, con el estímulo del gobierno, los trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación y, más tarde, los obreros de las imprentas comerciales, especialmente en la ciudad de México. La CROM nunca ha vuelto a recuperar ningún poder en los periódicos ni en las imprentas». Clark, op. cit.: 117. 53 Córdova, op. cit.: 39-40. 54 Ibid.: 38. 55 Ibid.: 64-65. Véase también Hernández (1979): 121SS. y Knight (1998): 22-23. 56 Córdova, op. cit.: 92. 57 Ibid.: 96. 58 Ibid.: 115-116: «Con el tiempo los mexicanos, incluidos los proletarios mexicanos, fueron olvidando el hecho de que la legislación federal reglamentaria del artículo 123 fue en su momento una gran maniobra para imponer de manera definitiva el arbitraje sin apelaciones del Estado sobre las clases sociales fundamentales de la sociedad mexicana. El cardenismo ayudó en esa tarea. Pero en 1931 el hecho fue claro para todo mundo y la finalidad que perseguía estuvo en el centro mismo de la discusión pública; fue claro sobre todo para las organizaciones obreras, las primeras en oponerse al proyecto gubernamental y las primeras en denunciarlo como atentatorio de las libertades y derechos conquistados por las clases trabajadores en la reciente, cruenta historia de México». Ibid.: 109-110.

8. CÁRDENAS LA VERDADERA REVOLUCIÓN 1 Cf. Knight (1998): 20. 2 L. Meyer (1978a): 146-154. 3 El primer registro al respecto en los apuntes de Cárdenas es del 18 de abril de 1933, Cárdenas (1972): 1-218. En la entrada del día siguiente menciona por primera vez a Rodolfo Elías Calles, hijo de Plutarco, quien aparentemente fue importante en la decisión de su padre. 4 En sus apuntes, Cárdenas anota el 13 de mayo su plática informal con Abelardo L. Rodríguez respecto de su renuncia, que se realiza el día 15. Sin embargo, desde el día 3 registra el envío de un comunicado político a Calles para pedir su opinión. Se trata seguramente de su candidatura. Ibid.: i, 222-225. 5 González y González (1979): 170-172. 6 L. Meyer, op. cit.: 289. 7 Ibid.: 291. 8 Gutelman (1980): 102. 9 Id.: 102. (cita del plan sexenal en la p. 4). 10 Córdova (1984): 222-223. 11 Las organizaciones que se fusionan son: la CROM-depurada, la Federación Sindical del Distrito Federal, la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del estado de

Puebla, la cgt, la Confederación Federal de Electricistas y Similares, la Federación Sindicalista de Querétaro. Trejo Delarbre (1984): 33-34. 12 Ibid.: 27. 13 Córdova, op. cit.: 153-154. 14 Ibid.: 159-160. 15 Ibid.: 161. 16 Ibid.: 221-222: «Para esas fechas Cárdenas ya estaba en plena batalla por la Presidencia de la República, arrastrando en pos suyo todos los grupos y fuerzas políticas que reivindicaban los principios y el programa reformistas de la Revolución mexicana y de la Constitución de 1917 [...] La candidatura de Cárdenas tampoco fue obra de Calles, como también se dice, sino del apoyo de la mayoría de los revolucionarios; Calles no hizo otra cosa que sancionar, como árbitro supremo de la Revolución, lo que de antemano estaba decidido; cuando esto ocurrió, el cardenismo era ya la nueva fuerza hegemónica en el campo revolucionario y pugnaba abiertamente por la realización de las reformas sociales inscritas en la Constitución sobre la base del más amplio apoyo de las masas trabajadoras». 17 L. Meyer, op. cit.: 285; Middlebrook (1995):87-89 también parece percibir esta estrecha relación entre el movimiento obrero y Cárdenas. 18 Tobler (1994): 622. 19 Córdova, op. cit.: 230. Continúa: «De hecho, quien buscó permanentemente esa alianza fue el propio Cárdenas, mediante continuos ofrecimientos a los que la organización obrera respondió siempre con retardo y de manera velada, tratando en todo momento de diferenciarse de su poderoso cortejante [...] En este extraño diálogo no se puede por menos de admirar la enorme capacidad política y la audacia demagógica de Cárdenas, que contrastaba radicalmente con el viejo estilo de los revolucionarios a tratar la cuestión obrera». 20 Gutelman, op. cit.: 103. 21 González y González (1981) : 20-24. 22 Ibid.: 29. 23 Trejo Delarbre, op. cit.: 36. 24 Basurto (1983): 27, 42, 118, 159. 25 Tobler, op. cit.: 623-624: «Los sindicatos más activos en 1934-1935 fueron aquellos asociados en la CGOCM bajo Lombardo Toledano. Tanto esta ala sindical como los grandes gremios industriales al principio buscaron guardar distancia frente al gobierno de Cárdenas. Al comienzo el régimen de Cárdenas desde luego tampoco pudo esperar ningún apoyo de los comunistas. Esto cambió radicalmente con las declaraciones antisindicalistas de Calles en junio de 1935. En vista de la amenaza de un golpe de Estado de la derecha, los sindicatos más importantes se unieron en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, del que finalmente surgió en febrero de 1936 una nueva organización central de sindicatos, la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Cárdenas promovió enérgicamente la unión de los sindicatos en el conflicto con Calles, mientras que a su vez los sindicatos recibían un fuerte impulso mediante el apoyo del gobierno. Incluso los comunistas, en el contexto de su estrategia de un frente popular, consintieron en la nueva alianza con el régimen cardenista». 26 González y González, op. cit.: 37-38. 27 Ibid: 40-41. 28 Hernández (1979): 30; Knight, op. cit.: 23-25. 29 Hernández, op. cit.: 44-46; León y Marván (1985): 94-95. 30 Así lo recuerda Federico Barrera Fuentes, entonces reportero de Excélsior. Krauze (1987h): 97.

31 Trejo Delarbre, op. cit.: 37-38; Knight, op. cit.: 41; León y Marván, op. cit.: 174; la respuesta de los empresarios a Cárdenas en Ibid.: 83-85. 32 Trejo Delarbre, op. cit.: 38-39. 33 Tobler, op. cit.: 624. El «obrerismo» del gobierno es una necesidad política, no un enfrentamiento con el capital, según Anguiano (1975): 99. Acerca del apoyo obrero a Cárdenas contra Calles, véase Hernández, op. cit.: 142SS. 34 Krauze, op. cit.: 100-102. 35 Trejo Delarbre, op. cit.: 38-39. 36 Tobler, op. cit.: 635. 37 Ibid.: 637. 38 Haber, Razo y Maurer (2003): 288. Para el caso de los ejidos colectivos, véase Eckstein (1966). 39 Nickel (1988): 178. 40 Ibid.: 179-180. Acerca del origen del código agrario, véase Córdova (1995): 346-351. Él se lo atribuye a Ortiz Rubio, aunque es posible que haya sido Cárdenas, nuevamente a trasmano. 41 Tobler, op. cit.: 640. 42 Ibid.: 639. En la p. 626, Tobler analiza la aplicación de la Ley de Expropiación. 43 Ibid.: 636. 44 Nickel, op. cit.: 181. De la Peña (1997): 216 lo llama «populismo agrario», aunque ve también un impulso al mercado nacional con esto (p. 218SS). 45 Tutino (1990): 294-295. Pero no se debe olvidar el uso de la Reforma Agraria como instrumento contra los enemigos políticos: varias de las expropiaciones más notorias eran de callistas. Knight, op. cit.: 26. 46 Gutelman, op. cit.: 105. 47 Tobler, op. cit.: 644-645. Hace referencia a Buvé (1992). Como muestra: «Apango y Mendoza dependían en gran medida del apoyo federal. El largo periodo de este apoyo les permitió instrumentar en el nivel estatal —aunque lentamente— las estrategias clientelistas de apropiación y represión que los sonorenses habían puesto en marcha para movilizar y controlar al campesinado». 361. 48 Tobler, op. cit.: 644-645. 49 Tutino, op. cit.: 22. 50 Ibid.: 23. 51 Tobler, op. cit.: 649. 52 L. Meyer (1972): 17-18; Álvarez de la Borda (2005): 106-107. Sobre Pearson, aunque no trata mucho sobre el petróleo, el libro de Connolly (1997) es excelente. 53 L. Meyer, op. cit.: 189-218; para el acuerdo Morrow-Calles, 276-282. 54 Ibid.: 306-320. 55 Ibid.: 327-329. 56 Ibid.: 337. x57 Idem. 58 Ibid.: 340. 59 Ortiz Mena (1998): 22. 60 Knight, op. cit.: 60. 61 Gonzalo Santos narra en sus memorias cómo limpió «de basura» la casilla de Juan Escutia con, entre otros instrumentos, una ametralladora Thompson. Santos (1984). Véase también Knight, op. cit.: 65. 62 Cárdenas también impide que los trabajadores al servicio del Estado se sumen al movimiento obrero creando un estatuto especial para ellos. Véase Córdova (1989): 196-

198. Acerca de la dispersión de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, véase Hernández, op. cit.: 182-184. 63 Los movimientos para crear el prm inician en diciembre: León y Marván, op. cit.: 287288; Knight, op. cit.: 54SS.

9. EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 1 «Más acusadamente que los virreyes (que tenían contrapesos de poder y límites de tiempo) y tanto como don Porfirio, los presidentes de México seguirían la costumbre de atender lo nimio y lo trascendental, fungiendo a la vez como jefes de Estado y de gobierno. El monarca no sólo ejercía el poder absoluto: el reino era una extensión de su patrimonio personal. Igual que sus remotos antecesores, los presidentes de México pudieron disponer de los bienes públicos como bienes privados: repartirían dinero, privilegios, favores, puestos, recomendaciones, prebendas, tierras, concesiones, contratos». Krauze (1997): 26. 2 Véase por ejemplo Glade (1969): 175SS. 3 Vale la pena ver la excelente biografía de Enrique González Pedrero (1993 y 2003). 4 Juárez intenta aprovechar la elección de 1867 para utilizarla como referéndum, pero de manera muy poco transparente, lo que provoca un serio conflicto con el Congreso. La creación de la Cámara de Senadores tarda varios años más y a Juárez ya no le toca vivirlas, pues muere casi de manera simultánea. Acerca del referéndum, véase Cosío Villegas (1955): 141SS. Sobre el restablecimiento del Senado, véase Luna Argudín (2002). 5 Ya se había ido el dictador, así que no había problema en que el libro se titulase La Constitución y la dictadura, Rabasa (2002). 6 Córdova (1973): 34. Sobre Cárdenas como creador del presidencialismo, véase L. Meyer (1998): 58; Silva Herzog M. (1999): 33, entre muchos otros. 7 Cothran (1994): 46. Medina Peña (1995) lo da como un hecho, 165n. 8 Linz y Valenzuela (eds.) (1994), vol. 2. 9 Al respecto, Carpizo sostiene que la Corte es independiente, «salvo en los casos en que el ejecutivo está interesado políticamente en el resultado», Carpizo (2002): 181. Ahí mismo se critica el proceso de nombramiento de los magistrados y su estabilidad y, respecto de la reforma mencionada, se sostiene que «esta reforma fue un salto hacia atrás en la independencia del poder judicial federal, y todavía peor fue que se hacía coincidir el cargo de ministro [...] con el periodo del presidente», 183. 10 Córdova, op. cit.: 34, afirma «se ha dotado al Ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes que prevén un dominio absoluto sobre las relaciones de propiedad (artículo 27 de la Constitución) y el arbitraje de última instancia sobre los conflictos que surgen entre las clases fundamentales de la sociedad (artículo 123)». 11 Carpizo, op. cit.: 190-191. 12 Krauze, op. cit.: 136. Debido al control electoral, Centeno califica al régimen mexicano como «electoral-burocrático» (1997): 46. 13 Al respecto, Carpizo, op. cit.: 191-195 es un apretado resumen de las opiniones. Para los años posteriores, véase Castañeda (1999). 14 Cosío Villegas (1972a): 31. 15 «Yo fui escogido y previamente designado por el presidente de la República, en ese entonces mi distinguido amigo don Adolfo Ruiz Cortines, y todos los funcionarios, grandes o pequeños, de nuestro país, han sido designados de la misma manera desde 1928 hasta el presente. Esta es una verdad axiomática...». Como sostiene Braulio Maldonado, citado en Hansen (1971): 148.

16 Por renuncia, licencia o desaparición de poderes, hubo cambios de gobernador entre 1935 y 1936 en Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, Camp (1992). 17 De acuerdo con Hernández Rodríguez, que también localiza un número similar de renuncias en el sexenio de Miguel Alemán (2005), p.104, tabla ii. 18 Carpizo, op. cit.: 217-219. 19 González Casanova (1967): 27. 20 Hernández Rodríguez, op. cit.: 91. 21 Loaeza (2005): 118. 22 Weldon (1997): 227 le reconoce a Juan Molinar esta definición. 23 Aunque no cabe duda de que las cuatro características mencionadas por Weldon son necesarias, no son suficientes para explicar adecuadamente el presidencialismo mexicano. Sin embargo, lo que Weldon aparentemente busca es describir las condiciones mínimas de supervivencia del presidencialismo, de manera que casi podríamos fechar con su texto el fin del régimen, puesto que dos años antes una de las dos últimas características ya no se cumplía: o no había disciplina o el presidente ya no era el líder reconocido, como lo demostró Madrazo al impedir su remoción. Y el mismo año de publicación del texto, el PRI dejó de tener la mayoría en la Cámara de Diputados, de manera que tampoco se cumplía ya la segunda condición. Desde entonces, lo único que queda del presidencialismo mexicano es el régimen constitucional. 24 Espíndola Mata no coincide con la interpretación de una sociedad vertical, piramidal, sino que la percibe más bien como un tramado de redes (2004): 102-109. Sin embargo, también concluye que «el presidente no podía prescindir de las “fuerzas sociales”, pues en ellas descansaba su poder». Yo prefiero la imagen de la piedra angular, que está en la cúspide y sostiene el edificio entero, pero depende de éste para mantenerse en su lugar y cumplir su papel. 25 Aunque también hay, para todo mexicano, alguna esperanza de ascenso a través de las estructuras corporativas. «Si la clave del contrato social porfiriano estaba en la vinculación personal de cada grupo social con don Porfirio (lo que Molina Enríquez llamó “amificación” de México), la clave del contrato social revolucionario —explica Zaid— estaba en una reedición aumentada y mejorada del método porfiriano del “pan o palo”. El supuesto, que llegó a contar con un gran consenso, era que todos los individuos y grupos podían ascender —o, por lo menos, no perder la esperanza de ascender— en la escala económica y social, a condición de hacerlo amigablemente, por dentro del sistema, y no independientemente, por fuera del sistema», Krauze, op. cit.: 106. 26 Smith (1981). 27 Córdova (1989): 188-189, con más claridad en 201-202. Stevens afirma (1977): 235: «Los seis años de la presidencia de Cárdenas fueron, sin duda, el punto más alto de la política del populismo en México. La leyenda de Cárdenas como el amigo de los trabajadores y campesinos y defensor de los pobres y desvalidos se basa sólidamente en recuentos contemporáneos. Pero Cárdenas no era un ideólogo, era un pragmático visceral cuyas políticas respondían a las exigencias de las circunstancias cambiantes nacionales e internacionales». Más adelante, pp. 238-239: «Al establecer la base sectorial del partido, Cárdenas fue influido, indudablemente, por la experimentación corporativa que ocurría en Europa en los treinta. De cualquier manera, era suficientemente sabio como para no bloquear a todos los elementos de la sociedad en el mismo molde». Centeno no coincide con esta idea, sobre todo por «la inhabilidad de Cárdenas para garantizar la continuación de sus políticas económicas y sociales después de su presidencia» (Centeno, op. cit.: 53). Por el contrario, Cothran sostiene que «la

versión mexicana del corporativismo ha durado más que la mayoría», Cothran, op. cit.: 31. 28 Linz (2000). 29 Ibid.: 240-244. Aunque para Linz el régimen mexicano también podría ser «postotalitario» es decir, servir de ejemplo al proceso postotalitario de Europa del Este: «Puede argüirse que esos cambios indican una tendencia en los sistemas políticos que en un momento pudieron ser considerados cercanos al modelo totalitario pero que muestran algunas de las características que hemos utilizado para definir un régimen autoritario», 245. 30 Wiarda, (1997): 36. 31 Ibid.: 37; León XIII (1891). 32 Wiarda, op. cit.: 40. Al respecto, véase la definición de fascismo de Paxton (2004): 11. 33 Ibid.: 41. 34 Ibid.: 42. Sobre el corporativismo en los cincuenta y sesenta en América Latina, véase Roxborough (1997): 160SS. 35 Wiarda, op. cit.: 42. 36 Schmitter (1992): 24. El título es en referencia a un texto de Manoilesco publicado en los años treinta y que, a la vista del crecimiento de este tipo de regímenes, definía el siglo XX como el siglo del corporativismo. 37 Schmitter (1972): 90. Aunque es muy probable que su interpretación viniera más bien de Glade y su ethos neoibérico (op. cit.: 31SS.). 38 Schmitter (1992): 24. La definición completa es: «El corporativismo puede definirse como un sistema de representación de intereses en que las unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado, y a las que se ha concedido un deliberado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas y apoyos». Respecto al daño que esta definición pudo haber causado al estudio del corporativismo, véase Wiarda, op. cit.: 55-60. 39 O’Donnell (1977): 49. Por otra parte, el sistema autoritario-burocrático se define como un «sistema de exclusión política y económica del sector popular. Su característica central es que emerge después de que se ha alcanzado un grado sustancial de industrialización y también después de, y en buena medida gracias a, la activación política del sector popular». En este sentido, insiste O’Donnell, la tarea principal del sistema es eliminar esa activación, lo que se logra «capturando y controlado las bases organizacionales de la activación. Uno de los mecanismos de control que asocia al Estado asimétricamente con el sector popular es la corporativización estatista de los sindicatos», p.60. 40 Ibid.: 67. Al respecto, véase Cothran, op. cit.: 33: «La nueva estructura cubrió y dio definición al viejo sistema clientelar». 41 Este cambio provoca un debilitamiento de la clase obrera: «se han ido el Estado populista inicialmente benevolente y el débil y errático Estado del periodo pretoriano. En su lugar, el Estado burocrático-autoritario se expande sobre las organizaciones del sector popular», O’Donnell, op. cit.: 70. 42 Ibid.: 75: «el peso relativo del sector popular y su capacidad para definir objetivos o formular y apoyar demandas a través del control autónomo de sus recursos es muy reducido debido a la corporativización estatizante que se le ha impuesto. Segundo, esto se refuerza por el hecho de que el contexto general que caracteriza al Estado

burocrático-autoritario también incluye la cerrazón del sistema electoral y la severa restricción del derecho de huelga y otras formas de protesta». 43 Krauze, op. cit.: 126: «escribía, con exageración, Jean François Revel (alias Jacques Severin). Si todos los líderes de la CTM hubiesen sido “charros”, la CTM no hubiera sobrevivido, porque los obreros, con toda su sumisión, no los habrían tolerado». 44 Duncan y Douglass (1977): 513. 45 Diamond, Linz y Lipset (1989): 10, específicamente en referencia al artículo de Wiarda sobre República Dominicana en ese mismo libro. 46 Duncan y Douglass critican la ambigüedad del término empleado por Malloy, en tanto que puede utilizarse tanto para el régimen como para partes de él. Lo mismo critican a O’Donnell, op. cit.: 520. 47 «En su formulación ideológica, corporativismo se refiere a menudo a un sistema general de representación de intereses en el que grupos específicos obtienen un estatus de monopolio respecto de su clientela [...] Uno puede llamar a esto corporativo si uno acepta que el término se refiere no a la organización de todo el sistema, sino al conjunto de relaciones con unos grupos y no otros [...] El corporativismo es también muy ambiguo en el sentido de que algunos usan el término para referirse al control gubernamental — usando los experimentos fascistas de la Europa de entreguerras como su modelo— mientras que otros se refieren a un tipo de autonomía de los grupos involucrados, que descansa en una tradición conservadora, a menudo católica, y que debe mucho a la noción de los gremios medievales [...] El corporativismo es útil para mostrar la importancia del estatus legal de grupos en el Estado politizado, pero su ambigüedad puede llevar a más confusión que comprensión». Chalmers (1977): 34-35. 48 Ibid.: 36-37. 49 Schatz (2000): 3. 50 Por ejemplo, Wiarda, op. cit., así como las referencias que veremos más adelante para México. Incluso Schmitter, que ya había abandonado el corporativismo, lo veía resurgir a mediados de los noventa: «Ahora sabemos que el (re)descubrimiento del corporativismo a mediados de los setenta fue irónico. En el mismo momento en que los académicos empezaron a usar el concepto para analizar tendencias en sociedades capitalistas avanzadas, la práctica había llegado a su máximo y continuaría decayendo durante los ochenta. Después, justo cuando muchos observadores anunciaban su desaparición, el corporativismo ha vuelto a ascender y ahora parece cargar su doble lastre de asociabilidad de intereses y diseño de políticas públicas a nuevas alturas durante los noventa», Schmitter y Grote (1997): 4. 51 «De 1917 a 1940, México experimenta la organización del régimen populista, inventado y desarrollado como ideología y como estilo político durante la lucha armada, y su transformación en un complejo político y social en el que las relaciones capitalistas se desarrollan sobre la base de la conciliación de las diversas clases sociales y del sometimiento de las mismas al Estado de Ejecutivo fuerte», Córdova (1973): 262. 52 «Por lo visto hasta aquí, resulta claro que la Revolución Mexicana estuvo muy lejos de ser una revolución social [...] Mas lo que en el fondo debe anotarse es que la reforma agraria y las expropiaciones se llevaron a cabo, no precisamente en contra de la propiedad privada, sino por razones políticas que eran aducidas como de interés público al que algunos propietarios debían sacrificarse, pero no así la entera clase de los propietarios privados. La eficacia que mostraron al ligarse a estas últimas, manipulando sus demandas y organizándolas bajo su dirección para tomar el poder y para conservarlo, nos ha decidido a calificar la Revolución Mexicana como una revolución populista y al régimen político de ella surgido como un régimen populista», ibid.: 32-33.

53 La ley agraria de Carranza, del 6 de enero de 1915, que «no hizo más que inaugurar un nuevo estilo en la política, el estilo populista que se comprometía en la organización de un régimen social, económico y político también populista», ibid.: 205-206, más ampliamente en Córdova (1987). 54 «[E]l formalismo político de tipo liberal (democrático como en Madero o autoritario como en Carranza) no iba a garantizar en aquella época explosiva la construcción del nuevo Estado y podía dejar siempre abierta la posibilidad de un estallido. Carranza, en el fondo, se había convertido desde hacía tiempo en una rémora para el triunfo del modelo político populista en México [...] Por otra parte, la relación de los caudillos y las masas como fórmula política dominante iba a consolidar un estilo autoritario de gobierno que de seguro Carranza jamás se imaginó. No sólo se habría de fundar en el respeto al derecho establecido (si no se olvida la función que jugaban los artículos 27 y 123 de la Constitución), sino que comenzaría a tener una base mucho más sólida que cualquier principio jurídico en el apoyo y en el consentimiento activo de las masas populares», Córdova (1973): 265-266; coincide con él Alan Knight: «El reformismo paternalista de Carranza que, como Córdova y otros han mostrado, buscaba no la emancipación sino el control de las masas y la concentración de poder en las manos del Estado», Knight (1990): 495. 55 «Pero el populismo era también corporativo: la incorporación social y la activación política que permitía, y en sus primeros momentos fomentaba, fueron cuidadosamente controlados, especialmente por la imposición de relaciones verticales que subordinaban a los sindicatos ante el Estado [...] Este corporativismo no era un nuevo tipo de estado o sociedad, sino más bien una nueva forma de “organizar” al sector popular por medio de su asociación subordinada con el Estado populista, que facilitaba su incorporación social y activación política controladas en un periodo de urbanización e industrialización rápidas», O’Donnell, op. cit.: 67-68; véase también Malloy (1977): 12. «la política en América Latina desde los años treinta puede interpretarse en parte como la lucha por lograr la imagen reformista del populismo». 56 Ibid.: 11. Por otra parte: «Más allá de continuidades ideológicas antiguas, el corporativismo en América Latina, como un conjunto operativo de estructuras societales, es un fenómeno relativamente reciente. Apareció junto con la urbanización e industrialización que se inició con la crisis económica mundial de los años treinta. En sus patrones de funcionamiento e impactos sociales, el corporativismo latinoamericano muestra diferencias cruciales respecto del corporativismo observado por algunos autores en países desarrollados», O’Donnell, op. cit.: 47. 57 Córdova (1973): 34. Así lo ve también Grayson (2004), como un sistema corporativo que sólo hasta después de 1997 se convierte en semi corporativo. 58 Córdova, op. cit.: 34, afirma: «en primer lugar, siguió una línea de masas cuyo objetivo esencial era conjurar la revolución social, manipulando a las clases populares mediante la satisfacción de demandas limitadas (tierra para los campesinos, mejores niveles de vida para los trabajadores urbanos); más tarde, entre 1929 y 1938, las masas fueron enclavadas en un sistema corporativo [...] En segundo lugar, el nuevo régimen se fundó en un sistema de gobierno paternalista y autoritario que se fue institucionalizando a través de los años [... ] En tercer lugar, el régimen emanado de la Revolución se propuso la realización de un modelo de desarrollo capitalista». Véase también Grayson, op. cit. y Tobler (1994): 647: «la diferencia esencial del nuevo Partido de la Revolución Mexicana (prm) en relación con el PNR radicaba en la estructura semicorporativista del nuevo partido». 59 Es interesante notar que la declaración de principios de la CGOCM, obra de Lombardo, «califica al régimen político de México como un “nacionalismo social”, es decir, un

“fascismo” que se ha reducido hasta hoy a organizar verbalmente una industria nacional que no ha existido nunca, predicar la conveniencia de la militarización del pueblo y hablar de un cambio de la política hacia un socialismo de Estado sin violencias y sin excesos», Córdova (1980): 165-166. En particular, según Lombardo, los principios del intervencionismo estatal en el proceso económico «entrañan una forma de organización estatal que se llama fascismo», pues «toda economía dirigida o planificada, toda economía intervenida por el Estado, que descansa en la propiedad particular es un régimen fascista». Ibid: 226-227. 60 Tobler, op. cit.: 648. 61 Bartra (1982): 39. Por otra parte, «el llamado populismo y reformismo del Estado mexicano, que se consolida durante el régimen de Lázaro Cárdenas, tiene por base y antecedente el aniquilamiento de la lucha obrera y campesina independiente, si la burguesía no hubiese previamente aplastado a las fuerzas populares y tomado en sus manos el control del aparato estatal, no hubiese podido en modo alguno realizar la reforma agraria y la nacionalización del petróleo con un grado elevado de seguridad para su propia hegemonía y sin modificar la estructura no democrática del Estado», ibid.: 27. 62 «El experimento liberal de Madero, por supuesto, nunca se repitió. Más bien, la teoría y práctica del Porfiriato fue revivida», Knight, op. cit.: 494. Más adelante sostiene que la «democracia artificial del Porfiriato dio paso a la social-democracia artificial de los sonorenses», aunque «a pesar de la corrupción, represión y desigualdad, el régimen tenía siempre que acomodar las demandas populares en alguna medida», 516-517. El resultado final, sin embargo, no parece nada bueno, puesto que no es claro que «una reversión a un gobierno más autoritario —mezclado con reformas sociales modestas— constituyera algún avance», 495. «Aquí está el genio del liderazgo revolucionario: su capacidad de aprovechar la energía y quejas del movimiento popular para fines antitéticos —desarrollo capitalista y construcción del Estado», 527. 63 Los diez puntos pueden verse en Córdova, (1973): 35-37. 64 De hecho, hay muchas etiquetas para el régimen de la Revolución, tal vez para evitar llamarlo simplemente corporativo: «La variante mexicana, que yo he designado como “autoritarismo secular”, descansa mucho menos en la incorporación formal-legal de agrupaciones funcionales dentro de la estructura del gobierno, y mucho más en un patrón histórico de cultura y organización social y política —elitista, jerárquica, corporativa, y patrimonialista— que es aparentemente una característica de virtualmente todos los sistemas Ibero-Latinos», Stevens (1977): 230. Cf. Hamilton, (1983). Por otra parte, Linz. op. cit. clasifica a México dentro de los regímenes «autoritarios movilizadores» (180-181), en una versión ligeramente diferente del estatismo orgánico, aparentemente por una mayor participación directa de los ciudadanos. Sin embargo, esa diferencia no es clara en el texto de Linz. Véase, además, 208-217 en donde define el estatismo orgánico, y 217-227, en donde analiza los autoritarismos movilizadores. 65 Al respecto, al estudiar los trabajos de investigación que considera fundacionales en el análisis del sistema político mexicano, Roderic Ai Camp evalúa su influencia como resultado de la mejor o peor interpretación de la importancia del PRI en la política: «Brandenburg recibió la mayor atención [...] argüía que el PM jugaba un papel insignificante en la política. En contraste, Scout sugería que el partido era extremadamente significativo. Padgett [...] presentaba una visión más balanceada y ofrecía ideas importantes de la política local», Camp (1990): 27. Los libros a que se refiere son: Scott (1962), Brandenburg (1967), Padgett (1966). Más recientemente, Centeno, en referencia a los mismos autores, tampoco cree mucho en la idea de democracia interna en el PRI, op. cit.: 32-33, también nota 36.

66 Silva Herzog M. lo llama «ornitorrinco», por hablar de un animal extraño, no exactamente un fósil viviente (1999).

10. EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 1 Merino considera que esta permanencia cultural resulta peligrosa para la democracia (2003): 225 «la inercia de una cultura política autoritaria conspira todos los días en contra de la democracia misma». 2 El primero en proponer esta clasificación de las fuentes de poder es Russell (1938), aunque es interesante la discusión, años antes, de Orton (1924) sobre las ideas de Russell. Una referencia más reciente es Runciman (1989), especialmente el volumen 2. Hay quienes piensan que el poder político es una cuarta forma de poder, como Mann (1991), especialmente 44-56, aunque no logra convencer. 3 La República Restaurada y el periodo sonorense pueden considerarse más bien momentos de transición, el primero apenas de nueve años, el segundo, de quince. 4 «Nadie puede dudar que la estabilidad (política) proviene de algún proceso diferente de la pura represión y fuerza física. ¿Cuál es, entonces, la fórmula mágica?», Vernon (1963): 128. Parte de su respuesta la ve en Cárdenas: «Pregunte a cualquier intelectual mexicano cuándo acabó la Revolución de 1910 y hay muchas probabilidades de que le diga que en 1940. Es cierto, claro que algo parece haberse detenido en ese año, alguna levadura o fermento que existió en la época de Lázaro Cárdenas», p. 123. Años después, Nora Hamilton lo ve desde una perspectiva diferente: «La continuidad del gobierno civil mexicano ha sido atribuida en parte a su “previa exclusión” de las masas de obreros y campesinos a través de su “prefijada” incorporación a las estructuras controladas por el Estado, es decir, el partido del gobierno y sus organizaciones sectoriales» (1983): 46. Más claramente: «La estructura del partido funciona en cierta medida como mecanismo representante de los intereses de las organizaciones constituyentes, pero principalmente es un medio para el control estatal de sus miembros». Aunque le parece irónico que esta estructura, así como la legitimidad del Estado mexicano sea «un legado de la Revolución y del régimen cardenista de la década de los treinta, el periodo más progresista del México posrevolucionario». 5 «El gobierno de Díaz fue un despotismo liberal ilustrado», Paz (1994): 384. 6 Como lo recuerda Hobsbawm (1992): 12. 7 Ibid. Es significativo que la única mención de México tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, y las dos referencias a América Latina son: la primera, como «hijos fieles de Roma», y la segunda, como una broma. 8 Lynch (1989): 31. 9 Ibid.: 35-36. 10 El proceso que Corrigan y Sayer (1985) definen como una gran transformación de varios siglos, la vive América Latina, y México en particular, en unos cuantos decenios. 11 Aunque Hidalgo, Morelos y Juárez ya son héroes nacionales en 1880. Cuauhtémoc y Cuitláhuac empiezan a serlo (hay duda sobre cuál de los dos). Cortés pasa a ser un «forajido» en palabras de Altamirano en comentario al libro de Luis Pérez Verdía Compendio de Historia de México, Vázquez [1975]: 69-70, en realidad es México a través de los siglos (1884-1889) lo que cambia la forma de ver la historia en sus páginas se reduce el espacio a la historia colonial y se amplía y aclara el periodo nacional (Ibid.: 76). Pero todavía habrá creatividad: el mito de los niños héroes en realidad proviene de la obra de Ernesto Fuentes Historia patria, obra adoptada por la secretaría de Guerra y Marina, para servir de texto a las escuelas de tropa (1909): «jóvenes imberbes y muchos de ellos casi niños, no obstante, grande amor a la patria y mucho odio al invasor [...]» En el relato de este evento, tanto se extralimitó Fuentes que la comisión que dictaminó sobre

su libro le pidió explicaciones sobre «los hechos heroicos de los niños defensores» de Chapultepec; Fuentes indicó que sus datos eran de una memoria escrita por los defensores supervivientes de ese glorioso hecho, Vázquez (1975): 136. Aunque aparecen mencionados en México a través de los siglos, pero sin ese carácter heroico producto de la imaginación de Fuentes. 12 Sobre Bustamante, David Brading hace un excelente retrato: «execrable editor, cambiaba títulos, cortaba el texto e intercalaba sus propios comentarios [...] El bajo nivel intelectual de su enfoque fue el que ayudó a desacreditar su propia reputación y al indigenismo histórico [...] Sin embargo, un examen reciente de la Historia patria concluye que Bustamante fue el principal autor de los mitos nacionales que todavía dominan los libros de texto de los escolares», Brading (1988): 117. Este examen reciente es el de Josefina Vázquez: «Pero hacía falta crear la lealtad al nuevo Estado y todo un aparato para la nueva fe, con un fundamento que le fuera muy propio. Prácticamente no había cosa más adecuada que fundamentarlo en la grandeza del imperio azteca, camino marcado ya por Clavijero y Fray Servando y por el mismo Iturbide. Esta necesidad convirtió a Bustamante en el definidor del concepto de un México hecho y acabado desde siempre, al que le pasaba ese algo que era su historia [...] La estática y esencialista concepción de Bustamante tendría importantes consecuencias para la educación mexicana, ya que seria el fundamento de la versión histórica transmitida en las escuelas públicas», op. cit.: 39. 13 Riva Palacio (1962), vol. V, cap. XXX. La obra termina con la entrada citada, que es seguida por el fusilamiento de Vidaurri, la entrada del gobierno en la capital y el discurso de Juárez. 14 O’Gorman (1977): 93-94. 15 Ibid: 94. 16 Córdova (1973): 15. 17 O’Gorman, op. cit.: 95. 18 Para crear un enemigo interno, dice O’Gorman, «se instituyó [...] la oprobiosa etiqueta de “conservador”, “reaccionario” y más modernamente “emisario del pasado–” (1977): 96. En segundo lugar, se hace necesario que el conflicto sea permanente, «la lucha por la lucha misma», porque sin esta permanencia «se delataría la ficción de su sustento histórico [...] se delataría, en suma, la futilidad de la revolución como apertura histórica del camino hacia el progreso y la prosperidad». (íd. 99-100). La tercera consecuencia es «la viciosa manera en que [...] se planteó el gran problema de la identidad nacional», a la que «la Revolución le ratificó su papel de cimiento de la nacionalidad, y en la convicción de haber descubierto tan inapreciable tesoro, fácil y frecuentemente la ha deformado en un agresivo nacionalismo que se regodea en proclamar, fuera de toda proporción y contra los rudos golpes de la experiencia, la superioridad en todos los órdenes de aquel beato modo de ser». (íd. 100-101). 19 Benjamin (2000): 70-71. 20 Ibid.: 126. 21 Ibid.: 74. 22 O’Malley (1986): 113-114. 23 Ibid.: 143. 24 Tobler (1994): 423. 25 Benjamin, op. cit.: 74-77. 26 O’Malley, op. cit.: 122. Florescano (2002b). Acerca de la importancia de los muralesen un país analfabeto, pero con cierto énfasis en la visión teleológica del muralismo, véase Monsiváis (2006). 27 Musacchio (1989): 1914.

28 J. Meyer (1992): 153-154. 29 Bartra (1987): 18. 30 Musacchio (1989) : 1968-1969. 31 López Mañón (2005): 95. 32 O’Malley, op. cit.: 129. González y González (1987b): 317-322. 33 Florescano (2002b): 386-393, 402-423. 34 López Mañón op. cit.: 112-113. Una forma interesante de «arte popular», construido muy recientemente y que ya es un poco crítico de la Revolución, es Vilchis (2005). 35 O’Malley, op. cit.: 120. 36 Benjamin, op. cit.: 132; Benjamin (1996). 37 Ramos (1938): 147. 38 Paz, op. cit.: 162. 39 Paz (1979): 323. Con respecto a la evolución de las ideas de Paz, hasta mediados de los setenta, es muy recomendable Brading (2002). Sin embargo, no cubre los últimos veinte años de vida del poeta, cuando su visión de la Revolución y su régimen continuó modificándose. 40 Paz (1994): 282n. 41 Paz, ibid.: 291n. 42 Krauze (1997): 109. Además, sostiene que el presidente regía sobre tres tipos de poder: formales, corporados y reales. Los primeros, el Legislativo, el Judicial y los gobiernos locales; los corporados, los sectores del PM; los reales, los caciques y el ejército. Sin embargo, además, «en una zona gris, gozando de independencia, pero desconectados entre sí y siempre bajo el control al menos potencial del presidente y sus tentáculos, habitaban otros poderes: la prensa, la Iglesia, los empresarios, los intelectuales, la Universidad Nacional, las universidades estatales y otros institutos de educación superior, incluyendo en todos ellos al cuerpo docente y al estudiantado. En la zona negra de la oposición porfiaban los demócratas, los valientes, los irreductibles, los iluminados y, a veces, los locos». 43 Almond y Verba (1989): 35-38. 44 Ibid.: 66-67. 45 Al respecto, véase J. Meyer (1998): 18. En sentido opuesto, Vaughan (1997) piensa que la «sociedad civil» es una creación del Estado en los años treinta, 199-200: «El Estado en los años treinta creó los parámetros culturales y sociales para la sociedad civil [...] Para empezar, la Iglesia ganó su derecho a continuar como un poder relevante en la sociedad y política mexicanas [...] Segundo, los parámetros culturales definidos por el Estado impulsaron el desarrollo de una nación multicultural y multiétnica [...] Tercero, la sociedad civil tuvo que reconocer los derechos de las clases subalternas a la justicia y el bienestar material [...] Cuarto, el Estado promovió la noción de una sociedad civil abierta a la participación creciente de las mujeres». Con respecto a la nación multiétnica, véase O’Malley, op. cit.: 120: «En breve, el nuevo orgullo racial benefició en los hechos a pocos indios y no terminó con el racismo en México. El estatus dominante del hombre blanco se mostraba en el bajo reconocimiento a los indios en la calle, la persecución de chinos en el Norte y la exclusión de inmigrantes negros». Véase también Glade (1969): 31SS. 46 Acerca de las culturas prehispánicas, una buena referencia es Manzanilla y López Luján (coords.) (2001). Una visión crítica muy interesante es Kurnitzky (2006). Es interesante notar que, en su estudio sobre la psicología social del campesino, Fromm y Maccoby (1973): 63 usan como referencia del conflicto de los campesinos frente a la modernidad El otoño de la Edad Media, de Huizinga (2001). 47 Weckman (1994): 502SS. Existe una muy interesante colección de la BBC acerca del español de América que no sólo coincide con lo propuesto por Weckman, sino que

además muestra la manera en que diferentes regiones en América toman acentos y pronunciaciones correspondientes a los colonos españoles que ahí llegaron. Es el caso de la pronunciación de la costa, con sus eses aspiradas, que provienen de Andalucía, por ejemplo, bbcWorld Service (1991). 48 Acerca del proceso seguido por Aragón, por un lado, y Castilla, por el otro, para la conformación de España durante el siglo XV e inicios del xvi, se puede ver Cantor (1994): 508-512. Para una referencia mucho más extensa, Del Treppo (1998) y MacKay (1998). También Oliveira Marques (2000), en donde hay una buena descripción de las sociedades de los reinos de la península. 49 Morse (1982): 55. 50 Hay muy poco estudio acerca del siglo XVII en América Latina, como sostiene Piestchman (2001): 685. Sin embargo, en ese mismo texto y en MacLachlan (2001) es posible tener una idea de la conformación de la estructura político-social del imperio español durante ese siglo. De este último, las conclusiones, 715-717, son muy interesantes y reiteran el conflicto generado por las reformas borbónicas frente a la estructura socio-política ya establecida en el Imperio. 51 «La historia moderna de México, como la de otros países hispanoamericanos, está marcada por el fracaso de nuestras guerras de Independencia. Logramos liberarnos políticamente de España, pero no pudimos cambiar nuestras sociedades ni logramos instaurar en nuestras tierras instituciones realmente democráticas», Paz (1979): 148. 52 «El respeto fanático a la persona del caudillo es un sentimiento de origen árabe que se encuentra en todo el mundo hispánico; la religiosa reverencia que inspiran los atributos impersonales del presidente a los mexicanos es un sentimiento de raíz azteca». Paz (1994): 285. «Hay un puente que va del tlatoani al virrey, y del virrey al presidente», ibid: 323. 53 Esta lista no debe sonar extraña, porque en general coincide con sumarios de características de diversos momentos de México. Es posible encontrar conjuntos similares en muchas fuentes, desde la historia de las revoluciones de México de José María Luis Mora (1986), hasta artículos periodísticos del siglo XX; por ejemplo, Stein y Stein realizan una muy similar (1970): 156. 54 Dealy (1982): 80: «El carácter monístico de la acción política y social de la América Hispánica se basa en los supuestos medievales acerca del correcto gobierno de los hombres, cuya principal proposición es la creencia en un telos». 55 O’Gorman, op. cit.: 100. 56 Pío XI escribio-1931, en Quadragesimo Anno, la encíclica que refuerza a Rerum Novarum: «Igual que la unidad del cuerpo social no puede basarse en la lucha de “clases”, tampoco el recto orden económico puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas», Pío XI (1931). 57 Dealy, op. cit.: 88-89. 58 Morse, op. cit.: 66. Quiliástico significa milenarista, la creencia en un mundo gobernado directamente por Cristo que duraría mil años. El término viene del griego khilías, y aparentemente no existe en español. 59 Ibid.: 67. Dealy coincide con Morse en la orientación medieval de la Constitución, que en su opinión es el origen de la nacionalidad monística en América Latina: «Esta constitución marca el comienzo de un regreso explícito a la teleología secular del bien común en América Latina [...] marcó un alejamiento del marco institucional pluralista democrático y un giro hacia la preocupación ética católica del bien común». Dice algo más: con la Revolución, «las prerrogativas fueron borradas y el bienestar común fue reestablecido como el referente correcto de todas las acciones públicas», op. cit.: 87.

60 Sobre el patrimonialismo en México, véase Zabludovsky K. (1993), en particular el capítulo IX, en donde llega a conclusiones similares, también partiendo de Morse. Igualmente, véase Vellinga (2004): 33-36. 61 Paz, op cit.: 393. Con respecto al patrimonialismo y a la corrupción, «El nacionalismo está tan íntimamente asociado a un corrupto sistema autoritario del partido oficial dominante que es difícil ocultar las contradicciones entre las vías para salir de la crisis y la vieja cultura política hegemónica», Bartra (2003): 103. 62 Linz (2000): 209; O’Donnell, (1977): 49: «El origen de estas ideologías puede rastrearse al menos al inicio de la Edad Media temprana, aunque corresponden a una sociedad no industrial en la que el Estado moderno no había todavía aparecido. Desde esa época, la continuación de una visión jerárquica de la sociedad, basada en la representación funcional de la sociedad civil y el rechazo a las divisiones de clase [...] indudablemente ha facilitado las expresiones históricas cambiantes y no-homogéneas del corporativismo en América Latina». Nuevamente cito a Paz: «El fenómeno mexicano no es enteramente nuevo en la historia; ha sido descrito con brillo, primero por Maquiavelo y después por Max Weber. Su verdadero nombre es patrimonialismo. En México es una herencia del régimen virreinal español», op. cit.: 405. Véase también Paz (1995): 79SS. 63 Guerra (2002): 322 define el régimen de la Revolución como «un retroceso hacia un vínculo social de carácter corporativo y clientelar, aunque justificado ahora con el lenguaje radical de los derechos y la representación sociales». En sentido opuesto, Vaughan (1997): 197, «Aunque se ha hecho mucho de la Revolución Mexicana como una lucha lanzada en contra de la modernidad para preservar una utopía rústica, las negociaciones culturales de los años treinta apuntan a una aceptación de la modernidad, no como una avalancha de bienes de consumo o una fiesta de la tecnología, sino como un facilitador de la vida humana». 64 Bartra, op. cit.: 96. 65 Bartra (1987): 187. 66 J. Meyer (1977): 329. 67 O’Malley, op. cit.: 116; Calvert (19691a): 54. 68 Bartra, op. cit.: 187-188. 69 J. Meyer, op. cit.: 329. 70 O’Malley, op. cit.: 124-125. Traduzco al español la cita de Palacio desde O’Malley. 71 Bartra, op. cit.: 188. Seis años antes, Bartra lo veía de esta manera (1982) : 19: «El carácter bonapartista del gobierno de Obregón, que respondía a una situación coyuntural y transitoria, dejó no obstante huellas profundas que aún cincuenta años después se reconocen en el estilo político del gobierno; a ningún mexicano le es desconocida y ajena esa oscura mezcla de represión dosificada, romanticismo tolstoiano vasconcelista, política agrarista desordenada que repartió más de un millón y medio de hectáreas de tierra, siniestro y burocrático obrerismo iniciado por Morones, arranques súbitos de anticapitalismo populista, violentas luchas faccionales entre caciques y generales, capitulaciones antes los intereses imperialistas a cambio de apoyo político (tratados de Bucareli), nacionalismo pequeñoburgués sazonado de un fantástico semillero de contradicciones, etcétera». 72 Córdova, op. cit.: 350. 73 Knight (1990): 524. Antes de este proceso, el Estado mexicano no es verdaderamente nacional, según lo ve Meyer: «controlando un espacio territorial y una población infantilizada, el Estado mexicano no es verdaderamente nacional a pesar de todos sus esfuerzos para forjar la nación si es que la nación no se identifica con la familia revolucionaria y con las familias que poseen los negocios y el poder». J. Meyer, op. cit.: 340-343. Después, todo cambia: «en términos generales el sistema revolucionario tardío

bajo Cárdenas, sin duda experimentó una consolidación duradera: la reforma agraria y la política sindical del Estado ampliaron la base social del régimen; el nacionalismo, sobre todo el hecho de la expropiación de las empresas petroleras extranjeras, sirvió como importante factor de integración de sectores muy diferentes de la población; la reorganización del partido en 1938 fortaleció sustancialmente el proceso de centralización política iniciado a comienzos de los años treinta; por último, el Estado consiguió extender su influencia también a la economía», Tobler, op. cit.: 651. 74 El Universal, 18-1-1935. Y hay más: acerca de la propiedad privada, sostiene García Téllez, «la doctrina socialista niega y desconoce el derecho absoluto e inatacable de la propiedad individual, de acuerdo con el criterio de la propia Constitución de 1917, que impone a la propiedad privada las modalidades que exige el interés público». 75 Cárdenas, en sus apuntes, menciona durante su sexenio la palabra democracia en seis ocasiones. Tres de ellas al hablar despectivamente de las «democracias», refiriéndose a Europa Occidental y Estados Unidos (2/X/38, 5/II/38, 22/VII/39); una más, en referencia a la democracia «político-económica» de las Américas y su riesgo con la guerra civil española (17/VII/38), y sólo dos con respecto a México: al inicio de su gobierno (22/XII/35): «no puede existir democracia política sin democracia económica. La democracia en los estados capitalistas siempre fue teórica», y al final de él (31/V/40): «En el gobierno una sola fuerza política debe sobresalir: la del presidente de la República, que debe ser el único representante de los sentimientos democráticos del pueblo». De hecho, la democracia, para los latinoamericanos, suele significar cosas muy diferentes, casi nunca un sistema político pluralista. A inicios de los años setenta, un investigador estadounidense insistía: «Los latinoamericanos, ya sea que hablen acerca de su tradición de democracia, estatismo o comunismo, están pensando acerca del monismo político, o democracia monística: esto es, la centralización y control de intereses potencialmente competitivos». Dealy, op. cit.: 77. 76 Vázquez, op. cit.: 285. Cf. Bowen (1992), especialmente vol. III, caps. XIII, XIV y XV. 77 L. Meyer (1978a): 178; Vázquez, op. cit.: 173 refiere también el discurso de Cárdenas, un mes antes, el 21 de junio en Gómez Palacio, en donde sostenía: «no permitiré que el clero intervenga en forma alguna en la educación popular». 78 Ibid.: 172. 79 Lerner (1979): 20-22. También 75-76, en donde se extiende en la dificultad de clasificar el pensamiento de Cárdenas. De hecho, aunque la reforma fue aprobada por el Congreso en octubre de 1934 (31), fue publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre, cuando era ya Cárdenas el presidente en funciones, Congreso (1996): vol. 1, p. 1140. 80 Aunque la Constitución sigue hablando de educación socialista hasta una nueva reforma a fines del sexenio de Ávila Camacho pero también publicada en el siguiente gobierno, el 30 de diciembre de 1946: Congreso [1996]: 1140, Lerner, op. cit.: 175SS coloca el fin de la educación socialista en la reglamentación realizada a fines de 1939. 81 Vázquez, op. cit.: 182. Por cierto, Matute fecha en 1925 el inicio de la «invención» de la Revolución Mexicana, (2002): 18. También a partir de 1925 se inicia el «indigenismo» de la Revolución, Vázquez, op. cit.: 183-185. 82 Ibid.: 190. Ahí mismo, el análisis de los libros de texto para 1917-1925 (190-200) y 1926-1940 (201-23). En ambos periodos existen estos dos nacionalismos en pugna; si se quiere, uno conservador y el otro, radical. Lo que no hubo entonces fue una perspectiva liberal. 83 Bartra (2003): 103-104. 84 Vázquez, op. cit.: 189; de ahí tomo la cita del Programa de Educación. 85 «Con Cárdenas entraban sin duda nuevamente a primer plano los problemas del indio y de la tierra [...] La preocupación por el área rural la simbolizaba la elevación de Emiliano

Zapata al pedestal de los héroes, después de un olvido de más de diez años», ibid.: 178. 86 «A partir de 1934 empezaron a aparecer los libros de texto de acuerdo a los planes publicados según la reforma del artículo tercero, entre ellos aparecieron los libros de lectura y los libros de historia patria. Vale la pena detenerse a analizar los libros de lectura, porque en conjunto daban una visión de la historia de México, más radical que la de los libros de historia, que en manos de maestros menos conocedores resultaron a la altura de la demagogia política que privaba y con inspiración enel mural del Palacio Nacional en el que Diego Rivera había plasmado su visión de la historia mexicana (19351936)». Ibid.: 213-214. 87 La cita es del libro de sexto año de primaria de la sep de 1940, tomada de ibid.: 214215. Con respecto a la orientación educativa, véase Loaeza (1993): 115: «la escuela socialista de 1934 proponía una fórmula de integración nacional; su contenido fue dictado por el clima de la época, antes que por una filiación ideológica concreta. La educación que pretendía impartir el gobierno cardenista era más popular que socialista [...] se le llamó socialista porque se pensaba que el socialismo era la doctrina que más fielmente recogía los elementos de la cultura popular». 88 Knight (1998): 37 recuerda la polémica entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso al respecto. 89 Ibid.: 37, «el propio Cárdenas, según decían, albergaba una sana antipatía por los hombres cultos, que con frecuencia era recíproca». 90 Vázquez, op. cit.: 241-247. Hubo quien pidió que los miembros de la comisión fuesen fusilados por la espalda, como traidores. 91 Ibid.: 253. El análisis de los textos de la época en 251-278. 92 Ibid: 278SS. En sus palabras, «es lamentable que la calidad del libro de cuarto sea tan pobre porque es el texto que transmite la mayor parte de lo que sobre México sabrá un alto porcentaje de mexicanos»: 279. Acerca del conflicto educativo, Loaeza (1988). 93 Vázquez, op. cit.: 283. 94 O’Malley, op. cit.: 117. 95 Segovia (1975) y Vaughan, op. cit.: 190: «en los años treinta la sep dijo a los maestros federales que organizaran a los campesinos y trabajadores para presionar por la puesta en vigor de las leyes agrarias y laborales federales que llevarían a una redistribución de la propiedad y riqueza». El activismo de los maestros en los treinta se recuperó, guiado por nuevas ideas, en las décadas siguientes. 96 Bartra, op. cit.: 138 y (1987): 17: «El sistema mexicano ha gozado durante muchos años de una gran estabilidad política, pero ha excluido el desarrollo de la democracia moderna: esto se explica en gran medida por el enorme peso del mito nacionalista». 97 Almond y Verba, op. cit.: 310-311. Al respecto, Hansen (1971): 250 sostenía unos años después: «Los datos obtenidos en las investigaciones indican que muchos mexicanos todavía creen que el régimen está llevando a la práctica los objetivos manifiestos de la Revolución». Objetivos muy variados, como Tobler detectaba en el prm, «aunque en su programa el partido declaraba como su objetivo un “régimen socialista” y una “democracia de trabajadores”, ya en las postrimerías de la época cardenista estos postulados tuvieron poca importancia», op. cit.: 647. 98 Bartra (2003): 113. En 1982, 19% era priista, 6% panista, 1.6% simpatizante del psum y 71.5% no tenía simpatía por ningún partido político. 99 Booth y Seligson (1984), especialmente 112-115. 100 IFE(1994): 135. 101 «Es interesante notar que incluso cuando se trata de los participantes de la sociedad mexicana, las demandas que le presentan al gobierno mexicano requieren del sistema político un mínimo de recursos para ser satisfechas. En efecto, las demandas se

satisfacen transfiriendo su costo en recursos al resto de la sociedad mexicana, en una forma más o menos oculta. Los aranceles elevados y las cuotas de importación son políticas que cuentan con el apoyo de los grupos políticamente importantes; el costo de esas políticas las paga el consumidor mexicano [...] Haciendo una ligera sobreestimación, diremos que más abajo del nivel de las elites, el actual régimen político para persistir, sólo ha necesitado obtener el apoyo de los individuos con ambiciones. Con frecuencia ha respondido a las “demandas” obreras con la concesión a algunos líderes obreros de lucrativas canonjías; ha disminuido las presiones en el medio rural, con ascender individualmente a ciertos líderes», Hansen, op. cit.: 269. 102 Cf. Loaeza (1993): 120: «la política de desmovilización también tuvo éxito porque el Estado trataba de manera distinta a los diferentes grupos sociales [...] acentuaba su aislamiento y desalentaba la solidaridad entre [ellos]. La homogeneización social, tan buscada en México desde el siglo XIX, en el México posrevolucionario se logró en torno al nacionalismo y a la entronización de la Patria en el corazón de las lealtades sociales [...] En cambio, la práctica política y gubernamental mantenía, y en algunos casos agudizaba, la heterogeneidad». 103 Bartra, op. cit.: 125 el texto citado fue escrito en 1987.

11. MUCHA ADMINISTRACIÓN, POCA POLÍTICA 1 Vernon (1963): 8-9. Sobre esta última: «La tercera causa a la que todos los gobiernos mexicanos se han sumado ha sido la sustitución de importaciones como asunto de alta prioridad. Se ha tomado como artículo de fe que tan pronto como la demanda local de un producto fuese suficientemente grande para dar alguna esperanza de producción interna en una escala apropiada dada la tecnología de la industria, deberían hacerse esfuerzos por estimular la necesaria inversión nacional y eliminar las importaciones». 2 Ibid.: 124; Córdova (1989) : 215SS. 3 Aunque esta afirmación puede cambiar: la primera década del siglo XXI ha resultado mejor, hasta 2005. Falta ver si así continúa. Cf. The Economist, 23-XII-2006. 4 Hobsbawm llama a éstos los «años dorados» (1997): 360 SS. Ffrench-Davis et al. (1997): 86 mencionan cuatro características fundamentales del periodo: las instituciones, la coordinación internacional, las políticas de corte keynesiano y la paz americana. Algo similar ve Izquierdo (1995): 29-31. Una muy buena descripción del periodo en cuestiones económicas se encuentra en Maddison (1991): 121-128. 5 Además de esto, hay una ganancia económica que se conoce como señoriaje, que es lo que gana un banco de emisión por hacer moneda. Es una cantidad pequeña, pero en grandes volúmenes ya no es despreciable. 6 Al fin de la Primera Guerra, Francia exigió un pago a Alemania como compensación por la guerra. Se trataba de 400 mil millones de marcos, que fueron el inicio de la más grande inflación registrada en el mundo occidental, la de Alemania en 1926. John Maynard Keynes escribió, con motivo de esa exigencia, un maravilloso libro: Las consecuencias económicas de la paz. Una versión en español es Keynes (1987). 7 El crecimiento por habitante está calculado con base en los datos de Maddison (1997); con el PIB per cápita total para la muestra en el periodo 1948-1971, el crecimiento promedio anual es de 2.98 por ciento. 8 La mejoría, relativa, puede uno buscarla en que Argentina tenía un ingreso promedio del triple de México en 1930, y nada más del doble en 1970. Chile pasó, en ese mismo tiempo, de poco más del doble a sólo 40% más. Venezuela, el paraíso del petróleo, tenía un ingreso por habitante en 1930 de dos veces y media el mexicano, y para 1970 casi llegaba al triple. Por el otro lado, México tenía, en 1930, un ingreso por habitante

prácticamente igual a Perú y Colombia, y casi 30% superior a Brasil. Para 1970, superábamos a Colombia y Brasil por 20% y seguíamos igual que Perú. 9 Con datos de ibid. 10 Hamilton (1983): 18. 11 Solís (1971): 180-181. 12 Ibid.: 181. 13 En parte, según Leopoldo Solís, el mejor resultado de Japón tiene que ver con un menor crecimiento poblacional que el que México tuvo a mediados del siglo XX, ibid.: 182. Pero esto es erróneo, puesto que Japón pasa de 33 millones de habitantes en 1872 a 50 millones en 1909, y luego a 67 millones en 1933. Akamatsu (1977): 265. Algo similar ocurre en México entre 1900 y 1960, pero es cierto que en los años siguientes la población en México se desborda; por cierto, con un notorio incremento en la concentración del ingreso, según Espinosa de los Reyes (1973): 337. 14 Akamatsu, op. cit., en particular 264SS. 15 Vernon, op. cit.: 139. Pero América Latina no era muy importante para Estados Unidos en ese tiempo, según Thorp (1997): 58. 16 Vernon, op. cit.: 140; Urquidi (2005). 17 Ibid.: 116, 119-121. Bulmer-Thomas (2003): 268, Thorp, op. cit.: 6lSS. Según Díaz Fuentes (1994): 19, el estudio contenía muchas ideas que no eran objetivas, sino que sólo buscaban «preconizar la industrialización». 18 «La depresión afectó a todos los países de América Latina de manera importante, aunque a México menos que a la mayoría», Vernon, op. cit.: 138. Véase también Ffrench-Davis et al., op. cit.: 94. 19 «Muy a menudo, el uso de las tesis de la CEPAL ha servido sólo para racionalizar medidas intervencionistas que se hubieran tomado de cualquier manera», Glade (1969): 410. 20 Urquidi, op. cit.: 121-122. 21 «Estas ideas se encontraban en Hamilton, List y otros europeos, y durante los años treinta hasta en autores argentinos», op. cit.: 122. Dice Urquidi que el mérito de Prebisch fue «saberlas transmitir hábilmente a los delegados de la CEPAL, que esperaban algo nuevo y sólo tenían a la mano una serie de ideas coyunturales presentadas en la Conferencia de Chapultepec en 1945». Acerca del nacionalismo en los gobiernos que aplicaban estas ideas: «El técnico no sólo está a favor de la industrialización con todo su corazón, también está a favor de lograr esa industrialización a través del máximo uso de capital doméstico más que de capital extranjero», Vernon, op. cit.: 144. 22 Mokyr (ed.) (2003): 334, 482-485. 23 Dicho de otro modo, los países ya estaban, en los hechos, aplicando el modelo que Prebisch proponía: «En algunos países de América del Sur, Brasil y Argentina, por ejemplo, la industrialización fue propiciada por la gran depresión de los treinta, cuando el descenso de la disponibilidad de divisas obligó a racionar su uso [...] Este proceso de industrialización fue reforzado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando resultó difícil obtener bienes manufacturados», Solís, op. cit.: 237. En el caso de México, ya hemos dicho que hubo este tipo de política desde tiempos de Porfirio Díaz, pero también con los sonorenses. «Existen suficientes testimonios para creer que esa Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo de la época moronista prefiguraba el desarrollismo de los cuarenta. La coyuntura internacional y nacional no ayudó a los hombres de los veinte, como lo hizo veinte años más tarde, pero no cabe duda de que su ideal era ya el de un país industrializado», Krauze (1977): 199. Más al respecto: «Dos son las políticas principales que se han empleado para aislar al productor nacional de la competencia extranjera. En los primeros años se acudió a la protección arancelaria en proporciones considerables

para impulsar a los inversionistas nacionales a iniciar empresas que sustituyeran a las importaciones. Durante la quinta década se consideró que la elevada tarifa arancelaria era un corolario lógico de la meta de industrialización ampliamente difundida. La política de la administración de Ávila Camacho fue ofrecer protección a prácticamente todas las industrias nuevas que aparecieron en México durante los años de la guerra. Miguel Alemán, aún más determinado que su antecesor a lograr la meta de la industrialización mexicana, continuó aplicando una amplia protección arancelaria para alentar las inversiones del sector privado», Hansen (1971): 67. 24 Bulmer-Thomas, op. cit.: 279. Incluso desde una perspectiva neokeynesiana, el modelo es fuertemente criticado, por ejemplo por Guillén Romo (1984). 25 Al respecto, véase Haber (1997): 7-15. 26 «[E]l desarrollo industrial se convirtió en el eje central de la política económica. Las actividades industriales se vieron aisladas de la competencia internacional por medio de aranceles y cuotas de importación; se concedieron exenciones en el pago del impuesto sobre la renta y, con el apoyo de la política financiera, se forzó la canalización de un volumen creciente de recursos en favor de la inversión industrial, en muchos casos con préstamos de instituciones oficiales a tasas de interés inferiores a las prevalecientes en el mercado [...] Por otro lado, al ampliar la oferta de mano de obra urbana, la movilidad demográfica ayudó a deprimir la tasa real de salarios urbanos, cuya oferta de mano de obra se mantuvo muy elástica [...] El mercado de trabajo presentó características mixtas: por un lado, el aumento de la demanda de trabajo calificado elevó la retribución real de la mano de obra; por otro, la migración dificultó el alza de las tasas reales de salarios para el trabajo no calificado en zonas urbanas, si bien hizo descender la importancia del sector de subsistencia», Solís, op. cit.: 175-177. 27 Cárdenas (1996): 76-77; Izquierdo, op. cit.: 133-135. 28 «La respuesta de la oferta produjo niveles de producción que superaron el consumo interno, acumulándose existencias y realizándose exportaciones (a precios menores que los fijados internamente) con un margen de pérdida», Solís, op. cit.: 177. Sobre los mecanismos de extracción de recursos del campo, véase Hewitt de Alcántara (1980): 101-106. 29 Y para el sexenio de Díaz Ordaz, también financiando las importaciones con deuda externa, como veremos más adelante, de manera que para fines de los sesenta el endeudamiento ya era importante. Cf. Glade (1969): 497. 30 Ortiz Mena (1998): 24. 31 Ibid.: 22-24. 32 «[S]eguramente creyendo apresurar el progreso material de México y elevar la situación económica del proletariado, en el sexenio 1934-1940 se produjo un cambio político radical. Ante el apremio de un programa social cuya ejecución estaba fuera de las posibilidades del Erario, en vez de procurar la mejoría de estas posibilidades [...] se siguió la línea de menor resistencia convirtiendo los billetes del Banco de México en papel-moneda y cayendo —peligros que hasta entonces habían sido evitados— en la marcha deficitaria de la hacienda pública federal y en la inflación», Pani (1955): 197. 33 Vernon, op. cit.: 104. 34 Ibid.: 106. 35 No sólo sale Lombardo: hay nuevas organizaciones obreras que presionan a la CTM, Carr (1996): 172; Roxborough (1997): 153. 36 Por ejemplo, véase Medina Peña (1995): 165n. 37 Cabe mencionar que la devaluación de octubre de 1987 ocurrió por presiones financieras, pero no por falta de reservas. Esa devaluación acabó siendo aprovechada para iniciar el Pacto de Solidaridad Económica un par de meses después. Sobre la

devaluación de 1954, Leopoldo Solís opina: «La devaluación de 1938 estuvo asociada con la expropiación petrolera; la de 1948 se consideró como parte del ajuste mundial de paridades que ocurrió en la posguerra. En cambio, la de 1954 constituyó un hecho aislado que afectó drásticamente las expectativas nacionales [...] la devaluación monetaria de 1954 fue un elemento de inflación transitorio, toda vez que las variables económicas que influían en el nivel de precios ya se comportaban con tendencias al equilibrio en condiciones de crecimiento con estabilidad», op. cit.: 115-117. 38 Aunque no es seguro que haya sido la devaluación el origen del crecimiento, sino otras condiciones internacionales (el fin de la guerra de Corea, los precios del café y el algodón, etcétera), Vernon, op. cit.: 109. Véase también Cárdenas (1994): 134-139. 39 Pani, op. cit.: 201. 40 «La precaución innata del gobierno evitó que financiara estos incrementos en inversión pública con grandes incrementos de impuestos [...] los gobiernos locales, estatales y federal de México mantuvieron sus ingresos en alrededor de diez por ciento del ingreso nacional, una proporción sorprendentemente baja cuando se compara con la mayoría de los países del mundo», Vernon, op. cit.: 111. 41 «Para finales de los cincuenta, las oportunidades fáciles para la inversión nacional para sustituir importaciones en manufacturas parecían llegar a su fin [...] La sustitución, de ahora en adelante, tendría que ser más en bienes intermedios —acero en lugar de colchones, aluminio en lugar de sartenes, motores en lugar de coches—. Esa sustitución normalmente implicaba mayor inversión, tecnología más complicada y una estructura de mercado más difícil; desde cualquier punto de vista, representaba un terreno mucho más prohibitivo», ibid.: 117. Cf. Ffrench-Davis et al.i, op. cit.: 119SS. 42 Krauze (1997): 199SS. Con respecto a la relación entre el movimiento obrero y el Estado, Middlebrook (1995) es una excelente referencia. 43 Ortiz Mena, op. cit.: 76. Sin embargo, todavía en esos años el rc seguía en la idea del frentismo, es decir, «la dirección del PCM siguió defendiendo el corporativismo y el Estado», Carr, op. cit.: 209-212. Rousset sostiene que no era la dirección del pc la que guiaba a los movimientos (2000): 108. 44 Ortiz Mena, op. cit.: 77. 45 Id. La época es de polarización, y la opinión pública es, sobre todo, anticomunista, véase Rousset, op. cit.: 101SS; Carr, op. cit.: 246; Loaeza (1988) lo analiza muy ampliamente. 46 Ortiz Mena, op. cit.: 90; Izquierdo, op. cit.: 19-23. 47 Ortiz Mena, op. cit.: 91. 48 Ibid.: 92, Según Hansen (1971): 221: «Cuando el presidente Adolfo López Mateos habló de gobernar “desde la extrema izquierda dentro de la Constitución”, poco después de iniciado su gobierno en diciembre de 1958, aproximadamente tres mil millones de pesos del sector privado mexicano salieron del país en unos cuantos días»; Vernon, op. cit.: 122 opina algo similar. 49 El comité nacional del MLN estaba formado por Alonso Aguilar, Narciso Bassols, Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Carreón, Heberto Castillo, Carlos Fuentes, Ignacio García Téllez, Enrique González Pedrero, Elí de Gortari, Manuel Marcué Pardiñas y Braulio Maldonado. Parte de este grupo publicó con frecuencia en la revista Política, de Marcué. 50 El término fue acuñado por Ortiz Mena en un documento preparado para la conferencia del BM y el FMI en 1969, Ortiz Mena, op. cit.: 9. El documento referido se incluye en ese volumen, pp. 365-399. 51 «México registró tasas de crecimiento del producto agrícola impresionantes hasta mediados de los sesenta, lo que los estructuralistas atribuían a la reforma agraria de los años treinta, pero los campesinos mexicanos nunca enfrentaron las distorsiones de

precios que se encontraron en Argentina, Chile y Uruguay, y el tipo de cambio competitivo por mucho de los años cincuenta hizo rentables las exportaciones agrícolas», Bulmer-Thomas, op. cit.: 278. Thorp enfatiza el impacto de las nuevas variedades de trigo, op. cit.: 79. 52 «En algunas ocasiones esta política de industrialización no se ha entendido cabalmente. No se buscaba crear un nivel de protección elevado y creciente que vulnerara la competitividad de la planta productiva nacional y encareciera los productos a los consumidores nacionales. El objetivo era coadyuvar a detonar el desarrollo de la industria nacional para elevarla a niveles internacionales. Sin embargo, los doce años del desarrollo estabilizador no son un periodo lo suficientemente largo para cerrar el ciclo que permitiera cumplir con ese objetivo. El periodo de apertura gradual a la competencia externa, que debía complementar a la política de industrialización del desarrollo estabilizador, tardó mucho en llegar», Ortiz Mena, op. cit.: 290. 53 Botón de muestra: «Durante los últimos cinco años [1965-1970,] el secretario de Industria y Comercio, que administra el programa de licencias a la importación, ha insistido públicamente en que los productores nacionales se verán expuestos a la competencia de las importaciones, sino demuestran que son capaces de colocar en el mercado sus productos a un precio “razonable” y en un lapso “razonable”. Sin embargo, hasta ahora hay muy pocas pruebas de que el ministro haya hecho algo más que esta “declaración”», Hansen, op. cit.: 68. 54 «[S]e puede considerar que los niveles de protección arancelaria son excesivos, dadas las condiciones internas de producción en lo que respecta a la situación de competencia y eficiencia. Quizá en un principio las altas tarifas podrían haberse justificado, pero su rigidez o tendencia ascendente aumenta el nivel de protección, lo que ocurre asimismo con tasas arancelarias constantes cuando la ampliación del mercado interno permite a los productores operar con costos unitarios decrecientes y cuando el cambio tecnológico suscita aumentos en la productividad con efectos en los costos en el mismo sentido [...] Llaman la atención los altos niveles de protección para productos que incluyen un elevado contenido de recursos naturales, u otros factores abundantes en México, y que se debería esperar fueran exportados, como lo son el renglón de alimentos, bebidas y tabaco, y el de textiles, vestidos y zapatos», Solís, op. cit.: 228-229. De acuerdo con el trabajo de Gerardo Bueno, «los niveles arancelarios son más altos de lo que generalmente se cree y su estructura manifiesta niveles reducidos para las materias primas, maquinaria y alimentos básicos, y altos para todos los bienes manufacturados», ibid.: 226. 55 En 1950 México tenía sobreindustrialización; en 1960, subindustrialización, Solís, op. cit.: 240-241. Esto lleva a Solís a concluir: «Sencillamente parece que no hubo sustitución de importaciones neta, más bien el proceso productivo se ha hecho más intensivo en el uso de bienes de producción»: 231. 56 Ortiz Mena, op. cit.: 293. 57 Krauze, op. cit.: 307. Véase Lewis (2006) y (1965).

12. LAS CONTRADICCIONES DE LA REVOLUCIÓN 1 Una apreciación de Paz (1994): 28: «La Reforma no liberó a los campesinos: los ató a los bancos del Estado y los convirtió en instrumentos de la política gubernamental». En ese mismo sentido, Solís (1971): 159: «Se puede pensar que uno de los objetivos de la Reforma Agraria es hacer más equitativa la distribución del ingreso; pero no parece haber sido éste el resultado. Por el contrario, es posible afirmar que la Reforma desató una serie de fenómenos de carácter dinámico, creando un sector de agricultura comercial

de alta productividad cuyo ingreso aumentó en forma considerable y se hizo cada vez más alto respecto a la agricultura de subsistencia, estancada técnicamente». 2 «En el caso de la tierra, el estudio encuentra que su productividad marginal para unidades pequeñas es cinco veces mayor que en las unidades grandes», Ortiz Mena (1998): 280; Solís, op. cit.: 148-154. Véase también Hansen (1971): 106-108: «Casi 12% de la tierra cultivable en terrenos de menos de 5 has, 34% entre 5 y 10 has. Minifundio ineficiente. El problema no es ejido o privado, sino tamaño de tierra. En 1950 2.3 millones de trabajadores rurales sin tierra, en 1960, 3.3 millones. En 1950, trabajaban 194 días al año, en 1960, 100 días. En 1950 ingresos por 850 pesos, en 1960, 700 pesos». Cf. Hewitt de Alcántara (1980): 109SS. Para una descripción de la distribución de la tierra por modalidad y tamaño, véase Bartra (1993) : 35SS, Maddison (1993) : 102-194. Acerca de las condiciones de éxito de un ejido colectivo, véase Restrepo y Eckstein (1975): 315. 3 «[A]sí, el argumento tan común de que los bajos ingresos de los ejidatarios se deben principalmente a los bajos rendimientos físicos en los cultivos que producen, y de que si lograran los rendimientos alcanzados por los predios mayores mejorarían sus ingresos notablemente, no se ve apoyado por los datos disponibles a nivel nacional», Solís, op. cit.: 146. Los porcentajes son cálculos míos con base en el cuadro publicado por Solís en la misma página. 4 «Salomón Eckstein, que ha estudiado en particular los ejidos colectivos, confirma estupendamente a pesar suyo este análisis en sus propios trabajos [...] En especial explica cómo la organización colectiva no reporta ninguna ventaja en las regiones pobres y que la única ventaja del ejido colectivo está en la economía de mano de obra, que en las condiciones generales del subempleo rural ha tenido poco valor económico y causado muchos males sociales», Gutelman (1980): 155-156. Se refiere a Eckstein (1966); sus conclusiones, en 487SS. 5 [La reorganización] sólo fue posible en aquéllas cuya cohesión interna, en el curso de las luchas, había sido protegida por su aislamiento», Gutelman, op. cit.: 81. En la página siguiente, su interpretación de por qué las leyes podían estar tan separadas de la vida normal de las comunidades. 6 «Puede afirmarse que en gran medida la Reforma Agraria no ha impedido el desarrollo del capitalismo en México. Simplemente le ha impuesto, en un sector determinado, modalidades que al frenarlo lo hacían social y políticamente tolerable para las masas. En este sentido, la Reforma Agraria mexicana puede compararse con la acción de los sindicatos europeos en el siglo XIX, que lejos de conmover fundamentalmente el orden social y de suprimir sus contradicciones, contribuyeron en parte a salvarlo, obligándolo a humanizarse», ibid.: 81-82. 7 «Esta degeneración de la legitimidad del Estado es a la vez causa y efecto de las fisuras y grietas que han ido surgiendo en el bloque hegemónico; la erosión de las estructuras de mediación y legitimación del poder burgués no sólo significa la caducidad de ciertas instituciones (CNC, CNOP, Secretaría de la Reforma Agraria, etcétera), sino que —por lo que se refiere a la agricultura— implica el dramático proceso de liquidación de una clase social que hasta hace pocos lustros era la más numerosa y la depositaria de los mitos más caros de la Revolución Mexicana: el campesinado. El campesinado mexicano tal como lo conocemos hoy en día es en cierta manera una invención de la burguesía, que lo engendró a su imagen y semejanza», Bartra (1982): 48. 8 «Así pues, resultado de intrigas y alianzas que en su momento expresaron la correlación de fuerzas políticas, donde las grandes luchas campesinas fueron subordinadas, surgió a retazos la masa heterogénea que denominamos ejidatarios, minifundistas, comuneros, etcétera. Los campesinos mexicanos no son la reminiscencia de un oscuro pasado, sino

el subproducto del crecimiento del capitalismo (aunque “subdesarrollado”, valga la paradoja)», ibid.: 49. Cf. Hewitt de Alcántara, op. cit.: 114-115. 9 «Probablemente su primera reacción fue la de mayor arraigo a la tierra y menor movilidad, con la esperanza de que sus ingresos continuaran aumentando. No obstante, la tierra dedicada a la producción de alimentos no presenta un cambio significativo en los rendimientos, especialmente entre 1936 y 1945», Solís, op. cit.: 166. Korol y Tandeter (1999): 93 expresan una opinión similar sobre las reformas agrarias en América Latina. 10 «[L]a esperanza es una fuerza tan conservadora como la propiedad misma. “Los campesinos son tan pobres como siempre, pero permanecen fieles a la revolución que les dio lo que más deseaban: un pedazo de tierra [...] Recuerdan a Cárdenas y esperan pacientemente que vengan días mejores”. Su paciencia es un ingrediente primordial para una estrategia del desarrollo que ha concentrado los recursos y las recompensas en la actividad industrial y la gran agricultura destinada al comercio». Hansen, op. cit.: 89. La cita es de Chevalier (1967). 11 «El historial de ambas organizaciones arroja considerables dudas acerca de su consagración al servicio de los intereses del sector agrario del PRI. Desde sus comienzos el Banco Ejidal ha tratado de organizar a los ejidos de acuerdo con sus propios intereses y siempre en perjuicio de cualquier liderismo campesino que sea agresivo e independiente [...] Hay dos clases de pruebas que demuestran que el Departamento de Asuntos Agrarios no representa efectivamente los intereses de los ejidatarios de México. La primera es la forma en que el Departamento interfiere en las elecciones ejidales [...] el segundo tipo de pruebas lo suministra el hecho de que todavía continúan existiendo en México vastas propiedades agrícolas privadas», Hansen, op. cit.: 156-157. 12 La suma de la repartición con base en datos de INEGI (1999). La superficie cultivada, de Sagarpa (s. a.), datos a 2004. 13 Así parece verlo Krauze: sobre Cárdenas da el ejemplo de Nueva Italia: «El pobre balance final de muchos de sus experimentos agrarios no parecía manchar ante sí mismo ni ante los demás la pureza de sus intenciones», (1997): 205. Sobre las haciendas de los Cusi, Cusi (1955) narra la construcción, desarrollo y expropiación de Lombardía y Nueva Italia. Es interesante el contraste entre la versión de Ezio Cusi y la de Lázaro Cárdenas, que tenía mala opinión de éste y su hermano (que, por cierto, ya había muerto). Véase Cárdenas (1972): 400, entrada del 11/XI/38. 14 Historias de los Liñán y los Pantaleón, en Bazant (1975): 315SS. 15 Cf. Loaeza (1993): 123. 16 «Lo fundamental no es que la movilidad sea más elevada en México que en muchos de los otros países latinoamericanos; el estudio comparativo que hace Kahl de Brasil y México, por ejemplo, sugiere que en los dos países son muy similares las tasas del movimiento ascendente; otro estudio sugiere que las oportunidades para la movilidad de las clases bajas urbanas de Colombia son cuando menos tan grandes como en México. Más bien se trata de que la economía mexicana ha proporcionado excelentes oportunidades al mestizo realmente ambicioso», Hansen, op. cit.: 250-251. 17 «Las políticas de Miguel Alemán están entre las más discutibles de la historia económica mexicana. Sin duda sus políticas expansionistas tempranas dieron impulso al crecimiento de México [...] Pero, para un México que sigue recordando las cuestionables consecuencias políticas y de bienestar de los patrones expansionistas de la era porfirista, los asuntos de política y bienestar continuaban siendo tan importantes como el asunto del crecimiento en sí mismo [...]», Vernon (1963): 107. Al respecto: «Durante la quinta década la distribución del ingreso en México se caracterizó por 1) ingresos rápidamente crecientes de las empresas, 2) entradas per cápita derivadas de los salarios y sueldos, con su lento incremento, y 3) una reducción de las tasas del salario real. El resultado fue

una distribución del ingreso cada vez menos equitativa, acompañada de una lenta elevación del nivel de vida general», Hansen, op. cit.: 98. 18 Ibid.: 118. En nota, Hansen insiste en que el problema es «la distancia que hay entre el método mexicano que se ha elegido y la retórica revolucionaria de los dirigentes políticos del país». 19 «El efecto del desarrollo estabilizador en la lucha contra la pobreza ha sido uno de los temas que más se han discutido sobre este periodo. Generalmente, los críticos mencionan los indicadores de distribución de ingreso que muestran una reducción en la participación de las familias más pobres dentro del ingreso total [...] Este planteamiento es simplista y equivocado [...] durante los años cincuenta se había dado un rápido deterioro en la participación en el ingreso total de las familias de menores recursos. No obstante el alto crecimiento poblacional, en los años sesenta el deterioro afectó a una fracción menor del total de familias y ocurrió a un ritmo menor que en los cincuenta», Ortiz Mena, op. cit.: 291. 20 Székely (2005). 21 Con respecto a la compatibilidad de estos datos, ibid. Véase también Izquierdo (1995): 138-141. 22 Hansen, op. cit.: 116-117; también 113: «las familias que se hallan en los dos o tres deciles inferiores, claramente han retrocedido en forma relativa, y quizá absoluta, desde que se inició el “milagro” mexicano». 23 Según el censo de 1960, 65% de la población mexicana está alfabetizado frente a Brasil (61%), Perú (61%), Venezuela, (63%), Argentina, (91%), Chile (84%), Colombia (73%). «[A]unque en México continúa aumentando la tasa de alfabetización, preocupa notar que se eleva con más lentitud que en la mayoría de los otros países latinoamericanos», Hansen, op. cit.: 273. Los datos de los censos de 1950 a 1980 pueden verse en Oliveira y Roberts (1997): 257. 24 Los datos son de Barroy Lee (1993). 25 El gasto en educación a fines de la sexta década era, en promedio, 1.4% del PIB, mientras que en Argentina era de 2.5%, en Brasil 2.6%, en Chile 2.4%, en Perú 2.9% y en Venezuela 4.1%, Hansen, op. cit.: 115-116. En 1965, México, gasto en educación 2.1% del PIB. En la primera mitad de los sesenta, Argentina gastó 3.3%, Bolivia 4.3%, Brasil 3%, Chile 3.6%, Colombia 3.1%, Perú 4.9 por ciento. México en 1968 todavía menos de 3%, ibid.: 274. 26 En 1967, sólo 6.1% de la población total mexicana, o sea 18.9% de la fuerza de trabajo, recibía los beneficios del seguro social. En el mismo año, otros países latinoamericanos tenían las siguientes cifras correspondientes: Argentina, 24.9 y 66.3%; Brasil, 6.6 y 20.4%; Chile, 21.8 y 76.4%; Perú, 8.4 y 26.5%, y Venezuela, 6.9 y 21.9%, ibid.: 116-117. 27 Algo así veía Hansen desde 1970: «La estructura del sistema político que surgió bajo Porfirio Díaz guarda una notable semejanza con la del México actual», ibid.: 194; más adelante: «La política que emergió después de la Revolución tiene modalidades que guardan una sorprendente semejanza con las del periodo porfirista y claramente sugiere una continuidad en el comportamiento político del mestizo, que todavía configura la política mexicana»: 217. Sin embargo, las elites porfirianas no surgen por encanto, y parte de ellas tiene su origen en la República Restaurada, y la recomposición de la riqueza inmobiliaria que ésta propició. Véase por ejemplo, Morales (1978), acerca de Francisco Somera, y Cerutti (1978), sobre Patricio Milmo. 28 «El acuerdo resultante, codificado en la Ley General Bancaria de 1897, podía predecirse fácilmente del conocimiento de los jugadores en la negociación. Banamex y el BLM tendrían un duopolio garantizado en la ciudad de México. Adicionalmente, sólo ellos

podían tener sucursales a nivel nacional», Haber, Razo y Maurer (2003): 86-87. Véase también Ludlow (1997). 29 Haber, Razo y Maurer, op. cit.: 88-89. 30 Ibid.: 89. Sobre la banca regional en el periodo, véase también la introducción a Cerutti y Marichal (comps.) (2003): «La abrumadora mayoría de los estudios agrupados más adelante parece respaldar las hipótesis que plantean: a) que la banca regional en México [...] fue impulsada y representó intereses claramente definidos en el propio ámbito regional; b) que los capitales que la engendraron no sólo provenían de fuentes locales, sino que muchos de sus portadores estaban o estarían involucrados en diversas actividades económicas [...] y c) que su transformación en banqueros resultó una forma de afirmarse como empresarios y como miembros de las elites regionales dominantes»: 40, cursivas de los compiladores. 31 Haber, Razo y Maurer, op. cit.: 136-137. 32 Ibid.: 197, 249-250. 33 Ibid.: 251. 34 Ibid.: 176-177. 35 Ibid.: 103-104. Muchos de los nuevos banqueros habían sido banqueros con Porfirio. José Castelló, que había trabajado en Banamex, se quedó con los clientes de este banco en Mazatlán. Bernardo Zorrilla, lo mismo, en ciudad Victoria, Tamaulipas: 113. 36 Ibid.: 106-107, 314. 37 Ortiz Mena, op. cit.: 32-33. 38 Ibid.: 131. 39 Ibid.: 124. 40 Ibid.: 124-125. Sobre Montes de Oca y su relación con el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, así como algunos apuntes sobre la influencia de esta organización en el gobierno, véase Anaya Merchant (2002): 244SS. 41 Ortiz Mena, op. cit.: 205. 42 «Las acciones de Espinosa Yglesias fueron muy positivas para el sistema bancario: don Manuel actuaba con mucho profesionalismo», ibid.: 125. 43 «Los íntimos de Alemán eran hombres de negocios tan prósperos como Luis Aguilar, Carlos Trouyet, Bruno Pagilai y Eloy Vallina», Hansen, op. cit.: 144. 44 Ortiz Mena, op. cit.: 204. 45 Al respecto, para el caso de Monterrey, véase Cerutti (2000) y (coord.) (2003). 46 Vernon se queja porque para un inversionista extranjero, las cosas son más difíciles, aunque no se lo pueda uno imaginar leyendo las leyes, op. cit.: 9. En buena parte, por la discrecionalidad: «La administración mexicana, por otro lado, pone menos énfasis en los derechos y garantías del individuo, y más énfasis en los derechos discrecionales del Estado, y actúa como el agente del interés público», ibid.: 25. 47 Se refiere a un estudio del mit que encuentra que, en un grupo de 109 ejecutivos analizados en 1957, 26 reportaron que sus abuelos habían nacido fuera de México. En un grupo más selecto, de 32 líderes empresariales, 14 reportaron un abuelo paterno extranjero. Ibid.: 156. 48 Ibid.: 157. En nota compara el caso de México con estudios sobre la Revolución Industrial inglesa y páginas más adelante insiste en el tema: «Es posible que, de cualquier manera, el paternalismo, la soledad y la agresividad que parecen caracterizar a los líderes empresariales mexicanos no sea tanto una consecuencia de la historia y cultura de México como de las tensiones sociales que cualquier nación en vías de industrialización parece obligada a tener. Ciertamente, el síndrome recuerda un poco a la clase industrial de Inglaterra de 1810, a los mogules de Pittsburg de 1890 y a algunos millonarios texanos de las últimas dos décadas. Si estas características son un reflejo

parcial del grado de desarrollo de México y no sólo una función de su diferente cultura, uno debería esperar un cambio en los valores y actitudes de los empresarios mexicanos conforme su economía evoluciona»: 160. 49 Hansen, op. cit.: 117. 50 Smith sostiene que no hay elite de poder (véase Wilkie [1979]); también Story (1990): 113SS. Rendón corona (1990) encuentra más variación que Smith (1981) y Hamilton (1983). El enfoque de Valdés Ugalde (1997) tiene un marco de referencia institucional que lo hace especialmente útil. 51 «Muchos argumentos han sido aducidos a favor de la autonomía o independencia del Estado mexicano contemporáneo. Primero, aquellos que controlan el aparato estatal son reclutados de diferentes medios [...] Segundo, el control estatal de los recursos económicos —y particularmente su control de los medios de producción en sectores básicos de la economía— le permite actuar en su propio interés [...] Tercero, desde una perspectiva estrictamente empírica, el Estado contemporáneo ha demostrado su habilidad para controlar al capital [...] Los miembros del gobierno sólo raramente son reclutados en el sector privado, de acuerdo a la ideología populista revolucionaria en la que el Estado sigue basando su legitimidad [...] hay numerosos y complejos mecanismos formales para la interacción entre el Estado y la clase dominante, incluyendo cámaras industriales y comerciales, organizaciones sectoriales», Hamilton, op. cit.: 38-39. 52 Ibid.: 39. 53 Ibid.: 40. 54 Arriola (1981). 55 «Esta cámara [cnit] ha actuado como el vocero semioficial del nuevo grupo de industriales que surgió a fines de la cuarta y quinta décadas, cuando se aceleró intensamente el proceso de la industrialización mexicana», Hansen, op. cit.: 143. Para la década de los ochenta, Story considera que las diferencias entre Concamin y Canacintra ya no eran importantes, op. cit.: 152-156. 56 Lo refiere Vernon, op. cit.: 162, que además dice: «Aunque no se ha hecho un compendio similar de periodos más recientes, el tenor de estas propuestas parece estar de acuerdo con las sugerencias hechas por grupos empresariales a administraciones recientes. A partir de una base de expectativas como ésta, no hay razón para asumir que los empresarios mexicanos del futuro podrían ver un sistema de laissez faire como correcto y como objetivo natural de su existencia». 57 Ibid.: 171. 58 Valdés Ugalde, op. cit.: 190. 59 «El historial de la estabilidad imperante en México desde 1929 indica que el actual sistema político ha triunfado en varias de las formas siguientes: 1) al limitar el número de las demandas que se le hacen; 2) al aumentar su capacidad para satisfacer las demandas crecientes; 3) al estimular el apoyo difuso que se da al sistema político, y 4) al conservar el apoyo específico de los miembros políticamente importantes de la sociedad mexicana, esto es, de los miembros que controlan lo suficiente de los recursos totales de la sociedad como para poder amenazar la estabilidad del sistema si deciden hacerlo». Podría sumarse a esto una mayor coerción, pero «no hay indicios evidentes de que en México esté aumentando la coerción como un instrumento de control político», Hansen, op. cit.: 227. El «apoyo difuso» al que se refiere Hansen «se muestra en sentimientos tales como el patriotismo, la lealtad y buena voluntad, puede estar dirigido hacia la nación, el régimen, o las autoridades». 60 Malloy (1977): 14-15 identifica tres formas en las que los regímenes populistas buscan el control y estructuración de sus bases de apoyo: «En primer lugar, ofrecían gratificación simbólica en forma de estilos de liderazgo carismático, nuevos símbolos de dignidad (los

descamisados de Perón), retórica nacionalista y actos nacionalistas significativos como la expropiación de empresas extranjeras. Los regímenes populistas también ofrecían a sus seguidores gratificación material en la forma de mayores sueldos y salarios, expansión del empleo público, etcétera. Finalmente, los regímenes populistas buscaron crear estructuras organizacionales centralmente controladas para enlazar a sus seguidores en estructuras del Estado». En su opinión, para la década de los cuarenta, esto creó serios problemas de control social y en los cincuenta el populismo había «1) debilitado el poder de las elites tradicionales; 2) estimulado el crecimiento con sustitución de importaciones, lo que incrementó la importancia de las industrias locales y el trabajo organizado, y 3) estimuló un incremento general en la movilización política y el consumo popular». 61 Hansen, op. cit.: 114. 62 «La importancia de la contratación de Kaldor era doble. Por un lado, presentaría un análisis técnico riguroso del sistema fiscal mexicano; por otro, y más importante, yo sabía de antemano que, por su línea de pensamiento, su propuesta de reforma sería más radical que la de la Secretaría de Hacienda. Esto sería muy útil para la negociación de la reforma, pues la propuesta de la Secretaría quedaría en un punto intermedio entre el esquema fiscal prevaleciente y la propuesta de Kaldor», Ortiz Mena, op. cit.: 155. 63 Ibid.: 157SS. En particular, el caso del IVA en 163-164, que no se propuso por la negociación de la Ley Federal del Trabajo, coincidente, que fue preferida por López Mateos. Véase Izquierdo, op. cit.: 142-146. 64 Vernon, op. cit.: 185. En Díaz Fuentes (1994): 229, cuadro vt.2, aparecen 50 países, de los cuales México es el que menos recauda en 1950-1970, como proporción del PIB. En la década de los setenta ya no es el último, porque se incluyen los ingresos gubernamentales por derechos de hidrocarburos. 65 «Los cálculos actuariales para lograr un adecuado financiamiento de los seguros fueron realizados por la oit sobre la base de que los trabajadores serían los beneficiarios de los seguros; sin embargo, en la ley del IMSS se estableció que los beneficios de la seguridad social cubrieran no sólo a los trabajadores, sino también a sus familias. Ello provocó que el Instituto naciera con un fuerte problema de desfinanciamiento», Ortiz Mena, op. cit.: 250. 66 «El desfinanciamiento llevó a una práctica nociva mediante la cual el ivcm comenzó, de hecho, a subsidiar a los otros ramos de aseguramiento», ibid.: 251. 67 Ibid.: 253. 68 Ibid.: 250, 253. Continúa con la narración de estas prácticas en 254, la idea de Ruiz Cortines del médico familiar, y luego resultados, 254SS. 69 «Desde 1925, con la expedición de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro por el presidente Calles, se había establecido un sistema de pensiones para los trabajadores del gobierno federal, que se financiaba con una contribución equivalente al 12% del salario del trabajador, de la cual la mitad la aportaba éste y la otra mitad el Estado. Dicha tasa era el doble del 6% que por el mismo concepto se aportaba al tacs; por lo tanto, las tasas de remplazo para los trabajadores del Estado eran también superiores a las del Instituto. El sistema permitía a los trabajadores del Estado acceder a préstamos de corto plazo e hipotecarios. Además, la edad de retiro para los trabajadores del gobierno era inferior a la que establecía la Ley del Seguro Social», ibid.: 262-263.

13. LA RESPUESTA VIOLENTA 1 Hay muy pocos trabajos académicos acerca de las guerrillas, urbanas o rurales. Existen, sin embargo, muchas novelas, escritas ya sea por participantes, familiares o simples interesados. Destacan, Montemayor (1997), Hirales (1996) y Glockner (1996). Sobre el periodo en general, véase Aguilar Camín (1989).

2 Loaeza (1988): 123: «Los instrumentos de que se valió el Estado para llevar a cabo su política de desmovilización fueron diversos. A cada grupo social correspondió una táctica diferente: la represión policiaca y militar como respuesta a las movilizaciones de trabajadores y campesinos contestatarios, la concertación para empresarios y la jerarquía eclesiástica, la cooptación y la integración simbólica para las clases medias». 3 Cf. Castañeda (1995). 4 Krauze (1997): 238SS. Bellingeri (2003) refiere que el indulto ocurrió a fines de 1958, por lo que fue Ruiz Cortines quien lo otorgó, no López Mateos; cf. Peña (1997): 222. El texto de Bellingeri es excelente referencia para el caso de Jaramillo, 17-68, y también para todos los movimientos rurales cubiertos en este apartado. 5 Bellingeri, op. cit.: 118-119. 6 Ibid.: 120-122. 7 Ibid.: 124-125. 8 Ibid.: 130. Los días 20 y 21 de abril de 1963 se realizó el I Congreso Constituyente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en el Ticuí, con representantes de la CCI, del (MLN) y del MRM. Genaro Vázquez fue nombrado responsable del Consejo de Planeación Económica. Unos meses después se produciría un distanciamiento entre los cívicos y el Partido Comunista —al que pertenecía Lucio Cabañas, quien fue encargado por el pc para organizar la ccl—, Fiscalía (2006): 301. Una nota con respecto al uso del informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado: este informe existe, en versión electrónica, en varias direcciones, sin embargo, tiene carácter extraoficial. Para ello, se usa en este libro sólo como fuente alterna. 9 Bellingeri, op. cit.: 132-134. 10 «El primero de agosto de ese año, circulaba entre los estudiantes de la capital un volante firmado por él. Los llamaba a prepararse para la lucha armada», Krauze, op. cit.: 312. 11 Bellingeri, op. cit.: 138-141. 12 Ibid.: 146-149. 13 Bellingeri, ibid.: aclara que hubo versiones de que había sido rematado, pero que carecen de fundamento: 154-156. 14 Según Camp (1992), Cabañas comandaba el grupo que rescató a Genaro Vázquez en 1968 y se quedó como mando de la ACNR a la muerte de aquél. Pero esto es totalmente equivocado. De acuerdo con el Informe de la Fiscalía: «El comando se forma con Roque Salgado Ochoa, José Bracho Campos, Donato Contreras Javier y su hermano Pedro Contreras Javier, Filiberto Solís Morales —cuñado de Genaro—, Abelardo Vázquez Cabañas y Prudencio Casarrubias», Fiscalía, op. cit.: 312. Cf. Bellingeri, op. cit.: 136-137, 173-175. 15 Cabañas, que también participó en las luchas de los cívicos, emergió de las luchas estudiantiles: primero en la Normal Rural de Ayotzinapa, luego como militante de las Juventudes Comunistas de México (JCM) en las que ingresó en 1959, y posteriormente como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (EECSM) de 1962 a 1963. Como maestro estaría vinculado con el (MRM) que dirigía Othón Salazar, Fiscalía, op. cit.: 306. 16 Krauze, op. cit.: 312-313. El (POLP) se formó con una amplia base social. En el piso de la pirámide estaban los comités clandestinos en las comunidades —que después fueron llamados Comités Revolucionarios de los Pueblos—, que permitirían desarrollar el «foco guerrillero». Al principio esta idea no prendió por el temor de la gente. Por su parte, la (BCA) era el brazo armado del Partido y los que se incorporaban a este sector debían tener instrucción militar, Fiscalía, op. cit.: 310.

17 Bellingeri, op. cit.: 178-179. 18 A inicios de los setenta, Raúl Ramos busca a Lucio para integrarlo en la organización nacional que busca crear la Liga, pero Lucio no acepta asociarse, ibid.: 180-181. Véase también Hirales, op. cit.: 202. Sobre la dificultad de Lucio para aceptar a los estudiantes, una cita suya puede ser ilustrativa: «no se puede hacer pueblo, si no, ya hubieran muchos Partidos de los Pobres, ya hubieran varias brigadas, si fuera tan fácil hacerse pueblo, ¿verdad? Se necesita ser pueblo para que uno se haga pueblo [...] por esta razón, solamente los que son como el pueblo son capaces de hacer pueblo en donde quiera que se paren», citado en Bellingeri, op. cit.: 195. En esas mismas páginas hay varios ejemplos del desprecio de Lucio por los urbanos. 19 Ibid.: 182-183. 20 Ibid.: 186. De acuerdo con Bellingeri, la intención era sólo asustar a los jóvenes fingiendo el fusilamiento, pero por un accidente sí los ejecutaron. Gustavo Hirales lo recuerda en forma distinta en su novela. 21 Ibid.: 201-210. 22 «[E]s posible advertir la enorme influencia que los recientes conflictos agrarios han provocado en la conformación del ejército. Desde hace quince años, periodo en que se ha intensificado considerablemente la lucha campesina (Jaramillo, guerrillas en Guerrero y otras regiones, organización de la CCI —hoy CIOAC—, invasiones de tierras, paros en zonas azucareras, etcétera) el ejército ha cumplido una función represiva esencial para mantener el statu quo en el campo», Bartra (1982): 55. 23 Bellingeri, op. cit.: 216. 24 Ibid.: 235-236. 25 Ibid.: 236-246. 26 De los diez millones de pesos encomendados a Félix Bautista, fue recuperado medio millón de pesos que quedó en manos de un maestro de la Preparatoria 9 de Acapulco, Félix Bautista Zúñiga, quien huyó y anduvo prófugo. Años después la gente de Lucio le reclamó el dinero faltante: «Los días santos de 1984, Félix es “invitado” a una entrevista con “Dante y Javier”; los “Gervacios” lo secuestran, lo interrogan durante tres días con presiones y métodos policiacos». Según Alejandra Cárdenas, este dinero fue entregado por Félix al Partido Comunista, que lo invirtió en un edificio. Cuando el Partido de los Pobres se enteró del destino del dinero lo fue a reclamar y no se lo quisieron devolver; entonces secuestraron a Arnoldo Martínez Verdugo, cuando estaba en campaña para la Presidencia de la República. En estas circunstancias les devolvieron el dinero, Fiscalía, op. cit.: 385. 27 Krauze, op. cit.: 313; Bellingeri, op. cit.: 69-102. 28 No queda muy claro en el informe si se refieren al Estado Mayor Presidencial o al Estado Mayor del Ejército, puesto que se indica que enviaba su información a Defensa Nacional: «Cárdenas Barajas pertenecía a la Segunda Sección del Estado Mayor y actuó como infiltrado en la organización[...] fue uno de los espías utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de los nacientes movimientos armados», Fiscalía, op. cit.: 261. Sin embargo, Bellingeri no está convencido de que Cárdenas Barajas fuera espía, op. cit.: 100-101. Es precisamente por ello que el informe de la Fiscalía no es una fuente muy confiable, porque depende demasiado de las tarjetas de la Dirección Federal de Seguridad (des) recuperadas en archivo, sin aparato crítico. 29 Ibid.: 101-102; Fiscalía, op. cit.: 270-271. 30 Ibid.: 275. Bellingeri da a entender que González, Gaytán y Scobell (él escribe Escobel) fueron todos detenidos en septiembre y ejecutados el día 11, op. cit.: 108. 31 Acerca del conflicto en Puebla, véase Loaeza, op. cit.: en particular 330SS.

32 Ibid.: 183-184: «Los años 1957-1963 fueron ricos en acontecimientos que sirvieron para crear un clima en el que culminaron tensiones fermentadas en años anteriores [...] Hay dos elementos más que contribuyeron a poner fin al inmovilismo: por una parte, las divisiones en el interior de la elite política, y por otra, el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959». 33 Ibid.: 246. 34 Al respecto, véase ibid.: 245-277. 35 Krauze, op. cit.: 297SS. 36 Sobre los factores detrás de la crisis de conciencia, véase Loaeza, op. cit.: 205. Al respecto del involucramiento del Partido Comunista, ibid.: 209: «Si bien sería una exageración afirmar que la crisis sindical de 1958-1960 fue provocada por los comunistas, es indudable que éstos participaron en los movimientos ferrocarrilero y magisterial; no obstante, los esfuerzos de renovación precipitaron una crisis en el interior del PCM». 37 Sobre lo ocurrido en 1968, Ramírez (1969) contiene amplia información documental. Para la interpretación de los estudiantes, véase González de Alba (1971) y Poniatowska (1998). Cf. Can (1996): 261-270. 38 Medina Peña (1995): 212, quien menciona que la toma de las instalaciones del IPN en 1956 es un caso diferente, puesto que el Politécnico no era una institución autónoma, como las universidades. 39 Carr, op. cit.: 233. Acerca de su propia participación, véase Ortega Juárez (2006). 40 Ibid.: 125-127; Medina Peña, op. cit.: 214-215. 41 Idem. 42 Dice Ortega Juárez: «El mayo francés fue una gran derrota», (2006): 141-142. Cf. Procacci (2001): 453. 43 Medina Peña, op. cit.: 216-218; Ortega Juárez, op. cit.: 142-144. 44 Ibid.: 149. 45 Joel Ortega dice que hubo información de la embajada cubana acerca de que Campos Lemus sería un infiltrado de la guerrilla guatemalteca, pero que el CNH no hizo caso porque a otros se los calificaba como infiltrados del Opus Dei, ibid.: 150. 46 La propuesta de las columnas armadas fue de Sócrates Campos Lemus, ibid.: 152-154. 47 Loaeza (2005): 151. Acerca de la participación de Echeverría en la matanza, y su posible utilización en la carrera presidencial, para desplazar a Martínez Manatou, véase Castañeda (1999): 332-340. Cf. Medina Peña, op. cit.: 214-215. 48 La crisis del XIII Congreso del pc es producto de las dificultades de una dirección anquilosada (Dionisio Encinas, desde 1940) y de los movimientos obreros de fines de los cincuenta, Rousset (2000). Es también relevante el impacto del XX Congreso del pc de la Unión Soviética y la caída de la imagen de Stalin, ibid.: 126. Finalmente tenemos la Revolución Cubana, que abre nuevas perspectivas a los comunistas mexicanos. La lista de los expulsados aparece en ibid.: 149. Véase también Carr, op. cit.: 195, 214-216, y 223-227. 49 Fiscalía, op. cit.: 245. 50 La LCE quiso formar un frente de izquierda para la lucha electoral. En 1967 se vincula con el MLN de Heberto Castillo y con el Partido Popular Socialista Revolucionario de Rafael Estrada Villa, para apoyar la candidatura de Demetrio Vallejo por un distrito obrero. Por órdenes del Secretario de Gobernación, la Comisión Federal Electoral les negó el registro a los candidatos presentados por el PPSR. En 1968 participaron activamente en el movimiento estudiantil y sufrieron la represión. En 1966 la Liga Comunista Espartaco (LCE) formó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil

(mire), una especie de Juventud Espartaquista similar a las Juventudes Comunistas del PCM, ibid.: 436-437. 51 Ibid.: 438. 52 Ibid.: 449; Hodges (1976): 329; Hirales, op. cit.: 66; Carr, op. cit.: 271. 53 Fiscalía, op. cit.: 431-432. 54 Ibid.: 458-459. 55 Ibid.: 432, 459; Hirales, op. cit.: 213-215; Can, op. cit.: 272-273. 56 Fiscalía, op. cit.: 325, 351, 410-411. 57 Ibid.: 425. 58 Ibid.: 457, 490; Tello Díaz (1995): 70SS.,168-169. 59 Bellingeri, op. cit.: 160; Can, op. cit.: 270-271; Hirales, op. cit.: 132SS, 139-143; Carr, op. cit.: 270SS. 60 Medina Peña, op. cit.: 223. 61 Fiscalía, op. cit.: 443; Bellingeri, op. cit.: 162. 62 Hodges, op. cit.: 328 menciona a Fabricio Gómez Souza y Alejandro López Murillo como fundadores del mar. 63 Sobre la muerte de Ramos, véase Hirales, op. cit.: 179-180. 64 Fiscalía, op. cit.: 457; Bellingeri, op. cit.: 164; Hirales, op. cit.: 204: «en la fundación de la Orga estuvimos casi todos los que debíamos estar, excepto el Pachi (que ya había sido deslindado), los Macías, que aún no se integraban, y los Inmorales de David Jiménez Sarmiento (a) el Chano, que poco después se incorporaron». 65 Bellingeri, op. cit.: 170-171. 66 Fiscalía, op. cit.: 463. 67 Hirales, op. cit.: 209. 68 Bellingeri, op. cit.: 171. 69 Fiscalía, op. cit.: 485. 70 Bellingeri, op. cit.: 166-167; Hodges, op. cit.: 307SS; Hirales, op. cit.: 66; Tello Díaz, op. cit.: 62-63. Sobre la posterior relación de Menéndez con Fernando Gutiérrez Barrios, véase Castañeda, op. cit.: 429-431. 71 Tello Díaz, op. cit.: 64-65. 72 Ibid.: 81; Glockner, op. cit. 73 La interpretación tradicional es que Cuba no apoyó ningún movimiento en México; por ejemplo, Castañeda (1995): 104 dice que las guerrillas mexicanas «nunca recibieron ni una gota de ayuda de los cubanos: ni dinero, ni entrenamiento, ni armas» aunque muchos años después, en un artículo periodístico (Castañeda [2006]), expresa dudas precisamente con respecto al grupo que analizamos ahora. Tello Díaz, op. cit., también sostiene la tesis de que Cuba no apoyaba la guerrilla en México (119): pero en 145SS describe la relación entre las fln y Cuba. Finalmente, hay que mencionar los asaltos perpetrados en México por cubanos: Castañeda (1995): 80. La referencia de Bellingeri, en op. cit.: 166n. 74 Tello Díaz, op. cit.: 94-95.

14. MUCHA POLÍTICA, POCA ADMINISTRACIÓN 1 Bordo (1993); Bordo y Eichengreen (1998); Bordo y Schwartz (1997). 2 Maddison (1991): 128-139. 3 Crozier, Huntington y Watanuki (1975). 4 Krauze (1997): 369. 5 «En el caso especial de la UNAM —según cálculos de Gabriel Zaid— el presupuesto crecería 1688% entre 1968 y 1978. Si no aceptaban un empleo académico, los jóvenes

podían acogerse al árbol cada vez más frondoso del sector público, cuya tasa de empleo crecería de 600 mil personas en 1970 a 2.2 millones en 1976», ibid.: 370. 6 La revista Medio Siglo fue fundada por un grupo de jóvenes como resultado del Congreso de Crítica a la Revolución Mexicana en octubre de 1945, ibid.: 253, 370. Véase también Cothran (1994) 98-99. Luis Medina Peña los coloca, mejor, como el grupo que funda El Espectador, en 1959, y que después se agrupa alrededor de Marcué Pardiñas, en la revista Política, que abandonarán hacia 1964, Medina Peña (1995): 203. 7 Krauze, op. cit.: 266. Aunque de cualquier manera no servían de mucho, según el mismo Cosío: «En definitiva, el intelectual cargaba con buena parte de responsabilidad en su impotencia. No había demostrado tener muchas ideas originales sobre los problemas del país, y menos todavía tenerlas como verdaderas convicciones», ibid.: 267. 8 Mora (1986). 9 Hansen (1971): 197. El carácter patrimonial del empleo gubernamental también llamaba la atención de Hansen, aunque lo fechaba en el Porfiriato: «Las consecuencias socioeconómicas del sistema político del mestizo mexicano también están claramente delineadas en la etapa porfirista. Los puestos políticos se usaban para acumular fortunas personales; mientras más importante era el puesto, mayor sería la fortuna [...] Las posiciones oficiales, de acuerdo con la antigua tradición hispano-americana, se consideraban como equivalente a poseer la propiedad de una fuente de ingresos, que podía explotarse para extraer todas las ganancias personales que el poseedor fuera capaz de lograr [...] El resultado final de esas empresas políticas en el periodo porfirista fue el nacimiento de una nueva elite blasonada, una nueva aristocracia mestiza que tomó su lugar al lado de la elite criolla», ibid.: 216-217. 10 Schatz (2000): 26. Oliveira y Roberts (1997): 243 establecen que el empleo público se triplica de 1970 a 1980. 11 Hansen, op. cit.: 231. 12 Véase Durand (2002): 356-373. La lfra fue sustituida en 1992 por la Ley Agraria y la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios, ibid.: 418-419. 13 Bartra (1982): 57. 14 Bartra (ibid.: 61) hace énfasis en la gran diferencia entre el echeverrismo y el cardenismo en su relación con el campo. A la postre, estas diferencias explican la incapacidad de «una alternativa “populista” autónoma de corte neocardenista», ibid.:5253. 15 Hansen identificaba entonces como el principal problema de las décadas siguientes el demográfico, seguido por la necesidad del gobierno de incrementar sus entradas y, finalmente, acrecentar el ahorro, op. cit.: 271, 274-275. 16 En tiempos de Alemán, 25 mil, de 25 millones, tenían título universitario, Krauze, op. cit.: 148. En 1960, según el censo, 193,575 mexicanos habían cursado al menos un año de educación superior. La cifra de 100 mil corresponde a sumar, a los 25 mil que refiere Krauze, el número de estudiantes que podían haber egresado de 1945 a 1960. Durante la década de los setenta, el promedio de estudiantes de educación superior supera los 600 mil, de manera que deben haber egresado (aunque no necesariamente titulado) más de 80 mil cada año. 17 Datos de INEGI (2001): 234. 18 La propuesta de reforma fiscal fue impulsada por Margáin, apoyado por otros técnicos en posiciones de menor relevancia entonces, como David Ibarra. En contra estaban los estructuralistas, Horacio Flores de la Peña y Francisco Javier Alejo, principalmente. Sobre las razones por las que Echeverría no impulsó las reformas fiscales de 1971, afirma Hansen en la introducción a la edición de 1974 de Hansen (1971): XV-XVIII. Y más adelante «Quizá el mejor ejemplo de que el régimen ha sacrificado importantes medidas

que habrían acelerado el crecimiento, se puede encontrar en el campo de las reformas fiscales; durante años los consejeros, tanto extranjeros como nacionales, han estado recomendando con urgencia que se haga una reforma y sólo han logrado resultados marginales»: 288-289. 19 Krauze, op. cit.: 375. 20 Es interesante leer la prospectiva de Vernon en los años sesenta: «Cualquier cambio de rumbo demandará una cierta cantidad de acción no limitada de parte del presidente [...] La primera de esas posibilidades —y la que la mayoría de los mexicanos, cualquiera que sea su visión política, parecen preferir como salida a su dilema— es una reversión a un presidente “fuerte”, del tipo ejemplificado por Calles, Cárdenas o Alemán [...] muchos mexicanos estarán de acuerdo en que la probabilidad de que ese tipo de presidente sea nominado bajo el sistema priista actual es muy remota, y que el que más probablemente será designado será un hombre cuya capacidad para la neutralidad haya sido probada», Vernon (1963): 189-191. 21 Hansen dice que Vernon propone soluciones, pero cree que «cualquier acción positiva sería bloqueada por una oposición política» (1971): 13. Cf. Solís (1971): 330-331. 22 Un ejemplo de la forma en que Echeverría manejaba la política nacional es el boicot contra Excélsior por parte de la iniciativa privada el año anterior, promovido por él, aunque más tarde lo desconociera.Véase la narración de Juan Sánchez Navarro en Valdés Ugalde (1997): 191SS. 23 Medina Peña, op. cit.: 229-231; Castañeda (1999): 379. 24 Medina Peña, op. cit.: 235. 25 El 27 de julio de 1978, el Congreso de la Unión aprobó una la Ley Federal de Amnistía, Fiscalía (2006): 421. 26 Hirales cree que pudieron haber muerto o desaparecido cerca de 1 500 personas en México, la inmensa mayoría formada por campesinos en las zonas rurales en las que hubo enfrentamientos serios y que llevaron al ejército a una política de tierra quemada. Los desaparecidos que la fiscalía ha declarado como tales suman 584 (ibid.). Como comparación, el ERP en Argentina movilizaba a mediados de los setenta a más de 5 mil combatientes y cerca de 30 mil elementos de apoyo activo, según Gorriarán Merló (entrevista en el documental El golpe. Historia de una infamia, History Channel, 2006). 27 Cothran (1994): 96-97: «Primero, el nivel de conflicto en México no debe exagerarse. Aunque la movilización pública contra ciertas políticas gubernamentales fue probablemente mayor que en cualquier otra ocasión en décadas, seguía siendo limitada en alcance [...] incluía principalmente estudiantes y otros jóvenes [...] y, más notablemente, no incluía a la elite económica». Cf. Castañeda (1999): 387-394. 28 El conflicto no es solamente entre Moctezuma y Tello, sino entre dos visiones de la economía: estructuralista, por un lado, como Tello y Oteyza, y monetarista, como Moctezuma y el director del Banco de México, Romero Kolbeck; López Portillo-Romano (1994): 103. Este conflicto entre monetarismo y estructuralismo, sin embargo, lo fechan Brothers y Solís (1967): 188-196 desde mediados de los sesenta. En cuanto a la sustitución de García Sáinz, el nombrado en su lugar fue Miguel de la Madrid, el jefe de la «camarilla» del Banco de México, según López Portillo-Romano, op. cit.: 191. 29 La interpretación del alza del petróleo como un hecho permanente y la de las tasas de interés como uno transitorio es el error fundamental del gobierno de López Portillo, véase López Portillo-Romano, op. cit.: 111. Acerca del movimiento de largo plazo del precio de las materias primas, en 1980 se realizó una apuesta muy famosa entre Julian Simon (profesor de administración) y Paul Ehrlich (entomólogo famoso por su trabajo en poblaciones), con una canasta de cinco metales: cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno. Simon apostaba a que bajarían de precio en la década, mientras que Ehrlich

apostaba a su alza. Ganó Simon fácilmente, y Ehrlich pagó la apuesta: 576 dólares, el valor perdido por la canasta en los diez años. Este ejemplo se usa frecuentemente para ilustrar la tendencia a la caída del valor de las materias primas con el tiempo. 30 Cordera y Tello (1981): 107. 31 Ibid.: 110. 32 Ibid.: 80. 33 Ibid.: 114-115. 34 De acuerdo con datos de INEGI, el agregado monetario más pequeño, mi, estuvo en niveles de 8% del PIB en 1980 y 1981, nivel que no recuperaría, por la crisis, sino hasta inicios de 1990, y luego hasta el año 2000. No hay política monetaria restrictiva a inicios de los ochenta, sino ineficiencia del sistema financiero, como es frecuente en México. INEGI (s. a.). 35 Stiglitz (2002): 81. 36 Adicionalmente, en 1981 y 1982 salieron del país 16 628 millones de dólares que acabaron registrados en el renglón de «errores y omisiones» de la balanza de pagos. Una gran proporción de este dinero corresponde a lo que normalmente se llama fuga de capitales. Para dimensionar esto hay que considerar que representaba 3.5 y 4.1% del PIB, respectivamente, para esos dos años. Sobre la estimación de la fuga de capitales en esos días, López Portillo-Romano, op. cit.: 152 presenta varias estimaciones, que rondan los 20 mil millones de dólares entre 1981 y 1982, y hasta 60 mil millones de dólares durante todo el sexenio. 37 Campos (1995): 270. 38 Los objetivos eran, según Ceja Mena, «aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de los grupos marginados y asegurar una oferta abundante de bienes, especialmente alimentos, y servicios; promover el establecimiento de fuentes de trabajo diversificadas en las zonas marginadas, a través de la canalización de recursos públicos y privados; elevar la eficacia en el aprovechamiento de los recursos de zonas marginadas y deprimidas mediante tecnologías modernas; lograr una remuneración justa para el trabajo y los productos generados por los grupos marginados; aplicar recursos para el beneficio de los estratos más pobres, en materia de alimentación, salud, educación y vivienda; fomentar el respeto y el desarrollo de sus formas de organización, para fortalecer su capacidad de negociación en la producción, la distribución y el consumo y el fortalecer las manifestaciones culturales propias, y elevar la conciencia y capacidad de organización», (2004). En cuanto a la parte de investigación véase Coplamar (1982). 39 Este desequilibrio de toda la economía por la abundancia de un recurso natural se conoce como la «enfermedad holandesa», en referencia a lo ocurrido en Holanda con el descubrimiento de gas natural en los años sesenta (el nombre lo puso la revista The Economist en 1977). Al respecto, véase Corden (1984), Corden y Neary (1982), Van Wijnbergen (1984). En el caso que estamos analizando, esta posibilidad se discutió en el gabinete, López Portillo-Romano, op. cit.: 108-110. 40 Debemos aclarar que no ocurre sólo el alza de tasas de interés, sino una sequía de crédito muy importante. Esto se debe, en parte, a que al elevar sus tasas la Reserva Federal, los bancos tienen menos interés en prestar, porque ya no vale la pena correr el riesgo del crédito. Sin embargo, José López Portillo interpretó esta sequía como una venganza estadounidense por la postura independiente de la política exterior de México, ibid.: 164. 41 La devaluación pudo hacerse antes, pero López Portillo no quería hacerlo, en parte por el entorno político polarizado (ibid.: 136) y en parte por fallas de estimación que pudieron responder a la lucha sucesoria (ibid.: 140-142). Con respecto al uso de estas cifras y a la

llegada de De la Madrid, véase Castañeda, op. cit.: 298-401. Ahí, Rosa Luz Alegría culpa a Carlos Salinas del manejo de las cifras. 42 Se suponía que el pire equilibraría la economía para 1985, de acuerdo con el FMI, López Portillo-Romano, op. cit.: 201. Por otra parte, no había incentivos para reformas de fondo en esos años, porque no había apoyo internacional, ibid.: 198. 43 Aguilar Camín (1988): 70-73. Véase también Middlebrook (1995). 44 López Portillo-Romano, op. cit.: 279. 45 De hecho, el dato para 1975 es muy poco confiable, y no se incluye en la figura. Tal vez a ello se deba la afirmación de Cornelius y Craig (1988): 427 de que «existe evidencia convincente de que México tenía una mayor concentración del ingreso en1975 que en 1910, antes del estallido de la Revolución Mexicana, y todos los datos disponibles muestra una marcada caída en el ingreso real del 20% más pobre de México entre 1950 y 1975». Como hemos visto, los datos no son fácilmente comparables, y en particular el de 1975 es muy malo. 46 Según el: Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, Commission Reform y SRL, 1997 y estimaciones de Conapo. El porcentaje de población que migra en cada década es el siguiente: en los setenta, 2.4%; en los ochenta, 3.2%; en la primera mitad de los noventa, 3.4%, y después de la crisis de 1995, 4 por ciento. Calculado con base en la fuente referida y los censos de población. 47 La reacción política a la nacionalización no fue ni general ni homogénea. Para un comentario al respecto y bibliografía acerca de las diferentes reacciones a lo largo del país, véase Alba Vega (2005): 171 y notas. 48 Crespo (1995): 59.

15. LA TRANSICIÓN 1 Castañeda (1995); Hodges (1976). 2 Procacci (2001): 534-535. 3 Castañeda, op. cit.: 115. 4 No se debe olvidar el movimiento guatemalteco derrotado por Efraín Ríos Montt en 1983, que provocó una migración muy importante a México, ibid.: 107-110. 5 Un elemento más en el desplome del régimen, que será determinante hacia el cambio de siglo, es el problema de la seguridad. Fernando Gutiérrez Barrios, que había controlado la seguridad del Estado durante un cuarto de siglo, fue sustituido a fines del gobierno de López Portillo por José Antonio Zorrilla. Años después, éste sería declarado culpable del asesinato del periodista Manuel Buendía. Sin embargo, además de ello, durante su gestión ocurre el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, que puede considerarse el punto en el que cambia la magnitud del narcotráfico en México. Acerca del nombramiento de Zorrilla, véase Castañeda (1999): 410-411. 6 Sobre la expulsión de Silva Herzog, ibid.: 417-422; López Portillo-Romano (1994): 257. Ambos mencionan que la personalidad de Silva Herzog fue un elemento importante en su caída. Sin embargo, también tienen que ver cuestiones de política económica (ibid.: 238239) y relativas a la posición de México frente a la deuda externa (ibid.: 236). Finalmente, hay que tener en cuenta la lucha sucesoria (ibid.: 243). 7 No cabe duda de que, cuando más temprano, las políticas de corte neoliberal se iniciarían en verano de 1986, aunque me inclino a pensar que el verdadero comienzo ocurre hasta la designación de Salinas como candidato y la aplicación del Pacto de Solidaridad, a fines de 1987. López Portillo menciona que el gabinete de De la Madrid no podía calificarse como neoliberal. Sólo la «camarilla» del Banco de México tenía esta orientación; destaca entre ellos Francisco Gil Díaz. Véase López Portillo-Romano, op. cit.: 193SS y notas.

8 Medina Peña (1995): 247. Desde antes del ingreso al GATT, ya se había iniciado la reducción de los permisos de importación, López Portillo-Romano, op. cit.: 229-230. El GATT es el antecesor de la OMC, y fue creado a fines de los cuarenta para sustituir la tercera institución de Bretton Woods, que no logró surgir, en buena medida por la oposición de América Latina, como vimos en el capítulo 10. La decisión de entrar en el GATT tenía una faceta institucional: para varios de los miembros del gabinete económico, permitiría amarrar la política comercial para el futuro, ibid.: 232. Compárese con lo ocurrido en la negociación del TLCAN, que tenía esta misma faceta, Schettino (1994). 9 Entre 1983 y 1985 se liquidan, fusionan o venden 31 empresas públicas, apenas un mero gesto, puesto que había cerca de mil al cierre de 1982 (957 según López Portillo, 1 155 según De la Madrid); López Portillo-Romano, op. cit.: 217 y nota. 10 La frase fue de José Ángel Gurría, a fines de 1993, en un acto público en Japón. Cf. ibid.: 320-322, 331SS. 11 Loaeza (1988): 191-197; Medina Peña, op. cit.: 165n. 12 Cothran (1994): 140-141. «Ya en 1963, Raymond Vernon apuntaba que los técnicos economistas se convertían rápidamente en indispensables debido al mayor papel que el gobierno jugaba en la economía [...] En 1971, Roderic Camp también apuntaba el creciente papel de los tecnócratas. En su gran trabajo acerca de la elite política en 1979, Smith trata ampliamente con los técnicos ascendentes y su conflicto potencial con los políticos. Algunos observadores han argumentado que la transición reciente de políticos a burócratas es una razón principal para la división actual del régimen mexicano. Afirman que el ascenso de los tecnócratas al poder político amenaza la estabilidad de México, o al menos la continuación del régimen actual, al desequilibrar la balanza entre técnicos, políticos y militares». Las cursivas son de Cothran. Al respecto, Lindau (1993): 147 rechaza que los tecnócratas puedan diferenciarse, en su actuación, de los políticos, aunque lo atribuye, al menos en parte, al régimen político. En lo que se refiere a las tres «camadas» de elites, la previa a 1946, la de entonces a 1970 y una posterior a ello, Lindau coincide con Rendón Corona (1990). 13 Véase Cothran, op. cit.: 163, para la narración del anuncio de la «pasarela» de precandidatos en agosto de 1987 y la marcha de las cien horas en el zócalo de la ciudad de México por parte de la Corriente Democrática. Un recuento contemporáneo de la corriente, en Laso de la Vega (1987) y Castañeda, op. cit.: 441-445. En ibid.: 427, el papel de Miguel De la Madrid en la ruptura, que el autor considera mucho más importante de lo que normalmente se cree. 14 Carr (1996): 41, 133-135. 15 Ibid.: 25. 16 Rousset (2000): 113SS. Ahí mismo, el gran peso del mito de la Revolución Mexicana sobre el Partido Comunista (206-209). 17 Carr, op. cit.: 283. 18 Ortega Juárez (2006): 205ss. 19 Bizberg (2003): 334-335. Los mencionados forman parte del grupo cercano a Raúl Salinas de Gortari y, a través de él, llegarán a tener puestos relevantes en el sexenio de Carlos Salinas. Véase también Anguiano (1997): 38-39; Carr, op. cit.: 281-283. 20 Ibid.: 284SS; Anguiano, op. cit.: 3943. 21 Gascón tenía una gran fuerza en Nayarit, y su separación del PPS ocurre como resultado de la negociación que el líder de ese partido hace con el PRI para impedir que Gascón derrote a este partido en la elección para gobernador. A cambio, Cruishank es convertido en senador, aliado con el PRI, en el sexenio 1976-1982. Es el único senador no priista antes de 1988, gracias a esta negociación.

22 Ibid.: 47; Carr, op. cit.: 290-291. Cabe mencionar que prácticamente al mismo tiempo que se funda el psum se publica Cordera y Tello (1981). Poco después, esto provocará conflictos en el partido, cuando varios miembros del MAP, como Cordera y Córdova, deciden apoyar las medidas de López Portillo en su sexto informe de gobierno, Carr, op. cit.: 299-300. Es una muestra de las dificultades para conciliar las propuestas de izquierda con la interpretación del nacionalismo revolucionario. 23 Anguiano, op. cit.: 40-44. 24 Castañeda, op. cit.: 266, narra la presentación del libro de Monsiváis acerca de la movilización posterior al terremoto, y coincide con éste en su interpretación del temblor como disparador de la «sociedad civil», Monsiváis (1998): 12-13. Loaeza (1999): 386 es menos contundente al respecto. 25 No es improbable que hubiese en este caso otra disputa por la herencia política del general. Heberto Castillo había figurado en la cercanía de Lázaro Cárdenas desde la creación del MLN a inicios de los sesenta, y es muy posible que se considerara mejor heredero que el mismo Cuauhtémoc. 26 Notablemente, Carlos Imaz, hijo del matemático del mismo nombre, e Imanol Ordorika, hijo del arquitecto homónimo. El liderazgo intelectual del movimiento es fundamentalmente de izquierda, y sus ideas oscilan entre el «trotskismo cardenista» de Adolfo Gilly, el maoísmo en la versión del STUNAM y otra versión de la línea de masas de algunos miembros de Punto Crítico. 27 Prácticamente desde la fundación del prd hubo personas que decidieron abandonar el partido con este tipo de acusaciones: Jorge Alcocer, Pablo Pascual, José Woldenberg y, muchos años después, el mismo Porfirio Muñoz Ledo. Sobre el tema, véase Ortega Juárez, op. cit.: 278-279. Cf. Anguiano, op. cit.: 89: «Que veinte años después de la ruptura histórica del 68 la izquierda reincidiera en el nacionalismo de la Revolución Mexicana [...] no podría explicarse sin considerar su enflaquecimiento orgánico, su regreso al autismo social». 28 Carr, op. cit.: 315. 29 Desde su fundación, el PAN es también un partido del régimen de la Revolución y juega el papel de oposición leal, es decir, dentro de la institucionalidad, de maneras diversas a través de su historia. Cf. Loaeza, op. cit.: 24-30; Bartra (2003): 121. 30 Loaeza, op. cit.: 127-129, 135. 31 Krauze (1997): 143: «Los empresarios más poderosos de Monterrey tenían una vieja deuda flotante con Manuel Gómez Morin. Una deuda no económica, sino moral. En su papel de abogado corporativo los había rescatado de la posible quiebra a que los orillaba el crack de 1929. Pero cuando en los años cuarenta Gómez Morin intentó cobrar a sus amigos y socios comprometiéndolos en el PAN, éstos se rehusaron». 32 Loaeza, op. cit.: 152-154, 157. 33 Ibid.: 263-264, 299SS. 34 Ibid.: 362. 35 Ibid.: 371-386. 36 Ibid.: 386-398. 37 Ibid.: 434. 38 Por cierto, la selección de Salinas como candidato violó demasiadas reglas no escritas del régimen, según lo ve Castañeda, op. cit.: 437. 39 López Portillo insiste en que en México no se aplica el neoliberalismo estricto, sino un proceso guiado por esas ideas, pero enfocado a estabilizar la economía, incrementar la confianza interna y atraer recursos del extranjero. López Portillo-Romano, op. cit.: 262. La referencia tradicional con respecto al Consenso de Washington es Williamson (1990), en donde se plantean diez ideas básicas, que pueden resumirse en tres líneas de

política: apertura, desregulación y privatización, previa aplicación de un plan de estabilización. Es por ello que, aunque el ingreso de México en el GATT en julio de 1986 puede considerarse la primera medida propiamente neoliberal la aplicación profunda del Consenso ocurre a partir del inicio del plan de estabilización, el Pacto de Solidaridad, en diciembre de 1987. También es en ese año cuando se acelera la privatización, ibid.: 245. Acerca de la importancia de la crisis fiscal como explicación de la «década perdida», en lugar del neoliberalismo, véase Bresser-Pereira (1995). 40 Al respecto, véase Molinar y Weldon (1995). 41 Una lista de las empresas privatizadas que incluye los ingresos para el gobierno y los grupos empresariales favorecidos, está en Valdés Ugalde (1997): 294-301. Una tabla con la desincorporación de la industria paraestatal, en 302. 42 El Universal, 11-iv-2007. 43 Acerca de la postura del PAN respecto de estos cambios, véase Loaeza, op. cit.: 482485. 44 Críticas que continúan, quince años después. Por ejemplo, José Luis Calva en El Universal, 23-1-2007. 45 Para una evaluación económica, véase por ejemplo, Casares y Sobrazo (comps.) (2004). 46 En Estados Unidos, la legislación para la competencia económica se conoce normalmente como Sherman-Clayton. La Ley Sherman es de 1890, y la Ley Clayton, de 1914. En Canadá, la Competition Act data de 1889, antes incluso que en Estados Unidos. 47 Como suele ocurrir, la ley no daba muchas herramientas a la comisión para actuar contra las empresas con prácticas monopólicas. Sin embargo, el 28 de junio de 2006 la ley fue modificada para otorgar a la Comisión facultades que serán relevantes en un futuro cercano. 48 Véase, por ejemplo, la entrevista de Pas a Dornbusch, PBS (s. a.) o DeLong, DeLong y Robinson (1996). 49 En noviembre de 1991 se redujo el IVA de 15 y 20 a 10%; véase Aspe A. (1993): 101. Su explicación de las «reformas» en la primera mitad del sexenio, en 94-108. 50 Aboites (2003). 51 Una muy buena narración sobre el atractivo del EZLN y el posterior desencanto está en Rodríguez Araujo (2005). 52 Loaeza, op. cit.: 542-544. 53 La reunión fue en la Secretaría del Trabajo, y en un principio también acudieron líderes sindicales. Una excelente narración está en Quintana (1995). 54 Los Tesobonos eran información pública, pero prácticamente nadie les dio seguimiento en ese momento, lo mismo que a la cuenta corriente. Publiqué al respecto algunos artículos en El Financiero en 1993 que, desafortunadamente, no tuvieron mucha respuesta. Aparecen, junto con otras cosas escritas inmediatamente después del error de diciembre, en Schettino (1995). 55 Pero no tuvieron mucha suerte. El «efecto tequila» arrasó también las economías de América del Sur. En Argentina se perdieron prácticamente dos millones de empleos por causa de la crisis de México, golpe del que ese país no pudo recuperarse y que llevó a la crisis de fines de 2001. 56 Schettino (1996). 57 Durante la campaña electoral de 2006, López Obrador se refirió con frecuencia al tema, que conoce muy bien, puesto que incluso publicó un libro al respecto: López Obrador (1999). 58 Véase http://www.scjn.gob.mx.

59 Véase, por ejemplo, Granados Chapa (1995); Marín y Zamarripa (1995).

16. MÉXICO EN EL SIGLO XXI 1 Propuse algo similar en Schettino (2002). 2 Me refiero a reformas de fondo, también llamadas estructurales en los medios de comunicación. Al terminar este libro, sin embargo, se logró la primera de estas reformas, la correspondiente al ISSSTE. Una reforma similar, la del imss, fue aprobada en 1995, antes del fin del régimen en los términos aquí analizados. 3 Dentro de lo poco que México negoció en materia de energía en el TLCAN, se incluyen estas modalidades de producción eléctrica (anexo 602.3, párrafo 4), que después fueron incorporados a la Ley del Servicio Público de energía Eléctrica, en reforma del 23 de diciembre de 1992 a su artículo tercero. Pero no se realizó una modificación constitucional, de manera que existe una contradicción. Ésta se hizo más evidente cuando, en 2001, se llevó al reglamento de la Ley a una controversia constitucional. El reglamento fue declarado inconstitucional, pero no se ha hecho lo mismo con la ley. 4 Sobre el gobierno dividido en México, véase Casar y Marván (coords.) (2002). 5 Esto lo traté en Schettino, op. cit. 6 Schatz (2000): 24; inmediatamente después, sostiene: «Estos atributos le dan al régimen la etiqueta de “corporativo” y “autoritario”. Pero no de “leninista”». 7 La llamada «nueva economía institucional» acostumbra utilizar como referencias a North y Thomas (1973) y North (1993). Me parece que se debería incluir también a Glade (1969), pero no es común hacerlo. Para el estudio de América Latina, véase Engerman y Sokoloff (1997, 2000); Acemoglu, Johnson y Robinson (2001, 2002). Un enfoque teórico muy interesante es Acemoglu y Robinson (2006), cuyo título es paráfrasis de Moore (1991), y en cuya portada está su única referencia a México, un fragmento del mural de Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Véase también Banco Mundial (2003) y Easterly (2002) para aplicaciones de política económica. 8 Banco Mundial, op. cit.: 174 y Engerman y Sokoloff (1997): 263-269 encuentran como factor determinante la mayor o menor productividad del trabajo de los europeos en cada colonia. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001): 1395 encuentran tres determinantes de la desigualdad actual en América Latina, frente al resto del mundo: primero, que hubo diferentes estrategias de colonización que, en segundo lugar, estuvieron determinadas por la mayor o menor posibilidad de los europeos de establecerse en cada lugar. Finalmente, estas instituciones construidas hacia el siglo XVI han logrado sobrevivir hasta la actualidad. 9 Ya lo hemos comentado antes. Al respecto, Banco Mundial, op. cit.: 176 resalta como ejemplo el caso de México, en donde la Independencia «fue favorecida precisamente porque permitía a las elites domésticas impedir las corrientes liberalizadoras que emergían en España». 10 Los datos provienen del examen pisa aplicado en los países miembros de la ocde (véase ocde [2004]). En ese examen, poco más de 40% de los jóvenes mexicanos no logró aprobar ninguno de los seis módulos. Veinticinco por ciento logró aprobar el módulo uno, que se definía como «es capaz de seguir instrucciones simples». Cinco por ciento de los jóvenes logró obtener una calificación superior al promedio de la ocde; 95% quedó por debajo. 11 Al respecto, conviene recordar el escándalo por la revisión de los libros de historia en 1992: no hace tanto tiempo de ello. 12 Schatz, op. cit.: 26: «Una consecuencia clave del corporativismo autoritario, especialmente la política de empleo estatista, es que la suerte económica de sectores importantes de las clases medias urbanas mexicanas, como los burócratas, están unidas

inextricablemente al bienestar del estado autoritario mexicano. Los empleados de gobierno (profesores, ferrocarrileros, burócratas y obreros de empresas de gobierno, como mineros, electricistas y petroleros) constituyen un tercio del trabajo organizado en México. De acuerdo con estadísticas oficiales, en la ciudad de México aproximadamente 22% del empleo formal trabaja para el Estado. En los estados, la proporción varía de 10% en Chiapas a 22% en Baja California Sur. Además, muchos intelectuales tienen historias de empleo público: sea en la burocracia federal, especialmente en las secretarías de Relaciones Exteriores y Educación, o en puestos políticos como miembros de gabinete, líderes de partido o gobernadores». 13 De hecho, no sólo no se logra ningún avance significativo, sino que los mecanismos de compra de voluntades se van anquilosando para mantener, a inicios del siglo XXI, esquemas de apoyo que resultan mucho más inequitativos que la misma distribución del ingreso. Quien más y mejor ha estudiado este fenómeno es John Scott. Por ejemplo, en Scott (2006): 118 es posible ver que los programas de pensiones del ISSSTE y el IMSS, el gasto en educación superior, el subsidio a la electricidad y los programas de vivienda son notoriamente más desiguales que la misma distribución del ingreso. Esto significa que, en lugar de reducir la desigualdad, estos programas la perpetúan o incluso la incrementan. 14 Los datos corresponden al siglo XX, partiendo de Maddison (1997) y complementando las series con datos del Banco Mundial.

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NOTA BIBLIOGRÁFICA PARA ESTA EDICIÓN

De 2007 en adelante han aparecido algunas obras dedicadas a Porfirio Díaz; en particular, dos biografías. Una es la nueva edición de Paul Garner, Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia, Crítica, 2015. La otra es la de Carlos Tello, Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo, de la que sólo ha aparecido el primer volumen, que cubre de 1830 a 1867. Ésta la publicó Debate, en 2015. Acerca de la Revolución, hubo reimpresiones de libros clásicos, que ya están en la bibliografía, o recopilaciones de ensayos. Han aparecido trabajos más específicos, académicos, que no he seguido con detalle, y prefiero no incluir aquí. Sin embargo, para una visión general, la obra de Alejandro Rosas y Sandra Molina Érase una vez en México, publicada por Planeta, especialmente el volumen 3, publicado en 2016 y dedicado al siglo XX, es muy recomendable. En lo relativo a historia económica, entre otros, está Sandra Kuntz, El proceso económico de México, 1880-1930, Taurus, México, 2015; también la compilación de Graciela Márquez (ed.), Claves de la historia económica de México. El desempeño de largo plazo (siglos XVI-XXI), FCE, México, 2014. Con respecto a los movimientos estudiantiles y la guerrilla, apareció poco después de la primera edición de Cien años de confusión el libro de Laura Castellanos México Armado. 1943-1981, Era, 2007. Con motivo del centenario de la Revolución, El Colegio de México publicó una obra muy amplia que analiza muy diversos aspectos de la realidad mexicana y que vale la pena utilizar como referencia: Varios autores, Los grandes problemas de México, 16 vols., El Colegio de México, México, 2010.

 

Acerca del autor MACARIO SCHETTINO es ingeniero químico, maestro en Economía, doctor en Administración y candidato a doctor en Historia. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor-investigador en El Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey, donde también fue director de Investigación y Doctorados. Participa en la mesa semanal «Dinero y Poder» en Canal 11. Es comentarista en radio en MVS. Ha sido articulista y columnista en El Financiero y El Universal, en donde también fue director de Negocios y coordinador de planeación. Ha sido coordinador general de planeación en el Gobierno del D.F., y asesor y consultor para asociaciones empresariales, partidos políticos y órdenes de gobierno. Es autor de El fin de la confusión y de Economía en un día, ambos publicados en Paidós.

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